desastre_total

20100316 Restringen el uso de un herbicida. Por una decisión judicial, se limitó en Santa Fé por razones sanitarias, la aplicación de glifosato en zonas cercanas a centros poblados. Un producto clave para la producción  Aparte de la soja se usa en gran parte de los cultivos.

20100316 LN “Valijagate” : Preguntas sin respuestas.   Editorial

            El Gobierno parecer haber apostado a que la opinión pública olvide que los 800.000 dólares eran para la campaña presidencial.

………Un silencio oficial que se agiganta todavía más si se lo contrasta con la efusividad con que esos mismos funcionarios y legisladores – oficialistas responsabilizaron a los Estados Unidos de orquestar una supuesta operación de inteligencia. Con la misma efusividad con que desmintieron que Antonini hubiera estado en la Casa Rosada hasta que apareció el video,  negaron que aquellos 800.000 días y los oros 4.2 millones que al parecer superaron los controles del aeropuerto eran, en efecto, un aporte bolivariano a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

 NESTOR Y CRISTINA KIRCHNER AUMENTARON SU FORTUNA EN 5,4 MILLONES DE PESOS EL AÑO PASADO

20100320 Clarín Los Kirchner con más patrimonio, y ahora intentan reabrir la causa

El abogado Monner Sans hizo un pedido extraordinario a la Cámara Federal.

El abogado Ricardo Monner Sans intenta reabrir el expediente judicial en el que Néstor y Cristina Fernández de Kirchner fueron sobreseídos por el delito de enriquecimiento ilícito en diciembre pasado. Con esa intención se presentó ante la Cámara Federal para que revise la decisión tomada por el juez federal Norberto Oyarbide quien cerró la investigación por el crecimiento patrimonial obtenido por los Kirchner durante el año 2008.

La decisión de Oyarbide había quedado firme ya que ni el fiscal original del caso Eduardo Taiano ni el fiscal a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Guillermo Noailles, apelaron el sobreseimiento.

Ayer el diario La Nación reveló que, según la declaración jurada que presentó Kirchner en la Cámara de Diputados, el patrimonio del matrimonio aumentó en 5.400.000 pesos con respecto a la declaración jurada que había dado lugar a la denuncia que fue cerrada por Oyarbide.

En 2009 el incremento patrimonial de los Kirchner no se basó -como sucedió en los años precedentes- en la compra de casas ni en el crecimiento de sus depósitos bancarios, sino en la cancelación de deudas millonarias. Cancelaron deudas porque los Kirchner tuvieron ingresos cercanos a los 14.000.0000 de pesos, principalmente en concepto de alquileres.

El matrimonio redujo sus deudas de $ 19,2 millones en 2008 a 5,9 millones en 2009. Las deudas más importantes que redujeron son las que tenían con el Banco de Santa Cruz por $ 8.834.369, y por la construcción del hotel Los Sauces por $ 8.329.596.

Las declaraciones juradas que hacen por separado los Kirchner involucran a los bienes de ambos. Kirchner presentó su declaración correspondiente a 2009 debido a su ingreso a la Cámara de Diputados. La Presidenta tiene hasta mediados de año para presentar la suya en la Oficina Anticorrupción. La última declaración que presentó Cristina fue la de 2008 y en ese año los bienes habían crecido en una cifra cercana a los $ 28.000.000.

Por otra parte, diputados de la CC denunciaron al matrimonio por el uso de información privilegiada para beneficio propio cuando se difundió que Kirchner había comprado dos millones de dólares en octubre de 2008.

En su presentación, Monner Sans pidió a los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal que revisen la decisión de Oyarbide de no dejarlo obtener el expediente porque no es parte en la causa. Monner Sans manifiesta que hubo irregularidades en el cierre de la causa por la que fueron sobreseídos los Kirchner y quiere plantear lo que se conoce como "sentencia írrita". Este se traduce en que se puede revisar una sentencia firme si se demuestra que el trámite del expediente tiene irregularidades.

De hecho diputados de la Coalición Cívica denunciaron tanto Oyarbide como a los fiscales del caso ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General respectivamente, por la actuación que tuvieron en la investigación del aumento patrimonial de un 158% que consiguieron los Kirchner en 2008.

20100321 Clarín Editorial La política oficial de obstrucción al Congreso

La paralización de la capacidad decisoria del Congreso constituye un serio obstáculo para el normal funcionamiento del sistema republicano y para que la voluntad de los ciudadanos sean representadas efectivamente en el establecimiento de las normas que regulan la vida social. El desmedro del Congreso es producto, en primer lugar, de una estrategia oficialista explícita de obstrucción del Congreso, que tiene el objetivo de sostener la hegemonía del Ejecutivo, aun en la fase de declinación del kirchnerismo.

Cuando el voto ciudadano provocó un retroceso oficialista en la conformación de las Cámaras, representantes del oficialismo anunciaron que el Ejecutivo recurriría al veto cuando las leyes aprobadas por el nuevo Congreso no se adecuaran a los objetivos y necesidades oficiales. Cuando el Congreso entró en funciones, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ignoró la existencia del mismo y decidió la utilización de reservas para pagar deuda a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, desconociendo los requisitos que establece la Constitución para la utilización de ese instrumento e intentando eludir un debate parlamentario de su decisión.

El procedimiento fue objetado por un fallo judicial a partir de lo cual el oficialismo acusó a la Justicia de intentar judicializar la política. A esto le siguió una creciente ola de agresiones y acusaciones al Poder Judicial que motivó, la semana pasada, un llamado a la prudencia por parte de la Corte Suprema.

En este escenario se sucedieron las sesiones parlamentarias en las cuales, debido a la composición de las Cámaras, a la falta de homogeneidad de la oposición y al poder convincente de las presiones y la caja oficial para acercar voluntades de algunos legisladores, no se ha logrado hasta el momento decidir y en algunas ocasiones siquiera tratar el tema del uso de las reservas y de la presidencia del Banco Central.

El cuadro se complejizó aún más el miércoles pasado cuando un juez, en una decisión que numerosos constitucionalistas consideran improcedente, falló a favor de una demanda de medida cautelar del Gobierno objetando la composición de la comisión de la Cámara de Diputados que había dictaminado contra el DNU presidencial que creó el Fondo de Desendeudamiento y que la Cámara se aprestaba a rechazar.

De este modo el Gobierno obtuvo un respiro en el Congreso con la intervención de la Justicia, un procedimiento que había fustigado cuando la misma falló contra sus intereses.

La posición oficial de aceptar o rechazar los fallos según sean favorables o no a sus intereses, fue abiertamente explicitada por la Presidenta cuando anunció que desobedecería un fallo judicial adverso. Esta actitud demuestra una falta de aceptación de las reglas de juego elementales de la vida republicana y una concepción de poder que no acepta los límites que impone el orden legal.

En la misma línea se inscribe la decisión del ministro de Economía Amado Boudou de no acudir a una audiencia pública convocada por la Corte Suprema para discutir un reclamo provincial por la coparticipación.

En estos días, las manipulaciones parlamentarias y los desplantes y agresiones a la Justicia se deben a que el Gobierno procura capturar recursos para utilizarlos políticamente y, en particular, para evitar cambios en el régimen de coparticipación de impuestos que reducirían la dependencia de las provincias de los aportes nacionales y, de esa forma, la capacidad de presión del kirchnerismo sobre gobernadores y senadores.

La política oficial de obstrucción al funcionamiento del Congreso, juntamente con las agresiones a la Justicia, reflejan un rechazo a los límites que la ley impone al ejercicio del poder. Y en estos días se explican por qué el Gobierno intenta obtener recursos para utilizarlos políticamente y evitar una modificación de la coparticipación que reduciría su capacidad de presión sobre senadores y gobernadores.

UN FISCAL PIDIO INFORMES A LA OFICINA ANTICORRUPCION

20100321 Clarín La Justicia apunta al patrimonio de Coscia   Omar Lavieri

Por: Omar Lavieri

La suerte judicial del secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia ha cambiado desde que a principio de este mes la Sala I de la Cámara Federal porteña revocó un sobreseimiento dictado por el juez Norberto Oyarbide en una causa en la que se investiga si el funcionario cometió algún delito en el manejo de fondos cuando estuvo a cargo del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

Pero junto a esa investigación por irregularidades en el INCAA corre otra sobre enriquecimiento ilícito en la que se trata de determinar si el incremento patrimonial de Coscia está justificado. Oyarbide delegó la investigación de las dos causas al fiscal Eduardo Taiano quien el lunes pidió a la Oficina Anticorrupción que le informe "el estado de la investigación patrimonial" de Coscia. Taiano también le solicitó a la OA que remita a su fiscalía las investigaciones sobre la actuación de Coscia en el INCAA. En la OA hay un expediente sobre la contratación directa que hizo el INCAA con una empresa de turismo para la compra de pasajes y alojamiento por una cifra cercana al millón de pesos.

Con esos pedidos el fiscal Taiano quiere profundizar la investigación que se inició en 2007 y estuvo parada desde mediados de 2009 cuando Oyarbide sobreseyó a Coscia por las irregularidades detectadas en el INCAA.

Coscia presidió el INCAA desde 2002 hasta 2005 cuando el actual secretario de Cultura dejó ese cargo para ser diputado nacional por el kirchnerismo. Al mismo tiempo que Oyarbide sobreseyó a Coscia por administración fraudulenta en el INCAA archivó la investigación sobre enriquecimiento ilícito debido a que la OA no había requerido al funcionario a que demuestre la legitimidad de su crecimiento patrimonial. En aquel momento, según figura en el expediente judicial, la OA estaba recolectando información sobre Coscia. Desde la OA señalaron a Clarín que durante la semana que se inicia le enviarán al fiscal Taiano los datos sobre el patrimonio de Coscia y las irregularidades en el INCAA que fueron recolectando desde el año pasado.

Las investigaciones sobre Coscia se reactivaron el 4 de marzo pasado cuando los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler señalaron que debía profundizarse la averiguación sobre lo actuado por Coscia en el INCAA. El caso llegó a la Cámara porque fue Taiano quien apeló lo decidido por Oyarbide el año pasado.

En su resolución Ballestero y Freiler señalan que "advertimos que a través de la instrucción de la presente causa se fue colectando diversa documentación que permite entrever, durante la presidencia de Coscia, el habitual incumplimiento de los procedimientos de administración y control previstos para el ente".

deudas y reservas

20100321 PERFIL El ajuste es consecuencia, no decisión  por  Enrique Szewach

Por qué el dinero no alcanza en un año en que la cosecha récord y los buenos precios internacionales mejorarán los ingresos. El Gobierno quiere usar ahorros para que achiquen los que vienen después.

La Presidenta ha insistido en presentar, una vez más, el falso dilema con el que comenzó el año: ajuste o reservas.
Cuando la Presidenta nos informa que necesita usar parte de las reservas para pagar un gasto público, nos está diciendo que la plata no le alcanza, es decir que entre los ingresos públicos y los gastos públicos, incluidos los servicios de la deuda, hay un “desajuste”. No son reservas para pagar deuda. El dinero es fungible: si uso dólares del Banco Central para pagar deuda, “liberó” los pesos destinados a pagar esa deuda para pagar, por ejemplo, salarios. De manera que es lo mismo que decir “uso las reservas para pagar salarios”.

Ahora bien, ¿por qué el dinero no alcanza en un año en que la cosecha de soja y los buenos precios internacionales mejorarán los ingresos por impuestos a la exportación? ¿Por qué el dinero no alcanza en un año en que se pronostica un crecimiento importante de la economía, después de la recesión de 2009, mejorando los ingresos impositivos corrientes? ¿Por qué el dinero no alcanza en un entorno de presión fiscal sobre los pagadores de impuestos que está en sus máximos históricos, no sólo por las mencionadas retenciones a la exportación, sino también por el impuesto al cheque y la transformación de ahorros de futuros jubilados en ingresos públicos, al terminar con el régimen de AFJP? ¿Por qué el dinero no alcanza con una renovación automática de parte de la deuda pública, debido a la expropiación del stock de ahorros en las AFJP, pasados a la ANSES, junto con otros activos que se han ido vendiendo o podrían venderse?
El dinero no alcanza porque la explosión del gasto en estos años ha sido extraordinaria. ¿Y a qué se destinó esa explosión del gasto, que se nota tan poco en la calidad de los bienes públicos esenciales como educación, salud e infraestructura básica?

Se destinó a mantener una estructura de precios de la energía, el transporte y algunos otros rubros, para la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, alejada de sus verdaderos costos de producción y precios de venta, alentando el consumo desmedido y desalentando la oferta privada, con un esquema de subsidios discrecional, poco transparente y regresivo.
Se destinó a nuevas jubilaciones para gente que nunca aportó al sistema, muchos de ellos de clase media y media alta, y muy pocos verdaderos necesitados de este regalo.
Se destinó a un aumento importante del empleo nacional y provincial, más aumentos de salarios y de las jubilaciones más bajas. Se destinó, es cierto también, a subsidios para gente que los necesita, pero con un sistema clientelar y arbitrario, y con un diseño que ayuda poco a mejorar la capacidad de este sector para acceder a trabajos genuinos en el futuro.

Se destinó a obra pública asignada, también, en forma poco transparente, en función de prioridades políticas y no socioeconómicas y con evidentes sobreprecios. Y se gasta, finalmente, en cancelar deuda pública.
Todo este paquete ha llevado al gasto público argentino –nacional, provincial y municipal– a niveles históricos récords, se lo mida como se lo mida.
Como pasa en su casa cuando se gasta más de lo que se recauda y no se quiere “ajustar”, o se consigue crédito, o se usan ahorros, si los hay. Pero el uso del crédito o de los ahorros tiene sentido si se espera que la situación cambie en el futuro; de lo contrario, sólo se posterga el problema de fondo.
El Gobierno argentino quiere usar reservas (ahorro) y crédito para dejarles el ajuste a los que vengan después: “Si quieren ajuste, que vengan ellos”.

Pero el crédito “voluntario” está limitado por la reputación y la propia situación fiscal. El crédito “forzoso”, por su parte es, por ahora, la emisión monetaria, que permite pagar gastos sin recaudar impuestos genuinos pero generando inflación.
Y aquí está el centro del falso dilema: el ajuste del gasto se está haciendo igual, licuando, con inflación, las jubilaciones y los salarios públicos e incrementando nominalmente los ingresos. Mientras el gasto público suba por debajo de la inflación y el crecimiento real de la economía, habrá ajuste, aunque el gasto nominal no baje. Si, por el contrario, el gasto sube por encima, hará falta vender más reservas o usar más crédito y más inflación, generando una espiralización peligrosa.
El ajuste, entonces, no es una elección: se hace por las buenas o por las malas, ahora o más tarde.

20090321 LN Vargas Llosa critico a Cristina

            “Argentina está conociendo la peor forma de peronismo: populismo y anarquía. Temo que sea un país incurable” disparó el escritor peruano Mario Vargas Llosa. “La fuerza oscura, que hace medio siglo llegó a arrastrar a la ruina a una de las tierras más ricas del mundo está aún en movimiento” añadió el autor de “Conversación en la Catedral” en un reportaje publicado ayer por el diario italiano Corriere della Sera.

            El escrito desplegó elogios para a Luiz Inacio Lula Da Silva, presidente de Brasil, por representar “una inquiera democrática” al norteamericano Barack Obama, al que consideró un “intelectual”m y al jefe del Gobierno italiano Silvio Berlusconi, al que llamó “caudillo democrático”

            No obstante, a la gestión de Cristina Kirchner la calificó como “un desastre total”. Tampoco se salvo de sus críticas el venezolano Hugo Chavez, al ser señalado como exponente de “un populismo total, anacrónico, antidemocrático”  que “lleva a Venezuela hacia el modelo cubano : miseria corrupción, dictadura” Vargas Llosa incursionó en la política cuando se presento enlas elecciones presidenciales de Perú, pero perdió con Alberto Fujimori.

20100325 LN Una promesa imposible de cumplir Por Adrián Ventura

Cuando la Presidenta prometió que acompañaría a la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo a los tribunales internacionales para buscar la identidad de hijos y nietos de desaparecidos hizo una promesa imposible de cumplir.

En el sistema de derechos humanos que rige en América, encabezado por la Corte Interamericana, son los particulares, en defensa de sus derechos y libertades, los que pueden demandar al Estado.

Ninguna norma admite que sea el Poder Ejecutivo, representante del Estado, el que para lograr el cumplimiento de sus políticas internas demande al propio Estado o a la Justicia.

Los aspectos más sustanciales del discurso presidencial no surgen de una lectura jurídica, sino política, y se pueden focalizar en tres momentos. La primera mandataria traza una identificación explícita entre justicia, memoria y verdad. Por eso insta al Poder Judicial a que se esclarezcan de una buena vez los casos de violaciones de los derechos humanos. Pero esa asociación tiene un límite: la justicia de cualquier caso concreto no puede lograrse por cualquier camino, violando pruebas, garantías y derechos tan elementales como la de defensa en juicio.

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner y la Corte Suprema abrieron las puertas para que se investigaran gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas durante los años setenta. Se propusieron recuperar la memoria.

Pero la memoria y la justicia no pueden hacerse a cualquier precio. Por eso, desde entonces, la Corte y la Procuración General organizaron complejos sistemas para ordenar esos procesos, jueces dispersos por todo el país tuvieron que citar y escuchar a miles de testigos, fueron procesadas más de seiscientas personas, se realizaron decenas de juicios orales y fueron condenados más de noventa represores.

