debian_pagar_sobornos
20100416 LN Para casi todos los juristas la votación opositora es válida. Afirman que no se exigía una mayoría especial porque no es una asignación específica……
20100416 LN Una cuestión de mayoría simple por Jorge Reynaldo Vanosi.
….. Todo lo anterior sin olvidar- NI PASAR POR ALTO, LAS POSTURAS DOCTRINARIAS Y CASOS JUDICIALES DONDE SE SOSTIENE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL MISMISIMO IMPUESTO AL CHEQUE, CON RELACIÓN A LA VAGUEDAD DE SU DESTINO.
Deprime la imagen de los gobernadores transformados en mendigos
El jefe de un estudio de abogados incorporó a un joven colega con antecedentes brillantes. Durante varios meses, demostró una capacidad que asombraba. Pero el jefe advirtió que empezaba a disminuir sus horas de actividad y rendía menos. Le encargó a un detective que lo investigara. A la semana, el hombre informó confidencialmente: "Lo investigué. Deja de trabajar a la una. Toma su auto, va a su casa, almuerza con su mujer; con su mujer duerme la siesta; de nuevo sube a su auto, y a las cuatro y media regresa al estudio". El jefe sintió gran alivio: sólo tendría que pedirle que abreviara ese recreo. Entonces, el detective movió la cabeza: "No me ha entendido... ¿Puedo tutearlo?". "Por supuesto, pero ¿en qué cambiará su informe?" "En lo siguiente: este abogado deja de trabajar a la una, como te dije. Entonces, toma tu auto, va a tu casa, almuerza con tu mujer; con tu mujer duerme la siesta; de nuevo sube a tu auto, y a las cuatro y media regresa al estudio."
Se supone que la diferencia entre "tú" y "usted" se reduce a la distancia que proviene del escaso conocimiento mutuo o de razones de jerarquía. Pero, como en este caso, puede iluminar otros ángulos.
El federalismo, en nuestro país, ha sido objeto de confusiones análogas. Algunos que lo apoyan no hacen más que sabotearlo. ¡Y de qué forma! En los primeros artículos de nuestra Constitución nacional, como un frontispicio de mármol, se insiste en que el sistema es federal. Las provincias, en la Convención de 1853, formaron una nación. No ocurrió a la inversa. En este sentido, hemos marchado por la misma ruta que las demás organizaciones federales del mundo.
Son muchas, y demostraron ser exitosas. Quizá la más antigua sea la que refiere la Biblia cuando describe la organización primigenia de Israel en la Tierra Prometida. El territorio estaba compuesto por doce tribus, que eran provincias, con matices determinados por su idiosincrasia, recursos naturales y poderío. No obstante, mantenían un fuerte lazo histórico y cultural. El primer rey fue elegido en la tribu de Benjamín, la más pequeña y hasta periférica.
Salteando centurias, vemos que se produce lo mismo en muchas partes. En Suiza, veintiséis cantones sancionan en 1848 una constitución federal. Este país, aunque de tamaño reducido, habla cuatro idiomas. Suele ser difícil compartir recuerdos con personas que hayan crecido en cantones diferentes, porque cada una permanece enraizada en el propio. Hasta hay diferencias educacionales importantes respecto de la numeración de los años escolares y la duración de las etapas. En algunos sitios se habla de gimnasium y en otros, de "liceo". El modelo que más influyó a la Argentina, sin embargo, fue Estados Unidos.
Ese país fue construido en un territorio que la metrópolis europea consideraba pobre, debido a la ausencia de oro y plata. En consecuencia, no envió funcionarios para llenar carabelas con esos metales, ni instauró virreyes. Los habitantes del Norte, muchos perseguidos por conflictos religiosos, tuvieron que arreglárselas solos; trabajar para vivir. Entonces, constituyeron comunidades cuyos jefes no requerían la bendición ni complicidad de la Corona. Eligieron a los más honestos, confiables y esforzados. Aprendieron a premiar el mérito. Pronto se formaron estados que, al prosperar, despabilaron la codicia de la Corona. Entonces, decidieron independizarse. La revolución americana precedió en trece años a la francesa y, en muchos sentidos, la inspiró. En 1787, sancionaron su constitución, que fue graníticamente federal. El federalismo sigue manteniendo una vigencia enorme. Y la Corte Suprema de Justicia funciona como el cancerbero implacable que no permite la menor violación del articulado constitucional.
América latina y nuestro país se inspiraron en ese cuerpo doctrinario, pero también en las tradiciones provenientes de España. En efecto: en España tuvieron gran protagonismo los ayuntamientos. Hasta el día de hoy, los ayuntamientos son decisivos en la política. Pero también en la economía, porque se quedan con la mayor parte de la recaudación tributaria. Con este sistema, cada ciudadano sabe cuánto se justifica pagar -o si se justifican las fluctuaciones de los montos-, pero, sobre todo, sabe qué se hace con los dineros que aporta. No van a un saco sin fondo, en el que funcionarios de turno meten la mano sin rendir cuenta. El sistema vigoriza la responsabilidad y disminuye la impunidad.
Esos ayuntamientos españoles dieron lugar a los cabildos latinoamericanos. Son el núcleo de la institución municipal, que, paulatinamente, modelaron las provincias. En España, además, su accidentada historia, con invasiones y reconquistas de diferente duración, derivó en regiones que mantienen diferencias temperamentales, idiomáticas, artísticas y de recursos.
Por eso, existen Galicia, Cataluña, Extremadura, Castilla, el País Vasco. Con esfuerzo -no acabado aún-, estas porciones conformaron una nación unificada, como pasó con los otros ejemplos.
En América latina se produjo una separación de países, que siguieron, en parte, los mapas de la etapa virreinal y que después recortaron también esos mapas. Pero algunos eligieron el sistema federal. No todos. Chile, por ejemplo, es decididamente unitario. Pese a las notables diferencias entre las porciones de su largo territorio, a los gobernadores de sus regiones los designa el presidente. Otro es el caso de México y la Argentina.
Nuestro país eligió el sistema federal luego de apasionados conflictos y colisiones sangrientas. Las provincias -como señalé- armaron el país. No fue fácil, pero se impuso la visión estratégica de los mejores. El genio de Alberdi operó como un oráculo que marcaba la ruta. Y Urquiza demostró ser el patriota que demolió resistencias para terminar de edificar una nación. La tensión entre unitarios y federales, sin embargo, no fue superada del todo. Entre las muchas razones, aparece la fuerza cultural y económica de Buenos Aires. En lugar de funcionar como la ciudad de Washington, sólo sede de los tres poderes, creció como París, centro del país todo. Esta deformación inspiró a Ezequiel Martínez Estrada su libro La cabeza de Goliat . Alfonsín intentó corregir la deformación mediante el traslado de la Capital Federal "hacia el sur, el frío y el mar". Pero no culminó su sueño.
Existen otros defectos. La Constitución de 1853/60 determinaba que los impuestos de la Nación provendrían sólo de la Aduana y que el grueso quedaría en las provincias. Después del golpe de Uriburu, al comenzar la presidencia de Justo, surgió el impuesto a los réditos -"transitorio", palabrita mentirosa que nunca falta cuando se trata de esquilmar al pueblo-, que impuso un curso inédito a las recaudaciones: el conjunto de la nación debía mandar sus tributos al poder central, y el poder central lo coparticiparía. El angosto arroyuelo se fue convirtiendo en un río fragoroso. El impuesto a los réditos tuvo cría, y el país entero se transformó en una legión de siervos que debe verter en las arcas del codicioso patrón nacional de turno el grueso de las recaudaciones. El patrón de turno devuelve algo, llamado "coparticipación". Pero esa coparticipación, que hasta hace unos años era automática, reglada y puntual, degeneró en una arbitrariedad escandalosa. Ahora, el Ejecutivo "coparticipa" según su capricho e intereses. Recibe más quien se le arrodilla y casi nada quien pretende mantener algo de la olvidada dignidad federal.
Es deprimente ver a los gobernadores que viajan como mendigos a la Capital Federal con la mano extendida y las rodillas temblorosas para que les entreguen los aportes debidos. Tampoco son santos: esta situación les ha regalado una justificación maravillosa para afirmar que no pueden pagar los sueldos porque la Capital Federal no les ha girado la esperada "coparticipación". De este modo, a la irresponsabilidad e ineficiencia del poder central se añade la ineficiencia del poder provincial.
En este campo, entra la insistente cuestión del "transitorio" impuesto al cheque. Desde el comienzo, fue un tributo antifederal, porque cheques se firman en todas partes y lo justo hubiera sido que el impuesto quedara en la localidad en la que fue extendido. Pero no. Masivamente se transfirió al poder central, que lo redistribuye -cuando lo hace- de la forma que se le antoja. La Presidenta amenazó con suprimirlo si no le permiten seguir aprovechándose de su masa compuesta por demasiados millones. O lo maneja ella o no les afloja una miga a los desfallecientes gobernadores. La vieja historia del perro del hortelano. ¿No es eso creer que la mayoría de los argentinos son giles, que no abrieron los ojos cuando anunció que recién lo suprimiría en 2011, cuando tuviera que irse? De ese modo, dejaría a su sucesor desprovisto de ese recurso. Si la amenaza no es una jugarreta, que lo suprima hoy mismo, a ver si se anima.
El curso de los impuestos evoca a los antiguos carros aguateros tirados por un burro. Por lo general, eran tanques viejos con agujeros por donde perdían líquido. Antes de llegar al último consumidor, no les quedaba ni una gota. Los impuestos van de los municipios a la provincia y de la provincia a la Nación. Fluyen al revés de lo que impone la lógica. Y esta patología se manifiesta en que la Nación se comporta mal con las provincias y las provincias, mal con sus municipios. Los carros aguateros dejan a todos con sed. Violan nuestra tradición basada en los ayuntamientos españoles. El curso virtuoso sería que el grueso quedara en lo municipios, que estos "participaran" a la provincia y que la provincia "participara" a la Nación. De ese modo, seríamos un país federal en serio. Los enormes y ocultos gastos que realiza en Ejecutivo Nacional, la dispensa de favores, el picoteo voraz de la corrupción y la ausencia de recursos en que queda enterrada la Argentina productiva demuestra que usamos mal las palabras y deformamos nuestro pensamiento. Nos llamamos un país federal y no somos un país federal.
Otra de las muchas evidencias es la conducta de los senadores. Fotografías y noticieros han mostrado cómo estos legisladores traicionan con descaro a sus provincias. En plena sesión, suelen llevarse el celular a la oreja para recibir las órdenes de Olivos. ¿A quiénes representan? Si no representan a sus provincias, sino al poder central, que consigan un puestito en ese poder y renuncien al mancillado título de "representante del pueblo". Volvemos al lúcido Auden. Si renuncian al nombre que no merecen, contribuirán a disminuir la corrupción del lenguaje y la deformación del pensamiento. © LA NACION
La sorpresiva irrupción en el escenario político de la hasta hace poco ignota senadora oficialista Adriana Bortolozzi, quien permitió con su presencia que la Cámara alta saliera de su parálisis y declaró públicamente que siente "miedo", añadió un toque de dramatismo a la interminable pelea por el control del Congreso.
Si bien la senadora formoseña debería explicar pormenorizadamente el sentido de su denuncia, su intervención fue un indicador más del clima de tensión imperante.
Días atrás, el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, denunció la sistemática presión del gobierno kirchnerista sobre los jueces. Entidades periodísticas han expresado reiteradamente que hay una política tendiente a silenciar a la prensa. Y en un contexto en el cual el grupo gobernante parece empeñado en hostigar a quienes se oponen a sus designios, semanas atrás fue incendiado en Caleta Olivia, Santa Cruz, el automóvil de Adela Gómez, una periodista que acostumbra investigar al poder político provincial. No se escuchó ninguna voz de la Casa Rosada que condenara ese hecho. En sus pretendidas clases de periodismo, los Kirchner suelen recalcar que la prensa sólo debe limitarse a informar; no conciben el periodismo de opinión y mucho menos el de investigación, especialmente cuando se trata de investigarlos a ellos.
La semana última, distintos representantes de sectores empresariales y sindicales se negaron a consensuar un documento sobre la pobreza impulsado desde la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado. La razón era obvia: su temor a ofender al Gobierno y a sufrir alguna clase de represalia oficial.
La política del miedo comienza a calar profundamente en algunos estratos de la sociedad. El ex presidente Eduardo Duhalde sorprendió anteayer a quienes lo escuchaban en un almuerzo efectuado en el Club Americano, cuando confió: "Conozco empresarios importantes que tienen pesadillas porque temen quedarse un día sin empresas. Piensan en Chávez y su frase preferida: exprópiese".
Infundir miedo se ha convertido en el hobby preferido del Gobierno. Esa estrategia se combina con los abusos de poder que le da el uso discrecional de la caja. Ultimamente, para inyectar en los gobernadores el temor a no recibir fondos si no cooperan persuadiendo a los legisladores nacionales de sus distritos para que voten como se espera de ellos en Olivos. La extensión de los tentáculos kirchneristas hacia entidades que deberían manejarse con independencia, como la AFIP o el Banco Central, va en igual sentido. Y si la persuasión no funciona, siempre queda lugar para la prepotencia tan clásica de Guillermo Moreno, los escraches y piquetes, además del espionaje denunciado hasta por ex funcionarios K.
