Clarín, Brito fundió su negocio y atraviesa problemas de salud. En los
últimos meses no sólo habría extorsionado a empresarios farmacéuticos y
financistas vinculados con esta oscura trama sino también a funcionarios
nacionales. descontrol_subsidios_millonarios
Editorial I
La ciencia económica ha trabajado intensamente para determinar cuáles son las medidas que contribuyen al crecimiento y cuáles lo impiden o hacen que los países retrocedan en su nivel de vida. Pero los economistas también avanzaron en otro campo que se ha denominado la economía y las instituciones. En esa área del saber han advertido cuáles son las condiciones institucionales que conducen a los países al crecimiento. La economía ya no se conforma con decir por qué los controles de precios son perjudiciales o por qué la emisión monetaria crea inflación, sino que ahora vuelca sus esfuerzos en definir el contexto institucional necesario para que las medidas produzcan mayor bienestar en la población.
Desde que Néstor Kirchner asumió el poder, recorrió el camino exactamente inverso al que grandes pensadores de la economía han propuesto como el más apto. La evidencia empírica lo ha confirmado, como lo muestran Irlanda, Chile, España y varios países de Europa central, entre otros.
En el campo económico, Kirchner no vaciló en destruir el poder adquisitivo de la moneda. Contrariando el artículo tercero de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece que "es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda", no se vaciló en emitir pesos depreciando su poder de compra para sostener el denominado tipo de cambio competitivo, que finalmente dejó de serlo por efecto de la inflación.
El proceso inflacionario desatado por esta política derivó, primero, en los controles de precios, para luego acentuar la represión sobre el sistema económico, al recurrir a prohibiciones y cupos de exportación e incrementos en los impuestos a las exportaciones, y, finalmente, ante el fracaso de esas medidas, se optó por intervenir el Indec y destruir la confiabilidad de sus estadísticas, como si con esa medida la gente no advirtiera el alza en el costo de vida, el desabastecimiento de productos o los problemas de ocupación, pobreza e indigencia que padece.
Los casos más notables de destrucción económica son los de la industria láctea, la ganadería y el gas. Antes de que Kirchner llegara al gobierno, la Argentina exportaba productos lácteos, carnes y gas. Con sus políticas, estos tres sectores han quedado diezmados. De exportar gas pasamos a importarlo y, encima, el Gobierno ha rubricado un decreto por el cual se cobra un impuesto para financiar la importación de gas licuado mientras se mantiene en estado de desaparición la industria gasífera. En lo que hace a la ganadería, de continuar este rumbo, luego de perder mercados, la Argentina tendrá que importar carne si la población no reduce su consumo.
También destruyó el reducido mercado de capitales que todavía quedaba en la Argentina al confiscar los ahorros de los trabajadores que aportaban al sistema de capitalización privado. Ese sistema, con las correcciones que podía necesitar, permitía canalizar ahorro de largo plazo hacia el financiamiento del consumo y de la inversión.
Los métodos utilizados para controlar los precios, que lindan con el abuso del poder público, la confiscación de ahorros y el enfrentamiento con el campo para apropiarse de su renta son sólo algunos ejemplos de una larga lista de cómo el kirchnerismo fue minando la actividad económica y la seguridad jurídica.
Justamente, este avance sobre la propiedad privada mediante diferentes mecanismos ha producido una fuga de capitales de 43.000 millones de dólares, que equivalen al total de los depósitos del sector privado en el sistema financiero. La inseguridad jurídica provocada por tanto intervencionismo, el desprecio por los derechos de propiedad y la violación del derecho consagrado en la Constitución nacional de ejercer toda industria lícita fue la otra parte de la destrucción de la institucionalidad.
Desde el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner y, ahora, su esposa, Cristina Fernández, jamás se concentraron en formular políticas públicas de largo plazo, eficientes y previsibles para construir condiciones de crecimiento sustentables. Por el contrario, todo se ha limitado a simples tácticas de corto plazo sin importar los efectos perjudiciales de largo plazo que pudieran tener. Estas tácticas se limitan a crear enemigos imaginarios o inventados por el matrimonio para acaparar más poder o salvar el escaso que le queda. Lo único previsible de Kirchner es su imprevisibilidad.
