politica_de_robar

2010-03-01 LN Los costos de la televisación gratuita.

Dificultades del Gobierno para financiar el fútbol. Recaudó en publicidad sólo 0,24% del presupuesto global. Por Mariano Obarrio.

 Tal como empezó el año, el gobierno de C Kirchner deberá remontar una dura cuesta si quiere financiar con publicidad el programa oficial del fútbol para todos, sucede que, en los primeros dos meses de 2010, recaudó por concepto de auspicios algo menos de 1,7 millones de pesos lo cual representa sólo el 0,24% del presupuesto de 648 millones que costará este año llevar el fútbol a la TV de todos los hogares …..

 2010-03-01 La crisis institucional Sorpresivo anuncio presidencial ante la Asamblea Legislativa. Toman reservas del BCRA con otro DNU. Cristina Kirchner derogó el Fondo del Bicentenario pero firmó otros dos decretos para asignar dinero del Central al pago de la deuda.

 La presidenta Cristina Kirchner redobló la apuesta ayer y tras anunciar ante la Asamblea Legislativa que derogaba el DNU 2010/09, que creó el polémico Fondo del Bicentenario, comunicó la firma de dos nuevos decretos, uno simple y otro de necesidad y urgencia, por los cuales dispuso de US$ 6500 millones de reservas de libre disponibilidad del Banco Central (BCRA) para el pago de deuda con los organismos multilaterales y con los tenedores de títulos.

El anuncio provocó escozor y descolocó a una oposición que ayer mismo había comenzado a tomar medidas destinadas a tratar de detener una jugada que el Gobierno, alertado por el fiasco del DNU anterior, puso en práctica apenas unas horas después del discurso de la jefa del Estado en el Congreso.

 La gambeta utilizada por el Poder Ejecutivo para hacerse de los fondos del BCRA fue el campanazo final del discurso sobre el Estado de la Nación con el que la Presidenta dejó inaugurado ayer el 128° período de sesiones ordinarias del Congreso.

Además de asegurarle los fondos que tanto anhelaba, el paquete de medidas anunciado por Cristina Kirchner contempla la creación de una comisión bicameral destinada a seguir y controlar cada uno de los pagos que se realizarán este año. La resolución es, como mínimo, inédita y avasalla los reglamentos de ambas cámaras parlamentarias, que son las únicas habilitadas para crear ese tipo de comisiones por resolución o por ley.

 La de ayer fue una Asamblea Legislativa cargada de una palpable alta tensión política como no se tiene memoria, ante la cual la jefa del Estado desgranó un discurso de fuerte tono autorreferencial, decididamente maniqueo y polarizado entre los logros de su gestión -todos los datos que ofreció incluyeron el mandato de Néstor Kirchner- y una heterogénea oposición, compuesta por políticos, empresarios y medios de comunicación, que niega esos avances.

 ….En el final del discurso, Cristina Kirchner se declaró apasionada por el debate, algo que llamó la atención teniendo en cuenta que acaba de anunciar, el mismo día que inauguraba las sesiones ordinarias del Congreso, una medida que elude la discusión parlamentaria del arreglo de la deuda, algo reclamado por toda la oposición

 2010-03-02 LN Frenética mañana en la Casa Rosada por el nuevo decreto

Los ministros fueron convocados de urgencia la noche anterior y ninguno sabía para qué era  Mariana Verón

Uno por uno, los ministros comenzaron a llegar a la Casa Rosada. Eran las 9. Habían sido convocados de urgencia anteanoche. Nadie sabía para qué. El despacho del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se transformó en una improvisada sala de reuniones. Allí los esperaba el nuevo decreto de necesidad y urgencia que debían firmar.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, avisaba por teléfono al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que llegaba tarde. A las corridas aparecían de a uno los funcionarios, antes de partir hacia el Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias. Cristina Kirchner se mantenía informada desde la quinta de Olivos. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, pasaba el parte desde Balcarce 50.

Mientras tanto, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, convocaba de urgencia al directorio del organismo. Ya sabía desde la noche anterior, cuando se había reunido con la jefa del Estado en Olivos en el más estricto secreto, del decreto con el que la Presidenta pretendía dar por cerrado el capítulo de disputa que se abrió desde que creó el Fondo del Bicentenario, que ayer fue derogado. Las gerencias legales del Banco Central emitían dictamen al mediodía, poco antes de que finalizara el discurso presidencial. Y el directorio ordenaba abrir las cuentas del Tesoro y transfería automáticamente los fondos al Gobierno.

En tanto, el ministro de Economía, Amado Boudou, que faltó llamativamente al Congreso, aceleraba la redacción de la reglamentación. En las oficinas del Boletín Oficial esperaban los decretos para imprimir esa misma tarde un suplemento especial. Todo el círculo quedaba así completamente cerrado, en menos de ocho horas.  ……..

Ausencias notables en la oposición. La inauguración del 128 período de sesiones ordinarias del Congreso tuvo varios faltazos del elenco opositor. A la ausencia hecha pública de la presidenta del bloque de la Coalición Civica, Elisa Carrió (Capital) ….se sumaron..La diputada Carrió cuestionó al resto de la oposición porno haber seguido sus pasos. “Yo sabía que ibamos hacia una trampa en la Asamblea Legislativa –sostuvo- No se les puede dar ventajas a los Kirchner; a los tibios los vomita Dios”

Página 8. El BCRA ya separó el dinero para pagar. Su directorio sesiono mientras la Presidenta hablaba en el Congreso, abrió la cuenta para los bonistas, pero no completó la cifra prevista.

Economía celebra la resurrección del fondo para usar las reservas.

Boudou trabajó en los nuevos decretos junto con la presidenta del Banco Central

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LN Página 8 El escenario  Un mal diagnóstico que niega el futuro por Jorge Oviedo. El único anuncio fue la insistencia en el Fondo del Bicentenario, lo que es casi una declaración de guerra a los otros dos poderes del Estado. ……..

 Un repaso caprichoso e inexacto del pasado y sólo un anuncio, que es un desafío y casi una declaración de guerra a los otros dos poderes del Estado, fue lo único que en materia económica dejó el discurso de Cristina Kirchner ante la Asamblea Legislativa.

Sobre el futuro no hubo una sola palabra. En el mejor de los casos, habrá que esperar que el matrimonio Kirchner gobierne como hasta ahora, sin prever el porvenir porque sólo reacciona cuando se transforma en presente. La peor sospecha sería, en cambio, que el matrimonio quema las naves insistiendo caprichosamente en un error sólo como argumento propagandístico, porque no cree que haya un futuro.

El repaso de los logros del kirchnerismo tuvo aspectos curiosos. El primero, que consolidó los datos desde 2003, lo cual favorece a la gestión de Cristina, puesto que las cifras son notablemente peores desde que ella asumió que en el período de su esposo.

Otro fue que repasara los datos de crecimiento, aumento de la recaudación y de las ventas brutas sin actualizarlos por la inflación, a la que tampoco mencionó

La alocución fue una repetición de los discursos propagandísticos y autoelogiosos de los últimos tiempos e hizo comparaciones entre la convertibilidad y el actual esquema en las que amañó las cifras y omitió las diferencias de circunstancias. Es llamativo que los Kirchner, que fueron un soporte muy importante de la primera presidencia de Menem y de la convertibilidad, ahora dediquen tanto tiempo a explicar cuán malos fueron.

 El repaso negó también por completo las fenomenales circunstancias internacionales que permitieron a casi todos los países comparables con la Argentina tener crecimiento y superávit fiscal y atribuyó esos resultados a los méritos de ella y su esposo.

También, por ejemplo, se alegró del crecimiento de los recursos tributarios, que en 2009 fue inferior a la inflación incluso aunque incluya la apropiación de los ahorros acumulados en las AFJP y de los aportes de quienes habían optado por la capitalización.

Algunas comparaciones con otros países fueron también antojadizas e injustas y podrían ser consideradas ofensivas por los respectivos gobiernos. No es claro tampoco por qué razón utilizó el Gran Rosario y las estadísticas santafecinas para mostrar el progreso de ese aglomerado urbano como producto de su supuestamente exitosa política económica.

 El Indec está muy desacreditado gracias a las políticas kirchneristas, pero si la Presidenta quiere defender lo que allí se hace, no se entiende por qué recurre a otras fuentes, en lo que parece una actitud culpógena.

Por otro lado, no pudo elegir un aglomerado urbano más representativo del auge de la soja que ella pareció despreciar llamando "yuyo". El aumento de la rentabilidad de ese cultivo por la mejora de los precios internacionales desde 2002, la industria aceitera y los puertos de esa región han sido el puntal de la recuperación. Lo extraño es que lo apunte como un logro quien proponía "desojizar". En lugar de alegrarse del progreso del campo, trató a los productores de trigo de evasores impositivos.

 Otras afirmaciones parecieron contradictorias. Primero dijo que se estaban aplicando medidas de protección de la producción local. Y agregó, en tono descalificatorio, que también lo hacen otros países poniéndoles otros nombres que son aceptados por la OMC. Pero también negó que se haga proteccionismo. Su administración decidió entregar subsidios a quienes, en algunos casos, importan un artículo y lo llaman de industria local sólo porque lo colocan en una caja, dentro de una bolsita y con un folleto hechos aquí.

Fue notable que defendiera el Fondo del Bicentenario acusando a los legisladores de obstruccionistas y poco menos que conspiradores y a los jueces de entrometerse sin derecho en tareas del Poder Ejecutivo. Pero más extraño fue comprobar que esas mismas palabras figuran en los considerandos de los decretos con que se maquilló el fondo, lo rebautizó y pretende burlar a la Justicia y al Congreso.

Parece carecer de sentido que tales medidas adoptadas, en este caso sí, con procedimientos conspirativos, sean presentadas como un modo de ganar la confianza de los prestamistas internacionales.

Hay dos clases de deudores de los que conviene huir: los que no pagan y los que dicen que harán cualquier cosa con tal de pagar. Los Kirchner, que siguen falsificando el CER, eligieron ser al mismo tiempo las dos versiones del peligro.

 20100302 LN Inusual argumento para defender el DNU

            El nuevo decreto admite que se buscó eludir los fallos anteriores: críticas de constitucionalistas.

…..Elisa Carrió. Coalición Cívica. Es una trampa increíble. El Congreso está en funciones, por lo que estos decretos son de nulidad insalvable. Los funcionarios que lo convaliden, serán responsables penalmente.

 Pág.10 Grave denuncia de la Presidenta contra la Justicia. Dijo que hay jueces que tarifan excarcelaciones: reclamó “independencia” del poder político ….

 Pág.10 El juez Ricardo Lorenzetti ( Presidente de la Corte Suprema de Justicia ) escucho con asombro a la Presidenta.

Elogios de la Presidenta los militares. En un pasaje de su extenso discurso, la presidenta Cristina Kirchner se dedicó a desmentir una supuesta animosidad del kirchnerismo contra las Fuerzas Armadas. “No tenemos nada ( en contra), al contrario, las han humillado los que la redujeron a ser simples encapuchados”, afirmo la mandataria, y luego califico a las tres fuerzas como “nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, las de San Martín y las de Belgrano” Sostuvo que el Gobierno “ está trabajando para recuperar a ésas, nuestras verdaderas Fuerzas Armadas” y que ha puesto en marcha “una fuerte política de recuperación del rol industrial de la defensa”

 20100302 Clarin. Otra maniobra de Cristina para usar los dólares de las reservas….anula un decreto del Fondo del Bicentenario que había sido objetado por la Justicia. Mientras formulaba su discurso en el Congreso, ocultaba a poslegisladores que desde la noche del día anterior preparaban otros dos decretos en su reemplazo,

 20100303 LN. La crisis institucional. Revuelo en el Congreso por los decretos de la Presidenta.

OFENSIVA CONTRA MARCÓ DEL PONT. La posición la cito a declarar para que explique por qué convalidó la toma de reservas …..

 20100303 LN  La crisis laboral. Casi 1600 firmas reciben ayuda para pagar salarios. Tienen subsidio estatal 77.200 empleados de empresas privadas. Son los incluidos en el Repro, que asigna $ 600 por trabajadores para evitar despidos ……

 20100303 LN Malestar en la Corte con la Presidenta   Adrián Ventura

Se consideró agraviada; podría limitar los DNU

Los ministros de la Corte están muy molestos con el discurso de la Presidenta en el Congreso y asumen que en pocos meses deberán dictar un fallo ejemplificador para limitar la utilización de los decretos de necesidad y urgencia a cargo del Poder Ejecutivo. Así lo afirmaron ayer altas fuentes del tribunal a LA NACION.

Además, trascendió que antes del fin de semana un juez de primera instancia podría suspender el DNU 298/10, que dispuso tomar reservas. Y ayer, las asociaciones de magistrados rechazaron las críticas genéricas e innominadas que formuló la primera mandataria contra la Justicia.

Cristina Kirchner derogó por decreto el Fondo del Bicentenario y creó el Fondo de Desendeudamiento, y formuló durísimas críticas contra los legisladores y contra los jueces. Si buscó colocarse en una posición de fuerza frente a los otros dos poderes, "no evaluó adecuadamente las consecuencias", sostienen en el máximo tribunal.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y su colega Juan Carlos Maqueda asistieron a la sesión de la Asamblea Legislativa y escucharon el discurso presidencial. Ayer, en el acuerdo de ministros, los jueces conversaron sobre esas expresiones, a las que calificaron como un "agravio gratuito", afirmó uno de ellos.

Por cierto, la Corte no responderá en forma inmediata. Pero el tribunal y todo el Poder Judicial tomaron nota de la grave situación institucional que se plantea con un gobierno que busca desconocer a los otros poderes y con una oposición que todavía no logra articular el ejercicio del poder.

 El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que en aquella ceremonia estaba sentado detrás de Maqueda, glosaba y festejaba cada palabra presidencial y cada arrebato. Todo el escenario que había montado la Presidenta en el Congreso pretendía hacer creer que, en la Argentina, el único poder que manda es el Ejecutivo, que no está dispuesto a compartir la autoridad con ningún otro.

 A todos los jueces les disgustó ese momento. Uno de los ministros, quizás habitualmente el más contemporizador, llegó a evaluar, inclusive, si había alguna posibilidad de reaccionar rápidamente. Pero la Justicia, especialmente la Corte, no tiene ese resorte. Primaron, entonces, la prudencia y la mesura: darle tiempo a la política, para que los legisladores logren articular una solución en el Congreso, anulando o derogando la norma. Pero existe la clara conciencia de que algo hay que hacer.

"La Presidenta se queja de que los jueces votan contra las medidas del Gobierno, según lo que reclaman las tapas de los diarios. Quizás, incluso, no sea ilegal que el Gobierno use reservas para pagar deuda, pero el Gobierno está violando todos los procedimientos y normas. Por eso, los jueces dictan cada vez más fallos, en beneficio del país. Hoy, todos están conscientes de la necesidad de limitar al Poder Ejecutivo", dejaron trascender en la sede de la Corte.

 Aquel malestar, como se dijo, no se traducirá por ahora en una sentencia contra el decreto 298/10.

La Corte tiene en estudio la causa iniciada por el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital Federal) contra el DNU 2010, de diciembre último. Como el lunes este decreto fue derogado y lo reemplazó el 298/10, en lo formal el máximo tribunal ya no tiene competencia para ampliar la medida cautelar. Un exabrupto del Poder Ejecutivo no puede corregirse con otro del Poder Judicial, explican. Pero el tribunal también podría haberse apresurado a cerrar la causa Pinedo por "abstracta" y no lo hizo. Quiso dar una señal de que no avanzará contra el Gobierno, pero tampoco le allanará el camino.

El tribunal responderá con una vía intermedia. Advirtió, hace meses, que debe reencauzar y limitar la atribución presidencial de dictar DNU, que nuestros mandatarios ejercen sin respetar límite alguno.

Sus ministros concuerdan en la necesidad de dictar pronto un fallo al respecto, pero hurgan entre muchas causas que tienen a estudio -contra DNU dictados por Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y los propios Kirchner- para encontrar el expediente más apropiado para trasmitir un mensaje contra los DNU, que sea categórico y hacia el futuro.

Ahora, la validez o invalidez del nuevo DNU deberá ser resuelta por el Congreso y, en la Justicia, por los jueces de primera instancia.

 En primera instancia

Las juezas federales de primera instancia en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal y Liliana Heiland ya tienen en su poder las presentaciones de la UCR y de Pro, y hoy pueden sumarse otras nuevas, especialmente la que puedan hacer Graciela Camaño y el peronismo disidente. También algunos abogados particulares presentaron otros amparos.

Es casi seguro que antes del viernes próximo, en alguna de las causas promovidas por los partidos políticos, uno de los jueces suspenda la aplicación del nuevo decreto 298.

El decreto 298 es una reedición del derogado decreto 2010. Ambos pretenden resolver la misma situación de hecho, la misma emergencia; ambos fueron dictados salteando la intervención del Congreso y ambos invocan la misma supuesta urgencia que no existe y, finalmente, ambos decretos echan mano del mismo dinero y producirán los mismos efectos.

Ambos decretos son tan similares, casi idénticos, que el decreto 298 transcribe, textuales, 39 de los 45 considerandos de la norma dictada en diciembre y, sólo le agrega seis más, dedicados a responsabilizar a los jueces que dictaron medidas cautelares por el aumento del riesgo país.

El artilugio de burlarse de varias medidas cautelares que dictaron la jueza María José Sarmiento y las camaristas Clara Do Pico y Marta Herrera no fue bien recibido en Tribunales.

Además, Heiland, en 2008, declaró inconstitucional la resolución 125, que perjudicaba al campo. Y Rodríguez Vidal dio varios dolores de cabeza al Gobierno.

No son los jueces penales, sino los demás jueces, los que están poniendo reiterados límites a los abusos del Gobierno contra Telecom, los medios, Papel Prensa, etcétera. Los nuevos agravios no mejorarán el clima.

 20100303 LN El Colegio de Abogados cuestionó el nuevo DNU

En un duro pronunciamiento, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su profundo rechazo al decreto del gobierno nacional que permitió la apropiación de las reservas del Banco Central, al que definió como "un gravísimo agravio a nuestra Constitución y a las instituciones de la República".

"La afrenta resulta aun más provocadora al ser anunciada por la Presidenta ante la propia Asamblea Legislativa, al exponer su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso", afirmó la entidad, que preside el doctor Raúl Aguirre Saravia.

 Tras señalar que la norma viola dos órdenes judiciales expresas que prohibían al Poder Ejecutivo disponer de esas reservas sin una ley del Congreso, el Colegio de Abogados de la ciudad considera que el decreto "constituye una inusitada y reprochable manifestación autocrática del ejercicio del poder", con la que "se agrava notoriamente la degradación institucional del país."

 La entidad exhorta a legisladores y representantes de la oposición a "deponer posiciones antagónicas y comprometer sus esfuerzos para iniciar una etapa de entendimiento sobre cuestiones básicas y esenciales de la organización política nacional, que permitan recuperar prontamente la forma democrática y republicana de gobierno".

 20100313 El costo de vida. La canasta básica registró la mayor suba en ocho años. El indec admitió que, en febrero, el grupo de productos que consumen los más pobres aumentó 4,7% ….

 20100314LN Bajo el signo de la desconfianza Néstor O. Scibona

Los Kirchner no van a cambiar. Nunca van a admitir un error, ni abandonar la premisa de que el fin justifica los medios, independientemente de lo que ocurra con el Congreso o con el manejo del Banco Central. Van a recalentar la economía todo lo que puedan, fogoneando la demanda interna para mejorar sus chances electorales en 2011, pero, si la inflación se descontrola, no dudarán en victimizarse y respaldarse sólo en sus pocos aliados.

En síntesis, éste es el diagnóstico que, con matices más o menos dramáticos, predomina hoy en el ambiente empresarial. El común denominador es la desconfianza, porque la política económica oficial alimenta la inflación, al tiempo que la minimiza en sus estadísticas y distorsiona todo. La víctima es la inversión privada. Nadie quiere arriesgar porque desconoce el final de la película; o, tal vez, porque cree que se trata de la remake de la vieja película argentina del viaje ahora y pague después, que sin duda no merecerá un Oscar.

 A casi tres meses del conflicto de poderes que desató el Fondo del Bicentenario, la situación es paradójica. La inyección de confianza que el Gobierno buscó aplicar a los tenedores de títulos públicos derivó innecesariamente, por la intransigencia oficial, en un clima de desconfianza generalizado sobre las expectativas económicas de corto y mediano plazo. Nadie piensa en un default de la deuda, pero nadie descarta escenarios conflictivos.

 Hoy la situación está más empantanada que a comienzos de enero. El kirchnerismo, que confirmó no tener un plan alternativo al uso directo de reservas del BCRA para financiar al Tesoro, sólo apuesta ahora a reemplazar el segundo DNU por la ley Verna, sin certeza de que pueda pasar por el filtro de Diputados. Mientras tanto, el pago a acreedores privados se mantiene bloqueado a pesar del amago presidencial de no acatar la última resolución judicial. Mercedes Marcó del Pont, quien quedó fortalecida ante la frágil mayoría opositora en el Senado, sólo dejó en claro su alineamiento con el Poder Ejecutivo. Pero omitió plantear si el BCRA actuará como un dique de contención de la inflación o terminará impulsándola. Por ejemplo, no precisó, porque insólitamente no hubo preguntas, cuál sería el efecto de liberar otros $ 30.000 millones (por adelantos y ganancias contables del BCRA) para cubrir aumentos del gasto público (entre ellos la asignación por hijo y los aumentos a jubilados y a estatales), ya comprometidos pero aún no incluidos en el presupuesto 2010.

 ¿Hay plafón para un replanteo en serio del presupuesto en el Congreso, o bien para otro DNU que eleve unilateralmente el gasto como ocurrió en años anteriores? La respuesta no puede ser afirmativa en ninguno de los dos casos, teniendo en cuenta el clima de desconfianza que predomina en el Congreso; tanto entre el oficialismo y la oposición, como entre los distintos bloques del heterogéneo arco opositor. Una prueba de ello es que hasta los propios legisladores que impulsan el cambio en la coparticipación del impuesto al cheque dan por descontado un futuro veto presidencial si el proyecto llegara a convertirse en ley. La oposición, en rigor, tampoco tiene un plan alternativo para el caso de reabrirse el presupuesto que, presuponen, es una caja de pandora.

 La precariedad fiscal comenzó a provocar inquietud entre proveedores y contratistas del Estado, que advierten incipientes demoras en los pagos. Pero también hay desconfianza entre otros actores que están recuperándose del bajón productivo de 2009.

Quienes se ven beneficiados con el aumento del consumo interno y la actividad desconfían por el efecto que puede tener la aceleración inflacionaria no admitida por el gobierno kirchnerista. Quienes disponen de la cosecha récord de soja o aumentan sus exportaciones industriales a Brasil temen que el tipo de cambio sea el ancla para contener la inflación y quede retrasado frente a la creciente evolución de los costos internos. Los sindicatos más fuertes se aprestan a reclamar en paritarias aumentos salariales con un piso de 25% para 2010, pero pocos se atreven a firmar por un año. Quienes no tienen el mismo poder de negociación (cuentapropistas, jubilados, trabajadores informales, desocupados) sufren en carne propia cómo la mayor inflación deteriora rápidamente sus ingresos: no hay mejor prueba que comparar cuál era el poder adquisitivo de un billete de $ 100 hace un año y a cuánto equivale hoy. Difícilmente la baja sea de sólo $ 9 como surge de las inverosímiles estadísticas del Indec. La alternativa de frenar consumos tampoco es válida, porque la expectativa de mayor inflación hace que los aumentos de precios terminen por convalidarse.