EN FOCO: IMPUESTO AL CHEQUE, CANJE, DNU
20100417 CLARIN Una semana agitada: festejan los bancos y los K andan a las corridas Arcadio Oña
Una
curiosa construcción institucional hizo, el martes, el jefe del bloque de
diputados K. Y otra decididamente insostenible, sobre el reparto de los recursos
entre la Nación y las provincias, armó el titular de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda del Senado, la noche del miércoles.
"La oposición no podía haber elegido un día más desafortunado para rechazar el
uso de las reservas, justo en el momento en que la Argentina le está diciendo al
mundo que reabre el canje", dijo Agustín Rossi. Según sus palabras, la oposición
sólo podría actuar justo cuando el oficialismo lo crea conveniente o lo juzgue
afortunado. Y, bajo esas condiciones, también ejercer un derecho constitucional:
demasiadas pretenciones para un bloque en minoría.
"No puede haber provincias prósperas en una Nación desfinanciada", afirmó el
kirchnerista Eric Calcagno durante el debate sobre la coparticipación del
impuesto al cheque. Cualquiera podría preguntarle ¿dónde están las provincias
prósperas? O recordarle que en la era K el gobierno central se quedó, casi todos
los años, con más del 70 % de la recaudación impositiva nacional.
Por lo que
le toca a Rossi, hubo un intento deliberado por encubrir la sonora derrota del
oficialismo y la propia. Más la aspiración de imputarle, a quienes no votaron
como él y cuando él quería, que embarraban la salida del default.
Olvidó, en cambio, que el controvertido DNU de las reservas fue sancionado por
la Presidenta el día en que ella misma abría las sesiones ordinarias del
Congreso. En vez de mandar un proyecto de ley, pasó de largo al Parlamento. Pero
para Rossi eso no fue desafortunado.
Ostensiblemente, el Gobierno está en problemas. Ahora, el decreto quedó agarrado
con piolines: cualquier traspié en el Senado terminará por tumbarlo.
En el caso del cheque, se probaron improductivas las reuniones de Cristina
Kirchner con gobernadores adictos y opositores. Igual que la amenaza de
derogarlo y otras presiones.
Perseguía dos objetivos. Uno naufragó en el Senado y puede correr una suerte
semejante en Diputados: evitar la ley que coparticipa plenamente el impuesto. El
otro es parte de lo mismo: no verse obligada a vetarla.
El kirchnerismo buscará trabar el proyecto en Diputados o judicializarlo,
alegando que es inconstitucional. Pero nada lo salvará de los costos políticos.
Está visto, además, que el golpe al DNU no cambió los planes del Gobierno aunque
tal vez los aceleró. Lanzó de apuro el canje de la deuda, con una oferta enorme
para los bancos y los avisados que compraron barato los bonos en default: fue
como apostar a ganador conociendo las cartas.
Los peligros y las sombras que rondan al decreto explican los movimientos del
kirchnerismo alrededor de un par de proyectos de ley. Uno del senador peronista
Carlos Verna y el otro del diputado devenido oficialista Martín Sabbatella.
Si no representan una salida de emergencia o una maniobra, tienen la ventaja de
ser un calco del DNU. Claro que esa semejanza y la posibilidad de que se acepte
debatirlos, revela una contradicción manifiesta: ¿por qué no se trató una ley
desde el principio?
Aún así, la movida entraña el riesgo de abrir una caja de pandora. En el debate
parlamentario, además de ruido, la oposición puede introducirle correcciones al
proyecto que sea: muchos legisladores hacen cola para hacerlas y ninguna sería
del gusto del Gobierno.
Hay un detalle en el decreto y en los sucedáneos de Verna y Sabbatella. Si se
quiere técnico, aunque nada inocuo.
Los tres dicen que el bono que el Tesoro Nacional le entregará al Banco Central
por las reservas, deberá respetar el artículo 33 de la Carta Orgánica de la
entidad. Allí se establece que el BCRA podrá colocar parte de sus activos
externos en "papeles de reconocida solvencia y liquidez".
El punto es que el bono no cumple con la condición de ser un activo líquido, o
sea negociable en los mercados. Sino todo lo contrario: es una "letra
intransferible" a 10 años de plazo.
En el Banco Central tienen bien clara la gaffe. Tanto que si hubiese una
oprtunidad, Mercedes Marcó del Pont aconsejaría borrar la referencia al artículo
33: por ese y por otros requisitos que también impone.
Sin detenerse en las tribulaciones del oficialismo, bancos, fondos de inversión
y operadores festejan los beneficios que les dejará el canje. Son los que, con
buena información, se adelantaron a comprar bonos muy baratos.
La primera vez que el grupo de bancos que lidera la operación se acercó al
Gobierno, en setiembre de 2008, los títulos en default cotizaban a 29 dólares
por cada 100. En la segunda, de agosto de 2009 y ya más en firme, estaban a 20
dólares.
Ahora, el Gobierno les ofrece 51. Así, la ganancia para quienes compraron en
2008 llega al 76 % y escala al 155 % respecto de 2009. Y fueron muchos: los
bancos líderes siempre dijeron tener asegurada una cartera de bonos de US$
10.000 millones.
Para ellos no habrá quita, sino una utilidad altísima en dólares. Aquí están los
grandes ganadores del canje que mentó Agustín Rossi.
20100418 Por qué el Gobierno quiere salir del default Enrique Szewach
Múltiples explicaciones algunas conspirativas, tratan de descifrar la insistencia oficial en pagar la deuda. Se mencionan manos libres para comprar YPF y un intento para que no caiga Aerolíneas ……….La Argentina anterior al INDEC intervenido pagada la misma tasa que Brasil …….
Los jueces de la Corte Suprema andan por la vida con un humor de perros frente a la ofensiva del oficialismo. El acoso a Julio Cobos es el peor que haya sufrido un vicepresidente de la Nación desde 1983. Los triunfos opositores en el Congreso son cuestionados por cuestionables interpretaciones jurídicas. La prensa atraviesa también el proceso de hostigamiento más grave que le haya tocado durante la nueva democracia argentina.
El gobierno de los Kirchner equivocaría el rumbo si creyera que la confianza internacional se recuperará sólo con un generoso ofrecimiento a los bonistas en default. De nada le serviría, incluso, que la Presidenta haya logrado intercambiar unas pocas palabras con el presidente norteamericano, Barack Obama. Es el método kirchnerista contra instituciones y personas, imprevisible y agresivo, lo que espolea la desconfianza dentro y fuera del país.
Aníbal Fernández no sería imputable por sus palabras; ha dado pruebas suficientes de que no puede hacerse responsable por lo que brota de sus labios. El problema surge cuando habla el jefe de Gabinete. Entonces, aquel lenguaje de orillas y de vulgaridades se convierte en un grave conflicto institucional. Es lo que sucedió cuando describió a Cobos como el jefe de una banda , que no es otra que la formada por senadores de la Nación. El jefe de Gabinete es el único funcionario del Gobierno que tiene responsabilidades políticas frente al Congreso, según la Constitución (artículo 100).
En lugar de ser un interlocutor fiable para senadores y diputados, Aníbal Fernández eligió ser un abusador serial del Congreso. Es poco probable que prospere la iniciativa parlamentaria de removerlo del cargo por esos agravios, porque sería necesaria la mayoría absoluta de ambas cámaras. Sin embargo, la decisión política de frenarlo en el Senado (que en la intimidad compartieron hasta algunos senadores oficialistas) significa en los hechos un serio límite para esos exotismos verbales. Aníbal Fernández chocó por fin con una opción y con su fatalidad: o es un funcionario de la Constitución o es un operador mediático barriobajero de los Kirchner.
Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Miguel Pichetto, Hugo Moyano y la propia Cristina Kirchner. No quedó ni uno de los habituales voceros del kirchnerismo que no saliera a lesionar la persona del vicepresidente. Más allá de las ventajas electorales que le proporcionan a Cobos (hacen cosas que él debería agradecer), lo cierto es que la institución vicepresidencial requiere otro trato.
Un momento como el actual no se vivió ni cuando renunció Carlos "Chacho" Alvarez a la vicepresidencia en tiempos de Fernando de la Rúa. Estaba claro entonces que existía una fuerte discrepancia política entre el presidente y su vice, pero esa divergencia nunca llegó al agravio personal del vicepresidente, ni siquiera luego de que éste se fuera.
En rigor, los Kirchner fueron los únicos presidentes de la democracia que tuvieron problemas graves y expuestos con sus vicepresidentes. Primero fue con Daniel Scioli, condenado durante cuatro años a vivir a pan y agua, pena que Scioli cumplió con una paciencia que no es humana. A Cobos le empezaron a desconfiar desde el mismo día en que asumió junto con Cristina Kirchner; Cobos, que no es Scioli, les devolvió tales desplantes en la madrugada en que votó en contra de la resolución sobre las retenciones a la soja. Mátenlo a Cobos , ordena siempre Kirchner desde Olivos a sus espadachines mediáticos. Esa ofensiva llegó en los últimos días a niveles inexplorados hasta ahora. ¿Quieren que Cobos se vaya? No me iré , le aseguró Cobos el viernes a LA NACION.
¿Qué hizo Cobos ahora? Acató la votación perdidosa para el Gobierno sobre la nueva coparticipación del impuesto al cheque. El Gobierno aduce que se necesitaba una mayoría especial porque se trata de un impuesto. No es cierto. La Constitución protege a los ciudadanos de nuevos impuestos, pero no a los gobiernos que perdieron la mayoría parlamentaria. No se estaba creando un nuevo impuesto, sino distribuyendo de otra manera, dentro del Estado, un impuesto que ya existe, que no fue modificado y que no tiene fines específicos. No cambió nada para los ciudadanos.
El radical Ernesto Sanz sintetizó de esta manera el conflicto en el Senado: No quieren aceptar que perdieron. Punto. Sin embargo, una estrategia política se esconde detrás del escándalo construido por el kirchnerismo. Consiste en crear las condiciones para que el seguro veto de Cristina Kirchner a esa ley sea interpretado como una impugnación a su legalidad y no como una resistencia a darles más plata a las provincias (que es lo que realmente es).
Desde ya, sería mejor que la ley no fuera ley, pero para eso Eduardo Fellner debería frenar el trámite del proyecto sobre el impuesto al cheque en la Cámara de Diputados. Difícil que Fellner haga eso; acaba de comprometerse a ser el presidente de todos los diputados y su cargo está en riesgo. Un antecedente importante fue el resultado de la votación que rechazó en Diputados el decreto de necesidad y urgencia sobre las reservas. Hubo una diferencia de 50 votos a favor de los bloques opositores. Así eran los resultados que obtenía Kirchner, aunque a favor de él, cuando controlaba el Congreso con sólo mirarlo.
Los conflictos provinciales del peronismo, enfrascado ya en la disputa electoral del año próximo, seguirán dándole malas novedades al Gobierno en el Senado. El gobierno pagó el precio de acordar con Carlos Menem, pero senadores propios se borraron oportunamente y el oficialismo se quedó sin votos clave. El arreglo con Menem consiste en que nadie impugnará nunca su condición de miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lugar que el ex presidente necesita ante la posibilidad de que la Justicia reclame su desafuero. El Gobierno prometió también ayudarlo en lo que puede (que es poco) en sus muchos pleitos con la Justicia. No es mucho, en efecto, pero la alternativa que tiene Menem es aún peor: la intemperie y la nada.
Dicen que la Presidenta se enojó con Carlos Kunkel porque éste lo zamarreó por su edad a Carlos Fayt. Pocos días después una enorme marcha montada con la logística del kirchnerismo fue a la sede de la Corte Suprema de Justicia para presionar al tribunal por la ley de medios. Hebe de Bonafini, aliada jamás desautorizada por el kirchnerismo, arremetió con su boca injusta contra todo el tribunal. ¿Habrá creído Fayt en aquellas disculpas de Cristina? Probablemente, no. Toda la Justicia, incluidos sus estamentos intermedios, se considera en el centro de una dura ofensiva oficial, que incluye amenazas y desaires a los jueces y a la Corte Suprema.
Pocas veces el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se pronunció con tanta franqueza como lo hizo contra el proyecto del diputado Alejandro Rossi para someter a los jueces a exámenes periódicos. Uno de los escasos méritos del kirchnerismo (haber nombrado una Corte Suprema prestigiosa y honesta) lo está perdiendo por exceso de sinceridad: se arrepintió de lo que hizo.
Kunkel sigue, mientras tanto, edificando una Justicia hecha a medida: una asesora suya en el Consejo de la Magistratura, Ingrid Jorgensen, podría ser designada en los próximos días camarista en el fuero Contencioso Administrativo. ¿No debería el Consejo de la Magistratura excusarse de nombrar a sus propios empleados en relevantes cargos de la Justicia? Otro de los candidatos de Kunkel para ese crucial fuero es Alberto Lugones, impugnado por falta de idoneidad ante el Consejo de la Magistratura.
El trato a la prensa en la Argentina sólo es comparable con lo que sucede en Venezuela, Ecuador y Bolivia. El insano destrato a los medios periodísticos se está convirtiendo en una persecución personal a periodistas de carne y hueso, mediante el método nazi del escrache y la descalificación. Es la prensa en general, entonces, la víctima de un creciente autoritarismo.