El veto de Cristina Fernández a la suspensión del pago de derechos de exportación para algunos partidos de la provincia de Buenos Aires que han sufrido una sequía histórica, la estatización de las transmisiones por televisión de los partidos de fútbol y el forzado proyecto de control de medios audiovisuales en nada contribuyen al progreso económico, pero confirman que, luego de la derrota electoral del 28 de junio, el poder remanente que le queda al matrimonio será utilizado para seguir destruyendo en vez de construir.
20100909 LN Mafias de la muerte
Tal vez ninguno de los numerosos escándalos de corrupción que estallaron durante la era kirchnerista presente la dimensión criminal y directamente homicida de la llamada mafia de los medicamentos falsos o adulterados.
Pocas veces se ha visto desde el retorno de la democracia una combinación tan grande y perversa de negocios espurios entre funcionarios de un gobierno, sindicalistas enrolados en el oficialismo, obras sociales y mafias privadas, que incluye lavado de dinero negro, aportes ilegales a una campaña presidencial -en este caso, la de Cristina Kirchner -, asesinatos cometidos por sicarios, un suicidio aparentemente inducido y, finalmente, el sufrimiento físico y moral (y en algunos casos también la muerte) de enfermos de cáncer y de sida.
Porque en ningún momento, mientras se desmonta el complejo entramado de este escándalo, hay que perder de vista que este negociado se basa en la entrega a enfermos oncológicos y de sida de remedios vencidos, con lo cual sus componentes activos se han vuelto inermes, o, peor aún, medicamentos adulterados que carecen de las drogas para combatir esos males, aunque los envases sean réplicas de los verdaderos.
Cae de maduro, entonces, que quienes desde hace años se dedican a este negociado homicida, y sus cómplices y encubridores en el Gobierno, saben que el resultado final de esta cadena es el agravamiento de las enfermedades y la muerte de los enfermos.
Como muchos de los medicamentos para tratar esas enfermedades cuestan varios miles de pesos, el Estado los subsidia aportando el dinero a las obras sociales. De una de las investigaciones judiciales en marcha, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide surge, según lo informado por fuentes judiciales, que algunas obras sociales, como la de los bancarios, gremio que maneja desde hace décadas el hoy kirchnerista Juan José Zanola, en vez de comprar esas drogas en las farmacias las adquieren en forma directa a ciertas droguerías que, presuntamente en complicidad con la obra social, entregan medicamentos adulterados. El negocio consiste en cobrar lo que en verdad no cuesta casi nada. También se ha denunciado la muerte de un niño pese a que los médicos le suministraron los medicamentos oncológicos correspondientes, y la falsificación de historias clínicas para inventar pacientes .
Una de las denuncias judiciales la radicó un médico que constató que su paciente no mejoraba pese a habérsele administrado medicación oncológica. Otra de las denuncias la efectuó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, pionera en la lucha contra esta mafia, librada sin el menor apoyo oficial cuando aún se hallaba al frente de la cartera a la que finalmente tuvo que renunciar.
Cuando son adquiridos en una farmacia, estos fármacos cuentan con controles y seguimientos rigurosos que no existen cuando se los compra en ciertas droguerías. Precisamente, una de las principales droguerías investigadas es San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, un hombre que, siempre según la información judicial, también poseería una mesa de dinero y sería el punto de contacto con Sebastián Forza, dueño de droguerías quebradas e involucrado también en la venta de medicamentos adulterados. A su vez, Forza, uno de los jóvenes empresarios asesinados en el triple crimen de General Rodríguez, entregó cheques de su empresa Seacamp por 200.000 pesos para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
Es en este punto donde hace su aparición el lavado de dinero porque, se sospecha en medios judiciales, ni Forza ni otros empresarios del rubro habrían aportado fondos propios a la campaña, sino que habrían prestado sus nombres para que el dinero de algunas obras sociales pudiera ingresar en la campaña bajo un ropaje de legalidad.