No son las únicas señales de desconfianza. En febrero se intensificó la salida de capitales que se había revertido en el último trimestre del año pasado. Según el último informe del Banco Ciudad, llegó a US$ 1200 millones. En los principales bancos privados también causa extrañeza la baja demanda de crédito de las pymes, a pesar de tasas de interés fijas de 12%, notoriamente negativas frente a la inflación.

Otro tanto ocurre con la demora en el canje de deuda, que el ministro Amado Boudou lanzó en su momento como una pieza clave para el cambio de expectativas y la baja del costo de financiamiento para el sector privado, pero sigue frenado en la SEC (Security Exchange Commission). Nadie lo dice públicamente, pero la razón es que el organismo regulador estadounidense no termina de digerir el impacto de la manipulación de las estadísticas del Indec sobre los títulos públicos ajustables por CER. Un cálculo de la consultora Econviews, que dirige Miguel Kiguel, le pone números a ese efecto: en los últimos tres años, el Gobierno se "ahorró" el pago de US$ 1500 millones entre intereses y amortizaciones, a la vez que redujo en US$ 16.800 millones el stock de deuda ajustable (que pasó a 12.000 millones, frente a los 28.800 millones que hubiera alcanzado con la verdadera inflación del período). La contrapartida es que la Argentina no podría obtener ahora financiamiento externo a tasas inferiores al 13% anual, cuando en 2007 había colocado Bonar VII a una tasa de 7,7%. Tampoco se dice que, de no haberse producido por desconfianza la fenomenal fuga de capitales durante ese período, las reservas del BCRA que hoy son motivo de debate, bien podrían superar los 65.000 millones de dólares.

 La evidencia de que el kirchnerismo no va a cambiar de libreto también se advierte en otras señales. Empresarios de primer nivel no ocultan que hoy tienen más interlocutores entre dirigentes de la atomizada oposición que entre funcionarios del Gobierno; allí se habla más de cómo manejar la herencia económica pos 2011 que de incertidumbres coyunturales. El giro no debe extrañar. Muchos han abierto un paréntesis en sus planes de inversión hasta 2012, ante la presunción de que, sólo con reglas más previsibles y un puñado de políticas de Estado, la economía argentina podría reaccionar entonces como si se liberara de un resorte apretado.

 20100314 Clarín. El 70% de la gente gana menos de $ 2.000 al mes. La canasta básica cuesta el dobre que el sueldo promedio.

 Editorial I

20100314 LN Certificado de defunción del BCRA

La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria

La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.

La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.

La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.

En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.

En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.

La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.

El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.

Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.

Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.

Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.

La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.

Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.

Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano.

 Al margen de la semana

20100321 LN Las apropiaciones no terminarán en las reservas Jorge Oviedo
 

Hay un pequeño grupo de empresarios que dice haber escuchado de boca de Cristina Fernández de Kirchner que el impuesto al cheque es el límite. ¿Qué habrá querido decir con eso? Porque para el matrimonio presidencial todas las diferencias derivan en batallas a todo o nada. Pero no son pocos los que están seguros de que si los Kirchner no pueden seguir manejando el poder del modo atropellador y hegemónico, prefieren irse y decir que se hizo contra ellos un golpe civil como el que derrocó a Manuel Zelaya en Honduras.

Las provincias están ávidas de fondos. El esquema nacional aumentó enormemente la presión de retenciones, no sólo al campo, sino también a la industria y a los sectores petrolero y minero. Las retenciones reducen las utilidades de las compañías, de modo que pagan menos por el impuesto a la ganancias, que se distribuye con las provincias de un modo automático. Es decir, dejan de recibir recursos que llegan sin tener que hacer gestión alguna y pasan a depender de la buena relación o la sumisión al Ejecutivo nacional. ¿Cuánto dinero se quedarían las provincias si coparticipan la totalidad del impuesto al cheque? Nadin Argañaraz, del Iaraf, calcula que serían unos $ 8200 millones anuales.

Eso si no se modifica el kafkiano esquema con que se reparten los recursos coparticipables. En primer lugar, hoy de la masa bruta coparticipable se detrae el 15% para enviarlo a la Anses. Es así por un pacto de 1992 que dispuso destinar esa masa para financiar el déficit que generaría la transición que importaría el régimen de capitalización. Si de la totalidad del impuesto al cheque se detrajera primero 15% y luego se dedicara el resto a distribuirlo entre la Nación y las provincias, los estados del interior obtendrían los mencionados 8200 millones que dejarían de recibir el conjunto Anses y Tesoro nacional. Si no se respetara ese pacto y todo se redistribuyera, el bloque Anses y Tesoro perdería unos 10.000 millones.

¿Sufriría la Nación un agujero fiscal insoportable, como planteó Cristina Kirchner? No parece. Por dos razones. La primera es que el agujero hoy existe y está en las provincias. La situación fiscal del conjunto nacional no cambiaría nada. Además, los Kirchner podrían fácilmente reducir las sumas de otras transferencias discrecionales en idéntico monto y compensar las cosas. Para este año esa clase de envíos de recursos podrían sumar 40.000 millones. Sólo tendrían que reducir, en el peor de los casos, un 25% y las cuentas quedarían igual que antes.

Claro que el problema sería político. Los Kirchner tendrían como mínimo 8200 millones menos para subordinar y comprar voluntades. De todas formas, primero el proyecto debería ser transformado en ley y luego el Congreso debería poder sumar los dos tercios necesarios para rechazar el casi seguro veto total. Hay quienes creen que esto último caería por su propio peso, cuando los gobernadores opositores podrían organizar protestas y manifestaciones urgiendo a los legisladores a rechazar el veto. ¿Quién perdería la oportunidad de hacer saber a policías, trabajadores de la salud pública y maestros que están en juego recursos para pagar sus salarios? ¿Podrían los oficialistas no plegarse? ¿Será ése el "límite" que no quiere alcanzar la Presidenta? Sólo el desgaste de semejante batalla sería tremendo, ni hablar de lo catastrófico que significaría perderla.

Tras las malas, las peores

Pueden pensarse que es, a fin de cuentas, por pura política que la Presidenta, esta vez en público, haya llamado a no tocar la distribución de dinero en un discurso crispado como en los peores tiempos del debate por las retenciones móviles al campo.

Pero puede que el dramatismo de sus palabras en la cooperativa de envases plásticos de Mataderos haya tenido que ver con otras necesidades fiscales y con otros desafíos que llegan del interior. El de la provincia de Santa Fe, que sostiene que el pacto fiscal de 1992 que destinó a la Anses el 15% de la recaudación bruta coparticipable es el ejemplo paradigmático. Esas sumas, como se dijo, debían financiar la transición al sistema de capitalización. Las cuentas públicas un día se verían aliviadas, cuando madurara el sistema mixto de jubilación con componente privado, pero al principio aumentaría el déficit previsional. No era un pacto para toda la eternidad.

Los Kirchner volvieron a estatizar el sistema y el Estado confiscó los ahorros acumulados. El superávit de la Anses, del que suele presumir el Gobierno, existe en gran medida por un sacrificio de las jurisdicciones provinciales, que hoy parece no tener sentido. Además Santa Fe dice que ese pacto está vencido y que la propia provincia no lo renovó, de manera que se le han estado reteniendo recursos en forma indebida. Quiere el fin de la retención y la devolución de lo que considera que le adeudan.

El ministro Amado Boudou no fue a la audiencia en la Corte Suprema, pero la abogada subalterna que envió lo dijo claramente: si esos fondos no van más a la Anses, el sistema de pagos de jubilaciones y beneficios sociales entrará en cesación de pagos.

La causa no es sólo que la caja previsional se quedaría con muchos menos recursos, sino que los Kirchner han comprometido gastos de manera que no parece responsable. La Anses tiene que pagar la asignación universal por hijo y el aumento de las asignaciones familiares, además de más de un millón de jubilados por medio de moratorias que en muchísimos casos jamás aportaron. Muchos de ellos, incluso, ya cobraban beneficios y consiguieron otros. Y no faltan los que tienen abultados patrimonios a su nombre o de sus cónyuges e igual recibieron el beneficio, que ahora hay que seguir pagando.

El resultado está a la vista. Con un ritmo de aumento del gasto que ronda todos los meses el 25% respecto del mismo del año anterior, ni siquiera el buen aumento de la recaudación de impuestos alcanza para evitar el déficit financiero. La cuenta queda en rojo después de pagar la deuda. En febrero último y pese a que se le capturaron casi 1600 millones de pesos al Banco Central, no hubo suficiente dinero para pagar los intereses de la deuda. Y el superávit primario, antes de pagar los intereses, fue exiguo. A este paso, calcula Argañaraz en el Iaraf, el superávit primario se terminará este año y habrá un déficit de unos 8000 millones de pesos, incluso aunque se capturen las reservas.

Hay reclamos similares al de Santa Fe realizados, por ejemplo, por Córdoba y Chubut. La disputa por el reparto del impuesto al cheque esconde la situación de fondo, que trae las peores noticias. La situación fiscal, a nivel nacional, ha dejado de ser tranquilizadora. Las jurisdicciones del interior también reclaman una deuda de unos 9000 millones de pesos por Anticipos del Tesoro Nacional (ATN) que no les han pagado desde 2003 y que les corresponden. Además quieren reducir el aporte que hacen para sostener a la AFIP. La peor de todas las noticias es que, incluso aunque logre capturar las reservas del Central, los Kirchner deberán ir por otras cajas.

La crisis institucional / Reacciones ante la posición del Gobierno

20100305 LN Carrió: "La Presidenta se pone al margen de la ley"

La Coalición Cívica presentó una denuncia penal por el nuevo DNU

La Presidenta se está poniendo definitivamente al margen de la ley y de la Constitución y por eso es una presidenta de facto, de hecho", advirtió ayer la diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC), en una dura respuesta a la mandataria Cristina Kirchner, que al mediodía había denunciado "intentos de destitución evidentes".

"El matrimonio presidencial desprecia las instituciones", se quejó la fundadora de la CC, que en medio de la crisis institucional planteada por el enfrentamiento del Gobierno con la oposición en el Congreso presentó una denuncia penal contra la propia Cristina Kirchner, los miembros del Gabinete y el directorio del Banco Central (BCRA) por "desobediencia judicial".

Con el argumento de que el Poder Ejecutivo "ignoró" el fallo que impedía el uso de las reservas, los diputados Patricia Bullrich, Hilma Re, Juan Carlos Vega y Fernando Iglesias radicaron la denuncia en el Juzgado Federal Penal Nº 9, a cargo del juez Sergio Torres. 

 Carrió anticipó que la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, pasará a ser una "funcionaria ilegítima a partir del miércoles próximo" cuando el Senado rechace su pliego, opción que dio por segura.

La legisladora apuntó sus dardos a Cristina Kirchner -"su visión es parecida a la de Cavallo", dijo- y relativizó la responsabilidades de la titular del BCRA en la crisis. "La Presidenta arrastró a una economista, buena persona, a su destitución, al hacerla cómplice y llevarla a un final que no merecía."

Asimismo, pronosticó "un período muy difícil, porque la Presidenta, en vez de garantizar la convivencia democrática, ha elegido la confrontación final". Y advirtió: "Marzo no es un mes fácil, pero por lo menos una parte de la oposición está preparada para actuar con responsabilidad".

Al respecto, adelantó, además, que en su partido están en marcha "todas las iniciativas internas y externas para enfrentar el desprecio institucional del kirchnerismo".

Carrió dijo que la Presidenta se "apuñaló a sí misma institucionalmente" al "vaciar de poder a sus legisladores, en vez de llamar al diálogo".

A la Justicia

La denuncia penal por los decretos anunciados el lunes último, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, incluye a Cristina Kirchner y a los ministros que firmaron los decretos de necesidad y urgencia 296/2010 y 298/2010, que derogaron el Fondo del Bicentenario y crearon el Fondo del Desendeudamiento Argentino, destinado a cancelar vencimientos de la deuda externa.

Acompañaron a la Presidenta en la firma de los DNU el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros Florencio Randazzo, Jorge Taiana, Nilda Garré, Amado Boudou, Débora Giorgi, Julián Domínguez, Julio De Vido, Julio Alak, Carlos Tomada, Alicia Kirchner, Alberto Sileoni, Lino Barañao y Juan Manzur.

"Estos decretos son gemelos, lo que constituye una burla a las decisiones judiciales", dijo la diputada Bullrich, al abandonar los tribunales de Comodoro Py.

Visiblemente molesta con los decretos, la ex ministra de Trabajo afirmó que "la Presidenta ha decidido pasar todos los límites", aunque seguidamente aclaró: "No vamos a hablar de juicio político porque estamos en un momento serio".

Según la denuncia, "los firmantes del decreto y los partícipes necesarios de su implementación" incurrieron en "una desobediencia a una resolución judicial que disponía inmovilizar las reservas hasta tanto el Congreso ejerciera el poder de contralor".

Los legisladores señalaron que la maniobra del Poder Ejecutivo "constituyó un claro alzamiento contra lo resuelto por el Poder Judicial, independientemente del ardid para saltear la facultad del Congreso de revisar los DNU".

"La Presidenta trampea todas las instituciones y produce dos actos: uno menos claro, que es sentirse víctima de una operación destituyente, y la segunda es que anuncia el desacato judicial", expresó Carrió.

 20100301 Clarín

EL GOBIERNO DEBERÍA ECHAR MANO A MAS RECURSOS AUNQUE PUEDA DISPONER DE LAS RESERVAS

Las cuentas públicas no cierran ni con el Fondo del Bicentenario

Es porque el Presupuesto 2010 no computa gastos extras por más de $ 50.000 millones.

Por: Jorge Luis Velázquez

Desde que el Fondo del Bicentenario quedó en la cuerda floja por el casi seguro rechazo del Congreso, comenzaron a circular posibles alternativas de financiamiento para reemplazar esos 6.569 millones de dólares. Sin embargo, la magnitud del bache fiscal para este año sería mucho mayor a la prevista y obligaría al Gobierno a echar mano a todo el abanico de opciones, sin importar si finalmente se autoriza el uso de las reservas del Banco Central.

El Presupuesto 2010 fue confeccionado y aprobado con una brecha a financiar de $ 58.000 millones. Y aún así, el resultado financiero (tras pagar los intereses de la deuda pública) sería de $ 2.028 millones.

Sin embargo, a poco de avanzar en el calendario, ya se advierte que esos números no reflejan la realidad. Existe una enorme cantidad de gastos para este año que no fueron presupuestados y que elevarían cuanto menos al doble la necesidad de financiamiento. Sobre todo porque el ritmo de crecimiento de los ingresos genuinos -léase recaudación de impuestos- estará muy lejos de igualar al de las erogaciones.

En su reciente informe sobre la ejecución del Presupuesto 2009, la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP) -una entidad no gubernamental que maneja la mejor información en materia presupuestaria- alertó sobre esta situación.

En el capítulo dedicado a analizar las previsiones para 2010 precisó: "El monto anual de la asignación universal ($ 9.965 millones) y el costo fiscal del incremento aprobado en las asignaciones familiares ($ 2.500 millones) no están previstos en dicho presupuesto, ya que las respectivas decisiones fueron adoptadas con posterioridad a la presentación del proyecto de ley de Presupuesto y no fueron incorporadas por el Congreso".

Así, añade, el presupuesto de gastos debería elevarse en $ 12.465 millones "salvo que dicho monto se financie con reducciones equivalentes en otros conceptos, aspecto de muy difícil instrumentación". Pero la cifra no se reduce a esto. La ASAP precisa también que no se computaron los aumentos salariales para el sector público, gastos del plan de inversiones hidroeléctricas, compra de aviones, obras sanitarias y sistema satelital, entre otros.

En este punto, cobra relevancia también un informe que presentó el diputado de la centroizquierda Claudio Lozano ante las autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí, en sintonía con la descripción que hizo ASAP algunos días antes, detalla una serie de gastos no incluidos en el Presupuesto 2010. En su cálculo, Lozano advierte que el agujero de gastos sin cubrir asciende a $ 55.200 millones. Una estimación que, por prudencia política, ASAP evitó arriesgar.

En cualquier caso, aún con el Fondo del Bicentenario haría falta usar algunas, o todas, de las opciones en danza (ganancias del BCRA, recursos de la ANSeS, depósitos del Nación, etc) para tapar el bache fiscal. Incluso no habría que descartar otras más audaces, como la estatización del sistema de riesgos del trabajo.

 UN EMPRESARIO CERCANO A KIRCHNER, COMPLICADO EN LA JUSTICIA

201003001 Clarín Indagarán a Cristóbal López, acusado de evadir impuestos

La Cámara de Casación Penal rechazó un recurso de su defensa.

Por: Lucio Fernández Moores

REVES. LOPEZ ESTA ACUSADO POR UNA SUPUESTA MANIOBRA DE EVASION.

El empresario Cristóbal López, uno de los más favorecidos con el kirchnerismo, sufrió un revés en la Justicia. La Cámara Nacional de Casación Penal le rechazó un recurso y dejó firme una decisión de indagarlo por la presunta comisión del delito de contrabando.

La causa refiere a una vieja importación de maquinarias para la empresa Almería Austral, que asiste a las petroleras que trabajan en la zona de Comodoro Rivadavia. De acuerdo con la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se quiso disfrazar como alquiler lo que fue una compra, con el fin de evadir impuestos.

La indagatoria de López había sido ordenada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, pero la jueza de primera instancia, Eva Parcio, nunca llegó a concretarla porque los abogados de López y otros cuatro imputados (también está involucrada la firma Criwey) recusaron a los camaristas y apelaron a la Casación.

Finalmente, la sala II de la Cámara de Casación rechazó anular el llamado a declaración indagatoria y confirmó que los cinco imputados (López, Carlos Fabián De Sousa, Raúl Alberto Fernández, Eduardo Motroull y Alberto Kricorian) deberán presentarse ante la jueza de primera instancia, según dijeron fuentes judiciales.

El llamado a declaración indagatoria es generalmente el paso previo a un procesamiento. "Con los elementos probatorios reunidos hasta el momento se encontraría prima facie acreditada la maniobra denunciada", dijeron hace más de dos años los camaristas Hebe Corchuelo y Javier Leal de Ibarra.

"La firma Almería Austral S.A., al momento de realizar la importación temporaria de las maquinarias petroleras al país, habría sido propietaria de las mismas y no locadora, como simuló serlo ante el servicio aduanero para lograr su introducción sin abonar tributos de importación", agregaron aquella vez los camaristas en su fallo.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había señalado las demoras en la causa, lo que la puso al borde de la prescripción. "Llama la atención la inactividad procesal que se advierte en las presentes actuaciones", sostuvieron los camaristas.

El argumento de la jueza instructora para no resolver si convocaba o no a López y los otros acusados a indagatoria eran unas medidas de prueba pendientes, entre ellas un exhorto a la República Oriental del Uruguay. Para los camaristas, esas medidas eran "superfluas o irrelevantes".

De acuerdo con ellos, la documentación aportada por el servicio aduanero peruano, la autoridad impositiva de ese país y por el Banco de la Provincia de Chubut "permite corroborar en principio la existencia de los hechos denunciados y la presunta responsabilidad de los imputados".

 LOS OPOSITORES INSISTEN EN RECHAZAR EL PAGO DE DEUDA CON RESERVAS

20100302 Clarín De las sonrisas a la furia, un efecto de la confusión Por: Marcelo Helfgot

Le torcimos el brazo al Gobierno", decía el mensajito de texto que un diputado opositor le envío a un senador compinche apenas Cristina anunció la derogación del DNU que creó el Fondo del Bicentenario. Los bloques anti K, ubicados a la izquierda de la Presidenta, celebraron con aplausos -como no lo habían hecho desde una hora y media antes, cuando Cristina relató la ayuda enviada a Chile- y el sabor a triunfo les duró hasta salir del recinto, cuando se enteraron de que las reservas del Central ya iban camino del Tesoro.

SDLq¿Es un DNU ó un decreto simple?", interrogó el macrista Federico Pinedo al moyanista Héctor Recalde en pleno Salón de los Pasos Perdidos. "No sé, pero Cristina es una estadista y sabe lo que hace", fue la respuesta. Las mismas preguntas se hacían el peronista disidente Felipe Solá y el corrillo que armaron a su lado los radicales Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales con la cívica Patricia Bullrich y el "margarito" Gerardo Milman. Hasta ahí, el instrumento utilizado por el Gobierno para crear un nuevo fondo (al que, se supo luego, llamó "de desendeudamiento") era más una incógnita. Es que la Presidenta -tal vez por considerarlo vergonzante o para provocar confusión- no anunció un nuevo DNU sino "un decreto firmado en acuerdo general de ministros".

Fueron los cronistas acreditados quienes anoticiaron a los legisladores de lo que ocurría, al pedirles su opinión sobre la confesión que acababa de hacer Florencio Randazzo, al retirarse a pasos raudos. "Discutir el nuevo DNU será abstracto, porque las reservas ya fueron transferidas", le confió el ministro del Interior a dos periodistas de Clarín en un pasillo.

Las caras de los opositores viraron de pura sonrisa y furia incontenible. "Es el robo del siglo", reaccionó Solá. "Es una burla", atinó a decir el radical Oscar Aguad. "Cristina es como la canción de Shakira: bruta, torpe, testaruda", ironizó Luis Juez.

Dos que primerearon con sus mails festejando la derogación del Fondo del Bicentenario, Elisa Carrió y Francisco de Narváez, sacaron de inmediato un capítulo correctivo: "Nos trampearon", escribieron al unísono. Ricardo Alfonsín (UCR), se había retirado antes por las críticas de Cristina a la Justicia y volvió a escena para pegarle también por el nuevo DNU.

Una vez recuperados del baldazo, diputados opositores de todos los bloques se congregaron a parlamentar en el despacho de Aguad. En el Senado solo se juntaron los radicales. Es que los referentes el PJ disidente -segundo bloque opositor- estaba acéfalo por los faltazos de Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero.

 CON DOS DECRETOS EL GOBIERNO SE APROPIO DE RESERVAS DEL BANCO CENTRAL

20100302  Clarín Una decisión inescrupulosa de los Kirchner que incubará otra crisis

Por: Eduardo van der Kooy

Cristina Fernández consumó ayer una de las defraudaciones políticas mas graves de su mandato. Esa defraudación tuvo, de base, cuatro planos.

Derogó el DNU del Fondo del Bicentenario y lo reemplazó por un decreto simple y otro DNU de similares características al que desató la crisis de diciembre.

Dispuso la transferencia de los U$S6.500 millones de las reservas del Banco Central mientras pronunciaba el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La cronología indica que el proceso de remisión de los fondos al Estado se cumplió entre las 12 hs y las 15hs. La Presidenta, con premeditación, dejó el anuncio para el final de su discurso que expiró cerca de las 13 hs.

