mas_cacareado_menos_respetado
Editorial I
Las presiones para apartar de la actividad a periodistas críticos se han reiterado desde que comenzó el gobierno de los Kirchner
El levantamiento del programa de informaciones y comentarios políticos de Nelson Castro ha suscitado honda preocupación y la natural solidaridad con el colega afectado.
Es comprensible que así haya sido. Castro es un ejemplo de comportamiento profesional y moral y el hecho que protagoniza se suma a situaciones que afectaron con anterioridad a otros periodistas caracterizados por su independencia de juicio respecto del gobierno de los Kirchner.
Desde hace décadas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tiene decidido omitir la calificación de país con libertad de prensa cuando en sus informes anuales debe referirse a contextos nacionales en los cuales cabe el ejercicio ordinario de ese derecho sin el cual resulta inconcebible una democracia genuina. Que rijan las condiciones para la libertad de prensa, lo da la SIP por algo tan natural como que haya oxígeno para la vida. Como nada que deba destacarse en particular. Al fin y al cabo, nadie debe ser ponderado por abstenerse de asaltar bancos o de violentar viviendas ajenas.
Las razones por las cuales el órgano rector de la prensa continental ha seguido aquella política se explican por sí mismas en la observación del funcionamiento de la prensa argentina en estos últimos cinco años. Si hay libertad de prensa no es sólo porque la Constitución Nacional así lo establece de manera terminante y protege su ejercicio, sino porque vastas franjas del periodismo argentino han sabido persistir en el cumplimiento de su misión. Para ello han vencido a diario todo tipo de obstáculos, intimidaciones, discriminación y agravios desencadenados desde el oficialismo.
Como bien afirma la declaración con la cual la SIP ha manifestado su inquietud por el silenciamiento de Nelson Castro, corresponde actuar siempre con prudencia ante la política interna de los medios de comunicación. Si éstos no tuvieran libertad para disponer en qué periodistas confiar o qué políticas trazar, perderían identidad y razón de ser.
No es eso lo que está en discusión. El punto en debate se refiere a las presiones gubernamentales para eliminar de la actividad a los periodistas críticos de una gestión. Esto ha ocurrido desde el primer instante de la instalación de los Kirchner en el Gobierno, de lo que pronto harán seis años, y los ha apartado del cauce de las administraciones precedentes desde la restauración democrática de 1983. Quienes más han cacareado sobre derechos humanos son los que menos los han respetado en este último cuarto de siglo. Como es obvio, la suerte de aquellas presiones ha estado vinculada en relación directa con la sumisión o el rechazo acordado a la voluntad intolerante de apartar a quienes alzan su voz para juzgar según su propio criterio los acontecimientos del país.
Mal podría desvincularse de ese cuadro de situación la llamativa adquisición de numerosos medios de comunicación que se van alineando en una constelación aplicada a la adulación del matrimonio gobernante -por vías más sutiles o groseras- y a atacar a quienes se atreven a contradecir y cuestionar la actuación de aquéllos y de sus principales colaboradores.
Nada es gratuito. Los medios de comunicación complacientes con la política oficial se benefician con un caudal llamativo de publicidad oficial, que se paga, como no podía ser de otra manera, con las exacciones fiscales a los ciudadanos.
De poco ha servido en eficacia esa política, por llamarla de algún modo, de comunicación que ha venido practicando el Gobierno. Los resultados están a la vista. Además, las formas más avanzadas de la tecnología aplicada a la información han determinado la multiplicación exponencial del número de personas y entidades que emiten opinión sobre el curso de los negocios públicos. No habría manera de domesticar muchas más voluntades por la aplicación arbitraria de criterios de publicidad oficial sobre ese nuevo e inmenso mundo de comunicadores que de tanta gravitación han dispuesto, por ejemplo, en la movilización del campo contra los desatinos de la política agropecuaria.
También la Academia Nacional de Periodismo ha expresado su solidaridad con el periodista afectado. En su denuncia, la siempre medida institución ha aludido a la existencia de "oscuros intereses políticos y empresarios" y a "inconfesables grupos de presión".