La presión a las instituciones de la democracia, incluida la prensa, es un penoso antecedente para un gobierno que se ufana de la "reinserción internacional". Los países necesitan, cuando no tienen muchas otras cosas, autoridad moral ante el mundo y la Argentina carece de ella. Pero es probable que lo peor esté por venir: la persecución al periodismo, tal como está planteada,
omision maliciosa
20100418 PERFIL Denuncian penalmente a Espinosa, de Enarsa, por nota de PERFIL
La Oficina Anticorrupción realizó en marzo una presentación que recayó en el juzgado de Claudio Bonadío. Le cabrían dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos. Por Leonardo Nicosia
Presidente. El titular de Enarsa, junto a Julio De Vido.
La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia penal contra Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa. La acción se basa en una investigación de PERFIL, que reveló que el funcionario era empleado de la petrolera Oil M&S, del empresario K Cristóbal López, y que participó en licitaciones de la propia Enarsa.
La OA denunció a Espinosa –según fuentes judiciales– por “eventuales negociaciones incompatibles con la función pública” y por “posible omisión maliciosa de datos”, porque no informó de ese vínculo laboral en sus declaraciones juradas.
La historia que jaquea a Espinosa empezó el 13 de enero de 2008, cuando PERFIL reveló que era empleado de Cristóbal López.
La investigación demostró que había trabajado para Oil M&S durante el año 2003 y que desde ese momento se mantuvo vinculado. También se detalló que a partir de mayo de 2007 –según planillas de ANSES– esa empresa le había pagado aportes patronales y al mismo tiempo se había presentado a dos licitaciones de Enarsa.
A raíz de la revelación, legisladores de la CC presentaron denuncias en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y en la Oficina Anticorrupción. Ese organismo abrió un expediente, investigó el caso durante dos años y recibió un descargo del propio Espinosa. Al final, tomó la decisión de denunciarlo por la posible omisión maliciosa de datos en las declaraciones juradas (artículo 268 del Código Penal) y la eventual concurrencia con la figura de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265).
Con respecto a la omisión de datos, la OA concluyó que tanto el objeto social de Enarsa como el de Oil M&S son coincidentes y que eso podría fundamentar el interés de Espinosa en ocultar deliberadamente la información en la declaración jurada.
El escrito presentado a la Justicia también señala irregularidades que involucran a la firma Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que realizó un pago de 340 mil pesos a Espinosa.
La denuncia se presentó el 12 de marzo y recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadío. Si comprueban que existió el delito de omisión “maliciosa” de datos, el denunciado podría recibir hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El fiscal Gerardo Di Massi ya comenzó la instrucción judicial, solicitando informes a distintos organismos. Este diario se comunicó con voceros del funcionario, que señalaron que no iba a realizar ningún comentario.
terminará mal y con lamentaciones que llegarán cuando ya sea definitivamente tarde.
20100417 LN Un grupo de bonistas amenazas con pedir una tercera oferta
Son inversores de EEUU. Que dicen haber acordado con los italianos: cautela en Italia.
Apenas 24 horas después de la presentación forma del nuevo canje de deuda, inversores minoristas de los E U lo rechazaron y anunciaron la creación de un movimiento a la espera de”una tercera oferta” convencidos que esa instancia llegará “más temprano que tarde” si el país quiere retornar con credibilidad al mercado de capitales …..
20100417 LN Asfixia a la prensa libre. La presión a anunciantes es una herramienta del Gobierno para condenar a la desaparición a medios independientes…escarches; incendio del automóvil de una periodista independientes, etc. –Al mismo tiempo han surgido nuevos periódicos - y están por aparecer otros pertenecientes a empresarios cercanos al Gobierno. Son varias las revistas semanales de costosa factura gráfica y tan escasa cantidad de lectores como abundante volumen de publicidad oficial que se encuentran en manos de esos empresarios .. De continuar este implacable proceso de asfixia a los medios indoblegables, ….
20100410 LN Amplían acusaciones en contra de Jaime. La Coalición Cívica elevará más pruebas …..”Estamos aportando evidencias que el dueño de la corporación ilegal es Néstor Kirchner, El ministrote Planificación Fedefral Julio De Vido y Jaime son los operadores económicas del andamiaje político” comentó Morán en un comunicado.
Hace más un año y medio la Coalición Cívica denunció por presunta asociación ilícita al matrimonio presidencial y a varios funciones kirchneristas, entre ellos Jaime en la causa que investiga el otorgamientos de obras públicas en Santa Cruz y los pagos de 143 millones dólares para la Central térmica de Río Turbio
Sin embargo, en diciembre pasado, la presidenta Cristina Fernández y su esposo Néstor Kirchner fueron sobreseídos por el juez Norberto Oyarbide
Si el juez Oyharbide hubiese actuado con la misma celeridad con la que avanzó en la causa Jaime, allanando y embargando los bienes de Kirchner, el conductor de nuestra Nación, Néstor Kirchner, ya estaría en prisión aseguró Morán
El legislador insistió en esto_ “Se incluirán en el esquema de asociación ilícita pruebas contra dos empresarios por dádivas y enriquecimiento ilícito que benefician a Jaime y al proyecto político de Kirchner”
“Esto es como un huracán que devora todo, en cuyo vértigo siempre siempre está la figura del ex presidente, razón por la cual lo insistiremos en advertir que Jaime reproduce la estrategia política y corrupta de Néstor Kirchner” expresó.
Según Morán, la causa abierta contra Jaime, por iniciativa de la diputada Carrió en noviembre de 2008 “pretende determinar que Kirchner es el jefe de la asociación ilícita. Ahora presentamos pruebas contra Jaime por otras y compras ferroviarias. ….
20100418 PERFIL. MENCIONES SOBRE HOMBRES DEL GOBIERNO. Escuchas de la mafia de los remedios complican aun mas al kirchnerismo
Revelan la sociedad que tenían el esposo de la diputada Diana Conti, Enrique Dratman y el Yabrán de los medicamentos. Aparecen mencionados Capaccioli y Ginés Gonzáles …
20100419 LN Ganancias mineras bajo sospecha. Es por la administración del dinero Bajo la alumbrera; cuestionan a la empresa pública dueña del yacimiento.
….el Ministerio de Planificación Federal ( Julio De Vido ) apeló el fallo que ordenó entergar a La Nación copia del balance … ((( ¡¿ que tal ¿? )) Por TV Pino Solanas manifestó que no pagan impuesto a las Ganancias ¿ Será posible ? ¿ Será posible por tratarse de empresas extranjeras ¿?)
20100419 LN Cada vez más gente duerme en la calle. Se duplicó el número desde 2006 …
Muy pocos seguidores de los Kirchner se atreven a hablar libremente, pues temen quedar en falta frente a los dogmas ocasionales que instala repentinamente el matrimonio gobernante. Por eso mismo, cuando alguno de los más cercanos al círculo del poder sale a sostener en público una posición determinada, puede interpretarse que es parte de un libreto que ha sido cuidadosamente comunicado y previamente autorizado.
No hay opiniones, no hay criterios personales, no hay individualidades. Todas y cada una de las declaraciones de los allegados al kirchnerismo reflejan el pensamiento único del centro inequívoco del poder.
Esa importancia tienen las recientes manifestaciones del diputado oficialista Carlos Kunkel respecto de lo que denomina nuestro "lamentable servicio de Justicia". Con críticas al incumplimiento de los horarios de labores por parte de los jueces, a la edad avanzada de algunos de ellos (lo que luce como un disparo contra el ministro Carlos Fayt de la Corte Suprema, un no alineado, por cierto) y al recurrente tema de la excepción de pago del impuesto a las ganancias, el diputado kirchnerista se suma al continuado ataque que sufren la independencia y la imparcialidad de nuestro Poder Judicial desde las entrañas mismas del oficialismo.
En realidad, como si fuera un anticipable carrusel en el que van apareciendo sucesivamente los cinco o seis voceros oficiosos de siempre que usa el gobierno nacional, las nuevas declaraciones del legislador del Frente para la Victoria, que se suman a las recientes admoniciones del ministro de Justicia, procuran mantener viva la intensidad del aberrante asedio al que se continúa sometiendo a la justicia argentina.
Desde las descomedidas palabras que la Presidenta le dirigió a la jueza Sarmiento en los inicios del presente año, hasta su afirmación en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo, cuando aseguró que los jueces tenían tarifadas las excarcelaciones, y su deplorable incursión en la vida privada de la jueza Rodríguez Vidal, además de las alusiones a la pretendida existencia de un "partido judicial", todo muestra un expreso designio de intimidar y desprestigiar a uno de los poderes del Estado, aquel que constituye, nada menos, la garantía de la existencia misma del sistema republicano.
Precisamente en estos días, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, denunció la sistemática presión que el Gobierno ejerce sobre el Poder Judicial, al que se pretende aniquilar -dijo- de la misma forma que se intenta silenciar a la prensa. Los paralelos son claros y las razones similares: la conquista de la suma del poder público.
Ahora bien, ante una ciudadanía que parece curada de espanto frente a las continuas arbitrariedades del matrimonio gobernante, no debe esperarse necesariamente que surjan apoyos espontáneos a la labor de la Justicia. Más bien, puede observarse un cierto cansancio o indiferencia ciudadana, quizá resignación frente a una permanente acción gubernamental de desgaste y hasta disolución de las instituciones.
Así como el Poder Legislativo procura, con grandes dificultades, convertirse en un dique para el indisimulado autoritarismo con que se maneja el kirchnerismo, de la misma manera deberá ser el propio Poder Judicial el que asuma en plenitud la defensa de sus trascendentes potestades constitucionales. Y así como ha pedido públicamente mesura a los máximos responsables de la conducción política del Estado, debe reconcentrar sus mejores esfuerzos para que la administración de justicia se perfeccione día tras día en el ejercicio de sus facultades.
El desempeño de funciones judiciales implica una enorme responsabilidad social e institucional y, al mismo tiempo, el desarrollo de una noble vocación esencial para la vigencia de la vida republicana.
Por esto los jueces deben constituirse en ejemplo vivo de conducta austera, trabajando lejos de la vanagloria de las fotos, las candilejas y las cámaras de televisión, y aceptar que las lamentables presiones y las amenazas oficiales hoy son parte del costo de querer hacer justicia en un país cuyo gobierno parece experto en el arte de violar la ley.
20100420 LN El gobierno todavía no admite la suba de precios. Boudou: la inflación es “supuesta”. El ministro cree que hay “tensión de precios” porque la gente “tiene más dinero que antes”
Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la pastera de la discordia, instalada sobre la margen oriental del río Uruguay, los actuales gobiernos de la Argentina y Uruguay están obligados a reanudar con madurez la relación bilateral y despojarla, precisamente, del diferendo por el cual, por primera vez en la historia, los dos pueblos más amigos y parecidos del mundo terminaron acusándose en inglés y francés lejos del Río de la Plata.
Es por mandato y voluntad de ambos pueblos que debe restablecerse un vínculo que, gracias a ellos, nunca se vio lesionado. Es el costado positivo de casi siete años de tiras y aflojes.
El fallo del tribunal de La Haya, máximo órgano de las Naciones Unidas, resultó ser equitativo: por haber otorgado la autorización antes de realizar los estudios ambientales, Uruguay "violó" el Estatuto del Río Uruguay, de 1975, pero, a la vez, la Argentina no pudo demostrar que la presencia de la pastera Botnia haya tenido impactos negativos en el medio ambiente.
Esto significa que no será necesario desmantelarla, como esperaban los asambleístas de Gualeguaychú. En términos deportivos hubo un empate, pero el resultado favoreció más a Uruguay que a la Argentina. Al fin y al cabo, después de los gobiernos de Jorge Batlle y de Tabaré Vázquez, el actual presidente, José Mujica, es el primero que, con la sentencia dictada, podrá interponer otros temas frente a su par argentina, Cristina Kirchner. Su marido permitió y alentó los cortes de los puentes hacia Uruguay, y decidió presentar el caso en La Haya tras los desafortunados desencuentros que tuvo con su par Tabaré Vázquez, curiosamente apoyado por él para que fuera presidente de Uruguay.
Si la relación no se perjudicó aún más, no se debe a los políticos de una orilla y la otra, sino a la gente. Pudo haber algún que otro chisporroteo en momentos tensos, pero jamás se incorporó la discusión por las pasteras como un factor de división entre los dos pueblos más hermanados del planeta. Es el saldo positivo de este diferendo mal manejado por ambos países en el cual, como era de esperar, no hubo vencedores ni vencidos, sino reprobados de ambas nacionalidades.
El fallo de La Haya constituye una medida conciliadora que apunta al futuro: ambos deben preocuparse ahora por controlar el impacto ambiental.
En ambos gobiernos, a diferencia de los choques frecuentes de Néstor Kirchner con Tabaré Vázquez, existe un renovado interés en dejar atrás el diferendo. Mujica sabía que el tribunal iba a emitir un "fallo salomónico"; Cristina Kirchner también lo sabía, pero, en su caso, la labor será más ardua: deberá convencer a los asambleístas de Gualeguaychú, alentados por su marido y por ella misma antes de ser presidenta, de que es mejor tender puentes que cortarlos.