Cristina hizo en su discurso algunas invocaciones al diálogo, a la unidad social en el año del Bicentenario. Esas buenas intenciones sólo servían de camuflaje para el operativo político que el matrimonio Kirchner ya había puesto en marcha. Aquellas invocaciones fueron hechas delante de un plenario del Congreso donde el kirchnerismo tiene minoría. La mayoría, desde diciembre del año pasado, objetó el mecanismo de los DNU pero objetó, además, la utilización de las reservas para hacer frente a compromisos externos.

La Presidenta no se privó de casi nada. Se jactó de haber sido la mandataria que menos DNU firmó desde que fueron incorporados en 1994 en la reforma constitucional. Omitió otra jactancia: no hay registro en la historia parlamentaria de algún presidente que haya inaugurado las sesiones ordinarias anunciando la firma de dos decretos. La negación misma de lo que significa el Congreso como institución de la democracia.

En algún punto, la defraudación de Cristina asoció a amigos y adversarios. Desde la semana pasada, en Diputados y el Senado, legisladores kirchneristas venían negociando con la oposición la conversión del DNU ayer derogado en un proyecto de ley. Agustín Rossi, Miguel Pichetto y Nicolás Fernández tuvieron la autorización de Cristina. Tal vez, se trató sólo de un telón que ayudó a esconder la trama que se cocinaba en Olivos.

Esa negociación podía tener otros beneficiarios. Los gobernadores estaban interesados en el proyecto, para que una parte de los fondos del Central resultaran coparticipados con las provincias. Esos gobernadores deberán seguir dependiendo de los envíos discrecionales del Gobierno. Al menos esa es otra las las inocultables intenciones de los Kirchner.

Nadie sabe si el matrimonio evaluó las consecuencias que podría tener esta jugada. "Ustedes están locos", le descerrajó la diputada Vilma Ibarra en un cruce circunstancial con Carlos Zanini. El Secretario Legal y Técnico respondió con una mueca efímera. La peronista Graciela Camaño intercaló opiniones airadas desde su banca en medio del discurso, pero Cristina las desoyó.

La oposición --sus jefes de bloque-- decidió que en la sesión del jueves en Diputados buscarán tumbar el nuevo DNU. "Es de nulidad absoluta e insanable", opina Elisa Carrió. La diputada de la Coalición y Felipe Solá convinieron que si el oficialismo no habilita el tratamiento del tema en la Bicameral, de todos modos harían una sesión especial en el recinto. "Basta de Justicia. Es hora de mover el parlamento. Ya no estamos en receso", arengó el diputado del PJ disidente.

La Justicia tendría motivos de sobra para movilizarse por sí misma. El DNU de los Kirchner colocaría en los umbrales de un conflicto a los poderes Ejecutivo y Judicial. Los fallos de la jueza María José Sarmiento y de la Cámara sobre el DNU del Bicentenario fueron precisos: para usar las reservas del Banco Central hace falta un proyecto de ley. Para convalidar un DNU haría falta una urgencia ahora inexistente. Cristina esbozó una justificación al aludir a las derivaciones de la enorme crisis económica que atraviesa Grecia.

La Justicia pondrá la mira, además, en el procedimiento que siguió ayer el Banco Central. Desde Mercedes Marcó del Pont, su titular, hasta el directorio. Todos los directores, con excepción de uno, convalidaron la transferencia millonaria con dos decretos que no tenían publicación oficial y que no respetaron ninguno de los pasos previos obligados. Ni siquiera el informe técnico.

Para entender cómo el apuro envolvió una cantidad de anomalías, alcanzaría con recordar el trámite que siguió la transferencia del 2004, cuando el gobierno de Kirchner utilizó reservas para cancelar la deuda con el FMI. Entre la publicación de aquel DNU --que tuvo el soporte de un proyecto de ley-- y el envió de fondos pasaron 21 días corridos.

Quizás Marcó del Pont haya cumplido ayer su primer y último acto administrativo. Quizás haya estado al tanto de toda la estrategia cuando decidió asumir en lugar de Martín Redrado. La confirmación de Marcó del Pont como titular del Central está sujeta a la aprobación del pliego por parte del Senado.

Si la distribución de comisiones se hace mañana tal cual estaba prevista la semana anterior, el oficialismo tendrá la presidencia pero estará en minoría en la Comisión de Acuerdos. Ese filtro debe atravesar Marcó del Pont y dificilmente pueda hacerlo después de su conducta y de la burla política que los Kirchner cometieron con la oposición.

Cristina habló en el Congreso otra vez, como le sucedió días pasados con Barack Obama, como una comentarista antes que como una Presidenta. Hizo denuncias gravísimas sobre jueces y sobre la Justicia. Dijo, entre muchas cosas, que hay jueces que cobran para liberar delincuentes. No dijo qué hizo ni qué hará para evitarlo.

No dijo tampoco si esa denuncia forma parte del país real o del país virtual, el latiguillo preferido de su largo discurso. Un latiguillo que pretendió ser molde político y que fue, de verdad, una muestra de sorprendente de chatura intelectual

 20100310 LN Fuerte denuncia del ruralismo. …. Críticas unánimes. Es muy claro que para el oficialismo la mentira y la falta de código ha sido la forma de manejarse continuamente” acotó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.

            Para el Presidente de la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzil “fue una burla que la Presidencia hablara al Congreso el mismo día que firmó los decretos para pagar la deuda”. Según el dirigente se trató de “una tomadura de pelo” para toda la sociedad …….

Revocan un sobreseimiento

20090305 LN Reabren una causa contra el secretario de Cultura  Rodríguez Niell

Coscia volverá a ser investigado por el manejo de fondos del Incaa

El Gobierno sufrió ayer un nuevo traspié en los tribunales: la Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa contra el secretario de Cultura, Jorge Coscia, por un presunto manejo irregular de fondos destinados a promover la industria del cine.

Por dos votos contra uno, la cámara revocó un sobreseimiento que el juez federal Norberto Oyarbide había dictado en favor de Coscia y ordenó que la causa vuelva a primera instancia para que la instrucción se encamine "en dirección a determinar la existencia material de un delito durante la presidencia de Jorge Edmundo Coscia al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)".

Coscia fue designado responsable del Instituto en marzo de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Confirmado en su cargo por Néstor Kirchner, obtuvo un importante aumento presupuestario para el Incaa y la autarquía para manejar los fondos. En 2005, dejó el organismo y fue elegido diputado nacional por el oficialismo, mandato que desempeñó hasta julio pasado, cuando asumió como secretario de Cultura.

En la causa que acaba de reabrirse lo acusan de haber montado "mecanismos poco transparentes" para la entrega de créditos y de subsidios, haber autorizado "elevados montos de viáticos" y no haber cumplido con los "procedimientos y controles en materia de contrataciones".

A juicio de Oyarbide, esas irregularidades, si es que existieron, no configuraron delito alguno. Según lo narrado por los camaristas en su fallo de ayer, el juez entendió que las aparentes fallas en los controles habían sido consecuencia de un "contexto caótico predecible" porque durante la gestión de Coscia se habían modificado las normas que regulaban la entrega de subsidios.

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que ayer votaron por la reapertura del caso, discreparon con el juez de primera instancia.

Consideraron que el sobreseimiento de Oyarbide había sido prematuro, que sus argumentos no bastaban para cerrar "de modo definitivo" la causa y que aún subsistían "los interrogantes que motivaron el inicio de la investigación en relación con las distintas irregularidades en el manejo, administración y custodia de los fondos" del Incaa.

Según Ballestero y Freiler, las pruebas del expediente "permiten entrever, durante la presidencia de Coscia, un habitual incumplimiento de los procedimientos", conducta que podría configurar un delito.

El otro camarista del tribunal, Eduardo Farah, votó en disidencia. Propuso confirmar el fallo de Oyarbide por un motivo formal: sostuvo que las apelaciones no tenían suficiente fundamento y que, por eso, debía declararse mal concedido el recurso.

El argumento central del fiscal de primera instancia, Eduardo Taiano, en contra del sobreseimiento había sido que quedaban medidas pendientes; por ejemplo, la determinación de los montos de las irregularidades que habían detectado los dos máximos organismos de control de las cuentas públicas, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). En el mismo sentido se pronunció después el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que sostuvo, además, que "el escaso plexo probatorio obtenido había sido valorado de manera sesgada".

En las próximas horas, el expediente volverá a Oyarbide, que deberá ordenar medidas para reactivarlo.

Este no es el único caso que Coscia tiene pendiente en la Justicia. Lo denunciaron, además, por enriquecimiento ilícito, y si bien Oyarbide también lo sobreseyó por aquella acusación, fuentes judiciales informaron que ese expediente tampoco está cerrado en forma definitiva y podría ser reabierto.

CLAVES

Jorge Coscia: es director de cine y está al frente de la Secretaría de Cultura desde julio pasado, cuando renunció José Nun.

La causa penal: es por el manejo de fondos del Incaa, organismo que presidió entre 2002 y 2005. También fue denunciado por enriquecimiento ilícito. Oyarbide lo sobreseyó en ambos casos.

 20100305 LN El riesgo de caer en una reversión autoritaria  por Sergio Berensztein

l conflicto por el uso de las reservas se ha agudizado de tal manera en los últimos días que debemos preguntarnos si estamos entrando en el camino de una reversión autoritaria. De hecho, la Presidenta anunció ayer que prefería desconocer a la Justicia (que congeló el uso de esos fondos) si eso implicaba evitar la condena de la historia (por pagar tasas altas de interés). Y Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, afirmó que "se seguirá gobernando no mirando al Congreso, sino a los argentinos". Vale decir, el Poder Ejecutivo pretende avanzar en sus planes como si la legitimidad de origen que obtuvo Cristina Kirchner en 2007 la habilitara a desconocer la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que establece la Constitución nacional.

 La trama de esta crisis tiene naturalmente núcleos de tensión económicos. El desendeudamiento no es una virtud, sino una necesidad: el Gobierno carece de credibilidad para conseguir financiamiento y por eso debe recurrir a las reservas. Una de las principales causas de la desconfianza es la grosera manipulación de las estadísticas del Indec y la paralela negación de la inflación. Y no queda espacio para más impuestos, pues el Estado ya recauda más del 33% del PBI, cuando históricamente la carga fiscal era del 21%.

Sin embargo, el peso relativo de los problemas políticos es claramente mayor.

 El liderazgo de los Kirchner siempre se basó en la expansión del gasto público: como buen ex intendente, el ex presidente concibe la política como la sucesión de anuncios de obras públicas que, supuestamente, traen votos y apoyo popular. Al mismo tiempo, la centralización del gasto público facilita la disciplina de sus ex colegas gobernadores e intendentes, dirigentes sindicales, empresarios prebendarios, líderes piqueteros... De este modo, a pesar de la invocación al "modelo", la única ideología del kirchnerismo es el poder, que requiere mucha plata y que se expone (y reproduce) gracias al conflicto. ¿Qué pasa si hay restricción de dinero? Cruje todo el sistema de poder K.

 El segundo problema político deviene de la concepción de la democracia que predomina en el matrimonio presidencial. Se trata de una versión sesgadamente cesarista de la tradición nacional-popular, de largo arraigo en nuestra cultura política: el presidente, gracias a la legitimidad popular, tiene derecho a imponer su visión al margen de lo que opinen las minorías eventuales y, llegado el caso, las mayorías contingentes, estén o no representadas en el Congreso. La versión K del "ramal que para, ramal que cierra" tiene una extensión peculiar, prácticamente inédita en la Argentina: pretende desconocer no sólo al Poder Legislativo, sino también al Judicial. Existen antecedentes de intervención federal a la Justicia (lo hizo Perón en Córdoba en 1954). ¿Querrán los Kirchner retornar a los años dorados también en este aspecto? ¿Habrán sus funcionarios de aceptar mansamente el creciente número de demandas penales que sin duda irán acumulando? ¿Qué será de los Kirchner y su modelo cuando ellos deban seguir afrontando los costos personales y económicos de esos juicios?

 El tercer problema político es el más intrigante. Varios países latinoamericanos han sufrido en los últimos años una profunda erosión de sus sistemas democráticos: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, por supuesto Venezuela. Algunos analistas consideran que la activa "cooperación" del régimen de los hermanos Castro con Hugo Chávez representa un síntoma determinante de regresión autoritaria, lo que explica la huida de numerosos dirigentes hasta hace poco identificados con los ideales de la revolución bolivariana.

La Honduras de Zelaya, ese espejo lejano en el que tan obsesivamente se mira Cristina Kirchner, era también un caso típico de retroceso autoritario: se desconocían decisiones claves de la Justicia y del Congreso para posibilitar un plebiscito que habilitara la reelección presidencial, prohibido por la Constitución. En todos estos casos hubo un acoso a la libertad de expresión. Hasta aquí, la Argentina podría perfectamente sumarse a esta categoría de países.

 Pero todos ellos tienen en común la popularidad de sus líderes y su capacidad para ganar elecciones, en algunos casos con márgenes notables (como Evo Morales o Rafael Correa). En cambio, a pesar de que intenten negar el resultado, los Kirchner han perdido las elecciones de junio pasado y, sobre todo, una mayoría de la opinión pública tiene una pésima imagen de ellos, de su gobierno y de sus políticas.

Más aún, durante el conflicto con el campo e incluso en la batalla legislativa contra los medios de comunicación, el Gobierno utilizó repetidas veces el recurso de la movilización popular. Es probable que un buen número de participantes no hayan asistido de forma voluntaria. Sin embargo, eran demostraciones de fuerza importantes por el número y por la presencia de dirigentes políticos, sindicales y sociales, sobre todo del conurbano. Muchos gobernadores también solían viajar a Buenos Aires para no perderse la foto.

¿Qué ha pasado en esta crisis de la reservas que no ha habido un solo acto público de apoyo a la Presidenta? Puede argumentarse que la gesta de pagarles a los tenedores de bonos de la deuda no es un motivo particularmente atractivo para participar de una movilización. Pero también que hay cierta fatiga o desgano entre quienes siguen perteneciendo al "mundo K" para defender a este gobierno.

En estos 26 años de vida democrática hemos atravesado conflictos agudos, como la hiperinflación (1989-1990) o la crisis de la convertibilidad (2001-2002). En esos casos, fueron crisis de raíz esencialmente económica que producían vacíos de poder político. Una vez resueltos, la política parecía recobrar los equilibrios básicos, aunque con un creciente desgaste para los partidos políticos y sus líderes. Esta vez, el contexto económico no es para nada malo: hay crecimiento, una perspectiva muy razonable en materia de exportaciones, suficientes reservas para frenar una eventual corrida.

Quiebres democráticos

Juan Linz, el notable politicólogo español, desarrolló en su libro El quiebre de los regímenes democráticos (Alianza, 1987), un modelo sobre cómo se desarrolla esta clase de conflictos. Hay tres elementos para destacar en función del caso argentino: primero, los problemas siempre los crean los gobiernos por la forma en la que enfrentan determinados desafíos y por su renuencia a pagar los costos políticos de eventuales soluciones; segundo, en la medida en que predominen las fuerzas moderadas dentro de la coalición de gobierno, hay esperanzas de evitar una crisis de gobernabilidad. Por el contrario, si predominan los sectores más radicalizados, esto dispararía un vacío de poder y un eventual derrumbe del gobierno; tercero, las estrategias y conductas de la oposición son fundamentales para evitar que escale el conflicto. Si predominan actitudes agresivas (que pueden comprenderse en el contexto de las disputas de poder), aumenta la probabilidad de galvanización de la crisis. Es decir, de un episodio de profunda crisis institucional.

En consecuencia, los riesgos de que este conflicto derive en una regresión autoritaria y luego en un episodio de discontinuidad institucional son cada vez más grandes. Esto no implica repetir la experiencia hondureña: en la Argentina existen procedimientos institucionales como el voto de censura al jefe de Gabinete, su remoción y eventualmente el juicio político a la presidenta de la Nación.

Estamos a tiempo de evitar el peor escenario: no hubo hasta ahora hechos de violencia ni acciones que impliquen daños irreparables.

 Sólo hace falta que impere el sentido común y predominen los moderados. Tanto en el oficialismo como en la oposición.

Pero toda la sociedad y sobre todo sus líderes debemos advertir que lo que está en juego es demasiado importante como para desligarnos de nuestra responsabilidad: tenemos que salvar esta débil democracia, fortalecerla y aprovechar esta crisis inverosímil para sentar las bases de un sistema político más sólido, transparente y participativo.

El autor es director de Poliarquía Consultores

20100304 Clarín Fue un acto de engaño, políticamente torpe

El discurso con el que la Presidenta abrió el año legislativo tiene derivaciones perjudiciales tanto en la gestión del Estado como en la calidad de la democracia que vivimos, sobre todo en lo que respecta a la imprescindible división de poderes.

 Por: Roberto Gargarella
Fuente: PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, DI TELLA)

Al inaugurar el período legislativo, la Presidenta de la Nación tendió una trampa a los representantes que la escuchaban: para evitar corridas anticipadas, dejó para el final su esquiva mención al nuevo DNU (un decreto que no se explica ni justifica cuando está reunido el Congreso), mientras ya había firmado una medida que, en su texto, anómalamente autoproclamaba su vigencia desde el momento de su dictado (de forma tal de no esperar a su publicación en el Boletín Oficial, como legalmente corresponde). Todo ello, mientras el Directorio del Banco Central se reunía de apuro, para completar la operatoria exigida y poner fin a la espeluznante comedia.

Vale la pena insistir sobre lo anterior: lo ocurrido significa que el Ejecutivo dispuso del uso de más de 4000 millones de dólares a través de una operación de la cual no pudimos siquiera enterarnos, porque la medida no se había publicado mientras ya se estaba ejecutando. Adviértase lo que significa, en términos de política democrática, el hecho de que se disponga de la fuerza o del dinero públicos a través de medidas de las que no se nos informa, y que se nos presentan luego, socarronamente, como hechos consumados.

En el interín -y ésta es parte necesaria de la historia expuesta- la Presidenta distraía a la oposición e impedía que frenase el uso de las reservas, a través de un largo discurso en el que aprovechaba para agredir a sus críticos, en lugar de solicitar humildemente su ayuda. El acto -el engaño- es tan grave que ameritaría el inicio de un juicio político: se trató de una actuación abusiva, políticamente torpe a más de equivocada, moralmente reprochable y constitucionalmente nula.

Y resulta triste, a la vez que frustrante, que dicho acto haya sido festejado por algunos como una nueva muestra de la "viveza" presidencial; o minimizado por otros, empeñados en seguir ocultando la información y la voz de crítica que todos necesitamos. Lo que parece importar, para quienes inmoralmente conciben a la política como una guerra, es aplastar y humillar al contrincante, sin darse cuenta del daño que infligen sobre sí mismos, y de ese modo a todos.

Lo que no advierten quienes erróneamente conciben a la política como una pelea entre sólo dos bandos es que los intereses y necesidades de los más desfavorecidos no son retomados por ninguno de esos dos supuestos bandos. Mientras las elites político-empresarias se enriquecen, al tiempo que riñen furiosas en nombre de la justicia social, pobres y desocupados crecen en número y se deslizan en el abismo de una mayor desigualdad.

En primer lugar, lo acontecido no debe tomarse como un hecho insólito, aislado, sino como expresión de una práctica que se establece desde hace un tiempo y que revela mucho más de lo que oculta: la vengativa disposición hacia el Congreso sugiere que seguirán más normas viciadas en su contenido democrático; la negativa a apelar francamente a la participación popular alerta sobre la agudización de la histórica desigualdad que estos años han consolidado; la sistemática disposición a decidir en exclusivo contacto con una porción de la elite empresaria predice la persistencia de una agenda políticamente conservadora; y la absoluta resistencia al diálogo -que lleva a identificar toda crítica como producto de una maquinaria conspirativa- preanuncia decisiones que ya ni podrán reconstruirse como movidas por la racionalidad del corto plazo, al ser pura expresión de irracionalidad.

En segundo lugar, frente al proceder del gobierno no hay peor respuesta que la que lo duplica, promoviendo el aislamiento, la ruptura y un pacto alternativo con elites diferentes. La respuesta que corresponde no es la de la réplica, sino la opuesta, es decir, la que frente al elitismo de cúpulas insiste en el diálogo democrático; la que contra el aislamiento exige audiencias con la ciudadanía; la que contra la prioridad de la riqueza toma como objetivo primero el de poner término, definitivamente, a la desigualdad que alimenta y hace inteligible todo este difícil proceso.

 20100304 Clarín El engaño, como política  Por:  Ricardo Kirschbaum

Los Kirchner han decidido gobernar sin el Congreso, desde ayer en manos de la oposición, y los antikirchneristas están respondiéndoles con rigor.
La ignorancia olímpica del Parlamento, que se ha patentizado con la burla del lunes, ha sido la culminación de un juego en el que el oficialismo aparentaba hacer una cosa y luego hacía otra, que estaba urdiendo en secreto.

Después del 28 de junio, Cristina llamó al diálogo. Los opositores creyeron que, al fin, los Kirchner habían aceptado buscar acuerdos. Solo fue para ganar tiempo: el diálogo ofrecido por el Gobierno fue menos que un entretenimiento. Detrás de esa pantalla, el oficialismo desató una ofensiva feroz, sin negociar nada. La oposición quedó desairada.
En el Senado, se había comenzado a negociar las comisiones. El kirchnerismo aparentó aceptar negociar su posición minoritaria. Una vez que logró reelegir a Pampuro, abandonó el recinto. La oposición quedó otra vez desairada.

El fin de semana, los Kirchner mandaron a negociar un proyecto de ley sobre el Fondo del Bicentenario. El lunes, Cristina estiró su discurso hasta que la transferencia de reservas del Central estuviera completa. Entonces, anunció la derogación de ese Fondo, dijo que había otro decreto sobre la deuda, escondió el nuevo DNU. La oposición, por tercera vez, quedó pagando.
En el futuro cada vez que el kirchnerismo prometa negociar, la oposición saldrá corriendo. Porque tendrá la certeza de que habrá otro engaño.

Quizá, curados de espanto, la ofensiva desatada en el Senado sea una reacción lógica al destrato pero insuficiente para parar los decretos.
En política, el que se quema con sopa, luego sopla hasta la sandía. Es lo que está pasando.

La crisis institucional / Entre los números del Gobierno y la pelea en el PJ

 20100305 LN Un problema de $ 55.000 millones

Funcionarios presidenciales admitieron a LA NACION que ésa es la cifra faltante del presupuesto nacional 2010  por Mariano Obarrio
 Durante su duro discurso, la presidenta Cristina Kirchner formuló ayer una enérgica defensa del uso de reservas del Banco Central para pagar la deuda mediante un decreto de necesidad y urgencia, el 298/10, y, a modo de justificación, admitió que los problemas fiscales y de financiamiento son mucho más graves de lo que el Gobierno suele decir, por cuanto reconoció que existen necesidades de financiamiento del Estado de $ 55.000 millones.

El dato no es nuevo. Tanto que figura en la ley de presupuesto 2010 y fue mencionado en diversas oportunidades por el ministro de Economía, Amado Boudou.

 Sin embargo, sólo ahora el Gobierno procura desmentir con ello la acusación de los bloques opositores, que suelen denunciar que los recursos para pagar la deuda están presupuestados y que el Gobierno quiere usar las reservas para desviar aquellos fondos a otros gastos por necesidades políticas.

"Tenemos una ley de presupuesto que ha autorizado endeudamiento, que reconoce que hay una brecha de financiamiento para el Estado nacional de $ 55.000 millones", dijo la Presidenta durante su encendido ataque al Congreso y a la Justicia.

