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041209 La Nación El costo de una fiesta irracional   por Joaquín Morales Solá

Néstor Kirchner empezó a pagar ayer la fiesta de poder irracional y ficticio en la que se zambulló a partir del fracaso electoral de junio. Dos derrotas en un solo día son demasiadas derrotas. Acostumbrado a mandar sin miramientos ni reparos, absolutamente novato como protagonista de un cuerpo colegiado (jamás integró ninguno hasta ayer), el ex presidente conoció de pronto la condición de político minoritario por primera vez en su vida.

Esa experiencia fue pésima para él. Se resistió hasta el final. Y hasta el final intentó la integración de una Cámara de Diputados tan ilusoria como aquella borrachera de poder tras la perdidosa elección pasada. Primero dejó avanzar un acuerdo razonable entre sus legisladores y la oposición, pero luego lo tumbó. Quería postergar todo hasta marzo, a la espera de algún milagro político que lo salvara del derrumbe. Ordenó entonces una actitud inédita en la historia parlamentaria: una primera minoría debía negarle el quórum al cuerpo para que juraran los nuevos diputados.

Nadie había llegado tan lejos en la presión sobre los límites institucionales. Pero no hay milagros en política. Entonces, Kirchner chocó con la primera adversidad. La oposición sentó en el recinto 148 diputados, 19 diputados más de los necesarios para iniciar la sesión. Luego se agregaron varios más y el número de los opositores bordeó los 160 diputados. Ni la oposición imaginó nunca esas cimas. Muchos diputados parecían competir a los codazos por quién era más adversario del kirchnerismo.

Fue el fin de la hegemonía kirchnerista en el Congreso. La espectacular aparición de Graciela Camaño, que debía tocar la campana inicial en su condición de titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue todo un símbolo de la derrota kirchnerista.

El Gobierno había echado a rodar en las últimas horas la versión de que Camaño y cinco diputados más habían formado un bloque aparte del peronismo disidente para acercarse a Kirchner. Camaño es una política bonaerense que viene del duhaldismo y está casada con el gremialista Luis Barrionuevo, furiosamente antikirchnerista. Es cierto que ella promovió la negociación de aquel acuerdo roto, pero es igualmente veraz que fue la primera en alzarse contra Kirchner cuando se enteró de que éste había decidido desconocer lo que antes había autorizado.

¿Cómo creerles a los Kirchner?, se preguntaba ayer uno de los más renombrados legisladores opositores, mucho antes de los zafarranchos de la tarde. ¿Cómo -decía el legislador- cuando hasta en las cosas aparentemente buenas esconden algo malo? El decurso de las horas le dio otra vez la razón.

Kirchner ordenó que su bloque bajara al recinto cuando la difícil sesión ya había comenzado sólo con la participación de los opositores. Primera y espectacular derrota. La segunda vino después, cuando debió reflotar el acuerdo que había desconocido. El kirchnerismo perdió la vicepresidencia primera de la Cámara y la mayoría oficialista en todas las comisiones del cuerpo. Sólo en cuatro comisiones el oficialismo tendrá una minoría más atenuada.

La primera lectura lleva a suponer que para Kirchner las cosas pueden ser aún peores. Por eso, retrocedió en su primera concesión a los opositores. Ya no imagina posibles las cooptaciones tan fáciles de otrora. Y, en verdad, no carece de razón. La imagen parlamentaria de ayer fue la de un gobierno solo, al que le huyen hasta los aliados eventuales o recientes. Los legisladores que asumieron ayer fueron elegidos en nombre de proyectos opositores; les será imposible practicar las contorciones de muchos de los legisladores que se fueron.

Hay que hacer una salvedad: el peronismo. La crisis de liderazgo en la que está sumido ese partido permite que sus dirigentes entren a cualquier lado por una puerta y salgan por otra. Les permite romances con los disidentes y matrimonios con el oficialismo. Sin embargo, ayer prevaleció otro viejo principio de los peronistas: éstos nunca perdonan la derrota. Y el Kirchner que se vio ayer se pareció demasiado a un político vencido.

Genio, figura y carácter hasta el final. Multitudes de colectivos rentados acamparon en la zona céntrica de la Capital para trasladar al clientelismo del conurbano en supuesto apoyo de Kirchner. Fue también, en algún sentido, el principio de la presión callejera sobre el Congreso, anunciada por Kirchner hace una semana.

¿Qué sentido tenía semejante movilización si desde hace mucho tiempo ya nadie cree en la espontaneidad de esos adeptos? ¿Para qué complicarles más la vida a los porteños que vienen de semanas de festivales piqueteros, opositores u oficialistas? La única explicación posible es la de una demostración de fuerza ante una oposición sublevada; es decir, la del amedrentamiento al Congreso.

El día después del 28 de junio fue ayer. El largo intervalo de más de cinco meses fue una ficción creada por el kirchnerismo, que dejó secuelas dramáticas para las instituciones. Presupuesto votado por mayorías artificiales. Legislaciones y medidas que afectan seriamente a los medios periodísticos. Una reforma política rudimentaria y facciosa. Prórroga de una emergencia económica que el país no necesita.

La cooptación (cuando no compra) de legisladores y gobernadores sedientos de recursos para conseguir aquellas decisiones del Congreso le valió a los Kirchner la sucesión de derrotas que sufrió ayer. Todos los gustos deben pagarse en política con facturas muy perentorias. ¿Podrán seguir cooptando? Todo se puede hacer. No obstante, hay sólo una razón para suponer que no podrán hacerlo: el transfuguismo político tiene un precio cada vez más alto ante una sociedad indignada y en estado de alerta.

Una mención especial merece la actuación de ayer de Lidia Satragno. Esa sesión sólo requería de un presidente que no se amilanara ante los desafíos de barras bravas y de legisladores crispados. Pero no sería a la legendaria Pinky a quien la aquejaría el pánico escénico. Cumplió su papel con eficacia.

El radical Oscar Aguad y el kirchnerista Agustín Rossi terminaron señalando que el acuerdo, perdidoso para el oficialismo, salvaba la institucionalidad de la República. Institucionalidad que había sido puesta en riesgo durante toda la jornada por un hombre que fue presidente de la Nación y que ayer reconoció de hecho, vacilante y remolón, que comenzó el principio de su fin.

20091210 LN Con Kirchner, me equivoqué   Marcos Aguinis

Antes del 1º de diciembre de 2003, cuando Néstor Kirchner debía asumir su período constitucional -porque venía ejerciendo la Presidencia que hubiese correspondido a Duhalde, alejado antes de tiempo- cometí un gran error. Publiqué un artículo inspirado en la histórica frase de Martin Luther King "I have a dream" (Yo tengo un sueño).

Mi sueño era grandioso. Esperaba que el día 10 Kirchner pronunciase un discurso magnífico. Diría que en los seis meses previos se había dedicado a construir poder para reintegrarle dignidad a la investidura del presidente y estar en condiciones de empujar el país entero hacia un progreso sostenido. Que de ninguna manera le interesaba el poder por el poder mismo, sino como un instrumento beneficioso para la sociedad. Por eso convocaría a un consenso nacional integrado por las grandes figuras que la Argentina tiene y no aprovecha. No excluiría a sector alguno. Su objetivo era diseñar políticas de Estado que tuvieran una mirada estratégica potente. El consenso permitiría que los proyectos fueran viables y se mantuvieran vigentes a lo largo de sucesivas administraciones, aunque respondieran a distintos colores políticos. No descartaba la alternancia del poder, desde luego, como es norma en las verdaderas democracias.

En su mente -yo esperaba que dijese Néstor Kirchner- figuraban la excelencia en educación, el perfeccionamiento del sistema de salud, levantar viviendas para todos, abrir y mejorar rutas, reconstruir el sistema ferroviario siguiendo el modelo de los países exitosos, conseguir una sólida y confiable seguridad jurídica que atraiga inversiones argentinas y extranjeras para abrir millones de nuevos puestos de trabajo que terminasen con la pobreza, castrar el narcotráfico, sancionar sin clemencia los actos de corrupción y volver a convertir la Argentina en un país movilizado por la pasión y la esperanza.

Pero me equivoqué.

El 10 de diciembre fue ignorado. Ni siquiera se conmemoró un nuevo aniversario del restablecimiento de la democracia. Ni siquiera se le brindó un homenaje mínimo a la institucionalidad que había resucitado en aquel día, allá, por 1983.

El Presidente no se interesaba en el país, sino en su poder y su fortuna. El suplemento Enfoques de LA NACION había publicado antes de las elecciones de 2003 una investigación que ponía la piel de gallina sobre "El feudo del sur". En ese trabajo se efectuaba una descripción minuciosa de la forma autoritaria, demagógica y arbitraria que lo había caracterizado a Néstor Kirchner cuando había sido intendente de Río Gallegos y luego gobernador y otra vez gobernador de Santa Cruz. Su conducta hostil hacia la prensa independiente, su desdén a la oposición, las trabas ejercidas con la justicia y otras yerbas, ponían en evidencia a un individuo que desprecia las instituciones y no se ajusta a otro código que beneficiarse a sí mismo. Yo no podía creer que ese hombre trasladara ese modelo primitivo y reaccionario a todo el país. Que jibarizaría la Argentina entera al formato de una provincia casi desértica como Santa Cruz. Esperaba que el nuevo atalaya y la presión de 40 millones de ciudadanos lo hicieran elegir un camino mejor. Era lo más sensato y lógico.

Pero me equivoqué.

Me equivoqué pese a no haberlo apoyado ni votado. Pero sí haber tenido algunos rayos de expectativa, suficientes para haber redactado aquella columna inspirada en Martin Luther King.

Kirchner demostró que su sueño (si lo tenía) era opuesto al mío. Pero como el poder era suyo, estuvo en condiciones de bajarlo a la realidad. Mi sueño y el de millones de argentinos dejó de ser placentero y se transformó en pesadilla. Néstor consiguió que incluso su esposa, interesada en reivindicar el género femenino, haya degradado a la mujer. Cristina pudo imponerse en las elecciones presidenciales, pero no consigue imponerse ante su marido. En la Argentina se ha tornado demasiado fuerte la impresión lamentable de que el "verdadero" presidente es él y no la mujer electa. Esta mujer se ha reducido a funcionar como un simple vocero atrapada en las redes de la frivolidad y el narcisismo.

En torno a otro 10 de diciembre, cuando oficialmente inicia sus sesiones un Congreso remozado y vemos aparecer en el horizonte el sol del Bicentenario, la mayoría de la sociedad ruega que la pesadilla se convierta en sueño. Y el sueño en una bella realidad. Que los argentinos aprendamos a querernos y, juntos, roturaremos los surcos de un progreso verdadero, sostenido. Y que es posible.

20090104 LN Entre las palabras y los hechos

Está equivocada la Presidenta si supone que en la Argentina se respetan todos los derechos y las garantías constitucionales

o se sabe bien si las últimas declaraciones presidenciales sobre el valor de la democracia constituyen una manifestación de cinismo o una burla a la ciudadanía. La señora de Kirchner ha dicho, al clausurarse la Cumbre Iberoamericana de Portugal, que "se está en democracia y se respetan todos los derechos y garantías, o no se está en democracia". Desaprensión o curioso sentido del humor.

Si la Presidenta supone que su gobierno respeta todos los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional debe despertársela inmediatamente de tamaño error. Y si lo supone, en cambio, con pleno conocimiento de la forma en que se está vaciando el contenido republicano de la democracia vigente, habrá que poner sus palabras en evidencia cuantas veces resulte necesario. Por la complejidad de la situación siempre subsistirá el problema de ponerse de acuerdo sobre desde dónde empezar el señalamiento de los graves desvíos cometidos por el Gobierno en cuanto a la primera parte de la Constitución Nacional.

¿Vamos a empezar por el espíritu dominante adverso a la libertad de prensa, que lo ha teñido todo en la relación con el periodismo? ¿Por la dilapidación de dineros públicos en el mantenimiento de una prensa oficialista en desmedro del interés general y a favor de la instauración de una desigualdad manifiesta en el trato con la prensa independiente o crítica del oficialismo?

¿Abriremos la nómina, en cambio, con las derivaciones trágicas de la política de inseguridad -lo contrario de una política lógica- que ha dejado a los ciudadanos a merced de la delincuencia? ¿Seguiremos con la degradación de los niveles de seguridad jurídica producida a raíz de haberse alentado iniciativas destinadas a atropellar cualquier empresa o propiedad privada a fin de ponerla en manos de un Estado ineficiente y rapaz o en las manos de amigos de ocasión, que algún día habrán de rendir cuentas de asociaciones sospechosas y de prebendas oficiales de las que han sido acreedores sistemáticos?

¿Qué decir, en fin, de una sociedad cuyos miembros tienen cercenado el derecho a la libertad de trabajo, a la libre circulación, al comercio, a la libre decisión sobre sus desplazamientos dentro del territorio nacional? Hasta los puentes internacionales pueden ser cortados indefinidamente por sediciosos que usurpan en los hechos poderes indelegables de la autoridad pública. Hasta la paz con países vecinos se está poniendo en riesgo, pues un día aquéllos podrían demandar al Estado argentino por la determinación unilateral de haber perturbado el derecho cuando menos implícito en el Mercosur de contar con accesos al Pacífico o, a la inversa, hacia el Atlántico.

El líder piquetero con personalidad definida por el asalto a una comisaría aún pendiente de resolución judicial y por sus no envidiables lazos con la dictadura teocrática de Irán ha dicho recientemente que ha llegado, después de haberse sancionado la ley destinada a manipular lo que se podrá ver y oír por los medios audiovisuales, la hora de regular el contenido de los medios periodísticos. Así las cosas, lo único en que la Presidenta tendría razón es cuando dijo: "O se está embarazada o no se está embarazada. Con la democracia es lo mismo: o se está en democracia y se respetan todos los derechos y garantías, o no se está en democracia".

Aunque esa frase pertenezca a la misma familia lexicográfica de la famosa declaración de los noventa de que las relaciones de la Argentina con otro país pueden llegar a ser "carnales" y adolezca, por lo tanto, de musicalidad congruente con el buen tono, nada impide tenerla en cuenta para el gran debate en que está inmerso el país.

En este contexto se explica que el ministro de Planificación haya dicho días atrás que hay una "conspiración mediática" para hacer fracasar "el modelo económico". ¿Pero de qué modelo ha hablado Julio De Vido, cuando todo lo que se conoce es un historial de decisiones llamadas para una acumulación desaforada de poder, no para orientar a un país?

¿Se ha referido el ministro, al hablar de un modelo, a la política que en pocos años más hará de la Argentina un país importador de petróleo, en lugar de seguir siendo el país exportador que encontró el kirchnerismo al llegar al poder? ¿Se ha referido, acaso, al hecho de que la Argentina prefiere importar gas a mayor precio antes que usar el propio y, de ese modo, no pagarles a los empresarios radicados en el país? ¿Se ha referido a las tasas de pobreza e indigencia reales que registran todos los evaluadores sociales menos quienes falsifican desde el Indec las estadísticas oficiales del país?

Para no ser menos, el ministro de Educación se ha quejado de que los medios informen sobre paros docentes cuya continuidad, es verdad, está haciendo zozobrar la enseñanza pública. ¿Quiere el señor ministro que lo ayudemos a echar más basura bajo las alfombras rojas del poder estatal?

Sería vital que se pusieran a trabajar a favor del país y abandonaran una crítica generalizada de la que nadie se ha salvado, ni la Iglesia ni todo tipo de gobiernos extranjeros, salvo los que operan bajo la órbita del mandamás venezolano. Bueno resultaría que hicieran al menos un esfuerzo en la dirección que a veces predican de manera contradictoria con los hechos.

Es de esperar que se eviten los doble estándares y se actúe a fin de que se respeten como es debido todos los derechos y garantías ciudadanas. Esa es la responsabilidad indeclinable de los buenos gobernantes: aleccionar con el ejemplo de la propia conducta.

20091206 Clarín. Las causas contra funcionarios que más complican al Gobierno. Son sobreprecios en la obra pública, enriquecimiento ilícito o desvío de fondos por Pablo Dorfman.

Más de 50 expedientes en la Justicia Federal. ( Julio De Vido- Ricardo Jaime – Fabián Gutierrez – Hugo Moyano.

20091206 La corrupción ya está en la mira de la nueva mayoría en Diputados.

…Elisa Carrió: “Tenemos que hacer un acuerdo de principios en la oposición y trabajar para crear  la comisión investigadora de la corrupción” Oscar Aguad: “Es fundamental que el Congreso controle el uso de los fondos de la ANSES. Y siga casos irresueltos, como el de Antonini”. Francisco de Narváez_ “El Gobierno está plagado de hechos de corrupción. No descarto que se pueda abrir el juicio político a la Presidenta” Pino Solanas “ Las comisiones para investigar la corrupción son un aporte ara democrfaticar y controlar los dineros públicos  …….

EDITORAL

20091206 Clarín Hora de revertir el escenario creado por la confrontación

La derrota del kirchnerismo en la Cámara de Diputados abre un nuevo escenario político en el cual uno de las principales desafíos es revertir las condiciones que, como han señalado en los últimos días las más importantes entidades empresarias, afectan el clima de negocios y que desalientan la recuperación de la economía.

En las elecciones de junio pasado, el kirchnerismo perdió la mayoría en la Cámara. A pesar de ese retroceso, intensificó su política de polarización y agresión a las fuerzas no oficialistas, a las empresas y, fundamentalmente a la prensa independiente.

En la reciente discusión por la distribución de la comisiones de Diputados, una parte del oficialismo, asumiendo la realidad determinada por el voto, trató de llegar a un acuerdo de último momento. Pero Néstor Kirchner, ignoró la relación de fuerzas y ordenó a su bancada no ingresar al recinto para la votación. Este intento de producir una nueva violación del funcionamiento de las instituciones fracasó, porque la oposición y fuerzas cercanas que decidieron no acompañar un nuevo atropello, dieron un holgado quórum y, en la votación sobre comisiones, el oficialismo quedó relegado a la minoría.

A partir de ahora, el Ejecutivo no podrá manejar el Congreso como un dócil instrumento a su servicio y la primera minoría deberá disponerse a negociar y respetar acuerdos. No obstante, el oficialismo puede todavía recurrir al veto presidencial de las leyes que no lo satisfagan, como ya ha amenazado. Es de esperar que los reiteradas advertencias de la realidad contribuyan a un cambio en las tendencias políticas imperantes para mejorar la convivencia política y las oportunidades económicas.

Días pasados, precisamente, en diversas reuniones empresarias, representantes del sector y miembros de la clase política hicieron conocer su preocupación por actitudes del Gobierno que atentan contra la seguridad jurídica y que, en consecuencia, deterioran el clima de negocios y desalientan las inversiones. Se expuso específicamente, la inquietud existente por el respeto al derecho de propiedad, amenazado por la creciente intervención del Estado en los mercados y por el avance sobre las empresas.

En esta línea se cuentan el ingreso del Estado como accionista de muchas empresas como consecuencia de la estatización de las AFJP, su intervención en empresas con problemas financieros y, recientemente, su ofensiva para intervenir Papel Prensa. Este proyecto, cuyo propósito es controlar la prensa a través de la provisión de papel de diario ha generado críticas no sólo de los accionistas privados, el Grupo Clarín y el diario La Nación, sino también de entidades empresarias, como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y también del personal de la empresa.

Como reflejo de la preocupación empresaria se produjeron acercamientos inéditos en los últimos años, entre entidades industriales, bancarias, agropecuarias y comerciales.

La política de polarización y confrontación fue utilizada desde el comienzo de la gestión kirchnerista como instrumento de poder. Pero últimamente, esta estrategia ha dejado de ser funcional, porque le ha valido la pérdida de aliados políticos y empresarios que perciben el peligro de persistir en ese rumbo.

Es de esperar, por lo tanto, que esta nueva relación de fuerzas derive en búsqueda de equilibrios y de acuerdos para la recuperación de la economía y de las instituciones.


La derrota kirchnerista en la Cámara de Diputados abre un nuevo escenario político en el cual el Ejecutivo no podrá manipular al Legislativo. La política de polarización y confrontación utilizada como instrumento de poder, creó un clima social y económico que inquieta a los sectores empresarios. Es de esperar que en el nuevo escenario se busquen equilibrios y acuerdos para recuperar la economía y las instituciones.

20091207 LN Verdad, justicia y reconciliación.  El asesinato del capitán Viola y su hija a manos de la guerrilla debe ser considerado un crimen de lesa humanidad ….