Si bien siempre se trató de un asunto interno, pasó a ser un problema de la región desde el momento en que, ante el pedido de compensaciones de Uruguay por las pérdidas ocasionadas al turismo, el gobierno argentino respondió que los cortes de rutas eran parte de la libertad de expresión que rige en el país. ¿Cómo desdecirse ahora en virtud de la nueva etapa en la relación bilateral que pretenden entablar Mujica y Cristina Kirchner?
Es indispensable que impere la calma de ambos lados del río, y que los presidentes sean el reflejo de los anhelos de sus pueblos. Y es indispensable, también, que la Argentina y Uruguay vuelvan a convivir en paz y que, de ahora en más, un gobierno y el otro respeten tanto la letra escrita como la palabra empeñada, de modo de prescindir de instancias tan dramáticas como un tribunal internacional para aconsejarnos que hagamos lo que siempre hemos hecho: respetarnos como vecinos y, sobre todo, querernos como hermanos.
Dos acontecimientos cercanos en el tiempo pudieron quizás haberse aprovechado para obtener el respaldo que el gobierno nacional da la sensación de estar buscando en el escenario internacional.
El primero fue la concurrencia de la Presidenta a la reciente Cumbre sobre Seguridad Nuclear, en Washington. Más allá del valor protocolar de ciertos gestos, pudo significar un intento de la Argentina por tratar de reinsertarse en un mundo en el que su presencia e influencia se han desvanecido paulatinamente a lo largo de los últimos seis años, como consecuencia de carecer de una clara política exterior. Pero esa concurrencia fue, es cierto, rápidamente opacada por la reciente visita presidencial a Hugo Chávez, actuando nuestra Presidenta como si nuestro país compartiera las concepciones ideológicas por él definidas.
El segundo hecho está referido al pago de la parte de la deuda pública que se mantiene impaga con los bonistas que no aceptaron los términos del canje impuestos en su momento por el propio Néstor Kirchner.
Ambas cuestiones podrían haber sugerido la voluntad oficial de comenzar a caminar por un sendero de racionalidad que lleve gradualmente a la recuperación de la confianza externa e interna en el país. De esta manera, la comunidad internacional pudo haber percibido una cuota mínima de previsibilidad proyectada por la acción del gobierno argentino, lo que incluye a los propios habitantes del país, para quienes una política más racional posibilitaría el desarrollo vigoroso de sus actividades privadas, al permitirles tomar decisiones en un contexto normalizado.
Sin embargo, casi simultáneamente con esos hechos positivos, el kirchnerismo desató en el ámbito interno nuevas tempestades políticas: volvió a enfrentarse al Congreso, a presionar indebidamente a los jueces, a insultar y agraviar al propio vicepresidente de la Nación, y a tratar de cercenar la cuota de libertad de la que todavía puede gozar el periodismo independiente.
Creer, como lo hace el Gobierno, que en un mundo globalizado como el actual se puede tener una imagen aceptable en el exterior, y mantener y acrecentar una negativa en lo interno a partir del constante avasallamiento de las instituciones de la Constitución, de la subsistencia de una corrupción creciente y de un autoritarismo anacrónico es un error que evidencia no sólo una concepción pequeña de la política, sino un grave desconocimiento de cómo funciona efectivamente el mundo a partir de reglas de juego que gobiernan a las naciones civilizadas.
Ningún país que tenga graves conflictos internos puede hoy merecer la consideración, la confianza y el crédito de los centros en los que se gestan las grandes decisiones internacionales.
Por eso, es sorprendente que los pocos y titubeantes pasos que se dan en la dirección correcta terminen inevitablemente devorados por la agresividad del kirchnerismo, que no concibe la política sino como una lucha de todos contra todos, cada día, todo el tiempo y sin descanso.
En definitiva, la gestión actual padece de una cuota de improvisación crónica con meros espasmos de falsa actividad, que no son suficientes como para definir una política ni enhebrar un proyecto de país. De allí las contradicciones constantes y la falta de diálogo que, contra lo que algunos piensan, no trasmiten seguridad ni estabilidad desde el oficialismo, sino su permanente duda entre lo esencial y lo accesorio.
Cuando no se tiene claro ni el diseño básico de un proyecto de futuro, ni sus líneas fundamentales, se termina dogmatizando el detalle.
Se defiende así intransigentemente, como lo hace el Gobierno, aquello que podría cederse sin afectar para nada la médula misma de un programa.
En esas condiciones, cada vez más visibles, ni los inversores del exterior ni mucho menos los ciudadanos argentinos podrán recibir el mensaje de confianza del que carecen. Más allá de las fotos con Obama o de las tardías excusas a Hu Jintao, si la Argentina no opta por respetar debidamente sus propias instituciones, mal puede generar credibilidad en todos quienes, desde hace rato, la contemplan absortos, con un explicable escepticismo.
20100422 LN Nueva advertencia del FMI sobre la escasa confiabilidad del Indec. Dijo que la inflación que miden analistas privados es mucho más alta, y el crecimiento, más bajo.
El déficit volvió a crecer en marzo. Faltaron 1500 millones para cubrir los pagos de la deuda y por ello se utilizaron las reservas ……
El caso de las aparentes irregularidades del fideicomiso con Venezuela forma parte de una investigación mucho mayor: la que busca determinar si existió una asociación ilícita entre Cristina Kirchner, su marido y varios funcionarios de su entorno.
Se trata de un caso que abre las puertas para revisar las contrataciones más grandes realizadas durante el kirchnerismo. No se sabe todavía hasta dónde llegará.
El objetivo del expediente, que está a cargo del juez federal Julián Ercolini, es averiguar si "empresas amigas" del Gobierno fueron beneficiadas con la concesión de obras públicas, el manejo de áreas petroleras y la explotación del juego.
La causa se inició a fines de 2008, con una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Entre los acusados, Carrió incluyó a algunos de los políticos y empresarios con más poder en el país. Les imputó haber manipulado las licitaciones y haber permitido que un selecto grupo de compañías hicieran fortunas con sobreprecios pagados por el Estado.
Además de los Kirchner, acusó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. También a Ricardo Jaime y Claudio Uberti, que al momento de la denuncia eran funcionarios muy influyentes, pero debieron dejar sus cargos por acusaciones de corrupción que pesaban en su contra. Jaime era secretario de Transporte; Uberti, jefe del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Como los "empresarios amigos" fueron señalados Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios).
Sobre la base de aquella denuncia, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de instrucción en el que amplió aún más la nómina de investigados: advirtió que la causa podría alcanzar a "otras personas" y mencionó 18 empresas que podrían haber sido parte de las supuestas maniobras. Entre ellas, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires.
Durante el año pasado, el juzgado ordenó decenas de medidas de prueba. Se formó así un gigantesco caso, que no incluye, sin embargo, todo lo denunciado. Muchos de los supuestos hechos ilícitos estaban siendo investigados ya por otro juez y se desprendieron del expediente, por ejemplo el supuesto desvío de fondos destinados a terminar Atucha II.
Hoy, el tramo de la causa que está más activo es el que revisa los negocios con Venezuela; pero hay mucho más en este expediente, que podría complicar a buena parte de la cúpula del kirchnerismo.
JULIAN ERCOLINI
Titular del Juzgado Federal N° 10
Fue designado, por concurso, en 2004. Una de sus primeras medidas fue sobreseer a los Kirchner en un caso de enriquecimiento ilícito. De estrecha relación con el procurador Esteban Righi, es un magistrado bien conceptuado en el fuero.
El embajador Eduardo Alberto Sadous es un diplomático de carrera con todas las características propias de los hombres de la línea de la Cancillería. "Muy formal, trabajador y serio", según lo describió ayer un experimentado y confiable colega del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde su declaración testimonial causó revuelo y sorpresa.
Fue designado por el gobierno de Eduardo Duhalde en la embajada de Venezuela el 17 de octubre de 2002. Y fue removido por el ex presidente Néstor Kirchner el 20 de mayo de 2005. "Lo sacaron muy mal de Caracas, en malos términos", confió ayer a LA NACION una alta fuente oficial.
Otros allegados a la presidenta Cristina Kirchner confirmaron que la Casa Rosada recibió denuncias del gobierno aliado de Hugo Chávez de que Sadous, abogado además de diplomático, coqueteaba -o colaboraba, según Chávez- con los partidos opositores.
No se le conoce filiación partidaria. Pero cuando Domingo Cavallo fue canciller durante el gobierno de Carlos Menem, Sadous se desempeñó como secretario privado. Incluso acompañó a Cavallo un tiempo en el Ministerio de Economía. De allí, pasó a la embajada en Malasia (1991-1996), tras lo cual fue destinado a Venezuela. Aún hoy desarrolla funciones en la Cancillería. Además, fue profesor de las universidades Católica de Salta, del Salvador, de La Plata y de Luján. Fue director general de Promoción de Comercio Exterior de la Cancillería (1996-1998) y subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales (1998-1999).
Sadous también fue miembro de la Academia Argentina de Ceremonial, tiene estudios de posgrado en derecho internacional y amplia experiencia como docente. También realizó diversas publicaciones, incluyendo libros, revistas y artículos para periódicos nacionales y del extranjero. También ha estado destinado en las embajadas de Italia, India y Países Bajos y con rango de embajador en Malasia.
Por otra parte, fue representante ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y un destacado colaborador del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). Es un estudioso de la genealogía.
Sadous nació el 9 de octubre de 1945 y se caracteriza por tener un perfil muy bajo alineado con las costumbres de la diplomacia.
Con la paciencia de un orfebre y el sigilo de un detective privado, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez construyeron una relación bilateral atípica entre la Argentina y Venezuela. Entre Buenos Aires y Caracas se edificó un vínculo que va mucho más allá de la simpatía política y que se sedimenta en una misteriosa trama de negocios que siempre se manejó por un carril paralelo a la Cancillería.
Aunque el lector desprevenido se sorprenda, fue el Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), que conducía Claudio Uberti, cuya función era controlar las rutas con peajes, el que se encargó tramitar todos los negocios que el Estado argentino y las empresas locales hacían en Venezuela.
Bonos soberanos, maquinaria agrícola, ascensores, ganado en pie, medicamentos, buques, lácteos y fueloil fueron algunos de los rubros en los que se enfocó el comercio.
El pionero de los acuerdos bilaterales agrícolas fue uno firmado en 2004 mediante el que se negoció la venta de 2000 vaquillonas argentinas para que Venezuela mejorara su genética ganadera. Para el primer envío de 900 vaquillonas, en febrero de 2005, vino Chávez a despedir el embarque. Era el inicio de una serie de envíos de miles de cabezas criollas con destino caribeño. Jamás se avanzó más allá de aquellas cabezas.
Luego apareció otra muestra de la creatividad de kirchneristas y chavistas. Se creó un fideicomiso que funcionaría entre los dos países. Venezuela vendía combustibles y no cobraba, sino que generaba un crédito en ese fondo con el que compraría bienes producidos en el país. Así se consolidó una relación bilateral comercial paralela.
También se anunció la prometedora alianza entre dos petroleras estatales: Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Enarsa. La primera es una de las 10 petroleras más grandes del mundo; la segunda, una creación kirchnerista que da sus primeros pasos en este competitivo mercado. De las 600 estaciones de servicio que iba a tener la alianza, anunciada por Chávez en 2005, apenas hay dos. La venezolana ha iniciado una expansión en la Argentina, bajo la marca Pdvsur. Y lo hace en soledad, sin Enarsa.
El astillero
Otro negocio que se hilvanó fue la contratación de Astillero Río Santiago para construir dos embarcaciones por orden de la petrolera. Se trata de dos Panamax -medida máxima que puede cruzar por el canal de Panamá-, que constituyen el principal proyecto del astillero. Hubo varios retrasos, ya que los insumos debían ser enviados por el gobierno chavista.
El monto más importante se lo llevaron los títulos públicos y el fueloil. A falta de prestamistas que confiaran en el país, Venezuela se convirtió en un gran comprador de bonos a cambio de una tasa de interés más que conveniente. Entre 2005 y 2007, Chávez compró US$ 5100 millones en bonos, que luego eran vendidos en el mercado local. La diferencia era un gran botín de amigos del poder venezolano.
Otro de los sectores que viraron su mirada hacia Venezuela es el de la maquinaria agrícola. Venezuela se convirtió en el principal comprador de maquinaria para el agro. En los primeros nueve meses de 2007, poco después de la firma de un acuerdo para el sector, las exportaciones del sector crecieron 77,1 % con relación a lo exportado en el mismo período de 2006. Venezuela compró por 84,5 millones de dólares, un 72,6% del total. Los industriales argentinos cobraban del fideicomiso generado entre los dos países. A ellos se les ofrecían gestores que se especializaban en tramitar los pagos en Caracas.
Hubo más: un salvataje a Sancor y millonarias compras de fueloil, siempre operaciones lejanas a las convenciones del comercio internacional.
US$ 5100
Millones
· Es la cantidad de bonos argentinos que compró Venezuela entre 2005 y 2007, a una tasa cercana al 15%.