 Es al menos la primera vez que lo mencionó Cristina Kirchner. "Estamos haciendo las cosas en el marco de la Constitución y de las leyes", se defendió.

 Un alto funcionario próximo a la Presidenta explicó a LA NACION que "es mentira que la plata está como dice la oposición; la plata no está". Es decir que al Estado le faltarían $ 55.000 millones para cubrir todas sus necesidades financieras y cerrar el presupuesto.

"Incluso, estos US$ 6500 millones de reserva no alcanzarán para toda la deuda. Son sólo $ 24.000 millones. Pero estimamos que alcanzará con los ingresos de divisas por exportaciones, básicamente de soja, para llegar a cubrirlo", añadió ese colaborador de la Presidenta.

Por las exportaciones se estima ingresarían US$ 16.000 millones, o sea, $ 62.000 millones. Pero incluso, no se descarta en la Casa Rosada que se deba recurrir a fuentes intraestatales, como el Banco Nación, otros recursos del Banco Central y la Anses o a créditos en el mercado internacional, en caso de que el canje de deuda resulte exitoso.

 A esa brecha, dentro del Gobierno también le suman los déficit de las provincias, que rondarían para 2010 los $ 13.000 millones. Si se añaden además otros gastos no presupuestados, como aumentos de sueldos, jubilaciones, la inflación y planes sociales adicionales, algunos analistas aseguran que ese rojo podría llegar a $ 80.000 millones.

Por ello, en Economía trabajaron para identificar algunas posibles fuentes alternativas para cubrir esta brecha: se dispondría de $ 24.000 millones del Banco Central, como informó LA NACION hace dos semanas; $ 5000 millones de adelantos transitorios del BCRA al Tesoro; $ 8300 millones del fondo de garantías de la Anses; $ 12.000 millones del flujo de aportes, y $ 4000 millones del Banco Nación.

El artículo 43 del presupuesto 2010 autoriza al Estado a endeudarse por $ 55.000 millones, según la Presidenta.

Sin embargo, según las planillas de ese artículo que publica la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los montos máximos autorizados son $ 50.000 millones en un plazo mínimo de 90 días, $ 20.000 millones a 180 días, $ 10.000 millones a 360 días, otro tanto a 18 meses, igual cifra a dos años, lo mismo a tres y a cuatro años.

Ese artículo, el 43, fija que el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y se rige según el artículo 60 de la ley de administración financiera.

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20100309 LN Se unen dos empresarios kirchneristas. Cristóbal López se asoció con Eurnekian en Santa Cruz. Le cedió una parte de las áreas petroleras que el gobierno le había dado para explorar

De las 15 áreas que licitó la provincia, Cristóbal López y Lázaro Baez recibieron  7 cada uno. La restante quedó dessierta.

 20100310 Urg24 Yo banco a Duhalde

 Duhaldista convencido, el legislador provincial Ángel Gabriel Villegas hizo llegar el siguiente texto:

Comunicado del diputado peronista bonaerense Ángel Gabriel Villegas:

Muchos me preguntan por qué me manifiesto en favor de la candidatura del Dr. Eduardo Duhalde perteneciendo al bloque de diputados oficialista en la provincia de Buenos Aires.

La respuesta es  muy sencilla.

Ante todo, porque soy peronista y creo que el Movimiento Nacional Justicialista posee un arco ideológico que va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, pero todos nos nutrimos de la misma doctrina que es la peronista.

Su filosofía ideológica rompe con las diferencias, ya que está fundada en el Ser Nacional, la producción, el respeto de los Derechos Humanos, la jerarquización de los trabajadores y buscar con ello, generar riqueza para el país, pero además, lograr una equitativa distribución para todos los ciudadanos. 

En segundo lugar, es retrógrado pensar que se debe excluir a un legislador de un bloque porque manifieste su preferencia por uno u otro dirigente. Los argentinos nos negamos a continuar transitando el camino del antagonismo y la división por el simple hecho de expresar ideas.

El país sufrió mucho por la intolerancia para con quienes pensaban distinto, y el desafío de los dirigentes de hoy es superar las diferencias y construir aún, desde el disenso; porque esa es la política superadora que permitirá el equilibrio y el aprendizaje.

Creo fervientemente en que es posible -y necesaria- la unidad del PJ, pero no lograda a través de la obediencia debida.

Las discusiones internas deben darse dentro del partido; pero no hay que trasladar cuestiones partidarias al recinto de una Cámara creando diferentes bloques que comparten ideología, y los separa apenas un “ismo”.

Yo creo que la pelea la debemos dar desde adentro del bloque y adentro del PJ, que a su vez, se manifestará oportunamente en las elecciones internas del partido.
 
Apoyo a Eduardo Duhalde por tener memoria  y recordar del infierno del que nos sacó, demostrando su amplitud y responsabilidad en la gestión de la política pública.

A diferencia de muchos, supo escuchar y se nutrió de todos. Oyó a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas, las ONG, la UCR y otros partidos, y se sentó junto a la poca estructura productiva que quedaba en pie.

Hay que recordar que Eduardo Duhalde asumió la presidencia el 1 de enero de 2002, en medio de la mayor crisis histórica contemporánea, ante el peligro latente de una guerra civil y una anarquía reinante; una crisis terminal del sistema financiero, productivo y económico que comenzó a subsanarse durante su gestión, y no después de mayo de 2003.

La situación era tan difícil que el mismísimo Fidel Castro el 1 de enero de 2002 refiriéndose a Argentina dijo:….. “sólo un loco puede hacerse  cargo de un gobierno en estas circunstancias”.

Y Duhalde pudo hacerlo, porque trajo consigo un plan de gobierno y asumió la dirección del país con absoluta responsabilidad y convencimiento de lo que debía hacerse.

En ese momento se comprometió con tres objetivos centrales:

1.- Reconstruir la autoridad política de la Argentina;

2- Garantizar la paz social y

3- Sentar las bases para el cambio de modelo económico.

Después de las cacerolas que pedían “que se vayan todos”, parecía imposible creer que la vida institucional de la Argentina retomara su curso normal. Sin embargo, de manera absolutamente democrática, y aún con el peso de los recuerdos de etapas de inestabilidad que todavía nos duelen, supo conducir el país en esas circunstancias y entregarlo encaminado a quien determinó el mandato de las urnas.

Los años subsiguientes, con superávit financiero y una balanza comercial favorable a la Argentina fueron posibles porque Duhalde se animó a hacer lo que otros no habían querido: salir de la convertibilidad y modificar el modelo hacia uno más productivo, algo que ya había anunciado como necesario y urgente durante su campaña de 1999.

Para lograr esto, lo único que hizo fue seguir las enseñanzas de Juan Domingo Perón y  puso en movimiento la maquinaria agro productiva nacional: trabajar, trabajar, trabajar; producir producir y producir.

Pero además fue posible, porque buscó el consenso entre los actores de la economía productiva y política de la Argentina que permitió poner en marcha el país.

Duhalde demostró que la confrontación entre los argentinos no tiene sentido, lo que hay que hacer es buscar el dialogo y no someter a la ciudadanía a actos de autoritarismo por el solo hecho de ocupar un cargo.

Su modelo fue tan exitoso que el Gobierno que lo sucedió lo continuó, y mantuvo también en la cartera de economía a Roberto Lavagna, quien implementó las herramientas necesarias para el crecimiento sostenido.

Sin embargo, fue también el propio Duhalde el que advirtió tiempo atrás, que el modelo que él había llevado a la práctica en su gestión, necesitaba aggiornarse a los tiempos que corren. Otra vez no fue escuchado, y empezamos a notar la caída de la economía y los cimbronazos de una crisis que amparada en la internacional, intenta disimular las fallas vernáculas.

Superar el vacío institucional que se produjo a fines de 2001, fue posible sólo porque se puso en práctica el diálogo, y se demostró responsabilidad, templanza, tolerancia. Se supo escuchar y rodearse de hombres y mujeres idóneos en sus temas aún cuando éstos pertenecieran a otro partido político, porque por sobre todas las cosas estaba el sufrimiento de millones de argentinos.
 
Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo esto, creo que lo que dice hoy Eduardo Duhalde es posible, una vez más. Y lo es porque ya lo hizo.

Es lamentable que quienes abrazamos la ideología de la equidad y la igualdad social veamos tan diseminados a nuestros dirigentes, sólo porque quien hoy disiente en algo es señalado con el dedo acusatorio que confunde libertad de pensamiento con conspiración.

Más que nunca creo fervientemente que es Duhalde el hombre que puede ponernos una vez más, en la senda correcta, basado en un acuerdo programático general, que deje en claro el compromiso de todos los actores políticos y sociales para llevar adelante las políticas públicas que el país necesita.

La política bien entendida no es actuar en base al individualismo y el ego; es el trabajo de todos -dirigentes y ciudadanos comprometidos con la sociedad-, que puedan solucionar los problemas de hoy; adelantarse a los de mañana y sobre todo, planificar en base a los siguientes 10 ó 20 años.

Esto no lo logra un personaje, sino personas que quieren y persiguen el bien común.

Con propuestas superadoras y conciliadoras como esta, el PJ unido, aún saneando sus diferencias en una elección interna, puede soñar con el triunfo en 2011, pero creo que se terminó el tiempo de la confrontación y la agresión gratuita.

Dejemos de buscar fantasmas en el placard, y miremos el país del mañana antes que sea demasiado tarde.

Estoy convencido que esto, con Duhalde, es posible.
 
Ángel Gabriel Villegas
Diputado provincial Buenos Aires.

 COMO SE HIZO LA TRANSFERENCIA DE LAS RESERVAS AL TESORO

20100307 Clarín Al compás del discurso, los dólares pasaban a otra cuenta Por: Ismael Bermúdez

Cuando a las 11 y 10 minutos del lunes 1° de marzo Cristina Kirchner llegó al Congreso para dar el discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias, ya hacia una hora que el Directorio del Banco Central estaba reunido con el objetivo exclusivo de transferir los US$ 6.569 millones de sus reservas al Tesoro Nacional. Cuando la Presidenta concluyó su discurso, los dólares estaban siendo sido pasados a las cuentas del Tesoro.

El operativo "silencio" había funcionado con una precisión perfecta y alrededor de las 2 de la tarde el Directorio del BCRA celebraba haber cumplido la orden presidencial. La maniobra arrancó el mismo lunes, alrededor de las 9 de la mañana, cuando los directores del BCRA fueron convocados a una reunión formal del Directorio para una hora más tarde. Salvo Mercedes Marcó del Pont y algún otro director oficialista, nadie conocía el motivo de la reunión que no era otro que poner en conocimiento de los directores los contenidos de los decretos que un rato antes había firmado Cristina Kirchner.

Por la urgencia del caso el subgerente jurídico, Marcos Moiseeff presentó su dictamen directamente al Directorio, favorable a los decretos, tal como se había manifestado en diciembre con el decreto del Fondo del Bicentenario. La gerente principal de Estudios y Dictámenes Jurídicos, María del Carmen Urquiza dio un informe oral señalando que a diferencia del de diciembre, cuando desaconsejó el Fondo del Bicentenario, el nuevo DNU "explica" que "es necesario actuar con urgencia". Luego Carmen Urquiza presentó un breve texto transcribiendo los párrafos que justificarían tal urgencia.

No hubo informes del Area de Economía y Finanzas, sobre el impacto monetario y sobre el resto de las variables económicas de los decretos, ni se consultó a los abogados sobre los riesgos de embargo. Sobre esa base, y luego de insistir que los DNU tienen fuerza de ley, Marcó del Pont sometió el tema a votación: sobre 9, siete directores votaron a favor de los dos decretos, con la abstención de Zenón Biagosch, en tanto Carlos Pérez se abstuvo en la votación en el DNU. No participó de la reunión Arturo O´Connell.

La alegría -por la rapidez, hermetismo y eficacia de la operación- duró poco tiempo por la contraofensiva de la oposición sobre Marcó del Pont y el fallo que suspendió el nuevo DNU.

20100308 LN Desendeudamiento o muerte, una sospechosa consigna  Carlos Pagni

Una revolución convocada bajo la consigna "desendeudamiento o muerte" es, hay que admitirlo, una revolución sospechosa. Sin embargo, Cristina Kirchner comunicó el jueves que está dispuesta a romper con el orden legal si los jueces, la oposición, la prensa o alguna otra figura de su demonología le impide cumplir con los acreedores.

Es posible que la Presidenta haya conseguido engañarse a sí misma, pero es más difícil que logre engañar a los demás. El gasto público es tan desmesurado que los recursos autorizados en el presupuesto no alcanzan a financiarlo. El Gobierno no puede aumentar los impuestos porque la última vez que lo hizo, con las retenciones móviles, desató una rebelión. Tampoco acepta licuar sus erogaciones con una gran devaluación porque eso supondría una rebaja del salario y, es muy posible, una corrida cambiaria. Menos aún admite emprender un severo recorte fiscal.

 Frente a estas restricciones, la Casa Rosada decidió anexar al Banco Central como caja auxiliar de la Secretaría de Hacienda. La oposición lo ha venido impidiendo y no sólo por razones formales. Quienes se ven en el poder en 2011 pretenden que, en vez de depredar los activos del Estado, los Kirchner racionalicen la economía antes de irse. La Presidenta tergiversó los términos de esta exigencia, al denunciar que la quieren forzar a un default. Sin embargo, allí donde dijo "antes que no pagar la deuda, prefiero desobedecer los fallos de los jueces" debería leerse "antes de hacer un ajuste, nos vamos". Esa sí sería una revolución inteligible: populismo o muerte.

 La amenaza de suicidio de los Kirchner surtió efecto. Una parte de la oposición propuso un acuerdo que incluye la autorización por ley del uso de las reservas. La negociación que se lleva adelante en el Senado fue promovida por Julio Cobos. Es decir, José Pampuro no fue; lo llamaron. El vicepresidente había dejado una puerta entornada desde el miércoles pasado, cuando la UCR, el PJ disidente, la Coalición Cívica y el socialismo avanzaron sobre el control de las comisiones del Senado. Aquel día, Cobos convalidó la integración que le llevaron esas minorías, salvo en un caso: la bicameral que supervisa los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Cobos se dio el gusto de hacer lo que no pudo durante la votación de la resolución 125: abrir un cuarto intermedio para forzar una negociación. Lo retrató bien Beatriz Sarlo: "Es un extremista de la prudencia".

Cobos habló con el jefe de la bancada de la UCR, Gerardo Morales, quien solicitó un poder a Adolfo Rodríguez Saá, que estaba ausente. Después, los dos radicales llamaron a Pampuro. El presidente provisional del Senado escuchó la propuesta y corrió a lo de Miguel Pichetto, para sumarlo a la negociación. En cuestión de minutos, Pampuro fue víctima de un ataque piraña: Florencio Randazzo, Julio Alak y Hugo Curto, entre otros, lo llamaron para condenarlo por traidor. Uno de ellos aclaró que lo hacía por orden de Kirchner. Sin embargo, por la tarde, Randazzo volvió a comunicarse con el senador. Le dijo que la Presidenta quería estar al tanto de lo que conversaba.

 Hoy será una jornada crucial. Pampuro -que suspendió un viaje oficial a Montevideo-, y el ex talibán Pichetto, responderán a Cobos y Morales. Hay urgencia: la comisión de los DNU debe estar integrada antes de que se reúnan, mañana, los jefes de bloque. En diciembre, la oposición había acordado que ese equipo quedara empatado y que los recintos fueran el fiel de la balanza. Pero el miércoles último se quedó con cinco de las ocho bancas que corresponden al Senado, lo que le permite, además, designar al presidente. Cobos y Morales ofrecieron volver al empate de ocho, pero dejando a Rodríguez Saá en la jefatura, que tiene doble voto. Los DNU quedarían regulados, entonces, por la interna peronista.

La integración de esa bicameral puede ser, en la práctica, intrascendente. Los que aprueban o rechazan los DNU son los plenarios de las cámaras, y allí el Gobierno está en minoría. Sin embargo, según sea hoy la respuesta de los Kirchner, se sabrá si el genio del descalabro institucional comenzó a regresar a la botella.

Cobos y Morales también propusieron habilitar las reservas mediante una ley. Se adoptaría el proyecto del senador pampeano Carlos Verna, base del último DNU. Uno de los líderes del oficialismo en Diputados adelantó: "No podemos aceptar la ley si nos voltean el decreto esta semana. La única salida es que, a cambio de que sancionemos su proyecto, Verna se comprometa a no sumar los votos de La Pampa al rechazo del DNU. Que lo anulen cuando esté la ley". ¿Y si lo rechazan antes? "Nos quedamos con la plata, hasta que hable la Corte", contestó el legislador. Ni Elisa Carrió habla de juicio político a la Presidenta. Pero ese fantasma ya está instalado en el horizonte.

Carrió se opone a que el Gobierno se financie con reservas. No sólo por un criterio institucional, sino también fiscal. Alfonso Prat-Gay reiteró ante diputados radicales que, en vez de pedir fondos extraordinarios, el Poder Ejecutivo debería someter al Congreso una nueva versión del presupuesto. Eduardo Amadeo, del PJ disidente, piensa lo mismo.

Reservas

La apropiación de las reservas a través de un DNU impugnado por la Justicia y el Congreso, además de ilegal, es una estrategia inviable en el mediano plazo. Para los vencimientos de 2011, el Tesoro necesitará dos fondos de desendeudamiento. Los Kirchner no están ante un problema contable, sino ante una fisura conceptual. Desde 2005 intentaron pagar la deuda y, al mismo tiempo, aislarse del sistema financiero internacional. Es una aventura estrafalaria. El mundo funciona de otra manera. Los países que aspiran a cumplir sus compromisos suelen formular políticas homologables por el mercado. Entonces, en vez de saldar sus pasivos, los renegocian. Eso sí: no mienten con sus estadísticas; no se mantienen en default durante años; no están expuestos a embargos; auditan sus cuentas con el Fondo Monetario Internacional y practican una diplomacia previsible. Violar esos requisitos y, al mismo tiempo, estar al día con los acreedores supone un esfuerzo descomunal. Es el esfuerzo que realizaron los Kirchner: asfixiaron al sector exportador con retenciones; pagaron a Hugo Chávez una tasa del 15%; se apropiaron de los ahorros jubilatorios; se quedaron con la recaudación del PAMI; exprimieron al Banco Nación y, ahora, avanzaron sobre las reservas. Aun así, no les alcanza.

El contrato que se discute en el Senado tiene un capítulo irreconciliable: el rechazo de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Central. La funcionaria se justifica en un dictamen interno del banco según el cual "un DNU es una ley". Para la UCR, "es una falta de respeto al Congreso".

En el mapa de poder configurado el 28 de junio no figuraba un Senado opositor. El Gobierno respondió a la novedad anunciando el Apocalipsis. Pero también la oposición está revaluando su propio poder. La de Cobos no fue la única rama de olivo que recibieron los Kirchner. Desde el peronismo disidente se les ofreció una negociación mucho más discreta y audaz. La fórmula supone que, como Francisco de Narváez, Felipe Solá, Carlos Reutemann, Juan Manuel Urtubey y Eduardo Duhalde pretenden competir por la Presidencia en las primarias del PJ, sería imprescindible pautar esa disputa de acuerdo con el Gobierno. La propuesta es que la crisis actual se resuelva en un pacto que abarque las internas y provoque la reunificación de la diáspora peronista en el Congreso. El vehículo de esta sugerencia fue Julio De Vido. El pliego incluye una cláusula descarnada: discutir el lugar que ocuparán los Kirchner a partir de diciembre de 2011. El matrimonio no emitió, todavía, respuesta. Es comprensible.

 Editorial I

20100310 LN Fuera de la ley

Cristina Kirchner procura intimidar y avasallar al Poder Judicial, al tiempo que anuncia que no acatará sus fallos

 La investidura presidencial otorga a las palabras y los silencios de quien la ocupa un peso mayúsculo. Más aún si la palabra presidencial es pronunciada ante el Congreso, como fue el caso del discurso efectuado por la Presidenta en la reciente inauguración del período de sesiones ordinarias.

En ese discurso, transmitido por la cadena nacional, Cristina Kirchner no sólo llevó su enfrentamiento con el Poder Judicial a su estado de máxima tensión, sino que agravió a la Justicia e insólitamente, y sin brindar la menor prueba, indicio ni precisión, formuló una gravísima acusación al señalar que hay jueces cuyas sentencias están tarifadas.

 Tal imputación revestiría gravedad en boca de cualquier persona que la formulara en forma pública, pero en boca de la Presidenta constituye, además de un hecho sin precedente, un ataque a todo el Poder Judicial, pues, al no nombrar a los jueces que supuestamente cobrarían por sus sentencias, dejó que la sospecha pendiera sobre todos ellos.

Primero, la Presidenta reclamó a la Justicia que actúe "con independencia de los poderes político y económico concentrados", y luego sostuvo que "están tabulados los precios de las excarcelaciones o eximiciones de prisión", posibilitando que "los criminales entren por una puerta y salgan por la otra".

Puesto que la Presidenta no dijo lo que dijo en forma potencial sino asertiva, de atenerse a sus palabras cabe deducir que a ella le consta ese hecho ilícito. En este sentido, incurrió en el delito de omisión de denuncia, pues todo funcionario está obligado a denunciar la presunta comisión de un ilícito.

En cambio, si lo que dijo no es cierto, ha mentido, y esa mentira en boca de la cabeza del Poder Ejecutivo, pronunciada ante el Congreso y difundida por la cadena oficial, constituye una presión directa sobre los funcionarios judiciales.

Sus dichos le valieron, además de la crítica unánime de la oposición y de las entidades de magistrados y funcionarios judiciales, una denuncia penal en la que el fiscal federal Federico Delgado ya pidió que la Presidenta declare como testigo.

Pero el ataque de Cristina Kirchner al Poder Judicial no terminó allí. Cuatro días después, durante un acto en el que su discurso también se propaló mediante la cadena oficial, sostuvo que hay jueces que "cometen un abuso de poder" y "pareciera que están alquilados", al tiempo que agregó: "No voy a permitir que un juez defaultee la deuda".

Se refería a la jueza en lo contencioso administrativo Claudia Rodríguez Vidal, quien había invalidado el último decreto de necesidad y urgencia con el cual la Presidenta burló al Congreso para apropiarse de parte de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa. En este mismo discurso también se refirió a la vida privada de la magistrada con la fallida intención de agraviarla, en una clara práctica fascista.

Estas actitudes inauditas e intolerables se suman a una larga serie de golpes mediante los cuales el Ejecutivo ha procurado someter e intimidar a los magistrados. Por ejemplo, cuando un patrullero se instaló en la puerta de la jueza María José Sarmiento, quien también había fallado en contra de las intenciones presidenciales. O cuando el jefe de Gabinete ordenó a un comisario que impidiera a un juez dar cumplimiento a una sentencia de cámara. O cuando el Gobierno emplea la televisión para atacar con nombre y apellido a jueces que fallaron en contra del Estado. O cuando el Poder Ejecutivo defiende a magistrados como Federico Faggionatto Márquez, acusado de gravísimos hechos delictivos y sometido actualmente a juicio político.