Frente a un panorama tan complejo, ¿puede considerarse justo que el entonces presidente Néstor Kirchner o la actual mandataria presionen a los jueces para obtener resultados más inmediatos?

Quizá la Presidenta haya intentado enviar un velado mensaje a todos los jueces, tanto los que resuelven causas de derechos humanos como los que intervienen en conflictos entre el Estado y otros sectores (ley de medios, reservas, etcétera): sólo son justos los fallos que encajan exactamente, en tiempo y expectativas, con los deseos de la Casa Rosada.

En la alusión que ayer hizo la Presidenta a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, la titular de Clarín , la Presidenta también hizo una síntesis de los hechos que puede llevar a algún engaño.

Los estudios genéticos vinculados con la identidad de los jóvenes están en plena etapa de prueba. Si durante seis años las familias que querellan a la directora de Clarín dilataron la ejecución de los exámenes que ellas mismas demandaban, ahora Ernestina Herrera de Noble pide que esas pruebas se hagan con todas las garantías. Pero, incluso cuando se encuentre la verdadera identidad de esos jóvenes que aquélla adoptó en la Justicia, nada prueba que ella haya sido su apropiadora.

A lo largo de todo su discurso, la Presidenta halla enemigos, alude a un grupo periodístico como mafioso y hace explícita su desconfianza con empresarios, políticos y jueces. En su mensaje, ella se coloca en la vereda de enfrente, como si la Justicia no fuese parte del mismo Estado que dirige. Y, al hacerlo, asume, sin decirlo, que es ella la única capaz de hacer justicia. Así, disocia al Estado entre un "nosotros", el Poder Ejecutivo y sus aliados, y los "otros", los enemigos.

Pero en las democracias y en las dictaduras, la justicia y la verdad no justifican violar las garantías y los procedimientos.

20100325 LN Polémica por tres aviones que Aerolíneas tiene en tierra. Son tres MD que costaron U$S 28 millones y no tienen motor; Marsans y el Gobierno se culpan entre ellos… Forma parte de una pelea despiadada….siguen embargados por la justicia… ..y podrían ser tomados como una metáfora implacable de la destrucción de la compañía en los últimos años. “Pasó lo mismo  que con los ferrocarriles…

20100325 Griesa llegó a congelar fondos en el país. …. Expectativas de bonistas de EE.UU por el canje …Representante de los bonistas de EEUU Bostford. “La verdad es que el gobierno de Kirchner no deja de sorprender. Se la pasa fustigando a los fondos buitre, y luego hace el canje a su medida, con una maniobra enla que quienes más ganan son ellos y los bancos colocadores” añadió.

20100325 LN El desagravio a Perú

La visión contra el armamentismo transmitida por la Presidenta debe extenderse a otros países, como Venezuela

a decisión de enmarcar en el desagravio la reciente visita a Perú de la presidenta Cristina Kirchner merece el aplauso de quienes creen que es necesario cerrar el episodio desgraciado de haberle vendido armas a Ecuador durante el conflicto entre ambos países, en 1995.

Esa desatinada actitud no sólo fomentó el armamentismo, lo que supone una equivocación moral. También traicionó la confianza de un país que tradicionalmente ha sido nuestro amigo y aliado y con el cual nos unen vínculos que se remontan a las guerras por la independencia. Así se faltó, además, a la lealtad que deriva del carácter de garante expresamente asumido por nuestro país en el acuerdo de paz entre las dos naciones, consideradas hermanas.

En su encuentro con la presidenta argentina, el anfitrión, Alan García, señaló que le había puesto "punto final al enojoso tema" y que renovaba "nuestro afecto, nuestra cercanía, nuestra profunda compenetración con la Argentina". Como decíamos en un editorial titulado "Gracias, Perú", el 1° de febrero de 1996, el hildalgo olvido que ha hecho el gobierno peruano de esta desdichada circunstancia se inserta en la ejemplar tradición de afecto y cordialidad existente entre las dos naciones.

Las palabras pronunciadas ahora por García, así como la visita de Cristina Kirchner, contribuyen a relanzar una relación que, por distintos motivos, se ha visto turbada en los últimos años, incluso durante el gobierno de Néstor Kirchner. En ese momento, el presidente Alejandro Toledo, antecesor de García, se sintió molesto por los desplantes contra el libre comercio en la IV Cumbre de las Américas, realizada en 2005 en Mar del Plata.

Perú no es un país más para la Argentina. Así como muchos peruanos viven aquí y viceversa, en ese país han hecho inversiones las empresas argentinas Techint, Pluspetrol y Arcor. A su vez, en la Argentina se han radicado las compañías peruanas Grupo Gloria, de lácteos, y Alicorp, de consumo masivo.

Ha sido la primera vez en 16 años que un presidente argentino realiza una visita bilateral a Perú. Los últimos en reunirse habían sido Carlos Menem y Alberto Fujimori, en 1994. Si bien Fernando de la Rúa y la presidenta Fernández de Kirchner habían estado en ese país, no fue por visitas bilaterales, sino por cumbres regionales.

Es importante destacar este gesto, más allá de la aislacionista y hasta hostil política exterior de los Kirchner. La Argentina, equivocada en la sustancia y desubicada en el estilo, se alejó del mundo, retrocedió en múltiples espacios y, peor aún, llenó ambientes de crispación y ocasionó toda suerte de conflictos ásperos con vecinos que, ciertamente, debieron ser evitados.

Es hora de ser coherentes en el mensaje y la posición en contra del armamentismo. Nuestra aliada estratégica, la crispada Venezuela de Hugo Chávez, es lamentablemente uno de los dínamos principales de la peligrosa carrera desatada en la región. A ella debiera llegar también el mensaje contra el armamentismo con la más absoluta transparencia y claridad.

De nada vale avergonzarse de los errores propios de ayer si no se intenta corregir los que hoy están cometiendo gobiernos autoritarios, pero muy cercanos a los Kirchner, como es el de Venezuela.

Por esto, para poder plegarse a la importante iniciativa contra el armamentismo que impulsan Perú, Costa Rica y Panamá, el discurso argentino no debe limitarse al pasado, sino apuntar a quienes hoy son los principales responsables de una carrera de tal magnitud que empequeñece al pecado alguna vez cometido por nuestro país.

Cabe lamentar que, como siempre, el mensaje de nuestra presidenta al pueblo del Perú, en sustancia impecable, estuviera desmerecido por la inclusión de innecesarios tonos revanchistas, así como algunas expresiones de corte populista que parecen ser inevitables en sus exposiciones

la cara negra de la politica oficial

20100327 PERFIL Retorcidos derechos humanos  Alfredo Leuco

El Gobierno y ciertos seguidores promueven una extraña versión de justicia, basada en un autoritarismo sectario y revanchista.

 Ernesto Sabato tiene 99 años y no quiere que su cadáver sea utilizado políticamente. Su voluntad es que su velatorio se realice en el club de sus amores de su Santos Lugares. Ultimo deseo: despedirse de este mundo rodeado por la humildad de una barriada obrera. Este testimonio inédito es parte del conmovedor retrato fílmico escrito, dirigido y coproducido por su hijo, Mario Sabato.
Sabato morirá sin saber que “un insolente”, como dijo Julio Strassera, hace cuatro años cambió el prólogo del Nunca más, esas dos palabras que recorrieron el mundo cargando de orgullo a los argentinos y que quedaron instaladas eternamente en la memoria colectiva. Mario Sabato confesó que no quisieron amargarle la vida y por eso nunca le dijeron que Eduardo Luis Duhalde, como responsable de los derechos humanos en la era K, “corrigió” un hecho histórico con un nuevo prólogo porque consideraba que el redactado por Sabato abonaba la teoría de los dos demonios.

Mario Sabato fue testigo de cómo Ernesto “se desmoronaba de angustia” cada noche, cuando volvía a su casa tras escuchar y procesar los testimonios del horror genocida. “En esa época no era tan fácil como ahora. El infierno estaba allí, en nuestras narices. Ni Menéndez ni Bussi usaban pañales para gerontes”, tiró Mario por elevación a las actuales autoridades.
Los oportunistas que sobreactúan lo que no hicieron en su momento, los que hacen alardes de coraje por cazar dinosaurios en el zoológico y los que trafican con los días más sangrientos de los argentinos siguen envenenando el debate público maduro que este país necesita y merece.

Magdalena Ruiz Guiñazú, la periodista más creíble de la Argentina que integró la Conadep (en la que el peronismo se negó a participar), confirmó que le iniciará una querella a Hebe de Bonafini porque la acusó de ser “vocera de Martínez de Hoz”. Fue su manera de bendecir las delaciones televisivas infames realizadas desde el canal K que se emiten por pantallas oficiales y paraoficiales financiadas con dineros públicos. Los autores materiales de los ataques mediáticos brillan por su ignorancia y el autor material, el que da la orden de apretar el gatillo, es Néstor Kirchner.

En aquel momento, Bonafini dijo: “El texto de Sabato es una mierda. Nuestros hijos no eran demonios, eran revolucionarios, guerrilleros maravillosos y los únicos que defendieron la patria. Entiendo que algunos de la derecha estén muy ofendidos y los progres también”. El jueves, otra vez con el aparato de movilización y difusión oficial detrás, Hebe volvió a expresar su balance sobre lo que pasó y pasa en la Argentina. Con el puño en alto y el poncho rojo dijo estar dispuesta a dar la vida por el proyecto de Néstor y Cristina. También rescató como “lo mejor que nos pasó” la masacre de Trelew, en 1972, cuando fueron fusilados 16 presos de organizaciones foquistas tanto de origen marxista como peronista “como una muestra de unidad revolucionaria”. Finalmente, convocó a mirar “sólo Canal 7 y escuchar Radio Nacional o la Radio de las Madres y alguna otra”.

El sectarismo furioso y blindado muchas veces, como las patrullas perdidas de la insurrección armada de los 70, conduce al aislamiento del ciudadano común y a vivir en un micromundo que certifica y nunca cuestiona esa creencia de que se está hablando en nombre del pueblo en general y de los trabajadores en particular. Esa presunta vanguardia no hace otra cosa que incrementar el desinterés y el rechazo de las grandes mayorías despolitizadas en un tema fundante como es la defensa de los derechos humanos y fragmenta hasta el infinito a las entidades que hace años vienen luchando por ese digno objetivo.

Los que resisten a todo tipo de autoritarismo y levantan las banderas democráticas deberían proponerse aumentar y masificar el interés y la conciencia sobre estos valores entre los ciudadanos de a pie y no achicar sus perspectivas dejando el tema en manos de unos pocos miles de lúcidos y esclarecidos.
En el mismo sentido, el secretario Eduardo Luis Duhalde chicaneó a la jueza María José Sarmiento. Su frase no tuvo demasiada repercusión. Pero en conferencia de prensa le dijo que “si tiene miedo, debe ir al psicólogo”. Es alarmante que alguien que ha sufrido en carne propia la persecución y el exilio y que como funcionario tiene la misión de extirpar los temores en la Argentina haya tenido esa reacción burlona.

Norma Morandini también fue exiliada y víctima de la dictadura, como Duhalde. Tiene dos hermanos desaparecidos, militaban en la Jotapé y se llamaban, increíblemente, Néstor y Cristina. Además, su madre lideró en Córdoba la lucha por la verdad, memoria y justicia y la acompañó con su pañuelo blanco en la cabeza en el momento en que Morandini juró como senadora. Ella suele plantear un tema provocativo y de gran profundidad humana. Dice que los argentinos ya probamos que supimos y pudimos defender los derechos humanos de las víctimas del terrorismo de Estado. Y agrega que ahora es tiempo de demostrar que también somos capaces de defender los derechos humanos de los victimarios. De aplicar los castigos y las condenas necesarios, pero de evitar cualquier tipo de actitud revanchista.

La jueza Sarmiento expresó sus temores y esa demanda no debió ser descalificada. No hay peor materia prima que el miedo para construir una sociedad más justa y democrática. El “mago de la picana”, como se bautizó al coronel Luis Sarmiento (padre de la jueza), debe ser enjuiciado dentro de la ley que los genocidas les negaron a quienes asesinaron salvajemente con la maquinaria estatal. Merece castigo y condena por las atrocidades que cometió. Pero no se puede castigar a la hija por el delito de portación de padre. Y no debe ser motivo de una respuesta socarrona y sobradora porque exprese sus temores.

Hace poco, el senador Luis Juez también confesó que sentía miedo ante lo que consideraba una operación sucia de los servicios de inteligencia del Gobierno para involucrarlo en un tema de corrupción. Responsabilizó al propio Néstor Kirchner por la vida e integridad de su familia. El periodista Luis Majul contó con lujo de detalles todas las precauciones que tuvo que tomar cuando escribió el libro que sintetiza las sospechas de corrupción del gobierno de los Kirchner. Otro periodista, uno de los más respetados, fue escrachado violentamente y amenazado en un lugar público y me confesó lo que su madre le dijo una noche entre lágrimas: “Tengo miedo de que te maten”. Ni hablar de las escuchas ilegales, la ciberpatota K, los insultos desde el poder y la militancia y las persecuciones impositivas.

Aparecen sensaciones de alerta frente a un peligro. Así se define el miedo. Es una asignatura pendiente y una factura que este gobierno deberá pagar ante la historia. No es motivo de burla. Y mucho menos de psicoanalista. El centenario Sábato nos enseñó que este país está construido sobre héroes y tumbas

20100327 PERFIL. SUELDOS RECORD EN MEDIOS ESTATALES. Se perdieron 100 mil empleos privados en 2009 por la crisis.   Por Sebastián Iñurrieta

            Si bien el Gobierno se jacta de haber atravesado la crisis financieras internacional sin sufrir grandes heridas, el 2009 golpeo duro al sector privado, que perdió rante ese año casi 100 mil puestos de trabajo Así lo admitió ayer el cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) …..

20100328 PERFIL. Impuesto inflacionario  Marcelo Capello

            ….el impuesto al cheque se coparticipa sólo el 30%? El impuesto inflacionario no se coparticipa en absoluto. ……En montos nominales, la recaudación en 2010 estará entre $ 24 mil y 30 mil millones según cuál sea finalmente la tasa de aumento.

            La recaudación le permite recaudar al Tesoro Nacional a través de otras variantes, como son el aumento en la recaudación de los impuestos ligados a la actividad económica interna o por la imposibilidad de ajustar la inflación en el impuesto a las ganancias ( las empresas terminan pagando impuesto sobre ganancias ficticias y las personas sobre ingresos que aumentan nominal, pero no realmente  ….….

20100328 Clarín Escándalos, infidelidades y una ración de obscenidad política Por: Marcelo A. Moreno

El 24 de marzo todos aquellos que sufrieron en mayor o en menor medida los efectos deletéreos de la dictadura y que viven para contarlo seguramente se habrán azorado con la conversión de lo que debería haber sido una ceremonia de repudio, luto, reflexión y defensa de la democracia en un desembozado acto partidario kirchnerista.

"Me repugna el uso político de los derechos humanos" dijo el fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera al comentar esa grotesca manipulación por parte del oficialismo. Desde un discurso por cadena nacional en el que la Presidenta aprovechó para descalificar a la oposición, a la Justicia y a la prensa no domesticada hasta los inexplicables shows musicales en continuado en la Plaza de Mayo, pasando por los forcejeos entre grupos kirchneristas y de izquierda, todo apuntó a usar los horrores del pasado para dirimir las mezquindades políticas del presente.

Pareció que las balas de los años de plomo se reutilizaban para disparar contra todos aquellos que no comulgaran con el ambiguo credo político que se imparte desde la Casa Rosada. Porque convengamos que entre el pago a rajatabla de la deuda, el canje con ganancias recontra millonarias a los bancos internacionales y los niveles de pobreza e indigencia, fruto de la tan particular política redistributiva no conforman un matrimonio feliz con el discurso progre y las proclamas antiimperialistas.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel puntualizó algo obvio pero que hoy ya no lo parece: "Los organismos de derechos humanos deben ser controladores del Estado y no sus subordinados".

¿Alguien alguna vez pedirá público perdón por esta suma de obscenidades? No hay un solo indicio que permita predecir que semejante lucidez vaya a acontecer.

RIo turbio, el yacyreta de santa cruz

20100328 PERFIL La usina lleva gastados $ 3 mil millones y no tendrá carbón Por Juan Cruz Sanz

Se invierten $ 240 millones. YCRT tiene 1.800 empleado, 100 gerentes que ganan $ 20 mil por mes y casi no trabajan; la mina ya no tiene carbón. La obra de la Termoeléctrica que se construye deberá importar el mineral.

Obra. La megausina de Río Turbio se licitó en $ 1.500 millones y ya lleva gastado el doble. El carbón no alcanzará.

Desde Río Turbio

“En YCRT nadie sabe nada. Todo es un secreto”, dice a PERFIL un hombre con historia dentro de la empresa. El relato es concreto y este diario lo comprobará caminando en el corazón de la empresa. YCRT es Yacimientos Carboníferos Río Turbio, intervenida por el Estado, luego de estar en manos del empresario Sergio Taselli, que perdió la concesión luego de cometer desastres dirigenciales y vaciarla. Hoy, el futuro de la compañía depende de la usina, que ya se construye con sospechas de sobreprecios y corrupción, aunque el desmanejo interno sigue.