Nelson Castro ha hecho saber que el levantamiento de su programa se originó en una nota del 5 de enero último, en la que se brindaba información sobre la denuncia de la Auditoría General de la Nación por supuestos sobreprecios por 150 millones de pesos en las obras del tendido eléctrico entre Río y Santa Cruz. Las obras corrían a cargo de Electroingeniería, empresa cuyos dueños son permisionarios de Radio del Plata desde noviembre de 2008.
Antes de ser separado de las transmisiones de la radio en cuestión, Castro fue informado del "profundo desagrado" que había producido su programa del 5 de enero. Poco importó que hubiera dado cabida a la opinión sobre el tema de Electroingeniería, como cuadraba en una reconstrucción hecha con criterio pluralista de la situación denunciada.
20090208 LN (ENFOQUES) “hoy los productores pelean para sobrevivir” .. Principal productor sojero de la Argentina y pionero en el desarrollo de los pools de siembra, el llamado”rey de la soja” cree que la situación del campo se está volviendo trágica y reclama la intervención estatal urgente. “ Este sistema le hizo perder mil millones de dólares al país, alguien tiene que decírselo al Gobierno” por Laura Di Marco ……..(Extenso )
Editorial I
Gobiernos y contribuyentes futuros pagarán las consecuencias fiscales del irresponsable manejo del dinero incautado
La confiscación de los fondos administrados por las AFJP, como recurso fiscal de última instancia, fue argumentada por el gobierno nacional como una medida para proteger los ahorros de los futuros jubilados. Se señalaba que el sistema privado hacía un manejo indebido e interesado de los aportes y que no atendía el interés de los afiliados sino su propio lucro.
Desde la tribuna oficial no se escatimaron adjetivos y hasta se habló de un "saqueo". Se intentó de esa forma crear una mística que inhibiera la reacción de las AFJP y de los aportantes, que fueron los realmente perjudicados. En buena medida ello se logró, al igual que cierto condicionamiento en la posición de los legisladores de la oposición. La reforma le permitió al Gobierno obtener alrededor de 90.000 millones de pesos en dinero y otros activos, y derivar hacia el fisco un flujo anual de aportes de otros 10.000 millones.
Los reparos que la oposición manifestó respecto del posible mal uso de los fondos confiscados se respondieron con la creación de una Comisión de Seguimiento y una Comisión Bicameral. Esta última estaría integrada por legisladores de diferentes partidos. Con ese compromiso se lograron apoyos parlamentarios que no se hubieran obtenido de otro modo.
Pues bien, estas comisiones aún no operan. Tal vez lo hagan cuando ya no queden fondos que resguardar. El ritmo con que la Anses está asignando a diferentes fines el dinero confiscado hace presumir que en no mucho tiempo se evaporará. La hipocresía escondida en la argumentación oficial se pondrá entonces en plena evidencia, aunque ello no resolverá el drama de los que han confiado en que sus aportes sustentarían su futura jubilación.
Más de la mitad de los fondos estaba colocada en títulos públicos nacionales. Esa ya había sido una avanzada abusiva del Estado sobre el destino de los ahorros. Ahora son bonos en manos del propio deudor que seguirán el camino de la autocancelación en vista de la comprometida situación futura de pagos.
Las disponibilidades líquidas, que las AFJP mantenían en depósitos bancarios a tasas de mercado, han sido reorientadas por la Anses a la financiación promocional de automóviles, electrodomésticos, viviendas o pymes. Para ello se depositan a tasas más reducidas y menores que la inflación, en bancos que las asignarán a esos fines.
La licuación es evidente. Ya se han comprometido y anunciado créditos por un total de 24.000 millones de pesos. Por otro lado, se han asignado fondos para obras públicas como el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento, centrales eléctricas u obras de aguas de AYSA.