Es cierto que la sucesión constante de discursos de la Presidenta en los que emplea un tono de barricada ha devaluado en forma constante el valor de su palabra. Pero los discursos a los que nos referimos colman toda medida en lo que se refiere al avasallamiento de otro poder y al agravio a los magistrados.

Pero hay también otro aspecto tanto o más grave. Al anunciar públicamente que no acatará el fallo de la jueza Rodríguez Vidal, la Presidenta se ha colocado por encima de la ley. Tal vez crea que su investidura se lo permite, pero lo que ha hecho es pura y simplemente confesar que cometerá un delito, pues en eso consiste no acatar un fallo judicial.

El comunicado emitido ayer por la Corte Suprema de Justicia, en el que se insta a quienes tienen responsabilidades de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio, al tiempo que considera indispensable reafirmar los objetivos del Preámbulo de la Constitución y recurrir al diálogo institucional, debería ser leído muy detenidamente por la titular del Poder Ejecutivo antes de colocarse definitivamente fuera de la ley.

 20100310 LN El ferrocarril en los EE.UU.

A pesar de las opiniones de que está en vías de extinción, ese país instalará un vasto sistema de trenes de alta velocidad. …….

 070310 LN No hay lugar para 580.000 chicos en las escuelas …

 2010-03-017 LN Espiral autoritaria

La Presidenta ha resuelto hacer aquello que los jueces le prohibieron y decidir cuáles son las sentencias que debe cumplir

La maniobra orquestada por el Poder Ejecutivo Nacional para que el Tesoro se apropie de las reservas monetarias del país superó la imaginación de quienes, en materia moral, eran ya muy pesimistas. La presidenta Cristina Kirchner no sólo volvió a eludir al Congreso, burlando preceptos de la Constitución y fallos de los jueces. También montó un ardid para impedir que los diputados y senadores, lo mismo que los magistrados, reaccionaran a tiempo en defensa del patrimonio del Banco Central. El incumplimiento de la ley dejó de ser accidental y el avasallamiento de las instituciones ya no puede ser imputado a la torpeza: ahora se apela al engaño como conducta deliberada.

El lunes pasado, paradójicamente el día en que se abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso en el año del Bicentenario, el poder en la Argentina cruzó un límite. Lo que hasta entonces había sido prepotencia verbal y desapego por los procedimientos, se completó con un embuste premeditado. La mala fe quedó consagrada como motor de la acción oficial.

La Presidenta abrió los trabajos del Congreso anunciando que, otra vez, había resuelto arrebatarles facultades a los legisladores a través de otro decreto de necesidad y urgencia. Confesó que lo había hecho para servirse de las reservas monetarias como si fueran un ingreso corriente, algo que la Justicia ya le había prohibido en más de una instancia. Esperó, para efectuar ese anuncio, a que los directores del Banco Central que le responden giraran el dinero al Ministerio de Economía. Para asegurarse de que el controvertido decreto tuviera vigencia y, al mismo tiempo, evitar que se divulgara su contenido, ordenó la publicación de un suplemento especial del Boletín Oficial, que circuló cuando ya se había consumado la operación.

Resulta escandaloso y desmoralizante imaginar la escena de quien ejerce la primera magistratura pergeñando un plan semejante con sus colaboradores inmediatos. Con su maniobra, la señora de Kirchner no sólo agravió al Congreso, sino también su elevada investidura de funcionaria, además de desmerecerse a sí misma, como dirigente política, si recordamos que en su campaña presidencial prometió calidad institucional y que, como abogada, siendo joven, prometió servir a la ley.

Los considerandos del decreto de necesidad y urgencia y el discurso que la Presidenta pronunció el jueves pasado demuestran que aquella maniobra fue el comienzo de un ciclo más pronunciado de degradación institucional, que amenaza con una espiral de autoritarismo pleno.

Sería ingenuo ignorar los antecedentes de este tipo de engaños. Los Kirchner ya apelaron a la mentira cuando ordenaron adulterar las estadísticas del Indec, cuando modificaron el calendario electoral de acuerdo con sus supuestas conveniencias de facción o cuando idearon las llamadas "candidaturas testimoniales", para que los ciudadanos votaran a personas que no ejercerían la función que se les encomendaba. El jefe de Gabinete ganó las páginas de los diarios por haberle ordenado a un juez que desobedeciera una orden judicial. No es la primera vez, entonces, que el Gobierno apela al fraude para superar una dificultad.

Tampoco es la primera vez que se recurre a denunciar intentos destituyentes, pese a que es la propia conducta temeraria de nuestros gobernantes la que los conduce a la autoflagelación.

Como se ve, la maniobra oficialista de los últimos días dista de ser novedosa. Pero resulta la más grave desde que, ahora, la señora de Kirchner ha resuelto hacer aquello que los jueces habían prohibido, induciendo a ese desacato a varios de sus funcionarios; entre ellos, la presidenta del Banco Central.

Contra todo lo que cabía esperar, se anunció que, en adelante, el propio Poder Ejecutivo decidirá cuáles son las sentencias que deben ser cumplidas, ateniéndose a un brumoso y, por ahora, bastante cómodo "juicio de la historia". Es imposible encontrar una declaración más sombría en la historia de la democracia que se restauró en 1983.

A primera vista, las palabras y los hechos llevarían a concluir que el matrimonio gobernante ha resuelto iniciar una revolución -o, si se prefiere, un golpe de Estado contra los demás poderes-, sin tener asegurado un número suficiente de revolucionarios. Este desbarajuste transcurre cuando la Presidenta y su esposo han descendido a un nuevo piso en términos de imagen positiva. Pero lo más penoso es que la sociedad argentina se está encontrando, por enésima vez, con un fenómeno recurrente de su historia: la aparición de una fantasía hegemónica para la que sólo hay poder allí donde hay abuso de poder.

Es imposible precisar dónde desembocará el curso de acción que tomó el Poder Ejecutivo desde el lunes pasado. Pero sería sorprendente que al final del camino no apareciera una nueva ruptura entre la ciudadanía y sus representantes.

El oficialismo debería hacer un ejercicio de introspección y de cambio para evitar ese desenlace. Debería recordar, siquiera por un momento, "la necesidad de construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición"; advertir que "en las democracias de fuerte intensidad los adversarios discuten y disienten cooperando"; acordarse de que "nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamientos, energías mal gastadas en luchas estériles, hasta el punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados". Son ideas que pueden hoy parecerles huecas, candorosas o utópicas. Sin embargo, no deberían resultarles tan ajenas: las expuso Néstor Kirchner el día de su asunción presidencial en su discurso ante el Congreso.

 La Nación 120310 La política de los números Por Adrián Ventura 

 Los senadores K solicitaron a la Justicia una medida cautelar para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que controla los DNU que dicta el Poder Ejecutivo, tenga 8 miembros del oficialismo y 8 de la oposición, en lugar de 7 y 9, como estableció la semana última el arco de partidos anti-K cuando se impuso en una votación en el recinto.

Hasta la última semana, la citada comisión, de 16 miembros (ocho senadores y ocho diputados) tenía idéntica representación del oficialismo y la oposición. Pero los bloques no kirchneristas impusieron su mayoría en la Cámara alta y dictaminaron que en Trámite Legislativo haya nueve opositores y siete oficialistas. Ayer, los senadores K Miguel Angel Pichetto, titular de la bancada; Nicolás Fernández (Santa Cruz), Beatriz Rojkes de Alperovich (Tucumán) y Marcelo Guinle (Chubut) hicieron una presentación que quedó radicada ante el juzgado contencioso administrativo número 8, actualmente a cargo de Ernesto Marinelli.

Sin embargo, es previsible que el juez Marinelli rechace ese planteo. Toda la jurisprudencia de la Corte y, también, de los tribunales inferiores indica que los legisladores, en principio, no tienen legitimación (aptitud) para presentarse ante la Justicia, salvo cuando están impedidos de actuar en el Congreso (esto último es, por ejemplo, lo que ocurrió cuando se dictaron el decreto 2010/09 (y su sustituto, el 298/10). Por otra parte, la conformación de las comisiones tiene relación con la vida íntima del Congreso, con una cuestión que es eminentemente política y difícilmente la Justicia se vaya a entrometer en ello.

Video: la fragilidad de los números, por Adrián Ventura

Los senadores K saben que hicieron una jugada difícil, pero su presentación muestra la fragilidad de los números de legisladores que dice tener cada sector y, también, la fragilidad de las alianzas que tejen.

Es previsible, con el correr de los meses, que el arco oficialista de diputados y senadores se vaya debilitando y, a medida que se desgaste el Gobierno, se vaya fortaleciendo la oposición. Por eso, la Presidenta tiene mucho interés en conservar bien pulida, la espada del DNU: el Gobierno no quiere correr el riesgo de que sus DNU choquen con el dictamen adverso de la Comisión Bicameral, porque en ese caso la oposición llegaría al recinto con media batalla ganada.

Detrás de todo este chisporroteo de bloques que nunca terminan de definirse, de legisladores traidores que se alejan de una bancada o de hijos pródigos que vuelven a su casa de origen, está algo mucho más profundo aún: el oficialismo tiene tan poca vocación de diálogo como la que le imputa a la oposición. Para ellos, sólo importan los números.

 La Nación 180310 El escenario Un empate interminable  por Joaquin Morales Sola

 El Congreso abandonó ayer de hecho la escena. Boicoteado el quórum en el Senado y cuestionada por la Justicia la principal decisión que iba a tomar la Cámara de Diputados, la nación política se metió de lleno en un empate tan infernal como interminable. Pero esa igualdad es sólo aparente: un Congreso irresoluto no deja de ser una buena novedad para el kirchnerismo. El argumento de la razón de Estado le sigue sirviendo a la Casa Rosada para gobernar un país en estado de permanente excepción. "Las decisiones de un gobierno no pueden esperar que el Congreso y la Justicia se pongan de acuerdo", disparó al final de la agitada tarde de ayer un oficialista, marcando con cierto cinismo sus palabras y sus gestos.

El Senado debería resolver el conflicto del quórum o se convertirá en una cámara muerta. La oposición lo paralizó durante la semana anterior; el oficialismo hizo lo mismo en la semana que transcurre. El problema del Senado es más grave que el Senado mismo; su ausencia terminará por inmovilizar todo el Congreso. Cualquier decisión del Poder Legislativo debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso.

La Cámara de Diputados tiene, a su vez, una mayoría opositora más contundente, pero sometida claramente en su interior a la disparidad ideológica, a la competencia personal y a la propia carrera presidencial desatada con miras al año próximo. Un juez, Enrique Lavié Pico, decidió ayer, además, hacer lo que los jueces nunca hacen: incursionar en los conflictos internos de otros poderes. Los jueces están habilitados para juzgar la constitucionalidad o la procedencia de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, pero siempre se han apartado de las disputas puramente internas de otros poderes.

Lavié Pico había sido públicamente amenazado por el jefe de la bancada de senadores oficialistas, Miguel Pichetto; éste dijo que lo llevaría a un juicio político por no haber aceptado la recusación que se le hizo a otro juez, Ernesto Marinelli, fuertemente cuestionado por la presidenta Cristina Kirchner. Una cámara judicial con influencia del infaltable Javier Fernández puso al final la decisión en Lavié Pico. Todos esos jueces tuvieron en sus manos un expediente extraño: el bloque de senadores kirchneristas cuestionó ante la Justicia la integración de la comisión bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia.

Esa fue la confesión más implícita que se pueda hacer de impotencia por parte de la política. ¿Por qué los jueces deberían arbitrar en la distribución de poder dentro del Congreso? ¿No pueden los políticos resolver ese diferendo tan escueto? La negociación está fuera de juego en el Congreso. En los últimos tiempos se ha producido una radicalización de las voces más negociadoras del oficialismo. Ni Pichetto ni Agustín Rossi, el jefe de los diputados oficialistas, tienen ya ese viejo talante para aceptar en privado lo que negaban en público. Han dejado de ser también los antiguos y amables interlocutores de la oposición.

La decisión de Lavié Pico inhabilitó la probable decisión de la Cámara baja, que se disponía a declarar la nulidad absoluta del último decreto de necesidad y urgencia de Cristina Kirchner sobre las reservas. La trabajosa sesión de ayer de la Cámara de Diputados (labrada con orfebrería por la disímil oposición) se transformó en papel mojado cuando el juez cuestionó la integración de la comisión bicameral, cuyo dictamen había dado sostén a esa sesión.

¿Apelará la oposición esa decisión de Lavié Pico aun con el riesgo de extender la virtual colisión de poderes que ya existe? ¿O, en cambio, la aceptará y deberá resignarse a otra paridad en la comisión bicameral (ocho oficialistas contra ocho opositores), lo que colocaría sus decisiones en el permanente desempate de su presidente? Si el Congreso se viera condenado a no poder opinar sobre decisiones tan cruciales como los DNU, entonces su propia razón de existir estará en discusión.

El Senado se convierte en hemipléjico cuando el oficialismo o la oposición pueden perder. Y alguno deberá perder siempre, en una permanente alternancia. El problema de los senadores opositores son las deserciones explícitas o implícitas que los aquejan con demasiada frecuencia.

* * *

Ayer, el oficialismo no dio el quórum necesario porque iba a perder la crucial votación por la coparticipación del impuesto al cheque. Dos senadores kirchneristas (presuntamente el jujeño Guillermo Jenefes y el chubutense Alejandro Guinle) y dos senadores por Tierra del Fuego, aliados permanentes del oficialismo, habían adelantado su voto a favor de una nuevo régimen para coparticipar ese impuesto. "Si la oposición pone el quórum, nosotros votaremos con la oposición", advirtieron. Esa nueva coparticipación es demasiada sensible para las provincias y para el capital político de los senadores.

La oposición no puso el quórum porque faltó Carlos Menem, que siempre se las ingenia para estar ausente cuando debe estar presente. "No esperaremos más a Menem", estalló ayer un referente de la oposición. Los senadores opositores tampoco quieren pagar el precio popular de quitarle quórum a la Cámara. Desde ahora, dicen, irán a las sesiones a ganar o morir en el recinto. Lo que los opositores hicieron la semana anterior (cuando dejaron también sin quórum al cuerpo) fue algo más que impopular: se restaron ellos mismos autoridad moral para reclamarle al oficialismo que se presente en las sesiones en las que debe perder.

Para ser justos, Menem no es el único problema de la oposición. Cuando Menem está presente, son Roxana Latorre o María Bongiorno las que se cruzan campantes de la oposición al oficialismo. Y siempre le quedará al Gobierno Carlos Verna, que es más sutil y menos rústico que aquellos para hacer favores oportunos. Cuando una Cámara resuelve algo, la otra Cámara se queda sin quórum o sin mayoría manifiesta. Esa es la realidad de los últimos 17 días, agravada en las horas recientes.

Hay un empate y no hay árbitros. Hay un gobierno con características excepcionales en los hechos concretos y visibles. El Congreso está a un paso de cerrar sus puertas por exceso de acción y por carencia absoluta de ejecución.

El gobierno de los Kirchner cuenta, mientras todo eso se abate sobre sus adversarios, con los recursos financieros para mover y remover la política; con el derecho que tiene todo Ejecutivo para firmar decretos, resoluciones o vetos a las decisiones parlamentarias, y con la monumental información que le proporciona el espionaje oficial. No son pocas vituallas para cruzar el desierto

 20100311 Urg24 Piden que la Justicia anule la reasunción de Kirchner a la presidencia del PJ

 Un día después de que Néstor Kirchner volvió a ocupar la presidencia del PJ, el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa le pidió a la Justicia que anule dicha reasunción. Además, pidió que se convoque a elecciones de autoridades. Por otra parte, pidió una audiencia con el juez federal Sergio Torres, quien lleva adelante la investigación por la compra del ex presidente de dos millones de dólares y su relación con la ruta de la efedrina.

 Grandilocuente Néstor: "Estamos decididos a gobernar hasta el 2020"

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El dirigente peronista Juan Ricardo Mussa le pidió este jueves (11/03) a la Justicia que anule la reasunción de Néstor Kirchner como titular del Partido Justicialista (PJ) y que convoque a elecciones de autoridades.

Mussa presentó una acción de amparo ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría y basó su pedido en que si Kirchner presentó su renuncia al partido luego no puede volver al cargo, lo que se concretó ayer en Chaco.

"Cuando un miembro de cualquier partido político presenta su renuncia indeclinable, es definitivo, no puede reasumir", alegó en el escrito.

El dirigente también le pidió a la magistrada que llame a elecciones nacionales en el PJ sin restricciones y con el único requisito de acreditar la afiliación al partido.

Cabe recordar que Kirchner volvió a ocupar ayer formalmente el cargo de titular del PJ luego de renunciar tras la última derrota electoral, una renuncia que en un primer momento no había sido aceptada y que luego, en los hechos, fue más bien tomada como una 'licencia' en el cargo (ver nota relacionada).

Por otra parte, Mussa declaró a la agencia Nova que pidió una audiencia con el juez federal Sergio Torres, el cual lleva adelante la investigación por la compra de los dos millones de dólares y su relación con la ruta de la efedrina.

La denuncia va dirigida a la responsabilidad por los hechos donde se realizó la supuesta compra de los dólares que podrían ser de la comercialización de la efedrina.

"Todos los involucrados terminan en el mismo origen, toda una operación nefasta desde este Gobierno y varios de sus integrantes –señaló Mussa-. Le plantee este tema a la Corte Suprema y me respondió que debía recurrir a los jueces, por lo que solicito y una audiencia pública urgente, dado la gravedad de los hechos delictuosos que presumo se cometieron y que quiero denunciar”.

“A pesar del intento del ex presidente Néstor Kirchner de justificar la compra de dos millones de dólares, a mí hoy no me surgen las dudas por la escueta explicación sobre la operación luego de repasar la declaración del matrimonio presidencial”, expresó Mussa.

Y puntualizó: “Kirchner aseguró que compró dos millones de dólares sin fines especulativos, porque los utilizó para pagar el Hotel Alto Calafate. La pregunta cae de maduro: ¿por qué no hizo una transferencia en pesos a la cuenta en dólares de los vendedores?”

“Además –enumeró el candidato presidencial-, de su declaración jurada se desprende que la pareja presidencial siempre apostó a la divisa estadounidense. Desde 1999, los Kirchner tienen la mayor parte de sus ahorros en dólares, e incluso un año antes de la operación contaba con US$ 12.680.000”.

“Es decir, al momento de la compra del Alto Calafate ya contaban con dólares para enfrentar la operación, porque se hizo la compra de algo que ya poseía”.

“No existió obviamente posibilidad de beneficio cambiario toda vez que el pago realizado fue en la misma moneda por la cual se efectuaron dichas adquisiciones de divisas”, señaló el ex presidente en el comunicado para desprenderse de interpretaciones especulativas. “Pero el Hotel Alto Calafate estaba dolarizado –dijo Mussa-. Por lo tanto, el matrimonio presidencial hizo, de todas formas, una diferencia a su favor de más de un millón de pesos al día de hoy”.

“La operación no es tan transparente –consideró-. Y el Dr. Kirchner debe brindar más detalles de las operaciones bancarizadas. No especificó los bancos, cuentas, entidades bancarias, ni mostró documentación que respalde su descargo, porque en la realidad estas operaciones no existen”.

En el texto de la denuncia, Mussa expresa: “Ha llegado el momento de la verdad para todos los argentinos, y en base a todo lo expuesto, formulo que se tenga por formulada la presente ampliación de denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente. También solicito que se me autorice a constituirme como parte querellante dada mi legitimación, de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino, y se me autorice la audiencia pública; y, por ultimo, solicito que se cite a declaración indagatoria al Dr. Néstor Kirchner, se tomen las medidas cautelares que permitan que la investigación no se interrumpa”.

“Dispongan las medidas de prueba pertinente, cómo y en que bancos realizó las supuestas operaciones a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación”, concluye la denuncia.

# Mussa denunció al matrimonio K y a De Vido

Hace un mes, un fiscal federal pidió que se investigue la posible responsabilidad de Cristina de Kirchner, su marido Néstor Kirchner, y el ministro de Planificación de las dos gestiones, Julio De Vido, en una contratación al parecer irregular para la compra de 800 mil litros de gasoil para el dragado de una hidrovía.

La investigación es impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán en base a una denuncia que presentó el dirigente peronista Juan Mussa.

El fiscal Marijuán presentó semanas atrás un requerimiento de instrucción ante el juez federal Claudio Bonadío para que investigue si los tres incurrieron en delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero.

En su pedido, la Fiscalía reclamó que se investigue si hubo sobreprecios en la compra de gasoil destinado a un "uso de calidad primaria" por parte de la Administración General de Puertos para el dragado de la Hidrovía.

Según un informe periodístico publicado por La Nación, al parecer no se realizó una licitación sino un concurso de precios entre empresas petroleras y ganó, entre cuatro oferentes, la compañía Sualier SA.

En su denuncia, Mussa sostuvo que el precio que pagó el Estado por los 800 mil litros de gasoil era muy superior al de mercado, por lo que el fiscal pidió a empresas de hidrocarburos un informe de precios para compararlos

 20100311 Urg24. Balance del campo: "Este Gobierno llevó a la desaparición a más de 60 mil productores agropecuarios"

 20100312 Urg24 Rattazzi habló de la 'nueva caja de los K' y de ¿elecciones anticipadas?

 El titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, quien no fue invitado al almuerzo que hace unas semanas organizó Cristina de Kirchner con directivos de varias empresas, habló sobre la inflación como "la nueva caja" de los K, y se abrió a la duda: ¿Alguien puede creer que las elecciones serán en octubre?

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- "La inflación, como nueva caja, es una de las estrategias que parece haber elegido este Gobierno como solución a algunos problemas", afirmó el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, en un análisis de la economía argentina durante un encuentro organbizado por la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE).

"No es un camino que a mi me guste, pero parece que es así", añadió al señalar al impuesto inflacionario como la elección de la administración de Cristina de Kirchner para cubrir el desfasaje fiscal.

Expresó preocupación por la incidencia que tiene el conflicto político en la toma de decisiones empresarias y dijo estar atento a cómo controla la oposición el accionar del oficialismo, ahora que cuenta con posibilidades de obtener mayorías en el Congreso de la Nación.

Rattazzi, que no fue invitado al almuerzo que hace dos semanas organizó la Presidente con un centenar de directivos de empresas después de advertir por la creciente inflación, dice no temer a represalias políticas por sus posiciones públicas y señala la ventaja de no tener negocios con el Gobierno, al que le reconoce que mantuvo una situación económica "bastante buena" en la primera etapa pero "a partir de 2006, la caja comenzó a desaparecer y el gasto se incrementó".

Otro punto que desarrolló el CEO de Fiat es el de la cotización del dólar, punto sobre el que suele confrontar con la visión más proteccionista de la Unión Industrial Argentina. Si vuelven al país los fondos que los argentinos tienen en el exterior –dijo– la cotización de la divisa “va a bajar”, como sucedió en Chile, Uruguay y Brasil; y si eso sucede “debemos buscar la forma de ser más competitivos”.

Como productor agropecuario o como fabricante de autos, Rattazzi siempre mostró vocación política. Y, en estos tiempos, parece ser mayor.

Luego de recibir consejos de los presentes para que se afilie “al partido de Arturo Frondizi”, el hombre de negocios reconoció que por el que “más se inclina” es Francisco de Narváez, aunque aseguró que aún hay margen para que aparezca “alguien de afuera” como posible candidato presidencial.