Río Turbio es una localidad de 12 mil habitantes. En sus cerros se ubica la única mina de carbón en funcionamiento del país, pero su historia resurge como una imitación de la Argentina reciente. Hoy, apenas se produce.

La extracción de carbón es casi artesanal por la falta de inversión, incluso, el mineral extraído no puede ser exportado porque no hay tren para trasladarlo, muere ahí, acopiado sobre la vera de la ruta. Eso ya le generó a la empresa pérdidas por más de cinco millones de pesos. También aparecen más de sesenta vagones comprados en 2008. Nadie sabe si funcionan porque todavía, un año después y con la garantía pronta a vencer, no se pudieron probar: las vías no están en condiciones de ser recorridas. Para la puesta a punto de esas líneas, el Gobierno Nacional gastó 170 millones de pesos. El gremio ferroviario denuncia que no se cumplió con la obra. Desde septiembre de 2009, el tren no avanza porque aseguran que hacerlo sería un “alto riesgo para la vida humana”.

Entre 2007 y 2008, el Ejecutivo nacional subsidió a YCRT con 556 millones de pesos. El presupuesto 2010 prevé una “transferencia de capital” de 240 millones. “Nadie sabe cuánto entra, ni cómo se usa ese dinero”, confirmó un alto funcionario del Gobierno provincial. YCRT tiene 1.833 empleados, con más de cien puestos gerenciales que tienen un sueldo promedio de $ 20 mil. Más de la mitad, sólo cobra.

La construcción de la megausina ya recorrió más del 34%. En diciembre de 2007, 21 días después de su adjudicación a la empresa Isolux Corsán, Cristina adelantó un pago de 140 millones de dólares, con el estudio de impacto ambiental sin realizar. Luego, se hizo dejando cincuenta observaciones que nunca se contestaron. La empresa dice que con la tecnología de Lecho Fluido Circulante, que usará la usina, el medio ambiente no correrá peligro. La obra se adjudicó por 1.500 millones de pesos, pero ya se llevan gastados 3 mil millones.

La usina utilizará 3.700 toneladas de carbón por día. En Santa Cruz, ya saben que no se está en condiciones de producir esos números, por eso estudian dos alternativas: importación de carbón de Sudáfrica o Colombia.

Desde afuera del predio, donde se levanta la obra faraónica y a metros de la mina que ya casi no da carbón, se ven los rollos de cinta transportadora traídos de Polonia que no sirven porque se recalientan y se queman. También hay una rozadora traída de una

mina de sal o una tunelera que se compró en Europa, pero que nunca entró en la mina porque su tamaño y su peso no lo permiten. Todo en Río Turbio es un despropósito.

20100331 LN Las dos caras de los jueces por Joaquín Morales Solá
El Gobierno tiene desde ayer las manos libres para capturar las reservas nacionales y pagar con ellas la deuda pública. Fue una decisión de los estamentos judiciales más kirchnerizados. Al mismo tiempo, a la administración le llegó una visita inesperada: varios escándalos por corrupción estallaron en los últimos días por decisión de otros jueces.Son las dos caras de la Justicia, que advierten sobre el arribo de un tiempo en que los jueces oscilarán entre la vieja lealtad (o el temor) y la ruptura con los quegobiernan. Las dos salas que se expidieron a favor del Gobierno pertenecen al fuero Contencioso Administrativo, el más influenciado por el operador kirchnerista Javier Fernández. Este Fernández tiene un hermano, Sergio, entre los camaristas firmantes de la primera sentencia de ayer sobre las reservas. Las dos salas dejaron sin efecto las medidas cautelares de la jueza Claudia Rodríguez Vidal (que prohibieron al Gobierno usar las reservas sin autorización del Congreso) argumentado "defectos procesales".

El Congreso está metido en un berenjenal, es cierto, en el trámite para convalidar -o no- el último DNU de Cristina Kirchner para hacerse de las reservas. Pero lo está tratando. De hecho, existe una decisión de la Cámara de Diputados que invalidó esos decretos. Comenzó por hacerlo con el de diciembre, que ya estaba derogado por la Presidenta, pero subrayó que la misma nulidad le cabía a todas las normas subsiguientes.

Un dictamen reciente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados firmado por la mayoría declaró, además, nulo de nulidad absoluta el nuevo decreto de necesidad y urgencia, el mismo que la Justicia confirmó ayer. La Cámara de Diputados está habilitada para tratar esa nulidad en su reunión plenaria de la próxima semana.

¿Necesitaban los dos tribunales apurarse para darle la buena nueva al Gobierno? ¿Por qué les abrieron a los Kirchner tan rápidamente las bóvedas del Banco Central? ¿No debieron aguardar unos días más a la espera de una resolución del Parlamento? ¿No fue ése el criterio de la primera jueza que trató el tema, María José Sarmiento, y el de la Cámara que en enero rechazó la apelación del Gobierno? Lo único bueno de las resoluciones de ayer es que se respaldaron en "defectos procesales" y no entraron en el fondo de la cuestión.

Javier Fernández puede hacer algunas cosas, pero no puede hacer todas las cosas. El fuero federal penal parece habérsele ido de las manos. Los jueces Norberto Oyarbide y Sergio Torres pusieron en días recientes, en el primer lugar del escenario, el tema más detestado por los Kirchner: los innumerables casos de presunta corrupción que manchan la administración kirchnerista.

El progresismo y la izquierda le han perdonado muchas cosas al matrimonio gobernante (en nombre de ideas, de recuerdos y de relatos referidos a un tiempo que fue), pero les es muy difícil comprender la corrupción de muchos funcionarios kirchneristas. Néstor Kirchner lo sabe mejor que nadie.

Oyarbide había dado pruebas de lealtad al oficialismo cuando le pareció normal un patrimonio presidencial absolutamente inexplicable. Pero ahora se metió con la fortuna de Ricardo Jaime, que puede ser una patada al hormiguero. Jaime tiene una treintena de causas y fue el funcionario kirchnerista que más recursos del Estado distribuyó a empresas de servicios de transporte.

Miles de millones de pesos fueron a parar a manos de empresarios mientras eran cada vez peores los servicios de aviones, de trenes y hasta de colectivos. La Justicia investiga también si esos mismos empresarios beneficiarios de la generosidad de Jaime le pagaron a éste viajes de placer y el alquiler de aviones para desplazamientos privados.

Con todo, la investigación más grave de la Justicia podría suceder cuando comience a tirar de la soga para comprobar hasta dónde llegaba la cadena de complicidades entre los empresarios y el Gobierno. Es decir: si Jaime actuaba sólo por la suyas o si era el puente hacia niveles más altos de la administración.

La noticia de que Aerolíneas Argentinas pierde un millón de dólares por día es ya un despropósito imposible de adjetivar. Sólo el 5% de la población argentina usa el transporte aéreo. Una minoría muy reducida es beneficiaria de semejante despilfarro de fondos. Pero lo peor sucedería si se confirmara que, encima, la compañía pagó sobreprecios para comprar aviones. Nadie, en ninguna parte del mundo, paga sobreprecios a cambio de nada. El juez Torres tendría ya documentación demoledora para varios funcionarios. Otra vez: ¿se trata nada más que de la corrupción de funcionarios menores?

Otras cosas se mueven también. El abogado Ricardo Monner Sans admitió que lo sorprendió que ningún juez archivara ninguna de las muchas causas de corrupción que presentó en los últimos tiempos. Están abiertas investigaciones, por ejemplo, por los vínculos comerciales entre Aerolíneas y el hotel de los Kirchner en El Calafate. O las indagaciones sobre las sospechosas compras de papel y de autos por parte del ministro de Economía, Amado Boudou.

Hace pocos días, la jueza María Servini de Cubría le envió a Cristina Kirchner un reclamo de explicaciones: ¿qué quiso decir cuando habló de que había jueces que tarifaban sus sentencias? ¿A quiénes se refirió? Con esas preguntas, la magistrada hizo suyo un reclamo del fiscal Federico Delgado en una causa iniciada también por Monner Sans, en la que denunció a la Presidenta por presunto encubrimiento.

Servini decidió también no archivar otra causa contra Cristina Kirchner por violación de la ley electoral, que le prohíbe al Gobierno inaugurar obras públicas en vísperas electorales. En este caso, otro fiscal pidió el sobreseimiento de la Presidenta en la única causa donde las pruebas se conseguirían con sólo recurrir a las crónicas y a las fotos de los diarios de la época.

Un sector de la Justicia resolvió no soltarle la mano a los gobernantes en la cuestión política más enrevesada, alborotada e inútil que haya sucedido (cómo y quiénes manejan las reservas). Otra parcela judicial está hurgando en escándalos de corrupción: éstos sí marcarán la agenda política más allá del tiempo en que a los Kirchner les toque mandar

20100323 LN El ataque a la mutual judía. AMIA : Menem, cerca del juicio oral…..

20100323 LN Cavallo: "Los Kirchner están buscando excusas para irse antes de 2011"  por Luján Scarpinelli

El ex ministro, símbolo de la década del 90, afirmó en una entrevista con lanacion.com que desde la crisis de 2001 no hay respeto por las instituciones, creció la pobreza y se intervino "destructivamente" en la economía; dijo, además, que el ajuste será inevitable

x ministro de Economía sostuvo que el país se ha «caído del mapa de las inversiones»

Su nombre se inscribe entre los ideólogos de una de las décadas más criticadas de la historia nacional. Es, quizás, uno de los personajes más cuestionados de la escena política contemporánea. Tanto que él mismo se asume "sobre despreciado", lejos de aquellos días en los que ostentaba el título de superministro. Esa es, para Domingo Cavallo, la consecuencia del desgaste al que lo condenó el poder ejercido "con la verdad y sin demagogia".

La misma palabra -demagogia- usa hoy para definir a los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, a su juicio "mentirosos", por otorgar beneficios aparentes que se evaporan al calor de la inflación. Pero no cree que esa "magia", como la describe, llegue demasiado lejos: el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando De la Rúa duda de que Cristina Kirchner quiera finalizar su mandato en diciembre de 2011.

Según su teoría, el matrimonio presidencial "está generando un clima de tensión institucional para encontrar una excusa que le permita irse sin aplicar los ajustes que exigirá la insostenible política económica vigente". Ese "fardo" quedará para el que la suceda, entre los que destaca a Carlos Reutemann, Julio Cobos y Francisco de Narváez.

En una entrevista con lanacion.com por el Bicentenario, Cavallo señaló que ve en el presente una continuidad del gobierno de Eduardo Duhalde, al que acusa de realizar un "golpe institucional" en 2001, junto con la dirigencia peronista y radical de la provincia de Buenos Aires. Ese es el punto de inflexión al que vuelve en cada respuesta, como si fuera el comienzo de todos los males que hoy ve resurgir agravados, como la inflación o la pobreza.

El economista cordobés, diplomado en Harvard y honrado con múltiples reconocimientos internacionales que cuelgan en la pared de su despacho, mira fijo a los ojos cuando habla de su Plan de Convertibilidad. Su voz, de momentos aguda, se acelera al repetir los fundamentos de la teoría con la que combatió la hiperinflación que marcó el final del gobierno de Raúl Alfonsín; esa fórmula que fue "abortada antes de tiempo", al igual que su función pública, tras la decisión de retener los depósitos en el corralito bancario.

Admite que pudo haber cometido "ciertos errores", aunque escapa rápidamente a ese ejercicio intelectual que cree un sin sentido.

-¿Cómo llega la Argentina al Bicentenario?

- En una situación casi opuesta al Centenario, cuando éramos uno de los países mejor vistos en el mundo y con grandes expectativas. Hoy no somos tenidos en cuenta. Nos hemos caído del mapa de las inversiones. Vivimos en democracia, pero se necesita respetar sus formas, con más diálogo y vocación por discutir aspectos de fondo. En los últimos años hubo una permanente confrontación de poderes, y no ha funcionado bien el concepto de república.

-¿A qué atribuye esa disfunción?

- A una falta de inteligencia y buena voluntad de los máximos dirigentes de los últimos años. La deformación comenzó con el golpe institucional de 2001, y desde entonces la democracia ha funcionado sin respeto a las instituciones. Antes, las leyes se discutían, pero desde 2002 venimos sufriendo una deformación práctica, con decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. El actual es un gobierno anti-republicano, que no difiere mucho del de Duhalde.

-Habla de un golpe institucional ¿quién lo produjo?

- Duhalde y el resto de la dirigencia peronista de la provincia, en combinación con toda la vieja dirigencia radical bonaerense, porque eran co-responsables del descalabro fiscal de Buenos Aires. Eso estaba provocando un incendio, que De la Rúa y yo estábamos ayudando a apagar. Pero ellos se vieron contra las cuerdas cuando estallaron protestas de empleados públicos, y las redireccionaron hacia la Capital. Duhalde se dice el bombero de un incendio que él mismo desató.

-¿Por qué cree que se ha demonizado a la década de los ?90?

- Porque se ha engañado a la gente. Se dice que la economía se recuperó gracias a la devaluación, pero eso esconde una gran mentira. Hubo una mejora en los precios internacionales, por una bonanza global que se extendió desde 2002 a 2008. Y en todo ese período hubo una gran campaña para desprestigiar a la década anterior. Pero la gente se está dando cuenta.

-¿Reconoce algún problema en la política económica de esa década?

- El problema del endeudamiento de las provincias con el sistema bancario por un excesivo gasto público desde 1997. También, la falta de un adecuado funcionamiento de los mercados laborales y que la política social no fue efectiva en atenuar las consecuencias sociales de los ajustes económicos. Se podría haber hecho mucho más. Yo hice todo lo que pude mientras fui ministro, hasta mediados de 1996.

-¿Hay menos desigualdad hoy que en los ?90, como dice el Gobierno?

- Eso es una hipocresía. La pobreza bien medida hoy es mucho más alta que en la década de los ?90. Es lo mismo que decir que la devaluación fue en favor de los pobres. Ahí se multiplicaron, como consecuencia del impacto inflacionario. El ajuste de 2002 produjo una caída del salario real de casi el 50%, muy superior del 13% que se había intentado hacer el año anterior en el sector público y a jubilados. Pero los demagogos dijeron que esa caída fue culpa de la Convertibilidad. No. Fue culpa de su abandono.

-¿Qué pasó con el plan de convertibilidad? ¿Le faltó tiempo para cerrar su idea?

- Al gobierno de De la Rúa le faltó apoyo y tiempo, porque lo abortaron a la mitad del mandato, igual que mi gestión como ministro. Si le hubieran dicho la verdad a la gente, como nosotros, no hubiera sido necesario pesificar ni devaluar en 2002, y el ajuste hubiera sido mucho menor.

-¿Hace alguna autocrítica de sus decisiones al frente de Economía?

- Bueno, todos cometemos muchos errores. [Piensa] Yo hice lo que siempre creí que era lo mejor para el país. Seguramente cometí errores, pero no por mala intención. Si hubiera tenido información diferente, seguramente hubiera tomado decisiones distintas. De todos modos, ese es un ejercicio intelectual que no tiene sentido. Pretender reescribir la historia no es adecuado.

-¿Se siente injustamente juzgado por gran parte de la sociedad que lo critica?

- Siempre uno se siente injustamente juzgado cuando lo atacan. La gente forma su opinión en base a lo que ve, lee y escucha, y eso no siempre se ajusta a la verdad. Los que estamos en este tipo de actividad política tenemos que entender que hay épocas en los que a uno lo sobrestiman y otras en las que a uno lo "sobre desprecian". Hay mucha gente que considera que yo no debo hablar. Eso es autoritarismo.

-¿A quiénes se refiere cuando habla de demagogos?

- A Duhalde, que por medio de la devaluación planteó medidas de ajuste brutales e injustas. Pero la realidad las fue desarmando y esas aparentes soluciones se revirtieron. Hoy estamos en una realidad fiscal peor que la de 2001. Los Kirchner mienten a la gente; les quieren hacer creer que les están dando beneficios y esconden los costos políticos, sociales y económicos. Los demagogos son mentirosos que engañan por un tiempo. Al final, esa magia desaparece.

-¿Por qué cree que el Gobierno niega el problema de la inflación?

- Este gobierno niega todos los problemas, no sólo el de la inflación (que este año podría superar el 30%), los problemas institucionales, los de endeudamiento? En este último, por ejemplo, la deuda creció mucho más que en la década anterior.

-Dijo que la situación fiscal hoy es peor que en 2001, ¿ajustaría el gasto público?

- Sí, en los rubros en los que es injusto e ineficiente. Y subirlo en otros, como las jubilaciones. Hoy se dan subsidios como una dádiva general. Las tarifas de servicios públicos tienen que subir, pero con una política que contemple a los pobres.

-Esa sería una medida impopular, en puertas de un año electoral...

- Es lo que los Kirchner tratan de evitar. Si se salen con la suya, le van a dejar una bomba de tiempo al que asuma en 2011...

-¿Y si son ellos mismos?

- No. Ellos han perdido las esperanzas de ser el próximo gobierno. Sospecho que si ven que no pueden evitar los ajustes, o esconderlos debajo de la alfombra hasta el 10 de diciembre de 2011, quieran irse antes. Toda esta tensión institucional que están creando apunta a encontrar excusas para decir que se tuvieron que ir o los echaron sin que pudieran completar su trabajo en favor de los pobres. Eso ya nadie se los cree, pero menos aún si tomaran las medidas a la que la realidad los obligará a tomar en los próximos dos años. Quieren irse con la imagen de que hicieron crecer al país, y dejarle el fardo a Cobos o al que los suceda.