Dos jueces federales investigan el financiamiento de la campaña presidencial. Ariel Lijo trabaja a partir de una denuncia de la Coalición Cívica sobre supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra Héctor Capaccioli, recaudador de aquella campaña y, sintomáticamente, superintendente de Salud hasta que Ocaña pudo desembarazarse de él. De la superintendencia que estuvo a cargo de Capaccioli dependen los pagos a las obras sociales de los medicamentos oncológicos y para el sida.
Habría escuchas telefónicas ordenadas por Oyarbide en las que Lorenzo habla con Capaccioli y también con otro sospechoso empresario dueño de droguerías y presunto aportante de 310.000 pesos a la campaña presidencial. Mientras tanto, la jueza federal María Servini de Cubría trata de determinar si los cheques aportados por Forza a la campaña de la Presidenta constituyen lavado de dinero.
Como puede advertirse, no estamos ante la habitual y ya institucionalizada falta de controles oficiales, sino ante la evidente complicidad de autoridades gubernamentales que se habrían beneficiado con dinero proveniente de la estafa realizada a costas del sufrimiento de enfermos, de su agravamiento y de su muerte.
Con la complicidad oficial, esos enfermos, igual que sus familiares, creían hallarse bajo tratamiento cuando en realidad, además de ser víctimas de estas dolorosas enfermedades, lo eran de esta mafia y del aparato estatal que actuó como encubridor.
Se entiende ahora el sospechoso énfasis puesto no hace mucho por algún magistrado y algunos medios de prensa oficialistas en el negocio de la efedrina como única razón del triple crimen de General Rodríguez cuando, sin descartar esa posibilidad, era evidente que el principal negocio de Forza era el de los medicamentos.
Es tal la gravedad de los hechos que ahora salen a la luz que la urgencia, rapidez y profundidad de las investigaciones en curso se impone no sólo para el debido castigo de todos los responsables, sino también para que muchos pacientes que actualmente se atienden por ciertas obras sociales sepan a qué atenerse. Por acción u omisión, este gobierno que ha falseado los índices de inflación y pobreza también es responsable de la incertidumbre de los enfermos que no saben si están sometidos a falsos tratamientos
20100507 Urg24 Mafia de los medicamentos: Brito será indagado por Oyarbide y podría complicar a los Kirchner
Durante esta mañana (07/05) el empresario farmacéutico -y aportante a la campaña de cristina de Kirchner 2007- Gabriel Brito declarará hoy ante el juez federal Norberto Oyarbide, tras ser detenido el pasado miércoles por estar vinculado a la causa de la "mafia de los medicamentos". Está acusado de pertenecer a una banda que maneja Néstor Lorenzo, otro de los apresados. ¿Podrá complicar a los Kirchner?
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El empresario farmacéutico Gabriel Brito declarará hoy (07/05) ante el juez federal Norberto Oyarbide, tras ser detenido el pasado miércoles por estar vinculado a la causa de la "mafia de los medicamentos".
Brito, que está acusado de intentar extorsionar a otros sospechosos de la causa, fue arrestado por la Policía Federal en su casa del country Los Rosales, en la calle Sargento Cabral 4885 del partido bonaerense de Esteban Echeverría, según se informó.
¿Pero podría Brito con su declaración complicar a los Kirchner? La respuesta es afirmativa. Brito contribuyó con $ 310.000 a la campaña presidencial de 2007.
¿Pero quién es el hombre que declara hoy y sus dichos podrían complicar al matrimonio presidencial? Brito era el dueño de Global Pharmacy Service, una empresa que se dedicaba a auditar remedios para diversas obras sociales, entre ellas, La Bancaria, que está en el ojo de esta investigación, con su titular Juan José Zanola detenido desde el año pasado al igual que su mujer, Paula Aballay.
De acuerdo a la rendición de cuentas de la campaña 2007 del Frente para la Victoria, Global Pharmacy aportó $ 310.000 pesos a través cuatro cheques.