Muchas de estas inversiones probablemente tengan un beneficio social pero difícilmente un retorno financiero y menos aún la seguridad de recuperación de esos fondos por parte de la Anses. Este organismo está actuando como si los fondos confiscados fueran un regalo del cielo, sin ningún compromiso en contrapartida. Pero la realidad es que la absorción de ese activo se realizó simultáneamente con la asunción de la obligación de hacerse cargo de las jubilaciones ya otorgadas y las que en el futuro se otorgarán a los ex afiliados al sistema privado. Esta circunstancia no fue debidamente explicitada por el Gobierno y por lo visto no está siendo tenida en cuenta al disponer alegremente de los fondos obtenidos. El pasivo absorbido, que tendrá que pagarse inexorablemente, debe sumarse a la importante deuda pública y no cabe duda que así lo hacen los analistas e inversores que hoy otorgan una baja calificación a nuestra deuda soberana.
Hay una grave irresponsabilidad de nuestras autoridades en el manejo de los fondos de la Anses al trasladar las consecuencias fiscales de este comportamiento a gobiernos y contribuyentes futuros.
Es fuente de la inequidad social, la injusticia y la inseguridad
El pasado 10 de diciembre se cumplieron veinticinco años de la asunción del gobierno de Raúl Alfonsín, que inauguró un cuarto de siglo sin interrupciones militares. Los argentinos recuperamos la costumbre de votar, luego de cinco décadas de gobiernos de facto, continuados por democracias débiles o autoritarismos de base electiva. Sin embargo, fue un aniversario sin gloria. En ese lapso histórico no pudimos establecer un sistema político con la calidad institucional necesaria para asegurar a los habitantes un ejercicio razonable de sus derechos humanos.
El restablecimiento del respeto de un orden jurídico difícilmente pueda lograrse si se elude la necesidad de rehabilitar el pacto de convivencia que significa la adopción de un texto constitucional. Y esto aún no ha sucedido.
"En 1930 se produjo el primer golpe de Estado que derrocó a las autoridades legítimamente constituidas y, sin la vigencia de la Constitución Nacional y cada vez más alejados de sus principios rectores definidos por Alberdi, el país cayó en un proceso de franca declinación. Tanto durante los gobiernos militares, ilegítimos y violadores de derechos cívicos y humanos, como durante muchas administraciones civiles formalmente republicanas, el pretendido propósito de corregir injusticias o solucionar desigualdades sirvió de pretexto para que imperara una nueva trama social, basada en la dádiva y el clientelismo político?", así describe José Ignacio García Hamilton la evolución de nuestra realidad política y social ( Alberdi. La paz y el trabajo ) en Visiones de una Constitución , coordinada por Jorge Alejandro Amaya (UCES, pág. 19 y sgtes.).
El mismo día del aniversario de la asunción del gobierno de Alfonsín, un informe realizado por la Universidad de Buenos Aires y dado a conocer por Red Solidaria comunicaba que ocho chicos menores de cinco años mueren diariamente en la Argentina, como consecuencia de la desnutrición.
La dramaticidad del dato permite prescindir de cualquier calificativo. Pero demuestra que el intenso deterioro de nuestra calidad institucional es proporcional a la abrupta caída del nivel de vida de grandes sectores de la población. La pobreza y la inseguridad, como moneda de dos caras, se fueron instalando en nuestra convivencia social y condujeron al severo cuestionamiento de la doctrina de la representación.
La Constitución reformada en 1994, siguiendo el ejemplo de otras constituciones latinoamericanas, incorporó una cláusula inexistente en el texto originario -el artículo 36- en defensa del orden republicano y democrático, mediante una norma que, en sus cuatro primeros párrafos, castiga con la máxima sanción penal que fija su texto -traición a la patria- a quienes intenten interrumpir la observancia del sistema constitucional o colaboren con gobiernos que no surjan de las formas por él previstas. Se intentó así, desde lo normativo, impedir la repetición del fenómeno de los golpes de Estado.
Esta nueva norma culmina con una disposición, que estima que también se atenta contra el sistema democrático cuando se incurre en delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, y castiga con inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos a quienes los cometan.
Es muy acertada la disposición, porque la corrupción administrativa y el desvío de fondos públicos afecta el equilibrio y la legitimidad de nuestro sistema político. Desgraciadamente, aquí se demuestra la certeza del pensamiento de Marguerite Yourcenar cuando, en su Alexis o el tratado del inútil combate , afirma que las palabras traicionan al pensamiento, pero que las palabras escritas lo traicionan aún más, puesto que ninguna medida idónea derivó de esa nueva norma.