Sospechas de otro caso Skanska

20091208 LN Investigan por evasión a una firma vinculada con Lázaro Báez  por Hugo Alconada Mon.

Indagarán al contador y socio de mayor confianza del empresario ultrakirchnerista  Báez, un empresario con mucha llegada a los Kirchner 

Fernando Javier Butti es, a los 33 años, el álter ego del multimillonario y polémico empresario patagónico Lázaro Báez, uno de los hombres más cercanos al ex presidente Néstor Kirchner, que lo reconoce como socio. Ahora, la Justicia investiga a Butti como presunto responsable de una evasión tributaria agravada que podría llevarlo a prisión por varios años.

Butti fue llamado a prestar declaración indagatoria dentro del "caso Viazzo", una megacausa del fuero Penal Económico que tiene varias similitudes con otro expediente explosivo: Skanska. En especial, la posible emisión de miles de facturas truchas para evadir impuestos y, llegado el caso, esconder el pago de coimas.

La citación de Butti se decidió dentro de una de las múltiples ramificaciones del caso Viazzo, según confirmaron a La Nacion fuentes judiciales. Deberá responder por las presuntas irregularidades detectadas en Palma SA, una de las firmas vinculadas con Báez, por 6 millones de pesos.

Además de Butti, en la firma también figuran una hermana de Báez, Irene Beatriz, y su marido, Diego Palleros, hijo del intermediario de la venta de armas a Croacia y Ecuador, caso que todavía mantiene en el banquillo de acusados al ex presidente Carlos Menem.

Así, el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo decidió que Butti y otros varios directivos de la constructora Palma SA presten declaración indagatoria, al igual que los responsables y prestanombres de las sociedades fantasmas que aportaron las facturas apócrifas.

Butti deberá presentarse a declarar en abril próximo, ya que el cronograma de convocados a testimoniar en el "caso Viazzo" supera el millar de personas, una cifra que responde a las cerca de 3000 empresas que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

El colaborador de Báez, que además está casado con una sobrina de éste, Andrea Cantín, podrá presentar argumentos defensivos durante la declaración indagatoria o incluso antes. En la Justicia, por ejemplo, no consta que Palma SA se haya inscripto en la moratoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que conllevaría el fin de la acción penal.

Con una presunta evasión agravada por $ 6 millones cometida entre 2002 y 2004, Butti continuaría excarcelado si Caputo decidiera procediario de la venta de armas a Croacia y Ecuador que todavía mantiene en el banquillo de acusados al ex presidente Carlos Menem.

Así, el juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, decidió que Butti y otros varios directivos de Palma SA, una de las empresas referentes de la obra pública en la Patagonia, presten declaración indagatoria, al igual que los responsables y prestanombres de las sociedades fantasmas que aportaron las facturas apócrifas.

Butti deberá presentarse a declarar recién en abril próximo, según verificó LA NACION, ya que el cronograma de convocados a declarar en el "caso Viazzo" supera el millar de personas, una cifra que responde a las cerca de 3000 empresas que quedaron bajo la lupa de los investigadores.

El colaborador de Baez -que además está casado con su sobrina Andrea Cantín- podrá presentar argumentos defensivos durante la indagatoria o antes. En la Justicia, por ejemplo, no consta si Palma se inscribió en la moratoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo que conllevaría el fin de la acción penal.

Con una presunta evasión agravada por $ 6 millones cometida entre 2002 y 2004, Butti continuaría excarcelado si Caputo lo procesa tras la indagatoria. Pero de condenarlo, afrontaría entre 3 años y medio y 9 años de prisión efectiva.

El otro gran protagonista de esta trama, el contador Roberto Gustavo Viazzo, mientras tanto, resulta inhallable desde hace años. Prófugo de la Justicia, el paradero del presunto artífice de una red de sociedades fantasmas, prestanombres, facturas falsas y millones de pesos resulta hoy una incógnita.

Los investigadores se conforman, de todos modos, con los datos que acumularon del contador y sus prácticas. "Viazzo era extremadamente meticuloso, al punto que dejó registrado las comisiones que repartió a cada uno de los que prestaron su nombre y cobraron los cheques por cada factura falsa", detalló una fuente judicial.

A esos gestores -muchos de ellos desempleados-, Viazzo llegó a darles el 3% de comisión, mientras que la AFIP y la Justicia verificaron cómo el contador coordinó sus esfuerzos y prácticas con otras usinas proveedoras de facturas falsas.

Báez, por su parte, es una sombra latente detrás de Palma SA, aunque los investigadores no cuentan con méritos para convocarlo salvo que alguien lo involucre durante la ronda de indagatorias, según indicaron los informantes a LA NACION.

De hecho, Butti aparece en los registros que cotejó LA NACION como socio de Báez en algunas empresas, como director en otras y, en varias más, como su contador. Pero Báez, el ex cajero del Banco de Santa Cruz devenido en emprendedor multimillonario, no aparece en Palma.

Butti y Báez sí coincidieron en la firma Austral Construcciones, la empresa que a su vez se asoció con el flamante diputado Néstor Kirchner para construir 10 departamentos en Río Gallegos. El ex Presidente se quedó con cinco unidades por un valor total de 325.000 pesos. Y, según su declaración jurada de 2007, embolsó cerca de $ 200.000 en un año en alquileres.

Constituida apenas nueve días antes de que Kirchner llegara a la Casa Rosada, Austral Construcciones pronto se erigió en una de las principales constructoras del Sur. Pero también acumuló sospechas. La AFIP la investigó por evasión, el juez federal Julián Ercolini la incluye en su investigación por la presunta asociación ilícita que lideraría el ex Presidente.

En Liechtenstein, en tanto, congelaron US$ 10 millones de la empresa por sospechas de lavado de dinero. Quien viajó para recuperar los fondos fue, justamente, Butti.

sarlo tras su declaración. Pero, de terminar condenado, afrontaría entre 3 años y medio y 9 años de prisión efectiva, sin opción a obtener una condena condicional.

El otro gran protagonista de esta trama, el contador Roberto Gustavo Viazzo, mientras tanto, resulta inhallable desde hace años. Prófugo de la Justicia, el paradero del presunto artífice de una red de sociedades fantasma, prestanombres, facturas falsas y cientos de millones de pesos en danza resulta hoy una incógnita abierta. Es inhallable.

Los investigadores se conforman, de todos modos, con los datos que acumularon del contador y sus prácticas. "Viazzo era extremadamente meticuloso, hasta tal punto que dejó registradas las comisiones que repartió a cada uno de los que prestaron su nombre y cobraron los cheques por cada factura falsa", detalló una fuente judicial.

A esos gestores -muchos de ellos desempleados-, Viazzo llegó a darles el 3% de comisión sobre el monto total de la factura, mientras que la AFIP y la Justicia verificaron cómo el contador coordinó esfuerzos y prácticas con otras usinas proveedoras de facturas falsas.

La operatoria de Viazzo y su ex mujer, Silvia Hernández, fue tan notable como extensa. Abarcó con sus recibos falsos a cientos de empresas, gremios, y las sorpresas alcanzaron, incluso, al Congreso, que, de ese modo, pudo pagar menos por IVA y Ganancias, presentando una compensación ficticia o inflar costos, con los que se reducían sus utilidades.

Báez, por su parte, es una sombra latente detrás de Palma SA, aunque los investigadores no cuentan con méritos para convocarlo, salvo que alguien lo involucre durante la ronda de indagatorias, según indicaron los informantes a LA NACION.

De hecho, Butti aparece en los registros que cotejó LA NACION como socio de Báez en algunas empresas, como director en otras y, en varias más, como su contador. Pero Báez, ex cajero del Banco de Santa Cruz devenido multimillonario, no aparece en Palma SA por su nombre, como su cuñado Palleros.

Socios del poder

Por el contrario, Butti y Báez sí coincidieron en la firma Austral Construcciones, la empresa que a su vez se asoció con el flamante diputado Néstor Kirchner para construir 10 departamentos en Río Gallegos.

El ex presidente se quedó con cinco unidades de entre 36 y 50 metros cuadrados cada una por un valor total de 325.000 pesos. Y, según su declaración jurada de 2007, embolsó cerca de $ 200.000 en un año en concepto de alquileres, lo cual equivale al 28,4 por ciento de la inversión. En la mejor zona de Buenos Aires, la renta anual estimada es de entre un 6 y un 7 por ciento.

Constituida apenas nueve días antes de que Kirchner llegara a la Casa Rosada, Austral Construcciones pronto se erigió en una de las principales constructoras de la Patagonia. Pero también acumuló sospechas con celeridad.

Los sabuesos de la AFIP la investigaron por evasión, al igual que a otras empresas cercanas a Báez, como Palma SA y Gotti Hermanos. Y esas tres firmas integran, además, la denuncia por presunta asociación ilícita, que radicó la dirigente opositora Lilita Carrió ante los tribunales de Comodoro Py.

El juez federal Julián Ercolini instruye esa investigación, en la que el ex presidente Kirchner figura como supuesto jefe de la asociación ilícita, mientras que Báez y otros empresarios conocidos aparecen como integrantes o facilitadores: Cristóbal López, Rudy Ulloa, Juan Carlos Relats y los accionistas de YPF Enrique y Sebastián Eskenazi.

Allí no se agotan los dilemas judiciales de Báez. Otro juez en lo penal económico, Javier López Biscayart, también había investigado a su grupo societario en una de las causas derivadas del caso Skanska, tras detectar que Gotti SA había utilizado facturas falsas por más de $ 20 millones, pertenecientes a las mismas empresas fantasma con las que operó la compañía sueca para disimular el presunto pago de coimas a varios funcionarios.

Gotti también quedó bajo la lupa de otro juez, el subrogante federal Octavio Aráoz de Lamadrid. En su caso, por sospechas de que la empresa simuló operaciones por millones de pesos para justificar la salida de dinero que, como en el caso Skanska, se usó, en realidad, para pagar sobornos a los funcionarios que le habían adjudicado las obras.

En los últimos años, los dolores de cabeza de Báez incluso llegaron a uno de los principales paraísos fiscales de Europa. En Liechtenstein, congelaron US$ 10 millones de Austral Construcciones por sospechas de lavado de dinero. Según reveló LA NACION a fines de agosto último, quien viajó para recuperar los fondos fue, justamente, Butti.

$ 6.000.000
por presunta evasión

·         A Butti se lo investiga por ser responsable de una presunta evasión tributaria de su constructora Palma.

La causa

·         Decisión judicial. El juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, citó a indagatoria a Fernando Butti, vinculado con el empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner.

·         La acusación. La Justicia lo investiga por presunta evasión impositiva. Hay miles de facturas truchas que están bajo la mira judicial y que se relacionan con la empresa de Butti.

·         Relación con el poder. Butti y Lázaro Báez integran el directorio de la empresa Austral Construcciones que está asociada con el ex presidente Néstor Kirchner. Báez también es investigado por el juez López Biscayart por facturas falsas de la empresa Gotti por más de 20 millones de pesos.

·         Fecha clave. Butti deberá presentarse en abril próximo ante la Justicia por el caso Viazzo, ya que los convocados por esta causa son más de 3000 empresarios.

·         Asociación ilícita. El juez federal Julián Ercolini investiga, además, a Kirchner como presunto jefe de una asociación ilícita donde aparecerían Báez, Cristóbal López, Juan Carlos Relats y los accionistas de YPF, Enrique y Sebastián Eskenazi como parte de ese grupo.

20091206 LN De Narváez habló de un juicio político a la Presidenta

( Se ubicó primero en las últimas elecciones  ganándole a Néstor Kirchner ) Dijo que podría pedirlo por casos de corrupción

Sorprendió a propios y extraños. El diputado peronista disidente Francisco de Narváez advirtió ayer que no descarta un "juicio político a la Presidenta" en caso de que "por vía de la Justicia hubiera una prueba o una sentencia" sobre hechos de corrupción en el Gobierno.

El socio político del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, señaló: "Este gobierno está plagado de corrupción. Todos los días se denuncia un hecho de corrupción y siempre está llegando muy cerca del matrimonio presidencial".

Por ese motivo, es que se mostró dispuesto a "no descartar para nada que se tenga por vía de la Justicia una prueba o una sentencia y esto puede abrir el juicio político a la Presidenta".

En declaraciones a radio Mitre, el diputado que venció a Néstor Kirchner en los comicios legislativos de junio pasado enumeró los tipos de causas judiciales que afectan a personas vinculadas con el Gobierno: "Desde enriquecimiento ilícito hasta el escándalo de los medicamentos, a cómo se recaudó la plata de la campaña".

Por otra parte, cuestionó la actitud del oficialismo en la sesión en la que el jueves pasado juraron los nuevos diputados, entre quienes figura el ex presidente Kirchner. "El kirchnerismo no se puede llevar todo por delante", dijo al plantear que el desafío de la nueva conformación parlamentaria es el "consenso y el diálogo" entre todos los bloques opositores, para "avanzar en proyectos comunes".

En ese sentido, aseguró que reformar para fortalecer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es una prioridad porque "hay que devolverle credibilidad" al ente que releva las estadísticas oficiales. También confirmó la intención de modificar el Consejo de la Magistratura.

Se mostró esperanzado de que la oposición pueda tener una agenda de proyectos coincidentes. "Ahora toca el momento de la racionalidad", dijo De Narváez, y concluyó: "Silenciosamente se fue construyendo esta vocación de trabajar en conjunto de las oposiciones [porque] no hay una sola oposición en la Argentina".

El avión en que vino Antonini

La presidenta Cristina Kirchner y su esposo, Néstor Kirchner, alquilaron anteayer para viajar a Mar del Plata el Cessna Citation 750 X en el que había llegado al país el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con la famosa valija de los 800.000 dólares, según informó ayer el periódico Perfil

20091206 LN Indignación entre los bloques de la oposición  por Jaime Rosemberg

Desde la UCR al peronismo disidente criticaron a Aníbal Fernández

Todavía exultante luego del triunfo sobre el kirchnerismo en la reciente sesión preparatoria en la que se decidieron las nuevas autoridades de la Cámara baja, la oposición reaccionó con dureza ante las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que adelantó que el Gobierno "revisará" y, eventualmente, vetará cada ley impulsada por el conglomerado opositor que no sea de su agrado.

"Un gobierno que veta leyes se pone en contra de toda la sociedad", afirmó ayer la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Su postura fue acompañada por el resto del arco opositor: radicales, peronistas disidentes, dirigentes de Pro y de la centroizquierda afirmaron que, más que atacar al Congreso, el Gobierno ignoraría, por medio de los vetos presidenciales, lo votado por la sociedad en las elecciones legislativas del 28 de junio. Creen que las advertencias de Fernández se harán realidad en el corto lapso.

"No caben dudas; no son democráticos. Se ponen mal y no toleran que ya no van a poder hacer lo que quieran; no entienden esta nueva etapa que se viene en la Argentina", coincidió la diputada radical Silvana Giudici (Capital), quien manifestó: "Fernández piensa lo mismo que [Néstor] Kirchner. Reclaman respetar los reglamentos y viven desconociéndolos. Si se siguen aislando, le van a hacer mucho mal a la Argentina".

"Es otra muestra de su autoritarismo. En un país republicano, las leyes no son las que quiere el Gobierno, sino las que construye el Congreso. El ministro debería leer la Constitución y, si vetan todo, se van a convertir en un gobierno dictatorial", afirmó la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

Desde el espacio que comparten peronistas disidentes y partidarios de Mauricio Macri también surgieron rechazos. "Si lo hacen, demostrarían, entonces, que han elegido el camino de la confrontación en lugar del debate, del consenso y de respetar las mayorías", afirmó el diputado Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco-Buenos Aires).

Para De Narváez, si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recurre al veto para impedir que se promulguen leyes, "hará uso de algo que tiene los visos de ser legal, pero carecería de legitimidad". Y concluyó: "Si arremeten por la fuerza, tenemos que estar dispuestos a avanzar en una defensa de las instituciones".

Pirotecnia verbal

Dijo a La Nacion la diputada electa Laura Alonso (Pro-Capital): "Lo que dice Fernández es parte del miedo oficialista y de su incontinencia verbal. Usa su pirotecnia verbal, cuando en muchos casos van a tener que negociar y acordar con la oposición. No vamos a entrar en ese juego, y sí a trabajar para que salgan leyes consensuadas".

Para la senadora y ex primera dama Hilda González de Duhalde, "que la presidenta viva vetando leyes no es simpático, y haría mucho daño; es una situación compleja que se va a empezar a develar a partir del funcionamiento en pleno del Congreso a partir del 1° de marzo".

Por otra parte, el socialista Roy Cortina (PS- Capital) declaró: "El oficialismo deberá entender que no se puede gobernar vetando las iniciativas del Congreso. Si lo entiende, habrá un salto de calidad institucional en el país".

Dixit

"Es otra muestra del autoritarismo de los Kirchner. En un país republicano, las leyes no son las que quiere el Gobierno, sino las que construye el Congreso"

PATRICIA BULLRICH
Diputada - Coalición Cívica

"No sé si después la Presidenta vivirá vetando, pero tampoco es muy simpático que lo haga. Eso haría mucho daño. Es una situación compleja que veremos a partir de marzo"

20091214 LN Cuatro jueces federales definen el futuro judicial de Kirchner. Deben resolver quién investigará si la declaración jurada fu arreglada con la AFIP  …..

 20091216 Clarín. Más repercusiones por la negativa oficial a que la policía auxiliar a un Juez. Para los jueces se trata de “un golpe de Estado contra el Poder Judicial”

            Lo manifestó el titular de la asociación de magistrados Ricardo Recondo., dijo que la orden del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de desobedecer una una orden judicial se trata de “un golpe de Estado contra el Poder Judicial

            Hay una subversión constitucional. Antes se pretendía manejar manejar a los jueces a través del Consejo de la  Magistratura, nombrando jueces amigos, presionándolos y ahora resulta que cuando se encuentran con un juez que procede de manera independientes se ordena cumplir con sus órdenes” ….

 El pulso político

20091218 LN Para los Kirchner, todo huele a derecha  por Fernando Laborda

 Algo grave tiene que estar pasando en el kirchnerismo para que un dirigente peronista que es consciente de que no supera el 20 por ciento de imagen favorable en las encuestas, como Eduardo Duhalde, se anime a lanzar su candidatura presidencial.

Nada de lo que hace o anuncia el Poder Ejecutivo parece caer bien, lo cual es el mejor síntoma del desgaste. De acuerdo con la consultora Datamática (4125 encuestados en todo el país al 30 de noviembre), la política de seguridad es rechazada por el 85% de la ciudadanía; el manejo del Indec, por el 75,2%, y la economía del país, por el 68,4%. Ni la estatización del fútbol logra respaldo: apenas el 25,7% la aprueba.

La imagen positiva de la gestión presidencial se desploma al 17 por ciento.

En los últimos días, los mercados festejaron la decisión oficial de tomar 6500 millones de dólares de las reservas del Banco Central para garantizar el pago de la deuda pública. Pero, al mismo tiempo, se comenzó a temer que los Kirchner terminen usando ese fondo para sostener el descomunal ritmo de incremento del gasto público. Y las expectativas de inflación para el año próximo, de acuerdo con el último trabajo de la Universidad Di Tella, ascienden al 33 por ciento.

La crisis de credibilidad del Gobierno se evidencia ante cualquier anuncio.

El kirchnerismo no encuentra a mano mejor argumento que atribuirles al "ánimo destituyente" y a "la derecha" las razones de sus desgracias. Hasta el embajador argentino en los Estados Unidos asoció al gobierno de Barack Obama con la supuesta derecha argentina (Cobos, Macri, De Narváez) para explicar las referencias a la inseguridad jurídica de Arturo Valenzuela.

Así como para Hugo Chávez cualquier desgracia olía a "azufre", símbolo del demonio estadounidense, para el kirchnerismo todo huele a derecha. Incluso los campamentos piqueteros que crecen en torno de las oficinas gubernamentales para reclamar participación en los planes sociales; las críticas que cada tanto dirigen obispos católicos por la pobreza y el hambre; las denuncias de intervencionismo estatal y de ataques a la propiedad privada que ahora lanza la Unión Industrial Argentina; las quejas del campo; la angustia del conurbano bonaerense por el estado de inseguridad, convertida para voceros del oficialismo en una suerte de sensación propia de gente derechosa; los rezongos de los sectores medios por los aumentos de precios, y hasta las demandas de los gobiernos provinciales frente a sus emergencias fiscales.

Y no podrían quedar fuera de esa consideración las contundentes afirmaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, acerca de la falta de reglas estables, o las de la ministra Carmen Argibay alertando sobre la gravedad de que un jefe de Gabinete desoiga una orden judicial.

La culpa siempre la tiene el otro. Y para los Kirchner, la culpa es de ese monstruoso ente imaginario llamado "derecha", que, por esos insondables misterios de la política, hoy representaría a un 70 por ciento de votantes que no optaron por el oficialismo.

