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El reciente acto en el Teatro Argentino de La Plata, que sirvió para el lanzamiento de la candidatura presidencial de la senadora y primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, dejó más dudas que certezas acerca del supuesto cambio que tanto se ha pregonado desde los afiches callejeros ideados desde el oficialismo.
Tanto el discurso de la flamante postulante a suceder a su esposo en la jefatura del Estado como muchos otros detalles del mitin político revelaron muchas más señales de continuidad que de cambio.
Mientras la senadora por la provincia de Buenos Aires hablaba de una "democracia sin palos" y de su apuesta por la vida, en adyacencias del lujoso teatro platense un buen número de militantes kirchneristas que competían, como de costumbre, por ocupar el mejor lugar, se enfrentaba a palazos limpios.
Al tiempo que la candidata por el Frente para la Victoria se refería a la existencia de una nueva cultura, era acompañada por los mismos barones del conurbano, abanderados del clientelismo y del prebendarismo que, en su momento, estuvieron con Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y que el jueves último contribuyeron con el kirchnerismo llevando gente al acto.
La primera dama afirmó que los argentinos necesitamos certezas. No dijo una sola palabra, sin embargo, sobre varias de las cuestiones que más incierto tornan el futuro de la Argentina: la inseguridad y la corrupción. Tampoco hizo referencias concretas a la incertidumbre que implica la falta de estadísticas en un país en serio, como proclama el eslogan que hizo famoso el oficialismo.
Nuestro país enfrenta un escenario extremadamente delicado, a partir de la ya innegable crisis energética, la inflación reprimida y una desordenada política de subsidios sostenida en un superávit fiscal que sólo existe por la continuidad de instrumentos de política impositiva distorsivos, como las retenciones y el llamado impuesto al cheque, creados por anteriores gobiernos y de los cuales se ha beneficiado la actual administración nacional, en virtud de un manejo claramente discrecional de buena parte de los recursos.
Llaman poderosamente la atención las alusiones efectuadas por la candidata presidencial del oficialismo a la calidad institucional, cuando fue ella una de las impulsoras de la inconstitucional reforma del Consejo de la Magistratura, efectuada con el propósito de dotar al poder político del control de ese órgano, y de un mecanismo de aprobación parlamentaria de los decretos de necesidad y urgencia que sólo acentuó el presidencialismo exacerbado.
La senadora Fernández de Kirchner también anunció que convocará a representantes de las empresas y de los trabajadores a un acuerdo que permita fijar metas para el mediano y el largo plazo. Si bien la Argentina tiene una larga experiencia en esta clase de concertaciones, la mayoría de las veces frustrantes, no deja de ser positivo el llamado, teniendo en cuenta que el gobierno actual se resistió durante cuatro años a un diálogo constructivo con los sectores de la producción que no sean los grupos económicos amigos del poder.
Es de esperar que la convocatoria que trazó la candidata esté acompañada, si llega a la presidencia de la Nación, por un diálogo político tendiente a la edificación de políticas de Estado sobre las grandes asignaturas pendientes del país. Los antecedentes del gobierno de Néstor Kirchner no nos permiten ser muy optimistas al respecto: el actual primer mandatario también habló en su momento de una concertación política, pero ese mensaje sólo se tradujo en un intento, exitoso por cierto, por cooptar a algunos sectores del radicalismo que gobiernan varias provincias.
Si la primera dama y candidata presidencial desea efectivamente dar señales de que sueña con una nación sin exclusión social, debería recordar que la exclusión tiene su correlato en la existencia de privilegios para algunos. A pocas semanas del comienzo formal de la campaña electoral, la postulante del Frente para la Victoria debería recordar que el hecho de ser la esposa del Presidente no le da derecho a utilizar los resortes del Estado, entre ellos el personal de la Presidencia de la Nación y el helicóptero presidencial, para sus actividades proselitistas, como lo viene haciendo desde 2005, cuando fue candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Tampoco debería tener privilegios que no tienen otros ciudadanos, como la adjudicación de dominios en Internet reservados exclusivamente a organismos gubernamentales, como lamentablemente ha ocurrido.
Los gobernantes no se deben a intereses propios, ni a propósitos particulares. La gestión pública debe servir sin distingos, sin más reglas que el ordenamiento de la ley y sin otro fin que el interés general. En su sentido más genuino, el servicio público no da cabida a privilegios ni exclusiones, puesto que impone deberes para con toda la sociedad.
Presentación del CELS ante la OEA
una medida que promovió Néstor Kirchner hace 12 años, cuando era gobernador de Santa Cruz, el Estado argentino cuenta desde hace casi un mes con una nueva denuncia en su contra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la última semana del mes pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acusó al país por la falta de respuesta en el "caso Sosa". Así se conoce la remoción irregular, concretada en 1995, del entonces procurador general de Santa Cruz, Eduardo Emilio Sosa.
El desplazamiento del funcionario se decidió por una ley provincial que desdobló en dos la Procuración General. Sosa debió abandonar su cargo sin un juicio político previo y, pese a que la Corte Suprema ordenó su reposición, nunca recuperó su lugar.
En la presentación que hizo el CELS en Washington se afirma que, por la falta de resolución del caso Sosa, el Estado argentino violó diversos derechos garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Sobre el Estado nacional, en particular, se dice que "violó los derechos a la protección judicial y a contar con un recurso efectivo".
El CELS acusó a la provincia de violar "los derechos y garantías" del ex funcionario y de mantener "una situación que implica la afectación de la independencia del Poder Judicial y de debilitamiento del Estado de Derecho", según consta en el escrito firmado por Gastón Schiller, director ejecutivo del organismo.
De acuerdo con el reglamento de la CIDH, en las próximas se le correrá traslado de la demanda al Estado argentino para que presente su descargo en un plazo de dos meses. Después la comisión resolverá si admite o no el caso. Este proceso no tiene plazo.
"Para nosotros éste es un caso paradigmático de vulneración de la independencia judicial en las provincias. Creemos que la intervención de la comisión puede ayudar a consolidar la democracia en la Argentina", dijo a LA NACION Andrea Pochak, directora del área jurídica del CELS.
Problema nacional
La presentación se suma a otras que hizo el organismo ante la CIDH acerca del avance del poder político sobre la Justicia en las provincias. En 2003, denunció las destituciones irregulares de dos juezas de San Luis, Adriana Gallo y Ana María Careaga. El caso ya está en la Corte Interamericana, el superior a la CIDH. Antes, se había quejó por la destitución de Luis Leiva como juez federal de Mendoza. La comisión también tiene en estudio, en otros temas, la falta de esclarecimiento del ataque a la AMIA.
En la denuncia del CELS se reconstruye con detalle el proceso judicial que atravesó Sosa. Apenas fue destituido, el ex procurador cuestionó la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz y ante la Corte Suprema, que en 1998 (cuando Kirchner aún era gobernador) ordenó la reposición de Sosa en su cargo. Pero la provincia nunca acató el fallo.
Ante una nueva intimación de la Corte Suprema, en abril de 2005, el TSJ resolvió indemnizar a Sosa con 1.216.182 pesos. Pero el ex funcionario rechazó el pago y volvió a reclamar ante la Corte el cumplimiento del fallo de 1998. El máximo tribunal todavía no resolvió ese planteo.
"La implementación de la ley que tuvo por efecto remover a quien fuera el procurador general de Santa Cruz por un medio distinto del previsto por la Constitución provincial -dice la denuncia del CELS- importó la vulneración de la estabilidad en el cargo de un funcionario judicial y el avance de los poderes políticos sobre el Ministerio Público de Santa Cruz."
El ex procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa dice que hace algunos años dejó de ser una persona para transformarse en "un caso".
El caso Sosa tuvo su último capítulo fuerte hace dos años cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia resolvió desoír otra vez el fallo de la Corte Suprema de la Nación que ordenaba reponerlo en su cargo y le pagó a cambio una indemnización millonaria. El dinero sigue intacto en la cuenta de un banco.
-¿Por qué rechazó la indemnización de Santa Cruz?
-Más allá de la cifra tentadora, yo tenía una obligación y un deber. El principio de independencia del Poder Judicial implica que los funcionarios sean inamovibles. ¿Qué pasaría, si no, si viniera un gobierno y empezara a ofrecer indemnizaciones para comprar renuncias de los jueces que molestan?
-¿Por qué decidió llevar el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-El tema institucional se potencia. Porque ya no está sólo en juego la inamovilidad de los jueces, sino también la falta de acatamiento de los fallos de la Corte Suprema. Si se mantiene, mi antecedente puede ser muy peligroso. Después tendré que reclamar reparaciones económicas, pero lo primero y lo que ahora está en debate es el tema institucional.
-¿De qué trabaja desde que lo echaron de la procuración?
-Soy abogado. Asesoro legalmente a la Municipalidad de Río Gallegos.
-¿Habló de eso con Kirchner?
-No, nunca hubo ninguna conversación. Al Presidente sólo lo conozco protocolarmente.
-¿Piensa que hay independencia judicial en la Argentina?
-Hay jueces independientes, pero también hay actitudes institucionales que juegan en contra. Este antecedente tiene un valor paradigmático sobre cómo puede el poder político tratar de sacar a alguien que le incomoda dentro del Poder Judicial. No hay que dejarlo pasar.
Editorial I
La relación del presidente Néstor Kirchner con los gobernadores provinciales ha estado signada por los intentos a menudo exitosos de "cooptación" desde el Poder Ejecutivo Nacional, mucho más que por la búsqueda de consensos genuinos.
No ha habido en los últimos cuatro años convocatoria alguna a los mandatarios provinciales para discutir políticas de Estado. Tan sólo llamados para que aquéllos hagan número y golpeen sus palmas a la hora de ciertos anuncios rimbombantes desde la Casa Rosada.
Sin embargo, no hace mucho, el primer mandatario, al anunciar obras públicas en provincias patagónicas, se expresó en favor de que "el gobierno que venga sea mucho más federal", al tiempo que sostuvo que el país no se agota en la General Paz.
La palabra presidencial no parece despojada de cierta hipocresía, en tanto que el actual gobierno no ha hecho absolutamente nada para favorecer el tan postergado debate sobre la reforma del régimen de coparticipación federal. Se trata de una exigencia de la Constitución Nacional modificada en 1994, que obligaba a fijar una nueva normativa antes de 1996. Once años han pasado tras el vencimiento de ese plazo constitucional y no hay siquiera atisbos de que la cuestión pueda llegar a discutirse.
No hay voluntad política en el gobierno nacional para debatir un nuevo régimen de coparticipación. Nadie ignora que buena parte del poder que ostenta el jefe del Estado proviene de la fuerte centralización de la recaudación fiscal y de la discrecionalidad con que las autoridades nacionales manejan el presupuesto para obras públicas en el interior del país, lo que bien se ha dado en llamar "unitarismo fiscal".
Es ésta la consecuencia de la existencia de un Estado nacional rico con provincias cuyas cuentas fiscales están cada vez más débiles.
Mientras el Estado nacional ha podido exponer en los últimos años un superávit fiscal del orden del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno gracias a la recaudación no coparticipable que le aseguran las retenciones a las exportaciones y el impuesto al cheque -tributos distorsivos que heredó de las anteriores administraciones-, las provincias comienzan a sufrir un progresivo déficit.