No caben dudas de que Néstor y Cristina Kirchner parecen poseer el secreto de cómo enriquecerse a un ritmo vertiginoso y de que han decidido compartir la fórmula con un selecto puñado de colaboradores muy cercanos.
Por más malabarismos que realizó el juez federal Norberto Oyarbide para exculpar al matrimonio presidencial, las declaraciones juradas de bienes de los Kirchner no cierran. Tampoco cierra la de su ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, muy allegado a Néstor Kirchner antes de caer en desgracia.
Y otro tanto se repite con las de cuatro secretarios de los Kirchner, dos de los cuales han incrementado sus patrimonios 45 y 78 veces.
El de estos secretarios -algunos han renunciado a sus cargos, pero mantienen su cercanía con los Kirchner- es un caso realmente asombroso que alienta fundadas sospechas acerca de si ellos son los verdaderos dueños de sus rápidas fortunas o si en realidad actúan como testaferros.
Estas graves sospechas se ven abonadas cuando se repara en el hecho de que tres de ellos cuentan con la asistencia de dos de los abogados más caros de la Argentina.
Hay antecedentes cercanos del acelerado enriquecimiento de modestos empleados de la Presidencia. No hace muchos años salió a la luz la existencia de una cuenta europea en la que Ramón Hernández, ex policía de La Rioja y ex secretario de Carlos Menem, poseía varios millones de dólares. La estrecha relación de Hernández con Menem se mantiene en la actualidad.
Lo mismo ocurre con los cuatro secretarios, quienes comenzaron a trabajar para el matrimonio presidencial desde los tiempos en que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz.
Daniel Alvarez, Jorge Isidro Baltasar Bounine y Héctor Daniel Muñoz están sometidos a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito a cargo del juez federal Claudio Bonadío. En otro expediente se investiga por el mismo delito a Fabián Gutiérrez, quien poseería en El Calafate una casa valuada en un millón de pesos.
Bounine incrementó su patrimonio de 15.000 a 676.194 pesos y la Oficina Anticorrupción halló inconsistencias en su declaración jurada. En cuanto a Muñoz, su patrimonio trepó de 14.000 pesos a más de un millón. Hasta hace poco tiempo, Bounine y Gutiérrez estaban a cargo del teléfono celular y de la agenda de Cristina Kirchner.
Es interesante el hecho de que la justificación de los bienes de Gutiérrez ante la Justicia lleve la firma del contador Víctor Alejandro Manzanares, quien realizó similar función con las declaraciones juradas de los Kirchner en el sumario en el que Oyarbide los sobreseyó.
Es más, con el consentimiento del juez Oyarbide, Manzanares llegó a actuar en aquel escandaloso expediente como perito de los Kirchner en momentos en que él también podía resultar imputado.
Es de esperar que el juez Bonadío no repita los pasos de su colega Oyarbide y someta a los secretarios a una seria y exhaustiva investigación.
El extraño y veloz sobreseimiento que benefició a los Kirchner de ninguna manera despejó las enormes dudas sobre su exponencial enriquecimiento. Al contrario, las avivó.
De no establecerse con claridad los mecanismos por los cuales sus secretarios se han enriquecido, las sospechas no sólo recaerán sobre éstos, sino, principalmente, sobre la Justicia. De esta manera, la impunidad, nuevamente, saldrá victoriosa .
20100423 Para el FMI, el país debe dejar que sus cuentas sean auditadas-Lo afirmó el número dos del organismo…, pero el Gobierno quiere esquivar esa revisión …..
La salida del default / Acreedores insatisfechos
ROMA.- Nicola Stock, presidente de la Task Force Argentina (TFA), asociación que representa a unos 180.000 bonistas italianos que aún poseen US$ 4300 millones en títulos argentinos caídos en default, desmintió ayer categóricamente un artículo de Ambito Financiero que afirmó que apoya la oferta de canje recientemente lanzada por el Gobierno (pero aún no aprobada por la Consob, la autoridad regulatoria italiana). "Es totalmente falso lo que dice Ambito Financiero y es evidente que está empezando la habitual estrategia de desinformación argentina, que ya vivimos en el pasado", denunció ante LA NACION Stock, sin ocultar su indignación.
En términos similares se expresó en Washington Mark Botsford, un tenedor de bonos argentinos que hoy comparecerá en el Senado de Nueva York para reclamar el pago de la deuda a "jubilados y pequeños ahorristas que fueron estafados por el gobierno de turno argentino y al que este gobierno quiere engañar otra vez", dijo. Botsford, que trabaja en la promoción conjunta de acciones legales con "bonistas italianos, argentinos y de todo el mundo", opinó que la nota en cuestión "es una maniobra" de las autoridades argentinas que, en el fondo, dijo, "demuestra que están empezando a temer que el canje no les salga como pretenden".
La nota a la que ambos aludieron, recuerda que la TFA rechazó el canje de 2005 y sostiene que, en los últimos meses, hubo varias reuniones "secretas" entre Stock y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.
Añade que Stock le habría agradecido por escrito al equipo económico argentino por la "buena voluntad" para mejorar la oferta a inversores minoristas. Y hasta asegura que se habría sellado un "pacto" por el cual Stock no apoyaría públicamente la transacción, ni la criticaría, pero que en privado aconsejaría a los bonistas aceptar la nueva oferta de canje.
"Estoy sin palabras? Es absolutamente falso todo: yo nunca me reuní con Lorenzino en Roma la semana pasada porque, como él bien sabe, estaba en Washington siguiendo el recurso que la TFA presentó contra la Argentina ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial. Tampoco expresé al equipo financiero argentino, en forma escrita u oral, consideraciones de ningún tipo, ni mi apoyo a la oferta, que como afirmaron públicamente tanto el ministro Boudou como Lorenzino, será inevitablemente peyorativa con respecto a la de 2005. Y tampoco cerré pactos secretos, lo cual sería el colmo", afirmó Stock. "Al margen de ser totalmente falsa, la nota de Ambito Financiero tiene muchos errores: dice que yo soy un bonista, lo cual no es para nada cierto, y que se estima que hay US$ 3000 millones de bonos en default en manos de bonistas italianos, lo cual tampoco es cierto. Los bonistas italianos tienen obligaciones por US$ 4300 millones, sin intereses, y con ellos la Argentina nunca negoció en buena fe los términos de reestructuración de su deuda", agregó.
Audiencia en Nueva York
Stock reiteró que se pronunciará sobre la oferta de canje lanzada por el Gobierno sólo cuando obtenga la luz verde de parte de la Consob. De modo simultáneo, en Washington, Botsford reiteró su rechazo a la oferta de canje y deslizó que trabaja para una oferta "mejor", que contemple a los "millones y millones de jubilados que perdieron sus ahorros por comprar papeles argentinos".
Explicó Botsford que todo ello se argumentará en la audiencia programada para hoy en el Senado de Nueva York. "La idea básica es que el canje está hecho a medida de los fondos buitre", que "ganaron fortunas comprando por centavos los bonos que tenían jubilados con el agua al cuello". La presentación se hará en la misma jurisdicción en la que está basado el tribunal del juez Thomas Griesa. Participará la Argentina Task Force (AFTA) que, liderada por el norteamericano Robert Shapiro, también intenta el pago de la deuda a inversores.
20100423 PERFIL Aseguran que el Gobierno impide la sanción de normas anticorrupción Pablo Javier Blanco
A diferencia de Bolivia, donde Morales promulgó la "Ley Guillotina", la Argentina el oficialismo traba el avance de iniciativas similares. Las críticas opositoras.
Evo Morales impulsó una radical reforma para luchar contra la corrupción. ¿ Por qué el kirchnerismo no impulsa una medida similar ?
La corrupción es uno de los grandes temas tabú del Gobierno desde la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los ejemplos de Enrique "Pepe" Albistur y Ricardo Jaime, que tuvieron que renunciar acosados por causas judiciales, demuestran que la problemática de funcionarios non sanctos que caracterizó al menemismo no es ajena al modelo K, pero a pesar de ello no hay iniciativas oficiales para combatir la corrupción.
A diferencia de otros países del continente, como Bolivia por ejemplo, en donde Evo Morales impulsó una durísima ley anticorrupción (denominada "Ley Guillotina") que agrava penas e investiga la fortuna de ex presidentes y funcionarios para recuperar lo robado, en nuestro país diputados opositores denunciaron a Perfil.com que el oficialismo sólo pone palos en la rueda cuando se intenta indagar en posibles hechos de este tipo. ¿Podría Cristina imitar el ejemplo de Evo, a quien llenó de elogios en su última visita al país trasandino?
"Los Kirchner
vetan toda norma de esa naturaleza, tengo mis dudas",
manifestó a Perfil.com el diputado de la UCR, Miguel Ángel Giubergia,
vicepresidente de la comisión de Presupuesto, al hablar sobre la diferentes
alternativas que se proponen en el Congreso para pelear contra la corrupción.
"Recién cuando un funcionario se va del poder lo comienzan a investigar, acá la
acción tiene que ser concomitante", reflexionó el jujeño en relación a la
Argentina, al tiempo que aseguró que en el Congreso "está paralizada la
investigación de ilícitos en el Banco Central, como cajonearon hace años la del
tema Siemens", denunció.
Christian Gribaudo, diputado del PRO y presidente de la comisión de Obras
Públicas, acaba de presentar un proyecto para declarar la
imprescriptibilidad de la acción
penal en los delitos económico perpetrados por funcionarios contra el Estado,
uno de los puntos de la flamante ley boliviana. "Hoy
por hoy la iniciativa la puede hacer la oposición, tiene los números, hay muchos
diputados del oficialismo dispuestos a debatir", afirmó a este portal. "El
oficialismo es oficialismo hoy y oposición mañana, no hay que actuar en forma de
corporación".
"
Todos sabemos que en la obra pública existe la corrupción,
hay sobreprecios y así en todos los ámbitos; en la salud no son sospechas, hay
mafias enquistadas, los niveles de corrupción son de los más altos de
Sudamérica", relató Gribaudo, quien apuntó que la lucha contra este tipo de
delitos " es un deuda de este gobierno y de otros, en este gobierno hay
corrupción y mecanismos de control que no funcionan".
Juan Carlos Morán, de la Coalición Cívica, quien
ha denunciado varios hechos de corrupción durante
este gobierno, señala que son varios los puntos de la "Ley
Guillotina" boliviana que están en la Ley de Ética Pública, aunque advirtió que
dicha norma nunca se reglamentó.
En ese sentido, señaló que la CC presentó un proyecto de Juan Carlos Vega para tipificar el delito de corrupción en el Código Penal, ya que " hoy cuando avanzás sobre algún funcionario es por derivación: enriquecimiento ilícito, fraude o incumplimiento de funciones", enumeró y criticó la inacción del Estado: "No sólo no se ha hecho nada desde el oficialismo para pelear contra la corrupción, estos proyectos que hemos presentado han dormido el sueño de los justos".
La "guillotina política" de Evo.
La ley "Marcelo Quiroga Santa Cruz" de lucha contra la corrupción,
enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas (así es su nombre completo)
establece que los
delitos de corrupción son imprescriptibles,
agrava penas e impulsa la retroactividad de la ley, por lo que todas
las fortunas de ex
presidentes y ex funcionarios sospechadas de irregularidades son objeto de investigación. Otro
dato relevante es que permite el juzgamiento en "rebeldía", es decir aunque el
acusado no se encuentre presente.
"Seguramente ya nadie va a querer ser político", dijo Evo al promulgarla.
En Bolivia, la corrupción le cuesta al Estado entre 200 y 300 millones de
dólares anuales; por eso el objetivo de la ley no es sólo la defensa del
patrimonio del Estado, sino su recuperación, a través de confiscaciones. El
presidente Morales
espera recuperar 10.000 millones de dólares
que se han sustraído ilegalmente de las arcas públicas en hechos de corrupción.
En nuestro país, estimaron los diputados consultados por Perfil.com, la corrupción le cuesta por año a la Argentina, por lo menos, el triple que a Bolivia: es decir más de 900 millones de dólares. "Es cinco veces más" , arriesgó Gribaudo, quien sostuvo "300 millones no es nada en la Argentina".
Un último dato: en su plataforma electoral de 2007, Cristina Fernández de Kirchner prometió una "lucha frontal y total contra la corrupción y el delito", basada en "la aplicación estricta de la ley y agilización de los procedimientos penales". Hoy, de eso no se habla. Es tal el silencio en torno al tema que, desde que es Presidenta, CFK jamás pronunció la palabra "corrupción" en un discurso oficial.
Convencido de la existencia de una "diplomacia paralela" con Venezuela que excedía sus atribuciones y competencias, el entonces canciller Rafael Bielsa fue a visitar a Néstor Kirchner con un papel importante entre manos. Corría febrero de 2005.
"Todo fue un error, producto de la inexperiencia. Pero la plata está intacta", le había dicho días antes, y por teléfono, el embajador venezolano en Argentina Roger Capella, a Bielsa. Lo llamaba para explicarle la escandalosa y temporaria desaparición de poco más de 91 millones de dólares del fideicomiso entre ambos países, destinado a financiar ventas argentinas al país caribeño a cambio del preciado fueloil venezolano.
Según relataron ex funcionarios de la Cancillería, que pidieron reserva de anonimato, Bielsa le informó personalmente a Kirchner sobre el faltante de dinero del fideicomiso, y le mostró las explicaciones por escrito que Capella le había dado al entonces embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre el asunto.