-Con respecto al rol del vicepresidente, ¿cree que debería renunciar por tener una visión alejada de la del Gobierno?

- No en la delicada situación institucional del presente. Hubiese sido razonable después de votar contra el Gobierno, pero ahora existe el peligro de que los Kirchner quieran irse. El vicepresidente no le puede sacar el cuerpo a su responsabilidad.

-¿Cuáles son los problemas que el país debe preocuparse por solucionar?

- Hay que reestablecer una relación normal con el mundo. Mientras más se demore, más difícil va a ser resolver los problemas internos. Pero eso lo puede hacer un gobierno que tenga una actitud distinta al de los Kirchner. Mientras, se debe sincerar el manejo de la economía, y buscar la forma de financiar el déficit fiscal que deje menos herencias negativas.

-¿Qué lugar debe buscar el país en el marco global?

- Las políticas de la última década nos han aislado. La Argentina tiene que volver a la década de los ?90, volver a ser uno de los países más respetables de América latina y destino de inversiones.

-¿Cómo ve el mapa político de cara a las elecciones presidenciales? ¿A quién ve con posibilidades de gobernar el país?

- Es posible que se armen dos o tres alternativas superadoras. Hay dirigentes promisorios, que miran la realidad sin anteojeras. Veo a Reutemann, a De Narváez, a Cobos. También a alguno de los Rodriguez Saá, aunque tienen menor apoyo a nivel país. Excluyo a Carrió, cuya vocación autoritaria y arbitraria es muy parecida a la de los Kirchner.

-¿Acompañaría desde la función pública a alguno de los dirigentes que mencionó?

- No. Podría ayudar explicando las buenas políticas en el exterior, donde conservo un margen de credibilidad y buena imagen. No hago campaña por ningún candidato. Voy a acompañar a todos, pero no con cargos. No voy a engañarme creyendo que tengo aquí el mismo margen de credibilidad que en los ?90. El poder desgasta, sobre todo si uno lo utiliza sin demagogia y con la verdad.

-¿Da por finalizada definitivamente su carrera política?

- Eso uno nunca debe decirlo. De todos modos, creo que mi rol debe ser éste.

Un psicoanalista para Kirchner. "Es muy difícil entender que es lo que quiere el Gobierno. Para entenderlo, quizás se necesita la asistencia de un psicoanalista que aclare cómo piensa, cómo y por qué toma las decisiones Néstor Kirchner. El montó la estrategia de que su esposa fuera presidenta para perpetuarse en el poder".

Cavallo y los jubilados. "Hoy los jubilados están mucho peor que en los ?90. Yo les preguntaría -no a los que cobran la mínima, sino a los demás- cuándo cobraron mejor, porque ahora se sufre la inflación". En 1991, cuando era ministro de Menem, Cavallo lloró ante el reclamo de Norma Plá, abanderada de los jubilados en el reclamo salarial. "¿Usted tiene madre, señor Ministro?", le había preguntado. En 1996, tras su salida, pidió "perdón por los sufrimientos".

20100323 LN Caso Sosa. Piden que se cumpla un fallo de la Corte.

            Un grupo de ciudadanos reclama que la provincia de Santa Cruz cumpla el fallo de la Corte Suprema de <Justicia, que ordeno reponer en su cargo al procurador general  Eduardo Sosa, removido a instancia de Néstor Kirchner cuando gobernaba la provincia. El plazo para hacerlo venció en diciembre pasado. La declaración lleva la firma de Román Frondizi, Néstor Grancelli Cha, Elba Roulet, Emilio  Gibaja entre muchos otros.

20100321 LN  Responsabilidad y corrupción   Enrique Valiente Noailles

Me escribe un amigo, que tiene una alta responsabilidad institucional, preocupado por el hecho de que para explicar la corrupción de los políticos nos refiramos a la sociedad de la que ellos son un emergente y que licuemos así la responsabilidad que tienen. Recuerda que los millones de personas que viajan de manera infrahumana día tras día en los trenes para ir a cobrar una miseria que les permita comer a sus hijos no son personas corruptas, aunque cada tanto puedan transgredir la ley, y que si nuestra clase dirigente fuera emergente de esa clase trabajadora éste sería un país maravilloso. La cuestión despierta reflexiones varias. A la clase dirigente le cabe más ajustadamente el análisis que la equipara con su clase política, aunque sea ya un argumento banalizado. Más compleja es, ciertamente, la situación de la población argentina que vive sumergida en la pobreza y que es utilizada por las políticas clientelistas, armas masivas de destrucción de la dignidad. El hecho es que buena parte de este sector vota regularmente por las mafias políticas que suponen su propia perdición.

En este punto se abre un debate más profundo sobre si los seres humanos son enteramente libres y responsables de su acción y elección, independientemente de la preparación u oportunidades en la vida, o si por el contrario, cabe pensar que en ciertas situaciones extremas disminuye la libertad, y por lo tanto, la responsabilidad. Las dos posturas tienen riesgos. La primera, porque implicaría una forma de insensibilidad y de incomprensión hacia las dificultades extremas de la vida. La segunda, porque significaría una sutil forma de condescendencia que, inadvertidamente, supone una desvalorización del otro. Tal como puede ocurrir con algunos formatos de la caridad, que establecen una forma de superioridad simbólica sobre el que recibe, y que por tanto lesionan de antemano parte de lo que buscan construir. Lo que no se sostiene, más genéricamente, es la hipótesis de que cuarenta millones de argentinos se vean sojuzgados por una corrupción estructural, sin complicidad ninguna.

La corrupción es un dato aceptado de hecho, los órganos de control están desarticulados y la Justicia no actúa. Todavía un ex presidente puede comprar tierras fiscales a centavos para revenderlas al poco tiempo a miles, sin que nada ocurra. Como señalara el ex fiscal Garrido, "la parálisis en materia de políticas anticorrupción en nuestro país evidencia una falta de preocupación social por el tema". Incluso estas anomalías se dan con el apoyo democrático y popular. Así, nuestro país votó masivamente a Menem en 1995, con pleno conocimiento de sus antecedentes en materia de corrupción. Hay quien lee la corrupción de manera dicotómica, bajo el concepto de víctima-victimario. Hay quien piensa en una gradación de responsabilidades de acuerdo con el puesto que se ocupa en la sociedad, al modo de una parábola de los talentos. Y hay quien piensa que estos niveles de aceptación conllevan cierto deleite secreto, tras la indignación. Como las sociedades que veneran desde la cuna a algunos de sus miembros y les otorgan facultades extraordinarias, permitir la corrupción recrea abiertamente también, por una vía distinta, las condiciones de una sociedad de privilegios. Tal vez no sea casualidad que este último gobierno haya operado casi como una monarquía.

Editorial I

20100323 LN Sin compromiso contra la corrupción

El incumplimiento de los principios de transparencia es una falta moral severa por tratarse de un vil engaño a los votantes

Por instancias de la Mesa de Diálogo Argentino e impulsado por la Oficina Anticorrupción, todos los candidatos presidenciales salvo Carlos Menem suscribieron en 2003 un acuerdo titulado "La transparencia como política de Estado", en el cual se comprometían a adoptar numerosas medidas vinculadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Entre las numerosas propuestas a las que adhirieron los potenciales presidenciables de aquel entonces se incluyeron la realización de una auditoría del estado de las causas penales por delitos contra la administración pública, la ampliación de las normas que regulan las figuras del "arrepentido" y de testigos protegidos -que actualmente rigen para casos de narcotráfico y terrorismo- para los casos de corrupción, la creación de un régimen transparente de entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el mejoramiento de la transparencia y los controles en la administración de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), la elaboración de un régimen transparente de administración de fondos electorales y de partidos políticos y un sistema de premios y castigos para la aplicación de las recomendaciones de los organismos de control.

De más está decir que ninguno de los compromisos asumidos fue cumplido por parte del espacio político que ganó esas elecciones, sino que, en cambio, se produjeron evidentes retrocesos. Desde estas páginas hemos venido denunciando constantemente un debilitamiento manifiesto de los organismos de control, entre otros la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo.

Los funcionarios que integran la administración central y los legisladores oficialistas tienen responsabilidad central por esta situación. Pero, a su vez, los partidos de la oposición no han sabido evidenciar frente a la opinión pública el incumplimiento de esos deberes por parte del Poder Ejecutivo ni se han unido en presentaciones conjuntas de proyectos de ley imprescindibles para obtener ese ansiado fortalecimiento.

En otras palabras, los partidos que deben controlar al Gobierno no han sabido comunicar adecuadamente a la ciudadanía cuáles son los proyectos necesarios para evitar el debilitamiento al que han sido sometidos los organismos de control. Si se hubiera consolidado un movimiento por la transparencia y anticorrupción, que incluso podría haber sido integrado, además de por partidos políticos, por organizaciones sociales, empresariales y sindicatos, en los años en los cuales la actual administración mantuvo mayoría en ambas cámaras legislativas, podría haberse llegado a esta instancia -una mayoría legislativa compuesta por espacios opositores- con mejores diagnósticos y consensos sobre las medidas que deben adoptarse en este contexto.

La falta de compromiso con los principios republicanos y, especialmente, con el rol clave que deben asumir estos organismos estatales es responsabilidad primordial del Poder Ejecutivo.

El incumplimiento con los principios establecidos en el acuerdo sobre transparencia y anticorrupción promovido por la Oficina Anticorrupción es aun más grave, pues resulta una falta moral severa al constituir un engaño a los votantes. A su vez, la oposición tiene responsabilidad por omisión por los costos de los retrocesos evidenciados durante los primeros años de gobierno y por no haberse preparado para llegar de mejor manera a la instancia en la cual nos encontramos luego de las elecciones legislativas de 2009

Intelectuales / Miguel Espeche Gil

20100324 LN "La deuda es la gran matriz de la corrupción"

Para el diplomático, es necesario revisarla y "rechazar la usura"

El embajador y doctor en Derecho Internacional Público y Diplomacia Miguel Angel Espeche Gil ha dedicado 27 años al estudio de la deuda externa argentina desde una perspectiva jurídica. Su tesis, que le valió la nominación para el Premio Nobel de la Paz en 2002 y en 2008, sostiene que la Argentina debería reclamar una opinión a la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre lo ilícito del aumento unilateral de las tasas de la deuda argentina.

Espeche Gil considera que ésa es "una práctica usuraria propiciada por algunos países contra la Argentina". Propone también que el Congreso investigue las negociaciones de la deuda como "matriz de la corrupción" en el país y que inicie un censo de acreedores para saber quiénes son los que reclaman, cómo consiguieron los títulos y cuánto pagaron por ellos.

"Nuestra deuda ha sido pagada casi tres veces, y el tema no se resuelve porque las negociaciones son una industria próspera y nuestros presidentes, desde 1983 hasta acá, se asustan cuando llegan al poder."

?¿Debe pagarse la deuda?

?Las deudas se pagan, por supuesto. La pregunta es cuántas veces. El sistema hace que cuanto más pagamos, más debamos. Es la trampa del anatocismo, figura jurídica por la cual los intereses se suman al capital en una bola de nieve financiera que no termina.Desde los años 70, hemos pagado casi tres veces la deuda original.

?¿Les conviene a los acreedores que la Argentina cancele definitivamente sus obligaciones?

?Quieren que paguemos los tramos que nos exigen a sabiendas de que no resolveremos el problema. Al usurero nunca le interesa desembarazarse de la obligación de su deudor, sino asegurarse rentabilidad perpetua. La deuda no es sólo una cuestión económico-financiera, sino, básicamente, política.

?¿Qué opina de los grupos de izquierda que ahora apoyan el pago?

?Por apoyar incondicionalmente al Gobierno cayeron en una incongruencia muy difícil de calificar. Pierden toda coherencia en su discurso ideológico.

?¿Usted apoyaría una posición como la que adoptó Rodríguez Saá cuando fue presidente?

?Lo que Rodríguez Saá dijo, y el Congreso aplaudió en su momento, fue: vamos a pagar cuando el Congreso diga qué es lo que hay que pagar. Hizo lo que dispone la Constitución, porque es el Congreso el que debe ocuparse de la deuda, y no el Poder Ejecutivo, al que ilegalmente se le ha delegado la facultad con la ley de presupuesto. Es una aberración.

?¿Cree que hay un sistema corrupto detrás de la deuda?

?Claro que lo hay. Una manera segura de seguir el hilo de la corrupción es verificar las comisiones pagadas por cada tramo de renegociación. Siempre se han enriquecido los mismos, porque las negociaciones son una industria muy próspera. La deuda externa es la matriz de la corrupción en la Argentina.

?¿Cómo llegó usted a interesarse por este tema?

?Cuando se produjo el alza de las tasas de interés, en los 80, me propuse analizar la deuda desde el derecho internacional. Ocurrió lo que ocurre con cualquier usurero que le hace firmar un pagaré a su deudor por una suma mayor que la que prestó. La usura está castigada en todas las legislaciones del mundo desde que hay memoria histórica en la humanidad.

?¿Cómo se aplicó esa práctica en este caso?

?Con el aumento unilateral e ilimitado de las tasas, lo que es una conducta usuraria. Si un Estado permite esa práctica usuraria, incurre en un ilícito. Ese es el argumento más fuerte que permitiría una reclamación de la Argentina en defensa de sus legítimos derechos, pues no es lo mismo una quita por insolvencia que negarse a pagar lo que no corresponde.

?¿Cómo propone el reclamo?

?Con un proyecto de resolución para que la representación argentina ante la ONU solicite que ésta pida a la Corte de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa. La opinión de este tribunal es obligatoria para los órganos de la ONU. El FMI ya no podría someternos a ajustes salvajes ni exigir al Congreso argentino la humillación de votar leyes, como en el caso de la derogación de la ley del delito de subversión económica.

?¿Qué suerte cree que ha corrido su doctrina?

?La Convención Nacional de la UCR la aprobó y los legisladores radicales la presentaron en el Congreso, donde fue aprobada como declaración por unanimidad, en 1996. La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo, pero en plena época de Cavallo, la respuesta fue "terminantemente no".

MIGUEL ESPECHE GIL
Embajador y catedrático

Edad : 78 años  Títulos : tiene cuatro doctorados en Derecho Internacional.

Profesor : es titular de la Cátedra Libre de Deuda Pública Externa, en la Universidad de Buenos Aires.

20100328 LN CHAU DESENDEUDAMIENTO. El canje oxigena al Gobierno, pero no lo salva.

            Economía deberá cubrir este año la brecha financierfa de hasta $ 6.000 millones, que podrá saldar sólo en parte emitiendo deuda; para el resto, seguirá dependiendo del BCRA, la Anses y el Nación  ….

20100328 Clarín. Por Rafael Flores Ex diputado peronista por Santa Cruz.

            “Cuando Menem anunció los indultos, Kirchner no dijo ni pío”

            Militó con ellos en la juventud. Pero rompio hace años. Dice que nunca les interesaron los derechos humanos. …..A ellos siempre les preocupó más celebrar el 2 de abril, porque les ayudaba a mantener una buena relación con los militares…Me da la impresión de que intenta reivindicarse de lo que  no hizo durante la dictadura, cuando se dedicó a cosas lamentables.

            …no sólo no se puso en marcha um ,pdeñp sustentable en el tiempo, Lo más grfave es lo que queda. La hipoteca en materia social y educativa es enorme.

¿Cree que Kirchner será candidato en 2011 o finalmente aceptar ceder espacios de poder?

Es que los Kichner no confían en nadie más. Y ya los debe estar acosando la preocupación de que la Justicia les haga rendir cuentas a ellos y su grupo.. A quienes se refiere? Kirchner construyó un sistema a la rusa. Yo lo vi tras la caída de la Unión Soviética. Un modelo capitalista de reparto de empresas y negocios al grupo de amigos del poder. En este contexto, hablar de distribución de la riqueza es de una caradurez insostenible.

RECLAMAN LA PRESENCIA DE DE VIDO EN EL CONGRESO

20100228 Clarín Denuncian sobreprecios y costos ocultos en la represa Cóndor Cliff

En la oposición buscan frenar la obra, que costaría 4.000 millones de dólares.  Por Marlo Canton

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EN LA PATAGONIA. LA REPRESA SE CONSTRUIRA SOBRE EL RIO SANTA CRUZ.

Costos ocultos. Sobreprecios. Falta de análisis del impacto ambiental. Negocios que tienen nombre y apellido. Los legisladores de la oposición han puesto bajo la lupa la represa Cóndor Cliff-Barrancosa, que el Gobierno pretende construir en Santa Cruz, a un costo de unos US$ 4.000 millones. Desde el Congreso, buscan impugnar el proyecto, para frenarlo antes de que se comience su construcción.

En el tema están trabajando en forma conjunta legisladores de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto de Diputados. Forman ese grupo Christian Gribaudo (PRO), Elisa Quiroz y Juan Carlos Morán (Coalición Cívica) y Eduardo Amadeo (PJ disidente). "Queremos que el ministro Julio De Vido venga al Congreso a dar explicaciones sobre este proyecto", señala Gribaudo, presidente de Obras Públicas. En principio, esa comisión está discutiendo un proyecto de resolución pidiendo al Ejecutivo que informe sobre la situación de las represas, incluyendo sobre todo qué estudios de impacto ambiental se realizaron. No es el único frente al que apuntan.