La situación parece más crítica en jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, curiosamente los dos distritos que más recursos aportan a la masa de recursos coparticipables. El distrito porteño apenas recibe el 1,4 por ciento de ellos pese a aportar alrededor de la cuarta parte de los fondos; la más grande provincia del país, en tanto, ha perdido nueve puntos de coparticipación desde la reapertura democrática de 1983.
La candidata presidencial por el oficialismo, pese a haber sido elegida senadora por la provincia de Buenos Aires, nada ha hecho para que el distrito al cual representa recuperase una mínima parte de aquellos recursos perdidos. Al mismo tiempo, desde el gobierno nacional se le está negando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la posibilidad de contar con los fondos que hoy se destinan a la Policía Federal en el caso de que ésta pase a depender de las autoridades porteñas, pese a que la Constitución Nacional es muy clara al respecto.
El doble discurso de la Casa Rosada sobre el federalismo queda en evidencia una y otra vez.
La desconsideración oficial pudo advertirse también este verano, cuando el gobierno nacional dispuso unilateralmente un aumento de sueldos a los docentes de todo el país, sin discutirlo previamente con los gobiernos provinciales.
Como hoy los recursos provenientes del régimen de coparticipación son insuficientes para las provincias, se emplean como compensación aportes del Tesoro Nacional y otras transferencias, manejadas discrecionalmente desde el Poder Ejecutivo Nacional, frecuentemente en función de criterios electorales.
No sería descabellado pensar que, en lo sucesivo, esa ayuda a las provincias se vea disminuida frente a un escenario caracterizado por la crisis energética y la consecuente necesidad de inversiones del sector público; el aumento del gasto público por el injustificado crecimiento de la administración central y por los nuevos jubilados que está absorbiendo el Estado, y las dificultades para obtener financiamiento a tasas convenientes. Esto podría provocar en pocos meses más reclamos de las provincias a la Nación.
Ante este complicado panorama, es menester que tanto la relación Nación-provincias como el futuro régimen de coparticipación federal comiencen a debatirse seriamente.
Ese debate debería contemplar el incremento de la correspondencia entre las responsabilidades provinciales de gastar con las de recaudar; la búsqueda de fórmulas tendientes a mejorar la calidad del gasto público y, en lo posible, reducirlo, y la transferencia a las provincias de facultades para recaudar determinados impuestos nacionales.
Nada de esto podrá hacerse si desde el poder central persiste una posición cerrada, que reniega del diálogo y que confunde concertación con cooptación política.
20070810 LN Otro escándalo sin explicación oficial
Más dudas que certezas ha aportado hasta ahora el Gobierno con sus tardías, confusas e incompletas respuestas sobre la valija con casi 800.000 dólares en efectivo que se le incautó al empresario venezolano Guido Antonini Wilson al llegar a Buenos Aires, procedente de Caracas, en un vuelo chárter rentado por Enarsa, sociedad manejada por el Estado argentino.
El vuelo arribó en la madrugada del sábado último al aeroparque metropolitano, pero el Gobierno y Enarsa demoraron cuatro días en exponer su versión de los hechos, lo cual resultó más que sugestivo.
Hasta el momento, ningún funcionario y menos aún el Presidente explicaron qué destino tenía el dinero, lo cual crea suspicacias tanto por las sumas millonarias que se manejan en los contratos con Venezuela y las ventas de bonos argentinos como por los casos de corrupción que últimamente han involucrado a funcionarios de nuestro país. Llama también la atención que quien sí podría haber explicado el propósito de ingresar en el país con semejante suma haya podido salir fácil y raudamente del país con destino a Uruguay, en cuestión de horas, pese a que podía estar implicado en delitos mucho más graves que una mera infracción aduanera.
Poco claro ha sido el motivo de la presencia de cinco venezolanos entre ocho pasajeros en un avión privado cuyo alquiler fue pagado por Enarsa. El presidente de esta compañía, Exequiel Espinosa, era uno de ellos y, sin embargo, en el Gobierno no hubo la menor sospecha sobre su proceder. En cambio, se prescindió de los servicios de Claudio Uberti, hombre de máxima confianza del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que se vio forzado a dejar su cargo de director ejecutivo del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi).
En su papel de defensor frecuente de cuanto funcionario sea sospechoso de corrupción, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que hubo "un abuso de la buena fe de los funcionarios argentinos por parte de funcionarios venezolanos que les pidieron que trajeran a una persona con una valija con semejante cantidad de dinero sin que nadie lo supiera". El ministro del Interior, Aníbal Fernández, por su parte, dijo que, en realidad, debemos sentirnos como él, "orgullosísimos" de que "los funcionarios [de la Aduana] hayan actuado como tenían que actuar" en el aeroparque metropolitano.
Surgen más dudas que certezas, insistimos. La primera: ¿es habitual que el Estado pague vuelos privados, de alto costo, para funcionarios con cargos intermedios, en lugar de utilizar aviones de línea? No parece convincente la respuesta del ministro Fernández sobre la inclusión de Antonini Wilson en el vuelo: "Como había lugar, ¿por qué no traerlo". Tal afirmación da lugar a otra pregunta: ¿es habitual que presuntos desconocidos viajen en vuelos privados sólo porque sobran asientos?
Menos convincente aún parece la excusa brindada por el jefe de Gabinete sobre la escasa frecuencia de vuelos entre Caracas y Buenos Aires, en especial para un gobierno que presume de su rechazo del despilfarro de otros tiempos. En esos otros tiempos, durante el gobierno de Carlos Menem, las valijas con dinero de su cuñada, Amira Yoma, esposa del traficante de armas Ibrahim Al Ibrahim, ingresaban en el país sin control aduanero alguno.
Da la casualidad, dentro del mar de especulaciones que desató este nuevo episodio de corrupción, de que una bolsa con dinero encontrada en el baño de su despacho ministerial forzó la renuncia de la ex ministra Felisa Miceli y que, por valijas con 60 kilos de cocaína halladas en el aeropuerto madrileño de Barajas, dejó de operar la compañía aérea Southern Winds.
En un año electoral, en el cual siempre se sospecha que los fondos para las campañas pueden provenir de rutas poco habituales y cubiertas de neblina, y tras los recientes escándalos de corrupción que todavía jaquean al Gobierno, la sociedad espera de las autoridades nacionales algo más serio que respuestas tardías y tan poco convincentes, que no han despertado más que una ola de rumores sobre el dinero incautado.
Si los funcionarios involucrados pertenecen al área de De Vido, ¿por qué se quiso atenuar el escándalo sólo con la separación de Uberti de su cargo? ¿Acaso el ministro no debería responder por hechos de esta magnitud?
Es en estas circunstancias cuando se advierte la necesidad que tiene la República de consolidar sus instituciones y de tener una oposición firme que no dependa de la ocurrencia de tal o cual candidato o legislador, sino de partidos que honren el bien común. Mientras tanto, el misterio de la valija debe ser aclarado e investigado hasta las últimas consecuencias. De lo contrario, sentará otro precedente de impunidad.
Cuesta creerle al presidente Néstor Kirchner cuando proclama públicamente que por primera vez se combate en serio la corrupción, "le toque a quien le toque y caiga quien caiga".
Tales frases, casi calcadas de las que una década atrás pronunciaba otro jefe del Estado, Carlos Menem, no parecen tener en cuenta que la corrupción no se combate con palabras, sino con hechos. Y que, en todo caso, esos hechos no pueden pasar por el simple desplazamiento de un funcionario de segunda línea para inmediatamente esconder toda la basura debajo de la alfombra y simular que aquí no ha pasado nada.
Antes que bonitos discursos para la tribuna, la lucha contra la corrupción en el sector público requiere real voluntad política. Y, fundamentalmente, decisión para terminar con un modelo de gestión que, cada vez más, está enquistando en el Estado redes de negocios capaces de encubrir verdaderas asociaciones ilícitas.
Es sabido que la corrupción en el aparato estatal deriva, junto con las actitudes deshonestas de los funcionarios, de un alto grado de discrecionalidad, de bajos niveles de transparencia y de una elevada sensación de impunidad para cometer delitos.
La Argentina sufre desde hace mucho tiempo serios problemas estructurales y de insuficiente calidad institucional para enfrentar aquellos fenómenos. Lamentablemente, durante el período kirchnerista, esos factores se han agravado.
El inadecuado funcionamiento de los organismos de control de la administración pública y de los servicios públicos; la falta de transparencia en las concesiones de obras públicas; la existencia de fondos fiduciarios con escaso control; el otorgamiento de superpoderes al Poder Ejecutivo para reasignar en forma discrecional partidas presupuestarias; la proliferación de los subsidios estatales adjudicados sin participación del Congreso de la Nación; la creación de fundaciones financiadas con fondos públicos para desarrollar actividades propias del Estado, con el fin de burlar las auditorías de los órganos destinados a ese efecto, y finalmente, la presión que sobre los jueces implica un Consejo de la Magistratura dominado por el sector político oficialista, conforman un cóctel explosivo.
No es casual que los organismos de control hayan sido objeto de tantas sospechas en los últimos meses. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) perdió a su titular por las derivaciones del escándalo Skanska. El Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), dirigido hasta hace días por Claudio Uberti, despedido por el sonado caso de la valija con casi 800.000 dólares, también es sospechado por sus notables demoras en la resolución de expedientes vinculados con posibles sanciones a empresas concesionarias de rutas. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ha dejado de ser un órgano confiable desde el momento en que se designó como una de sus máximas responsables a Alessandra Minnicelli, la esposa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
Contrariamente a lo que algunos funcionarios, empezando por el Presidente, pretenden hacernos creer, no parece existir ninguna voluntad política para enfrentar la corrupción administrativa.
Basta con advertir la absurda defensa que se hizo de la ex ministra de Economía Felisa Miceli hasta que finalmente se decidió la separación de su cargo, o los débiles argumentos con que se intentó justificar distintos actos reñidos con la ética de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti.
Basta con evaluar la falta de condena siquiera verbal hacia la decisión de la empresa estatal Enarsa de alquilar una aeronave privada por una suma sideral para trasladar desde Caracas a Buenos Aires a dos funcionarios argentinos y a un grupo de invitados de la empresa petrolera venezolana, además del misterioso "señor de la valija".
Basta con apreciar la desmesurada expansión de los negocios y el consecuente enriquecimiento que en los últimos años han experimentado algunos hombres de empresa amigos del poder kirchnerista, o con advertir que el propio presidente de los argentinos ha hecho saber, en su última declaración jurada patrimonial, que es socio de un empresario investigado por la utilización de facturas falsas, supuestamente para encubrir sobreprecios en los gasoductos del caso Skanska.
Basta con observar la misma declaración de bienes personales del primer mandatario y detectar que algunas de sus propiedades, compradas recientemente, son registradas a precios absurdos comparados con los valores reales del mercado inmobiliario, práctica en la cual también incurren otros ministros de su gobierno.
Basta con ver el a todas luces injustificado uso de resortes del Estado para la campaña proselitista de la candidata presidencial del oficialismo, hecho que ya se había verificado cuando se postuló como senadora por la provincia de Buenos Aires dos años atrás, sin que mediara ninguna explicación oficial.
Cuando el primer mandatario se jacta de tener las manos limpias, debería tener presente que la falta de transparencia está mucho más cerca de lo que se pretende hacer creer.