Desde que estalló el escándalo de los negociados con remedios truchos y sus vínculos con la financiación espuria de la política, Brito deslindó culpas en su ex socio y amigo, Néstor Lorenzo, también preso y sindicado como el zar de la mafia de los medicamentos adulterados.
Pero lo que Brito sabe es demasiado. Muchas de las empresas farmacéuticas con las que tenía contacto Lorenzo aportaron importantes sumas para la campaña de Cristina. La recaudación de fondos era coordinada por el entonces superintendente de seguridad social, Héctor Capaccioli.
Esta mañana, Brito será indagado y confrontado con las pruebas que acopió la Justicia para acusarlo de asociación ilícita y extorsión. Sin embargo, no olvidemos que la causa la lleva Oyarbide, alineado con los Kirchner.
Sin embargo, de acuerdo a fuentes judiciales consultadas por otros medios, Oyarbide cuenta con un video en el que Brito le exige dinero a un encargado de la Cooperativa de Crédito Vernet para no revelar información comprometedora a la prensa. De acuerdo a los datos en poder de la Justicia, el verdadero dueño de Vernet sería Lorenzo y a través de ella se habría lavado buena parte del dinero generado por los remedios truchos.
Según
publicó en su momento
Clarín, Brito fundió su negocio y atraviesa problemas de salud. En los
últimos meses no sólo habría extorsionado a empresarios farmacéuticos y
financistas vinculados con esta oscura trama sino también a funcionarios
nacionales.
Uno de ellos es Sebastían Gramajo, ex responsable financiero de la campaña del FPV y actual gerente de la ANSeS, que ayer ratificó ante este diario que en los últimos meses Brito se acercó varias veces con un discurso similar "Estoy fundido, necesito plata. Quiero la administración de una obra social", le repetía. En septiembre pasado, lo denunció ante la Justicia por extorsión.
Gramajo también recordó que, en 2008, Brito ratificó en escritura pública que él había donado el dinero para la campaña. Sin embargo, en declaraciones que hizo el año pasado a diversos medios cuando estalló el escándalo, Brito alegó que se había hecho cargo de la donación forzado por Lorenzo, quien le habría indicado que si le hacía "ese favor a Capaccioli" obtendría una importante compensación política y económica.
Los otras tres personas detenidos ayer fueron Walter Maffini, su secretaria Lidia Sinicol y Sergio Amarilla, del laboratorio Max Pharma SRL que según detectó el ANMAT comercializaba en Mendoza una versión adulterado de la medicación oncológica Glivec, del laboratorio Novartis.
Todos ellos se sumaron a la veintena de procesados encabezados por Zanola, Aballay, su secretaria en el Policlínico Bancario, Susana Fiona y el ex funcionario del ANMAT Miguel Cosme de Marco.
La megacausa por la mafia de los medicamentos reveló una matriz de sociedades que vendían medicamentos truchos para enfermedades de alta complejidad a obras sociales. Ahora se investiga el aval de funcionarios a estos procedimientos y las diferentes vías para lavar el dinero sucio de este negocio turbio. Al parecer, una era la financiación de la política.
LN Carta de Lectores por Juan Martín Vergara Uranga
Triste y desgraciadamente, en nuestro país, se han hecho distintos de mafias. Por ejemplo, baste recordar la del oro.
Últimamente,, la más nombrada es la de los medicamentos, pero lo que más me ha llamado la atención han sido las declaraciones de la ex ministra de salud Graciela Ocaña, quien dijo en una entrevista que el señor Zanola, a pesar de las denuncias realizadas oportunamente, tenía mejor recepción en la Casa de Gobierno que ella en el momento en que ocupaba la titularidad del ministerio.