"Hace 10 días hicimos una ampliación de la denuncia de Coalición Cívica por asociación ilícita incluyendo este tema -señaló Morán-. Planteamos que el empresario Lázaro Báez habría comprado 182.000 hectáreas de campo que ahora le serían expropiadas obteniendo una considerable ganancia".

Cóndor Cliff-Barrancosa es la mayor obra pública encarada por el Gobierno, con un presupuesto que supera al del Tren Bala. Ya arrancó la licitación, y se presentaron a la misma tres grupos, con fuerte presencia de empresas cercanas al Gobierno: Eurnekian/Pescarmona, Electroingeniería/Iecsa, y Roggio/Esuco.

La denuncia por asociación ilícita no es la única que hizo Coalición Cívica sobre este tema. Morán, junto con la diputada Quiroz y otros legisladores realizó una presentación judicial por los posibles sobreprecios en la obra. Se basaron en las declaraciones del ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien aseguró que el presupuesto inicial de la obra era la mitad de lo que ahora plantea el ministerio de Planificación.

"Lo importante es que todo este tema vaya adquiriendo visibilidad, después veremos cómo sigue el proceso", señala Elsa Quiroz.

"Además, en la medida que todo esto se vaya aclarando, el año que viene, cuando vengan a Presupuesto a pedir el dinero para la obra, se sabrá claramente de qué se trata -agrega Eduardo Amadeo, integrante de esa comisión-. No como hasta ahora, que las partidas se aprobaban sin discusión".

"Es que la obra tiene costos ocultos, ya que no se incluyó, entre otras cosas, la necesidad de hacer un tendido de 1.000 km. de líneas de alta tensión -continuó Amadeo-. Y se decidió avanzar con ella pese a que no estaba entre las prioridades determinadas por las autoridades de Inversión".

Los diputados toman a Barrancosa-Cóndor Cliff como un caso emblemático. Piensan replicarlo."No podemos resignar el rol de controlar al Ejecutivo", coinciden.

20100330 LN UN MENSAJE MAFIOSO.

El incendio del automóvil de una periodista en Caleta Olivia forma parte de la política de hostigamiento desde el poder político

            Con el trasfondo en el ámbito nacional de los empeños reiteraados del oficialismo por hostigar a todos aquellos que resistan públicamente su prepotencia, fue incendiado en Caleta Olivia, Santa Cruz, el automóvil de una periodista caracterizada por investigar al poder polítrico provincial.

Se trata de una nueva muestra, más directa, más salvaje, de la política de la presión constante, rayana en el ataque, no sólo contra el periodismo independiente, sino tambien contra todo sector que se opone al kirchnerismo o se niega a ser cooptado por él. Se ha visto esta política de apriete sobre la justicia independiente y la han sufrido, entre otros, la jueza >M>arñia Jose Sarmiento y Otilio Roque Romano, integrante de la cámara Federal de Mendoza.

            El kirchnerismo no tolera que se le diga no, no tolera la voz independiente ni el ejercicio recto por parte de jueces que se niegan a obedecer sus mandatos o de periodistas y empresas periodísticas que han rechazado convertirse en meros voceros de la palabra oficial, Sirva como ejemplo el hostigamiento judicial sufrido por directivos de Papel Prensa . ……

El Congreso y la Justicia deben ponerle límites al Ejecutivo

20100326 LN Los DNU y el silencio  Por Gustavo Bossert ex Juez de la CSJN

Desde fines de 2005 hasta el 2 dze diciembre de 2009, la mayoría oficialista del Congreso Nacional aprobó sin reparos todos los proyectos de ley que el Ejecutivo le envió, por violatorios que fueran de los principios esenciales de la República y el federalismo. Pero, además, previendo que el tiempo de la plena aceptación en el Congreso podía terminar, cedió a la Presidencia el poder de legislar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), más allá del sentido y alcances del artículo 99, inciso 2, de la Constitución.

Dicha norma dispone: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia". Como se advierte, esta última parte de la norma constituye una excepción a la prohibición de legislar por decreto establecida en el mismo artículo, que representa una piedra basal de la República.

Como toda disposición que introduce una excepción a normas constitucionales, la facultad que el artículo 99 concede al Ejecutivo se debe interpretar de modo restrictivo. Ningún juez ignora este principio de la hermenéutica; tampoco lo ignoran los estudiantes de Derecho. Esa facultad excepcional sólo puede ser ejercida cuando el caso que la norma describe se configura plenamente, sin lugar para dudas.

De modo que, en primer lugar, corresponde analizar con rigor si al tiempo de ser dictado un DNU existía un impedimento real, insalvable, absoluto, para que el Congreso tratase el tema, y si éste debía resolverse sin demora. Y si se concluye que dicho impedimento y esa urgencia no existieron, corresponde la declaración de invalidez del DNU en el Congreso, o la declaración de inconstitucionalidad si el caso se plantea en la Justicia.

Así lo resolvió la Corte Suprema en el caso Verrocchi el 19-8-1999 ( La Ley , 2000-A-85) cuando señaló que, para convalidar un DNU, "corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o una decisión más rápida por medio de un decreto". Y la Corte ejemplificó casos de imposibilidad de reunión del Congreso que permitirían convalidar un DNU: "1) Caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal. 2) Que la situación sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes".

En el mismo sentido se pronunciaron en sus excelentes y recientes fallos que impidieron la disposición de reservas del Banco Central autorizada en el DNU 2010/09 las dignas juezas María José Sarmiento, en primera instancia, y Clara Do Pico y Marta Herrera en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, ya que el Congreso podía reunirse por la simple convocatoria del Ejecutivo, lo que por cierto, éste no hizo; incuestionable decisión que fue sostenida luego por la jueza Claudia Rodríguez Vidal al suspender los efectos del decreto 298/10. Todas, magistradas de larga e intachable trayectoria.

Negar los estrictos requisitos de "necesidad" y "urgencia" -como lo hizo el Ejecutivo a través de sus recientes DNU- es pretender ignorar que el artículo 99, inciso 2, otorga una facultad absolutamente excepcional y es, además, contradecir la doctrina de la Corte Suprema.

Aparte de ello, y siempre en referencia a los DNU, la mayoría oficialista del Congreso sancionó en 2006 la ley 26.122, que dispone en su artículo 24: "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación". Ello significa que basta con que una sola Cámara lo apruebe, aunque la otra lo rechace, o que alguna de las cámaras no se expida sobre el tema, para que el DNU conserve vigencia de ley, que rige desde su publicación en el Boletín Oficial conforme al artículo 2 del Código Civil y artículo 2 de la ley 26.122.

La ley 26.122 no fija plazo alguno para que las Cámaras se expidan; grave vacío legal que el Congreso actual deberá corregir, siguiendo el ejemplo de los países cuya Constitución admite el dictado de estas normas, ya que en ellos se exige al Ejecutivo que convoque de inmediato al Parlamento. La norma pierde vigencia si no es convalidada expresamente por el Poder Legislativo en breve plazo a contar desde su publicación: 30 días en España y en Brasil; 60 días en Italia.

Conforme al artículo 24, nos encontramos con la irracional paradoja de que, mientras que para la sanción de una ley emanada del Congreso -con participación de cientos de legisladores- se requiere la aprobación expresa de ambas cámaras, para la aprobación y vigencia de una norma (DNU) cuyo contenido es el de una ley, dictada por una persona (el Presidente) basta con la aprobación y hasta con el silencio de una sola de las cámaras. Es así como muchos DNU jamás considerados en las cámaras duermen, a través de los años, un sueño imperturbado en el Congreso y de ese modo silencioso conservan su vigencia.

Al respecto, el legislador de 2006 ignoró que el artículo 82 de la Constitución dispone: "La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta".

Es indudable, entonces, la inconstitucionalidad y el absurdo de considerar suficiente para la vigencia de un DNU la aprobación o el silencio de una de las Cámaras. Lo advertía en el año 2000 la entonces diputada Cristina Kirchner, cuando presentó un proyecto de ley que, correctamente, establecía: "Conforme la prohibición prevista en el art. 82 de la Constitución nacional, todo DNU deberá, para su validez, ser ratificado por ambas Cámaras del Congreso. En caso de rechazo o falta de ratificación, se lo considerará nulo de nulidad absoluta". Y fijaba el plazo dentro del cual las Cámaras debían expedirse. Si ello no ocurría, el DNU carecía de vigencia. Pero luego, curiosamente, la ley 26.122 de 2006, que contiene la solución contraria, fue impulsada por la senadora Cristina Kirchner.

Teniendo en cuenta la amplia disposición del Ejecutivo para el dictado de DNU más allá de las exigencias de la Constitución y los anuncios provenientes de las altas esferas sobre la aplicación del veto presidencial a toda ley que sancione el Congreso contra los deseos gubernamentales, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 26.122 en sede judicial -de no mediar la reforma de la ley- representará un apoyo decisivo a la separación y el equilibrio de los poderes. La República lo agradecerá. ©

20100326 LN Un experto en eludir el debate central de la economía  p. Carlos Pagni

Amado Boudou faltó ayer por la mañana con la excusa de que acababa de aterrizar en Ezeiza. Fue un pretexto trivial. El ya sabía, cuando acordó el encuentro, la hora de llegada de su vuelo. Y el avión no se demoró.

El problema fue otro, y quedó al descubierto por la tarde, cuando Boudou visitó las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados. Allí propuso hablar de la negociación con los holdouts -cuyos términos todavía se desconocen-, de la asignación universal por hijo y de la relación con las provincias. La oposición, sin embargo, lo había convocado para discutir de nuevo el presupuesto, ya que la evolución de los precios lo volvió obsoleto. Era de lo que pensaban hablar, también, los frustrados senadores.

Así no se trata a las visitas. Boudou tiene prohibido decir "inflación". O "deneús", el último hallazgo de la neolengua parlamentaria. A pesar de esa autocensura, la escalada inflacionaria promete convertirse en el peor corrosivo de la solidez del Gobierno. Los analistas privados estiman que este año tocará el 25%, y que el próximo llegará al 35%. Sin duda será el gran tema de la próxima campaña presidencial. Esto explica que en el corazón de Olivos evalúen adelantar las elecciones internas fijadas, por ley, para agosto de 2011.

El esposo de la Presidenta no ha resuelto su dilema. Cree que la oposición va a llegar muy desgastada a esa fecha. Pero, como teme que semejante lapso garantice también la descomposición de la economía, fantasea con adelantar los comicios a marzo o mayo. Como debería modificar la legislación, tendría que acordar con los diputados de la centroizquierda, a quienes les devolverían los dos artículos de la reforma política vetados por la Casa Rosada. Más allá de los detalles, es increíble que Kirchner siga confiando en las martingalas del almanaque después de la lección que recibió el 28 de junio pasado.

Otro ropaje

A pesar de que es una vieja conocida de los argentinos, esta vez la inflación vuelve con otro ropaje. Ya no se trata, como la de fines de los años ´80, de una hiperinflación. Ahora la rareza no está en el volumen, sino en que la Argentina es uno de los pocos países que la padecen. Comparte esta enfermedad, como tantas otras, con Venezuela, que alcanzará este año el 42%. En cambio, en Perú será del 1%, en Chile del 3,4 y en Brasil del 4,5.

Otra característica de esta nueva inflación es que no se deja medir. Por lo tanto, las expectativas se disparan, por las dudas. Guillermo Moreno arruinó el Indec.

La oposición se lo recordó ayer a Boudou, pero él huyó del tema. Ayer lo obligaron a sostener que "no hay inflación, sino tensiones en los precios". Salió a corregirlo Hugo Moyano, cuyo humor es el termómetro político de este problema. "No sé qué habrá querido decir, porque la inflación la percibimos todos los días en el supermercado", dijo el camionero.

La negación es otro tic bolivariano: Hugo Chávez también comenzó a despotricar contra su centro de cómputos.

Sin embargo, la innovación más importante del nuevo ciclo inflacionario radica en las categorías conceptuales con que la política ha decidido abordarlo. La impugnación al descalabro alfonsinista provenía de la derecha liberal-conservadora que tenía a Alvaro Alsogaray como sumo sacerdote.

En cambio los Kirchner deben soportar que la demanda llegue desde la izquierda. El principal reproche que se les hace es que, por la inflación, su Gobierno es una fábrica de pobres. La vinculación entre descontrol inflacionario y aumento de la marginalidad tiene un enorme atractivo electoral, ya que permite hostigar al oficialismo desde la reivindicación social, pero con argumentos impecables para la técnica económica.

Cristina Kirchner y su esposo discuten con "los neoliberales que pretenden imponer las recetas de ajuste de los años ?90". Como boxeadores ciegos, tiran golpes al vacío. Porque el "Consenso de Washington" se bajó del ring y dejó a una oposición que, sea con Alfonso Prat-Gay o con Claudio Lozano, les hace notar que el ajuste lo están realizando ellos al deteriorar el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos.

Esta reconciliación entre progresismo social y corrección económica reproduce, al cabo de un siglo, los argumentos de aquel socialismo que abogaba por el libre cambio porque, como decía Juan B. Justo y recuerda a menudo René Balestra, "estamos para defender el nivel de vida del pueblo trabajador". No hace falta consignar el salto modernizador que supondría para la Argentina esta interpretación no populista de la justicia social.

Boudou eludió ayer este debate y se blindó detrás del canje de deuda. Esa operación es la única en la que Kirchner le ha permitido una participación relevante. Para el ministro es un paso crucial del supuesto regreso al financiamiento voluntario. Son pocos los expertos que creen en esa secuencia. Si la Argentina no accede al mercado es porque el Gobierno demolió la institucionalidad de la economía: desde la independencia del Banco Central hasta la calidad de las estadísticas.

Por ahora el canje sólo alcanza para cerrar un viejo expediente judicial. El resto del mérito es político. Como explican interlocutores habituales de la Presidenta, "ella necesita del acuerdo para regresar al G-20 sin la mancha del default; además, podrá ufanarse de haberlo hecho sin la participación del Fondo".

La estrategia de Boudou tiene una ventaja: todavía no se conocen los términos de la transacción. Si se confirman las presunciones del mercado, es posible que el Gobierno también reciba objeciones desde la izquierda. Sobre todo si se van a reconocer los intereses caídos desde 2005 con un título atado al crecimiento y si, en la suma total, el bonista que ingresa ahora a la reestructuración se lleva más que el que lo hizo hace cinco años.

El Congreso dispuso que, si se demuestra esta conveniencia para quienes se resistieron a negociar, la nueva reestructuración deberá pasar por las cámaras. En tal caso, Boudou deberá encontrar otra excusa para no hablar de la inflación.

20100328  La disputa por la Caja La relación de la Casa Rosada con los Gobernadores. El reparto discrecional de fondos privilegió a Santa Cruz. Recibió por habitante más aportes que el resto de las provincias y, en total, casi lomismoque Córdoba.

Entrevista con Oscar Aguad

20100328 LN "El Congreso ha dejado de ser una escribanía del Gobierno"

Implacable al criticar al kirchnerismo, el jefe de los diputados radicales alerta sobre el agravamiento de la situación social. Y también se atreve a revisar las culpas de la oposición: "Quizá pudimos haber cometido los mismos errores que criticábamos"
Ricardo Carpena

 

"Quizá pudimos haber cometido los mismos errores que criticábamos. Tenemos que ser muy celosos del respeto por las formas y por la ley, considerar que las formas son el fondo y no creer que porque somos más podemos imponer las formas. Hemos cometido algún exceso entre todos, pero aprendimos de nuestros propios errores y es algo mínimo ante a lo que hemos logrado: que el Congreso deje de ser una escribanía del Gobierno. Y que al Gobierno no le resulte tan sencillo eludir al Congreso."

Que un político haga autocrítica es bastante inusual: el jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad, rompe una larga tradición de echarle la culpa a los otros, quizá obligado por el estridente fracaso de una sesión especial en la Cámara baja para declarar nulo el decreto que creó el Fondo del Bicentenario y que permitió que Elisa Carrió acusara a "algunos radicales", como el mismo Aguad, de complicidad con el Gobierno.

Ante Enfoques, de todas formas, el legislador de la UCR no carga las tintas contra Carrió pero le reclama que trabaje para cohesionar a las fuerzas contrarias al kirchnerismo. Y agrega que la líder de la Coalición Cívica "forma parte de la oposición y, si la critica, también se critica a sí misma".

Este dirigente cordobés de 59 años preside el bloque de diputados nacionales de la UCR y quedó atrapado en los vaivenes de este Congreso surgido del 28 de junio. La composición actual favorece a la oposición, pero, hasta ahora, no termina de alcanzar un funcionamiento que represente el sentido de lo que se votó en las últimas elecciones.

Casado, con cuatro hijas que van de los 30 a los 20 años y una nieta de ocho meses, es implacable al criticar al Gobierno y alertar sobre el agravamiento de la situación social durante este año como consecuencia de la inflación. De todas formas, no se muestra tan implacable cuando se le pregunta sobre quién debería ser el próximo candidato presidencial de la UCR. "Prefiero tener primero el programa. Una vez que lo tengamos, elijamos al candidato", sostiene.

Video: Aguad: «El congreso dejó de ser una escribanía del Gobierno»

El legislador radical fue miembro del directorio del diario La voz del interior , secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, convencional constituyente en 1994 y ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de la provincia durante la gestión de su correligionario y padrino político, Ramón Mestre. Y cuando éste fue ministro del Interior en el gobierno de la Alianza, designó a Aguad como interventor federal en Corrientes (que le originó una causa judicial por administración infiel, de la que resultó sobreseído hace tres años). Fue elegido diputado nacional en 2005 y dos años después comenzó a presidir el bloque de diputados de la UCR.