 20091218 Clarín Los riesgos del abrupto giro en la estrategia externa por Marlo Bonelli

            La creación del fondo para abonar la deuda externa deja atrás los planes del ministro de Econom´ka, incrementa el aislamiento financiero y expone las reservas a embargos.

            ….ayer los fondos buitres FM Limited y MNL Capital ya hicieron una presentación concreta al juez de Nueva Cork Thomas Griesa le dio curso: pidio información al Banco Central y envio exhortos a Suiza y Basilea …

 Editorial I

20091219 LN La prédica intolerante

En el seno de un gobierno que tilda de desestabilizadores a quienes lo cuestionan, el jefe de Gabinete vulnera la Justicia

 Acusar inmediatamente de "golpista" o de "desestabilizador" a todo aquel que manifiesta una opinión contraria o distinta al dogmático discurso oficial es una lamentable e inveterada costumbre de nuestro gobierno nacional. Es una suerte de dogma que se instala livianamente en la sociedad, pese a que no forma parte de un sistema de pensamiento, ni una filosofía política, ni siquiera un modesto postulado ideológico. El dogma en cuestión, como tantas otras cosas, se articula a partir de las órdenes cambiantes que emite Néstor Kirchner, nutridas frecuentemente mucho más por el rencor que por la razón.

Cualquiera que no comulgue con una posición del ex presidente puede, de pronto, ser caprichosamente tildado de "golpista", "conspirador", "destituyente" o "desestabilizador".

Así se recurre a la fantasía y a las especulaciones. Por eso se habla de "sectores" o de "clases sociales" (el campo, la oligarquía, los ricos, los empresarios, los que más tienen) sin individualizar demasiado las razones por las que se califica a alguien de presunto golpista.

En realidad, ese juego es cada vez más evidente. Pero lo cierto es que mientras las fuerzas opositoras se empeñan en proclamar a cada paso su absoluto respeto por la ley y la gobernabilidad, recurriendo a ese criterio hasta para la distribución de las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados, desde la cúspide del poder central se avanza con acciones realmente "desestabilizadoras".

La constante recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia por parte de la Presidenta, la decisión de no convocar al Congreso para sesiones extraordinarias, la insólita prescindencia de la firma del vicepresidente de la Nación en actos administrativos que así lo requieren, la falsificación de cifras e información, y la sospechosa y apresurada integración de la comisión de control creada por la reciente ley de servicios de comunicación audiovisual, son todas decisiones unilaterales que, lejos de buscar la concordia y el consenso de los argentinos en el marco del respeto por la ley, ayudan a demoler desde adentro las instituciones, generando un clima de conflicto y crispación nada conveniente para el desarrollo institucional del país.

Pero como si lo mencionado no fuera suficiente, el propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, generalmente enredado en sus propios laberintos verbales, ha desconocido ahora una decisión del Poder Judicial. Poco antes había considerado que Mauricio Macri "debía renunciar" como jefe de gobierno de la ciudad pues "no tenía otra salida".

La renuncia de Macri la sugirió hace pocos días a raíz del caso de las escuchas telefónicas, que comparó con el famoso caso Watergate. Ahora bien, ¿actuó de tal modo Fernández como un golpista? ¿Intentó "desestabilizar" al jefe del gobierno de la ciudad?

Luego, Fernández ordenó audaz e ilegalmente a un comisario de la Policía Federal que desobedeciera un mandato judicial. Se trata de un hecho gravísimo que resiente el orden y lastima la gobernabilidad. Peor aún, al tratar de explicar su actitud, Fernández dijo que lo había hecho porque "consideraba inconstitucional la sentencia judicial". Con lo cual, el lenguaraz funcionario se arroga una competencia insólita: la de revisar las decisiones judiciales, como si él mismo fuera un tribunal de alzada.

¿Se puede pensar en una mayor distorsión del sistema republicano cuando un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo avanza sobre los fallos del Poder Judicial? ¿Debemos enterarnos los argentinos de que la policía ha dejado de ser un auxiliar de la Justicia para pasar a constituirse en el brazo armado de Fernández?

En todo caso, ¿cuál es hoy la línea de dependencia orgánica de la Policía Federal? ¿Depende del Ministerio de Justicia y Seguridad o del jefe de Gabinete? Esto ayuda ciertamente a entender mejor por qué la jurisdicción nacional nunca transfirió la parte metropolitana de la Policía Federal al gobierno de la ciudad.

Es muy posible que una vez reunidas el año próximo las cámaras legislativas, el jefe de Gabinete, que tiene responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, deba responder por su conducta enfrentando una moción de censura que podría terminar en su destitución. Y habría buenas razones para ello.

Pero más allá de esa circunstancia, que quedará en manos de los legisladores, está ya meridianamente claro que las presuntas maniobras desestabilizadoras que tanto preocupan a los funcionarios más altos del gobierno nacional hoy tienen nombre y apellido. Porque nada conspira más contra la gobernabilidad que el hecho de que los poderes de la República sean avasallados. Y en tal caso, que las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo no sólo manipulen al Congreso de la Nación, sino que, además de las presiones que ejercen a través del Consejo de la Magistratura, que responde a sus designios, terminen asumiendo el extraño papel de instancias decisorias del Poder Judicial, que ciertamente no están previstas en nuestro ordenamiento constitucional.

 Campaña electoral

20090219 LN Los bienes del Estado, al servicio de Kirchner     Juan Pablo Morales

Ayer usó el Tango 10 para viajar a Jujuy

 Se abrió la puerta del Tango 10 en plena pista del aeropuerto de San Salvador de Jujuy y apareció Néstor Kirchner, listo para otro acto de campaña. Enseguida se preparó para trasladarse, en auto, a Palpalá, donde pidió a los militantes que "llenen las urnas" y vayan "casa por casa" para explicar "el proyecto nacional" del kirchnerismo.

Ayer, el jefe del PJ volvió a usar con fines electoralistas una aeronave de la flota presidencial. Usó el mismo aparato que el Gobierno le negó hace 10 días al vicepresidente Julio Cobos para viajar a Tartagal a raíz del alud, según confiaron a La Nacion fuentes de Gobierno.

Anteayer, Kirchner había hecho un acto similar en Avellaneda, al que llegó en un helicóptero de la Presidencia. Lo mismo ocurrió hace 15 días en José C. Paz. Cada uno de los discursos fue filmado por La Corte, la productora audiovisual contratada por la Casa Rosada.

El año electoral lo transformó en una rutina: los bienes presidenciales están al servicio del jefe del PJ. Una práctica que genera cuestionamientos de los especialistas en transparencia pública. "Es un caso típico donde lo partidario se mezcla con lo público. Es una clara forma de corrupción política", denunció ayer Laura Alonso, directora de Poder Ciudadano.

Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), dijo a LA NACION: "En esto no hay discusión. Los bienes públicos deben ser sólo para uso público o para actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones. Utilizarlos con fines privados o, peor aún, con propósitos electorales, es indebido, cuestionable y deshonesto".

A pesar de la insistencia de LA NACION por conocer la visión oficial, los funcionarios del Gobierno encargados de la logística presidencial no respondieron a las consultas.

Mientras tanto, los especialistas rechazaron ayer el "uso indebido" del patrimonio público, pero señalaron que no tienen forma de denunciarlo ante la Justicia.

A diferencia de otros países, en la Argentina no existen normas que legislen sobre el uso de bienes del Estado con fines partidarios. "Es evidente que Kirchner no cumple con actividades de primer caballero . Está usando fondos públicos al servicio del PJ. Debería ser castigado, pero no tenemos una legislación específica", se quejó Alonso.

Kirchner llegó a dos de sus últimos tres actos en el conurbano en helicópteros de la flota presidencial. Cada hora de vuelo de esas máquinas cuesta al menos 4000 dólares.

Pero no sólo se utilizan los servicios aéreos de la Presidencia. Los actos del presidente del PJ son organizados con la logística que aporta el personal de Protocolo y Ceremonial de la Casa Rosada. Y la producción audiovisual está especialmente tratada por La Corte, una empresa que es contratista del Gobierno.

Anteayer, por ejemplo, en el Teatro Roma, de Avellaneda, aportó los móviles y los plasmas del salón, y se ocupó de toda la transmisión oficial del encuentro. Los encargados de las imágenes fijas fueron los fotógrafos del Ministerio del Interior.

Vuelo costoso

Algo parecido ocurrió en Jujuy, a donde Kirchner llegó en auto después de recorrer los 15 kilómetros que lo separaban del aeropuerto de la capital provincial. Aterrizó en un avión LearJet 60, de 9 plazas, asignado para usos oficiales de los jefes de Estado. En el mercado, el kilómetro de vuelo de esa máquina cuesta 6,50 dólares. El viaje partidario de Kirchner, de acuerdo con ese cálculo, les costó a las arcas oficiales al menos US$ 20.000.

Biscay criticó su uso: "Ni los fondos ni los bienes públicos deberían ser utilizados para hacer propaganda política, ni actos partidarios ni ningún tipo de campaña".

No fue el caso de ayer. El líder del PJ aprovechó el viaje a tierras jujeñas para hablar de las próximas elecciones. Se quejó de la crisis internacional, criticó "la politiquería y el electoralismo", pero aseguró que "en octubre el kirchnerismo va a ganar", llamó a "llenar las urnas" y pidió hacer campaña "puerta a puerta" para "demostrar, en toda la Argentina, que el Gobierno es responsable".

 20091221 LN "Kirchner, con síndrome de traje a rayas"

Según el senador Morales, el ex presidente teme ir preso cuando termine el mandato de su esposa

El jefe del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, lanzó ayer un duro ataque contra Néstor Kirchner, al afirmar que el actual diputado nacional sufre "el síndrome del traje a rayas" porque teme terminar preso una vez que concluya el mandato presidencial de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner.

"Néstor Kirchner tiene el síndrome del traje a rayas porque sabe que se va, que se le está cumpliendo el ciclo y que corre el riesgo de terminar preso", opinó Morales.

El senador jujeño y ex presidente de la UCR realizó estas declaraciones en un acto político partidario que encabezó en la puna jujeña, en medio de la ruptura con el oficialismo.

Morales habló apenas unos días después de que el kirchnerismo decidiera romper las negociaciones con la oposición para realizar un reparto de poder en el Senado, en particular en las comisiones, más acorde con el nuevo escenario que vive la Cámara alta como consecuencia de las elecciones del 28 de junio último.

Las conversaciones quedaron truncas el miércoles último, luego de que el jefe de la bancada oficialista, el senador Miguel Pichetto (Río Negro), le comunicara a Morales que había recibido una orden de Kirchner para dar por terminadas las negociaciones.

Por eso no extrañó que el senador citara entre los errores políticos del ex presidente su intento por romper el acuerdo que el oficialismo había cerrado con la oposición en la Cámara de Diputados el mismo día que juraba como legislador nacional, el pasado 3 de diciembre.

"Kirchner comete errores, como el día en que quiso destruir el consenso obtenido en la Cámara baja, cuando la oposición reunió a 144 diputados", explicó Morales, tras lo cual aseguró: "Esos yerros tienen que ver con que íntimamente sabe que se va y que corre el riesgo de terminar preso".

En ese sentido, el legislador radical dijo que "el kirchnerismo se está agotando como proyecto de poder y diariamente se van deslegitimando y alejando de la gente".

"Néstor Kirchner tiene el síndrome del traje a rayas", volvió a insistir Morales, quien destacó que "a nivel país se observa una franca recuperación de la UCR".

Ex presidente del partido -dejó el cargo en manos del senador mendocino Ernesto Sanz el pasado 5 del corriente-, Morales se muestra entusiasmado por el crecimiento de la UCR a nivel legislativo tras las últimas elecciones. De hecho, él es uno de los principales beneficiados, ya que desde el pasado 10 de diciembre preside un bloque de 16 senadores nacionales, casi el doble del que condujo Sanz, su antecesor en el cargo.

"En 2011 vamos a ser gobierno nacional", se esperanzó Morales.

 20091218 LN  2010 será un año decisivo    por Santiago Kovadloff

Salta a la vista: la creciente inseguridad social es otra de las realidades que el Gobierno no admite. La más grave, por cierto, porque implica una subestimación de la magnitud que el crimen ha alcanzado entre nosotros. El incomprensible silencio oficial contribuye a la persistencia de esa pesadilla.

Hora tras hora, pueblos y ciudades aportan nuevas víctimas. Mientras tanto, el Gobierno propone nuevos jefes efímeros para una fuerza pública desacreditada. Así pasan los días. Es desconcertante el empeño con que el oficialismo contribuye a redactar el certificado de defunción de su credibilidad. Prosperan alevosamente el juego, la corrupción sindical, los ataques al Poder Judicial, la mendicidad de las provincias.

No han prosperado, en cambio, el empleo ni la equidad social. Avergüenza la educación pública. La dádiva estatal encuentra, entre sus tristes acreedores, a gobernantes y a gobernados. Las calles se han convertido en laberintos: no conducen a ninguna parte y por ellas marcha la disconformidad de todos y la violencia de muchos. Pero, principalmente, y al igual que en los años de plomo, es la vida la que, entre nosotros, ha perdido valor.

Ya no se trata de terrorismo de Estado. Se trata, ahora, de negligencia de Estado, de incalificable desdén ante lo que sucede y, en esa medida, de complicidad. El dolor de tanta gente no encuentra eco en las autoridades.

Una concepción fríamente empresarial de la política -tenaz, disciplinada e implacable- aspira a hacer del país un negocio concentrado en muy pocas manos. La pobreza cuidadosamente sustentada es, en semejante emprendimiento, un suculento aporte de capital social. La presión mafiosa sobre los disidentes se convierte en una herramienta disuasoria indispensable. Las prebendas, una recompensa al sometimiento de aquellos a quienes se condena a durar sin sentido. Una sola voz sigue empeñada en ser la voz de todos. Y esa voz no cederá. Aun en pleno derrumbe de su popularidad y por los medios que sea, el oficialismo busca asegurarse un porvenir hegemónico.

Las leyes vertiginosas que el oficialismo sancionó pretenden decapitar el cambio por el que optó la mayoría.

Hay, no obstante, indicios de reacción. La oposición empieza a entender qué es, para ella, lo inaplazable si aspira a significar algo socialmente consistente.

Es lenta -y, por lenta, exasperante para más de uno- la marcha hacia el restablecimiento de la democracia republicana. Recomenzó hace cinco lustros, a los tropezones. Y aún está pendiente de cumplimiento. Es que no abundan en la política las conductas ejemplares capaces de impulsarla. Hoy se trata, por encima de todo, de combatir la instrumentación perversa de la ley, arte mayor de Néstor Kirchner. Este procedimiento, en la medida en que se ha hecho demasiado evidente, fue generando una reacción que cada vez resulta más adversa respecto del ex presidente, y ha venido a fortalecer, de manera gradual, la necesidad de reconstruir nuestra vida institucional y los recursos de discernimiento cívico con los que debe contar la comunidad.

Convertida en autoconvocatoria colectiva así como en demanda a las dirigencias políticas, esa conciencia de participación se ha ido extendiendo como una trama incontenible por todo el territorio nacional. No proviene de los partidos, sino que se dirige a ellos. Su meta es ver reconciliados el poder con la decencia. La eficacia operativa con la ética. Acaso éste sea el hecho más auspicioso con que podemos arribar a este fin de año.

Ya en 2008, la vida parlamentaria supo perfilarse como el ámbito decisivo para el logro de semejante reconciliación. Entonces, a través de la impugnación de la resolución 125, se produjo el registro institucional de una necesidad de cambio en el curso de las cosas. Luego, con las elecciones legislativas del pasado 28 de junio, resaltaron dos evidencias: que la mayoría ya no iba a ser atributo monolítico del oficialismo y que las dirigencias opositoras debían ir en busca de una articulación superadora de su propia segmentación.

Pero sería ingenuo decirle adiós al año 2009 sin tomar en cuenta que ya son y que serán incesantes los esfuerzos del oficialismo para pulverizar los proyectos de ley que puedan mejorar la calidad institucional de la Argentina.

Néstor Kirchner parecería despreciar las dictaduras militares, pero es seguro que no desprecia el autoritarismo. Comparte con aquéllas la convicción visceral de que los partidos políticos, como expresión de pluralismo ideológico, son un obstáculo para su concepción del poder.

Es posible, por lo demás que, en el transcurso del año venidero la centroizquierda no desoiga el canto de las sirenas que ha empezado a entonar en sus oídos el Frente para la Victoria.

Si lo desoyera, daría un paso innovador y fructífero en dirección al fortalecimiento del sistema político. Porque entonces buscaría situar su protagonismo a la izquierda del centro indispensable del sistema, que debe ser aportado a la democracia por la República y no a la izquierda de un poder antirrepublicano.

¿Entenderá algún día la centroizquierda que los acuerdos fundamentales debería lograrlos con la centroderecha y no con una versión retórica del progresismo, como lo es el partido gobernante? ¿Y la centroderecha? ¿Se dará cuenta de una buena vez de que, sin la centroizquierda, la República no terminará de constituirse y de que la democracia no prosperará?

Sólo si proceden en conjunto, recíprocamente persuadidas de la legitimidad del adversario, podrán diseñarse las políticas de Estado que hacen falta, lejos de las distorsiones brutales con las que el oficialismo contribuyó a ahondar la decadencia argentina.

Afianzar la república equivale a afianzar el centro. Este es el acuerdo primordial que corresponde alcanzar. Luego habrá quien se ubique a la izquierda de ese centro y quien lo haga a la derecha. El éxito con el que sueña el kirchnerismo depende de que ese centro no llegue a conformarse nunca.

Kirchner sólo se siente vivo si no convive. ¿Alguien duda de que rara vez se lo verá aparecer en el Congreso? La suya será una diputación testimonial. Habrá que comprobar, asimismo, si la supremacía numérica de quienes lo derrotaron eludirá el riesgo de ser igualmente espectral. Habrá que comprobar si los opositores son capaces de actuar en consonancia con el primer deber que les impone la reconstrucción del país.

La Comisión de Enlace agropecuaria fue consecuencia de un imperativo concebido como impostergable. Rebasaba ampliamente las reivindicaciones sectoriales, y a nadie se le escapó. A sus integrantes les importó más admitirlo que ignorarlo.

En torno a ese imperativo se gestó la unidad en la que, en un comienzo, muy pocos creyeron. ¿Las dirigencias partidarias alcanzarán a construir algo equivalente?

La derrota final de Néstor Kirchner tiene que ser la de un modo de concebir el ejercicio de la política. El momento actual es tan propicio para empezar a buscar ese desenlace como dramático e incierto.

Se trata, claro, de una tarea complejísima. Tan ardua y difícil como indispensable. Exige poner en juego actitudes innovadoras. El oficialismo intentará explotar las dificultades. Querrá sacarle todo el jugo a esa sombría tradición de ruptura que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Dos proyectos de país se verán, entonces, confrontados.

Dos concepciones del poder y del prójimo. Una deberá promover la creciente interdependencia. La otra seguirá empeñada en alentar la dependencia.

Vivimos una disyuntiva crucial. Pocas veces un fin de año despertó tamañas expectativas y dejó entrever tantas acechanzas. Néstor Kirchner nada tiene que aprender para luchar por lo que se propone.

Le bastará con proceder como habitualmente lo hace. La oposición tiene, en cambio, que aprenderlo casi todo. El tiempo urge a uno y a otra. Ambas partes lo tienen claro. El Bicentenario encontrará al país embarcado en una disputa sustancial entre el pasado y el porvenir.

El escenario

20091216 LN Ante una transición conflictiva y azarosa  por Joaquín Morales Solá

Julio Cobos no es el vicepresidente de la Nación, sino un enemigo que debe ser excluido de los mecanismos institucionales. Las reservas del país en poder del Banco Central son tan accesibles como las cuentas que la familia Kirchner tiene en el banco de la esquina. Aníbal Fernández se atribuyó, sorpresivamente, la facultad de resolver qué decisiones de la Justicia son constitucionales y, por supuesto, cuáles no lo son. En la desesperación por seguir acumulando lo que les está escaseando (que es el poder, desde ya), los Kirchner decidieron derribar una institución tras otra. La transición hasta 2011 será, por lo que se ve, fatalmente conflictiva, exasperada y azarosa.

Cobos no firma casi nada (o muy poco) desde que refrendó la ley de medios audiovisuales en una madrugada de kirchneristas apurados. Después se desayunó de que había firmado una ley tan llena de errores que el Boletín Oficial debió hacer una fe de erratas para corregir lo que había aprobado el Congreso. Por temor a repetir esos errores de premura (o porque no descarta que le promuevan operaciones desestabilizadoras), el vicepresidente sólo firma lo que ya pasó por todos los escáneres.