Néstor Kirchner reinterpreta la realidad a su gusto, pero no logra esconder los problemas que hay debajo de la superficie Foto: Huadi
La primera mitad de los demonizados años 90 demostró que, cuando la economía crece y los ganadores son muchos más que los perdedores, buena parte de la sociedad deja en segundo plano los escándalos de corrupción gubernamental.
Tal vez la historia pueda repetirse ahora. O tal vez la propia recuperación económica haga que muchos que alcanzaron ciertos niveles de consumo postergados, también pasen a reclamar por valores éticos dejados de lado.
Sin embargo, los tres años de fuerte recuperación y dos de alto crecimiento que le otorgan al kirchnerismo una importante carta de triunfo para las próximas elecciones presidenciales, no alcanzan a ocultar que hay problemas debajo de la superficie. Y que, en todos los casos, la invariable respuesta oficial fue enmascarar la realidad con sofismas. O sea (según la definición del Diccionario de la Real Academia Española ), con "razones o argumentos aparentes con que se quiere defender o persuadir lo que es falso".
En los últimos días los sofismas estuvieron a la orden del día en declaraciones oficiales muy poco creíbles. Ya sea para desafiar la lógica del escándalo que llegó en avión desde Venezuela, como para encubrir despropósitos que tarde o temprano terminan afectando la credibilidad y la confianza. Y, por consiguiente, a la economía en general y los bolsillos de todos:
· No es creíble que haya habido un millonario polizón que transportaba casi 800 mil dólares en efectivo en un avión privado de sólo diez plazas.
· No es creíble que, si así hubiera sido, los funcionarios de Enarsa que fletaron ese vuelo hayan cometido el "error" de permitirlo y no denunciar el caso a la Justicia.
· No es creíble que haya sido necesario pagar casi 10.000 dólares por pasajero para un viaje a Caracas destinado a acordar el anuncio de una planta regasificadora en la Argentina, cuya construcción demandará no menos de dos años.
· No es creíble que el caso quede cerrado sólo con la remoción de Claudio Uberti, el funcionario que cobraba sueldo por conducir el organismo de control de las concesiones viales en la Argentina (Occovi), pero oficiaba de enlace de múltiples negocios con el gobierno de Hugo Chávez por ser hombre de confianza del ministro Julio De Vido. Al igual que en los casos Skanska y Miceli, la reacción oficial sólo apareció cuando los escándalos llegaron a los medios y a la opinión pública.
El episodio es la punta del iceberg de otros interrogantes acerca de los personajes y organismos involucrados, cuya respuesta está bien lejos de la transparencia que se proclama desde los despachos oficiales.
Hoy resulta casi imposible conocer cómo se maneja la importación de combustibles pesados desde Venezuela (el único país desde el cual se puede traer gasoil exento de impuestos locales) y cuál es el rol de Enarsa, una suerte de agencia gubernamental multipropósito en el área energética. No hay datos de licitaciones ni cifras específicas. La única aproximación es que en 2006 las importaciones energéticas totales de la Argentina treparon a 1700 millones de dólares y en el primer semestre de este año alcanzan a casi 1000 millones (incluso gas boliviano y electricidad brasileña).
Otra incógnita es saber con qué criterios maneja el Occovi la inversión en la red caminera. Desde hace casi cuatro años, los concesionarios viales sólo se ocupan de cobrar el peaje y las obras son decididas y licitadas por el Estado. Lo mismo ocurre con los pagos, en los que han reaparecido las fórmulas de ajuste por mayores costos, además de los subsidios (al transporte de cargas).
Distorsiones económicas
Pero no sólo en estos casos se apela a los sofismas. También hubo uso y abuso en la caracterización de problemas que afectan a la economía:
· Aunque el ministro De Vido dio prácticamente por superada la crisis energética y anunció la gradual eliminación de las restricciones eléctricas a la industria, no se sabe cómo se atenderán los picos de demanda del verano ni a qué costo. El déficit entre demanda y oferta es estructural y no se resolverá, en el mejor de los casos, hasta mediados de 2009.
· Si el índice de precios al consumidor (8% anual) "refleja la realidad" y no es manipulado, como aseguró el secretario Guillermo Moreno, no se explica por qué la inflación minorista en el interior del país viene creciendo a un promedio de 15% anual, lo mismo que el nivel general de precios mayoristas.
· Si la política económica es pro inflacionaria (la demanda aumenta más que la oferta) y además hay aumentos estacionales (verduras, lácteos), no hay razón para que los índices tiendan a moderarse como, según el Indec, ocurrió el mes pasado.
· Para el jefe de Gabinete, es preferible que el IPC sea bajo porque de lo contrario se benefician los acreedores con títulos ajustables por CER (su equivalente financiero). Esta controvertida afirmación no sólo despierta más sospechas sobre la confiabilidad del IPC oficial e irritación en los consumidores. También deja de lado que entre los afectados se encuentran antiguos ahorristas "acorralados" y futuros jubilados que ahorran a través de las AFJP, además de inversores de buena fe que creyeron en la palabra oficial.
· La desconfianza en el CER hace además que suban las tasas que el Estado debe pagar al tomar nueva deuda. Chávez no hace beneficencia al suscribir bonos al 10.6% en dólares.
· El aumento del gasto público en el año electoral no sólo deteriora el superávit primario si se excluyen los ingresos extraordinarios provenientes del traspaso directo de afiliados de las AFJP al sistema de reparto (2800 millones de pesos en los últimos tres meses). En julio hubo déficit financiero del Tesoro (200 millones) por primera vez en cuatro años. Así se debilita uno de los pilares del modelo.
· La ley de responsabilidad fiscal es letra muerta y no sólo porque este año el Gobierno pidió y obtuvo del Congreso permiso para violarla: la suba del gasto supera en todas las jurisdicciones el aumento nominal del PBI.
· Si la actividad industrial sufrió con las restricciones energéticas, el dinamismo del campo la compensó con creces. No hubo reconocimiento oficial a esta respuesta, aunque haya sido motorizada por los altos precios internacionales.
· Si el "enemigo" político es otra vez la Sociedad Rural, como quedó demostrado con el desplante oficial, tampoco se explica por qué el Presidente no ha concurrido a otras muestras temáticas del sector que, junto con el petrolero, es el mayor aportante de retenciones.
Ahora que los mercados financieros internacionales muestran una alta volatilidad, el peor camino es seguir acumulando factores que aumenten la desconfianza; ya sea por falta de transparencia como por reinterpretar una realidad que ya no muestra su mejor cara. A menos que opte por acentuar un deterioro de expectativas que alejen a la economía del Paraíso y le otorguen ese típico sesgo de "viaje ahora y pague después" que caracterizó a tantos períodos del pasado.
El verbo castellano "corromper" está ligado al verbo latino rumpere , "romper", pero es sólo cuando se le antepone el prefijo latino cum - (o nuestro castellano "con-"), que se obtiene el verbo "co-rromper"; "romper junto con otro". El que "corrompe" o "se corrompe" participa entonces de una acción compartida. Hacen falta dos para bailar el tango. También hacen falta por lo menos dos para que haya un acto de corrupción, porque no es una acción individual sino "colectiva". El homicidio puede ser un delito individual, en el que uno es la víctima y el otro el victimario. Desde el momento en que es una acción que se consuma entre dos o más, la corrupción implica, al contrario, complicidad . No me corrompo: sea quien haya sido el tentador y quién el tentado, nos corrompemos.
Aquí reside la extraordinaria peligrosidad social de la corrupción: en que ella atrae cada vez a un jugador más a su siniestro juego. Comenzando por el tentador, ella arrastra al tentado y tiene así un carácter expansivo . El tentado, que era inocente hasta el momento en que cayó en la tentación del tentador, puede convertirse después en un nuevo tentador que arrastrará a un nuevo tentado. La corrupción genera una serie de complicidades sucesivas hasta convertirse en una red de conductas convergentes, en una hidra de muchas cabezas que, aunque algún esforzado caballero corte aquí o allá a alguna de ellas, termina por proyectarse hacia la entera sociedad hasta configurar ya no actos aislados de corrupción sino un verdadero estado de corrupción, un proceso infeccioso que deja maltrecha a la nación.
Cuando el círculo de las complicidades se extiende lo suficiente, la nación cae en el pozo de un estado de corrupción, bajo una hidra de muchas cabezas de cuya acción maléfica un número creciente de funcionarios y empresarios ya no quedan exentos.
¿Qué "rompe" entonces el estado de corrupción? Rompe nada menos que el mayor capital social de una nación: la confianza entre sus miembros. Como el plus de coimas, trampas y favores que obtienen los miembros de una red de corrupción es ilegal y clandestino, la nación entera empieza a vivir en un estado de "sospecha" ( suspicio significa literalmente "miro hacia abajo, de reojo" al otro) en medio del cual se destruye la relación de confianza entre sus miembros. La corrupción, cuando se generaliza, disuelve el nexo mismo que nos une como conciudadanos, generando, más que una sociedad, un campo de batalla que amenaza con justificar el famoso lamento de Enrique Santos Discepolo, que quedemos "en el mismo lodo, todos manoseaos".
¿Dónde está Edipo?
Según la leyenda, a Tebas la asolaba un monstruo maligno, la Esfinge, que, después de proponer a sus transeúntes un enigma, los devoraba en el caso de que no supieran resolverlo hasta que Edipo, develando el fatal acertijo, la destruyó. Si la corrupción es la Esfinge de los argentinos, ¿quién será nuestro Edipo?
Con razón o sin ella, los argentinos comenzamos a percibir a la Esfinge a nuestras puertas en tiempos de Menem. Por eso en 1999 votamos a De la Rúa y la Alianza, porque habían prometido liberarnos de la corrupción. Pero el escándalo de los sobres en el Senado disipó esta ilusión.
Los "sobres", después, no hicieron más que crecer hasta volverse "bolsas" con Miceli y una enorme valija aerotransportada por un empresario venezolano y varios funcionarios venezolanos y argentinos, con motivo de la reciente visita de Hugo Chávez a nuestro país. Después de asomar detrás de las acusaciones contra Amira Yoma y de volver con Southern Winds, la valija se ha impuesto otra vez entre nosotros como el contenedor preferido de los envíos sospechosos. Edipo, mientras tanto, sigue ausente
¿Cómo tendría que proceder en todo caso un gobernante que estuviera dispuesto a destruir a nuestra Esfinge? Sabedor de la intensa inquietud que genera entre nosotros el triunfo recurrente de la corrupción en medio de esta campaña electoral, el presidente Kirchner se subió de inmediato al atril para anunciar con inesperada audacia que Edipo, después de todo, es él.
Llegó a afirmar así que su presidencia es la primera en combatir de veras la corrupción. Para demostrarlo ha comenzado a aplicar un remedio aparentemente drástico, que ha sido la expulsión del Gobierno de funcionarios imputados por sospechas de deshonestidad.
Kirchner ha despedido así a Fulvio Madaro y Néstor Ulloa para calmar el escándalo del caso Skanska. Aquí, todavía, no había bolsas ni valijas. Cuando éstos empezaron a multiplicarse, Kirchner echó a Miceli y, ahora, a Claudio Uberti.