Entonces me pregunto, al ver los actos de corrupción que salpican a distintas personas del anterior y del actual gobierno, si en breve no oiremos hablar de “la mafia de la Rosada”. Sinceramente más allá de mi discrepancia del gobierno de la Doctora Cristina Fernández, espero que esto no suceda , por el bien de nuestra Argentina”
20090915 Los subsidios truchos de la ONCCA se armaron en dos oficinas y un bar
|En dos despachos y en un bar de Retiro se apuraban expedientes y ubicaban a personas insolventes como supuestos beneficiarios. Funcionaban de manera paralela. La oposición denunció que hay personal de ONCCA y de AFIP involucrados.
El
teléfono celular 1557450381 está apagado desde que Clarín publicó, el 10 de
septiembre pasado, el primero de una larga lista de casos de pagos irregulares
concretados por la ONCCA, el organismo que hasta hace muy poco tiempo respondía
al actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Discando ese número, según
confiaron tres diferentes fuentes, se podía pactar una negociación cara a cara
con los funcionarios que podían decidir la suerte de un expediente en minutos,
previo acuerdo de supuestas coimas con los interesados. Este tipo de arreglos se
concretaban en dos oficinas paralelas a la ONCCA o en un bar céntrico.
Una de esas oficinas estaba ubicada en Piedras 519, séptimo piso, departamento
B, según coinciden en apuntar varias denuncias recogidas por diputados de 18
bloques opositores que, a partir de esta investigación periodística, decidieron
recopilar pruebas para dar sustento a una denuncia penal por presunta
"asociación ilícita" contra Ricardo Echegaray, ex titular de la ONCCA en 2008, y
Emilio Eyras, su sucesor hasta el mes pasado.
Esa denuncia, según uno de los coordinadores de la Mesa de Consenso
Agropecuario, el macrista Cristian Gribaudo, se concretará en las próximas
semanas, y se sumará a dos causas judiciales que están en manos de los jueces
Norberto Oyarbide y Alejandro Castellanos. Una de ellas es el caso de los
subsidios a feed lots que no existían, canalizados a través de personas de bajos
recursos de Mar del Plata (ver página 4).
Varios testimonios recogidos por Clarín confirmaron la existencia de la oficina
de la calle Piedras. Pero habrían existido otros puntos de reunión. Una segunda
oficina habría estado ubicada a sólo una cuadra del Ministerio de Agricultura,
en un edificio de Paseo Colón y el pasaje Giuffra. Y dos empresarios, que
pidieron reserva de su nombre, admitieron haberse reunido, de noche, con
funcionarios de ONCCA en un entrepiso de un bar ubicado sobre avenida
Libertador, cerca de Retiro.
Debido al escándalo de los subsidios, Echegaray tuvo que resignar el control
político que ejercía sobre la ONCCA, que maneja más de 3.600 millones de pesos
anuales para el pago de compensaciones. El actual titular de la AFIP comandó el
organismo entre abril y diciembre de 2008, y luego designó a Eyras, un contador
de su mayor confianza. Frente a las denuncias, Eyras fue reemplazado por el ex
ministro santacruceño, Juan Manuel Campillo. Curiosamente, según las fuentes, el
ex jefe de la ONCCA nunca mantenía reuniones en privado con empresarios.
El informe que preparan los diputados en base a 200 denuncias menciona a otros
colaboradores cercanos al titular de la AFIP que podrían estar involucrados en
las irregularidades. Los bloques opositores pedirán a la justicia que investigue
especialmente el papel desempeñado por el actual subdirector del organismo
recaudador, el marplatense Fernando Villaverde, y Marcelo Utje, viejo socio de
Eyras y coordinador general de la ONCCA hasta hace pocos días.
En la investigación también surgen los nombres de los coordinadores Sergio Paleo
(Compensaciones), Julián Coronel (Inscripciones) y Cristian Ingratta (Legales),
así como los de los empleados Oscar Villaverde (hermano de Fernando), Oscar
Piovano, Bernardo Calcagno y Luis Gentile.
20090915 perfil "Operativo descontrol" en el reparto de subsidios millonarios Matías Longoni
Los
empleados de la ONCCA hablan del "operativo descontrol" para referirse al
proceso por el cual un organismo creado para controlar a los evasores del sector
agropecuario se convirtió -en poco menos de dos años- en un ámbito sospechado de
corrupción y discrecionalidad en el manejo de subsidios que hoy suman 3.600
millones de pesos anuales. Según este relato, hubo jalones bien claros que
permitieron semejante transformación.