Para finalizar, según el diario 'El Cronista', puso en duda el cumplimiento de los tiempos del gobierno de Cristina de Kirchner al preguntar al auditorio de manera retórica: “¿Alguien puede creer que las elecciones van a ser en octubre?”

 Urg24 20100310 "Yo banco a Eduardo Duhalde"   por Angel G Villegas

 Duhaldista convencido, el legislador provincial Ángel Gabriel Villegas hizo llegar el siguiente texto:

Comunicado del diputado peronista bonaerense Ángel Gabriel Villegas:

Muchos me preguntan por qué me manifiesto en favor de la candidatura del Dr. Eduardo Duhalde perteneciendo al bloque de diputados oficialista en la provincia de Buenos Aires.

La respuesta es  muy sencilla.

Ante todo, porque soy peronista y creo que el Movimiento Nacional Justicialista posee un arco ideológico que va de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, pero todos nos nutrimos de la misma doctrina que es la peronista.

Su filosofía ideológica rompe con las diferencias, ya que está fundada en el Ser Nacional, la producción, el respeto de los Derechos Humanos, la jerarquización de los trabajadores y buscar con ello, generar riqueza para el país, pero además, lograr una equitativa distribución para todos los ciudadanos. 

En segundo lugar, es retrógrado pensar que se debe excluir a un legislador de un bloque porque manifieste su preferencia por uno u otro dirigente. Los argentinos nos negamos a continuar transitando el camino del antagonismo y la división por el simple hecho de expresar ideas.

El país sufrió mucho por la intolerancia para con quienes pensaban distinto, y el desafío de los dirigentes de hoy es superar las diferencias y construir aún, desde el disenso; porque esa es la política superadora que permitirá el equilibrio y el aprendizaje.

Creo fervientemente en que es posible -y necesaria- la unidad del PJ, pero no lograda a través de la obediencia debida.

Las discusiones internas deben darse dentro del partido; pero no hay que trasladar cuestiones partidarias al recinto de una Cámara creando diferentes bloques que comparten ideología, y los separa apenas un “ismo”.

Yo creo que la pelea la debemos dar desde adentro del bloque y adentro del PJ, que a su vez, se manifestará oportunamente en las elecciones internas del partido.
 
Apoyo a Eduardo Duhalde por tener memoria  y recordar del infierno del que nos sacó, demostrando su amplitud y responsabilidad en la gestión de la política pública.

A diferencia de muchos, supo escuchar y se nutrió de todos. Oyó a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas, las ONG, la UCR y otros partidos, y se sentó junto a la poca estructura productiva que quedaba en pie.

Hay que recordar que Eduardo Duhalde asumió la presidencia el 1 de enero de 2002, en medio de la mayor crisis histórica contemporánea, ante el peligro latente de una guerra civil y una anarquía reinante; una crisis terminal del sistema financiero, productivo y económico que comenzó a subsanarse durante su gestión, y no después de mayo de 2003.

La situación era tan difícil que el mismísimo Fidel Castro el 1 de enero de 2002 refiriéndose a Argentina dijo:….. “sólo un loco puede hacerse  cargo de un gobierno en estas circunstancias”.

Y Duhalde pudo hacerlo, porque trajo consigo un plan de gobierno y asumió la dirección del país con absoluta responsabilidad y convencimiento de lo que debía hacerse.

En ese momento se comprometió con tres objetivos centrales:

1.- Reconstruir la autoridad política de la Argentina;

2- Garantizar la paz social y

3- Sentar las bases para el cambio de modelo económico.

Después de las cacerolas que pedían “que se vayan todos”, parecía imposible creer que la vida institucional de la Argentina retomara su curso normal. Sin embargo, de manera absolutamente democrática, y aún con el peso de los recuerdos de etapas de inestabilidad que todavía nos duelen, supo conducir el país en esas circunstancias y entregarlo encaminado a quien determinó el mandato de las urnas.

Los años subsiguientes, con superávit financiero y una balanza comercial favorable a la Argentina fueron posibles porque Duhalde se animó a hacer lo que otros no habían querido: salir de la convertibilidad y modificar el modelo hacia uno más productivo, algo que ya había anunciado como necesario y urgente durante su campaña de 1999.

Para lograr esto, lo único que hizo fue seguir las enseñanzas de Juan Domingo Perón y  puso en movimiento la maquinaria agro productiva nacional: trabajar, trabajar, trabajar; producir producir y producir.

Pero además fue posible, porque buscó el consenso entre los actores de la economía productiva y política de la Argentina que permitió poner en marcha el país.

Duhalde demostró que la confrontación entre los argentinos no tiene sentido, lo que hay que hacer es buscar el dialogo y no someter a la ciudadanía a actos de autoritarismo por el solo hecho de ocupar un cargo.

Su modelo fue tan exitoso que el Gobierno que lo sucedió lo continuó, y mantuvo también en la cartera de economía a Roberto Lavagna, quien implementó las herramientas necesarias para el crecimiento sostenido.

Sin embargo, fue también el propio Duhalde el que advirtió tiempo atrás, que el modelo que él había llevado a la práctica en su gestión, necesitaba aggiornarse a los tiempos que corren. Otra vez no fue escuchado, y empezamos a notar la caída de la economía y los cimbronazos de una crisis que amparada en la internacional, intenta disimular las fallas vernáculas.

Superar el vacío institucional que se produjo a fines de 2001, fue posible sólo porque se puso en práctica el diálogo, y se demostró responsabilidad, templanza, tolerancia. Se supo escuchar y rodearse de hombres y mujeres idóneos en sus temas aún cuando éstos pertenecieran a otro partido político, porque por sobre todas las cosas estaba el sufrimiento de millones de argentinos.
 
Cuando miro hacia atrás y recuerdo todo esto, creo que lo que dice hoy Eduardo Duhalde es posible, una vez más. Y lo es porque ya lo hizo.

Es lamentable que quienes abrazamos la ideología de la equidad y la igualdad social veamos tan diseminados a nuestros dirigentes, sólo porque quien hoy disiente en algo es señalado con el dedo acusatorio que confunde libertad de pensamiento con conspiración.

Más que nunca creo fervientemente que es Duhalde el hombre que puede ponernos una vez más, en la senda correcta, basado en un acuerdo programático general, que deje en claro el compromiso de todos los actores políticos y sociales para llevar adelante las políticas públicas que el país necesita.

La política bien entendida no es actuar en base al individualismo y el ego; es el trabajo de todos -dirigentes y ciudadanos comprometidos con la sociedad-, que puedan solucionar los problemas de hoy; adelantarse a los de mañana y sobre todo, planificar en base a los siguientes 10 ó 20 años.

Esto no lo logra un personaje, sino personas que quieren y persiguen el bien común.

Con propuestas superadoras y conciliadoras como esta, el PJ unido, aún saneando sus diferencias en una elección interna, puede soñar con el triunfo en 2011, pero creo que se terminó el tiempo de la confrontación y la agresión gratuita.

Dejemos de buscar fantasmas en el placard, y miremos el país del mañana antes que sea demasiado tarde.

Estoy convencido que esto, con Duhalde, es posible.

POR HABER CERRADO LA CAUSA

20100313 Enriquecimiento K: piden el juicio político de Oyarbide

El 21 de diciembre de 2009 el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó al matrimonio Kirchner de la causa por enriquecimiento ilícito iniciada en julio de ese año a partir de la denuncia de un grupo de diputados de la Coalición Cívica (CC).

Néstor y Cristina reconocieron que su fortuna se incrementó en un 158,2% de 2008 a 2009, pasando de $17.824.941 a $46.036.711 y justificaron el grueso aumento en el alza de los alquileres y buenos negocios inmobiliarios.

Oyarbide se basó en el informe presentado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema, del cual formó parte el contador que firma las declaraciones juradas de los Kirchner, Víctor Manzanares, para suspender la investigación. Según el escrito, el patrimonio del matrimonio estaba "justificado en cuanto a su origen y evolución".

El expediente judicial en el que se investigó el enriquecimiento ilícito de Néstor Y Cristina Kirchner se cerró en diciembre pasado. Pero a pesar de ello quienes actuaron judicialmente en el caso siguen siendo objeto de observaciones. Esta vez les tocó al juez que los sobreseyó Norberto Oyarbide y a los dos fiscales que al no apelar dejaron firme el sobreseimiento: Guillermo Noailles y Eduardo Taiano.

Un grupo de diputados de la Coalición Cívica pidió ayer el juicio político de Oyarbide ante el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento de Noailles y Taiano ante la Procuración General de la Nación.

Oyarbide sobreseyó a los Kirchner el 18 de diciembre de 2009 en base a una pericia que realizó el Cuerpo de Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los peritos señalaban en lenguaje críptico que Cristina y Néstor justificaban el crecimiento patrimonial logrado en 2008 que fue de $ 27.802.400,50. El matrimonio presidencial con ese incremento alcanzó un patrimonio de $ 44.307.672,94. Taiano, fiscal de la causa, no apeló el sobreseimiento. Noailles, a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) tampoco lo hizo. Pero Noailles antes de tomar la decisión de no apelar pidió un estudio a dos contadores de la FIA quienes aseguraron que por la documentación presentada no se podía establecer que los Kirchner justificaran su crecimiento patrimonial.

Por la actuación de Oyarbide, Taiano y Noailles, la Coalición Cívica pide que se los separe de sus cargos. Al juez federal lo acusan de negligencia grave y arbitrariedad manifiesta. Le critican, entre otras cosas, no haber comparado los bienes que los Kirchner declararon en 2008 con los que tenían anteriormente y no haber reparado en la "falta de claridad y justificación" de los depósitos investigados. Los Kirchner admitieron haber percibido durante 2008 por intereses en 49 plazos fijos en pesos y en dólares en el Banco de Santa Cruz la suma de $ 4185440,57.

A Taiano lo quieren remover de su cargo por, entre otras causales, no haber tenido en cuenta las falencias que tuvo la pericia de la Corte a partir de la cual Oyarbide firmó el sobreseimiento.

A Noailles los diputados le achacan los mismos errores que a Taiano pero le suman el hecho de no haber atendido el resultado del estudio que le encargó a los contadores de la FIA.

"En función de las consideraciones efectuadas, con las salvedades expuestas en cuanto a la documentación que no ha sido tenida a la vista, entendemos que, por el momento, no se está en condiciones de establecer, en forma cierta e indubitable, si el incremento patrimonial ocurrido durante el año 2008 se encuentra debidamente justificado con la documentación de respaldo veraz y pertinente que corresponde en cada caso", dijeron los contadores de la FIA. Y a pesar de eso Noailles, que está concursando para ser designado en el cargo que ahora ocupa provisoriamente, no apeló. Y los Kirchner quedaron sobreseídos.

2010-03-017 LN Espiral autoritaria

La Presidenta ha resuelto hacer aquello que los jueces le prohibieron y decidir cuáles son las sentencias que debe cumplir

La maniobra orquestada por el Poder Ejecutivo Nacional para que el Tesoro se apropie de las reservas monetarias del país superó la imaginación de quienes, en materia moral, eran ya muy pesimistas. La presidenta Cristina Kirchner no sólo volvió a eludir al Congreso, burlando preceptos de la Constitución y fallos de los jueces. También montó un ardid para impedir que los diputados y senadores, lo mismo que los magistrados, reaccionaran a tiempo en defensa del patrimonio del Banco Central. El incumplimiento de la ley dejó de ser accidental y el avasallamiento de las instituciones ya no puede ser imputado a la torpeza: ahora se apela al engaño como conducta deliberada.

El lunes pasado, paradójicamente el día en que se abrió el período de sesiones ordinarias del Congreso en el año del Bicentenario, el poder en la Argentina cruzó un límite. Lo que hasta entonces había sido prepotencia verbal y desapego por los procedimientos, se completó con un embuste premeditado. La mala fe quedó consagrada como motor de la acción oficial.

La Presidenta abrió los trabajos del Congreso anunciando que, otra vez, había resuelto arrebatarles facultades a los legisladores a través de otro decreto de necesidad y urgencia. Confesó que lo había hecho para servirse de las reservas monetarias como si fueran un ingreso corriente, algo que la Justicia ya le había prohibido en más de una instancia. Esperó, para efectuar ese anuncio, a que los directores del Banco Central que le responden giraran el dinero al Ministerio de Economía. Para asegurarse de que el controvertido decreto tuviera vigencia y, al mismo tiempo, evitar que se divulgara su contenido, ordenó la publicación de un suplemento especial del Boletín Oficial, que circuló cuando ya se había consumado la operación.

Resulta escandaloso y desmoralizante imaginar la escena de quien ejerce la primera magistratura pergeñando un plan semejante con sus colaboradores inmediatos. Con su maniobra, la señora de Kirchner no sólo agravió al Congreso, sino también su elevada investidura de funcionaria, además de desmerecerse a sí misma, como dirigente política, si recordamos que en su campaña presidencial prometió calidad institucional y que, como abogada, siendo joven, prometió servir a la ley.

Los considerandos del decreto de necesidad y urgencia y el discurso que la Presidenta pronunció el jueves pasado demuestran que aquella maniobra fue el comienzo de un ciclo más pronunciado de degradación institucional, que amenaza con una espiral de autoritarismo pleno.

Sería ingenuo ignorar los antecedentes de este tipo de engaños. Los Kirchner ya apelaron a la mentira cuando ordenaron adulterar las estadísticas del Indec, cuando modificaron el calendario electoral de acuerdo con sus supuestas conveniencias de facción o cuando idearon las llamadas "candidaturas testimoniales", para que los ciudadanos votaran a personas que no ejercerían la función que se les encomendaba. El jefe de Gabinete ganó las páginas de los diarios por haberle ordenado a un juez que desobedeciera una orden judicial. No es la primera vez, entonces, que el Gobierno apela al fraude para superar una dificultad.

Tampoco es la primera vez que se recurre a denunciar intentos destituyentes, pese a que es la propia conducta temeraria de nuestros gobernantes la que los conduce a la autoflagelación.

Como se ve, la maniobra oficialista de los últimos días dista de ser novedosa. Pero resulta la más grave desde que, ahora, la señora de Kirchner ha resuelto hacer aquello que los jueces habían prohibido, induciendo a ese desacato a varios de sus funcionarios; entre ellos, la presidenta del Banco Central.

Contra todo lo que cabía esperar, se anunció que, en adelante, el propio Poder Ejecutivo decidirá cuáles son las sentencias que deben ser cumplidas, ateniéndose a un brumoso y, por ahora, bastante cómodo "juicio de la historia". Es imposible encontrar una declaración más sombría en la historia de la democracia que se restauró en 1983.

A primera vista, las palabras y los hechos llevarían a concluir que el matrimonio gobernante ha resuelto iniciar una revolución -o, si se prefiere, un golpe de Estado contra los demás poderes-, sin tener asegurado un número suficiente de revolucionarios. Este desbarajuste transcurre cuando la Presidenta y su esposo han descendido a un nuevo piso en términos de imagen positiva. Pero lo más penoso es que la sociedad argentina se está encontrando, por enésima vez, con un fenómeno recurrente de su historia: la aparición de una fantasía hegemónica para la que sólo hay poder allí donde hay abuso de poder.

Es imposible precisar dónde desembocará el curso de acción que tomó el Poder Ejecutivo desde el lunes pasado. Pero sería sorprendente que al final del camino no apareciera una nueva ruptura entre la ciudadanía y sus representantes.

El oficialismo debería hacer un ejercicio de introspección y de cambio para evitar ese desenlace. Debería recordar, siquiera por un momento, "la necesidad de construir prácticas colectivas de cooperación que superen los discursos individuales de oposición"; advertir que "en las democracias de fuerte intensidad los adversarios discuten y disienten cooperando"; acordarse de que "nuestro pasado está pleno de fracasos, dolor, enfrentamientos, energías mal gastadas en luchas estériles, hasta el punto de enfrentar seriamente a los dirigentes con sus representados". Son ideas que pueden hoy parecerles huecas, candorosas o utópicas. Sin embargo, no deberían resultarles tan ajenas: las expuso Néstor Kirchner el día de su asunción presidencial en su discurso ante el Congreso.

La Nación 120310 La política de los números Por Adrián Ventura
 Los senadores K solicitaron a la Justicia una medida cautelar para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que controla los DNU que dicta el Poder Ejecutivo, tenga 8 miembros del oficialismo y 8 de la oposición, en lugar de 7 y 9, como estableció la semana última el arco de partidos anti-K cuando se impuso en una votación en el recinto.

Hasta la última semana, la citada comisión, de 16 miembros (ocho senadores y ocho diputados) tenía idéntica representación del oficialismo y la oposición. Pero los bloques no kirchneristas impusieron su mayoría en la Cámara alta y dictaminaron que en Trámite Legislativo haya nueve opositores y siete oficialistas. Ayer, los senadores K Miguel Angel Pichetto, titular de la bancada; Nicolás Fernández (Santa Cruz), Beatriz Rojkes de Alperovich (Tucumán) y Marcelo Guinle (Chubut) hicieron una presentación que quedó radicada ante el juzgado contencioso administrativo número 8, actualmente a cargo de Ernesto Marinelli.

Sin embargo, es previsible que el juez Marinelli rechace ese planteo. Toda la jurisprudencia de la Corte y, también, de los tribunales inferiores indica que los legisladores, en principio, no tienen legitimación (aptitud) para presentarse ante la Justicia, salvo cuando están impedidos de actuar en el Congreso (esto último es, por ejemplo, lo que ocurrió cuando se dictaron el decreto 2010/09 (y su sustituto, el 298/10). Por otra parte, la conformación de las comisiones tiene relación con la vida íntima del Congreso, con una cuestión que es eminentemente política y difícilmente la Justicia se vaya a entrometer en ello.

Video: la fragilidad de los números, por Adrián Ventura

Los senadores K saben que hicieron una jugada difícil, pero su presentación muestra la fragilidad de los números de legisladores que dice tener cada sector y, también, la fragilidad de las alianzas que tejen.

Es previsible, con el correr de los meses, que el arco oficialista de diputados y senadores se vaya debilitando y, a medida que se desgaste el Gobierno, se vaya fortaleciendo la oposición. Por eso, la Presidenta tiene mucho interés en conservar bien pulida, la espada del DNU: el Gobierno no quiere correr el riesgo de que sus DNU choquen con el dictamen adverso de la Comisión Bicameral, porque en ese caso la oposición llegaría al recinto con media batalla ganada.

Detrás de todo este chisporroteo de bloques que nunca terminan de definirse, de legisladores traidores que se alejan de una bancada o de hijos pródigos que vuelven a su casa de origen, está algo mucho más profundo aún: el oficialismo tiene tan poca vocación de diálogo como la que le imputa a la oposición. Para ellos, sólo importan los números.

 20100318 LN Un empate interminable  Joaquín Morales Solá

El Congreso abandonó ayer de hecho la escena. Boicoteado el quórum en el Senado y cuestionada por la Justicia la principal decisión que iba a tomar la Cámara de Diputados, la nación política se metió de lleno en un empate tan infernal como interminable. Pero esa igualdad es sólo aparente: un Congreso irresoluto no deja de ser una buena novedad para el kirchnerismo. El argumento de la razón de Estado le sigue sirviendo a la Casa Rosada para gobernar un país en estado de permanente excepción. "Las decisiones de un gobierno no pueden esperar que el Congreso y la Justicia se pongan de acuerdo", disparó al final de la agitada tarde de ayer un oficialista, marcando con cierto cinismo sus palabras y sus gestos.

El Senado debería resolver el conflicto del quórum o se convertirá en una cámara muerta. La oposición lo paralizó durante la semana anterior; el oficialismo hizo lo mismo en la semana que transcurre. El problema del Senado es más grave que el Senado mismo; su ausencia terminará por inmovilizar todo el Congreso. Cualquier decisión del Poder Legislativo debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso.

La Cámara de Diputados tiene, a su vez, una mayoría opositora más contundente, pero sometida claramente en su interior a la disparidad ideológica, a la competencia personal y a la propia carrera presidencial desatada con miras al año próximo. Un juez, Enrique Lavié Pico, decidió ayer, además, hacer lo que los jueces nunca hacen: incursionar en los conflictos internos de otros poderes. Los jueces están habilitados para juzgar la constitucionalidad o la procedencia de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, pero siempre se han apartado de las disputas puramente internas de otros poderes.

Lavié Pico había sido públicamente amenazado por el jefe de la bancada de senadores oficialistas, Miguel Pichetto; éste dijo que lo llevaría a un juicio político por no haber aceptado la recusación que se le hizo a otro juez, Ernesto Marinelli, fuertemente cuestionado por la presidenta Cristina Kirchner. Una cámara judicial con influencia del infaltable Javier Fernández puso al final la decisión en Lavié Pico. Todos esos jueces tuvieron en sus manos un expediente extraño: el bloque de senadores kirchneristas cuestionó ante la Justicia la integración de la comisión bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia.

Esa fue la confesión más implícita que se pueda hacer de impotencia por parte de la política. ¿Por qué los jueces deberían arbitrar en la distribución de poder dentro del Congreso? ¿No pueden los políticos resolver ese diferendo tan escueto? La negociación está fuera de juego en el Congreso. En los últimos tiempos se ha producido una radicalización de las voces más negociadoras del oficialismo. Ni Pichetto ni Agustín Rossi, el jefe de los diputados oficialistas, tienen ya ese viejo talante para aceptar en privado lo que negaban en público. Han dejado de ser también los antiguos y amables interlocutores de la oposición.

La decisión de Lavié Pico inhabilitó la probable decisión de la Cámara baja, que se disponía a declarar la nulidad absoluta del último decreto de necesidad y urgencia de Cristina Kirchner sobre las reservas. La trabajosa sesión de ayer de la Cámara de Diputados (labrada con orfebrería por la disímil oposición) se transformó en papel mojado cuando el juez cuestionó la integración de la comisión bicameral, cuyo dictamen había dado sostén a esa sesión.

¿Apelará la oposición esa decisión de Lavié Pico aun con el riesgo de extender la virtual colisión de poderes que ya existe? ¿O, en cambio, la aceptará y deberá resignarse a otra paridad en la comisión bicameral (ocho oficialistas contra ocho opositores), lo que colocaría sus decisiones en el permanente desempate de su presidente? Si el Congreso se viera condenado a no poder opinar sobre decisiones tan cruciales como los DNU, entonces su propia razón de existir estará en discusión.

El Senado se convierte en hemipléjico cuando el oficialismo o la oposición pueden perder. Y alguno deberá perder siempre, en una permanente alternancia. El problema de los senadores opositores son las deserciones explícitas o implícitas que los aquejan con demasiada frecuencia.

* * *

Ayer, el oficialismo no dio el quórum necesario porque iba a perder la crucial votación por la coparticipación del impuesto al cheque. Dos senadores kirchneristas (presuntamente el jujeño Guillermo Jenefes y el chubutense Alejandro Guinle) y dos senadores por Tierra del Fuego, aliados permanentes del oficialismo, habían adelantado su voto a favor de una nuevo régimen para coparticipar ese impuesto. "Si la oposición pone el quórum, nosotros votaremos con la oposición", advirtieron. Esa nueva coparticipación es demasiada sensible para las provincias y para el capital político de los senadores.