Estas actitudes, ¿lo ponen a Kirchner en el camino de Edipo, o demuestran solamente que la corrupción de algunos de sus colaboradores ha dejado de ser sigilosa para convertirse simplemente en desfachatada porque esperaban la impunidad? Para aceptarle a Kirchner su reclamo, deberían cumplirse algunas condiciones. Otros funcionarios que han caído bajo imputaciones similares, por lo pronto, no han sido sancionados. Tal es el caso de Romina Picolotti, ampliamente denunciada por los desmanejos en la Secretaría de Medio Ambiente. Y en cuanto a Nilda Garré, la ministra de Defensa, fue protegida de inmediato por el Consejo de la Magistratura, que reactivó súbitamente el juicio político al juez Tiscornia, quien la había imputado.
Por otra parte, los funcionarios que han sido echados del Gobierno, ¿han recibido en verdad una severa sanción? ¿Cuál de ellos ha sido formalmente acusado o, incluso, detenido? ¿No se sospecha además que, en algunos casos, hay funcionarios de incierta conducta que han pasado a ocupar otra posición más discreta en el Estado? ¿Han sido sancionados o están protegidos?
Si Kirchner pretende ser nuestro Edipo, ¿cómo se justifica que aquel a quien se señala en el vértice de las sospechas, el ministro De Vido, continúe al lado del Presidente? Y si esto sigue así, ¿podrá liberarse finalmente el propio Kirchner, un presidente que todo lo controla, del clima de sospecha que ahora rodea a su Gobierno?
El engranaje
Jean-Paul Sartre imaginó, en su obra El engranaje , que un país del Tercer Mundo atravesaba una serie de revoluciones en cada una de las cuales un nuevo "liberador" derrocaba al anterior, denunciándolo por no cumplir las promesas de liberación que había difundido para justificar su golpe hasta que un tercer liberador lo derrocaba a su vez por no haber cumplido la misma promesa, y así hasta el infinito. Era el "engranaje" de los fingidos Edipos. En Brasil, Collor de Mello accedió a la presidencia con la solemne promesa de aniquilar a los "barones" de la corrupción hasta que a él mismo lo destituyó el Congreso por haber caído en el mismo vicio que había denunciado.
En las puertas de nuestro país, la Esfinge de la corrupción ya se hizo presente al comienzo de nuestro propio engranaje. De la Rúa y la Alianza fueron votados en 1999 a cambio de la promesa de eliminar a la Esfinge de la corrupción hasta que aparecieron los sobres en el Senado. En 2003, Kirchner se presentó y fue creído como el nuevo y verdadero liberador moral. Mientras se suman en rápida sucesión casos como el de Skanska, bolsas como la de Miceli y la valija venezolano-argentina que acompañó a Chávez, los argentinos parecemos condenados a seguir esperando a Edipo.
La situación de la candidata presidencial
preparó ayer en su casa la defensa y estuvo rodeada de amigos y familiares : Gustavo Seiguer
Será la primera vez que afrontará un juicio en su contra y, lo más grave, que podría resultar condenada. La candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, parece no conmoverse. Se la nota suelta, relajada, hasta contenta. Lo único que la preocupa es tranquilizar a su madre, Elisa, que recién llegada de Chaco revolotea inquieta por el departamento, y a sus hijos, que llaman por teléfono y le preguntan, nerviosos: "¿Mamá, podés ir presa?"
Carrió los tranquiliza. "No voy a ir presa. Al menos no con una primera eventual condena", aclara.
De todas maneras, habrá que esperar qué sucederá hoy, en este juicio oral que deberá afrontar por una denuncia por supuestas calumnias e injurias promovida por el empresario de la pesca Héctor Antonio.
La líder de la Coalición Cívica y candidata presidencial lo había acusado, junto a su socio de la firma Conarpesa Fernando Alvarez Castellanos, de haber instigado el crimen de Raúl Espinosa, también empresario pesquero.
El móvil, según Carrió, era apoderarse de los permisos de pesca de la empresa de Espinosa y, para ello, habrían contado con la anuencia del ministro de Planificación, Julio De Vido. Este funcionario y Alvarez Castellanos presentaron sendas denuncias penales contra Carrió.
El juicio de hoy se abocará a la demanda de Antonio. Si el fallo le fuese adverso, Carrió no irá presa, ya que la primera condena penal por calumnias e injurias suele ser de prisión en suspenso.
El problema sobrevendrá si en las otras dos causas -la de De Vido y la de Alvarez Castellanos- también resulta condenada. Si esto sucediese antes de octubre, o si el primer fallo quedase firme antes de las elecciones, entonces peligraría la candidatura de Carrió.
-¿Tiene miedo?
-No, hace años no tengo miedo. Yo quiero ir a juicio. Si mi ejemplo de estar dispuesta a no rectificarme de mi denuncia, de estar sentada en el banquillo de los acusados y asumir el riesgo de ir presa le sirve a esta Nación para darse cuenta que en la mentira y en la corrupción no se puede vivir, esto habrá tenido un sentido político trascendental.
-Entonces, no se retractará de sus denuncias.
-En absoluto. Mi única defensa va a ser la verdad. Renuncié a la banca de diputada nacional porque sabía que vendría este juicio y quería someterme a él como una ciudadana más, sin privilegio. Yo quiero a mi país, confío en la Justicia cualquiera sea el resultado. Si cumplí con el deber moral inexcusable de decir la verdad aunque nadie me escuchara, ahora tengo el deber moral de estar sentada en el banquillo de los acusados. Es una gran paradoja histórica: los que mataron a Espinoza están libres, los que robaron el país están libres y los que peleamos por la verdad vamos a juicio.
-¿Hay una persecución judicial en su contra?
-No (tajante). El juez (Luis Schlegel) actúa en forma correcta. El fijó la audiencia como corresponde tras agotar todos los recursos. En realidad, lo que sucede aquí es que yo estoy sentada en el banquillo de los acusados y el juez está por juzgarme porque otros jueces de la Nación no sentaron en el banquillo de los acusados a los que robaron, a los que asesinaron.
-¿Cree que hay una relación entre este juicio y sus denuncias por corrupción que formuló contra De Vido y Claudio Uberti?
-Mire, la historia tiene su propia lógica y el presidente Kirchner y su mujer quieren manejar la historia. Pero es la historia la que los está manejando a ellos. Si la historia sigue su rumbo de cambio, quizá la Justicia determine que sean ellos los que terminen presos. Ellos saben que si soy presidente, investigo. Y esto es un riesgo que el poder no quieren correr. Esto no lo asegura ningún otro candidato a la presidencia de la oposición, porque algunos tienen cosas para cubrir. Pero conmigo saben que no habrá impunidad. Esto lo saben Kirchner y su mujer.
-¿Teme que estas denuncias le impidan ser candidata?
-Voy a ser candidata. Y voy ser presidenta. Mire, la libertad excede el hecho de estar o no en prisión. Prisioneros estamos los argentinos de la mentira y la corrupción. Yo no voy a estar presa en la cárcel; yo estaría presa si no hablara, si no dijera la verdad. Si no peleara por la República, y ése es mi papel. Yo estoy contenta.
-¿No beneficia todo esto a su campaña por la presidencia?
-Yo no lo busqué. Son ellos los que me querellaron.
-¿Y si resulta absuelta?
-Me sentiré muy contenta porque dije la verdad. Yo no injurié, no calumnié, yo dije la verdad.
-¿Cree usted que una persona debería ir presa por expresarse, aunque pueda dañar el buen nombre de alguien?
-Yo no creo en eso. Yo nunca hice un juicio por injurias y calumnias a nadie durante mis 14 años de vida política. Por esa razón, si yo soy electa presidente en estas elecciones, voy impulsar la derogación de la norma. En todo caso, que quede en pie la posibilidad de la demanda civil por daños y perjuicios, pero no la vía penal. Porque esa es la forma que tiene el autoritarismo para hacer callar.
Por Laura Serra
En apoyo
· Desde Mauricio Macri, jefe de gobierno electo, y su compañera de fórmula, Gabriela Michetti, hasta sus ex aliados de la UCR Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros dirigentes, expresaron ayer su solidaridad con Elisa Carrió. Mientras desde ARI se organizó para hoy, a las 9, una concentración frente al Juzgado Correccional Nº 11 para manifestar su apoyo
El pulso político
Desde el principio, la estrategia comunicacional de la Casa Rosada frente al escándalo de la valija viajera pasó por pretender que la opinión pública creyera que los funcionarios argentinos fueron sorprendidos en su buena fe. En otras palabras, que en el gobierno argentino no hay ladrones, sino a lo sumo chambones.
Con la ansiada decisión de Hugo Chávez de despedir al vicepresidente de Pdvsa, cuyo hijo le habría pedido al ex funcionario argentino Claudio Uberti que subiera al avión de Enarsa al misterioso Guido Antonini Wilson, las autoridades argentinas creen haber avanzado en su estrategia. "Esta renuncia es la prueba más contundente de que decíamos la verdad", exclamó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Mal que le pese a Fernández, el caso no se terminará aquí. A nadie le basta con que el gobierno argentino se desprenda del supuesto responsable de haber dejado subir al avión al "señor de la valija" y con que las autoridades venezolanas hicieran lo propio con el funcionario de Pdvsa que habría gestionado un asiento para aquél. Aún queda por determinar el destino que tenían los casi 800.000 dólares que llevaba Antonini Wilson, cuántos otros maletines con dinero trajo en sus viajes anteriores a la Argentina y por qué una empresa de propiedad estatal que ni siquiera tiene ganancias, como Enarsa, dilapida alegremente nuestro dinero en vuelos chárteres de lujo para dos funcionarios y sus invitados.
Hay algo tan grave como lo anterior: la percepción sobre la íntima asociación entre el chavismo y el kirchnerismo comienza a recorrer el mundo. Y en momentos de pánico financiero internacional y de huida de capitales de los mercados emergentes, las imágenes de la sociedad Kirchner-Chávez sólo ayudan a ahuyentar aún más de la Argentina a los inversores.
Buena parte de la sociedad argentina, en especial después del escándalo de la valija, no alcanza a comprender los beneficios de aquella relación. El gobierno de Chávez le presta dinero a la Argentina, es cierto. Pero a una tasa del 10,6 por ciento anual en dólares, alrededor del doble de lo que nos cobraba el FMI. Y lo peor es que nadie en el mundo nos financiaría a menor precio: hoy nuestro riesgo país es mayor al que teníamos en los primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa.
El cóctel de la percepción de corrupción con problemas económicos suele ser explosivo para cualquier gobierno. A Cristina Fernández de Kirchner la ayudan el hecho de que los datos de crecimiento económico siguen siendo altos y que las arcas fiscales todavía permiten inyectar fondos que se volcarán al consumo, como con el reciente aumento a los jubilados. Pero la inflación presente y sus maniobras para disfrazarla pueden alterar el humor de muchos electores.
A unos 70 días de las elecciones, las perspectivas de la candidata oficialista siguen siendo muy buenas. Pero nadie descarta que aquel cóctel de corrupción e inflación pueda complicar el triunfo de Cristina Kirchner en la primera vuelta. ¿Crecerá Elisa Carrió en la medida que los casos de corrupción sigan ocupando a los medios de comunicación? ¿Crecerán Roberto Lavagna o Ricardo López Murphy en la medida que las proyecciones económicas sean cada vez más pesimistas?
Por las dudas, Alberto Fernández salió a golpear a la oposición. Citando al chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, dijo que los dirigentes opositores parecen no querer ganar elecciones sino voltear gobiernos. Para el jefe de Gabinete, no hay mejor defensa que un buen ataque, aunque en el fondo implique apelar al voto por lo malo conocido
La política de los partidos se ha vuelto poco consistente y parece que nadie apuesta seriamente a triunfar en las próximas elecciones.