Ahora, Cobos no quiere firmar la comunicación al Poder Ejecutivo sobre la integración de la comisión bicameral de seguimiento de los medios audiovisuales. Tiene un argumento de peso: la oposición no designó todavía a sus ocho representantes en esa comisión. Sólo el oficialismo designó representantes; el kirchnerismo parlamentario consiguió fácilmente la otra firma necesaria para aquella comunicación: la del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner.

Sin embargo, resulta que la ley indica que la firma de Cobos debe estar en esa resolución, que espera sin moverse en el despacho vicepresidencial. Nada le importó al kirchnerismo: comenzó a trabajar como si la comisión estuviera funcionando cabalmente y hasta dio su acuerdo para la designación de algunos miembros del nuevo Comfer. La oposición no está ahí. Más aún: el oficialismo incumplió el compromiso de que las presidencias de las comisiones de control estarían a cargo de opositores y las de gestión recaerían en manos de legisladores del Gobierno. Rápido, anunció la designación del líder de los diputados oficialistas, Agustín Rossi, como titular de esa comisión bicameral, que es de control.

Cobos instruyó a los secretarios parlamentarios para que convocaran a los líderes de todos los sectores políticos; buscaba un acuerdo sobre esa comisión antes de firmar cualquier resolución. Los secretarios parlamentarios responden al oficialismo y no se mueven sin una orden del kirchnerismo. No hubo reunión.

El discurso oficial

El declamado propósito de democratización que impregnó el discurso oficial durante el tratamiento parlamentario de la ley de medios fue borrado ante el primer escollo. Emerge, solitaria, la verdadera intención de todo el proceso: el control de los medios a través de mayorías adulteradas.

Los que escucharon bien el discurso de Cristina Kirchner en el que anunció que el Gobierno se apoderaba de 6569 millones de dólares de las reservas pudieron advertir una noticia ingrata: la Argentina está como en 2001, pero el gobierno actual no actuará como los "defaulteadores" seriales de ese año. Cristina usó gran parte de su discurso para comparar lo que estaba haciendo ella con lo que hicieron los que anunciaron el alegre default en la Navidad de 2001.

Primeras preguntas: ¿en qué proyectos políticos y electorales se esfumó el superávit de los varios años de bonanza? ¿Qué gobierno serio contrae deudas sin prever que debe ahorrar dinero para pagarlas? ¿Quién le aseguró a la administración que la prosperidad internacional sería eterna?

A esas malas noticias siguió otra. Nadie sabe qué opinó el presidente del Banco Central, Martín Redrado, ni qué reflexiones provocó en el Congreso la decisión de disponer libremente de las reservas nacionales. El Banco Central es una institución autónoma, y el destino de las reservas acumuladas por los argentinos necesita, por lo menos, de un debate parlamentario previo a una ley aprobada por el Congreso.

Ante la necesidad de disciplinar el gasto, acercarse al Fondo Monetario y, sobre todo, transparentar el irreal Indec, el Gobierno optó por quedarse con la caja más accesible que tenía a mano. El problema es que no la tenía a mano, porque algo más que una decisión súbita de Olivos debe suceder para devastar las reservas nacionales de un país. Para los que saben leer las leyes y las normas, la Argentina es un país más imprevisible aún desde anteayer. El resultado es diametralmente contrario al objetivo proclamado por la Presidenta en su discurso.

Aníbal Fernández es más exótico todavía cuando explica sus decisiones. Le prohibió a la Policía Federal que ayudara a un juez en el proceso de intervención del Sindicato de Aeronavegantes (que el magistrado no pudo concretar) como parte de una causa judicial por unas elecciones internas muy cuestionadas. El jefe de Gabinete aceptó que él le dio la orden a la policía y fundamentó así su disposición: "La decisión del juez era inconstitucional".

La policía dejó de ser auxiliar de la Justicia y se convirtió en auxiliar personal del jefe de Gabinete. Tampoco en este caso se sabe qué opinó el ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, jefe formal de la policía. Sea como sea, es la propia Justicia la que debe dirimir si las decisiones de los otros poderes son constitucionales o inconstitucionales. El máximo tribunal que existe en materia de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, cuyo objetivo fundamental es, precisamente, imponer la correcta interpretación de la Constitución.

Vistas así las cosas, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, no pecó de tremendismo cuando calificó la decisión de Aníbal Fernández como un "golpe de Estado" contra el Poder Judicial. Debe consignarse que esa definición ya había circulado reservadamente entre jueces y abogados antes de que Recondo la hiciera pública.

En un puñado de días, el gobierno kirchnerista se llevó por delante a la Justicia, al Banco Central y al vicepresidente de la Nación. ¿Cómo seguirá el recreo de arbitrariedades que durará hasta el 1° de marzo, cuando volverá a funcionar el Congreso, condenado a vacacionar por el Poder Ejecutivo? El problema lo tendrá el Gobierno después de marzo, pero los Kirchner nunca entendieron que hay una secuencia insalvable entre el viento y la tempestad.

 20091219  LN La prédica intolerante   por Joaquín Morales Solá

En el seno de un gobierno que tilda de desestabilizadores a quienes lo cuestionan, el jefe de Gabinete vulnera la Justicia

Acusar inmediatamente de "golpista" o de "desestabilizador" a todo aquel que manifiesta una opinión contraria o distinta al dogmático discurso oficial es una lamentable e inveterada costumbre de nuestro gobierno nacional. Es una suerte de dogma que se instala livianamente en la sociedad, pese a que no forma parte de un sistema de pensamiento, ni una filosofía política, ni siquiera un modesto postulado ideológico. El dogma en cuestión, como tantas otras cosas, se articula a partir de las órdenes cambiantes que emite Néstor Kirchner, nutridas frecuentemente mucho más por el rencor que por la razón.

Cualquiera que no comulgue con una posición del ex presidente puede, de pronto, ser caprichosamente tildado de "golpista", "conspirador", "destituyente" o "desestabilizador".

Así se recurre a la fantasía y a las especulaciones. Por eso se habla de "sectores" o de "clases sociales" (el campo, la oligarquía, los ricos, los empresarios, los que más tienen) sin individualizar demasiado las razones por las que se califica a alguien de presunto golpista.

En realidad, ese juego es cada vez más evidente. Pero lo cierto es que mientras las fuerzas opositoras se empeñan en proclamar a cada paso su absoluto respeto por la ley y la gobernabilidad, recurriendo a ese criterio hasta para la distribución de las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados, desde la cúspide del poder central se avanza con acciones realmente "desestabilizadoras".

La constante recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia por parte de la Presidenta, la decisión de no convocar al Congreso para sesiones extraordinarias, la insólita prescindencia de la firma del vicepresidente de la Nación en actos administrativos que así lo requieren, la falsificación de cifras e información, y la sospechosa y apresurada integración de la comisión de control creada por la reciente ley de servicios de comunicación audiovisual, son todas decisiones unilaterales que, lejos de buscar la concordia y el consenso de los argentinos en el marco del respeto por la ley, ayudan a demoler desde adentro las instituciones, generando un clima de conflicto y crispación nada conveniente para el desarrollo institucional del país.

Pero como si lo mencionado no fuera suficiente, el propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, generalmente enredado en sus propios laberintos verbales, ha desconocido ahora una decisión del Poder Judicial. Poco antes había considerado que Mauricio Macri "debía renunciar" como jefe de gobierno de la ciudad pues "no tenía otra salida".

La renuncia de Macri la sugirió hace pocos días a raíz del caso de las escuchas telefónicas, que comparó con el famoso caso Watergate. Ahora bien, ¿actuó de tal modo Fernández como un golpista? ¿Intentó "desestabilizar" al jefe del gobierno de la ciudad?

Luego, Fernández ordenó audaz e ilegalmente a un comisario de la Policía Federal que desobedeciera un mandato judicial. Se trata de un hecho gravísimo que resiente el orden y lastima la gobernabilidad. Peor aún, al tratar de explicar su actitud, Fernández dijo que lo había hecho porque "consideraba inconstitucional la sentencia judicial". Con lo cual, el lenguaraz funcionario se arroga una competencia insólita: la de revisar las decisiones judiciales, como si él mismo fuera un tribunal de alzada.

¿Se puede pensar en una mayor distorsión del sistema republicano cuando un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo avanza sobre los fallos del Poder Judicial? ¿Debemos enterarnos los argentinos de que la policía ha dejado de ser un auxiliar de la Justicia para pasar a constituirse en el brazo armado de Fernández?

En todo caso, ¿cuál es hoy la línea de dependencia orgánica de la Policía Federal? ¿Depende del Ministerio de Justicia y Seguridad o del jefe de Gabinete? Esto ayuda ciertamente a entender mejor por qué la jurisdicción nacional nunca transfirió la parte metropolitana de la Policía Federal al gobierno de la ciudad.

Es muy posible que una vez reunidas el año próximo las cámaras legislativas, el jefe de Gabinete, que tiene responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, deba responder por su conducta enfrentando una moción de censura que podría terminar en su destitución. Y habría buenas razones para ello.

Pero más allá de esa circunstancia, que quedará en manos de los legisladores, está ya meridianamente claro que las presuntas maniobras desestabilizadoras que tanto preocupan a los funcionarios más altos del gobierno nacional hoy tienen nombre y apellido. Porque nada conspira más contra la gobernabilidad que el hecho de que los poderes de la República sean avasallados. Y en tal caso, que las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo no sólo manipulen al Congreso de la Nación, sino que, además de las presiones que ejercen a través del Consejo de la Magistratura, que responde a sus designios, terminen asumiendo el extraño papel de instancias decisorias del Poder Judicial, que ciertamente no están previstas en nuestro ordenamiento constitucional.

 Editorial I

20091218 LN El veto como arma de gobierno

Preocupa que la Presidenta observara dos artículos de la ley de reforma política que el propio oficialismo impulsó

Menos de un mes transcurrió entre la amenaza y el hecho consumado. El jefe de la bancada oficialista de diputados, Agustín Rossi, había anunciado que, en cuanto perdiera la mayoría legislativa, el Poder Ejecutivo recurriría al veto de las leyes que no compartiera. "No entiendo por qué tanto escándalo. Es una verdad de Perogrullo. Ningún gobierno -explicó- está obligado a gobernar con leyes que no comparte."

Y bien, el vaticinio se cumplió, pero con peculiaridades tan sorprendentes como preocupantes, porque el lunes último, al promulgar la ley de reforma política, la Presidenta observó dos artículos de esa norma, impulsada por el propio oficialismo.

El veto es una herramienta intachable, siempre y cuando no se convierta en una acción sistemática para intentar frenar o torcer leyes aprobadas en un Congreso con mayoría de la oposición. Este peligro ha sido denominado por distintos observadores la "vetocracia", basándose en los dichos premonitorios del diputado Rossi.

Pero como dijimos, en el caso que nos ocupa, Cristina Fernández de Kirchner vetó dos artículos de una ley cuyo proyecto presentó de prepo el propio Gobierno, sin consensos previos con la oposición, pese a tratarse ni más ni menos que de la norma que regula la vida de los partidos políticos. Un proyecto que luego, para obtener los votos de pequeños bloques opositores de centroizquierda que resultarían perjudicados, el oficialismo modificó efectuando concesiones en las negociaciones realizadas en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Pues bien, los dos artículos vetados, el 107 y el 108, fueron el producto de aquellas concesiones, que llevaron a efectuar 50 modificaciones en el proyecto. El primero establecía que la exigencia de contar con el cuatro por mil de afiliados para que un partido político obtenga la personería nacional sólo comenzaría a regir en 2012. El 108 definía que las agrupaciones que en 2012 no cumplieran con ese requisito no podrían presentar candidaturas a cargos electivos ni en las elecciones primarias ni en las nacionales.

Dada la forma en que ejerce el poder el kirchnerismo, es inimaginable que a la redacción de los dos artículos se arribara sin el visto bueno de la Casa Rosada y de la quinta de Olivos. Claro: urgía contar con los votos de los pequeños partidos que aún tramitan su personería política en varias provincias, y a los que el plazo de 2012 les permitiría participar en las elecciones de 2011.

Una vez logrados los votos mediante aquellas concesiones, el Gobierno las vetó, desautorizando a sus legisladores, los mismos que participaron de las negociaciones, y reduciendo todo a un engaño o a una trampa. Y confirmando que esta ley, como se dijo desde un primer momento, es un traje a medida de Néstor Kirchner para que el ex presidente logre dominar la interna del Partido Justicialista.

La ley de protección de los glaciares, sancionada por todas las fuerzas políticas, también había merecido un muy cuestionado veto de la Presidenta, pues se sospechó que éste albergaba la intención de no afectar polémicos proyectos mineros en la cordillera de los Andes.

Si así trata las leyes que impulsó y que votaron también sus legisladores, no es difícil imaginar a qué extremos podría llegar el oficialismo cuando suene la hora de promulgar normas surgidas de la oposición.

 SOLO EN LOS TRIBUNALES DE NUEVA YORK

20091218 Clarín Hay juicios de bonistas contra el país por US$ 8.700 millones

Por:  Mara Laudonia

El equipo económico presentó formalmente ayer el pedido ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) para emitir hasta US$ 15.000 millones, tope que comprenderá el canje de deuda con los bonistas en dicha jurisdicción.

Es un paso más, necesario para lanzar la oferta, que provee de "información básica sobre la Argentina y una descripción general sobre los bonos que se emitirían".

Pero el texto nada dice sobre los detalles de la oferta, como si se incluirán finalmente o no la pagos vencidos de los cupones atados al PBI, datos clave que esperan los inversores para valuar la oferta y decidirse a entrar o no, y en medio de rumores sobre que el Gobierno evalúa subir la apuesta con una mayor quita a los bonistas .

Sin embargo, la Argentina revela allí que a la fecha hay acumuladas 155 demandas contra el país en Nueva York desde marzo de 2002, y que los juicios con sentencia totalizan 8.700 millones de dólares, entre acciones individuales (104) o de clase (8).

A su vez, se detalla que en Alemania se habían iniciado 550 demandas de pequeños bonistas, pero que en 364 casos fueron dados de baja, con lo que quedan 121 reclamos pendientes por un valor de 47 millones de euros. Se agrega también que en Italia había 13 juicios con la Argentina, pero fueron desestimados luego, a raíz de un fallo de la Corte italiana en 2005.

Como es habitual en estos casos, el texto describe los "factores de riesgo" latentes contra el "país emergente", relacionados con futuros repagos de la deuda. Además de estos litigios, se incluyen en la lista las 24 causas pendientes contra el país ante el CIADI; eventuales cambios bruscos en la reservas; la profundización de la crisis global; la acelaración de la inflación, falta de energía; entre otros.

 20091220 Clarín. Una trama de dinero y relaciones familiares. Moyano suma negocios a su actividad como empresario.

Acaba de formar una ART, que se suma a la aseguradora, la constructora y la gerenciadora de la obra social que forman parte del grupo de Camioneros. En todas esas compañias, sus hijos o su hijastra son presidentes, vice o directores………

 20091222 LN El peligro de un juego sin reglas.   Sergio Berensztein.

………………..La experiencia comparada sugiere que mantener la seguridad jurídica es la principal razón que explica la riqueza de las naciones …

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20091222   LN piden juicio político de Oyarbide.  El patrimonio presidencial – Crítica unánime a la decisión del magistrado.

La oposición lo acusará de mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, cuestionan la celeridad del fallo. ……….. Por Gustavo Ibarra

 20091222 LN Un juez en la montaña rusa.  Por Hernán Capiello.   Norberto Oyarbide está acostumbrado a las emociones fuertes. Su carrera judiciald de casi 15 años se parece a la montaña rusa: estuvo en lo más alto cuando manejó causas pesadas para el poder y en lo más bajo cuando estuvo a punto su cargo eb y juicio político, luego que se difundieran por televisión imágees suyas en un burdel bay. …En todos los casos demostro cintura política para defenderse de las acusaciones en la adversidad y salir airoso, aun cuando sobreseyó a los poderosos. …..

 20091222 LN Más político que juez   Joaquín Morales Solá

 Norberto Oyarbide confirmó ayer que la mayoría de los jueces federales es un conglomerado de hombres políticos. Los políticos no hacen justicia: simplemente administran sus decisiones según sus proyectos y ambiciones.

Oyarbide provocó un amplio estupor social, en el que puede incluirse a la propia dirigencia política, porque consideró, al final de un trámite rápido y fulminante, que los Kirchner están libres de culpa y cargo por el exponencial crecimiento de su patrimonio mientras controlan el gobierno nacional. Sabemos que el matrimonio presidencial no fue afecto nunca a la producción y al riesgo para incrementar su fortuna personal. Con una retórica productivista, llena de invocaciones a la inversión y al desarrollo industrial, lo cierto es que han acumulado mucho dinero, desde los años 70, echando mano de picardías financieras. Han comprado cosas por centavos, por ejemplo, y las vendieron por millones sin haberles agregado nada. El valor agregado del que tanto hablan Cristina y Néstor Kirchner es una lección para los otros, pero que siempre estuvo ausente en su propia concepción de la acumulación del capital.

Otra cosa que han hecho es ganar dinero con intereses financieros dignos de un Bernard Madoff. El discurso contra los excesos del capitalismo financiero en los Estados Unidos, que Cristina Kirchner llevó hasta las reuniones del G-20, parece no haber comprendido nunca sus propios excesos. El satelital incremento del patrimonio de los Kirchner sólo se puede explicar, en efecto, con la lógica implacable de Madoff: ganar enormes cantidades de dinero arriesgando nada y desguasando a sus víctimas.

Todo eso explica una manera de hacer fortuna, que es legítima hasta que no aparecen los excesos que tienen a Madoff como su sumo sacerdote. La cuestión se agrava, sin embargo, cuando semejantes concepciones y desproporciones son las prácticas habituales de personas que conciben el manejo de una nación como un despliegue de poder personal. Entonces ya no se sabe si lo que ganaron fue por haber convencido a incautos o por haber sugestionado a personas aterradas.

Eso es lo que pasa con los Kirchner. ¿Qué pasa con Oyarbide? Era difícil esperar un acto de justicia de un juez que se refiere en público a Cristina, engoladamente, como "nuestra señora presidenta". Oyarbide es un juez vulnerable que zafó de un devastador juicio político en el Senado porque la mayoría peronista de entonces decidió sobreseerlo, el 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. Como bien supusieron los astutos senadores, la noticia del sobreseimiento de Oyarbide ni siquiera se publicó en gran parte de los diarios argentinos.

Otro juez, Rodolfo Canicoba Corral, también había sobreseído a los Kirchner en una causa similar (por el patrimonio declarado en 2007) iniciada en 2008 por el abogado Ricardo Monner Sans. Lo notable de ambos casos es que el fiscal es el mismo, Eduardo Taiano, el único que está en condiciones ahora de apelar ante la Cámara el fallo de Oyarbide. Taiano no sólo no apeló en su momento la decisión de Canicoba Corral; hizo algo peor: pidió que se declarase explícitamente "la inexistencia de delito" por parte del matrimonio presidencial.

El fiscal es el único que puede apelar porque no existe en el caso una "parte damnificada", sino que el abogado querellante es un ciudadano preocupado, como lo fue en su momento Monner Sans, por las noticias que le llegaban sobre las inexplicables desmesuras de la fortuna de los Kirchner.

Oyarbide y los Kirchner persiguen, al parecer con idéntica desesperación, la conversión de esta causa en "cosa juzgada", lo que, en principio, impediría la posterior reapertura de la investigación. No obstante, existe algún remoto precedente según el cual la "cosa juzgada" es declarada nula cuando se comprueba luego que hubo encubrimiento, impericia o mal desempeño del juez.

Los Kirchner querían resolver este caso, el del patrimonio, antes de fin de año. Muchos funcionarios ni siquiera gastaron tiempo en disimular esa premura. ¿Por qué? Son demasiados e insistentes los rumores que indican que el nuevo Congreso se dedicará el próximo año a modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura; su actual composición es lo que le permite al Gobierno el control de los jueces de primera instancia, como lo es Oyarbide.

Ningún partido opositor, sea de derecha o de izquierda, está dispuesto a negarle su voto a esa iniciativa que liberaría a los jueces de la presión del oficialismo. Los números para conseguir la reforma ya están en la Cámara de Diputados, y el Senado los consiguió, teóricamente por ahora, luego de que el senador pampeano Carlos Verna anunció que acompañará a los opositores en la propuesta de cambiar el Consejo de Magistratura.