Si bien el Congreso sancionó la ley de ética pública que también contempla el último párrafo de esa norma constitucional, el sistema jurídico no ha podido impedir que este atentado al sistema democrático suceda cotidianamente, lo que viola los principios esenciales de nuestro régimen constitucional y los derechos de la población.
La sucesión de hechos de corrupción sin esclarecer, la ausencia de mecanismos judiciales que permitan en forma efectiva erradicar esta conducta desarrollada como algo habitual en nuestra realidad son la fuente principal de la inequidad social y del deficiente ejercicio de nuestros derechos. También, de la caída de confianza en el sistema y del grado de participación de la ciudadanía en las diversas expresiones de la vida pública. La merma de concurrencia a los actos electorales es sólo un ejemplo de este fenómeno.
Los actos de corrupción impiden que pueda cumplirse con el fin esencial del Estado, que es la promoción del bienestar general. Si con dineros públicos se realizan negocios privados, el bien común desaparece y el principio de igualdad también, porque se crean grupos de privilegio en detrimento del resto de la población. Desentrañar las causas de este colapso necesita de un arduo análisis, realizado desde diversos ángulos del conocimiento; pero, entretanto, sí podemos observar que la resistencia a ordenar las conductas a las normas ha sido la variable que ha impedido la calidad institucional en nuestro país y la posibilidad de reencontrar un camino que conjugue el funcionamiento normal de las instituciones y el bienestar general.
Los altos índices de indigencia y pobreza que afectan a nuestra sociedad tienen, en los actos de corrupción, una de sus causas principales, porque cuando los fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de le población sólo mejoran la fortuna de funcionarios y habitantes que realizan negocios con ellos, el malestar del habitante aumenta y se multiplica. Máxime cuando estos actos no son patológicos y aislados, sino que se repiten en la trama ordinaria y habitual de nuestra realidad. Así, la ratificación de los pactos de derechos humanos y su elevación a rango constitucional se tornan en meros actos declarativos que, en la realidad, sólo producen efectos limitados.
La corrupción impide que muchos habitantes gocen de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad psicofísica, a la vivienda? La corrupción mata, sin orden de matar. Pero la sociedad debe ser consciente de que las cuentas bancarias, las casas fastuosas, los dólares que aparecen en bolsas o en valijas, se nutren de los cuerpos muertos que yacen bajo tanta tumba sin nombre.
El autor es profesor de Derecho Constitucional y Legislación Cultural (UBA, Flacso, UNC)
Kirchner y Randazzo bajan del helicóptero presidencial en Avellaneda Foto: Presa Ministerio del Interior
Se abrió la puerta del Tango 10 en plena pista del aeropuerto de San Salvador de Jujuy y apareció Néstor Kirchner, listo para otro acto de campaña. Enseguida se preparó para trasladarse, en auto, a Palpalá, donde pidió a los militantes que "llenen las urnas" y vayan "casa por casa" para explicar "el proyecto nacional" del kirchnerismo.
Ayer, el jefe del PJ volvió a usar con fines electoralistas una aeronave de la flota presidencial. Usó el mismo aparato que el Gobierno le negó hace 10 días al vicepresidente Julio Cobos para viajar a Tartagal a raíz del alud, según confiaron a La Nacion fuentes de Gobierno.
Anteayer, Kirchner había hecho un acto similar en Avellaneda, al que llegó en un helicóptero de la Presidencia. Lo mismo ocurrió hace 15 días en José C. Paz. Cada uno de los discursos fue filmado por La Corte, la productora audiovisual contratada por la Casa Rosada.
El año electoral lo transformó en una rutina: los bienes presidenciales están al servicio del jefe del PJ. Una práctica que genera cuestionamientos de los especialistas en transparencia pública. "Es un caso típico donde lo partidario se mezcla con lo público. Es una clara forma de corrupción política", denunció ayer Laura Alonso, directora de Poder Ciudadano.
Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), dijo a LA NACION: "En esto no hay discusión. Los bienes públicos deben ser sólo para uso público o para actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones. Utilizarlos con fines privados o, peor aún, con propósitos electorales, es indebido, cuestionable y deshonesto".
A pesar de la insistencia de LA NACION por conocer la visión oficial, los funcionarios del Gobierno encargados de la logística presidencial no respondieron a las consultas.
Mientras tanto, los especialistas rechazaron ayer el "uso indebido" del patrimonio público, pero señalaron que no tienen forma de denunciarlo ante la Justicia.
A diferencia de otros países, en la Argentina no existen normas que legislen sobre el uso de bienes del Estado con fines partidarios. "Es evidente que Kirchner no cumple con actividades de primer caballero . Está usando fondos públicos al servicio del PJ. Debería ser castigado, pero no tenemos una legislación específica", se quejó Alonso.
Kirchner llegó a dos de sus últimos tres actos en el conurbano en helicópteros de la flota presidencial. Cada hora de vuelo de esas máquinas cuesta al menos 4000 dólares.
Pero no sólo se utilizan los servicios aéreos de la Presidencia. Los actos del presidente del PJ son organizados con la logística que aporta el personal de Protocolo y Ceremonial de la Casa Rosada. Y la producción audiovisual está especialmente tratada por La Corte, una empresa que es contratista del Gobierno.
Anteayer, por ejemplo, en el Teatro Roma, de Avellaneda, aportó los móviles y los plasmas del salón, y se ocupó de toda la transmisión oficial del encuentro. Los encargados de las imágenes fijas fueron los fotógrafos del Ministerio del Interior.
Vuelo costoso
Algo parecido ocurrió en Jujuy, a donde Kirchner llegó en auto después de recorrer los 15 kilómetros que lo separaban del aeropuerto de la capital provincial. Aterrizó en un avión LearJet 60, de 9 plazas, asignado para usos oficiales de los jefes de Estado. En el mercado, el kilómetro de vuelo de esa máquina cuesta 6,50 dólares. El viaje partidario de Kirchner, de acuerdo con ese cálculo, les costó a las arcas oficiales al menos US$ 20.000.
Biscay criticó su uso: "Ni los fondos ni los bienes públicos deberían ser utilizados para hacer propaganda política, ni actos partidarios ni ningún tipo de campaña".
No fue el caso de ayer. El líder del PJ aprovechó el viaje a tierras jujeñas para hablar de las próximas elecciones. Se quejó de la crisis internacional, criticó "la politiquería y el electoralismo", pero aseguró que "en octubre el kirchnerismo va a ganar", llamó a "llenar las urnas" y pidió hacer campaña "puerta a puerta" para "demostrar, en toda la Argentina, que el Gobierno es responsable".
20100222 PERFIL Medias Verdades por Néstor E. Roulet
Lo ideal sería que la
Presidenta de la Nación pudiera estar presente en la cita con los representantes
del campo, el próximo martes, para aclarar varias “medias verdades” que dijo en
estas últimas semanas. Una media verdad es que cada vez hay más pobreza. Ella
tuvo que viajar a Tartagal para darse cuenta de esta realidad, mientras nosotros
hace más de tres años que estamos diciendo que este es unos de los Gobiernos de
“mayor concentración de riqueza que tuvo el país”. Hoy ha resurgido nuevamente
la “patria contratista”. Hay contratistas del Estado –que cobran desde 50 a 100%
más el valor de las obras– que compran canales de televisión, radios, hoteles y
hasta empresas con problemas económicos. Si a esto le sumamos los “empresarios”
funcionales al Gobierno, que mediante negocios, subsidios o compensación están
haciendo la diferencia, sin dudarlo este es unos de los Gobiernos de mayor
concentración monetaria que haya existido.