"Kirchner no sabía nada de todo eso. La reacción al escuchar el relato del canciller fue la de alguien que se está enterando de algo, y su orden fue remitir todo a De Vido", recordaron fuentes diplomáticas.
Está acreditado que el dinero fue retirado por funcionarios venezolanos, cambiado por bolívares y luego reconvertido en dólares, dejando una ganancia de US$ 13 millones a quienes realizaron la transacción.
La información figura en la megacausa que el juez federal Julián Ercolini lleva adelante por presunta asociación ilícita contra Kirchner, el ex titular del Occovi, Claudio Uberti, el ministro de Planificación, Julio de Vido, y otros funcionarios y ex funcionarios de la gestión kirchnerista.
Las mismas fuentes sostuvieron que, por aquellos días, era muy ostensible el enojo de Bielsa con la situación que se planteaba en el vínculo bilateral. Uberti ya se había transformado en el todopoderoso intermediario entre Argentina y la Venezuela chavista, y ningún acuerdo comercial dejaba de pasar por sus manos. El entonces canciller aceptó las explicaciones de Capella, y como el supuesto delito (o al menos la irregularidad) había ocurrido en territorio venezolano, dio por cerrado el tema. No supo más del asunto hasta que se enteró del reemplazo de Sadous por Nilda Garré en el cargo de embajadora ante Hugo Chávez.
Consecuencias
Meses después de aquel entuerto, tampoco Bielsa continuó en su puesto. El embajador Sadous, a quien Bielsa solía definir como un "hombre muy correcto y muy profesional", fue reemplazado por Garré, más a tono con el requerimiento de un "embajador político" que provenía de la Casa Rosada.
Sadous se fue enojado con el Gobierno, aunque desde hacía tiempo sus sospechas recaían sobre los poco disimulados deseos de la entonces diputada Alicia Castro, chavista militante y confesa, de quedarse con el cargo, cosa que finalmente ocurrió meses después, en abril de 2006. En su declaración ante el juez Ercolini, Sadous dijo haberle comentado a Bielsa de su incomodidad ante los rumores de su desplazamiento. "Quedate que te necesitamos", le contestó Bielsa, según figura en la declaración de Sadous ante el juez.
Bielsa nunca conectó aquel confuso episodio con su salida de la Cancillería, y lo atribuyó a su autodefinido "carácter difícil". Jamás cuestionó, ni en público ni en privado, a Kirchner, y de hecho fue candidato a diputado del kirchnerismo en Capital, en 2005, y a gobernador de Santa Fe, en 2007.
El 53 por ciento de los niños argentinos de hasta 12 años pertenece a un hogar con problemas para cubrir sus consumos mínimos de alimentación, vestimenta, salud y servicios básicos. Este dato del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina significa que en nuestro país hay 9 millones de niños con déficit alimentario o malnutrición. Buena parte de ellos sufren hambre y, según informó Juan Carr, de la Red Solidaria, por año suman casi 3000 los niños que mueren de hambre.
Al mismo tiempo que estremecen y debieran escandalizarnos, estas cifras dicen mucho sobre nuestra sociedad y sobre el fracaso de la dirigencia en un campo tan sensible como este.
Son cifras que, obviamente, obligan a actuar ahora para resolver este drama que tiene dos facetas. Por un lado, como dijimos, la inadmisible cantidad de chicos que fallecen por falta de alimento. Por el otro, las serias y múltiples consecuencias que acarrea una alimentación insuficiente, como el aumento de la morbilidad y la disminución del rendimiento escolar. Cuando el hambre no mata, condiciona seriamente el futuro de esos niños condenándolos a intentar sobrevivir en la sociedad o en sus márgenes en inferioridad de condiciones pues su desarrollo neuronal se ve interrumpido si a edad temprana no reciben los alimentos necesarios. Es decir, condenándolos a la postergación.
Si la muerte diaria de niños por hambre es intolerable en cualquier país, lo es aún más, si cabe, en la Argentina, que con sólo el 0,65 por ciento de la población mundial produce materia prima suficiente para abastecer a varias Argentinas.
Podrá discutirse cómo se llegó a este extremo que, además de avergonzarnos, nos duele. Podrán discutirse las razones de la persistencia de este drama a partir de la crisis de 2001-2002, pese a que desde entonces han mejorado otros parámetros de nuestra economía.
Lo que no puede discutirse es la necesidad de actuar ahora. Y en este sentido, toda la dirigencia está en deuda. En 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner, su gobierno asumió el compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cumplir los denominados "Objetivos de Desarrollo del Milenio" establecidos por la ONU, por los cuales nuestro país debería "erradicar la indigencia y el hambre" y "reducir la pobreza de la población a menos del 20 por ciento y la indigencia al 0 por ciento" antes de 2015.
La negativa de sectores empresariales y sindicales a firmar junto con la Iglesia un documento sobre la pobreza y el miedo a hablar en público de este drama que vive el país es una muestra de que pocos van a invertir en un país en el cual un gobierno usa los resortes del poder para infundir miedo y falsear la realidad. Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno ha sido alterar perversa y maliciosamente los índices de inflación y los de pobreza e indigencia para ocultar esos tristes fenómenos.
Pero el hambre no se detiene ante los índices adulterados del Indec mediante una estafa que se vuelve cómplice y criminal al mismo tiempo, pues procura esconder una realidad intolerable y, al hacerlo, se exime el propio Gobierno de la obligación de mejorar esa realidad inocultable del hambre y la pobreza.
Para Juan Carr, los comedores que pertenecen a entidades no oficiales -sólo la mitad de ellos reciben subsidios estatales- no son la herramienta decisiva en la lucha contra el hambre. En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, Carr coordina el Centro de Lucha contra el Hambre, cuya labor principal consiste en crear huertas y granjas en las zonas con alto nivel de desnutrición infantil. Ya existen 550 mil huertas en la Argentina dentro del programa Pro Huerta del INTA y en muchas interactúan Cáritas y Tzedaká.
Carr considera que podrían hacerse 900 mil huertas más y llegar a su objetivo principal: reducir a la mitad el número de hambrientos en 2016 y llegar al hambre cero en 2020.
Son dos formas de encarar esta triste realidad. La que la combate con la verdad, y la que la oculta sabiendo, en definitiva, que su existencia es una afrenta para todos los argentinos sin excepción.
Los negocios con Venezuela / Fuerte impacto del testimonio del ex embajador en Caracas
Con el objetivo de avanzar en la causa en la que se investiga si funcionarios del Ministerio de Planificación cobraron sobornos de empresarios para hacer negocios con Venezuela, la Justicia analiza ahora la ruta del dinero de las operaciones comerciales y de los supuestos retornos.
El juez Julián Ercolini, cuando el lunes regrese a su despacho de una breve licencia, encontrará el listado de medidas de prueba que sugerirá el fiscal Gerardo Pollicita para seguir con la investigación.
Entre ellas pedirá al banco UBS-Stanford, de Nueva York, todos los datos de las operaciones realizadas a través del fideicomiso Bandes, por donde circula el dinero del intercambio comercial entre la Argentina y Venezuela.
Eduardo Sadous, ex embajador argentino en Caracas, denunció esta semana que empresarios pagaban coimas de entre el 15 y el 20% a funcionarios del Ministerio de Planificación por hacer negocios por medio de ese fideicomiso.
El testimonio causó gran malestar en el Gobierno, que ayer volvió a desmentir a Sadous. Entre otros, lo hizo el canciller Jorge Taiana.
Pero el fiscal Pollicita tomó la declaración como un disparador de la megacausa en la que se investiga si Néstor Kirchner y sus funcionarios integraron una asociación ilícita.
Además de buscar datos en Nueva York, la Justicia quiere que el Comando de Regiones Aéreas entregue el listado de los vuelos privados y oficiales que salieron de la Argentina con funcionarios que viajaron a Venezuela en el marco de la relación comercial con ese país para averiguar quiénes eran los pasajeros y en qué aviones viajaron.
La idea es determinar si esas misiones comerciales eran oficiales y si los vuelos se hacían en aviones privados y quiénes los pagaban.
Por lo pronto, ya se sabe que algunos de ese vuelos fueron pagados por Pdvsa, la empresa estatal de petróleo venezolana. Es un dato sugestivo porque esa compañía es la que maneja el dinero del fideicomiso que formaron Buenos Aires y Caracas, con los dólares de la compra de fueloil por parte de la Argentina que pagan las ventas de productos que hacen empresarios de aquí al Estado venezolano.
Sobrevuela la hipótesis Jaime, como ya se la conoce en tribunales, en alusión al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, procesado por recibir dádivas, en forma de vuelos gratuitos, pagados por las empresas de transporte a las que debía controlar. Las comitivas argentinas estaban conformadas por el director del Organo de Concesiones Viales, Claudio Uberti, en ocasiones viajaba el ministro de Planificación, Julio De Vido, y una vez lo hizo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, según declaró ante la Justicia Sadous.
Explicó también que los funcionarios de Planificación actuaban por su cuenta, sin avisar a la Cancillería sobre las operaciones comerciales. Sólo avisaban de su llegada, pero los diplomáticos no conocían la agenda ni participaban de las reuniones.
Fue Sadous quien le dio un espaldarazo a la investigación al revelar que los empresarios se quejaban de que debían pagar "peajes" -dijo- a funcionarios del ministerio que conduce De Vido. El ministro públicamente negó estas afirmaciones, al igual que los empresarios mencionados por el embajador.
Fuentes judiciales explicaron que, antes de citar a declarar a alguien, primero debe acreditarse en la causa qué empresas vendieron productos a Venezuela desde que se constituyó el fideicomiso en 2004.
Para ello, el juez Ercolini le envió un oficio al ministerio de Planificación que hasta ahora no aportó datos sobre ninguna de estas operaciones comerciales de compra de fueloil a Venezuela y de venta de productos argentinos al Estado que conduce Hugo Chávez.
El dinero pagado por la Argentina va al fideicomiso y, de ahí, se pagan a los empresarios argentinos por sus ventas. Lo que dijo Sadous es que en el camino debían dejar un retorno, que se efectivizaba mediante transferencias bancarias o cheques.
En Nueva York
Los dólares pagados desde la Argentina por el combustible venezolano se realizan al fideicomiso establecido en la cuenta del banco UBS Stamford, de New York, identificada como Bandes Fideicomiso. Bandes es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Pdvsa maneja el flujo del dinero y autoriza los pagos.
El embajador Sadous avisó a la Cancillería argentina que habían desaparecido los 90 millones de dólares del fideicomiso y luego aparecieron mágicamente. En el medio, los dólares se vendieron en el mercado paralelo venezolano y luego se recompraron en el mercado oficial, más barato, lo que permitió llenar bolsillos venezolanos con 13 millones de dólares.
Como la justicia argentina no obtuvo datos en su pedido a De Vido, se los va a solicitar al banco norteamericano, para saber qué empresas recibieron pagos, por qué montos y si esos pagos fueron acreditados en su totalidad en sus cuentas o si una parte quedó por el camino en bolsillos de funcionarios argentinos.
De este modo -si existieron-, se podrá identificar a los que pagaron sobornos y a los que los recibieron, pues ambos son castigados por la ley. La declaración de Sadous menciona un negocio de venta de ascensores para hospitales y edificios públicos que hizo la empresa Servas, una venta de maquinaria agrícola por 50 millones de dólares, y embarques de carnes, alimentos envasados y vaquillonas.
No hay datos oficiales sobre esas operaciones que se hicieron a través del fideicomiso. Pero, sin duda, se trató de un buen negocio porque las importaciones venezolanas pasaron de 231 millones de dólares en 2003 a 1806 millones de dólares en 2008.
LOS PERSONAJES
NESTOR KIRCHNER
Ex presidente, diputado nacional
Elisa Carrió lo denunció como parte de una asociación ilícita integrada por sus funcionarios, que se dedicaban a hacer negocios con la obra pública, el juego, el comercio con Venezuela y la explotación de pozos petroleros.
JULIO DE VIDO
Ministro de Planificación
Eduardo Sadous, ex embajador argentino en Caracas, denunció ante la Justicia que funcionarios del Ministerio de Planificación cobraban coimas del 15 al 20 ciento a empresarios argentinos que querían comerciar con Venezuela.
HUGO CHAVEZ
Presidente de Venezuela
Desde 2004, el comercio con Venezuela creció más del 300 por ciento, a partir de la constitución de un fideicomiso, donde entraba el dinero pagado por Argentina por fueloil y salían pagos a empresarios que venían productos argentinos.
CLAUDIO UBERTI
Ex titular del OCCOVI
Sadous explicó que llevaba adelante una diplomacia comercial paralela a la oficial. Era el gestor de los negocios que hacían las empresas argentinas en Venezuela. Se fue tras descubrirse el escándalo de la valija de Guido Antonini Wilson.
JAVIER DE URQUIZA
Ex secretario de Agricultura
Fue denunciado como quien presionó a un empresario para desplazarlo de un negocio de importación de vaquillonas a Venezuela, para poner en su lugar a un grupo económico que supuestamente manejaba mediante testaferros.