-Es un momento raro de la política: la oposición parece desdibujada, con una estrategia confusa en el Congreso, y los Kirchner repuntan en las encuestas. ¿A qué obedece?

-Es solamente una imagen, pero no es la realidad. Y esto lo ha construido el Gobierno a partir de las cosas que dicen , de las cosas que informan, pero, de hecho, hay un logro muy importante de la oposición que no se ha visualizado aún: el Congreso ha dejado de ser una escribanía del Gobierno. Se paralizó esto de que los proyectos entraban por una puerta y salían como ley por la otra. El Congreso hoy debate y estudia los temas. Y le ha puesto un freno al Gobierno. El otro tema es cuándo vamos a empezar a sancionar leyes que reviertan la grave situación institucional a que este gobierno nos ha llevado. Pero no hace un mes que el Congreso empezó a funcionar normalmente. El cambio en el impuesto al cheque, que revierte una situación federal inequitativa, está a las puertas de ser tratado en el Senado. La reforma del Consejo de la Magistratura es probable que tenga despacho antes de fin de mes en la Cámara de Diputados y nos estamos esforzando para que el presupuesto, que es la ley más importante, vuelva a ser tratado en el Congreso.

-Usted se quejó de que había opositores funcionales al Gobierno. ¿Quiénes son?

-No quiero personalizar porque este es un momento para tratar de cohesionar. Pero es indudable que hay un estrategia del Gobierno para desarticularnos y hay algunos que son funcionales...

-¿Funcionales por qué?

-Porque se esmeran en mostrar a la oposición desarticulada y eso es falso: estamos trabajando en conjunto, aunque tenemos matices, diferencias y somos de partidos distintos.

-Más allá de cualquier estrategia de los Kirchner, ustedes no encontraron hasta ahora un funcionamiento ideal en el Congreso y algunas declaraciones no ayudan, como las de Elisa Carrió, que lo acusó a usted de complicidad con el Gobierno.

-Carrió forma parte de la oposición y, si la critica, también se critica a sí misma. Luis Juez hace exactamente lo mismo. En el caso de Carrió, un día criticó y al lunes siguiente, en la televisión, dijo que había sido una sobreactuación. Bueno, estas cosas tenemos que superarlas.

-¿Cómo?

-Hablando; todo se arregla conversando. Fijando una estrategia. Hasta diciembre, la oposición funcionó muy bien, sin ningún problema. No existe razón para que ahora no funcione igual. Debemos advertir que el Gobierno tiene una maquinaria de poder puesta al servicio de que nosotros nos desarticulemos, nos peleemos y, además, aparezcamos frente a la opinión pública como desarticulados, incoherentes, imprecisos.

-Carrió lo criticó, pero me imagino que le reconoce que cuando ella dice que el Gobierno va a hacer trampa, acierta...

-(Hace el gesto de cerrarse la boca con una cremallera.) No hablo.

-¿Siente que ella le marca límites a la oposición? ¿Que los expone públicamente"

-Carrió tiene que colaborar para cohesionar a la oposición. Es una actora muy importante del sistema y tiene esa gran responsabilidad, que es la de beneficiar la cohesión opositora. Lo está haciendo, pero tiene que ponerle más enjundia.

-Más allá de lo que reclama Carrió, ¿qué autocrítica se haría como jefe de bloque?

-Quizá pudimos haber cometido los mismos errores que criticábamos. Tenemos que ser muy celosos del respeto por las formas y por la ley, considerar que las formas son el fondo y no creer que porque somos más podemos imponer las formas. Tenemos que tener como límite la ley. Hemos cometido algún exceso entre todos, pero aprendimos de nuestros propios errores y es una cosa mínima frente a lo que hemos logrado: que al Gobierno no le resulte tan sencillo eludir al Congreso.

-Pero el Gobierno, hasta ahora, parece estar logrando ese objetivo.

-Falta un actor que todavía no actuó: llegó el turno de la Corte. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, la Corte tiene que hacer el suyo. ¿Cuál es? Tiene que fijar posición para mejorar la calidad institucional del país en dos temas fundamentales: primero, decir cuál es el límite jurisdiccional de los jueces con respecto a los otros poderes del Estado. ¿Pueden los jueces revisar decisiones políticas y administrativas de otro poder del Estado? No, no pueden. Lo que hizo ese juez [ N. de la R.: Enrique Lavié Pico], resolver cómo debe funcionar una comisión del Senado, es un disparate tan grande como que el Congreso le diga a la Cámara, que ahora va a tratar la apelación de Julio Cobos, cómo se tiene que conformar. Y el otro tema que tiene que resolver la Corte es cuál es la necesidad y la urgencia que se requiere para dictar un decreto de necesidad y urgencia. Cuando la Corte aclare esto, no va a haber más atajos para eludir al Congreso.

-¿La gente común entiende este tipo de disquisiciones intrincadas, visualiza claramente qué está en juego en todo esto?

-No lo visualiza. Hoy, en una radio, me preguntaron qué le importaba a la gente el Fondo del Bicentenario. Este fondo agrava la situación de la inflación en la Argentina. La falta de credibilidad en el país, la falta de certidumbre en las reglas de juego; agrava la caída de la tasa de inversión en el país, y la tasa de inversión afecta directamente al empleo. El tema social, ¿cómo se soluciona? Generando puestos de trabajo, no planes sociales. ¿Qué es lo que genera los puestos de trabajo? La inversión. En la Argentina, la inversión cayó un 13%. Eso se refleja inmediatamente en los puestos de trabajo, en el nivel de los salarios y en el nivel de la exclusión y de la pobreza. Hay una ecuación clave: para bajar un punto la tasa de desempleo hace falta un crecimiento del 4% del PBI. Para que haya ese crecimiento tiene que haber una inversión del 25% sobre el PBI. Esta es la situación que tenemos que defender.

-La Presidenta dice que ustedes no tienen propuestas y que quieren un ajuste.

-No, el ajuste lo está haciendo el Gobierno.

-¿A través de la inflación?

-Claro.

-¿Y cuál es la propuesta de ustedes?

-Inversiones. ¿Por qué hay inflación? Porque hay una sobreoferta de recursos económicos en el mercado sin la correspondiente tasa de inversión que cree los bienes que necesita el mercado. Es decir, hay una gran demanda de bienes, porque hay recursos económicos, pero quienes tienen que invertir frente a la incertidumbre no invierten y lo que hacen es aumentar los precios. Ese es el problema de la inflación. El Gobierno dice: el ajuste no lo vamos a hacer nosotros. Mentira. El ajuste lo está haciendo: va a haber una tasa de inflación de entre el 20 y el 25 por ciento. Es más grave el ajuste inflacionario que el ajuste tarifario, por ejemplo. Segundo tema, el Gobierno dice que en el Congreso no se discute nada importante y nosotros queremos discutir el presupuesto que es la ley más importante. ¿Por qué? Porque el Gobierno calculó una tasa de inflación de 6 puntos y la tasa de inflación va a estar arriba de los 20. Esto sugiere que el Gobierno va a recaudar mucho más de lo que tiene previsto recaudar, entonces hay que rever el presupuesto. El Gobierno calculó un crecimiento del 2% y el país va a crecer al 4%. Más recursos para el Gobierno. Y, además, nos enteramos de que tiene un déficit en el gasto de 50.000 a 70.000 millones de pesos. Hay que rever el presupuesto, la ley de leyes, la más importante, pero tiene que ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, no podemos decirle en qué va a gastar la plata, pero sí tenemos que decir cuál va a ser la previsión de ingresos que va a tener el Gobierno y cuál es el gasto donde va a derivar esos recursos. Entonces, todo esto que está creando el Gobierno es artificial. Estamos dando una batalla decisiva, por más que no tengamos la claridad suficiente para que la opinión pública la entienda.

-Hay un escenario en el que ustedes avanzarán con una agenda legislativa que, en el mejor de los casos, el Gobierno va a terminar vetando. ¿Qué van a hacer?

-El Gobierno va a comprender la realidad que estamos viviendo cuando vea los desbarajustes que le va a causar la inflación. Tengo mis dudas de que no la esté provocando...

-¿Por qué?

-Para licuar los pasivos. Lo que está haciendo el impuesto inflacionario es autofinanciar al Gobierno. No se dan cuenta de los desbarajustes que el problema social les va a traer. Estamos en el peor de los mundos, en el mejor tiempo de la Argentina. Esta es la paradoja: nunca las commodities valieron lo que valen hoy y nosotros seguimos perdiendo el tiempo. La impugnación a los Kirchner, más allá de los atropellos institucionales, de haber quebrado la confianza en el país, es el tiempo perdido. Nos están haciendo perder el mejor tiempo que ha vivido la historia del país.

-¿A quién prefiere como candidato presidencial de la UCR? ¿Cobos? ¿Alfonsín? ¿Sanz?

-Prefiero primero tener el programa de gobierno y una vez que lo tengamos, elegir el candidato. Falta mucho para 2011. El candidato del radicalismo debe ser el que la gente suponga que es el mejor para llevar adelante un programa de gobierno, porque éste, sin el respaldo del poder que transmite el pueblo, no puede ser ejecutado. Muchas veces los partidos privilegian sus problemas internos a las decisiones de la sociedad. Se equivocan porque el poder lo transmite el pueblo. Quedó demostrado en la crisis del campo: cuando el pueblo le sacó el poder, el Gobierno cayó por knock-out. El poder no nace de la billetera ni de sentarse en el sillón de Rivadavia sino del pueblo y, cuando éste te retira el poder, se terminó. Es lo que le ha pasado a este gobierno. Uno puede recomponerlo, pero tiene que volver a ganarse la voluntad de la sociedad, que es lo que este gobierno no hace y sigue enfrentando a la sociedad. Consecuencia: sigue sin poder. Si alguien quiere ejecutar un programa de transformación tiene que tener el apoyo de la sociedad. Por eso reitero: primero el programa, después el candidato.

-¿Qué le diría a una presidenta que en cada discurso habla de los errores de la Alianza?

-Este gobierno toma decisiones equivocadas basándose en los errores que se cometieron antes. Doble torpeza: está justificando sus malas acciones por las malas acciones que se hicieron antes. Esa permanente prédica sobre el retorno al pasado no lleva a ningún lado. Lo que queremos escucharle al Gobierno es qué va a hacer para adelante, no qué pasó antes. Todos saben lo que pasó antes. Y es más: en el radicalismo hemos aprendido y estamos aprendiendo de nuestros propios errores. Seríamos unos torpes si no los hiciéramos, y hemos cometido muchos. Y esos errores muchas veces los pagó la sociedad argentina. Cada vez que la Presidenta nos marca un error nos sirve como referencia para no volverlo a cometer. El problema es que el Gobierno comete los mismos errores que cometimos nosotros.

Oscar Aguad es una de las apuestas del radicalismo para superar el "síndrome De la Rúa". Condiciones no le faltan. Parece tener ideas claras. En la entrevista admitió que quiere ser candidato a gobernador de Córdoba en 2011, pero fue una de las pocas confirmaciones sobre él y el futuro partidario que brindó en toda la charla. No arriesgó ni media ficha por la suerte de las postulaciones de los candidatos naturales de la UCR y pareció sobreactuar su necesidad de quedar bien con todos. Incluso hizo lo mismo fuera de su partido con una figura como Elisa Carrió, que a él lo había puesto contra las cuerdas. Lógico: la oposición tuvo varios traspiés en el Congreso y varios fueron fruto de la propia impericia o de desacuerdos en el espectro opositor. Aguad sabe que el peor negocio es dividir el abanico antikirchnerista, algo que es justamente lo que busca la Casa Rosada. Al final, cuando hablamos sobre qué le gustaba hacer en su tiempo libre, dio la respuesta más obvia de toda la tarde. ¿Qué tipo de películas disfruta más este diputado que trabaja todos los días en el Congreso enfrentando al kirchnerismo y, a veces, a sus propios pares? Sí, adivinó: las de acción.

20100327 El Consejo de la Magistratura

El organismo no puede continuar siendo una herramienta de presión del oficialismo sobre los jueces independientes

El Gobierno no parece querer tomar conciencia de que la nueva relación de fuerzas en el Congreso, donde existe una mayoría opositora, le impedirá seguir postergando la indispensable reforma del Consejo de la Magistratura, exigida no sólo por la oposición política sino también por las distintas academias y colegios que nuclean a los abogados y, también ahora, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En efecto, días atrás, este comité ha criticado la "marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo" en la conformación del Consejo.

Hace cuatro años, la entonces senadora Cristina Kirchner impulsó una reforma que modificó la composición del Consejo, que es el encargado tanto de la selección de los jueces como de promover la destitución de los magistrados que incurren en las causales de remoción. Aquella modificación redujo la composición del Consejo otorgándole mayor número de representantes al oficialismo.

De esa manera, a partir de entonces el kirchnerismo convirtió a ese organismo en una formidable herramienta para presionar a los jueces, pues tiene el poder para impulsar juicios políticos a los magistrados que se muestren díscolos respecto de los mandatos del Gobierno, y también el poder para frenar o no impulsar el enjuiciamiento de los jueces que considera leales.

La reciente destitución del indefendible juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez, un magistrado parcial y arbitrario, mediante un fallo unánime de los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo no debe interpretarse como un cambio de tendencia o la llegada de nuevos aires de independencia. No, el kirchnerismo, que lo defendió mientras pudo -y lo defendió en demasía-, se plegó a los demás votos debido a la gravedad de los cargos que pesaban sobre este magistrado y que lo tornaban, como dijimos, en un juez indefendible.

Existe prácticamente un consenso unánime en la oposición respecto de la imperiosa necesidad de modificar el esquema de mayoría oficialista construido a la medida del oficialismo. Uno de los estamentos más perjudicados por la reforma impulsada por Cristina Kirchner fue el de los abogados, pues redujo la cantidad de sus representantes.

A los diversos proyectos de reforma que se han presentado se ha sumado uno que arrimó el kirchnerismo de la mano del diputado santafecino Alejandro Rossi, hermano del presidente de la bancada peronista en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las fundadas críticas que recibió lo han debilitado.

En efecto, Rossi propone mantener el actual número de representantes en el organismo, pero entre otras medidas cuestionadas pretende someter a los jueces a un examen periódico de capacidad cada cuatro años. Se trata de algo inadmisible, pues la Constitución dice que los jueces son inamovibles, salvo renuncia o juicio político. Desde ya que ese eventual examen de idoneidad no sería otra cosa que un nuevo mecanismo de presión sobre los magistrados al dejarlos a merced de una permanente espada de Damocles.

Los antecedentes del kirchnerismo permiten suponer con un alto grado de certeza que, ante la reforma inevitable del Consejo, hará lo imposible para que, bajo un cierto maquillaje, el órgano continúe al servicio de sus designios.

Es preciso no perder de vista que, cuando la actual presidenta impulsó la reforma del Consejo en 2006, su argumento fue la necesidad de dotarlo de mayor celeridad, eficacia y transparencia. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario y el organismo alcanzó el mayor grado de politización y descrédito de su corta historia.

De ahí la necesidad de que la oposición se mantenga alerta y se aúne en torno de unos pocos principios básicos. El principal es que para mejorar la tan cuestionada labor de la justicia argentina y asegurarle independencia, el cuerpo encargado de seleccionar y remover a los jueces debe ser independiente, y esta independencia no sólo debe basarse en la cantidad de miembros que representan a los magistrados, abogados, académicos y legisladores, sino también en su calidad.

Varias ONG como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, Poder Ciudadano y el Centro de Estudios Legales y Sociales propusieron una serie de medidas para transparentar el Consejo. Entre los puntos que mencionaron se destaca la necesidad de respetar el mandato constitucional y garantizar que todos los estamentos que componen el Consejo estén representados de forma equilibrada. También, que la reforma debe resolver las tensiones entre el Consejo y la Corte Suprema respecto de la administración y el gobierno del Poder Judicial.

Es indispensable que una oposición sin fisuras logre plasmar una reforma genuina, sin pensar en ventajas políticas ni personales. Lo que está en juego en esta modificación del Consejo de la Magistratura es esencial para la República.

El rumbo económico / Entrevista con el ex ministro Domingo Cavallo

20100329 "La inflación es un problema muy grave   Rafael Mathus Ruiz

Dijo que la clave para bajarla está en la política monetaria y en "respetar las reglas de juego del mundo"; critica el uso de reservas
 NUEVA YORK.- Domingo Cavallo ve similitudes entre la Grecia actual y la Argentina de 2001. Hay, de hecho, varios puntos en común entre los problemas que marcaron el fin de la convertibilidad y los que atraviesa por estos días la economía europea. Pero hay una diferencia sustancial: Grecia no controla su moneda y, por lo tanto, no puede devaluar. "Es una bendición", dice, durante una entrevista con LA NACION, anteayer, minutos antes de exponer en una conferencia sobre América latina en la Universidad de Columbia.

Cavallo ofrece luego las razones de su postulado: la inflación que azota a la Argentina, un flagelo añejo que se ha convertido en un problema "muy grave", se originó en políticas monetarias e inflacionarias que nacieron con la devaluación de principios de 2002, y que el Gobierno debe reconocer, primero, y luego resolver. "Seguir escondiendo la inflación es un error", sostiene. El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa dijo que la Argentina debe reinsertarse en el mundo, una tarea que el canje de la deuda y una auditoría del Fondo Monetario Internacional (conocida como la revisión del artículo IV) facilitarían. Cavallo deja entrever, además, que el conflicto en torno al uso de las reservas del Banco Central es de forma y no de fondo: siempre se utilizan reservas para pagar deuda externa. "La cuestión es cómo adquieren las reservas quienes tienen que hacer los pagos", señala.