Si bien la ley de elecciones internas abiertas fue derogada, sigue en pie la obligación que establece la ley de partidos políticos de realizar internas cerradas dentro de cada agrupación. La Constitución también exige que la vida de los partidos sea democrática. Pero en la Cámara Electoral se puede constatar una realidad inapelable: ningún partido convocó a elecciones internas, ni abiertas ni cerradas.
La senadora Cristina Kirchner se convirtió en candidata por el dedo de su marido, el presidente Néstor Kirchner, pero la oposición no mostró otro modo mejor de hacer las cosas.
Ayer, también cerró el plazo para presentar ante la Justicia la conformación de alianzas. Sin embargo, ninguna de las concertaciones inscriptas parece representar, a nivel nacional, una verdadera confluencia de programas.
¿Hay, entre la falta de internas partidarias y la liviandad de los acuerdos, algún punto en común? Sí: la sociedad no parece dispuesta a debatir ninguna idea de país, de futuro o de plan de gobierno.
Durante las últimas semanas, unos pocos temas monopolizaron la agenda política.
El ciudadano asiste al debilitamiento político del matrimonio presidencial; la aceleración de la inflación -el único asunto que verdaderamente preocupa a la gente-; el estallido de sucesivos escándalos de corrupción; la persecución de Elisa Carrió por denunciar un crimen que permanece impune, y una danza de vanidades personales entre los líderes de Recrear, Coalición Cívica y Pro que no condujo a nada novedoso ni superador.
Del lado del Gobierno, las cosas no han sido mejores, y el hecho de que la candidata Cristina Kirchner emprenda varios viajes al exterior es la prueba de que intuye que el país no le depara ninguna sorpresa. Y que hacer campaña sin hacer propuestas no tiene costo alguno.
Hubo, hasta ahora, un dato curioso: mientras el Gobierno se ve salpicado por numerosos hechos de corrupción, que, a la vez, se las ingenia para sacar del foco de las informaciones tan pronto como puede, la oposición no logra articular debate alguno ni superar las diferencias personales de sus líderes.
Un funcionario atropelló a manifestantes frente a las cámaras de TV; otro llegó en un avión en el que se transportó una misteriosa valija llena de dinero, y una ministra renunció tras descubrirse una bolsa de dinero en su despacho. ¿Se necesita algo más para despertar a la oposición o para hablar de la profundidad de la crisis de los valores políticos?
Uno, a estas alturas, podría decir que las denuncias nunca deben sacarle lugar al debate de propuestas. Es absolutamente cierto. Pero, lamentablemente, ese espacio queda vacío. Nadie piensa en políticas de Estado, en programas de gobierno a mediano plazo ni cómo mejorar las instituciones.
Los riesgos de una concentración de poder que hace temblar los cimientos institucionales de la República quedaron una vez más de manifiesto, al conocerse un estudio según el cual durante los cuatro años de Néstor Kirchner al frente del gobierno nacional se han sancionado muchos más decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo.
En cuanto va de su mandato, el presidente de la Nación firmó 249 DNU, en tanto que apenas envió al Poder Legislativo 174 proyectos que se convirtieron en leyes, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa). Estos datos dan cuenta de un abuso por parte del Poder Ejecutivo en el uso de los decretos, con el fin de evitar el trámite ordinario para la sanción de leyes.
La experiencia nos ha demostrado que la inclusión de la figura de los DNU en la reforma constitucional de 1994 no actuó como un instrumento de limitación del ejercicio de esta facultad por el Ejecutivo, sino que ha servido de pretexto para legitimar un sostenido avance de éste sobre el Legislativo.
Parecería que nuestros legisladores y gobernantes han olvidado que el constituyente de 1994, tras sentar el principio general de prohibición para que el Poder Ejecutivo emitiera disposiciones de carácter legislativo, sólo admitió su procedencia "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos" por la Constitución para la sanción de las leyes. En efecto, a poco que se analice el contenido y alcance de los DNU emitidos por éste y anteriores gobiernos, se advierte que no todos ellos reúnen los requisitos constitucionales que admiten su dictado.
Sin embargo, otro estudio, elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), detalla que durante los primeros seis meses de existencia de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso encargada de expedirse acerca de la validez de los DNU se han analizado y convalidado más de 160 decretos de este tipo, por lo cual esa comisión se ha convertido en una suerte de escribanía certificante de las normas de naturaleza legal emitidas por el Poder Ejecutivo, sin emitir un juicio fundado acerca de la observancia de los fundamentos que justifican su validez.
Es que la ley que reguló el trámite y los alcances de la intervención del Congreso frente al dictado de DNU -sólo sancionada 12 años después de aprobada la reforma constitucional- no estableció término alguno para que las cámaras se expidieran al respecto ni, menos aún, la caducidad de los DNU no ratificados dentro de un plazo determinado. Peor aún, establece esa ley que para rechazar uno de estos decretos se deben expedir en el mismo sentido ambas cámaras, de manera que si una cámara lo rechaza y la otra lo aprueba, el decreto seguirá vigente. Esto determina que, aun con mayoría en una sola de las cámaras, el Poder Ejecutivo puede en la práctica emitir disposiciones de carácter legislativo sin limitación alguna.
Por esta vía se llegó a una deformación del sistema republicano por la cual en la Argentina actual es más fácil conseguir la aprobación parlamentaria de un decreto que obtenerla para un proyecto de ley. De ese modo, en vez de desalentarse, se estimula la emisión de esta clase de normas de carácter muy excepcional.
A modo de ejemplo, vale destacar que en la Constitución de Italia se dispone expresamente que si el Congreso no adopta formalmente decisión alguna acerca de los decretos de este tipo dentro de un plazo, éstos pierden toda eficacia. Igual solución se propugnaba en un proyecto de reglamentación de los DNU, presentado al Congreso por la entonces diputada por Santa Cruz Cristina Kirchner, en octubre de 2000. En el párrafo final de los fundamentos con que acompañó ese proyecto, la doctora Kirchner sostuvo: "La práctica establecida durante el último decenio de sortear las dificultades para la aprobación de las leyes mediante el instrumento de marras y que hoy goza de buena salud, ha desnaturalizado el rol de este cuerpo y violentado la letra constitucional".
Es por lo menos curioso que haya sido la misma legisladora quien, en su condición de senadora por la provincia de Buenos Aires, impulsara y defendiera desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, un proyecto completamente distinto, que sirvió de base al régimen actual, de naturaleza cesarista.
Si hoy, convertida en candidata presidencial, promete que durante su eventual gestión pondrá el acento en el fortalecimiento de las instituciones, la senadora Kirchner tiene otra excelente oportunidad para comprometerse frente a la ciudadanía a propugnar la modificación de la ley vigente, en la dirección que defendiera en la primera de aquellas dos intervenciones suyas en esta materia.
Por su parte, quienes han sido y sean elegidos senadores y diputados deben honrar la responsabilidad que les ha sido confiada como tales y actuar en consecuencia, cumpliendo cabalmente con su tarea de legislar y defender a ultranza la plena vigencia del principio de separación de los poderes, mediante el ejercicio de un oportuno control acerca de la validez de los decretos de necesidad y urgencia que no se limite a su automática aprobación.
La ciudadanía toda debe exigirles a sus representantes y a los candidatos a serlo que respeten su cometido constitucional como hacedores de leyes. Solo así podremos superar la triste sensación de un Congreso ausente.
A un mes de las elecciones presidenciales, la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner se asemeja a la de esos equipos de fútbol que salen a la cancha con el único fin de que no les hagan goles. La internacionalización de su campaña puede ser un acierto, pero sólo para mostrarla lejos de los arcos y alejarla de las jugadas peligrosas de sus adversarios políticos.
Al igual que Carlos Menem en la campaña electoral de 1989, ella y quienes la asesoran creen que puede darse el lujo de negarse a debatir con sus rivales y a responder a los periodistas porque -como dijo en aquel entonces el caudillo de Anillaco- "no hay motivo para arriesgarse cuando uno va ganando tres a cero y falta poco para que termine el partido".
Así como en nuestro país seguirá cuidándose de no poner en riesgo su capital electoral ante otros candidatos presidenciales y hombres de prensa, la primera dama tampoco se mostró dispuesta a embarrarse en la capital del mundo. Con la inestimable ayuda de la titular del Consejo de las Américas, Susan Segal, Cristina Kirchner pudo eludir anteayer las incómodas preguntas de importantes hombres de negocios de los Estados Unidos que la escucharon en el Waldorf Astoria de Nueva York.
Como habitualmente hace su esposo, todos los actos y gestos de la candidata oficialista en el exterior parecen orientados exclusivamente a consolidar apoyos internos. Así, queda la sensación de que está desperdiciando una magnífica oportunidad. A estas alturas, Cristina Kirchner no debería estar pensando exclusivamente en triunfar electoralmente, sino en aprovechar sus viajes de campaña por el mundo, pagados por todos los argentinos, para algo más.
Debería saber la primera dama que al capital no se lo seduce con labia y glamour, especialmente cuando la empresa consiste en reinsertar en el mundo a un país que estafó a sus acreedores. Se lo hace dando señales claras y respondiendo a las innumerables dudas que tienen tanto potenciales inversores como gobernantes del Primer Mundo respecto de la Argentina.
Mientras Cristina buscaba florearse ante hombres de negocios estadounidenses con un discurso que éstos calificaron de vacío de propuestas concretas, se conocía el lamentable puesto 105° de la Argentina en el ranking de la organización Transparencia Internacional, a partir del último estudio anual sobre percepción de corrupción, y otro informe, del Banco Mundial, que mostraba a nuestro país entre los menos competitivos, a tal punto que lo ubicaba en la posición número 109.
Quienes toman decisiones capaces de afectar la economía argentina, aquí y en el exterior, quieren saber si, con Cristina Kirchner en el gobierno, se profundizará el actual modelo o si se lo rectificará, y en qué medida. Tan simple como eso. Pero como cuando su marido habló por última vez ante la Asamblea Legislativa, la candidata sigue evitando cualquier mención de las dos palabras que aluden a los problemas que más preocupan a los argentinos: inflación e inseguridad.
En ingrata coincidencia con la estancia del presidente argentino en Nueva York con motivo de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dos índices han dado cuenta otra vez que la falta de calidad institucional en el país puede más que mil palabras y que, a veces, hasta puede desdibujar una imagen que muestra más maquillaje que esencia, más palabras vacías que hechos concretos.
¿De qué vale que el presidente Néstor Kirchner y su mujer, la senadora Cristina Fernández, en su papel de candidata presidencial, exalten el resultado positivo de la actual gestión gubernamental frente a políticos, banqueros e inversores de otras latitudes si, mientras tanto, la percepción del mundo sobre la corrupción en la Argentina no mejora y, a su vez, la mera apertura de un negocio en el país representa trámites tan engorrosos que desalientan no pocas iniciativas de inversión privada de argentinos y extranjeros?
Dos indicadores más confiables que la manipulada e increíble versión casera del Indec dan cuenta de ello. Ambos reflejan temas sensibles y preocupantes: en uno, el Indice de percepción de la corrupción , elaborado cada año por Transparencia Internacional, la Argentina, al igual que Burkina Faso y Bolivia, ocupa el puesto número 105 entre 187 países; en el otro, preparado en forma anual por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI), el país quedó en términos de competitividad en una posición similar por debajo de Rusia, Bangladesh y Nigeria.