JULIAN ERCOLINI
Juez Federal
El magistrado investiga la megacausa por asociación ilícita contra Kirchner y sus funcionarios. Llegó a su cargo en 2004 tras ganar el concurso en el Consejo de la Magistratura y es un juez bien conceptuado en los tribunales.
WASHINGTON (De nuestra corresponsal).- Inversores individuales en bonos de deuda argentina rechazaron ayer ante el senado del estado de Nueva York el canje y sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no negocia de buena fe con los inversores al "usar retórica ideológica para confundir" en una materia en la que hace falta "transparencia".
Los tenedores expusieron ante senadores de la comisión de Finanzas del cuerpo legislativo neoyorquino, en una sesión de más de dos horas que presidió el demócrata Brian Foley.
Al término de las deliberaciones, la Argentina Task Force (ATFA), que representa a tenedores de bonos, se pronunció en contra del canje al calificarlo, "cuanto menos, de decepcionante".
Su titular, Robert Shapiro, afirmó que "el impacto negativo de la Argentina sobre el estado de Nueva York continúa creciendo, mientras el gobierno del país se niega a pagar las deudas pendientes a miles de prestamistas extranjeros".
También expuso la abogada Carolyn Lamm, en representación de tenedores italianos asociados en el grupo que lidera Nicolás Stock, así como el norteamericano Mark Botsford, quien se presentó ante el comité como, posiblemente, el ciudadano de los Estados Unidos afectado con más cantidad de bonos en default de la Argentina del que se tenga registro.
"Los inversores minoristas no somos los enemigos de la Argentina, como quiere hacer creer la Presidenta. Nos usan como escudos humanos en la batalla por ganar la opinión pública", argumentó Botsford.
Los inversores eligieron el distrito de Nueva York para hacer su exposición por tratarse de la misma jurisdicción del juez Thomas Griesa -que actúa en litigios contra la Argentina por el impago de la deuda- así como la que corresponde a la principal plaza financiera del país.
WASHINGTON.- El ministro de Economía, Amado Boudou, se mostró ayer confiado en que a fines de la semana que viene se estaría abriendo el período para que los tenedores de bonos en default puedan entrar al canje de deuda propuesto por la Argentina.
El trámite que falta para hacer la apertura formal es la aprobación de las autoridades regulatorias de Italia y Luxemburgo. "Tenemos indicios concretos de que a principios de la semana que viene darían la aprobación y a fines de la semana comenzaría el road show ", afirmó Boudou.
La gira por varios países para reunirse con los inversores será contemporánea al período para ingresar en el canje. Según lo previsto, habrá 23 días hábiles (con actividad financiera) para aceptar la oferta y el plazo se dividirá en dos, aunque sólo los que tienen títulos por más de US$ 1 millón tendrán incentivos para entrar rápidamente.
Boudou y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, dialogaron con un grupo de periodistas, al término de una extensa jornada que comenzó con un encuentro de ministros de Economía y presidentes del Banco Central de los países del G-20 -sobre lo que se informa por separado-, y terminó con una reunión que el titular del Palacio de Hacienda mantuvo con el jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, Nicolás Eyzaguirre.
El ministro afirmó que en ese encuentro -que se realizó en el marco de la asamblea de primavera del FMI y del Banco Mundial- "no fue abordado" el tema del artículo IV, la cláusula de revisión de los números fiscales a cargo de auditores del organismo, que se le exige a cada país que es miembro. La Argentina se niega a aceptar ese monitoreo desde 2006 y anteayer, el subdirector gerente del Fondo, John Lipsky, dijo en esta ciudad tener expectativas de que "en un tiempo razonable" los revisores estén visitando la Argentina.
"No tratamos el tema y eso demuestra que tiene menos dramatismo que le ponen algunos, aunque es importante", dijo. También descartó la posibilidad de que en los próximos días se hable de la cuestión.
"Analizamos varias cuestiones de la relación entre la Argentina y el Fondo", se limitó a decir sobre la breve reunión con Eizaguirre. Consultado por LA NACION respecto de los cuestionamientos que hizo el organismo a los datos del Indec, Boudou respondió que "lo importante es que los números que usa el informe son los oficiales". Y volvió a defender los índices de inflación difundidos por el Indec, desestimando los calculados por instituciones privadas, que triplican a las del desprestigiado organismo gubernamental.
Algo para lo cual Boudou sí afirmó haber aprovechado la reunión de ministros del G-20, fue para "tantear" alternativas con respecto a un posible plan para la salida del default con el Club de París, el grupo de países que mantiene acreencias con la Argentina por alrededor de US$ 7500 millones.
"Lo que plantean los países es que haya una estrategia general con la Secretaría del Club", afirmó Boudou, sin aceptar que existan otros requerimientos, como permitir la controvertida revisión del FMI.
Todas las fichas al canje
Pero la atención del equipo económico argentino está puesta con más fuerza por estos días en el próximo lanzamiento del canje. Según afirmó Lorenzino, si bien hubo versiones periodísticas de algunos fondos inversores que darían su visto bueno (y otras con posturas críticas), no se hará ningún comentario ni estimaciones respecto del nivel de aval que tendría la propuesta, hasta que esté formalmente habilitada esa operación.
El funcionario explicó también que para los tenedores de más de US$ 1 millón, habrá una quita de un centavo por dólar si la propuesta es aceptada en los 16 días finales del período en que estará abierto el canje.
La propuesta del Gobierno incluye la opción por bonos Par -en este caso por sumas limitadas- o Discount, con una quita de capital del 66,3% y mayores intereses. El monto total de bonos que siguen en default desde fines de 2001 es de US$ 20.000 millones y la oferta también contempla un incentivo para los minoristas, que recibirán un pago en efectivo por los intereses vencidos.
SANTA FE.? El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró ayer, en Rosario, que "el kirchnerismo representa la más vieja de las políticas", y advirtió que la estructura oficialista "se desploma".
"A Europa le costó 50 millones de muertos entender que no se podía pelear más. Y ahí nace la nueva política", señaló el ex gobernador bonaerense, quien ratificó en esta provincia su intención de ser candidato a presidente en las elecciones de 2011. "Le vamos a ganar a Kirchner dentro del justicialismo. Creo que esta política basada en meter miedo y en sobornar a los gobernadores no funcionará", señaló.
"La nueva política es la de Uruguay, donde un tipo ?José Mujica? que estuvo preso no siembra vientos de odio. La nueva política es la de Brasil, donde un gran presidente como Fernando Henrique Cardoso marcó vectores y llega un obrero metalúrgico como Lula y los sigue", dijo el dirigente justicialista.
"Lo de Chile es espectacular: después de 20 años con cuatro grandes presidentes de centroizquierda viene la centroderecha y se sabe que las políticas de Estado no peligran", resaltó Duhalde, en el diálogo con la prensa, durante la visita de 36 horas efectuada a esa ciudad del sur santafecino.
La vieja política
Para que no quedaran dudas, el ex presidente insistió en que "el kirchnerismo se desploma y representa la más vieja de las políticas, la de los años cuarenta y cincuenta, en la que todos se peleaban con todos".
También fue consultado sobre la embestida del kirchnerismo contra el vicepresidente Julio Cobos. Según Duhalde, "Cobos no debe renunciar", y afirmó que su postura institucional "es bien vista por buena parte de la sociedad".
Duhalde anticipó que enfrentará a Néstor Kirchner en la interna abierta del justicialismo, prevista para agosto de 2011. "Me gustaría debatir con él, pero es muy difícil. El no debate con nadie", señaló. Y añadió: "Al loco me lo llevo, pero con votos".
Durante la visita del ex presidente, se vieron en el microcentro de Rosario afiches agraviantes con la leyenda "Duhalde candidato a la cárcel", ilustrados con un fotomontaje de su rostro detrás de unos barrotes. "Es una cooperativa de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que me va a seguir por todos lados", dijo el ex mandatario al atribuir intencionalidades oscuras a esa campaña.
Por la noche, al exponer en la Fundación Italia, unas 300 personas realizaron una protesta.
El ex presidente, que en 2003 promovió la candidatura presidencial de Kirchner, admitió que pretende sumar a su espacio al titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, probablemente para que sea candidato a gobernador de Santa Fe, y respondió que hace tiempo que no dialoga con el senador y ex gobernador Carlos Reutemann.
20100425 LN Estalló la bomba bolivariana por Francisco Olivera
Una revelación de un ex embajador en Venezuela bastó paa sacudir el núcleo de negocios más inexpugnable del Gobierno. …….
20100425 Coparticipación, la injusticia perfecta.
La distribución de los recursos federales busca moderar las asimetrías regionales y lograr un desarrollo armónico; en la Argentina, los resultados son malos y peores que en Australia, Canadá, España y Brasil, dice un estudio privado . ……….
20100425 PERFIL Firmas fantasmas complican a ex funcionarios porteños.
El embajador Nielsen, el director comercial de Tinelli y dos ex asesores de Telerman, sospechados de favorecer un fraude al gobierno porteño …..
LA CAUSA DONDE SE HABLO DE COIMAS EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON CHAVEZ.
20100425 CLARIN Negocios con Venezuela: en 2005, Kirchner desestimó las denuncias
Cuando era presidente, relativizó irregularidades en un millonario fideicomiso.
Por: Nicolás Wiñazki
Néstor Kirchner supo hace cinco años que algo extraño
ocurría en el multimillonario fideicomiso binacional que la Argentina y
Venezuela implementaron para intercambiar fuel oil caribeño por bienes criollos.
El por entonces Presidente se enteró rápidamente que su embajador en Caracas,
Eduardo Sadous, había enviado un cable secreto a la Cancillería alertando sobre
irregularidades en ese fondo. Se lo contó en persona su propio canciller, Rafael
Bielsa, en una reunión que se realizó en el 2005 en el despacho presidencial de
la Casa Rosada, contaron fuentes diplomáticas. Kirchner primero se sorprendió,
pero después desestimó el tema y, a pesar de que la denuncia tenía que ver
con el descontrol de millones de dólares, no impulsó ninguna investigación al
respecto.
Al poco tiempo, y sin que nadie le
avisara, Sadous se enteró en medio de un viaje por Punta del Este que había sido
depuesto de su cargo. Lo reemplazó Nilda Garré. Hasta ese momento, el
diplomático no había informado a sus superiores sobre las versiones que esta
semana ratificó ante un juez: que empresarios argentinos le habían contado que
para hacer negocios con Venezuela debían pagar una coima al ministerio de
Planificación Federal de Julio De Vido.
El cable secreto que Sadous le envió a Bielsa no hablaba de esos supuestos
"retornos", sino que detallaba una operatoria irregular en el fideicomiso
binacional que funcionaba con una cuenta en Nueva York. Los funcionarios
venezolanos manipulaban el dinero destinado a ese ente para hacer negocios
paralelos: sacaban parte de la plata (millones de dólares) para trocarlos en el
mercado negro, hacían una diferencia cambiaria a su favor, y devolvían luego los
montos originales a la cuenta.
Sadous alertó sobre esta cuestión y quedó a la espera de respuestas. Bielsa no
solo comunicó la noticia a Kirchner, sino que también le pidió explicaciones al
por entonces embajador venezolano en Buenos Aires, Roger Capella. Mediante un
intercambio de cartas oficiales, que quedaron registradas en la Cancillería, el
venezolano explicó que Venezuela no tenía "experiencia" en este tipo de
herramientas financieras, por lo que el fideicomiso podría haber pasado por
algún inconveniente, pero que a la vez podía "garantizar" que el monto
depositado en ese momento en la cuenta de Nueva York era exactamente el que
debía ser. Según pudo saber Clarín, Bielsa informó sobre esa respuesta
venezolana al embajador Sadous y dio por terminado el asunto: si existía delito,
tal como sospechaba Sadous en su cable secreto, había sido cometido por
funcionarios venezolanos en Venezuela, por lo que la Justicia argentina no podía
involucrarse. El presidente Kirchner no tomó ninguna medida al respecto. Sadous,
un diplomático de carrera, fue reemplazado por Nilda Garré, actual ministra de
Defensa. Clarín intentó consultarla sobre el "affaire" del fideicomiso pero la
funcionaria dijo que los interrogantes debían ser respondidos por la
Cancillería.
Además de Kirchner y Bielsa, hubo otro funcionario que por ese tiempo supo de
las sospechas nacidas en Caracas: se trata de Jorge Taiana, el actual Canciller,
por entonces número dos del ministerio de Relaciones Exteriores.
Paso a paso: A raíz de una denuncia de la coalición Cívica, la justicia investiga una supuesta asociación ilícita integrada por Néstor Kirchner, y distintos funcionarios o ex, como Julio De Vido, Claudio Uberti y Ricardo Jaime. ….
Intermediario En un expediente en la Defensoría despueblo aparece una empresa (Palmat) que contrataba en Venezuela comisión del 15% que se pagaba en una cuenta en Miami, EE.UU. Llama la atención la existencia de un intermediario en un negocio entre estados.
relaciones carnales con venezuela
20100425 PERFIL La oscura ruta de la coima Nelson Castro
La denuncia de un cohecho permanente en la relación con Chávez no se acallará fácilmente. Qué dicen los empresarios que no pagaron.