Los Kirchner no podían correr el riesgo de que una causa sobre su enigmático patrimonio cayera en un juez que, por ejemplo, se negara a consultar como asesor al propio contador del matrimonio gobernante, el ya famoso Víctor Manzanares. Oyarbide sí aceptó, en cambio, reunirse con Manzanares y escuchar sus explicaciones. Lo recibió aun cuando no sabía si luego debería procesarlo.

Del mismo modo que funcionarios de la AFIP habrían viajado a Santa Cruz para pedirle a Manzanares que fuera más prolijo en sus declaraciones sobre los bienes de los Kirchner, el juez llamó al contador para que aclarase lo que no estaba claro en los papeles. El Estado al servicio de una poderosa pareja.

Oyarbide confundió a media Argentina (en la otra mitad provocó suspicacias fatalmente ciertas) cuando la emprendió contra los medicamentos truchos y encarceló al gremialista Juan José Zanola. No se equivocó, porque simplemente sería muy extraño que se equivocara sobre la culpabilidad de los sindicalistas y sus también misteriosas fortunas. Pero sólo estaba comprando márgenes de supuesta independencia, que ayer borró cuando se apresuró a resolver sobre una causa que no tenía apuros conocidos ni justificables.

Para estas maniobras, gambetas y oportunismos recibió también, tal vez, el asesoramiento de un contacto permanente de Oyarbide con el poder: Javier Fernández, un viejo interlocutor de jueces que ahora se desempeña como director de la Auditoría General de la Nación en representación del kirchnerismo. Quizá ni siquiera necesitó de sus consejos: los jueces federales son por sí solos, y mayoritariamente, una estirpe política que se dedica a hacer política en lugar de interpretar las leyes y hacer justicia

 20091222 LN Beneficios y negocios inaccesibles para un argentino promedio   Gabriel Sued

Ventas millonarias de terrenos fiscales y altos intereses, las claves de la fortuna de los Kirchner

Cristina Kirchner acostumbra decir que pocas veces en América latina los gobernantes se han parecido tanto a sus pueblos como en la actualidad. Es presumible que entre las similitudes que encuentra la Presidenta no esté, por lo menos en el caso de la Argentina, la manera en que ella y su esposo multiplicaron su fortuna personal desde que llegaron al poder.

A lo largo de los seis años y medio de gobierno de los Kirchner, el patrimonio de la pareja pasó de $ 6.851.810 a 46.036.711, lo que implica un incremento de casi $ 40 millones y una variación de más del 600 por ciento.

Este enriquecimiento no supone en sí la comisión de un delito. Es posible que el juez federal Norberto Oyarbide tenga argumentos válidos para afirmar que los Kirchner no incurrieron en irregularidad alguna. Pero basta analizar las declaraciones juradas del matrimonio para concluir que las circunstancias que le permitieron amasar semejante fortuna están muy lejos del alcance del argentino promedio.

Una de las claves del incremento patrimonial de más de $ 28 millones que la Presidenta y su marido lograron durante 2008, el año bajo investigación en la causa de Oyarbide, fue el cobro de casi $ 10 millones por el alquiler de Los Sauces, el hotel boutique que la pareja tiene en El Calafate. El inquilino es Juan Carlos Relats, un empresario con millonarios contratos de obras públicas en todo el país, que, según aseguran sus voceros, perdió millones con la explotación del hotel.

Los Sauces se levantó entre 2006 y 2007 sobre un terreno de 2100 metros cuadrados, que los Kirchner adquirieron en 2002, a $ 162.444, a razón de 77 pesos el metro cuadrado. En su construcción, gastaron más de $ 10 millones. De ese monto, $ 8.329.596 se lo adeudan a la empresa constructora Grip SA. Es una compañía del arquitecto Pablo Grippo, a quien, en noviembre de 2007, el entonces intendente de El Calafate, el kirchnerista Néstor Méndez, le cedió más de 10.000 metros cuadrados de tierras fiscales, a sólo 7,5 pesos el metro cuadrado.

La cantidad restante, $ 1.644.750, los Kirchner la pagaron con la cesión de uno de los tres terrenos fiscales de El Calafate adquiridos en 2005, cuando Méndez era intendente. Entre los tres sumaban 60.000 metros cuadrados y, según el informe de Manzanares, los pagaron $ 322.167, poco más de 5 pesos el metro cuadrado, que en el mercado cotiza entre 50 y 1000 pesos, según los servicios públicos disponibles en la zona. Para comprarlos, Kirchner sacó un crédito en el Banco de Santa Cruz, propiedad del Grupo Eskenazi.

Un argentino común podría preguntarse cómo hay que hacer para conseguir terrenos tan baratos en una ciudad tan cotizada, para obtener préstamos con tanta facilidad y encontrar inquilinos tan bien predispuestos. ¿Quién sabe? Con un pequeño ahorro y un poco de suerte, cualquiera podría acceder al negocio de su vida y salir de pobre.

Otra clave de la disparada que experimentó la fortuna de los Kirchner es la percepción de intereses por sus depósitos bancarios, la mayor parte de ellos colocados en plazos fijos en dólares. Como rendimiento de los $ 32.174.258 que los Kirchner tienen en el banco, obtuvieron 5.476.922 pesos. Por los depósitos en dólares recibieron una renta superior al 6% anual; por los fondos en pesos, de más del 16 por ciento.

A cualquier ciudadano de a pie, que en 2008 depositó sus ahorros con intereses de alrededor del 12% en pesos o del 3% como máximo en dólares, le gustaría parecerse un poco a los Kirchner, por lo menos en eso.

Otro rubro que explica gran parte de los ingresos del matrimonio es la venta de inmuebles. Durante 2008, hicieron una diferencia de casi $ 9 millones, por la transacción de inmuebles que la pareja había adquirido durante los últimos años. Vendieron en $ 3.170.000 una casa en Río Gallegos que habían comprado, en 2003, por $ 474.300, y en 6.300.000 pesos, un terreno fiscal en El Calafate que habían obtenido, en 2006, por 132.079 pesos.

Otra ganancia millonaria que convierte a la Presidenta en alguien bastante distinto a la mayoría de los argentinos.

 Editorial I

20091222 LN Editorial. Dividir para reinar

La búsqueda de la división en vez del consenso es la herramienta que emplea el kirchnerismo desde hace 6 años

 Una de las características distintivas de la manera de hacer política de los Kirchner es la de tratar siempre de dividir. No sólo a quienes sean adversarios, sino a cualquier actor cuyo peso relativo pueda hacer sombra. Apuntan a dividir, aun a riesgo de lastimar el plexo social, lo que es más grave todavía.

Dividir es lo contrario de consensuar. Es lo opuesto de incluir, concordar o unir. Y hasta de confiar. Es alejar, separar, enfrentar, apartar, antagonizar, desintegrar. Es atomizar todo en bandos irreconciliables. Es expulsar el disenso del debate de las cuestiones públicas. Peor aún, es aniquilar la capacidad de ceder y rectificar y, por lo tanto, de enmendar equivocaciones. Va, pues, a contramano de algo tan esencial para poder gobernar en un ambiente de concordia y paz. Así estamos en todos los órdenes de la vida nacional sometidos a la influencia del poder presidencial.

La intención de dividir es táctica y estratégica. Ha sido norma estos seis años. Se la ha aplicado desde ese poder presidencial con mayor o menor éxito según hayan sido las circunstancias cambiantes.

En el período declinante posterior a las elecciones nacionales del 28 de junio del corriente año se lo ha hecho de una manera desaforada en todos los órdenes. No sólo respecto de los partidos políticos, sin excluir a los sectores disidentes de la conducción oficial del Partido Justicialista. También en relación con la Iglesia, con varios países amigos, con dirigentes empresarios y sindicales, con los medios de comunicación y con los periodistas a título individual, con sectores empresariales y hasta del mundo de la cultura, en cuyas últimas estribaciones una minoría obsecuente hace notar su falta de limitación y pudor valiéndose sin vergüenza de instrumentos del Estado que deberían estar al servicio de todos y no de la parcialidad que los usufructúa en su mezquino provecho.

El triste objetivo es conservar o acrecentar el poder al costo que fuere. Hasta de hacer que la palabra ceda su espacio a las vías de hecho. Así han proliferado enfrentamientos de todo tipo que hoy crispan y escinden la nacionalidad.

De alguna manera ese proceder se nutre en la "cultura de los bandos", en la cual una facción, de espaldas a la amistad cívica o social que engrandece, se atribuye la representación exclusiva de lo que el país quiere y necesita. Para ello se mantiene alistada para imponer puntos de vista sectarios, refractaria a la política de diálogo inclusivo que en todas partes se entabla con miras al consenso y a la reconciliación, capaz de preservar los más sagrados valores de una sociedad.

En esa incapacidad gubernamental de interactuar puede quizás estar la clave de nuestras zozobras y la razón central de la tendencia a uniformar las ideas. De esa manera se ha llegado al caso antológico, por lo aberrante, de que el jefe de Gabinete, en lugar de actuar como un garante de la legalidad, se haya convertido en la encarnación misma del paradigma destituyente del Estado de Derecho al disponer que no se cumpliera con una orden judicial.

El poder nunca se ejerce de modo legítimo en el aislamiento y menos de forma entumecida por la cerrazón en el capricho de quienes lo ejercen con carácter circunstancial.

Por eso la visión pluralista está en la esencia misma de la condición social humana y es el fundamento de una política democrática y republicana. Al olvidarlo, los gobiernos autoritarios o populistas apelan a la exacerbación de las emociones, con lo cual caen en la retórica jacobina que resuena en nuestros espacios.

La última de estas manifestaciones ha sido la invitación cursada por la Presidencia de la Nación para el encuentro por realizarse hoy entre la señora de Kirchner y unos cuarenta empresarios. Se han hecho en la lista de invitados exclusiones deliberadas, fundadas en criterios maniqueos -éstos son buenos, éstos son malos-, tan vulgares como para poner de inmediato en evidencia la voluntad de introducir cuñas divisorias en el empresariado a pesar del fracaso de ese tipo de política, según se ha podido verificar antes de ahora.

No se advierte en el Gobierno que la igualdad, la tolerancia, el respeto por la jerarquía del gobierno de las leyes y la división y el equilibrio de los poderes corran por vías paralelas a las de la dignidad que supone la pluralidad de pareceres y el rechazo del estilo totalitario que procura imponer la uniformidad de opiniones.

No se comprende ni en la Casa Rosada ni en la quinta de Olivos que el cometido republicano está lejos de la promoción del dominio desenfrenado y cerca de la procuración de acuerdos básicos de Estado.

 20091212 LN Una trama que develó oscuros aportes a la campaña electoral. ……

La paz que el país requiere se gesta de otra manera y con estilos y modos diferentes. Después de seis años en vano es hora de aprenderlo.

 20091222 LN Garrido cuestionó que sólo hayan intervenido peritos de la Corte

El ex jefe de la FIA planteó que las declaraciones juradas de los Kirchner debieron ser revisadas por especialistas de esa dependencia y de la OA

El ex jefe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido se quejó hoy por el trámite judicial que terminó con el sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito.

En particular, el ex fiscal cuestionó que el análisis de las declaraciones juradas de la Presidenta y su esposo haya quedado exclusivamente en manos de peritos contables de la Corte Suprema y planteó que en ese proceso también debieron haber intervenido especialistas designados por la FIA y la Oficina Anticorrupción (OA).

"En todas las investigaciones por enriquecimiento ilícito de envergadura de los últimos diez años hubo peritos distintos de los de la Corte porque, habitualmente, los peritos de la Corte dictaminaban con los peritos de las defensas. Desde 2000, primero en la OA y después en la FIA, siempre propusimos peritos de parte para controlar el desempeño de los otros peritos. Es muy llamativo que este sea el primer caso de envergadura en el que ni la FIA ni la OA ponen peritos", planteó Garrido en declaraciones a radio Mitre.

Respecto de las posibilidades de que tanto la FIA como la OA apelen el fallo de Oyarbide, el ex fiscal explicó que primero habrá que esperar la apelación del fiscal de la causa Eduardo Taiano. De no producirse esa apelación, según Garrido, "vendrá una discusión profunda" sobre si la FIA está o no habilitada para intervenir.

Garrido basó sus dudas en el reciente recorte de facultades a la FIA, entre ellas la de intervenir en causas en las que ya por el que ya hubiera un fiscal a cargo, como es el caso del expediente por el enriquecimiento ilícito de los Kirchner. No obstante, la FIA sí podrá apelar en el caso de que el fiscal no lo haga.

Razonabilidad. Para el ex fiscal, el que sólo hayan analizado el patrimonio de los Kirchner peritos de la Corte, es una muestra de lo que llamó "la falta de razonabilidad en la regulación de los órganos anticorrupción y de control del correcto funcionamiento de la Justicia".

Además, Garrido cuestionó la "velocidad" con la que decidió Oyarbide y planteó: "Hay un montón de coincidencias que no son buenas para la imagen de la Justicia, por ejemplo, que se supiera desde hace meses cuál iba a ser el resultado antes de que se hiciera la peritación".

Las críticas de Garrido surgen de la resolución que ayer emitió Oyarbide, pero también en coincidencia con un pedido del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para que se supervise el trabajo de los peritos del máximo tribunal, entre quienes se encuentra el especialista que firmó el informe que utilizó el juez para decidir el sobreseimiento de los Kirdchner.

 20091223 LN Una llamativa conexión   Carlos Pagni

 El Consejo de la Magistratura seleccionó ayer, por sorteo, a la diputada Diana Conti para investigar si el juez Norberto Oyarbide cometió alguna irregularidad al sobreseer a Cristina Kirchner y su esposo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, iniciada cuando el matrimonio declaró un incremento patrimonial del 158% durante 2008.

La reacción de los observadores fue destacar la buena estrella de Oyarbide. Le tocó una inquisidora consagrada al kirchnerismo. Sin embargo, si se observan algunos detalles, tal vez Conti sea más afortunada que su examinado. Muy simple: es la esposa de Enrique Dratman. Dratman es socio de Néstor Vázquez en la droguería Cofeme. Vázquez, ex gerente general de la Superintendencia de Salud durante la gestión de Héctor Capaccioli, es señalado por infinidad de fuentes del sector médico como el tejedor de la urdimbre de droguerías puestas bajo la lupa de Oyarbide, en la causa por la que está preso el sindicalista Juan José Zanola. A Vázquez, socio del marido de Conti, se lo señala como álter ego de Néstor Lorenzo -dueño de San Javier, la proveedora de remedios adulterados de la bancaria- y como autor intelectual del fideicomiso armado por Zanola para salvar su obra social.

Conti, entonces, es la conexión indirecta -y hay que suponer que involuntaria- de dos historias judiciales: la que investiga las relaciones sospechosas entre las droguerías, las obras sociales y el Estado, por un lado, y la del sobreseimiento de los Kirchner, por el que el eterno candidato peronista Ricardo Mussa pidió ayer el juicio político de Oyarbide. Será interesante observar si las pesquisas de Oyarbide avanzan sobre Dratman, Vázquez y sus empresas; y si las de Conti alcanzan a echar luz sobre el comportamiento de Oyarbide. ¿O la consejera terminará excusándose?

Este círculo curioso -sería prejuzgar decir "vicioso"- se suma a otras peculiaridades de la absolución de Oyarbide. Ya se ha vuelto célebre la decisión de incorporar como asesor del tribunal al contador de los Kirchner, que suscribió las declaraciones juradas que se estaban investigando. También la declaración de la Oficina Anticorrupción, que se excusó de analizar esos documentos porque involucraban a un superior jerárquico. Menos llamativa resulta la tasa de interés con que el Banco de Santa Cruz, de la familia Eskenazi, remuneró los ahorros de los Kirchner. Según expertos con acceso a la causa, la Presidenta y su esposo habrían recibido una recompensa entre 2,5 y 15 veces mayor que el común de los ahorristas. ¿Se trató de una dádiva? ¿En concepto de qué se la proveía? (el derecho penal no define la dádiva por las expectativas de quien la entrega sino por el cargo público de quien la recibe). Son preguntas que, al parecer, Oyarbide no se formuló, pero que podrían tener varias respuestas, además de la excentricidad financiera.

Hay otras incógnitas que se despejarán en los próximos días. Por ejemplo, si el fiscal Eduardo Taiano, tal como aseguran algunos allegados a él, apelará el fallo del juez. O si lo hará el fiscal de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles.

Son decisiones relevantes, ya que la Argentina firmó tratados internacionales de combate de la corrupción que obligan a un especial rigor en este tipo de casos. También es cierto que un rasgo de la cultura política nacional es que jamás se sanciona a un funcionario en ejercicio. Desde la institución colonial del Juicio de Residencia se consagró ese criterio: el desempeño de los hombres públicos se realiza una vez que han dejado el cargo. Ya lo dijo el jurisconsulto Alfredo Yabrán: "El poder es impunidad".

 Cámara Federal

20091223 LN Procesaron a Menem por los sobresueldos 

Confirmaron los procesamientos de Alsogaray, Cavallo, y Granillo Ocampo, entre otros

El ex presidente y senador Carlos Menem, su ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otros funcionarios que los acompañaron durante su gestión quedaron al borde del juicio oral y público en la causa que investiga el pago y cobro de sobresueldos, ya que la Cámara Federal confirmó sus procesamientos.

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Rimondi y Mario Filozof les imputaron el pago y la percepción ilegal de sobresueldos y el delito de "peculado" a los ex funcionarios y les trabaron embargos de entre 100.000 y 650.000 pesos. Los acusados seguirán en libertad. "Distintas sumas de dinero que originalmente estaban asignadas a gastos de carácter reservado" fueron entregadas a "manos de una gran cantidad de funcionarios públicos, sostuvo la resolución, que abarca además a la ex secretaria de Recurso Naturales María Julia Alsogaray y al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo

 20091226 Clarín. Duhalde ya habla de posibles ministros y en el PJ lo critican. – ( Textual ) “Voy a ser candidato a Presidente de la República en 2011. El país necesita gente con experiencia y que pueda crear consensos y creo que soy capaz de eso”. Ayer: “Voy a trabajar para que nunca más Kirchner sea dirigente, por lo menos en mi provincia. Cuando se vaya no va a haber fotos de él ni en gremios ni en ningún lado. Solamente la madre debe tener una foto de él”. ….

 20091224 LN Un breve peritaje, la base para salvar a los Kirchner  Paz Rodríguez Neill

Los contadores sólo cruzaron datos presentados por los acusados

 El juez federal Norberto Oyarbide cerró la causa que investigaba por presunto enriquecimiento ilícito a Cristina y Néstor Kirchner basado en un peritaje breve, realizado en menos de dos meses, que se limitó a analizar datos y documentos presentados por los propios acusados.

El estudio, al que tuvo acceso LA NACION en el juzgado, es un documento de diez hojas. Lo firman Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo, presidente y miembro del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. Este organismo está cuestionado por el propio tribunal, que planea remover a Peralta (ver aparte). También lo suscribe Víctor Manzanares. En el expediente se cuestiona que él, que es el contador de los Kirchner, haya trabajado a la par de los peritos cuando es el autor de las declaraciones juradas.

Oyarbide recibió el peritaje el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, sobreseyó a los Kirchner, según dijo a LA NACION, basado "absolutamente" en el estudio de los contadores, que juzgó "contundente".

En su informe, los expertos declararon que habían realizado su trabajo "en función de las declaraciones juradas pública y privada, las declaraciones juradas ante la AFIP y el escrito sobre variaciones patrimoniales" que presentaron los Kirchner. Dijeron haber tenido a la vista, además, boletos de compraventa y escrituras, todo acompañado por los acusados. Según explicaron, es así como cotejaron los ingresos y concluyeron que eran "justificados".

Oyarbide no les indicó puntos de peritaje concretos, sólo les pidió "un estudio de la especialidad tendiente a determinar en base a las reglas de dicha ciencia si el incremento patrimonial que registran los imputados en relación al último período fiscal declarado con relación a aquel del año anterior se encuentra debidamente justificado".

El peritaje tiene dos partes, una referida a la Presidenta; la otra, a Néstor Kirchner. La primera abarca menos de tres carillas y enumera lo que la Presidenta declaraba en 2007. Relata que vendió uno de sus cuatro inmuebles y que entregó otro como aporte a la sociedad Los Sauces, de la que tiene un 45%. También dice que en anexo reservado hay información sobre las tarjetas de crédito, y habla de sus ingresos anuales, que según lo declarado ante la AFIP fueron $ 194.850,14 y según lo denunciado ante la Oficina Anticorrupción, $ 148.200. La diferencia se debe a que la declaración ante la AFIP no incluye la retención del impuesto a las ganancias, explicaron los peritos.

Eso es todo. A continuación, hay un párrafo titulado "Conclusión", que dice: "El incremento patrimonial en relación al último período fiscal declarado con relación a aquel del año anterior se encuentra justificado en cuanto a su origen y evolución, conforme la documentación verificada".