El sistema de compensaciones a diversos sectores agroindustriales nació el 11 de
enero de 2007 por Resolución 9 del Ministerio de Economía y Producción. A partir
de allí, la ONCCA publicó diversas normativas específicas para cada sector y en
todas ellas se determinaba que, para acceder a los subsidios, las empresas
debían presentar gran cantidad de documentación. Por caso, los feed lots tenía
que enviar a la ONCCA todos los DTA (documento de tránsito de animales) de
ingreso y salida de hacienda, y las facturas de compra de maíz y demás productos
utilizados para el engorde de los animales. La ONCCA chequeaba esos datos y
cruzaba información con AFIP, SENASA y otros organismos. Recién después de esos
controles habilitaba cada pago.
La llegada de Ricardo Echegaray a la ONCCA, en abril de 2008, cambió el modo de
hacer las cosas. Primero, porque se modificó el sistema de registro de ingreso
de documentación, que comenzó a realizarse a través de la pagina de AFIP
mediante un sistema informático bautizado "Jauque". El nuevo sistema otorga a
los expedientes un código alfanumérico al azar, en el que ya no consta el año de
inicio del trámite. Rompió con la lógica seguida hasta ese momento por el
Ministerio de Economía y el resto de la administración pública.
Una segunda modificación se produjo en julio de 2008, cuando Echegaray dictó la
Resolución 1747. Con el proclamado objetivo de establecer "un procedimiento
administrativo que de operatividad y agilidad al régimen", dicha norma eximió a
"todos los interesados en acceder a las compensaciones de acompañar las
constancias documentales que respalden las operaciones volcadas en las
declaraciones juradas". Es decir, de ahí en más bastó con la palabra de cada
operador. La ONCCA sólo se reservaba el derecho de "corroborar" la información
declarada.
El desaguase de los controles continuó por esos meses con la desvinculación
forzada de muchos viejos trabajadores que conocían la operatoria, para dejar el
lugar a "coordinadores" sin antecedentes designados por Echegaray. Noemí
Muchnik, una Administradora Gubernamental que estaba a cargo del sistema por
decisión del ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, no llegó a convivir ni dos
meses con la nueva gestión.
Otro paso fue la resolución 2839 firmada por el ex titular de la ONCCA el 13 de
agosto de 2008, que curiosamente nunca salió publicada en el Boletín Oficial.
Con el objetivo declarado de "simplificar los procedimientos internos", esa
norma determinó que los expedientes ya no pasarían por el Area de Legales de la
ex Secretaría de Agricultura, sino que bastaría para el pago con el visto bueno
de los coordinadores de Compensaciones y de Inscripciones. Desde ese entonces,
las resoluciones de pago citan el aval jurídico de una "Coordinación Legal y
Técnica de la ONCCA", que no existe formalmente porque el organismo todavía no
cuenta con estructura definitiva. Así, dicen las fuentes, se desmanteló la
última instancia de control interno.
Desde el inicio del sistema de compensaciones, la ONCCA distribuyó 5.787
millones de pesos. Dos terceras partes de esos pagos se realizaron bajo el
"operativo descontrol".
20091009 Admiten un nuevo escándalo con subsidios truchos Matias Longoni
La ONCCA, que controla la actividad del campo, reconoció el pago indebido de casi $3 millones. Fueron a parar a personas de escasos recursos, a quienes hacían pasar por productores. Clarín había denunciado otro caso irregular por $10 millones.
Corrupción en la ONCCA: piden
a Oyarbide proteger al testigo Tapia
Oyarbide investigará a la ONCCA por los subsidios sospechosos15 SEP 2009La ONCCA sostiene que pagó "en regla" las compensaciones en Carlos Casares11 SEP 2009
De modo más que
oscuro, la ONCCA otorgó 3 millones de pesos en subsidios a tres feed lots
inexistentes, en una maniobra fraguada con participación de funcionarios de la
AFIP y el Banco Nación. El episodio -conocido luego de la denuncia de Clarín
sobre otro pago irregular por 10 millones a una firma de Carlos Casares-, fue
admitido por la propia ONCCA, que ayer anuló esos pagos e insólitamente exigió
la devolución de parte del dinero.