La inflación fue el eje central de la charla que Cavallo mantuvo con LA NACION. "Es una manifestación de desequilibrios que, además, no son recientes. La inflación que tenemos es totalmente originada en políticas monetarias e inflacionarias que se iniciaron en 2002. Es un problema muy grave", apunta.

Cavallo señala que en la Argentina se ha olvidado que la inflación es un tema vinculado a la política monetaria. "El Gobierno debería aplicar una política monetaria antiinflacionaria como aplican todos los países de América latina, excepto Venezuela y la Argentina. En la política monetaria está la clave para bajar la inflación."

La readecuación de la política monetaria debe enmarcarse en un replanteo global de la política económica y del discurso del Gobierno, agrega el padre de la convertibilidad. "La Argentina tiene que reinsertarse en el mundo. Volver a ser un país respetado y respetable en todos los aspectos. Para eso, tiene que respetar las reglas de juego del mundo y, lamentablemente, eso no es lo que ha venido haciendo", agrega.

El canje de la deuda con los bonistas que no aceptaron la oferta del Gobierno en 2005, según indicó, es un intento en ese sentido, que desea que pueda concretarse y dar buenos resultados. "Pero no es suficiente. Sería muy importante que el Gobierno permitiera que el FMI hiciera la auditoría del artículo IV, que, por otro lado, es algo a lo que se comprometieron los países del G-20. El único país que no lo ha permitido es la Argentina. Eso es un inconveniente. Hace que sea difícil renegociar la deuda con el Club de París y arreglar otros temas de nuestra relación con el mundo", apunta.

LA NACION le recuerda que el Gobierno no tiene una buena relación con el Fondo Monetario. "Eso es algo que no ayuda a la Argentina. El Gobierno tiene que entenderlo. El FMI no es una institución con intereses encontrados con los países. Es una institución de los países para ayudar a que las relaciones financieras de un país con el resto del mundo sean constructivas. Creo que lo que está haciendo el Gobierno es erróneo y equivocado, y le causa un daño a la Argentina, porque dificulta la normalización financiera con el mundo", responde.

La inflación es un problema que, en América latina, pone a la Argentina al lado de Venezuela. Cuando se le pregunta si él recoge la visión de que los dos países se han acercado y, a la vez, distanciado de los países más confiables (a los ojos del mercado) del continente, responde: "Eso lo percibe todo el mundo. Hay dos clases de países: los que continuaron con el proceso de apertura económica y estabilidad que se inició en los 90, entre los que están Chile, en primer lugar; México, Perú, Colombia y Brasil, y también Uruguay y Paraguay, y luego están los países que adhirieron a esto que se llama el ALBA, que es una iniciativa venezolana. Y la Argentina, sin estar en el ALBA, ha reintroducido la inflación y ha aplicado políticas aislacionistas".

Cavallo cree que la forma en la cual el Gobierno manejó el tema de las reservas del Banco Central fue errónea. "Fue un despropósito", dice. "Podrían haber utilizado las reservas sin crear este conflicto institucional en el que hemos estado inmersos desde diciembre. Ese conflicto no ayuda a que la Argentina revierta la imagen de país poco confiable. Por ahí vienen los riesgos políticos, en la demora de construir la imagen de un país confiable."

La forma como el Gobierno intentó obtener las reservas eleva el riesgo de una mayor inflación, según sostiene. "Las reservas son normalmente utilizadas para pagos al exterior. El Gobierno se tendría que presentar ante el BCRA con pesos para comprar reservas. El tema es cómo consigue los pesos. Necesita crédito o pedirle pesos al BCRA. Pero hay limitaciones que imponen las leyes respecto de cuánto le puede prestar el BCRA al Gobierno. El problema con el decreto de necesidad y urgencia es que amplía el margen del BCRA para financiar déficit al Gobierno, y eso es lo que crea riesgos de alta inflación."

20100318 LN Recuperar el crédito y la confianza  por María Eugenia Estenssoro

Tener crédito significa ser creíble y generar confianza. Justamente es lo que el Gobierno perdió y necesita desesperadamente. Apoderarse de las reservas del Banco Central sin autorización del Congreso, violando la ley y eludiendo tres fallos judiciales en contra lo aleja aún más de ese escenario de certidumbre.

El Gobierno dice que quiere dejar de vivir con lo nuestro, como sostuvo fervientemente durante los últimos seis años. Ahora aspira a que el país retorne a los mercados de crédito internacionales. ¿Quién podría oponerse? El aislamiento nunca es bueno.

Recuperar el crédito debe ser una meta conjunta del oficialismo y la oposición, pero me temo que el Gobierno sigue eligiendo el camino equivocado.

La Presidenta y sus funcionarios afirman que si usan las reservas del Banco Central para pagar las deudas que quedaron pendientes del default de 2001 podríamos acceder a créditos internacionales para financiar crecimiento y proyectos de desarrollo a tasas del 6% anual en dólares, como nuestros vecinos, y no a tasas insostenibles, del 14% o 15%, como ocurre desde hace cuatro años.

Lo que no dicen -¿o no saben?- ni Cristina Kirchner ni la presidenta interina del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, es que las altísimas tasas de interés que paga nuestro país no se deben principalmente a las cuentas que quedaron sin saldar del default, sino a la manipulación sistemática de los índices de inflación, que comenzó a fines de 2006 para engañar a los tenedores de bonos argentinos.

El ardid oficial, un pilar esencial del "modelo", se instauró para trampear a quienes compraron o aceptaron títulos argentinos. Estos títulos tenían un cupón de interés atado a la inflación anual. Cuando ésta empezó a descontrolarse, en 2006, en lugar de enfrentar el problema y reducir el alza de precios, el gobierno de Néstor Kirchner decidió intervenir el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) para pagar menos intereses.

Tener crédito significa ser confiable. Pero la credibilidad es justamente lo que el Gobierno destruyó a medida que el fraude estadístico del Indec se extendió a diversos rubros, como las cifras de pobreza, indigencia y desigualdad, impidiendo que hoy sepamos a ciencia cierta cuál es la situación real y que encaremos soluciones concretas.

El costo político y económico de esta trampa ha resultado enorme. Y es la verdadera razón por la que el Estado argentino no accede a financiamiento internacional a tasas razonables. ¿Quién le va a prestar dinero a un gobierno que les miente no sólo a sus acreedores sino a todos los ciudadanos?

Por otra parte, la conflictiva estatización de las AFJP y el uso recurrente de los fondos jubilatorios del Anses para financiar al gobierno nacional han sido victorias a lo Pirro, que contribuyeron a profundizar el clima de desconfianza general, tanto dentro del país como fuera de él, elevando aún más las tasas de interés.

Si el Gobierno quiere recuperar el crédito -es decir, la credibilidad-, en primer lugar deberá reconocer la inflación real, sincerar las cuentas públicas y restablecer la veracidad del Indec. Es importante que este proceso se haga por consenso y mediante una ley del Congreso Nacional. En el Senado ya estamos trabajando.

En segundo lugar, deberá rediscutir en el Parlamento el presupuesto 2010, que ha quedado desactualizado por la inflación y el gasto creciente. Oficialismo y oposición debemos debatir abiertamente cómo hacer frente a los vencimientos de la deuda externa y cómo financiar el aumento del déficit fiscal de las provincias y del Gobierno.

El ámbito natural para discutir y encontrar soluciones a todos estos problemas es, sin dudas, el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 75 de la Constitución establece claramente -en sus incisos 6, 7, 8 y 9- que son facultades del Congreso.

La situación económica de la Argentina hoy es delicada, pero de ninguna manera crítica. En cambio, la situación política sí lo es. Si el Gobierno acepta ceñirse a la letra de la Constitución y dialogar con las fuerzas de oposición en el Congreso -espacio institucional designado para el diálogo político en democracia-, encontrará allí las soluciones que está buscando.

Si el Gobierno aprovecha esta oportunidad, recuperará no sólo el crédito internacional, sino la credibilidad y la confianza de los argentinos. El crédito político, como todos sabemos, es lo que un gobernante más necesita.

La autora es senadora nacional por la Coalición Cívica

20100318 LN Pura táctica sin solución de fondo  por Adrián Ventura

Anuló una resolución de Julio Cobos que aceptaba un cambio en la composición de la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Ese paso era fundamental para que el oficialismo pudiera cuestionar el dictamen por el que la oposición propuso anular el DNU 298 y, así, cuestionar lo resuelto ayer por la Cámara baja. No es tan importante que un dictamen sea de mayoría o de minoría para que una determinada mayoría de la cámara pueda aprobarlo. Y es cierto el éxito judicial que se anotó el Gobierno al obtener esta medida cautelar, que echa sombra sobre lo actuado en el recinto y permite al oficialismo atemperar lo que hubiese sido una estrepitosa derrota.

La presentación que habían hecho el jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, y otros tres legisladores, entre ellos Beatriz Rojkés de Alperovich, parecía casi insostenible. Una cosa es cuestionar una decisión presidencial o legislativa que puede producir efectos para terceros (un aumento de las tarifas de los servicios, por ejemplo), en cuyo caso sí se puede plantear la inconstitucionalidad de la norma y solicitar su suspensión y otra, muy distinta, es pedirle a la Justicia que se entrometa en el debate legislativo y en la conformación de las comisiones.

Pero la politización de la Justicia obró el milagro. Lo primero que hizo Pichetto, para lograr este éxito, fue asegurarse que podía evitar al juez Ernesto Marinelli, cuyas interpretaciones constitucionales ortodoxas irritan al Gobierno. Luego vino el momento de las operaciones: Lavié Pico es un joven juez, que creció en el entorno del experimentado camarista Pablo Gallego Fedriani, por lo cual algunos hombres de Pichetto buscaron el apoyo de sus mentores. Finalmente, la Cámara de Apelaciones le sacó la causa a Marinelli y se aseguró de que la tuviera Lavié Pico. Por cierto, el argumento del juez parece ingenioso: la composición de la comisión queda establecida en el momento de la renovación de las cámaras, según dice la ley 26.122, y esto ocurrió en diciembre, por lo cual no pueden luego barajarse las cartas otra vez, para dar una nueva mano.

Se comienza a cerrar así un ciclo que se inició hace cuatro meses, pero parece un perro mordiéndose la cola. En efecto, en diciembre, la Presidenta dictó el DNU 2010/09 apenas el Congreso entró en receso, para saltear su intervención; luego, como tres fallos judiciales suspendieron su aplicación, la Presidenta dictó el DNU 298, para burlarse de aquellas resoluciones y saltear por segunda vez al Congreso. Ayer, cuando la oposición se aprestaba a anular el decreto, el Gobierno logró el tercer by pass. Pura táctica, ninguna solución de fondo.

20100318 LN Uruguay Elogios de opositores y militares para Mujica.  Fueron por sus gestos de reconciliación. …….

No es razonable pedirle milagros a la flamante mayoría opositora en el Congreso

20100319 LN Del repudio a la impaciencia   Santiago Kovadloff

Se ha impuesto una semblanza del oficialismo que me parece certera y otra de la oposición con la que me interesa disentir.

La involución sufrida por el país, a raíz del auge alcanzado por las prácticas políticas del oficialismo, nos retrotrae a un estado de precariedad institucional y social francamente alarmante. Nunca, desde que, en 1983, se recuperó la democracia, un partido gobernante se ha burlado tanto de la ley y las instituciones a las que debe su legitimidad. Resulta sorprendente, a la luz de semejante caudal de transgresiones, el cinismo con que sus voceros se presentan como víctimas de una conspiración orquestada para privarlos de sus derechos e impedirles el ejercicio de sus deberes. Nadie, hasta donde sé, caracterizó este procedimiento con más elocuencia que Alain Finkielkraut: "No hay teoría más voluptuosa que la del complot. Basta adoptarla para que se desvanezca cualquier obstáculo y el puñetero principio de realidad exhale su último suspiro. Ese discurso no falla nunca: creer en una conspiración significa ponerse al amparo de lo real. ¿Quién manipula los signos? ¿Quién intoxica la opinión? ¿Quién deforma los acontecimientos? ¿Quién si no precisamente este pulpo inaferrable que denuncio sin descanso?". Desde siempre y para siempre, "la culpa es del Otro, del Gran Antagonista: nada, absolutamente nada, se deja sin respuesta y uno mismo queda exento de antemano de cualquier replanteamiento".

El proceso regresivo impulsado por el Gobierno se inicia con la homologación del adversario con el enemigo y el asentamiento del monólogo hegemónico unido a la equivalencia entre disidencia y traición. Su hilo conductor, vocacionalmente maniqueo, se tensa y se ahonda con el menoscabo de las instituciones; prosigue su avance recurriendo a la manipulación de la pobreza y a la instrumentación impúdica de la caja, para completarse mediante el saqueo de los fondos públicos, el matonaje como pedagogía disuasiva y la acumulación ostentosa de riqueza y poder. A los siniestros partidos opositores, nunca suficientemente denostados, se les suma la denuncia oficialista de un Poder Judicial mercenario y un Parlamento controlado, ahora, por quienes se empeñan en tumbar al Gobierno. Heroicamente, y aislado, el Poder Ejecutivo combate, impoluto, contra quienes, desde el campo, la industria, las empresas periodísticas y los intereses financieros, se empecinan en destruir los avances justicieros del Frente para la Victoria. Afloran por doquier perros y buitres, y a ellos suma D´Elía los tentáculos de la bestia sionista, que se ciernen sobre el cuerpo inerme de la Argentina.

Mediante los términos "real" y "virtual", la oratoria gubernamental alcanza su más exquisito refinamiento analítico y remata con ellos su diagnóstico iluminado: dos poderes -los del bien y el mal- se disputan el dominio del presente y el porvenir. La gracia de obrar el bien, por supuesto, es don que recae sobre el Gobierno.

Estamos ante un derrame discursivo abocado a hacerse ver como principista. Para lograrlo, sus portavoces no vacilan en recurrir a lo que sea. De la legítima habilidad operativa a la avivada, la trampa y el delito: de la brutal descalificación del disidente al apriete mafioso. Ningún elemento es impropio para asegurarle supervivencia y proyección. En su conducta, los procedimientos confesables e inconfesables se equivalen, desde que rindan el fruto esperado. Cuando les conviene, obran con verdad y por derecha, como se hizo en el reciente reclamo por las islas Malvinas. Cuando no, lo hacen mintiendo y con mala fe, como lo evidenció lo sucedido en el Banco Central mientras se desplegaba en el Congreso la catilinaria presidencial.

La tribalización del cuerpo político, alentada por una festiva pasión por la intolerancia, impide completar la transición a la vida democrática reiniciada a los tropezones hace más de cinco lustros. En su afán por seguir acotando la ley en favor del poder, el Gobierno no hace más que perder legitimidad. Suma, así, a su creciente impopularidad la posibilidad de situarse fuera del marco constitucional.

Frente a semejante caudal de irregularidades, la sociedad se inquieta y angustia al verificar el espesor de las dificultades con que tropieza la oposición para sanear las prácticas parlamentarias y contener los desbordes oficialistas. La impaciencia desnaturaliza la expectativa generada por las elecciones del 28 de junio y la convierte en acicate de una ansiedad peligrosa. Ella induce a confundir la inevitable lentitud con que se avanza hacia estrategias eficientes con una falta de idoneidad irremontable para encarar lo que cabe resolver. Es indiscutible que pericia y rapidez para orquestar su acción no les han sobrado ni a los diputados ni a los senadores no oficialistas. Y que han probado ya varias veces cuánto les cuesta constituir liderazgos consensuados. Pero la oposición es el recurso -el único recurso- del que dispone el país para construir una alternativa democrática ante un oficialismo que no lo es ni demuestra interés en serlo. Nadie sensato puede ignorar la abundancia de sus precariedades. Sin embargo, la intransigencia ante sus limitaciones actuales no ayudará a mejorar lo que es indispensable. Es preciso que la opinión pública, sin abandonar su vigilia crítica, se reconcilie con la paciencia. Ser exigentes no es lo mismo que ser fundamentalistas. Ciudadanos y verdugos no ejercen el mismo oficio. Y no habrá renovación parlamentaria auténtica si a ese aprendizaje se le niega el derecho de cumplirse en un escenario de extrema complejidad. Todo esto requiere cultura cívica, y no se la va a lograr sin templanza y reflexión. Ello no vale sólo para los políticos. Vale también -y mucho- para la sociedad, que es, después de todo, el suelo donde crece la clase dirigente.

En conclusión: la oposición parlamentaria se encuentra hoy triplemente acosada. En primer término, por sus propias dificultades para proceder como debe. En segundo término, por un oficialismo que teme los progresos de esa oposición y se desvela por impedirlos. En tercer término, por una sociedad que, harta de las desmesuras del Gobierno, no tolera sus desaciertos y demoras para desbaratarlas y cae en el facilismo de la impaciencia y la subestimación, confundiendo lentitud con inmovilidad, lo complejo con lo simple, el desorden con la impotencia y la vida parlamentaria con un mostrador que debería expedirse con la celeridad de un fast food .