El acápite dedicado a Néstor Kirchner sigue los mismos lineamientos, si bien es más extenso porque él declara 26 inmuebles, un auto y cuatro participaciones accionarias. La conclusión, algo más compleja, también avala el incremento. Dice que se había pedido "documentación de respaldo" y que, luego de analizada, se advirtió que el enriquecimiento tenía "su origen intrínseco en las operaciones señaladas", que fueron "confrontadas con el movimiento de fondos de los resúmenes bancarios".

El peritaje, igual que la causa de Oyarbide, analiza sólo la variación en los bienes de los Kirchner en 2008, cuando el matrimonio presidencial incrementó su patrimonio en 28 millones de pesos. Por eso, los peritos aclaran que no analizaron "la documentación de ingreso" de los bienes adquiridos antes de 2008.

El peritaje ya recibió críticas. "Es insuficiente. No es más que un juego de palabras", dijo ayer Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte y presidente de Contadores Forenses, una ONG que se había presentado en la causa de Oyarbide y le había sugerido puntos concretos de pericia. "No se puede decir que con esta simple verificación numérica quede demostrado que no hubo delito. Basta observar que el monto de los alquileres no se condice con el de los bienes y que se declaran intereses con tasas que no se cobran en ningún lugar del mundo. Eso debió investigarlo el juez", dijo.

El fallo de Oyarbide no es definitivo. El fiscal Eduardo Taiano puede apelarlo y abrir una instancia de revisión ante la Cámara. El dice que aún no sabe si lo hará. Si no, podría recurrir la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El lunes, día que vencen los plazos, se termina el misterio.

Opinión

20091224 LN Los peritos no son jueces   por Manuel Garrido

 La investigación por enriquecimiento ilícito a los Kirchner que acaba de ser cerrada en primera instancia exhibe peculiaridades que no se limitan a la inusual velocidad con la que se desarrolló.

Por lo general, este tipo de investigaciones lleva mucho tiempo, ya que no se circunscribe a la comparación de declaraciones juradas, sino que es menester acceder a la documentación original necesaria para evaluar la veracidad, la razonabilidad y la credibilidad de lo que se declara.

El objeto de una investigación de estas características es determinar si efectivamente hubo un incremento patrimonial, que éste sea importante y que, además, ese incremento no pueda explicarse razonablemente con los ingresos legítimos que el investigado acredite.

Si bien la existencia de una peritación contable es esencial, es fundamental que el investigador indique con la mayor precisión posible cuáles son los incrementos cuya fuente debe establecerse, y sobre eso deben pronunciarse los peritos.

El peritaje realizado en este caso, que el juez califica de "contundente", es absolutamente dogmático, ya que pese a afirmar en forma alambicada que el incremento patrimonial tiene su "origen intrínseco" (sic) en las operaciones que el informe dice señalar, ni siquiera ha especificado cuál es el monto de incremento que considera justificado.

Es incierta, a la vez, la especificidad de la documentación analizada, y ni una palabra se vierte respecto de su razonabilidad: precios de mercado, tasas de interés vigentes y otros factores que no sólo debieron analizar los peritos, sino también el propio juez.

Tampoco se analizan las diferencias que existen entre el dictamen de la Oficina Anticorrupción y el del contador particular de los investigados. Pareciera, además, que la investigación lleva a cabo un análisis con anteojeras temporales, evitando comparar lo declarado en el año analizado con los años anteriores, en contra de lo recomendado por la propia Cámara en el caso del ex ministro Granillo Ocampo.

La función de los peritos es auxiliar al juez, pero no reemplazar su criterio, su sentido común, su espíritu crítico y su rol de investigador de delitos. Cuando en nuestro vetusto sistema el juez se olvida de impulsar la investigación, se genera un desequilibrio que termina deslegitimando a las instituciones.

El autor es director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

 OTRO ESCANDALO CON TIERRAS EN SANTIAGO DEL ESTERO

20091226 Clarín Dos hermanos de Alperovich, acusados de usurpar un campo

La denuncia alcanza también a un cuñado del gobernador de Tucumán.

 PRESENCIA. EL GOBERNADOR ALPEROVICH, SEMANAS ATRÁS, EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA, EN LA CAPITAL FEDERAL.

 Dos hermanos y un cuñado del gobernador tucumano José Alperovich fueron denunciados por presunta apropiación de un campo a través de una maniobra fraudulenta, que se habría realizado en una escribanía de la provincia de Buenos Aires. También se involucra a dos sociedades de la que forman parte.

El campo en cuestión, de 1.600 hectáreas, está situado en el paraje Suncho Pujio, en Pozo Hondo, departamento Jiménez, 90 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago del Estero.

El caso se suma a la denuncia ligada al intendente de José C. Paz, también por tierras en Santiago del Estero (ver Ishii ...).
Los denunciados en la causa que roza al gobernador tucumano son Horacio Gallardón, Alberto Eduardo Echalecu Goyeneche (escribano), Leonardo Jorge Elgart (cuñado del gobernador), Naum Noé Alperovich (uno de sus hermanos), Marta Inés Podestá (escribana), Tikva SRL, Teresa del Valle Nuno de Olmos (escribana), Adama SA (es accionista Sara Lía Alperovich, otra de las hermanas) y David Ariel Zeitune.

La demanda fue interpuesta en un juzgado bonaerense por los herederos del ciudadano francés Etiene Germain Justin Lenormand, que falleció en Tan, Francia, el 29 de agosto de 1998.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso Clarín, el 11 de mayo de 2007, los herederos de Lenormand promovieron la sucesión en el Juzgado Civil de IV Nominación de Santiago que dictó la declaratoria, estableciendo que "los únicos y universales herederos del causante, eran sus tres hijos".

"Cuando el 19 de mayo de 2008 se obtuvo el certificado de titularidad y condiciones de dominio a los fines de inscribir la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad de Santiago, pudo observarse una grave irregularidad registral", señala el abogado Roberto Peña Pereira de Azevedo, apoderado de los denunciantes.

Del certificado surgía una venta "absolutamente falsa, atribuida al señor Lenormand, el 25 de agosto de 2001", es decir 3 años después de fallecido, a favor de Horacio Gallardón, agregó.

La escritura de compra-venta se hizo ante el escribano Alberto Eduardo Echalecu Goyeneche, que estaba interinamente a cargo del registro 13 de Lomas de Zamora, que "fue sancionado en diversas oportunidades por el Colegio de Escribanos de Buenos Aires y que desde el 24 de mayo de 2007 se encuentra suspendido preventivamente para ejercer su profesión por el Juzgado Notarial de La Plata", señala la denuncia.

Posteriormente, Gallardón vendió el campo a Leonardo Jorge Elgart y Naum Noé Alperovich, quienes señalaron que adquirieron el campo para la sociedad en formación Tikva SRL (escritura N° 463 del 3 de julio de 2002, pasada ante la escribana Marta Inés Podestá), también denunciada.

La aceptación de la compra por parte de Tikva SRL fue realizada mediante escritura N° 393 del 4 de marzo de 2003, ante la escribana Nuno de Olmos.

Posteriormente, Tikva SRL encargó y obtuvo una subdivisión de la propiedad de 1.600 has. en dos lotes, el primero designado como lote 1-A de 806 has y el segundo, como lote 1-B, con una superficie de 780 has. La subdivisión fue aprobada el 24 de julio de 2003.

El lote 1-A fue adquirido mediante una dación de pago por Leonardo Jorge Elgart (cuñado de Alperovich). Luego, quedó bajo la titularidad registral de Adama SA, por un aporte de capital efectuado a dicha sociedad. Mientras, el lote 1-B, ya subdividido se inscribió a nombre de David Ariel Zeitune.

El abogado de los sucesores de Lenormand pidieron a la justicia la anotación de litis, es decir que se advierta a posibles compradores que dicho campo está sujeto a una decisión judicial.

También se pudo saber que los demandados todavía no fueron notificados.

 4.500 HECTAREAS

20091226 –Clarín Ishii, en la mira, ahora por un desmonte

No son días fáciles para el ultrakirchnerista Mario Ishii: ahora organismos gubernamentales santiagueños investigan si otro campo, de unas 4.500 hectáreas, fue desmontado irracionalmente. Se atribuye su explotación a un presunto testaferro del operador ultrakirchnerista y a una sociedad que integra su hijo, Fabio Adrián Ishii, ConyAgro SRL.

Hace unas semanas, funcionarios de un organismo gubernamental llevaron adelante una inspección por el desmonte de un campo ubicado en el departamento Figueroa, que sería administrado por ConyAgro SRL, sociedad conformada por Walter Abella y Fabio Adrián Ishii, hijo del intendente de José C. Paz.

Hace un par de semanas, Clarín puso al descubierto que justamente Abella, un tucumano, ex vendedor de celulares, que se autoproclama en Santiago como el "hombre de Mario Ishii" y presunto testaferro, fue desalojado de un campo de 9.000 hectáreas (en el departamento Alberdi) por el desmonte irracional de casi 4.000 hectáreas y la denuncia fue realizada por Fiscalía de Estado.

Esa causa ahora la instruye el Juzgado en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación, a cargo de Miguel Moreno. Abella, también está denunciado por la sustitución dominial de un campo de 39.500 hectáreas en el departamento Jiménez, causa que se instruye en el Juzgado en lo Criminal y Correccional de 5ta. Nominación de Santiago del Estero, a cargo de Rosa Falco.

Según indicaron fuentes de la Dirección de Bosques, se habría dispuesto una inspección por una denuncia de que se estaría desmontando sin el permiso correspondiente. A raíz de ello, una escribana de Fiscalía de Estado se habría presentado para realizar un procedimiento y habría constatado que se desmontaron más de 1.000 hectáreas, aunque todavía no se realizó la denuncia pertinente porque el caso está en plena etapa de investigación, dijeron fuentes del organismo gubernamental a Clarín.

En el Registro de la Propiedad figura el campo "Lote N° 7, parte integrante del inmueble Minerva" de 2.014 has. a nombre de ConyAgro SRL, que fue adquirido el 27/09/2004.

Pero lo que también se estaría investigando es si esta firma habría ocupado otras 2.500 has. de terrenos fiscales con los que colinda al sud y al oeste.

Extraoficialmente, desde el Senasa dijeron a Clarín que allí se vacunaron aproximadamente 1.200 animales y la factura salió a nombre de ConyAgro SRL, la firma de la que son titulares Abella y Fabio Ishii.   Sigue …….

 Editorial II

20091227 LN Otra mancha para la Justicia

Al sobreseer al matrimonio Kirchner, el juez Oyarbide ignoró pruebas elementales sobre el veloz enriquecimiento de la pareja

El sobreseimiento dictado por el juez Norberto Oyarbide en la causa del enriquecimiento del matrimonio Kirchner no encuentra explicación posible frente a las evidencias existentes. La comparación de las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción en los dos últimos años, y la exposición de los ingresos y rentas del matrimonio no necesitaban más que una aritmética elemental para demostrar la ilicitud del enriquecimiento.

La fundamentación del fallo sólo en el informe de los peritos parece haber considerado excluyentemente la justificación contable sin apreciar en absoluto el concepto de ilicitud que prescribe la ley. Según el diccionario, ilícito significa "no permitido legal ni moralmente", o sea que comprende tanto el plano legal como el moral. En nuestro caso, la legislación argentina ha incorporado ambos conceptos en la ley de ética en la función pública y ha hecho así judiciables los comportamientos carentes de la necesaria ética en el desempeño de un cargo público.

Las faltas del matrimonio Kirchner encuadran sin duda en los actos comprendidos en los artículos 2º y 13º de esa ley. Hay tres temas en la declaración jurada presidencial que encierran transgresiones punibles. El alquiler de los hoteles de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional no sólo expone una incompatibilidad para el cargo, sino que por sus montos absurdamente altos e injustificados hace suponer como mínimo el uso de compulsión, sea por conveniencia o por temor.

Otro tema es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares. En este caso la aritmética requerida es el cociente entre dos cifras: rentas recibidas y montos depositados. Esto basta para verificar que las tasas exceden más que holgadamente las vigentes en ese tiempo. El hecho de que sea el Banco de Santa Cruz el que retribuyó al matrimonio con esas tasas extraordinarias ameritaba una mayor atención del juez sobre esta cuestión.

El tercer tema es el de la venta de un terreno por un monto de 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los de mercado. Nuevamente, se trata de actos incompatibles con la ley de ética que el juez necesariamente debería haber contemplado.

La rapidez con que se dictó el sobreseimiento convalida las presunciones que corrieron en todos los ámbitos políticos y periodísticos basados en los actos y el comportamiento mediático del juez Oyarbide. Se suponía que la sentencia debía producirse antes de fin de año para prevenir que el cambio en la integración del Parlamento pudiera producir modificaciones en el Consejo de la Magistratura y que el Poder Ejecutivo perdiera el mecanismo de presión que ha utilizado hasta ahora.

Oyarbide sobreabundó en sus contactos con los medios e intentó crear una imagen de independencia y hasta de enfrentamiento con el poder, posiblemente para acumular un crédito que facilitara su situación al dar a conocer el sobreseimiento del matrimonio presidencial. El peritaje realizado por miembros del cuerpo de peritos de la Corte, pero no en nombre de dicho tribunal, se expuso con algún equívoco para darle más sustento. La incorporación como perito de parte del propio contador que elaboró la declaración patrimonial cuestionada significó otra grave transgresión de reglas.

Las presunciones se cumplieron ante la estupefacción de la ciudadanía. Debe esperarse ahora la apelación por parte del fiscal y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para que se revise esta sentencia en la segunda instancia. En esa etapa deberá solicitarse mayor documentación y considerarse el marco ético y de compatibilidades para retomar el camino de administrar justicia.

 20091227 LN Los dueños de la verdad

Cuando el disenso equivale a la manifestación de una perversión, existe el germen de un desarrollo autoritario

 Cada vez que la Presidenta, o su decisivo esposo, ocupan la tribuna, dedican varios párrafos a la descalificación del adversario. Para ellos el disenso equivale a la manifestación de una perversión: están los que critican porque intentan defender algún pasado oprobioso, casi siempre dictatorial, o los que opinan distinto porque "quieren un país para pocos" o "no están en su sano juicio".

Detrás de estos mecanismos de refutación del adversario se esconde una concepción autoritaria de la política. Es la que supone que el derecho a conducir el Estado no se funda en una regla formal de validez -haber ganado una elección -, sino en la superioridad moral que otorga estar en posesión de una verdad. La humanidad vivió durante muchos siglos sometida a la idea de que el poder derivaba de un diseño objetivo de la realidad, casi siempre cifrado en un texto sagrado. No sólo las religiones, antes y ahora, intentaron fundar el orden profano en un más allá, sagrado. También el totalitarismo secular pretendió sostenerse en una verdad indiscutible, que se intentaba pasar por científica: sea la del predominio de una etnia sobre otras, o en la dictadura de una clase sobre otras. Quien pusiera en duda esa verdad ponía en peligro la organización social construida a partir de ese concepto sacralizado. Para esta visión de la sociedad y de la historia, la crítica es, siempre, subversiva. Y quien la formula debe ser, de un modo simbólico o físico, suprimido. Si el sistema se sostiene en una verdad y esa verdad está en poder del que gobierna, gobierno y sistema son la misma cosa.

La civilización occidental dio un salto gigantesco hacia adelante cuando separó el ejercicio del gobierno de la posesión de una sabiduría superior. Uno de los rasgos sobresalientes de la modernidad ha sido legitimar el poder a partir de procedimientos, no de dogmas de fe. El espíritu crítico, la libertad de expresión, el derecho a la defensa en juicio, la oposición institucionalizada, son valores que nuestra cultura derivó de ese principio: tener el poder no significa tener la verdad.

Cuando las sociedades olvidan esta premisa, comienzan a deslizarse hacia el autoritarismo. Si el que manda justifica su superioridad en ser el dueño de una explicación de las cosas más legítima que la del resto, pondrá poco cuidado en respetar los procedimientos. Se atribuirá facultades que el sistema jurídico no le confiere, como ocurre a diario con el diputado nacional Néstor Kirchner. O se sentirá justificado para decidir qué normas deben cumplirse y cuáles no, avasallando a los jueces, como sucedió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Quien cree poseer un saber absoluto, aspira a tener un poder absoluto. No debe extrañar, entonces, que una administración contaminada por estas desviaciones termine por agredir a la prensa. Ya se conoce, por la experiencia con las estadísticas económicas, qué solución encuentra el oficialismo para tratar con verdades inconvenientes. Es previsible, en consecuencia, que el Gobierno aspire a convertir al sistema de medios de comunicación en un gigantesco Indec. Y que castigue a quienes no se prestan a adulterar los datos, es decir, las noticias. Para una ideología que entiende que el Gobierno es depositario de una iluminación especial, la circulación de ideas distintas y el intercambio de mensajes variados son vistos como fenómenos de por sí corrosivos, desestabilizantes, destituyentes.

Como derivación de estas creencias, en la Argentina se está tipificando, paradójicamente de este modo, el delito de opinión. Y, al ser interpretada esa opinión discordante como golpe, como agresión, lo que se estimula es el contraataque y no el debate. Si se da por sentado que la palabra del otro está contaminada por su mala fe, en vez de discutir con él será mejor intervenirle el teléfono. Ese recurso policíaco no fue inventado por los Kirchner. Aún así, es llamativo cómo estas malas prácticas se han ido multiplicando a medida que el Gobierno se fue aislando más y más.

La combinación de rivalidad y falta de diálogo es la menos recomendable para la esfera pública. A quienes compiten, o se oponen entre sí, se les vuelven cada vez más borrosas las motivaciones y la imagen del que tienen enfrente. Terminan por suponerlas. Es cada vez más frecuente que los dirigentes argentinos incurran en errores garrafales cuando explican el comportamiento de sus adversarios. Si no se sabe qué piensa el otro, no se sabrá qué hará ni qué es capaz de hacer el otro. En vez de acotar el azar, en vez de reducir los factores imponderables, que es su misión, la política termina generando caos. He aquí una razón profunda para explicar por qué en nuestro país el largo plazo se mide en días. La intolerancia está dejando al país sin horizonte.

 20091224 LN La peor semana del Gobierno en la Justicia  Adrián Ventura

 Por primera vez en seis años, la Justicia puso en clara evidencia el fuerte deterioro institucional del Gobierno.

El Poder Ejecutivo siempre osciló entre castigar a los jueces e ignorar todos los límites constitucionales y legales. Para el Gobierno, el Congreso nunca pasó de ser una escribanía; las leyes, meros poemas que pueden ser desconocidos con decretos de necesidad y urgencia, decisiones administrativas o reformas logradas, muchas veces, con presiones oficiales; y los jueces, simples empleados a los que hay que dominar por la vía del Consejo de la Magistratura. El costo fue el inocultable aumento de la inseguridad jurídica.

Como ocurre en todos las gestiones, siempre hay un nutrido grupo de jueces dispuestos a acompañar cualquier proyecto político. Ni la democracia ni ningún sistema político imaginable tienen reaseguro contra las flaquezas morales. Y siempre hay jueces, como Norberto Oyarbide, que prefieren no ahondar mucho y están dispuestos a dejarse convencer fácilmente de que el matrimonio Kirchner no se enriqueció. El perito Alfredo Peralta sabía que la Corte se aprestaba a desplazarlo y se apresuró a hacer su dictamen.

Pero lo que sí es nuevo es que aparezcan otros jueces que no están dispuestos a acompañar a los Kirchner en cualquier aventura y que desean poner límites a los excesos. Néstor Kirchner dice que los medios son injustos, porque critican a los primeros jueces y elogian a los segundos. Olvida que para la prensa controlar es un mandato ético y para los jueces, una obligación constitucional. Pero esos jueces molestos comienzan a emerger:

Frente a la decisión de Aníbal Fernández de desobedecer una orden judicial, la Asociación de Magistrados y varios ministros de la Corte salieron a criticarlo con firmeza.

Anteayer, la Cámara del Trabajo desilusionó al Gobierno: en el caso del gremio de los Aeronavegantes, dictó un fallo en contra de los intereses sindicales.

Acorralada por el Gobierno y por el sindicalismo, la Corte salió a reafirmar su política de apertura sindical.

Ante la cerrazón del oficialismo a debatir en el Congreso la coparticipación federal, la Corte aceptó que casi la mitad de los senadores llevara su planteo político al corazón de la Justicia. La Corte no buscó una alianza con la oposición, sino que quiso dar una advertencia de que la degradación de las instituciones tiene límites infranqueables.

Tres jueces federales frenaron la aplicación de la ley de medios.