Otra media verdad que no es verdad es que esto se debe al “egoísmo de algunos
sectores” refiriéndose al campo. Al campo aparte de todos los impuestos que
tributamos todos los argentinos –ganancias, bienes personales, IVA, al cheque–
se le saca en forma compulsiva las retenciones. Con estas extracciones
extraordinarias el campo aportó al país $70 mil millones en los últimos tres
años ¿Puede ser considerado egoísta? Con esta plata se podrían haber hecho 50
mil escuelas –se hicieron menos de cien– se podrían haber construido más de 15
mil hospitales de alta complejidad –se hicieron menos de diez– se podrían haber
hecho 20 mil kilómetros de autopistas –a la autopista Córdoba-Rosario la
inauguraron ya tres veces en los únicos cien kilómetros hechos–. La pregunta es:
¿qué hicieron con los $ 70 mil millones que
aportó el campo en forma extraordinaria para que haya menos pobres?
La ministra Graciela Ocaña dijo en Santa Fe que junto con la 125 se fueron los
hospitales. ¿Sabrá la ministra de Salud que con lo que le sacaron al campo –al
interior– sólo en el 2008 con este impuesto extraordinario se podrían haber
hecho más de 5 mil hospitales de alta complejidad?
Entre la sequía, la baja de los precios internacionales y la mala política del
Gobierno el interior productivo dejará de percibir $ 43 mil millones. Si no le
devolvemos parte de esta pérdida es imposible el desarrollo del interior ¿Cómo
se lo devolvemos? Primero, bajando la presión impositiva, ya que de cada $ 100
que cobra el productor el Estado se lleva $ 50 a Buenos Aires.
Segundo, dejando de distorsionar los mercados con las intervenciones negativas
–cierre y aperturas de exportaciones, manipulación de los permisos de
exportaciones, llamados telefónicos a empresarios para que paguen tal o cual
precio– política que claramente ha fracasado y lo único que hace es castigar los
dos extremos de la cadena: al productor que cada vez le pagan menos y al
consumidor que cada vez le cobran más.
El ejemplo claro es la carne, hace tres años nos pagaban el kilogramo del
novillo 3, 8 $/kg y la carne en el mostrador estaba a $ 10. Hoy nos pagan 3 $/Kg
y la carne en el mostrador esta 20 $/Kg ¿Tuvo éxito la política de precios del
Gobierno? Hay que hacer cambios estructurales a esta política agropecuaria que
lo único que incentivó es que cada vez produzcamos menos. De 16 millones de
trigo pasamos a 8 millones y en maíz, de 22 millones pasamos a 14 millones. Por
último hay que aclarar que la Mesa de Enlace esta más fuerte que nunca, estos
últimos acontecimientos –que el Gobierno quiso usarlos para dividir– nos
fortalecieron enormemente. Un productor de mi zona me decía: “Sigan unidos,sino
no tenemos forma de cómo manifestar nuestro descontento”.
Mientras el objetivo no se pierda que es la
defensa de un sistema de vida, la defensa de valores fundamentales como la
palabra, la verdad, la convivencia –en contraposición a la soberbia, al
autoritarismo, a la impunidad– y de una república –con los poderes
independientes– representativa y sobre todo federal, con seguridad tendremos
Mesa de Enlace por un largo tiempo.
*Ing. Agrónomo. Ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
20090222 PERFIL. Los nuevos socios de Kirchner se enriquecieron y nadie sabe cómo.
Pertenecen al circulo áulico del matrimonio presidencial, pero no son conocidos públicamente. Crecieron a la sombra de los negocios que se generan en el ámbito de las obras públicas. Osvaldo Sanfelice era director de rentas de Santa Cruz y ahora es socio de los K en el manejo de jugosos negocios. Raúl Copetti era tesorero del Frente para la Victoria y hoy es dueño de un hotel valuado en cinco millones de dólares. Victor Manzanares pasó e ser un pequeño contador a llevar las cuentas de múltiples firmas. JUAN CARLOS Relats se quedó con las grandes obras de infraestructura, Todos tiene problemas para justificar su fortuna. ….pero también crecieron sus laderos…( Extenso )
20090222 PERFIL. La firma que compró radio del plata. Electroingeniería tiene catorce empresas mas desde que los K llegaron al poder. ……
20090222 PERFIL. El campo necesita política y no negociación E. Szewach
……el problema es que la política agropecuario del partido gobernante ha resultado tremendamente negativa para el sector u para el país. …..Se destruyeron mercados de carne y lácteos, rentabilidades y producción ….