La oposición no puso el quórum porque faltó Carlos Menem, que siempre se las ingenia para estar ausente cuando debe estar presente. "No esperaremos más a Menem", estalló ayer un referente de la oposición. Los senadores opositores tampoco quieren pagar el precio popular de quitarle quórum a la Cámara. Desde ahora, dicen, irán a las sesiones a ganar o morir en el recinto. Lo que los opositores hicieron la semana anterior (cuando dejaron también sin quórum al cuerpo) fue algo más que impopular: se restaron ellos mismos autoridad moral para reclamarle al oficialismo que se presente en las sesiones en las que debe perder.

Para ser justos, Menem no es el único problema de la oposición. Cuando Menem está presente, son Roxana Latorre o María Bongiorno las que se cruzan campantes de la oposición al oficialismo. Y siempre le quedará al Gobierno Carlos Verna, que es más sutil y menos rústico que aquellos para hacer favores oportunos. Cuando una Cámara resuelve algo, la otra Cámara se queda sin quórum o sin mayoría manifiesta. Esa es la realidad de los últimos 17 días, agravada en las horas recientes.

Hay un empate y no hay árbitros. Hay un gobierno con características excepcionales en los hechos concretos y visibles. El Congreso está a un paso de cerrar sus puertas por exceso de acción y por carencia absoluta de ejecución.

El gobierno de los Kirchner cuenta, mientras todo eso se abate sobre sus adversarios, con los recursos financieros para mover y remover la política; con el derecho que tiene todo Ejecutivo para firmar decretos, resoluciones o vetos a las decisiones parlamentarias, y con la monumental información que le proporciona el espionaje oficial. No son pocas vituallas para cruzar el desierto

 Urg24 20100311  Piden que la Justicia anule la reasunción de Kirchner a la presidencia del PJ

 Un día después de que Néstor Kirchner volvió a ocupar la presidencia del PJ, el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa le pidió a la Justicia que anule dicha reasunción. Además, pidió que se convoque a elecciones de autoridades. Por otra parte, pidió una audiencia con el juez federal Sergio Torres, quien lleva adelante la investigación por la compra del ex presidente de dos millones de dólares y su relación con la ruta de la efedrina.

Grandilocuente Néstor: "Estamos decididos a gobernar hasta el 2020"

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El dirigente peronista Juan Ricardo Mussa le pidió este jueves (11/03) a la Justicia que anule la reasunción de Néstor Kirchner como titular del Partido Justicialista (PJ) y que convoque a elecciones de autoridades.

Mussa presentó una acción de amparo ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría y basó su pedido en que si Kirchner presentó su renuncia al partido luego no puede volver al cargo, lo que se concretó ayer en Chaco.

"Cuando un miembro de cualquier partido político presenta su renuncia indeclinable, es definitivo, no puede reasumir", alegó en el escrito.

El dirigente también le pidió a la magistrada que llame a elecciones nacionales en el PJ sin restricciones y con el único requisito de acreditar la afiliación al partido.

Cabe recordar que Kirchner volvió a ocupar ayer formalmente el cargo de titular del PJ luego de renunciar tras la última derrota electoral, una renuncia que en un primer momento no había sido aceptada y que luego, en los hechos, fue más bien tomada como una 'licencia' en el cargo (ver nota relacionada).

Por otra parte, Mussa declaró a la agencia Nova que pidió una audiencia con el juez federal Sergio Torres, el cual lleva adelante la investigación por la compra de los dos millones de dólares y su relación con la ruta de la efedrina.

La denuncia va dirigida a la responsabilidad por los hechos donde se realizó la supuesta compra de los dólares que podrían ser de la comercialización de la efedrina.

"Todos los involucrados terminan en el mismo origen, toda una operación nefasta desde este Gobierno y varios de sus integrantes –señaló Mussa-. Le plantee este tema a la Corte Suprema y me respondió que debía recurrir a los jueces, por lo que solicito y una audiencia pública urgente, dado la gravedad de los hechos delictuosos que presumo se cometieron y que quiero denunciar”.

“A pesar del intento del ex presidente Néstor Kirchner de justificar la compra de dos millones de dólares, a mí hoy no me surgen las dudas por la escueta explicación sobre la operación luego de repasar la declaración del matrimonio presidencial”, expresó Mussa.

Y puntualizó: “Kirchner aseguró que compró dos millones de dólares sin fines especulativos, porque los utilizó para pagar el Hotel Alto Calafate. La pregunta cae de maduro: ¿por qué no hizo una transferencia en pesos a la cuenta en dólares de los vendedores?”

“Además –enumeró el candidato presidencial-, de su declaración jurada se desprende que la pareja presidencial siempre apostó a la divisa estadounidense. Desde 1999, los Kirchner tienen la mayor parte de sus ahorros en dólares, e incluso un año antes de la operación contaba con US$ 12.680.000”.

“Es decir, al momento de la compra del Alto Calafate ya contaban con dólares para enfrentar la operación, porque se hizo la compra de algo que ya poseía”.

“No existió obviamente posibilidad de beneficio cambiario toda vez que el pago realizado fue en la misma moneda por la cual se efectuaron dichas adquisiciones de divisas”, señaló el ex presidente en el comunicado para desprenderse de interpretaciones especulativas. “Pero el Hotel Alto Calafate estaba dolarizado –dijo Mussa-. Por lo tanto, el matrimonio presidencial hizo, de todas formas, una diferencia a su favor de más de un millón de pesos al día de hoy”.

“La operación no es tan transparente –consideró-. Y el Dr. Kirchner debe brindar más detalles de las operaciones bancarizadas. No especificó los bancos, cuentas, entidades bancarias, ni mostró documentación que respalde su descargo, porque en la realidad estas operaciones no existen”.

En el texto de la denuncia, Mussa expresa: “Ha llegado el momento de la verdad para todos los argentinos, y en base a todo lo expuesto, formulo que se tenga por formulada la presente ampliación de denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente. También solicito que se me autorice a constituirme como parte querellante dada mi legitimación, de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino, y se me autorice la audiencia pública; y, por ultimo, solicito que se cite a declaración indagatoria al Dr. Néstor Kirchner, se tomen las medidas cautelares que permitan que la investigación no se interrumpa”.

“Dispongan las medidas de prueba pertinente, cómo y en que bancos realizó las supuestas operaciones a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación”, concluye la denuncia.

# Mussa denunció al matrimonio K y a De Vido

Hace un mes, un fiscal federal pidió que se investigue la posible responsabilidad de Cristina de Kirchner, su marido Néstor Kirchner, y el ministro de Planificación de las dos gestiones, Julio De Vido, en una contratación al parecer irregular para la compra de 800 mil litros de gasoil para el dragado de una hidrovía.

La investigación es impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán en base a una denuncia que presentó el dirigente peronista Juan Mussa.

El fiscal Marijuán presentó semanas atrás un requerimiento de instrucción ante el juez federal Claudio Bonadío para que investigue si los tres incurrieron en delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y lavado de dinero.

En su pedido, la Fiscalía reclamó que se investigue si hubo sobreprecios en la compra de gasoil destinado a un "uso de calidad primaria" por parte de la Administración General de Puertos para el dragado de la Hidrovía.

Según un informe periodístico publicado por La Nación, al parecer no se realizó una licitación sino un concurso de precios entre empresas petroleras y ganó, entre cuatro oferentes, la compañía Sualier SA.

En su denuncia, Mussa sostuvo que el precio que pagó el Estado por los 800 mil litros de gasoil era muy superior al de mercado, por lo que el fiscal pidió a empresas de hidrocarburos un informe de precios para compararlos

 Urg24 20100312 Este Gobierno llevó a la desaparición demás de 60.000 productores. ……………………………….

 20100314 LN Certificado de defunción del BCRA

La confirmación de Mercedes Marcó del Pont configuraría el fin de la autonomía de la entidad monetaria

 La muy probable ratificación de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del Banco Central (BCRA) por el Senado de la Nación confirmaría lo poco que al oficialismo y a algunos de sus ocasionales aliados les importa la autonomía de la entidad monetaria, que pasaría a convertirse en un mero apéndice del Poder Ejecutivo.

La licenciada Marcó del Pont adscribe a un modelo de administración económica sujeta a la rigidez ideológica que entiende el desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno, con una competitividad garantizada por la política cambiaria, inversiones inducidas por una fuerte intervención estatal en todas las áreas y el funcionamiento de un Consejo Económico Social que convalide tales políticas. Un esquema con marcado sesgo anticapitalista y corporativo.

La titular interina del BCRA es una militante del "modelo" kirchnerista. Descree de la necesidad de una autoridad monetaria dotada de autonomía y considera un error limitar su misión esencial a preservar el valor de la moneda. Es probable que en esas ideas se encuentre la causa que la llevó a ignorar la vigencia de la ley 24.144 que establece en su artículo 3º que el BCRA no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.

En efecto, en su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado reconoció que la noche anterior a la reunión de la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner le informó del decreto inédito y le ordenó ejecutarlo.

En su defensa, argumentó que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y debe ser cumplido. Se trata de una interpretación pobre e insuficiente para un dirigente político con responsabilidades de Estado.

La ley impide que la autoridad monetaria pueda declinar funciones, como el manejo de las reservas "sin autorización expresa del Congreso Nacional". Sin perjuicio de ello, Marcó del Pont transfirió igual las reservas, sin orden expresa y con público conocimiento de la existencia de una orden judicial -la sentencia de la jueza Sarmiento-, que impedía transferir reservas sin la previa intervención del Congreso.

El nuevo DNU es un instrumento excepcional que sólo cambió de número, tanto que sus considerandos son idénticos al DNU 2010/09. Luego Marcó del Pont desobedeció una orden judicial.

Por su parte, la ley 26.122 sobre control de DNU y el Código Civil disponen que los decretos rigen desde su publicación en el Boletín Oficial. Según la cronología de los hechos expuestos por la funcionaria, ella convocó el lunes 1° de marzo, a las 12, a una reunión del directorio del BCRA que terminó a las 15, y ordenó al gerente general la transferencia a las 14, mientras que el decreto fue publicado en una edición extraordinaria del boletín a las 16.

Es difícil de aceptar que una operación financiera de esa complejidad pueda obtener dictámenes técnicos y completar el circuito administrativo en pocas horas. Así lo demuestra que el directorio no tuvo en cuenta, al decidir, que los abogados del BCRA en los Estados Unidos habían dictaminado oficialmente que ese tipo de transferencia implicaría un embargo en Nueva York sobre las reservas por miles de millones de dólares. A pesar de este riesgo, la transferencia se hizo.

Hay, en consecuencia, razones suficientes para rechazar el pliego de la candidata por falta de idoneidad profesional para cumplir con las funciones encomendadas. Sin embargo, en realidad el fondo del desendeudamiento oculta las deficiencias y grietas de un modelo agotado, y en los cambios del BCRA subyace la idea de poner fin a la autonomía de la institución.

La verdadera discusión versa sobre la consistencia de un modelo económico kirchnerista, acosado cada vez más por el déficit fiscal y la inflación.

Si en estos tiempos de fragmentación y de posiciones políticas volubles el oficialismo puede capturar los votos para otorgar el acuerdo a Marcó del Pont, estaremos ante una victoria pírrica, que lejos estará de generar el consenso suficiente para respaldar una gestión que nace con la señal de la sumisión y la abdicación de facultades frente a la desmesura y la prepotencia de una administración encerrada en sí misma.

Quedaría al descubierto, una vez más, una concepción de la política que encubre la voluntad de ejercer el poder sin limitaciones, y que se ha evidenciado también en el grave anuncio presidencial según el cual se desconocerán aquellos fallos judiciales que, a juicio de la primera mandataria, constituyan un "palo en la rueda". Algo que, lisa y llanamente, implica la destrucción de la viga maestra del edificio republicano

20100314 LN Bajo el signo de la desconfianza   por Néstor Scibona

Los Kirchner no van a cambiar. Nunca van a admitir un error, ni abandonar la premisa de que el fin justifica los medios, independientemente de lo que ocurra con el Congreso o con el manejo del Banco Central. Van a recalentar la economía todo lo que puedan, fogoneando la demanda interna para mejorar sus chances electorales en 2011, pero, si la inflación se descontrola, no dudarán en victimizarse y respaldarse sólo en sus pocos aliados.

En síntesis, éste es el diagnóstico que, con matices más o menos dramáticos, predomina hoy en el ambiente empresarial. El común denominador es la desconfianza, porque la política económica oficial alimenta la inflación, al tiempo que la minimiza en sus estadísticas y distorsiona todo. La víctima es la inversión privada. Nadie quiere arriesgar porque desconoce el final de la película; o, tal vez, porque cree que se trata de la remake de la vieja película argentina del viaje ahora y pague después, que sin duda no merecerá un Oscar.

A casi tres meses del conflicto de poderes que desató el Fondo del Bicentenario, la situación es paradójica. La inyección de confianza que el Gobierno buscó aplicar a los tenedores de títulos públicos derivó innecesariamente, por la intransigencia oficial, en un clima de desconfianza generalizado sobre las expectativas económicas de corto y mediano plazo. Nadie piensa en un default de la deuda, pero nadie descarta escenarios conflictivos.

Hoy la situación está más empantanada que a comienzos de enero. El kirchnerismo, que confirmó no tener un plan alternativo al uso directo de reservas del BCRA para financiar al Tesoro, sólo apuesta ahora a reemplazar el segundo DNU por la ley Verna, sin certeza de que pueda pasar por el filtro de Diputados. Mientras tanto, el pago a acreedores privados se mantiene bloqueado a pesar del amago presidencial de no acatar la última resolución judicial. Mercedes Marcó del Pont, quien quedó fortalecida ante la frágil mayoría opositora en el Senado, sólo dejó en claro su alineamiento con el Poder Ejecutivo. Pero omitió plantear si el BCRA actuará como un dique de contención de la inflación o terminará impulsándola. Por ejemplo, no precisó, porque insólitamente no hubo preguntas, cuál sería el efecto de liberar otros $ 30.000 millones (por adelantos y ganancias contables del BCRA) para cubrir aumentos del gasto público (entre ellos la asignación por hijo y los aumentos a jubilados y a estatales), ya comprometidos pero aún no incluidos en el presupuesto 2010.

¿Hay plafón para un replanteo en serio del presupuesto en el Congreso, o bien para otro DNU que eleve unilateralmente el gasto como ocurrió en años anteriores? La respuesta no puede ser afirmativa en ninguno de los dos casos, teniendo en cuenta el clima de desconfianza que predomina en el Congreso; tanto entre el oficialismo y la oposición, como entre los distintos bloques del heterogéneo arco opositor. Una prueba de ello es que hasta los propios legisladores que impulsan el cambio en la coparticipación del impuesto al cheque dan por descontado un futuro veto presidencial si el proyecto llegara a convertirse en ley. La oposición, en rigor, tampoco tiene un plan alternativo para el caso de reabrirse el presupuesto que, presuponen, es una caja de pandora.

La precariedad fiscal comenzó a provocar inquietud entre proveedores y contratistas del Estado, que advierten incipientes demoras en los pagos. Pero también hay desconfianza entre otros actores que están recuperándose del bajón productivo de 2009.

Quienes se ven beneficiados con el aumento del consumo interno y la actividad desconfían por el efecto que puede tener la aceleración inflacionaria no admitida por el gobierno kirchnerista. Quienes disponen de la cosecha récord de soja o aumentan sus exportaciones industriales a Brasil temen que el tipo de cambio sea el ancla para contener la inflación y quede retrasado frente a la creciente evolución de los costos internos. Los sindicatos más fuertes se aprestan a reclamar en paritarias aumentos salariales con un piso de 25% para 2010, pero pocos se atreven a firmar por un año. Quienes no tienen el mismo poder de negociación (cuentapropistas, jubilados, trabajadores informales, desocupados) sufren en carne propia cómo la mayor inflación deteriora rápidamente sus ingresos: no hay mejor prueba que comparar cuál era el poder adquisitivo de un billete de $ 100 hace un año y a cuánto equivale hoy. Difícilmente la baja sea de sólo $ 9 como surge de las inverosímiles estadísticas del Indec. La alternativa de frenar consumos tampoco es válida, porque la expectativa de mayor inflación hace que los aumentos de precios terminen por convalidarse.

No son las únicas señales de desconfianza. En febrero se intensificó la salida de capitales que se había revertido en el último trimestre del año pasado. Según el último informe del Banco Ciudad, llegó a US$ 1200 millones. En los principales bancos privados también causa extrañeza la baja demanda de crédito de las pymes, a pesar de tasas de interés fijas de 12%, notoriamente negativas frente a la inflación.

Otro tanto ocurre con la demora en el canje de deuda, que el ministro Amado Boudou lanzó en su momento como una pieza clave para el cambio de expectativas y la baja del costo de financiamiento para el sector privado, pero sigue frenado en la SEC (Security Exchange Commission). Nadie lo dice públicamente, pero la razón es que el organismo regulador estadounidense no termina de digerir el impacto de la manipulación de las estadísticas del Indec sobre los títulos públicos ajustables por CER. Un cálculo de la consultora Econviews, que dirige Miguel Kiguel, le pone números a ese efecto: en los últimos tres años, el Gobierno se "ahorró" el pago de US$ 1500 millones entre intereses y amortizaciones, a la vez que redujo en US$ 16.800 millones el stock de deuda ajustable (que pasó a 12.000 millones, frente a los 28.800 millones que hubiera alcanzado con la verdadera inflación del período). La contrapartida es que la Argentina no podría obtener ahora financiamiento externo a tasas inferiores al 13% anual, cuando en 2007 había colocado Bonar VII a una tasa de 7,7%. Tampoco se dice que, de no haberse producido por desconfianza la fenomenal fuga de capitales durante ese período, las reservas del BCRA que hoy son motivo de debate, bien podrían superar los 65.000 millones de dólares.

La evidencia de que el kirchnerismo no va a cambiar de libreto también se advierte en otras señales. Empresarios de primer nivel no ocultan que hoy tienen más interlocutores entre dirigentes de la atomizada oposición que entre funcionarios del Gobierno; allí se habla más de cómo manejar la herencia económica pos 2011 que de incertidumbres coyunturales. El giro no debe extrañar. Muchos han abierto un paréntesis en sus planes de inversión hasta 2012, ante la presunción de que, sólo con reglas más previsibles y un puñado de políticas de Estado, la economía argentina podría reaccionar entonces como si se liberara de un resorte apretado.

 110310 LN El caudillismo todavía atrasa     por Pedro Siwak

 EL caudillismo nació en la Argentina y también en el resto de América latina algún tiempo después de haberse proclamado la independencia, como una respuesta al vacío de poder producido por esos años. Los caudillos se caracterizaban por provenir de la clase alta -por lo general, eran estancieros- y conformaron un ejército propio y poderoso. Defendieron las fronteras, participaron en las luchas por la independencia, desafiaron los desbordes del debilitado poder central y contaron con el respaldo de los sectores populares de sus provincias.

En su momento, fueron los defensores de las ideas federales, que se contraponían a las concepciones de los porteños. Desde Buenos Aires, éstos favorecían la política de producir materias primas y comprar productos importados, muchas veces elaborados con nuestras exportaciones. Los caudillos decidieron, entonces, ejercer un poder autónomo, para limitar las políticas del gobierno central.

El problema es que el caudillismo se instauró hace ya doscientos años, pero continúa todavía vigente.

Howard J. Wiarda y Michael Kryzanek, dos investigadores de los Estados Unidos especializados en temas latinoamericanos, al realizar, años atrás, una investigación sobre la política en la República Dominicana, describieron las características comunes de los caudillos.

Sostuvieron que los caudillos tienden a permanecer en su puesto por un período extenso (continuismo), desprecian el orden legal y minan, dominan, domestican o cancelan las instituciones de la democracia liberal. Construyen, así, las condiciones necesarias para su perpetuación en el poder.

Casi ningún caudillo permanece poco tiempo en su puesto, y su salida siempre es forzada.

Por gobernar de una manera autocrática, suprimen la oposición, crean partidos y movimientos oficiales y favorecen la formación de partidos únicos o de movimientos que los respaldan y que se proyectan hacia el futuro.

Desarrollan políticas públicas que les permiten enriquecerse, tanto a ellos como a su clientela y a los que pertenecen al círculo de íntimos y favoritos que los rodean. Entre el pueblo reparten de manera discrecional los recursos de que disponen. Normalmente dirigen su ayuda a sectores determinados, y la cobran en obediencia.

Los caudillos tienden a ver poca diferencia entre el dominio público y el privado; ellos operan dentro de una concepción patrimonialista y con frecuencia usan su puesto y el aparato del gobierno para su ganancia personal. Esta situación propicia que algunos caudillos hayan llegado a amasar fortunas considerables.

El resultado a mediano y largo plazo es la descapitalización del país, el disparo de la inflación y cuentas difíciles de pagar a los acreedores externos e internos.

Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señaló que a lo largo del último siglo, la historia de América latina expresa la búsqueda, más o menos exitosa, de respuestas o alternativas a la crisis oligárquica, con una marcada dificultad por sustituir el orden oligárquico por un orden democrático.

"En esa búsqueda, puede decirse que la respuesta más característica de nuestra región a la crisis oligárquica y a los devaneos históricos posteriores, de oleadas de democratización y autoritarismo, ha sido el populismo. Esta es la única creación verdaderamente latinoamericana. El liberalismo ha sido más bien marginal, más propio de las elites que de los pueblos, y ha ido más de la mano del autoritarismo que de la democracia", afirma.

El político chileno Patricio Navia dice que los países donde existen formaciones partidarias estables y fuertes tienen menos riesgos de experimentar fenómenos populistas. Dicho de otro modo: las experiencias populistas en esos países sólo aparecen asociadas al debilitamiento de los partidos políticos.

"Así, la existencia de verdaderos partidos políticos es una condición necesaria, aunque no suficiente, para evitar la irrupción del populismo."

Cualquier coincidencia con la vida real es pura casualidad.

Pero el asombro surge naturalmente cuando se comprueba, al recordar nuestros doscientos años de historia, que el proceso político ha sido lo suficientemente exiguo como para que el caudillismo siga vigente en la Argentina, mientras que países como Uruguay, Chile y Brasil están dictándonos cátedra de civismo, sin que por aquí se vislumbren estadistas.

Pero quizás el mayor problema es que quienes gobiernan las provincias utilizan el poder para convertirse, prácticamente, en estancieros. Muchas de nuestras provincias son verdaderos feudos, es decir, territorios en los que la oposición, la Justicia y los medios están sujetos al poder. Este estilo de gobierno está enquistado en la mayoría de las provincias argentinas, lo cual no nos permite abrigar optimismo como para que la Argentina pretenda iniciar su crecimiento como país. Crecimiento no sólo económico, sino, fundamentalmente, institucional.

Afirman que los grandes cambios se producen desde la raíz o, como diría Alfredo Zitarrosa, desde el pie. Han transcurrido doscientos años. Busquemos en otros terrenos signos positivos que nos permitan celebrar con alegría nuestro Bicentenario. © LA NACION

Pedro Siwak es escritor y rector del Instituto Grafotécnico

 Temas de la Justicia

20100311 LN Malhumor y temor en los tribunales   por Adrián Ventura

 El Gobierno está travistiendo nuestro sistema: impera en la Argentina un régimen cada vez más autoritario, apenas revestido con una lábil máscara de democracia. En efecto, el régimen de división de poderes ha quedado reducido a un disfraz que no logra disimular que el Poder Ejecutivo pretende erigirse como único poder del Estado.