En el escenario político, algo está cambiando.

 20091220 PERFIL. Luis Rosadilla, ex Tupamaro  “NO NOS ELIGIERO PARA REVISAR EL PASADO NI PARA AJUSTAR CUENTAS “

 El ex guerrillero será el futuro ministro de Defensa de Uruguay ….

 20091220 LN Consagración de la impunidad – Editorial

Un fiscal que por tercera vez permite que los Kirchner permanezcan impunes no debería seguir en su puesto

 Son tres las escandalosas vergüenzas que jalonan el caso del presunto enriquecimiento del matrimonio Kirchner durante el año pasado.

La primera es el enorme y veloz incremento patrimonial de 28 millones de pesos que traslucen las declaraciones juradas de 2008.

La segunda, el no menos veloz sobreseimiento con el que el juez federal Norberto Oyarbide benefició a Néstor y Cristina Kirchner sin investigar el origen y las características del enriquecimiento, y basándose exclusivamente en un peritaje de dos peritos contables de la Corte Suprema, uno de ellos muy criticado.

La tercera vergüenza la protagonizó el fiscal federal Eduardo Taiano al no apelar el sobreseimiento permitiendo, así, que el fallo quede firme y no pueda ser revisado.

Si la actitud de Oyarbide mereció justificados cuestionamientos y un pedido de juicio político -hace años que en su juzgado y en otros hay causas similares contra ex funcionarios de Carlos Menem-, la del fiscal Taiano es tanto o más grave, pues su pasividad es la que clausuró definitivamente toda posibilidad de una futura ampliación de la investigación.

En cuanto a la no apelación por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ni siquiera vale la pena extenderse sobre ella. Desde la renuncia de su anterior titular Manuel Garrido, quien al abandonar el puesto dirigió graves acusaciones al procurador general de la Nación y jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, la FIA ha caído en la intrascendencia y nada cabía esperar del sucesor de Garrido, Guillermo Noailles. Constitucionalistas de la talla de Daniel Sabsay hablaron del incumplimiento de sus deberes por parte de Taiano y de Noailles.

Había elementos para apelar, pues la declaración jurada presidencial encerraría transgresiones punibles. El alquiler de un hotel de El Calafate a un importante contratista de obra pública nacional entraña un conflicto de intereses para el matrimonio presidencial, para no hablar de sus montos absurdamente altos e injustificados.

Otro elemento es el de los intereses ganados por depósitos bancarios a plazo fijo en pesos y en dólares, con tasas que exceden más que holgadamente las del mercado. El tercer elemento es el de la venta de un terreno por 6.300.000 pesos, cuando dos años atrás se había pagado por él sólo 132.079 pesos en una compra personal y directa al municipio de Calafate. Surge una renta extraordinaria que supone el uso de una posición de poder para acceder a una propiedad fiscal a precios inferiores a los habituales.

Decíamos que probablemente la actitud de Taiano sea la más grave, y lo es porque, además, es la tercera vez que este fiscal favorece la impunidad de los Kirchner.

Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.

Es un deber de los fiscales apelar una sentencia endeble o poco exhaustiva, y lo es que, previamente, impulsen la investigación.

En los tribunales federales de Comodoro Py se ha barajado la posibilidad de que la complicidad de Taiano obedezca a una presunta amenaza dirigida contra un hijo suyo. De ser cierto, Taiano debería haber efectuado la denuncia y, de persistir su temor -comprensible desde todo punto de vista- debería haberse apartado de su fiscalía pidiendo el traslado a otra menos expuesta.

Sin embargo, su permanencia en el cargo, al igual que su reiterada inacción en beneficio de la Presidenta y su marido, permiten sospechar que no hay atenuantes para su actitud. La impunidad ha quedado

 20092312 Sobreseimiento veloz y sospechoso

El cierre en tiempo récord de la investigación de Oyarbide a los Kirchner por enriquecimiento ilícito aumenta las dudas

En un tiempo récord e inversamente proporcional al que emplea para sustanciar otras causas delicadas, el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a la Presidenta y a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, quienes estaban acusados de enriquecimiento ilícito a partir de sus declaraciones juradas de bienes correspondientes al año pasado, cuando su patrimonio aumentó bruscamente nada menos que en 28 millones de pesos.

En esta columna hemos advertido que ese peligro era real porque llamaba la atención la irrefrenable locuacidad del juez ante los micrófonos y las cámaras de televisión cuando se trataba de brindar datos sobre la causa de los medicamentos adulterados, mientras que, en la del matrimonio Kirchner, el magistrado no dudaba en recibir en su despacho al contador de la pareja presidencial, para luego aceptarlo como perito de parte de los dos acusados, cuando a esas alturas de la investigación aún no podía descartarse que el contador también pudiera terminar imputado. Obviamente, ya entonces Oyarbide sabía que eso jamás ocurriría.

El juez clausuró la investigación de poco menos de un año de duración, iniciada a partir de una información de LA NACION, basándose en un informe de un perito contable de la Corte Suprema, que, según trascendió de fuentes judiciales, no habría arrojado elementos como para imputarles enriquecimiento ilícito a la Presidenta ni a su esposo por su declaración de bienes del año pasado.

No todos los jueces tienen en cuenta que los peritajes, incluidos los oficiales, no constituyen sentencias ni pueden condicionarlas por completo pues, siendo importantes elementos de prueba, el juez, en el momento de resolver la situación de los imputados, debe sopesarlos junto con los demás elementos que ha recogido en el expediente. Más aún cuando, como reconoció el presidente de la Corte, algunos cuerpos periciales del máximo tribunal, como el de los contadores, se encuentran bajo investigación debido a sospechas sobre su objetividad.

Por tratarse ni más ni menos que de la declaración jurada del hombre y la mujer que gobiernan la Argentina desde hace más de seis años, por tratarse de una declaración de bienes que arroja sorprendentes incrementos patrimoniales y por tratarse de la tercera investigación judicial sobre la envidiable capacidad del matrimonio para multiplicar permanentemente su riqueza -una causa anterior también se cerró con un sobreseimiento y una segunda fue archivada-, el juez Oyarbide debería haber realizado investigaciones propias sobre el origen y las características de la riqueza presidencial.

Su sumario investigaba sólo un período, el correspondiente al primer año de Cristina Kirchner como presidenta y de Néstor Kirchner como ex presidente. En esa etapa, el patrimonio neto de ambos pasó de 17.824.941 pesos a 46.036.711 pesos. En sus declaraciones juradas ellos explicaron que el incremento se debió a un aumento de lo que percibieron por el cobro de alquileres, a la venta de inmuebles a precios muy superiores a los de adquisición y a los intereses por sus depósitos bancarios.

Uno de los mejores negocios que declararon los Kirchner fue la venta de un terreno fiscal en El Calafate que habían comprado en 2006 en 132.079 pesos y que vendieron dos años después en 6.300.000. Sólo con esta operación ganaron más de seis millones de pesos. El enriquecimiento fue una constante para ellos: sus bienes no dejaron de aumentar nunca desde que llegaron a la Casa Rosada. El patrimonio que reconocían en 2003, que era de 6.851.810 pesos, se multiplicó casi por seis.

El abrupto cierre del expediente pocos días después del arribo del peritaje oficial, y horas antes de que diputados de la oposición pudieran plantearle a Oyarbide una ampliación de la investigación, encierra un peligro mayor. Si el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, no apela el sobreseimiento, éste quedará firme y los Kirchner jamás podrán ser investigados de nuevo sobre la evolución de sus bienes en 2008.

Lo mismo ocurrirá si el fiscal apela y la Cámara Federal confirma el sobreseimiento. Taiano no apeló el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito en la causa que investigaba el juez Julián Ercolini, que comprendía el período de 1995 a 2004 y fue cerrada en 2005. En el expediente en el que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral analizaba la variación patrimonial de los Kirchner entre 2005 y 2007, Taiano fue quien pidió que se desestimara la denuncia por inexistencia del delito.

La velocidad de Oyarbide en el tema que nos ocupa se contrapone con su extrema lentitud en el caso de las coimas y los sobreprecios de Skanska.

Los cierres abruptos de sumarios por parte de jueces que usan causas mediáticas para promocionarse mientras sobreseen sin investigar a fondo la cúspide del poder político, y los fiscales que no cumplen con su obligación de apelar sobreseimientos, convencen a la sociedad de que es mucho lo que se pretende ocultar cuando tan altos funcionarios judiciales no dudan en convertirse ellos en objeto de sospechas con tal de librar de éstas a los imputados del poder.  

 20091225 LN La insultante defensa de un atropello

La embestida de transparenta su deseo de destruir al otro antes que de construir algo mejor

 De un ex presidente de la Nación, todo ciudadano de bien esperaría un discurso mesurado, capaz de sacar al pueblo del letargo de las antinomias que tanto daño le han hecho al país. No es el caso de Néstor Kirchner, quien tras los fallos judiciales que convalidaron el rechazo a la controvertida ley de medios, insistió en acusar a "algunos empresarios" de desestabilizadores y señaló enfáticamente al Grupo Clarín y a sus directivos.

Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.

De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.

No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.

Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.

Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.

Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.

Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).

Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones.

 20091229 LN Caso Antonini: hablan de una "zona liberada"

Dicen que la Aduana se negaba a revisar; el rol de Aníbal Fernández  por Hugo Aleonada Mon.

 El "caso de la valija" sigue destapando sorpresas. Ayer se conocieron dos: la acusación de que el personal de la Aduana no quería controlar el vuelo en el que llegó el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson con 800.000 dólares, y la intervención del entonces ministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

El papel hasta ahora desconocido de Fernández en el caso fue detallado ayer por su entonces subalterno Marcelo Saín, que se desempeñaba como interventor en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al declarar como testigo en la investigación que lleva adelante la Justicia. Saín dijo que Fernández supo del decomiso de la valija dos días antes de que estallara el escándalo, y que incluso buscó más datos sobre quiénes eran los protagonistas del incidente y qué estaba en juego, además de una montaña de dólares.

Según reconstruyó LA NACION de tres fuentes que escucharon su testimonio, Saín también declaró bajo juramento que aquella madrugada del 4 de agosto de 2007 hubo una "zona liberada" o "zona franca" en Aeroparque. Eso explicaría, argumentó, el interés desorbitante de los funcionarios de la Aduana por marcharse a sus casas sin controlar las valijas del vuelo que se anunció como de "Presidencia Argentina".

La alusión a una "zona liberada" en el Aeroparque no fue la única novedad registrada en la investigación judicial sobre el llamado "caso Antonini" durante los últimos días. El juez en lo Penal Económico Daniel Petrone recibió la copia del segundo video que prueba que el venezolano, sí, ingresó en la Casa Rosada el lunes 6 de agosto de 2007, dos días después del decomiso, algo que el Gobierno negó mientras pudo.

El video, según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales, registra las imágenes que grabó Crónica TV y que ya habían sido difundidas por esa señal de cable y por el canal América.

Saín, por otra parte, basó su "sospecha" o "suspicacia" sobre una eventual zona liberada en el Aeroparque en varios indicios. El primero, que el "manifiesto de vuelo" que selló la Aduana -por entonces bajo el mando del actual jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray- no registraba ninguna observación sobre el equipaje. Es decir, como si ese formulario hubiera sido rellenado y sellado antes de controlarse el equipaje.

El ex jefe de la PSA también recordó que el agente de la Aduana, Jorge Lamastra, insistió en dejar pasar las valijas escudado en la facultad legal con que contaba para decidir el "control selectivo" de las valijas. Pero que abogó por dejar pasar todas las maletas que trajeron dos altos funcionarios y una secretaria del Poder Ejecutivo nacional, junto con otros cinco pasajeros venezolanos.

Frente a Petrone, la fiscal María Luz Rivas Diez y un abogado defensor del ex funcionario Claudio Uberti del estudio de Darío Richarte, Saín también criticó a la cúpula del Gobierno. Le enrostró el "maltrato" que recibió desde que el decomiso trascendió a la prensa. Según dijo, el trato de la Casa Rosada osciló entre la frialdad más absoluta, su aislamiento funcional y la difusión solapada de haber coordinado el decomiso con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) o la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

A lo largo de cuatro horas de testimonio, el jefe máximo de la agente María de Luján Telpuk -fue quien descubrió el maletín de Antonini- detalló que Aníbal Fernández lo llamó durante ese fin de semana, horas después de hablar con el entonces titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y pasajero clave de ese vuelo Claudio Uberti.

Sin vueltas, según recordó ayer Saín, el entonces ministro del Interior le preguntó si sabía de algún problema "con un venezolano" y "una maleta" en un vuelo que había arribado al aeroparque Jorge Newbery, aun cuando remarcó el apoyo que, sí, le brindó su entonces superior una vez difundido el decomiso.

Tras la llamada de Fernández, según relató Saín, se comunicó con uno de sus máximos colaboradores en la PSA, Nicolás Rodríguez Games para que buscara datos. Pero su colaborador no encontró nada porque el jefe de turno de la fuerza en el Aeroparque, Marcelo Veloz, sólo redactó un informe de rutina sobre el decomiso.

"No es nuestro problema"

Según explicó Saín, las alarmas internas de la PSA sólo se encendieron al día siguiente, el domingo 5, a raíz de un hecho fortuito: uno de sus colaboradores se cruzó con una guardia de dos gendarmes dentro del Aeroparque. Y cuando les preguntó por qué estaban allí, se enteró del decomiso de los 790.550 dólares.

En cuestión de minutos, la novedad subió todo el espinel jerárquico. El colaborador llamó urgente al jefe de la PSA, que a su vez marcó el teléfono de Aníbal Fernández. La respuesta del entonces ministro trazó las responsabilidades en juego: "Turco [por Saín], nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Esto no es nuestro problema. Van a ser otros lo que tengan que dar explicaciones", dijo el ministro, según lo rememoró el entonces interventor de la PSA.

En su charla con Saín, sin embargo, el actual jefe de Gabinete calló la llamada que había recibido de Uberti en la mañana del sábado, cuatro horas después del decomiso. Fue a las 10.39 y duró cinco minutos, según reconstruyó LA NACION.

A diferencia de Saín, su por entonces gran rival dentro del Gobierno, Echegaray, también recibió una llamada de Uberti aquella madrugada. Pero según declaró ante la Justicia el entonces titular del Occovi y recaudador de la campaña electoral de Cristina Kirchner, llamó al jefe de la Aduana (y, por tanto, de quienes redactaron el acta de decomiso) para consultarle sobre los acuerdos comerciales que ese lunes firmarían los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

Según relató Uberti ante Petrone a mediados de 2008, al único que le informó del decomiso de los US$ 800.000 fue a su superior, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Pero el lunes, es decir, dos días después del decomiso, a pesar de las 50 llamadas que se cruzaron durante todo ese fin de semana. Desde sus teléfonos "oficiales" y, también, desde uno que el ministro utilizó con un nombre ficticio, "Luis Tobaré Artigas", con un número de documento falso, según surge de un memo del Ministerio de Planificación Federal al que accedió LA NACION.

Según Uberti, llamó al teléfono oficial de De Vido el sábado, una hora antes que a Aníbal Fernández. Fue a las 9.39. Pero, según declaró, sólo el lunes lo informó al ministro sobre el incidente: "En su momento, lo tomé como un problema que tuvo un pasajero con su equipaje, que luego tomó otras decisiones que terminaron con mi renuncia".

Antes y después de aquella llamada, los teléfonos que utilizó Uberti registraron otros contactos singulares. Entre otros, con el director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Antonio Stiuso. Y, también, con el propio Antonini.

 20091230 LN Una parodia de control   Por Delia M. Ferreira Rubio*

Ética, transparencia y control son tres herramientas fundamentales en la lucha contra la corrupción. Cuando la integridad personal de los funcionarios no alcanza, se recurre a reglas de ética pública que les recuerdan cuáles son sus deberes. Para reforzar la posibilidad de escrutinio público y disuadir a los funcionarios frente a la tentación de usar su posición o los recursos públicos en beneficio personal, se establecen reglas de transparencia. Por si todo esto falla se crean controles, que deben ser independientes, tener competencia y capacidad.

En la Argentina el ciclo completo de lucha contra la corrupción presenta fallas. Funcionarios que no entienden que son servidores públicos y no los dueños de una nación, que tienen negocios particulares con contratistas del Estado y que utilizan los recursos públicos en beneficio personal; transparencia restringida, información manipulada y controles "controlados" que avalan todo lo anterior.

Un balance puede ser correcto, desde el punto de vista contable, si los números "cierran" y hay documentos que los respalden. Pero la transparencia como herramienta contra la corrupción no es un mero ejercicio matemático o contable.

La lucha contra la corrupción exige averiguar la veracidad de los números y los documentos para saber qué hay detrás. Por ejemplo, la Presidenta y su esposo informan que han cobrado alquileres increíbles por algunos inmuebles, los alquileres han subido de manera absolutamente desproporcionada, algunos de los locatarios tienen otros negocios con el gobierno. Hubiera correspondido revisar la cuentas y declaraciones fiscales de los locatarios para ver si coincidían con la declaración patrimonial de los Kirchner; habría que haber investigado o denunciado si había negociaciones incompatibles con la función pública; podría haberse comprobado si los siderales intereses que reciben los Kirchner por sus depósitos son los mismos que recibe cualquier otro ciudadano o si son un privilegio por la función que ocupan.

Que se abra un expediente, que actúe la Oficina Anticorrupción, que se inicie un proceso judicial, que intervenga un fiscal, que decida un juez no es suficiente para decir que hay control.

Nadie puede controlar si no es independiente de aquellos a quienes tiene que controlar. No puede haber control sin una investigación seria que trascienda los propios dichos de los investigados.

En Argentina no existe el control, sino una parodia de control: una imitación burlesca de la lucha contra la corrupción.

 *La autora es presidente de Poder Ciudadano

20091227 LN Presagios de una decadencia anunciada   Joaquín Morales Solá

 Tal vez sin Arturo Valenzuela y sus palabras no hubiera existido la reciente reunión de los Kirchner con empresarios en Olivos. Es probable que sin algunos aprestos de la Corte Suprema de Justicia nunca hubiera sucedido el acuerdo de Córdoba con el gobierno federal. Quizá sin la exhibición de una mayoría opositora en el Congreso, trabajosa y cambiante, el Gobierno no hubiera archivado por ahora los planes para nacionalizar las reservas petroleras y gasíferas; una insistente información sobre ese programa kirchnerista circulaba entre empresarios y políticos. Rudimentarios rastros de límites, aunque nadie da por seguro nada todavía.

La seguridad jurídica en la Argentina no es sólo un debate sobre nuevas o viejas teorías. Hay personas que expresan inseguridades con el solo peso de sus historias. Una de ellas es Guillermo Moreno; la otra es el jefe de Moreno, Néstor Kirchner. Las palabras chocan y se desintegran ante ellos.

Los dos suelen encontrar indispensables aliados para sus desmanes. Un aliado importante de Kirchner en los últimos días fue el juez Norberto Oyarbide, que corrió en ayuda del matrimonio presidencial en un comprometido caso judicial sobre su increíble fortuna. Si no hubiera apelación fiscal, esa investigación se tornaría "cosa juzgada" y no podría volver a ser juzgada nunca más.

Sabíamos que Oyarbide tiene relación frecuente con Javier Fernández, el funcionario más decisivo del kirchnerismo en el manejo de los jueces. Los diputados kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel aparecen con las mazmorras de la Inquisición, desde el Consejo de la Magistratura, sólo cuando ya ha fracasado la gestión disuasoria de Javier Fernández ante los jueces.

Sin embargo, en el caso del patrimonio de la familia gobernante habría existido otra intermediación. Tiene nombre y apellido: se trataría de Juan Carlos Fábrega, que es gerente general del Banco Nación. Viejo conocido de Oyarbide, es también un hombre que cuenta con la larga confianza de Néstor Kirchner. Fábrega es funcionario de carrera del banco y trabajó en la sucursal del Banco Nación en Río Gallegos cuando Kirchner era gobernador. Fábrega le prometió a Kirchner que lo ayudaría para que Oyarbide dictara antes de fin de año el sobreseimiento del matrimonio que gobierna. Lo hizo.

Ahora, Fábrega podría ser el próximo presidente del Banco Nación. En los primeros meses del año próximo debería ser renovado el mandato de Mercedes Marcó del Pont, actual presidenta de la institución bancaria. No hay muchas esperanzas de que eso suceda. Marcó del Pont tuvo varios roces reservados con los Kirchner por el manejo de los fondos del Banco Nación. Marcó del Pont es una aliada ideológica del kirchnerismo, pero no cree que los recursos del banco que administra sean de libre disponibilidad para la pareja presidencial. Es una diferencia crucial y definitiva en un vano océano de coincidencias.