No se trata, insisto, de justificar a quienes tienen responsabilidades mucho más altas que los anémicos servicios que prestan. Se trata de entender por qué esa disonancia entre exigencias y recursos no se puede superar sin una laboriosa decantación. Aprender a devolverles vida a la ley y valor a las instituciones ha sido, en la Argentina, un aprendizaje con frecuencia superficial y siempre discontinuo. Revertir esa discontinuidad exige algún tiempo más que un último mes de verano.

Por fin: la mayoría parlamentaria, que hoy se mueve todavía como un oso en un bazar, está integrada por fuerzas de centroizquierda, de centroderecha y de centro sin más. Ellas constituyen, en conjunto, el capital ideológico y programático más amplio y auspicioso con que puede contar una democracia. La aptitud negociadora que, en el marco de la ley, puedan desarrollar esas fuerzas será la que garantice el buen funcionamiento de la República y asegure su salida del pantano en que hoy se hunde. El oficialismo lo sabe. Por eso lo desvela esa posibilidad de diálogo y convivencia. El oficialismo sabe y hace saber, además, que entre sus expectativas y propósitos no figura el encuentro con sus adversarios. La única ley a la que se somete es la de la supremacía irrestricta de su voz. Lo suyo no es la centroizquierda ni el centro ni la centroderecha, sino el pragmatismo descarnado que le impone su gravísimo apego al poder.

El último libro de Santiago Kovadloff es El miedo a la política (Emecé).

20100319 LN Qué es lo importante para Cristina   Fernando Laborda

En su paso por el barrio de Mataderos, donde visitó una fábrica recuperada, la Presidenta instó anteayer al Congreso a "empezar a discutir los temas verdaderamente importantes" y exhortó a los legisladores a "pensar un poco más en el país". Pocas horas después, el bloque oficialista del Senado se negó a dar quórum para debatir la coparticipación federal del impuesto al cheque.

Lo primero que refleja esa exhortación es una gran hipocresía. Si el pago de la deuda pública es una de las cuestiones más importantes, según la propia mandataria, y si para ello es imprescindible el uso de las reservas del Banco Central, ¿por qué le negó al Congreso la posibilidad de debatir ese tema tan importante, ninguneándolo con un decreto emitido el mismo día en que inauguró las sesiones ordinarias del Poder Legislativo? ¿Acaso no es importante respetar el inciso del artículo 75 de la Constitución que señala que le corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda de la Nación.

Para el filósofo Santiago Kovadloff, el pedido de Cristina Kirchner a los legisladores revela "una jactancia por la cual ella supone que conoce lo que los demás desconocen" o que tiene "un monopolio del saber que se niega a compartir". Es que los Kirchner, al fin y al cabo, sólo imparten sabiduría para que sea obedecida, como dice el pensador.

No hay gesto del matrimonio gobernante que no apunte a una neutralización completa del Congreso. El kirchnerismo busca, hasta ahora con éxito, ganar tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla su hipótesis de que la crisis estallará antes en la oposición que en el oficialismo. Algo que no suena improbable, si se advierte que los celos y vedetismos personales entre los líderes opositores parecen más fuertes que la conciencia sobre la necesaria unidad de acción.

¿Qué es lo realmente importante para los Kirchner? Que el Congreso siga entretenido con sus luchas por el quórum y sus conflictos que se ventilan como nunca en la Justicia. Y que, entretanto, los legisladores no puedan ocuparse de temas cruciales como la discusión de otro presupuesto o la coparticipación de recursos que el Poder Ejecutivo Nacional maneja discrecionalmente.

La clave de la Casa Rosada es emplear los recursos federales de forma extorsiva para someter a gobernadores e intendentes a sus necesidades políticas. En otras palabras, la caja.

La preocupación por la división de poderes y por la calidad institucional que alguna vez la Presidenta consideró una asignatura pendiente brilla por su ausencia. Cerca del Gobierno, se esgrime que a la población no la inquietan estas cuestiones, a tal punto que la mayoría desconoce el significado de la sigla DNU (decreto de necesidad y urgencia) y hasta cree que le están hablando del DNI. Puede ser cierto, tan cierto como que no se puede subestimar a la ciudadanía todo el tiempo.

20100319 LN Ganar la calle, perder la República

Las movilizaciones basadas en exhibiciones obscenas de clientelismo son un inconfundible rasgo de autoritarismo

 El Gobierno efectuó días atrás, en el estadio de Ferro Carril Oeste, una demostración de su capacidad de convocatoria pública, en un acto organizado por agrupaciones de piqueteros que manifestaron su intención de "ganar la calle". La concentración, igual que el propósito que se confiesa a través de ella, entraña una concepción autoritaria de la política, una estrategia retrógrada de desarrollo social y una manipulación de los recursos del Estado para satisfacer objetivos de facción.

Aunque no ha sido exclusiva del kirchnerismo a lo largo de nuestra historia, la movilización de personas para expresar su adhesión a una administración es un rasgo inconfundible de todos los autoritarismos. El ritual supone un vínculo plebiscitario entre el jefe de un grupo político y sus seguidores, es decir, una comunicación que prescinde de mediaciones institucionales o partidarias. Esa escenografía está destinada a exaltar la voluntad del que manda, sin otro límite ni procedimiento que la interpretación intuitiva de la voluntad popular. En sus mejores tiempos, esta configuración se expresaba en una terminología precisa y reveladora: el líder era "el conductor"; el pueblo, "la masa".

Esa liturgia impugnó con frecuencia la organización republicana, que se caracteriza por la limitación y la despersonalización del poder. La Presidenta y su esposo han decidido reclamar manifestaciones colectivas de afecto en un momento en el que las encuestas consignan sus altísimos niveles de imagen negativa. El propio Néstor Kirchner se encarga de exhibir esta paradoja: a quienes acuden a su llamado les termina insinuando que él y su esposa deberán dejar la posta electoral en manos de otro integrante del grupo, dado el escaso atractivo de la pareja.

Tampoco consigue el Gobierno convertir sus concentraciones en una celebración de la participación popular. La aglomeración se logra aplicando caudalosos recursos del Estado, sobre todo los que se vuelcan en las denominadas "organizaciones sociales". No en vano la que se encargó del encuentro de Ferro Carril Oeste, el Movimiento Evita, es la red de militantes kirchneristas a la que más programas de asistencia social se le han asignado, en una perniciosa privatización de la atención a los más desamparados.

Este tipo de manifestaciones constituye, entonces, un simulacro. Para que esa característica quede al descubierto alcanza con compararlas con encuentros multitudinarios y espontáneos, como el organizado por la Red Solidaria para auxiliar a las víctimas de terremotos en Chile.

Prácticas como las del estadio de Ferro exhiben un costado moral sombrío. Los fondos que se desvían y se destinan a la baja politiquería deberían estar aplicados, con la mayor transparencia, a atender las necesidades insatisfechas de un porcentaje cada vez más amplio de la población. Esta exhibición obscena de clientelismo es todo lo contrario de una gestión social regida por el principio de la igualdad. El aprovechamiento de las necesidades materiales de la ciudadanía para sacar una tajada de poder, es una defección ética de primera magnitud.

La realización de actos como los que han comenzado a programarse desde el Gobierno debería obligar a un examen muy severo de la administración del Ministerio de Acción Social. La asignación de subsidios y pensiones reclama una fiscalización urgente, del mismo modo que es imprescindible una evaluación periódica de los resultados de esas prestaciones.

Es todavía más grave que la administración que incurre en esta desviación sea la misma que, por su negligencia frente a la escalada inflacionaria, se ha convertido en una máquina de crear pobres. La Argentina va camino de superar para este año el 25 por ciento de inflación y cuenta ya con alrededor del 35 por ciento de pobres.

El kirchnerismo se ha aprovechado de la existencia de los piqueteros para crear una red de activistas que presionen a los partidos políticos y la estructura del Estado. Es sabido que esas "organizaciones sociales" son utilizadas como un factor de disciplina para gobernadores e intendentes del propio peronismo. Esta estrategia se corresponde con una interpretación que ve el espacio político como un entramado de corporaciones.

La consigna de "ganar la calle" es también el reflejo inquietante de un gobierno que está en retirada. La exhibición de fuerza de las organizaciones paraestatales de reparto de subsidios no apunta a facilitarle al oficialismo la victoria electoral de 2011, sino a amedrentar, con el copamiento del espacio público, a cualquier administración que ocupe el poder a partir de esa fecha. Durante la Fiesta de la Vendimia se fletaron transportes cargados de piqueteros, movilizados como fuerza de choque desde la Capital Federal hasta Mendoza, para hostigar al vicepresidente de la Nación.

La manipulación de las necesidades de los más débiles terminaría facilitando un crudo movimiento extorsivo y violento. En tal caso, la democracia en la Argentina estará protagonizando una nueva y dolorosa involución.

20100319 LN En carnes, Uruguay gana mercados que deja el país. Por las restricciones, en Europa ya no confían en la Argentina ….

20100329 Las mineras fueron las empresas más rentables en 2009. Cuadruplicaron en ganancias al reto de las firmas.  …..

20100331 El brindis sospechoso   p. Daniel Della Costa

 Esta noche, como todos los 31 de diciembre, los argentinos levantarán sus copas para desearse un feliz Año Nuevo. No importa si con champaña, sidra hecha con melones de descarte o alguna triste bebida sin alcohol. Sin embargo, alguien debería tomar debida nota de que este año que concluye no ha sido tan igual a otros y que tampoco puede serlo el que viene.

Por lo que si el brindis se hace para convocar a la buena fortuna, a una salud fortachona, a la gloria en el deporte o al éxito en el amor, está bien. Pero si la copa se levanta para algo más y se pretende, por ejemplo, un año realmente bueno para el país y sus habitantes, entonces ¡ojo!, porque acaso ese gesto esconda esta vez una cuota de espíritu subversivo o de ánimo destituyente.

El 2010 no sólo es el año del bicentenario sino que, además y más importante, es cuando los K se proponen jugar, a todo o nada, su supervivencia política, su buena fortuna y hasta su libertad (si ha de creerse en las amenazas de sus adversarios).

En consecuencia, si Néstor terminó el año furioso y a los gritos, negando la derrota de junio, embistiendo con saña tenaz contra la oposición y los medios y pugnando por imponer las leyes que le faltan para acorazar su futuro, esto no constituye más que el prólogo de lo que vendrá.

Y de lo que formará parte, por ejemplo, el golpe que prepara contra la banca y la aparición de un fabuloso multimedios. El que incluirá, dicen, un diario con una tirada de un millón de ejemplares y de lectura obligatoria en oficinas públicas, cuarteles, hospitales, escuelas, colegios, universidades y centros de piqueteros. Y que, según ha trascendido, ya tiene nombre. Se llamará La vie en rose y su primer encabezado podría ser este: "Guillermo Moreno fue designado interventor en el Servicio Meteorológico Nacional"; "A partir de ahora, el buen tiempo reinará por siempre en todo el país".

Vale decir que las perspectivas de que la cosa mejore en 2010 y se ingrese en un período no ya de prosperidad (por más que la soja se recupera y los chinos lideran la mejoría mundial), sino de sensatez y armonía, son remotísimas.

Por lo que salvo que los buenos augurios procedan de la boca de tiernos inocentes o de ancianos muy despistados, cualquier otro que esta noche manifieste su convicción de que 2010 viene cargado de las mejores perspectivas, o sólo se informa por el canal oficial o, en el negro fondo de su alma, está imaginando alternativas inconfesables.

"Maestro -dijo casi solemnemente el reo de la cortada de San Ignacio- el que avisa no es traidor. Esta noche, cuando den las doce, levantaré mi vaso de tinto de tetrabrik con soda, para brindar por la salud y el éxito de Lupin y la Cristina. ¿Y sabe por qué? Porque han demostrado que son dos patriotas, cabeza a cabeza con los de 1810. Y le explico: a pesar de estar gobernando este país de locos, con cuarenta millones de quejosos, en medio de una crisis mundial, sufriendo sequías e inundaciones, fueron capaces de incrementar su patrimonio personal en un 158 por ciento, ¿no es verdad? Entonces, piense cuánto hubieran podido ganar de haberse dedicado exclusivamente a hacer guita y coincidirá conmigo en que ni Paso, ni Castelli, ni Vieytes, el de la jabonería, les sacan ni un tranco de pollo. Y que a Madoff, el yanqui, lo dejan así de chiquitito. ¿O no?"

20100320 LN El secreto de la gobernabilidad está en la Constitución p. Oscar Aguad

Nada justifica saltear al Congreso cuando éste es esquivo en mayorías para el pensamiento del oficialismo. Tampoco hay un dogma que establezca que no se pueden pagar deudas con reservas: todo depende del momento histórico y de los motivos en que se funda esa decisión.

En el sentido mencionado, ratifico mi impresión: en estas condiciones, no se debe pagar deuda con reservas, aunque ellas pueden constituir un fondo de garantía, porque son la incertidumbre e inconsistencias del modo de gobernar las causas de las altas tasas que exigen los mercados.

Si en 2007 colocamos bonos al 7,7 por ciento, como Brasil, y ahora éste y otros países, como Grecia, se financian al seis por ciento, la razón del 14% no es otra que la falta de confianza que genera la imprevisible manera de alterar reglas de juego del kirchnerismo.

La apropiación de facultades del Congreso, entre las que se cuentan el manejo de reservas y el arreglo de la deuda pública, logró invertir la tendencia de los últimos meses respecto de la fuga de capitales, y entre enero y febrero volvieron a salir US$ 1600 millones, fotografía que se vivió en los últimos tres años, cuando nos perdimos de acumular US$ 45.000 millones.

En ese período, la mayoría legislativa permitió subestimar ingresos y alterar las estadísticas, y eso nos costó agravar nuestro acceso al crédito y dificultades para renovar vencimientos.

Ahora, con un mandato democrático y la realidad sobre el creciente déficit, tanto nacional como de las provincias, no se debe pagar deuda con reservas sin antes conocer las necesidades reales.

El dibujado presupuesto, aprobado con nuestra oposición, debe ser rediscutido. Se subestiman ingresos. Con un crecimiento previsto en la mitad de lo que creceremos y una tasa de inflación cuatro veces inferior a la adoptada para el cálculo de la ley de leyes, los fondos disponibles son muy superiores, además de las ganancias que transfiere al Tesoro el BCRA. Tampoco están contemplados todos los anuncios de gastos para este año.

En ese imprescindible registro debemos conocer el monto del vencimiento en dólares, que estimamos en poco más de la mitad de lo requerido por el DNU y el retorno de lo que se pague a los organismos multilaterales. Con semejantes inconsistencias y sus efectos en la caída del 14% en la inversión, que achica la oferta de bienes, y el 25% de inflación, que achica los salarios, jubilaciones y presupuesto universitario, ¿es razonable legitimar esta conducta o se impone debatir un presupuesto serio para verificar los recursos y obligaciones que eviten el perverso ajuste inflacionario que se está ejecutando y la pérdida de oportunidades para este año?

En relación con el tema constitucional, se debe rechazar la pretensión del senador Pichetto en el sentido de que se puede saltear al Congreso si una clara mayoría está en contra de las intenciones del Poder Ejecutivo.

La reforma de 1994 tuvo como objetivo atenuar el presidencialismo y limitar el dictado de decretos de necesidad de urgencia, para afirmar la plena vigencia del sistema republicano de división y equilibrio de poderes. Esto implica que en nuestro sistema constitucional el que legisla es el Congreso y el que colegisla -en circunstancias excepcionales- y ejecuta las leyes es el Ejecutivo. Esto es lo que dice el artículo 99,

El autor es presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR

20100328 LN "Kirchner en la Unasur sería una tragedia"  por Dario Palaecino

MAR DEL PLATA.- Aseguró apenas pudo que no pensaba darles a los medios un título que destaque al vicepresidente Julio Cobos en su rol de potencial candidato para 2011. En cambio, no tuvo reparos ni medias tintas a la hora de referirse a Néstor Kirchner como posible titular de la Unasur.

"Sería una tragedia para América", advirtió Elisa Carrió, que reclamó ese puesto para "un hombre pluralista, democrático y republicano". Y remarcó: "Es lo mismo que si fuera Hugo Chávez". Tampoco se privó Carrió de cuestionar al ministro de Economía, Amado Boudou, al que calificó como "un gran mentiroso" por negar la inflación en alza: "No se puede mentirle a la sociedad con la realidad que vive a diario, todos saben en Mar del Plata quién es. Su mentira es brutal".

Apuntó sus dardos, también, contra el juez destituido Federico Faggionatto Márquez, cuya continuidad, afirmó, "era insostenible" y a quien vinculó con "la narcocriminalidad". Además, señaló al ex funcionario Ricardo Jaime, cuya fortuna está siendo investigada por la Justicia, como "uno de los personajes más corruptos", luego de identificarlo con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

La jefa de la Coalición Cívica pasó por esta ciudad para acompañar a los dirigentes de la fuerza que desde ayer hasta hoy debatirán propuestas y acciones para llevar adelante en la provincia. Carrió aclaró que lejos están aún de trabajar sobre nombres y postulaciones para 2011. "Sería una inmoralidad hablar de candidaturas en este momento", dijo.

Añadió que la Coalición Cívica camina de manera autónoma y que aún no piensa en posibles alianzas con otros sectores de la oposición, aunque admitió que puede haber una conversación para una eventual y casi segura segunda vuelta en los comicios presidenciales de 2011.

También evitó hablar del regreso de un lote de radicales K a la Unión Cívica Radical