En el Congreso, el oficialismo peca por exceso y la oposición, por impericia. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, va más allá y atribuye los reiterados errores de ese sector a ciertas complicidades con el oficialismo. Pero también la Justicia es objeto de ataques cada vez más frecuentes y profundos.

Luego de las criticas de la presidenta Cristina Kirchner contra los jueces, a los que acusó de "alquilarse" y de no ser independientes respecto de los poderes económicos, el máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, no tenía margen para darles la espalda a los integrantes de la Justicia. Hubo en la Corte un Judas que advirtió al Gobierno lo que se avecinaba. Aun con una respuesta muy prudente y que llegó algo tarde, la Corte hizo lo que debía. No obstante, la Presidenta, con mucho más apresuramiento que tino, contraatacó y dijo que la "censuraban".

Pero hubo otros ataques más solapados e igualmente peligrosos contra los jueces. La jueza federal María José Sarmiento, que en enero suspendió el primer decreto para apoderarse de las reservas, está sufriendo en carne propia la segunda denuncia penal en su contra: la Procuración de Tesoro la acusó de haber tramado un imaginario fraude procesal, pero como el juez federal Julián Ercolini, en una sentencia que rescata su actuación, la sobreseyó, ahora la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia presentó una nueva denuncia penal. Muchos otros jueces son víctimas de presiones similares o temen sufrirlas. El malhumor contra los Kirchner y el miedo se apoderan de la Justicia.

Por otro lado, el diputado Alejandro Rossi (FPV), cuando dijo en una reunión de comisión en la Cámara de Diputados que, en lugar de modificarse el Consejo de la Magistratura, debería investigarse a los jueces, a sus cónyuges y a qué colegios y clubes asisten sus hijos, expresó una visión clasista de la sociedad, tan anacrónica como el marxismo, y excesivamente estatista. Confesó que los jueces deben estar cortados por la tijera ideológica del Gobierno. A confesión de parte, relevo de pruebas

 20100314 LN  Aníbal Fernández, el encargado de reasignar  partidas. Presupuesto virtual : falta cubrir unos $ 55.000 millones.

La ley aprobada ara este año es imposible de cumplir por la subestimación de los gastos …..

 20100320 LN Para los analistas, el ajuste ya llegó con la inflación

Afirman que el Ejecutivo optó por mejorar su situación fiscal a costa de perjudicar a la gente  por Martín Kanenguiser

 Equidistantes de las chicanas entre el Gobierno y la oposición, los economistas privados afirman que, lejos de evitar el ajuste, la presidenta Cristina Kirchner ya comenzó a llevarlo a cabo con una inflación en torno del 25 por ciento anual.

Consultados por LA NACION, Ricardo Delgado, de Analytica, Roque Fernández, de la Ucema, y Orlando Ferreres coincidieron en señalar la dicotomía que plantea casi cotidianamente la Presidenta junto con su gabinete de ministros.

El ex ministro de Economía Roque Fernández indicó que "el Gobierno ya decidió ajustar por la vía de la inflación, que podría acumular un aumento del 80% este año y el próximo, hasta el final de la gestión de Cristina Kirchner".

"Si se cumpliera esta previsión inflacionaria, se licuará todo el aumento del gasto. Por esa razón, lo que la Presidenta no dice es que, mientras que el ajuste fiscal lo debería pagar el Gobierno, con el ajuste por inflación ella les puede echar la culpa a los demás", sostuvo.

Para el economista, que también fue presidente del BCRA en la gestión de Carlos Menem, "el gobierno que venga tendrá que hacer igualmente un programa de estabilización", sobre todo en materia fiscal.

En tanto, Delgado sostuvo que "con la inflación aumentan los ingresos y licuan parte del gasto, porque en realidad deberán subir los subsidios al sector privado".

Delgado, asesor del precandidato presidencial Francisco de Narvaez, dijo que "sostener la inflación en una zona del 20 al 30 por ciento anual es riesgoso y provocará una creciente apreciación del peso", es decir, una pérdida de la competitividad del país frente al resto del mundo.

En tanto, Ferreres señaló que, más allá de los juegos de palabras de la Presidenta, "el ajuste alguien lo va a hacer; la cuestión es si se puede postergar o no".

"De hecho, el Gobierno intentó hacerlo por medio de un aumento de las tarifas a los servicios públicos que afectaba al estamento social de mayor consumo y lo frenaron, porque hacer un ajuste siempre es impopular", dijo.

Ferreres sostuvo que "nadie quiere hacerse cargo de la parte difícil de la política económica, pero la situación actual no es sostenible en el largo plazo, por lo que los platos rotos se pagarán vía inflación o recesión".

Fin de época

En paralelo a que se conocía el resultado fiscal de febrero, que mostró un aumento del 36% en el gasto primario (ver sección Economía), Ferreres pronosticó un final de época.

"Menem tenía que devaluar y no lo hizo, lo cual provocó después de la crisis en el gobierno de la Alianza. Si este gobierno no modera el aumento del gasto, al próximo presidente le va a ir peor", opinó.

Más allá de los matices, los analistas económicos creen que el Gobierno no desacelerará el ritmo de aumento del gasto público superior al 30%, de cara a un proceso electoral que parece, una vez más, haberse adelantado demasiado.

 20100307 LN Los planes opositores para pagar la deuda   Martín Kanenguiser

Ante el desafío presidencial, los economistas hacen su aporte

 La piedra la lanzó días atrás la presidenta Cristina Kirchner, al jurar que si la oposición presenta una alternativa superadora al pago de deuda con reservas, ella la "adoptará".

En diálogo con LA NACION, los economistas y referentes de todo el resto del arco político recogieron el guante.

Y afirmaron que lo primero que debe hacer el Gobierno es permitir que se rediscuta el presupuesto 2010 con proyecciones más realistas de gastos e ingresos. De ese debate, surgirá un dato más certero sobre el agujero fiscal para pagar la deuda.

No menos importante, afirmaron, es sincerar las estadísticas manipuladas desde 2007 y dejar de lado las hipótesis apocalípticas de "reservas o default" con las que el Gobierno se siente tan cómodo, pero que aparecen bastante lejos de la realidad.

Video: Los cruces: Presidenta vs. Congreso

Laura Montero (senadora mendocina del Frente Cívico Federal, cercana a Cobos): "Ellos plantearon ingresos alterados por el Indec y egresos subestimados, así que hace falta un par de herramientas para poder analizar nuevamente el presupuesto. Si hubiera un plan claro para el Indec, uno podría pautar un monto disponible de las reservas en caso de un efecto monetario neutro".
"Además, si se toman estas medidas, bajaría el riesgo país y se podría lograr un financiamiento razonable en el mercado. Mientras tanto, pueden usar adelantos transitorios y utilidades del BCRA, más la refinanciación de organismos y de bonistas", indicó Montero.

Fernanda Reyes (diputada por la Coalición Cívica): "No hay que tocar las reservas y deben dejar de usar el ajuste inflacionario que carcome los salarios. Deben reformular el Indec y discutir la deuda pública en la comisión bicameral. Con un presupuesto que esconde el déficit, es difícil pensar en otras ideas".

Ricardo Delgado (consultor y asesor de De Narváez): "Faltan US$ 4500 millones, no es demasiado, pero con déficit financiero no se puede enfrentar. Hay que discutir el presupuesto, pero con un criterio bianual, incluyendo el ejercicio 2011, sin necesidad de ajustar el gasto".
"Pueden colocar deuda de corto plazo en el mercado local con algunos bancos a una tasa negociada", agregó el economista ante la consulta.

Claudio Lozano (diputado de Buenos Aires para Todos): "Hay que pagar con reservas lo más limitadamente posible, sólo para los pagos en dólares, no en pesos, para no crear más inflación. Además, habría que revisar la legitimidad no sólo de los pagos que están en el decreto del Gobierno, sino de toda la deuda".
"Lo lógico es que el Poder Ejecutivo mande un proyecto correctivo del presupuesto, porque si se cuenta la deuda de las provincias, el agujero llega a $ 90.000 millones. ¿Vías para cubrirla? Por ejemplo, subir las contribuciones patronales a su nivel de 1992 aportaría $ 15.000 millones; revisar exenciones impositivas por $ 27.000 millones a petroleras y mineras, y subsidios, por $ 40.000 millones, concentrados en grandes empresas", detalló.
Lozano también propuso volver a discutir el pago de los intereses del Boden 2012, que "se dieron para salvar a los bancos en la crisis y ahora lo pagamos todos".

Rogelio Frigerio (economista asesor del peronismo no kirchnerista): "Varios legisladores siguen estando dispuestos a usar las reservas, pero no de esta forma, sino por medio de un proyecto de ley".
"Y además hay que tomar deuda porque los vencimientos deben pagarse con flujo, no agotar más los stocks. ¿O acaso es usurario pagarle s15% a los mercados pero no a Venezuela?", disparó el analista.
Frigerio indicó que posiblemente el Gobierno apele a un bono contra las ganancias del BCRA y del Banco Nación. "Si lo hacen, podrían tener recursos por $ 50.000 millones", precisó el titular de la consultora Economía & Regiones.

Mario Brodersohn (economista de la UCR): "Todo surge de tener mal las estimaciones del presupuesto 2010. Los números son pura fantasía, así que los ingresos en realidad superan en $ 50.000 millones los números oficiales por la cosecha y la inflación. Y no hay gastos incluidos, como las jubilaciones, asignación universal, fútbol y Aerolíneas Argentinas".
"No queremos ni bajar el gasto social ni ir al default: hay que hacer más automáticos los subsidios y las transferencias a las provincias. Si el Gobierno se niega, habrá un choque fenomenal", advirtió el socio de la consultora Econométrica.

US$ 4382
millones

Es el monto contemplado en el Fondo de Desendeudamiento Argentino para cancelar servicios de la deuda con tenedores privados.

$ 55.000
millones

Es la cifra faltante del presupuesto nacional, según los cálculos admitidos por funcionarios presidenciales a

Entrevistas de Gabriel Sued y Laura Serra

 Elisa Carrió / Diputada de la Coalición Cívica

20100307 LN "No puede negociarse si se cumple o no la ley"

 Pese a las críticas del Gobierno y de sectores de la oposición, Elisa Carrió insiste en que Cristina Kirchner es una "presidenta de facto". Y, aunque considera que hay que ser prudente, dice que "podría llegarse" a pedir su destitución.

-¿Por qué dice que Cristina Kirchner es una presidenta de facto?

-Hay que distinguir entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. En el ejercicio puede alterarse el orden constitucional. Es cuando un presidente democrático se convierte en un gobernante de facto. A sabiendas de que no podía dictar el DNU porque estaba en funcionamiento el Congreso, ella lo dicta igual y después, simulando el cambio de decreto, lo ratifica. Esto se agrava cuando dice que no va a obedecer a la Justicia.

-¿El uso que la Presidenta hace de los DNU es tan diferente que el de gobiernos anteriores?

-Nunca fueron de tanta gravedad que tocaran las reservas. Tiene que intervenir el Congreso. Distinto es si estuviéramos en presencia de algún sismo y estuviera en juego la vida de los argentinos. Me parece importante que la Presidenta se ocupe de organizar la Defensa Civil.

-¿Dice que debería prepararse para un terremoto?

-No digo que vaya a suceder; digo que no tenemos cuestiones preventivas en una materia tan difícil y con todo lo que está sucediendo en América latina.

-Fernando de la Rúa lanzó el megacanje por decreto; Eduardo Duhalde, la pesificación. ¿Ellos eran presidentes de facto?

-Absolutamente. Yo denuncié penalmente el megacanje y a Duhalde, por la pesificación asimétrica. Y también denuncié que era un golpe lo que sucedía en 2001. Actué con la misma vara cuando era oficialista.

-¿Qué salida le ve a este conflicto?

-Depende de los Kirchner.

-En la oposición hay dirigentes que la critican por lo que consideran una radicalización del discurso político.

-No hay que confundir. El arma de Kirchner es el atropello a las instituciones; la nuestra, la Constitución. Y en eso somos durísimos.

-¿La Presidenta debe terminar su mandato?

-Sí. La oposición se lo va a garantizar, en la medida que ella respete la Constitución.

-¿Este conflicto puede poner en peligro la finalización del mandato presidencial?

-Hay que preguntárselo a los Kirchner. Mi compromiso es defender la Constitución, eventualmente, hasta el punto de pedir la destitución constitucional de un presidente que la viole.

-¿En este caso puede pedir la destitución?

-Podría llegarse. Pero quiero ser muy prudente.

-¿Qué opina de las negociaciones abiertas?

-No puede negociarse si se cumple o no la ley. Ese es el mayor error de la oposición dialoguista: el que juega a este diálogo puede volver a ser trampeado

LA MAS DURA DE TODOS

La líder de la Coalición Cívica dice que negociar es una trampa y advierte que Cristina Kirchner podría ser destituida si desconoce fallos judiciales y gobierna por decreto.

 20100314 LN Miserias y fracturas de los políticos  por Joaquín Morales Solá

 Un senador opositor desparrama su depresión en un desvencijado sillón después del triunfo oficialista en el caso Marcó del Pont. ¿Cómo seguirá la política?, le preguntan. La respuesta cae, seca y rápida: Será un lodazal. Un shopping permanente para la compra y venta de votos . La oposición tiene sus diferencias partidarias, y hasta ideológicas, pero lo que sucedió en los últimos días no se inscribe en esos desacuerdos congénitos. Una mezcla de intereses políticos personales y de intercambio de favores, también personales, fue lo que espoleó la derrota de los opositores.

Carlos Menem sentó hace poco un precedente: sólo la deslealtad de un senador opositor podía dejar a la Cámara alta sin quórum. Carlos Verna (que le dio al Gobierno el mejor proyecto de ley posible sobre el manejo de las reservas) abrió otro camino para la inconsistente coalición de senadores opositores: se puede ir y venir entre la oposición y el oficialismo en un paseo sin dificultades. Los impopulares Kirchner podrían cosechar de esas deserciones más de lo que se propusieron: toda sociedad reclama, al fin y al cabo, un gobierno. La gente común detesta la anarquía y la oposición no le da mucho más, hasta ahora, que un desorden estéril.

La verdad es que los opositores no saben ni siquiera cuántos son. Sectores del peronismo disidente sospechan, por ejemplo, que Francisco de Narváez está negociando con el kirchnerismo la reunificación del peronismo. El candidato que venció a Kirchner en junio pasado suele explicar, en efecto, que la Argentina necesita de la reconstrucción del poder y que esa faena sólo la puede acometer el peronismo unificado. Esa reunificación peronista necesita de los sindicatos y del kirchnerismo, sin los Kirchner , repitió en los últimos días.

Felipe Solá se cayó de espaldas cuando el también diputado Alfredo Atanasof, que milita con De Narváez, lo desayunó con una noticia inesperada. Quiero avisarte formalmente que iniciamos una negociación con el kirchnerismo , le zampó Atanasof. ¿Por qué? , se inquietó Solá. Mirá, Kirchner sabe que él ya no tiene destino, pero no quiere que Cobos sea el próximo presidente. Está buscando al tercer candidato , le explicó Atanasof. Ese es Scioli , le replicó el ex gobernador. No estoy seguro , le dijo Atanasof. Dejame darte un anticipo: Kirchner se los comerá crudos a todos ustedes , cortó Solá.

Kirchner les aseguró a gobernadores peronistas, en Chaco, que él no será el candidato presidencial. Primera coincidencia con Atanasof. También propuso en su discurso público chaqueño la reunificación del peronismo, incluidos, dijo, los que se han ido. Segunda coincidencia, esta vez con De Narváez. Insistentes versiones señalaron en los últimos días que De Narváez se había reunido en secreto con Julio De Vido, con Florencio Randazzo y con Juan Carlos Mazzón, el eterno operador de Kirchner. Voceros inmejorables de De Narváez afirmaron que esas reuniones no existieron, pero es cierto que preexiste una antigua comunicación entre el diputado opositor y De Vido.

Lo cierto es que el peronismo disidente no pudo bajar a la sesión especial de la Cámara de Diputados (en la que Elisa Carrió quedó en soledad) porque las tropas de De Narváez se negaron a acompañar al resto. Los moderados , les llama a éstos el felipismo. De Narváez reclamó también una modificación de la actual ley electoral con los votos de todo el peronismo unido en la Cámara de Diputados y en contra del resto de la oposición no peronista.

De Narváez aspira a ser candidato presidencial (sólo se bajaría frente a la improbable postulación de Carlos Reutemann, ha dicho) y quiere ser la expresión de todo el peronismo; por eso necesita al kirchnerismo. Su único y monumental escollo es que tiene un conflicto personal con la Constitución. No es argentino nativo ni sus padres son argentinos. Carece, en principio, de los requisitos esenciales para ser presidente.

De Narváez cree que sorteará ese escollo con una relectura de la Constitución por parte de la Corte Suprema de Justicia, que debería resolver su caso, dice, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, es perceptible cierto escepticismo entre varios jueces del máximo tribunal de justicia, porque no hay ningún precedente internacional en condiciones de avalar su pretensión. El mismo requisito argentino existe en casi todo el mundo.

Verna venía anunciando un proyecto de ley sobre las reservas y presentó otro. Cristina Kirchner saludó la noticia con algarabía. ¿Qué pasó? Imposible saberlo con certeza; sólo cabe la conjetura. Verna es un hombre escurridizo, que oscila entre la ambigüedad y el silencio. Nadie sabe nunca si está llegando o si se está yendo. Perteneció a la dirigencia de senadores que en el año 2000 estalló con el escándalo de los sobornos. Fue el único que sobrevivió.

La senadora Hilda Duhalde le preguntó hace unos días a Verna cómo votaría él en uno de los casos en disputa en el Senado. En contra del Gobierno , le respondió Verna. ¿Y su compañera Higonet? , le repreguntó la senadora. No lo sé. El voto de ella es de ella , le contestó Verna. Es inverosímil que el duro Verna acepte tan mansamente una eventual división de un bloque de dos, que conforman María Higonet y él mismo, jefe político de su compañera de bancada. Verna es así. Algo pasó , señaló, seguro, uno de los senadores del bloque kirchnerista en alusión al imprevisto acercamiento de Verna.

La supuesta senadora opositora Roxana Latorre (que adelantó que le salvará la vida a Marcó del Pont) es una ex colaboradora de Reutemann, aficionada a nombrar ordenanzas y jueces, inspectores y secretarias en la administración pública. Su despacho es una especie de bolsa de trabajo permanente. Cuentan ex funcionarios kirchneristas que ningún diálogo con Latorre es posible si no se empiezan aceptando sus muchos pedidos de empleos, traslados y ascensos.

Tiene personas muy cercanas en puestos clave de la Oncca, el organismo oficial que controla el comercio de granos. Productores rurales suelen recurrir a ella para reclamar los pagos atrasados de subsidios. Con esas formas, su situación es muy vulnerable frente a un gobierno que no duda en echar de la administración, en el acto, a todos los empleados que responden a legisladores díscolos. Latorre no podrá volver a Santa Fe , coligió Reutemann.

El gobierno tiene, además, un enorme sistema de información para detectar debilidades de sus adversarios. Intentó llevarse a la senadora liberal correntina Josefina Meabe, con la promesa de permutar su voto por un cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes para un abogado de su partido. No pudo. Chocó antes con la negativa del senador radical Nito Artaza; el popular actor es el único senador que debe explicar en la calle sus posiciones parlamentarias.

Los radicales no andan en estas permutas, pero hay cierta incompetencia en su actual liderazgo parlamentario. Una interna radical puso en duda también la continuidad del presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy. El funcionario es radical y debe ser propuesto, según la Constitución, por el principal partido de la oposición para ocupar ese cargo. Su mandato concluirá en los próximos días, pero algunos radicales quieren cambiarlo.

Despouy ha sido el contralor más tenaz y eficaz en el seguimiento de los actos del Gobierno, aun cuando fue duramente asediado por el kirchnerismo. Despouy conserva en su cabeza cada caso de supuesta corrupción del Gobierno. Ahora, una disputa radical podría sacarlo del medio.

Los senadores que se han ido con el Gobierno volverán con la oposición y después se irán de vuelta. Ese juego será interminable y es la estrategia de ellos. Una adscripción definitiva al kirchnerismo les impediría seguir cotizando en Bolsa. Nunca harán eso.

 20100312 PERFIL Desestabilizan la democracia quienes violan sus compromisos   Carlos Carranza

La actitud de la Senadora Latorre la tiene que explicar ella misma, sobre todo porque eso es lo que esperan quienes la votaron en la Provincia de Santa Fe el 28 de junio del año pasado. Lamentablemente, esto es un acto de transfugismo político digno de quienes no tienen compromiso alguno con la gente, ni con la política, ni con el peronismo; y pone en duda la verdadera autenticidad de su representación y mandato, porque puede ocurrir lo mismo en el futuro.

 Quienes la votaron creo que nunca pensaron que Latorre iba a hacer lo que hizo, espero que reflexione y vote en la dirección que votó la gente y lo que pretende la mayoría del pueblo argentino, que es poner límites al autoritarismo de los Kirchner; porque nadie ha puesto en discusión la honestidad o los antecedentes de Merceces Marcó del Pont, sino que lo que está en juego en la decisión del Senado, es si va a haber más inflación, más autonomía del Banco Central, mayor independencia del Poder Ejecutivo, y en definitiva, si vamos a defender el valor de nuestra moneda; sin perjuicio de la persona de la presidenta del Banco Central.

 La senadora debe recordar que el 28 de junio del 2009 el kirchnerismo sacó el 9% de los votos en la provincia de Santa Fe y que su decisión no responde legítimamente a la voluntad popular expresada en las urnas y ha herido su ejercicio soberano por lo que quiebra el contrato moral y ético que debe tener un senador de la Nación con su pueblo y sus representados.

Aunque busque justificaciones en la desestabilización o en una fantasiosa conspiración destituyente -cosa que no existe y está totalmente equivocada pues la pérdida de las mayorías parlamentarias de un gobierno suelen ser la consecuencia de esa soberanía popular-, su actitud en el Senado de la Nación ha vulnerado el principio y la base fundamental de toda democracia que es aceptar las reglas de juego, el debate con las nuevas mayorías y gobernar en el sentido que han indicado las urnas.

En el caso de "Santa Fe Federal", la alianza que llevó su nombre en la boleta, y ante el primer gesto de afinidad que tuvo la senadora con el oficialismo, nuestra actitud política fue pública, categórica, coherente. En forma transparente fue separada del bloque y la repetición de este hecho confirma que lo ocurrido en su decisión anterior, de habilitar el tratamiento de las facultades delegadas en agosto del 2009 y que permitió al Ejecutivo mantener la presión tributaria sobre el sector productivo más importante y dinámico del país, nos demuestra que no fue casual sino un ejercicio deliberado de mutar su voto por razones que deberá explicitar mejor, porque no se puede creer que acuse sin sentido a todo el mundo de golpistas, pero que no se exprese concretamente sobre las personas, hechos y circunstancias que supuestamente pondrían en peligro la gobernabilidad de esta gestión presidencial y justifique con esas falsas acusaciones sus propios desatinos.

El autor es diputado nacional, integrante del sector que lidera Carlos Reutemann