Ninguno de los dos es motivo de orgullo. En uno y en otro no se ven avances respecto del año último ni de los anteriores: la percepción de la corrupción se mantiene casi inalterable mientras que, según el informe Haciendo negocios 2008 , la competitividad de la Argentina retrocedió nuevamente en espera de reformas institucionales que, sin voluntad política, difícilmente sean ejecutadas.
Es más que elocuente, en ambos casos, que no se advirtió el mismo empeño que suelen imprimir cuestiones de agenda aparentemente más trascendentes, como las próximas elecciones o, en las vísperas, los acuerdos con vastos sectores en beneficio de un proyecto político que privilegia la permanencia en el poder a corto plazo antes que las políticas de Estado a mediano y largo plazos.
No es consuelo observar que montar un negocio en América latina requiere 68 días, algo más que en 2005, cuando eran 63, y apenas algo menos que en 2004, cuando eran 71 días. Idéntico trámite demanda seis días en Singapur, cinco en los Estados Unidos y dos en Australia.
Ni es consuelo observar en el índice de Transparencia Internacional que la Argentina, con un magro puntaje de 2,9 sobre 10 y, sobre todo, con un potencial mucho mayor que otros países, esté apenas mejor que Ruanda, Burundi, Paraguay, Venezuela y Haití, entre otros. No por ellos, sino por nosotros mismos.
Tampoco es consolador que, según Transparencia Internacional, "el desfase en los niveles de percepción de la corrupción entre países ricos y pobres se muestre más amplio que nunca". Sobre todo, porque la corrupción en sí misma representa un enorme escape de recursos vitales para la educación, la salud y la infraestructura de los países en desarrollo, lo cual es lamentable.
Más triste aún, rozando lo vergonzoso, es que en un país que alguna vez tuvo todo para estar a la altura de Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Singapur y Suecia, los mejores de la lista, sus dirigentes y sus políticos no muestren el menor signo de inquietud por un puntaje tan bajo ni respondan de inmediato, como corresponde en estos casos, con la búsqueda de una solución perentoria.
En sus cabezas quizás haya asomado la idea de una conspiración internacional para perjudicar a nuestro país, mientras el presidente y la primera dama visitaban Nueva York, lo cual, por disparatado que parezca, no dista mucho de la reacción que suelen tener.
Lejos está la Argentina del país latinoamericano mejor ubicado en el índice de percepción de la corrupción, Chile, que ocupa el puesto número 22. Distanciada está también de otros países de la región que, con menos recursos y potenciales, no han mostrado tanto deterioro en los últimos años, como Uruguay (25°), la República Dominicana (37°) y Costa Rica (46°), entre otros.
Inquietudes de ese tipo, sin ánimo de ser tendenciosas, entrañan más impotencia que certezas, así como la escasa disposición del Gobierno para atender estas cuestiones, relegadas en la agenda, al parecer, por la necesidad de mostrar una imagen prolija en ámbitos que no desconocen la realidad con maquillaje, expuesta en las estadísticas dibujadas del Indec, fiel reflejo de la falta de calidad institucional del país.
La reciente confirmación del procesamiento del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz por el supuesto delito de haber hecho públicos secretos de Estado al haber exhibido en un programa de la televisión la fotografía de un encumbrado agente de contrainteligencia de la SIDE, debería ser motivo de honda preocupación, vistas sus peculiares características. Como si se tratase del "reino del revés", el fiscal federal solicitó la elevación a juicio oral y público de esa causa, en la cual la acusación de haber revelado "secretos políticos y militares confidenciales" podría estar magnificada, mientras que han seguido siendo ignoradas las graves y simultáneas denuncias que hizo Beliz sobre la comisión de irregularidades en aquel organismo.
Desde esta columna editorial hemos expresado más de una vez que todos los funcionarios públicos sin excepción deben rendir cuentas de sus actos y, en caso de enfrentar una acusación penal, tienen que someterse a las reglas del procedimiento, dentro de los principios de imparcialidad y búsqueda de la verdad que deben regir la actuación del Poder Judicial de la Nación.
No es motivo de inquietud, pues, que un ex ministro deba enfrentar un proceso penal. Altera el ánimo, en cambio, el hecho de que diversos aspectos de este proceso puntual evidencian un alevoso desvío de poder que desnaturaliza cualquier acto de gobierno y que, una vez más, alerta sobre el anormal funcionamiento de las instituciones de la República.
Resulta paradójico que Beliz afronte un proceso penal por una supuesta violación de secretos políticos tras haber mostrado una fotografía de un agente de la SIDE, porque a raíz de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ese agente supuestamente anónimo declaró como testigo en el juicio oral y público por el atentado a la sede de la AMIA en octubre de 2003, sin que esa participación diera lugar a disponer que se adoptaran medidas restrictivas de la difusión pública de su presencia.
Esa paradoja se acentúa cuando se comprueba que en definitiva se estaría acusando a Beliz por la eventual revelación de un secreto que había dejado de serlo. Tanto celo contrasta con que sus gravísimas denuncias públicas en aquel programa televisivo respecto de la comisión de actos irregulares en la SIDE, no tuvieron igual suerte. Por lo contrario, al ser confirmado el procesamiento del ex ministro de Justicia, se interpretó que el secreto de Estado había sido expuesto "en el marco de un discurso plagado de referencias a múltiples delitos de acción pública" que en su condición de funcionario "debió haber denunciado en tiempo oportuno y ante las autoridades competentes".
El funcionamiento del sistema de inteligencia en nuestro país ha recibido y recibe fuertes críticas, y sobre él pesan firmes sospechas de que es utilizado en aras de los intereses mezquinos y espurios del poder de turno, y no para el cumplimiento de la verdadera misión legal que le cabe dentro del Estado de Derecho, para la cual fue concebido.
Así, entonces, se le atribuyen operaciones de descrédito o de espionaje sobre líderes de la oposición, empresarios, periodistas o religiosos, o el desvío de sus fondos para financiar actividades reñidas con la ley, mientras que los terribles crímenes terroristas que padeció el país y que ni siquiera fueron previstos por ese organismo de inteligencia, siguen impunes y sin ser esclarecidos en su faz local.
A ello debe agregarse la falta de transparencia y de control de los fondos reservados que ha manejado y maneja la SIDE, así como la ausencia de información alguna acerca del funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, cuyo presupuesto anual asciende a 3.600.000 pesos y todavía no ha dado las explicaciones que le fueran requeridas por la aparente utilización de facturas apócrifas para rendir sus gastos de los ejercicios pasados o sea una maniobra similar a las investigadas en el caso Skanska.
La situación descripta induce a pensar que se consideraría más importante acallar la voz -y las denuncias- del ex ministro Beliz que salir a enfrentar los graves problemas que sigue padeciendo nuestra democracia, muchos de los cuales tienen como denominador común la corrupción y la intervención silenciosa y perversa de estamentos secretos y ocultos que le restan credibilidad y transparencia al libre juego de las instituciones.
La percepción de evidentes asimetrías en la celeridad y resultados de ciertas causas judiciales, y la morosidad en otras que salpican a funcionarios del actual gobierno, instala una idea negativa en la sociedad, que intuye el agravamiento de la sensación de inseguridad y la falta de independencia imperantes.
La división de poderes fue concebida como la mejor herramienta de mutuo control para evitar la entronización del autoritarismo y erigir así al Estado como garante y custodio de las libertades públicas y de la convivencia civilizada de sus habitantes. La aceptación del uso monopólico de la fuerza obedeció y debería obedecer a la necesidad de erradicar las persecuciones movidas por el odio, la venganza o el rencor.
Cuando, en cambio, la utilización de los aparatos del Estado se aparta del bien común y del respeto por la Constitución Nacional, y actúa como maquinaria de sometimiento selectivo de las personas que se atreven a actuar, hablar o pensar diferente del poder imperante, se corroen los principios republicanos y está puesta en jaque la vida democrática de nuestra sociedad.
20071011 LN Gil Lavedra amplía una denuncia
El dirigente radical y candidato a senador nacional porteño por la UCR, Ricardo Gil Lavedra, ampliará hoy en Tribunales su denuncia contra la candidata presidencial Cristina Kirchner por presuntos gastos indebidos en la campaña electoral oficialista.
A las 11.30, junto con el ex fiscal Julio Strassera y el abogado Andrés D Alessio, Gil Lavedra se presentará ante la Fiscalía Federal en los tribunales de Comodoro Py para ratificar la denuncia presentada el 2 del actual por el presunto uso de fondos públicos en los viajes que la senadora hizo al exterior durante los últimos meses.
En la denuncia, se critica el reciente viaje de la senadora a Brasil, junto con el canciller Jorge Taiana; el ministro de Economía, Miguel Peirano, y el vocero Miguel Núñez, en el avión presidencial Tango 02. "Se habrían trasladado con un equipo de 12 autos, una combi y seis motos que le abrieron paso por entre las autovías de Brasilia", según detalla la denuncia.
Gil Lavedra y Strassera plantearán que "el viaje y las reuniones que mantuvo fueron actos de campaña, que bajo ningún punto pueden ser solventados con fondos públicos [...] tales conductas constituirían un irregular uso de fondos públicos".
A las 11, en tanto, Gil Lavedra hará en Cerrito y Santa Fe un acto en el que iniciará una campaña para "parar el descontrol", en relación con la gran cantidad de dinero que Kirchner gasta sin ningún control. Así, mostrará que en los 35 segundos que dura la espera de los automovilistas ante el semáforo, los Kirchner gastan 22.365 pesos.
Una de las muchas contradicciones de quienes desde el gobierno de Néstor Kirchner proclaman que ahora vivimos en "un país en serio" es el recurrente uso electoral de cuantiosos fondos públicos. Menos serio aún es que ciertos funcionarios se mofen de los pedidos de informes acerca de esos abusos que les formulan tanto la oposición como la prensa.
El uso de aviones y helicópteros de la Presidencia de la Nación para la campaña electoral de la senadora Cristina Fernández de Kirchner es uno de los casos más notables de la desvergonzada utilización de recursos del Estado para el provecho personal de la candidata presidencial. Pero de ninguna manera es el único ejemplo.
La virtual transformación de despachos de la Casa de Gobierno en un comité de campaña de la principal postulante del Frente para la Victoria; el empleo de personal de la Presidencia, del área de prensa de la Casa Rosada y de la Secretaría de Medios como auxiliares de la senadora Kirchner en sus viajes proselitistas por el interior del país y en sus giras al exterior, al igual que en la organización que demandan los actos preelectorales; los abultados viáticos que exigen tales acciones, y la impresionante cobertura que le dedica el canal de televisión estatal a cada discurso que pronuncia la candidata del oficialismo, distinción que no se hace con ninguno de sus adversarios, son otros casos ilustrativos.
La inmoralidad de la campaña oficialista no requiere demasiados elementos para ser demostrada. Está a la vista de todo el mundo y las declaraciones con que algunos funcionarios gubernamentales intentan justificar estos actos obscenos no hacen más que aumentar la indignación de la opinión pública.
Por caso, el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, días atrás, al defender el hecho de que Canal 7 transmitiera todos los actos de los cuales participa la senadora Kirchner, explicó que si los restantes candidatos presidenciales "no salen" por esa emisora de televisión oficial con la misma frecuencia que la primera dama es "por la propia incapacidad de hacer campaña y de mostrarse".