En la Resolución 7535, publicada ayer en el Boletín Oficial, el titular de la
ONCCA, Emilio Eyras, un delfín del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, "revocó"
tres órdenes de pago firmadas por él mismo entre agosto y setiembre, días antes
de la investigación de Clarín. Esa investigación motorizó el inicio de una causa
judicial sobre presuntas irregularidades en la entrega de compensaciones a
engordadores de hacienda, a cargo del juez Norberto Oyarbide.
Los tres pagos ahora anulados están cortados con una misma tijera: se utilizó a
particulares de Mar del Plata, a los que poco antes se les tramitó un CUIT en la
AFIP y que, lógicamente, no contaban con matrícula de feed lot ni en la propia
ONCCA ni en el SENASA. Es decir, eran pagos totalmente ilegales: los feed lots
no existen.
El primero de esos subsidios salió a nombre de Juan Benjamín Tapia, un humilde
trabajador de la pesca al que, según él mismo relató, le pagaron $ 1.000 en
efectivo con la excusa de que se trataba de un subsidio para desocupados. Para
abrir una cuenta bancaria, Tapia estampó su firma en la sede Barrio La Perla del
Banco Nación. Allí la ONCCA depositó 964.276 pesos por compensaciones
correspondientes a los cinco primeros meses de 2009, aunque recién el 1 de julio
la AFIP lo había inscripto como monotributista categoría F.
Tapia lucía ayer desesperado. Desempleado y con cinco hijos, ayer la ONCCA lo
intimó a que "en el plazo de cinco días proceda al reintegro de los importes
erróneamente percibidos". Había cobrado 1.000 pesos y le reclamaban casi 1
millón que ni siquiera llegó a ver. El 7 de setiembre, cuando lo convocaron al
Banco Nación, el dinero viajó con dos hombres a bordo de una Ranger gris, con
vidrios polarizados y chapa que hábilmente llegó a anotar: EJJ 017. El vehículo
figura a nombre de José Luis Aguilar, quien tendría vinculación con el
coordinador de Compensaciones de la ONCCA, el marplatense Sergio Paleo.
Los otros dos casos también son de personas de la zona sur de Mar del Plata. A
Maximiliano Rubén Ibarra, de apenas 21 años, la ONCCA le pagó 1.271.522 pesos el
31 de agosto. Para Mirta Gladis Albarracín, de 43, la orden de desembolso por
729.065 pesos fue firmada por Eyras el 4 de setiembre. El primero fue habilitado
por la AFIP el 23 de julio. La segunda, el 3 de agosto.
El organismo también revocó esos subsidios pero, a diferencia de lo que sucedió
con Tapia, no reclamó reembolso. Y es que esos pagos no pudieron concretarse por
la denuncia de Clarín. Desde esa publicación, la ONCCA paralizó todos sus pagos.
En un comunicado, Eyras informó que los supuestos feed lots "presentaban
irregularidades en la documentación del Senasa, aunque tenían su CUIT activa".
Lejos de iniciar un sumario interno y de realizar una denuncia, la ONCCA dio el
caso por cerrado: "Los controles funcionan correctamente".
Su titular agregó que "esta medida no significó ningún perjuicio al Estado, por
cuanto en dos de los casos no se llevaron adelante los pagos, y en el restante,
frente a la intimación de la ONCCA, los fondos fueron íntegramente restituidos".
En simultáneo, Tapia era visitado por las dos personas que lo engañaron con la
promesa del subsidio. Iban a bordo de una Chevrolet chapa AUM 642 y le pidieron
que los acompañara para dar marcha atrás, ante escribana, con todo el trámite.
El humilde filetero se negó y buscó un abogado