La propia justicia federal no le deparó sólo alegrías a los Kirchner. Pasó inadvertido un fallo con alto contenido político de la jueza María Servini de Cubría que condenó al kirchnerista Luis D´Elía (tal vez el exponente más genuino de Kirchner) en un juicio que le hizo Eduardo Duhalde porque el ex piquetero lo vinculó con el tráfico de drogas. Es la única acusación que desquicia a Duhalde.

Duhalde creyó siempre que el propio Kirchner fue el jefe de aquella campaña que tuvo como pertinaz vocero a D´Elía. La reciente resolución de la jueza Servini de Cubría condenó al kirchnerista y, sobre todo, declaró de hecho que no existen los supuestos delitos que D´Elía le atribuyó a Duhalde. En medio del fárrago político, Duhalde recibió ese fallo como una especie de justicia poética para sus viejos entreveros con Kirchner.

Los Kirchner ya bajaron los brazos ante la Corte Suprema de Justicia. Buscaron aliados en todos los despachos del tribunal, pero no encontraron a nadie en condiciones de urdir una complicidad. Hace poco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estaba en el interior de su provincia divagando sobre la política con intendentes radicales. Un llamado urgente lo sobresaltó. Debía volar a Buenos Aires en el acto para firmar un acuerdo con el gobierno nacional por un antiguo reclamo de Córdoba por recursos que la Nación no había girado a la provincia. El gobierno de Schiaretti llevó ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.

Ya hace un par de meses, el máximo tribunal de justicia convocó a una audiencia de partes a funcionarios de la Nación y de Córdoba. Fueron Schiaretti y el ministro de Economía, Amado Boudou. El kirchnerismo tembló de furia por semejante intromisión en un terreno vedado para extraños, como lo es la distribución de los recursos fiscales. La Corte comprobó que más de la mitad de los fondos reclamados por Córdoba le correspondía, en efecto, a la provincia.

Estaban hechos los primeros borradores de una resolución del tribunal, ordenándole al gobierno nacional que depositara esos fondos en las cuentas de Córdoba, cuando algún rumor sobre tales preparativos le llegó al kirchnerismo. Ese fue el momento del llamado a Schiaretti. Córdoba se llevó más de 300 millones de pesos y suspendió el trámite judicial. Precavido, el kirchnerismo evitó enfrentarse con una decisión de la Corte inapelable e irreversible.

La oposición descubrió que esos tironeos sobre la cuestión federal son el mejor pegamento para todas las fracciones que la componen. El Gobierno vio el fantasma más temido cuando 37 senadores se presentaron ante la Corte Suprema en apoyo de seis planteos provinciales por temas referidos a la coparticipación de los recursos. Esos 37 senadores (algunos se presentarán por cuenta propia) son la mayoría estricta del Senado. La Corte prefiere ser, por ahora, mediadora y no árbitro entre la Nación y las provincias.

Debilitado políticamente, Kirchner recibió ahora la noticia de que los otros poderes lo amenazan con sacarle el manejo discrecional de los recursos fiscales, que fue desde siempre su gran herramienta para disciplinar y someter. ¿Qué le quedaría a él, que nunca brilló por la seducción política, si no tuviera el poder electoral, como no lo tiene, ni el control arbitrario de los dineros públicos? Nada. O muy poco.

Muchos sectores empresarios respiraron aliviados también cuando descubrieron esos límites embrionarios. Dirigentes opositores venían anticipando en reserva que Kirchner podría nacionalizar el petróleo y el gas como una manera de intentar reconquistar a la izquierda perdida en los últimos días. Nos preocupa Papel Prensa. Si Kirchner pudiera contra LA NACION y Clarín juntos, nosotros seremos pequeños animales en la mira del cazador , deslizó un importante empresario petrolero.

El problema de Kirchner, en ese caso, es la Constitución. Según ella, las reservas de petróleo y gas son de las provincias y no de la Nación. Fue simbólicamente importante que una docena de gobernadores (todos los de las provincias petroleras) haya asistido al reciente anuncio de YPF sobre la más importante inversión petrolera de los últimos años. Cuidaban lo suyo.

El otro problema es que Kirchner tampoco tiene plata. ¿Y cómo se podría expropiar sin plata? Menos Enarsa, que no tiene nada, todas las petroleras son privadas. El principal ejecutivo de YPF, Sebastián Eskenazi, deslizó ante los periodistas que hay aspectos de la seguridad jurídica que deben, dijo, "debatirse"; es decir, resolverse. Es más o menos lo mismo que había subrayado la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) en su último documento público.

Hay maneras distintas de decir las cosas, desde Valenzuela hasta los empresarios argentinos. Kirchner y Moreno han llegado demasiado lejos. El auténtico enigma no es cómo lo hizo Kirchner, sino por qué la política, el peronismo y los empresarios lo dejaron hacer.

 Editorial I

20091228 LN Santa Cruz, contra reloj

El gobernador debe cumplir la orden de la Corte Suprema y restituir en su cargo de procurador general a Eduardo Sosa

 Si se tratara solamente de uno de los tantos plazos que se fijan en las sentencias judiciales, el tema casi carecería de entidad. Pero cuando el plazo lo establece la Corte Suprema de Justicia y la parte obligada a cumplirlo es una provincia, todo cambia. En primer lugar, por la altísima jerarquía del tribunal. Pero muy especialmente, porque esa provincia es Santa Cruz, que bajo el mandato o la influencia de Néstor Kirchner tiene una historia de reiteradas desobediencias a los fallos judiciales.

El caso en cuestión es el de la restitución en su cargo del ex procurador general de la provincia Eduardo Sosa, quien luego de 15 largos años de litigio y de cuatro negativas por parte del gobierno provincial ha logrado que la Corte Suprema ordenara nuevamente reponerlo en su cargo antes del 29 del actual.

En recientes declaraciones públicas el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha manifestado su intención de cumplir con lo ordenado, ya que, como expresó, "no podría no acatar un fallo de la Corte".

Sin embargo, como para dejar un resquicio abierto a un eventual cumplimiento tramposo o ficticio, agregó enseguida que "no es fácil" proceder a la restitución ordenada y que está analizando con el fiscal de la provincia cuál es la manera posible de materializar la reposición claramente dispuesta por la Corte.

En realidad, para un gobierno que es heredero directo del manejo despótico del kirchnerismo, que ha creado y suprimido cargos, que ha tenido una intromisión manifiesta en el Poder Judicial de Santa Cruz, en la Legislatura y hasta en los organismos de control, no debería resultar demasiado "difícil" dar cumplimiento a la orden del más alto tribunal del país.

Pero el tema se torna complicado para Peralta, pues, además de haber perdido su partido las elecciones del pasado 28 de junio en Río Gallegos, tendría ahora que desandar un camino de incumplimientos lamentables que fue trabajosamente urdido por Néstor Kirchner a lo largo de los últimos tres lustros. Deben computarse, en ese sentido, las otras tres oportunidades en las que anteriormente fueron desoídos otros tantos fallos judiciales, así como la maniobra administrativa de suprimir el cargo de procurador y hasta la oferta de no reposición a cambio de una indemnización millonaria que, desde luego, Sosa no aceptó.

Ante la cercanía de la finalización del plazo específico que ha sido inequívocamente estipulado por la Corte, el gobernador Peralta ha comenzado a advertir que lo "complejo" no es restituir a Sosa, lisa y llanamente, sino que lo verdaderamente "difícil" es quedar bien "con Dios y con el diablo". Algo así como aquella frase de la época colonial: "Se acata, pero no se cumple". Porque no se trata de "inventarle" a Eduardo Sosa un nuevo cargo, como ha trascendido que se intentaría hacer, sino de reponerlo con sus plenas facultades en el mismo cargo que tenía cuando fue destituido por Néstor Kirchner.

Recurrir nuevamente, como hizo el entonces gobernador de Santa Cruz, al desdoblamiento de la función del procurador para confinar a Sosa en tareas administrativas y privarlo de conducir las investigaciones penales sería un nuevo fraude a las instituciones imposible de disimular.

¿Cómo interpretar esta absurda obstinación de Kirchner, que no ha disminuido en 15 años ni se ha morigerado por encontrarse formal y presuntamente alejado del quehacer diario de la provincia de Santa Cruz?

Se percibe con claridad que Kirchner y sus epígonos se muestran cada vez más intranquilos frente a los organismos de control. Por eso buscan cubrirlos con incondicionales u obsecuentes o, alternativamente, eliminarlos cuando eso no es posible. En suma, el norte de las decisiones kirchneristas en la materia pasa específicamente por el logro de la impunidad más completa.

Ahora, el gobernador Peralta podrá mostrar al país si opta por el cumplimiento sincero del fallo de la Corte Suprema y con ello contribuye a fortalecer las instituciones de la República o si, por el contrario, dibuja un aparente acatamiento que en la realidad constituya sólo un ardid más en favor del clima de descontrol en busca de la referida impunidad. Los ojos de muchos argentinos lo estarán mirando

 20091229 LN Sospechas de impunidad    Adrián Ventura

El fallo del juez federal Norberto Oyarbide refuerza las peores sospechas sociales: que la maquinaria judicial (en este caso formada por un magistrado, un fiscal y un perito) no está dispuesta a investigar a fondo las supuestas irregularidades de la política, incluso cuando las presunciones recaen sobre quienes tienen el mayor deber de transparencia.

El fallo, que no fue apelado, quedará firme salvo que alguien pueda demostrar que el juez o el fiscal actuaron en forma fraudulenta, falsificaron documentos, incurrieron en cohecho o fueron presionados. Pero, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas.

En 1971, la Corte Suprema nacional, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta, explica Juan Carlos Hitters, ministro de la Suprema Corte bonaerense, en su obra La revisión de la cosa juzgada (Editorial Platense).

La legislación federal nunca reguló la acción de revisión, que corresponde presentar en primera instancia y da inicio a un juicio tan dilatado que, cuando finaliza, casi nadie se acuerda del tema central que lo originó.

Pero esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales. En efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida.

Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. Sobre la base del fallo Genie Lacayo de la Corte Interamericana (1997), a partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida.

Más recientemente, en 2007, hubo dos fallos. Uno de la Corte, que permitió revisar la regulación de unos honorarios judiciales muy elevados en cabeza del BCRA. Y el otro, de la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA: luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, el tribunal reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento.

Está claro que esta posibilidad de revisar una sentencia que el fiscal o la parte no apelaron es sólo excepcional y únicamente puede prosperar en caso de que se demuestre que el juez o el fiscal incurrieron en un delito o fueron presionados. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme y es, por lo tanto, inmutable, por más que su contenido sea escandaloso o disguste a la sociedad.

Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado: la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender.

Tecnicismos

De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos propios de jueces y de abogados: el ciudadano espera de la Justicia resultados creíbles.

Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder. En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción.

Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner (o contra cualquier otro alto funcionario) es que hubiera sido investigada con una singular profundidad: quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Ocurrió todo lo contrario.

Hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia: la causa se inició con una denuncia débil de un particular, pero faltó que la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal un sustancial margen de discrecionalidad

 20091229 LN  La oposición pide la remoción de Taiano

La UCR, Pro y la Coalición Cívica cuestionaron que el fiscal no apelara el fallo de Oyarbide

 La oposición en pleno cuestionó ayer la decisión del fiscal Eduardo Taiano de no apelar el sobreseimiento del juez Norberto Oyarbide al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, y anunció que impulsará el juicio político del funcionario.

La ofensiva partió del comité nacional del radicalismo, que preside el senador Ernesto Sanz (Mendoza), y logró la rápida adhesión de otras fuerzas políticas, como la Coalición Cívica y Propuesta Republicana (Pro). Al respecto, el presidente de la bancada de diputados macristas, Federico Pinedo, calificó de "canallada" la actuación de Taiano.

"La inacción del fiscal no puede interpretarse a la luz de la técnica jurídica, sino del cumplimiento de deberes inexcusables como funcionario público de revisar el fallo de Oyarbide en una instancia superior", sentenció Sanz, en un comunicado en el que anuncia la intención de la UCR de "promover el enjuiciamiento" de Taiano.

Según ese pronunciamiento, el fiscal no sólo violó "expresas normas con su conducta", sino que también "incumplió con el deber de representar a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que reclamaba un mayor compromiso y conducta en la investigación de un delito sensible como el enriquecimiento ilícito".

Por su parte, Pinedo dijo a LA NACION que su bloque buscará "movilizar los mecanismos que correspondan" para remover a Taiano.

"No es la primera vez que le da a Kirchner [Néstor] patente de santo", recordó el diputado, en alusión a otras dos causas abiertas contra el matrimonio presidencial en las que Taiano no avanzó.

En tanto, desde la Coalición Cívica se informó que el diputado Adrián Pérez presentaría otro pedido de enjuiciamiento.

Según lo establece la ley del Ministerio Público (24.946), la remoción de un fiscal debe ser decidida por un tribunal de enjuiciamiento integrado por siete miembros, designados por el Poder Ejecutivo, el Senado y la Corte Suprema de Justicia. El cuerpo se completa con dos miembros por la matrícula federal de abogados y otros dos que se elegirán por sorteo entre los procuradores ante la Corte, fiscales generales y defensores oficiales o públicos.

20091122 La investigación que desvela al ex Presidente. Ofensiva de Kirchner para que cierren el caso por sus bienes. Envió a hablar con Oyarbide a su contador, que obtuvo permiso para actuar como perito de parte. ……….

 20091229 LN Cuesta creer que no haya delito    Daniel Sabsay

 La sentencia del juez Oyarbide, absolutoria del matrimonio Kirchner, dejó en los argentinos una sensación de desazón.

Cuesta creer que no se hayan cometido delitos para la obtención de semejante crecimiento patrimonial ocurrido durante una seria crisis económica. Sorprende que en pocos meses se haya esclarecido la verdad, sin que se hayan considerado importantes pruebas y, además, sobre la base del estudio de peritos sospechados de parcialidad.

Por supuesto que en un sistema republicano deben imperar los controles, y en ese sentido tanto el fiscal con competencia en la cuestión como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debieron haber apelado el fallo, asegurando así la debida protección del interés general. Pero lejos de ello el fallo ha quedado firme por el desconcertante incumplimiento de sus deberes de parte de estos funcionarios.

El fiscal Taiano una vez más con su silencio cómplice ha desconocido de manera flagrante la misma razón de ser de su función. Y la actitud del fiscal de investigaciones nos lleva a recordar lo que expresó en su renuncia Manuel Garrido, su antecesor.

Entre otras alarmantes consideraciones, Garrido manifestó que le era imposible desempeñarse en su cargo, ya que debía enfrentarse a un sistema prohijado por el Gobierno, encaminado a garantizar la impunidad de los funcionarios frente a la comisión de actos de corrupción, cuando él debía combatirla en todos los frentes.

Aquellas palabras de Garrido fueron premonitorias, pero nada se hizo. Todo lo contrario, se profundizó esta suerte de "malla de seguridad" a favor de quienes no comprenden su rol de servidores públicos y, por el contrario, se sirven de sus cargos para satisfacer sus intereses personales.

La Argentina una vez más incumple sus obligaciones como Estado parte de las convenciones internacional y regional para la lucha contra la corrupción, ya que lejos de realizar los actos que aseguren su vigencia se desentiende de sus obligaciones internacionales.

Así, no es por casualidad que año tras año la Argentina aparezca más abajo en la lista de países que realiza Transparencia Internacional, situándose entre los peor calificados en la lucha contra este flagelo para la democracia y para el desarrollo de los pueblos.

Urge llevar a cabo las modificaciones procesales que les permitan a organizaciones no gubernamentales y a denunciantes la realización de las apelaciones y demás actos en aras de la revisión de una sentencia que involucra a la actual primera mandataria y a un ex presidente en la comisión de actos de enriquecimiento ilícito.

He acá otra materia para la agenda del nuevo Congreso, a la que se debería agregar el fortalecimiento de las penas previstas para los delitos contra la administración pública y la flexibilización de los pasos que deben asegurar su esclarecimiento.

Lo ocurrido debilita nuestra ya maltrecha democracia, agudizando su mala calidad institucional y provocando en la comunidad una sensación de desaliento que los argentinos queremos superar.

El autor es profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA

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El PAMI suscribió una Letra por $ 700 millones; en 2009 se tomaron $ 41.500 millones de entes públicos

En un escenario fiscal difícil, y ante la falta de acceso a los mercados, el Gobierno volvió a financiarse con recursos del PAMI, esta vez por 700 millones de pesos. La iniciativa forma parte de una política que este año significó la colocación de Letras del Tesoro por un monto de por lo menos $ 10.420 millones, entre organismos descentralizados que mostraron superávit en sus cuentas. La estrategia del financiamiento intrasector público no termina allí: también se emitieron bonos con vencimiento a mediano plazo por $ 22.089 millones y se dispuso que el Ministerio del Interior recibiera un pagaré por $ 9000 millones, a cambio de prestar recursos que estaban destinados a distribuirse entre las provincias.

Así, el Estado se financió a sí mismo sólo durante 2009, por $ 41.508 millones. Pero la cifra es aún provisional: hay que recordar que, a principios de este año, se conocieron varias colocaciones que habían sido hechas -sin difundirse en su momento- en los últimos meses de 2008.

A eso se suma que, días atrás, se anunció la colocación de una letra por US$ 6569 millones por la controvertida decisión de tomar reservas del Banco Central para pagar deuda pública.

En el caso de la obra social de los jubilados, los préstamos al Tesoro mediante la suscripción de Letras sumaron $ 2830 millones este año, ya incluidos los $ 700 millones recientemente aprobados, según la resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada ayer en el Boletín Oficial. La nueva emisión es por 181 días y a una tasa de interés que rondaría el 13% anual, similar a la de otras Letras (el máximo fue el 14,8 por ciento).

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tomó -básicamente a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema de jubilaciones, que está en su órbita- letras por el equivalente a $ 4929 millones (en este caso hay varias emisiones en dólares), según surge de los datos publicados por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y de las resoluciones con las que se dispuso cada operación.

Las emisiones de bonos de mediano plazo, en tanto, capturaron recursos tanto de la Anses como del Banco Nación. En el organismo previsional tuvo bastante peso la transformación de Letras del Tesoro en Bonar 2016, una medida dispuesta por Economía en marzo pasado (con lo cual se extendió por siete años la comprometida devolución de los fondos al sistema jubilatorio), y también se compraron otros títulos. En total, la Anses suscribió bonos por una cifra cercana a los $ 14.000 millones. El Nación dio asistencia por $ 8300 millones.

Para colocar Letras de corto plazo, el Gobierno tuvo en la mira, además de los entes ya citados, al Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas ($ 1334 millones), a la Administración Federal de Ingresos Públicos ($ 500 millones) y a la Lotería Nacional ($ 329 millones), entre otros organismos estatales.

Estrategia de riesgo

Para los economistas consultados por LA NACION, la estrategia es riesgosa, sobre todo teniendo en cuenta que los gastos del sector público crecieron a un ritmo significativo y se alejaron del comportamiento que tuvo la evolución de la recaudación de recursos genuinos, afectada por la crisis de la actividad. Y, más allá de eso, existen desde la oposición cuestionamientos a la toma de recursos del sistema previsional, que tiene un fuerte pasivo contingente por la cantidad de juicios de los jubilados.

"En el supuesto de que se seguirá con esta política [de endeudamiento intrasector público], el primer riesgo es que los recursos se terminan acabando y entonces hay una política de gasto que no es sustentable. Ese es un peligro que tiene este modelo económico en general", apuntó el economista Rogelio Frigerio, de la consultora Economía & Regiones.

"Va a llegar el día en que estos organismos necesiten esos recursos", apuntó, a la vez que recordó que existen reclamos de las provincias por el uso de los recursos que administra el Ministerio del Interior.

Marina Dal Poggeto, del estudio Bein, recordó que la ley de administración financiera había separado el manejo de las cajas públicas, para que cada organismo pudiera cumplir sus objetivos, algo que comenzaría a desdibujarse con tantas operaciones de préstamos de fondos al propio Estado y con la renovación de plazos de los títulos de deuda.

"La situación es más grave desde que a la Anses no sólo se le colocan más instrumentos financieros, sino que también se le encargan más gastos", afirmó Dal Poggeto, en referencia a que el pago de la asignación por hijo sale de esa caja.

Para la economista Carolina Schuff, de la consultora Abeceb.com, podría discutirse la rentabilidad que obtienen los organismos, dadas las tasas de interés dispuestas. También dijo no creer que, por lo menos para el año próximo, exista un riesgo de default, por el que la administración central declare la falta de pago de los crecientes compromisos que está asumiendo con el propio sector público.