El mismo funcionario, al referirse al uso de vehículos oficiales por parte de la postulante oficialista en su campaña, dijo que "es imposible disociar su rol de candidata, primera dama y senadora".
Esta última justificación no sólo resulta inadmisible de acuerdo con las normas argentinas. Causaría risa en cualquier democracia del Primer Mundo.
Basta recordar el escándalo que provocó, durante la campaña presidencial de los Estados Unidos en 2000, el hecho de que el entonces vicepresidente Al Gore -flamante premio Nobel de la Paz- usara las líneas telefónicas de la Casa Blanca para efectuar llamadas vinculadas con actividades proselitistas. No sólo el ex funcionario norteamericano debió pagar de su bolsillo la modesta suma de dólares que costaron esas comunicaciones, sino que si un presidente de ese país usa el avión presidencial para la campaña, su partido político está obligado a abonar el precio de mercado de los correspondientes pasajes.
Si bien en la Argentina no parece existir conciencia suficiente sobre estas cuestiones, la ley es muy clara y no puede ser desconocida por el presidente Néstor Kirchner ni por su esposa. El artículo 261 del Código Penal tipifica como un delito, que deberá ser sancionado con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el hecho de que un funcionario "empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública".
Más aún, cada vez que el primer mandatario habla sobre su esposa en actos oficiales y convoca a apoyarla en las urnas estaría violando el artículo 64 del Código Electoral Nacional, por el cual la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio en favor de ningún candidato.
Dirigentes opositores y no pocos especialistas en derecho constitucional y penal sostienen que estamos ante una situación de extrema gravedad, pasible de ser considerada como malversación de fondos públicos.
La candidata presidencial del oficialismo debería saber que la calidad institucional de la que tanto habla últimamente, pero por la cual tan poco se ha preocupado a lo largo de la gestión de su marido, también pasa por la transparencia republicana. En ese sentido, antes de que avancen en la Justicia las justificadas demandas por el indebido uso de fondos de todos los argentinos en su campaña proselitista, debería admitir su error y hacerse cargo de esos gastos, al igual que quienes desde el Estado privilegiaron mezquinos intereses partidarios por encima del interés general.
Cristina pasó de ser Cristina Fernández, a secas, a la Cristina Kirchner que hoy hace campaña con la gestión de su marido como bandera.
Sin escalas, pasó de la disciplina partidaria a ser la legisladora díscola de los 90. De su devoción por Eduardo Duhalde, a acusarlo de urdir un pacto para desestabilizar al Gobierno. De cavallista confesa, a denostar al ex ministro de Economía. De trabajar por la reforma política, a congelar los proyectos en el Senado de la era Kirchner. En esos años, algo permaneció estable: su matrimonio con Néstor Kirchner, con quien se casó en mayo de 1975.
Si de un ranking de mutaciones se trata, un lugar en el podio lo ocupa, sin duda, su imagen. Poco quedó en el vestuario de la candidata de aquellos sencillos pantalones con los que militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). La simpleza de los jeans se transformó en estos últimos años en la exuberancia de sus trajes. También dejó en el olvido su flequillo separado en tres imperfectas líneas sobre la frente. Algo permaneció inamovible: su recargado maquillaje. "Me pinto como una puerta desde que tengo 14 años", confesó alguna vez.
Llegó a la política como militante de la JUP. Hoy, la liturgia justicialista tiene poco lugar en su campaña. Fue senadora nacional por Santa Cruz durante el gobierno de Menem, a quien Kirchner recibió en su provincia como "el mejor presidente de la historia". El recuerdo de la década del 90 parece, en su discurso, causarle urticaria. La dupla presidencial se separa del menemismo en 1996, cuando Cristina Kirchner se convierte en la legisladora rebelde que el PJ expulsa del bloque. El archivo la sorprende declarando en 1998: "Duhalde es el mejor candidato que el Partido Justicialista puede ofrecer. Una de las cosas que me inclinaron por él fue su actitud frente a los problemas de la exclusión social". Siete años después, lo acusaba de ser el "padrino".
Contradicciones como ésa ya mostraba en 1994, como convencional constituyente, votando en Santa Fe contra un segundo mandato de Menem. Ese mismo año, Kirchner reformaba la Carta Magna provincial para obtener en Santa Cruz la reelección ilimitada que aún rige.
En los últimos años de poder kirchnerista, la senadora mutó notablemente su labor legislativa. Se mudó de la Patagonia al terruño bonaerense y modificó proyectos que de puño y letra redactaba. Mientras en 2001 sostenía que los decretos de necesidad y urgencia (DNU) debían ser ratificados por el Congreso en un plazo perentorio, el año pasado redactó una ley que garantizó la sanción de los DNU si no son explícitamente rechazados por las cámaras. Defensora a rajatabla de las facultades especiales del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias, fue en otros años una dura opositora de los superpoderes.
Los archivos parlamentarios la encuentran hace menos de dos años despachándose en duras críticas contra Daniel Scioli, a quien acusó en pleno recinto de haber montado una operación en su contra. Hoy, el vicepresidente y candidato bonaerense se convirtió en una pieza clave de su proyecto para llegar a la presidencia.
Un capítulo aparte es la relación de la senadora con la prensa: antes recibía a periodistas casi a diario. Hoy, ese vínculo estrecho quedó en el olvid
20071107 LN FMI: a confesión de parte...
Esta es la conclusión que debe extraerse lógicamente, sobre todo después de analizar las declaraciones del nuevo director general del Fondo Monetario Internacional, que confirma nuestras denuncias por ilicitud de la supuesta deuda.
Recordemos que sólo unas semanas atrás, antes de ser designado jefe del FMI, el francés Dominique Strauss-Kahn estuvo en Buenos Aires.
En esta capital, Strauss-Kahn se entrevistó con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y del Banco Central.
Luego de los múltiples contactos, mantenidos en el máximo nivel de la política argentina, el flamante titular del Fondo Monetario manifestó, entre otros comentarios: "En la Argentina hay muchas personas que consideran que el FMI es el diablo. Y tienen buenas razones para pensar así".
Asimismo, reconoció Strauss Kahn: "La intervención que ha tenido el Fondo Monetario Internacional en los temas particulares de la República Argentina fue catastrófica y dejó consecuencias terroríficas sobre la vida de millones de personas".
Este reconocimiento de los perjuicios ocasionados, reiteradamente denunciados por diversos especialistas, abre la puerta de un resarcimiento a nuestro país y a sus habitantes.
Con estos antecedentes -que ya habíamos revelado en su momento- cabe preguntarse cómo puede aceptarse una nueva intervención del organismo para la renegociación que debe llevarse adelante respecto de la deuda argentina con el Club de París.
Si bien es cierto que Strauss-Kahn aseguró que su objetivo es que el organismo a su cargo recupere su función histórica -consistente en garantizar la estabilidad financiera de las naciones, teniendo en cuenta la situación específica de cada país, su historia y sin olvidar sus características culturales-, esto será válido, tal vez, solamente para el futuro, ya que el director anterior, el español Rodrigo de Rato, antes de renunciar, se permitió opinar, a título de despedida, sobre la inflación en la Argentina.
Ahora, el Fondo Monetario Internacional debe reparar los daños causados por la corresponsabilidad que le cupo como auditor de la Argentina durante los últimos veinte años.
En ese período, la entidad defraudó a la comunidad internacional y posibilitó a sucesivos gobiernos argentinos de esa época financiar con deuda su falta de disciplina fiscal y engañar a la opinión pública con veleidades de Primer Mundo, violando normas éticas en las inversiones.
Esa reparación debe restituir el equilibrio afectado por el daño. Es, por otra parte, fundamental que se trate de situar a la víctima en una situación equivalente a la que hubiera tenido si el hecho perjudicial no se hubiese producido.
En principio, el resarcimiento debería ser equivalente a la diferencia entre las sumas que se le reclaman al país y la deuda legítima que honraría la Argentina, de acuerdo a derecho.
La mala praxis del Fondo como auditor durante más de veinte años explica de modo suficiente su corresponsabilidad en los perjuicios para nuestro país.
Esa mala praxis quedó plenamente demostrada cuando, a pesar de que los índices de solvencia y liquidez surgidos de los balances de país habían bajando del 0,27 y 0,23, al 0,19 a partir de 1998, en 2001 el FMI seguía dando su famosa luz verde para que bancos y brokers de todo el mundo siguieran operando con los bonos del país.
Así numerosos inversores fueron arrastrados a sufrir las pérdidas ya conocidas.
Esto demuestra que la Argentina, ya en 1998, estaba en una situación de insolvencia económica y financiera. En ese momento tendría que haberse presentado a concurso de acreedores o haber declarado el default, con la mayor transparencia, porque estaba quebrada, no tenía activos para responder al pasivo y menos aún contaba con la liquidez necesaria para atender los compromisos
Es hora de que la dimensión jurídica de la realidad de la deuda externa comience a ser tenida en cuenta, para que los genuinos intereses de nuestro país puedan ser finalmente defendidos en las negociaciones y en los tribunales. También ha llegado el momento de que se diferencie lo que sea legítimo de los reclamos de los acreedores de lo que pueda haber sido generado ilícitamente.
Para ello, entre otras medidas, debería realizarse una genuina auditoría y un verdadero censo de acreedores.
Espeche Gil es titular de la cátedra Deuda Pública Externa (UBA). Brenner preside la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.
20071125 LN Al mismo error, el mismo
resultado Por Roberto Cachanosky
Cuando uno revisa la evolución de la economía argentina durante, como mínimo, las últimas tres décadas, se encuentra con fuertes crisis económicas que generaron fenomenales transferencias patrimoniales y de ingresos con las correspondientes convulsiones sociales y políticas. Todas ellas tuvieron saltos cambiarios, inflacionarios y fuga de capitales. Lo único previsible en la Argentina ha sido la próxima crisis.
Si bien cada una de ellas pudo haber tenido diferentes detonantes, lo cierto es que, normalmente, estas crisis se produjeron a partir de ausencia de reformas estructurales, auge artificial de la demanda, distorsión de precios relativos y corrección de los mismos, porque la realidad la imponía. Ahora bien, desde mi punto de vista, el denominador común ha consistido en buscar mecanismos forzados de financiamiento para sostener, durante algún tiempo, la distorsión de precios relativos de manera de generar en la población una sensación de bienestar económica que, finalmente, terminaba en una brutal caída del ingreso real y el fin de la ficción.
En los setenta y los ochenta el impuesto inflacionario y los controles de precios fueron los instrumentos más utilizados para mantener la artificialidad de las variables. También se usó el endeudamiento interno y externo con el mismo objetivo. Prácticamente, no hay mecanismo de financiamiento de las distorsiones que no haya sido utilizado en nuestro país. Desde confiscación de los depósitos, pasando por el impuesto inflacionario, festival de bonos, default de la deuda e impuestos extraordinarios como el ahorro forzoso, probamos de todo y es por esta razón que el argentino vive desconfiando a la hora de pensar en el largo plazo en la Argentina. Nunca sabe por dónde pueden atacarlo en la próxima crisis. Por alguna razón, el argentino es un exiliado económico, dado que vive en la Argentina, pero busca proteger sus ahorros en el exterior, con lo cual terminamos financiando con nuestros ahorros el consumo y la inversión de los países desarrollados. Y de esto puede dar fe el presidente Kirchner, quien no dudó, cuando era gobernador, en girar los fondos de la provincia de Santa Cruz al exterior, para evitar que los confiscaran. La pregunta que debería formularse el oficialismo es si, luego de cuatro años y medio de gobierno, las condiciones institucionales han cambiado significativamente respecto del pasado. Por ejemplo, ¿traería el gobernador de Santa Cruz los fondos de la provincia que están en el exterior para comprar bonos en pesos ajustables por la inflación que publica el Indec?
Planteada la pregunta, veamos si hoy la política económica se diferencia demasiado de lo hecho en el pasado. Sabemos que tenemos una profunda distorsión de precios relativos. Sabemos que el Banco Central ha llevado a cabo una política monetaria fuertemente expansiva con el correspondiente impacto inflacionario. Sabemos que se ha intentado esconder esa inflación con controles de precios. Y sabemos que el gasto público ha tenido una expansión fenomenal, con tasas de crecimiento del 50% anual sin dar como contrapartida una mejor calidad en la educación, la salud o la seguridad.
¿Cómo se ha financiado la distorsión de precios relativos y el aumento del gasto? Utilizando todos los mecanismos que se usaron en el pasado. La emisión monetaria ha crecido a tasas del 25% anual. Se ha consumido el stock de capital para financiar tarifas artificialmente bajas de los servicios públicos y, en particular, de la energía. Se ha incrementado ferozmente la presión impositiva. Se les ha ordenado a las AFJP que traigan los fondos de los aportantes que están en el exterior para financiar los vencimientos de deuda del año próximo. Se han recurrido a las prohibiciones de exportación.
Se han incrementando los impuestos a las exportaciones. Y, luego de haber hecho el mayor default de la historia mundial y haberle pagado toda la deuda al FMI, hoy se tiene un stock de deuda pública casi igual a la que había en diciembre de 2001, cuando se declaró el default por considerar que la deuda era impagable.
Lo que tenemos hoy es algo similar a lo que ocurrió en el pasado. Por no hacer reformas estructurales, se implementaron medidas para disimular las distorsiones y esas medidas condujeron a más distorsiones a tal punto que hoy todos saben que corregirla es sumamente complicado.
Le pasó a De la Rúa cuando no quiso asumir el costo político de reducir el gasto público en US$ 3000 millones y, cambio de ministro mediante, terminó enredándose de tal manera que, al final, todo terminó en un fenomenal ajuste del gasto público vía la devaluación, la confiscación de los depósitos y la pesificación luego del cambio de gobierno. El ajuste terminó siendo mucho más grande y cruento que la propuesta de bajar el gasto en US$ 3000 millones. Y antes le pasó a Alfonsín que por no aceptar la baja del gasto público desembocó en la hiperinflación.
Lo que nos enseña la historia económica argentina contemporánea es que, por razones ideológicas o políticas, los gobiernos prefieren hacer malabarismos financieros y regulatorios con tal de no enfrentar la realidad. Y esos malabarismos terminan llevándolos a un callejón sin salida con la consiguiente crisis. Por eso, los recurrentes estallidos que cada cinco o seis años tenemos en la economía.
Esconder la realidad
Francamente no observo grandes cambios respecto de lo que se hizo en el pasado en materia de esconder la realidad. Lo que puede argumentarse es que hoy el sector público tiene superávit fiscal, superávit que, por cierto, está basado en los impuestos a las exportaciones.
Para que el lector tenga una idea de la carga tributaria existente en este rubro, con el aumento del impuesto a las exportaciones de soja se llegó a que el Estado se quede con unos 17,5 millones de toneladas de ese producto. La provincia de Buenos Aires produjo 11 millones de toneladas en la campaña 2006/07, por lo tanto, la carga tributaria equivale a toda la producción de soja de Buenos Aires más el 50%. La producción de soja de una provincia y media de Buenos Aires va a ir a parar a manos del Estado.
Pero aun confiscando brutalmente a los productores de soja, lo máximo que puede lograrse es postergar la cruda realidad por un tiempo más al acumular más distorsiones.
Y en este punto es cuando comienza a aparecer la figura del ministro de Economía salvador, quien, cual mago, supuestamente puede resolver todos los problemas con su sola presencia y algunos pases de prestidigitación. Los economistas poco podemos hacer si la dirigencia política no desea cambiar.
Por eso, si hay algo en lo que puedo coincidir con el presidente Kirchner, es que para seguir haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos 30 años no hace falta tener un ministro de Economía.
El autor es economista.
Ciertas inversiones de países desarrollados en la Argentina dependen de que el país vuelva a pagar la deuda de US$ 6200 millones que tiene con el Club de París, el grupo informal de 19 potencias acreedoras que han prestado a 84 naciones. Este pasivo se encuentra impago desde la cesación de pagos de diciembre de 2001. La otra deuda que tampoco se ha pagado son los bonos que no entraron en el canje de 2005 porque sus tenedores no aceptaron la fuerte quita propuesta por el gobierno de Néstor Kirchner.
En las estadísticas de la Subsecretaría de Financiamiento del segundo trimestre del año se indica que la Argentina debe un total de US$ 165.339 millones. Unos 27.024 millones corresponden a los títulos que no se reestructuraron. A su vez, 5436 millones se le deben al Club de París, pero la cifra real es mayor si se incluyen las multas por los vencimientos impagos en los últimos seis años. De esta deuda, sólo US$ 651 millones aún no vencieron.
Más de la mitad del pasivo con el Club de París, cuya sede está en la capital francesa, es con Alemania, Japón y Holanda. También tiene peso lo adeudado a Suiza, España -más allá del ya renegociado préstamo bilateral que este país concedió en el blindaje financiero de 2000- y Estados Unidos.
El default con este grupo de países impide que los inversores y exportadores de esos orígenes cuenten con reaseguros para sus negocios con la Argentina. Es decir, las agencias de reaseguros -algunas de ellas estatales- no cubren inversiones por estos pagos, contratos con el Estado argentino o ventas de maquinarias u otros bienes. La falta de respaldo encarece las operaciones: en algunos casos terminan por abortarse y en otros repercuten en mayores costos para contrataciones del Gobierno. Tal es el caso del préstamo que el banco francés Société Générale le concedió a la Argentina para que la también francesa Alstom construya el tren bala Buenos Aires-Rosario.
En situación normal, se deben bonos a diversos inversores privados por US$ 83.394 millones, títulos garantizados Bogar por 11.927 millones, préstamos garantizados -en manos de inversores institucionales- por 12.939 millones, créditos a la banca comercial por 820 millones y préstamos bilaterales con España y otros países, por 1690 millones. Al Banco Mundial se le deben 5973 millones; al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 8287 millones, y a la Corporación Andina de Fomento (CAF), 132 millones. A corto plazo, se adeudan 5926 millones al Banco Central y 1295 millones en Letras del Tesoro
expliquen cómo el prófugo estuvo en la Casa Rosada", dijo Carrió
Elisa Carrió no tiene dudas: la presencia de Guido Alejandro Antonini Wilson en la Casa Rosada días después de entrar en el país con una valija repleta de dólares "hace caer la teoría de la conspiración" norteamericana, esgrimida por el Gobierno para explicar el polémico caso que conmueve la gestión de la presidenta Cristina Kirchner.
En consonancia con el diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, que ayer le pidió al juez Jorge Ballestero que citara a declarar a los funcionarios argentinos que participaron del vuelo o lo supervisaron, Carrió reclamó investigar "el origen del dinero".
"El problema no es ahora «manden al prófugo», sino «por qué el prófugo estaba en la Casa Rosada»", dijo la dirigente opositora, en referencia a los recientes y públicos pedidos del ex presidente Néstor Kirchner a la justicia norteamericana para que apurara la extradición de Antonini Wilson. "Se cayó la teoría de la conspiración del imperialismo; tienen que enfrentar la verdad", sostuvo la ex candidata presidencial a LA NACION antes de partir hacia Resistencia, Chaco, a pasar unos días con sus hijos y familiares.
Tal como lo aclaró el miércoles último, cuando presentó su propuesta alternativa de gobierno en un hotel de Retiro, Carrió fue muy dura al cuestionar a los gobiernos argentino y venezolano por su presunta responsabilidad en el caso que investiga la justicia norteamericana en Miami.
"Este es el mayor escándalo de corrupción internacional que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia", se indignó la ex diputada. "[Antonini] no se fugó, lo fugaron de la Argentina. Estuvo en la Casa Rosada, en distintos actos. Estados Unidos no tiene nada que ver", agregó, en declaraciones a Radio América, reproducidas por la agencia DyN.
Carrió, que anteayer había aclarado a LA NACION que se sentía feliz por la intervención de la justicia norteamericana ("es mucho más difícil de presionar que la argentina", sostuvo), deslindó la responsabilidad de Washington en la divulgación de datos que complican al Gobierno. "Estados Unidos no tiene nada que ver. Es un delito de Venezuela y la Argentina. Hasta los delincuentes cometen la torpeza de hacerse traer el dinero por un ciudadano americano", evaluó.
Y reiteró que las supuestas "operaciones basura" denunciadas por la Presidenta luego de la detención de tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo en Miami son sólo "intentos de tapar el caso".
"La teoría de la conspiración fue un gran cuento chino destinado a mostrar la impotencia del Gobierno frente a la acumulación de pruebas en los Estados Unidos, pero se cayó", insistió la ex candidata, para quien la teoría del Gobierno (refrendada por el Congreso, de mayoría kirchnerista) "forma parte de la república bananera en la que vivimos. No pudo ser objeto ni siquiera de tres renglones en ningún diario y, en el medio, rompimos relaciones internacionales con los Estados Unidos".
Presentación judicial
En tren de asegurar la agilidad del expediente judicial en la Argentina, el diputado Pérez llegó ayer a los tribunales de Comodoro Py. El objetivo: pedir al juez Jorge Ballestero que cite a declarar al ex director del Occovi, Claudio Uberti, y a otros funcionarios involucrados en el escándalo. "Es necesario que la Justicia cite a declarar a los que viajaron o habilitaron la presencia de Antonini en el país. Mucho más ahora que sabemos que este hombre tenía una ligazón importante con el gobierno de Venezuela y que probablemente haya estado en la Casa Rosada después del hecho", explicó a LA NACION el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja.
Pérez pidió a Ballestero que también declararan Exequiel Espinosa (presidente de Enarsa); Ricardo Echegaray (responsable de la Aduana), y Diego Uzcátegui Matheus (hijo del vicepresidente de Pdvsa).
El ojo de Carrió está puesto, en primer lugar, en Uberti, a quien la ex candidata denunció en un informe de 2003 por irregularidades en las concesiones de obra pública. "Fue sindicado como cajero de Néstor Kirchner y De Vido", reiteró Carrió ayer.
En el pedido, Pérez recuerda que Uberti fue uno de los integrantes del vuelo que aterrizó la madrugada del 4 de agosto último en el aeroparque metropolitano, y le enrostra algunos trabajos anteriores, encomendados por el poder kirchnerista. "Ha sido la mano derecha del ministro De Vido y la figura relevante en las relaciones comerciales con Venezuela. Sin olvidarse de que ha participado activamente en la recaudación de fondos para la campaña electoral del presidente Néstor Kirchner", detalló Pérez