El velo que venía cubriendo los delitos de corrupción que complican a altos funcionarios del Gobierno ha comenzado a descorrerse. En la semana que pasó hubo tres hechos que impactaron fuertemente al oficialismo: el procesamiento del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; la denuncia sobre supuesto tráfico de influencias en la reapertura del canje de deuda por parte de de la consultora Arcadia; y la denuncia hecha por el ex embajador de la Argentina en Venezuela, Eduardo Sadous, sobre el pago de coimas en operaciones de exportación de productos argentinos a ese país.
Sobre el episodio de Ricardo Larosa, quien vive del suministro de información que debería ser pública a distintos clientes, una fuente del Ministerio de Economía lo define sin dudar: “Le hicieron una cama”. Sobre este abogado se sabe que trabajó varios años en el Ministerio, que es bien conocido por muchos allí, y que, por lo tanto, tiene un acceso amplio a despachos de muchos funcionarios. “No sería extraño que pudiera tener la llave de uno de esos despachos” admite la citada fuente. La imposibilidad de tener acceso a datos que deberían ser del dominio público ha terminado de favorecer el accionar de individuos como Larosa. Hay muchos Larosa en el Ministerio que viven de eso. Por lo tanto surge con bastante claridad que la razón por la que ahora se lo culpó de un delito lleva a un solo camino: el enfado del Gobierno con la denuncia del diputado Claudio Lozano sobra la participación de la consultora Arcadia en la reapertura del canje de deuda.
La denuncia del embajador Eduardo Sadous golpeó al corazón del Gobierno: es decir, al poderoso ministro de Planificación Julio De Vido y al matrimonio Kirchner. Por eso es que se encendieron las alarmas y, como en otras ocasiones recientes, desde la Babel de Olivos bajó una primera orden: hay que “matar” al embajador. Hubo una segunda orden: De Vido debe salir a hablar. En el medio, una realidad: la desesperación.
La relación entre la Argentina y Venezuela ha sido y es un rubro manejado directamente por el matrimonio presidencial. Lo que Sadous ha dicho no es nuevo. La novedad es que el embajador lo haya dicho ante un juez con datos precisos que son total y absolutamente verosímiles. En diversos artículos de PERFIL y en esta columna, a cargo entonces de Jorge Lanata, ya se había escrito mucho sobre las irregularidades de los negocios entre Buenos Aires y Caracas. La existencia de la así llamada “diplomacia paralela” tuvo su primera comprobación fehaciente al descubrirse el escándalo de la valija conteniendo 800 mil dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson.
Las fuentes de la Cancillería afirman que Sadous fue removido de su cargo de embajador en Venezuela por habérsele atribuido afinidad con el antichavismo. Lo definen como “un hombre honesto y un profesional serio”. Fue designado como embajador en Caracas durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Sadous vino denunciado la existencia de la “diplomacia paralela” desde el momento mismo en que se anotició de la existencia de esta metodología corrupta. En este marco, el episodio más relevante que le tocó vivir fue el del fideicomiso de 90 millones de dólares destinados financiar ventas de productos argentinos a Venezuela. El episodio llegó a conocimiento del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, a través de un memorándum. Esto sucedió a principio de 2006. Por un tiempo ese dinero estuvo inubicable. Cuando “reapareció” se supo lo que había pasado: algún funcionario del gobierno de Chávez vendió esos dólares en el mercado libre para luego comprarlos otra vez al valor del cambio oficial, ganando así 13 millones de la divisa norteamericana. Ante esta denuncia, alguien del Occovi reaccionó al segundo y, contrariado, se comunicó con una autoridad de la Cancillería a fin de hacerle una advertencia terminante: “¡Dígale a ese tipo que se calle! ¡O no se da cuenta que ese asunto lo manejamos nosotros!”. Hay que recordar que el Occovi es el Organo de Control de Concesiones Viales y que, en ese tiempo, su titular era Claudio Uberti, quien luego debió renunciar por su participación en el caso de la valija de Antonini Wilson.
Un embajador recuerda muy bien un encuentro circunstancial que, hace unos años, tuvo con Sadous en los pasillos de la Cancillería. Allí, Sadous le dijo que “todas las operaciones con Venezuela se hacen con coimas”.
“Son varios los embajadores que podrían contar los pedidos de coimas que han recibido por parte de un alto funcionario del Poder Ejecutivo cada vez que han acercado propuestas de empresarios de sus países que quieren invertir aquí”, relata en estricto off un corresponsal extranjero acreditado en Buenos Aires. El nombre de ese alto funcionario es el mismo en todos los casos.
La existencia de la “diplomacia paralela” produjo, además, una gran tensión en funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores abocados al tema de las exportaciones de productos argentinos. Tal vez allí radique la razón por la que el coordinador del grupo de exportadores de la Cancillería, Adrián Nador, habría pedido dejar el cargo.
Un caso que ejemplifica este mecanismo de corrupción montado entre los gobiernos de la Argentina y Venezuela es el de la maquinaria agrícola. Hay que recordar que en el 2005 se firmó un acuerdo por 500 millones de dólares por el que empresas argentinas iban a vender máquinas al país caribeño. El plan era que esas operaciones se completaran por etapas entre 2005 y 2007. Esto generó gran entusiasmo en el sector. Sin embargo el entusiasmo duró poco. “Nos llamaron de un ministerio y nos pidieron el 15% de coima. Muchos dijimos ‘no’ y nos quedamos afuera del negocio”, relata uno de los empresarios que se negó a pagar la coima. El ministerio al que alude el empresario es el que encabeza el mismo funcionario antes mencionado por los embajadores.
Ante el velo de la verdad que, inexorable, comienza a descorrerse, en la Babel de Olivos se trabaja a destajo en ver cómo neutralizar sus efectos. La SIDE está “a full” buscando montar operaciones que desacrediten al embajador Sadous a quien, tal vez, le dediquen un escrache. Son todas ideas que parten del matrimonio presidencial que, en nombre del progresismo, se han transformado en campeones de estas metodologías nazifascistas que la historia, de la que demuestran no haber aprendido nada, ha condenado.
Nuestra Constitución Nacional consagra el principio de igualdad ante la ley y de admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad. A su vez, la reforma constitucional de 1994 introdujo el Consejo de la Magistratura a fin de mejorar los procedimientos de selección de los jueces y no, como ha ocurrido en los últimos años, para degradarlo poniéndolo al servicio de intereses partidarios.
Posteriormente, las leyes pretendieron establecer pautas de información pública y transparencia respecto del proceso de selección de magistrados y funcionarios de jerarquía significativa, como miembros del directorio del Banco Central, autoridades de investigación fiscal e integrantes de órganos de contralor entre muchos otros.
La sanción de ese complejo de normas perseguía dar respuesta a la demanda ciudadana de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública en aras de mejorar nuestra deteriorada calidad institucional. También pretendía instrumentar mecanismos de participación de diferentes estamentos de la sociedad civil para que la ciudadanía pudiera expresar sus observaciones respecto de los potenciales candidatos.
El esfuerzo no dio los resultados esperados. El Gobierno se ocupó de desvirtuar algunos de los mecanismos de contralor previstos, como sucede cuando el Poder Ejecutivo publica los antecedentes de los postulados, pero desconoce las impugnaciones que se les formulan, aún las más fundadas y documentadas.
Vale recordar la probada evasión tributaria de un juez, las objeciones a la falta de experiencia en control del lavado de dinero tanto de la última titular designada al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), como de su actual sucesor. Si a ello se suman ministros con profesiones y experiencias completamente distintas de las que demandan sus carteras, jueces designados pese a tener las peores calificaciones o los escándalos en el Consejo de la Magistratura respecto de tráficos de información y exámenes copiados, no podemos sino concluir que la ansiada idoneidad brilla hoy por su ausencia.
Hay otro reciente ejemplo escandaloso. El ministro de Economía, Amado Boudou, firmó el ascenso de un funcionario que se hizo conocido por su capacidad de defender a los golpes a su jefe, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En efecto, el pugilista Hernán Leonardo Brahim fue nombrado director de Legales del Area de Comercio Interior, que depende de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio. Así, Moreno premió a su hombre más fiel con un sueldo de alrededor de 7000 pesos y un cargo de alta sensibilidad. Será quien cuide la legalidad de las polémicas decisiones del organismo que controla el aumento de precios. La resolución también lleva la firma de la Presidenta y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Moreno es el funcionario que mejor expresa la concepción de la función pública que prevalece en el oficialismo. No sólo por el respaldo incondicional que ha recibido de sus superiores. También por la multiplicidad de funciones que se le han confiado: comenzó encargándose de las telecomunicaciones; intervino en el mercado energético; más tarde pasó a controlar el sector agropecuario y de producción y comercialización de alimentos; cuando se produjeron turbulencias en el sistema financiero se lo convirtió en presidente del Banco Central en las sombras, manejando a su arbitrio el régimen cambiario; adultera las estadísticas del Indec; tenía bajo su mando una fábrica de papel y pretende quedarse con otra (Papel Prensa); finalmente, dictamina en cuestiones de defensa de la competencia ejerciendo las atribuciones que debería desempeñar un tribunal independiente.
Esta multiplicidad no indica que en la Argentina haya nacido un nuevo Leonardo Da Vinci, sino que el Gobierno tiene un marcado desprecio por el servicio público.
Ese menosprecio desalienta a los funcionarios profesionales que revistan en las distintas áreas del sector público vapuleadas por el oficialismo. El ejemplo más irritante de ese desdén por la capacitación y el cuidado de la carrera burocrática tal vez sea la puesta en vigor por la ministra de Defensa, Nilda Garré, del llamado delito de filiación, desvergonzado y vengativo remedo de regímenes totalitarios que ha impedido el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas altamente calificados. De manera irresponsable, se está jugando con la honra de las personas, en este caso, de militares con intachables fojas de servicios.
Finalmente la designación de la licenciada Mercedes Marcó del Pont en la presidencia del Banco Central ha despertado justificadas dudas respecto a su capacidad para llevar a cabo tan importante tarea. Por lo pronto, ha debutado obedeciendo sin chistar la orden presidencial de emplear indebidamente las reservas del Banco Central.
Cabe esperar que quienes tienen a su cargo tan importantes designaciones depongan toda falsa lealtad partidaria y dejen de lado compromisos partidarios o electorales, para llevar a las altas magistraturas de la República sólo a los mejores, sin distinción de orígenes partidarios, sindicales o de amistad.
Nuestro país enfrenta un fortísimo desafío de reconstrucción, y para ello debe convocar y contar con sus ciudadanos mejor preparados.
La celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo está dando lugar a un giro hacia el pasado lleno de variaciones. Publicaciones, conferencias, programas televisivos recrean aquel acontecimiento que se identifica con la fundación de nuestro país, y desde allí derivan, como una reverberación, sobre el año 1910, el de la primera centuria, identificado con el apogeo de nuestra existencia como nación.
Se trata de aniversarios y, por lo tanto, de un momento propicio para el balance, las interrogaciones de largo plazo y la proyección de un futuro.
Sin embargo, esta conmemoración se inscribe entre nosotros en un movimiento retrospectivo mucho más amplio. No se reduce siquiera a esa tendencia universal de aprecio por la historia de la que dan cuenta, aquí y en el exterior, las estadísticas de la industria editorial.
En la Argentina, el pasado se ha entrelazado con el presente, se ha convertido en un argumento de la lucha por el poder, en una justificación para impugnar al otro, o para someterlo. En las reminiscencias que dominan estos días conviven dos actitudes. La vocación por comprender lo que sucede a partir de lo que sucedió, junto con la aspiración de poner una interpretación del pasado al servicio de la acumulación de poder.
La relación que mantenemos con lo que ha acontecido es una de las cuestiones más complejas que se le ofrecen al intelecto. Borges, acaso sin exagerar, decía que la relación entre el tiempo que pasa y la identidad que perdura es el único problema real de la filosofía. Ortega y Gasset afirmaba que "somos lo que nos pasó". Freud fundó el psicoanálisis sobre esta concepción. La historicidad, es decir, la conciencia de la propia temporalidad, es nuestra esencia, la estructura última de nuestro significado.
El vínculo entre el pasado y el presente es problemático. El pasado alberga muchas claves del presente. Lo explica. Pero también el presente arroja luz sobre el pasado y renueva su visión. La crisis del petróleo de 1973, por ejemplo, permitió a los historiadores descubrir el papel decisivo que había jugado la escasez de recursos naturales a lo largo de la historia. Vamos al pasado con las preguntas de nuestro contexto actual y esas preocupaciones corren el velo de problemas o aspectos que no habían sido advertidos antes de nosotros.
Esta doble dimensión explicativa entraña algunos riesgos. El más frecuente es el del anacronismo. Se trata de un error con varias modulaciones. Una de ellas consiste en evaluar a quienes actuaron en el pasado como si hubieran estado en posesión de la información y de las categorías con que contamos en el presente. Otra manifestación del anacronismo ocurre cuando se juzga el comportamiento presente de un actor como si fuera la repetición automática de cosas que hizo en el pasado.
La primera desviación consiste en negar la autonomía relativa que tiene todo pasado, para atraparlo en nuestras formas de pensar o de sentir. La segunda supone condenar a una persona o a un grupo a seguir siendo siempre lo que fue en un momento determinado. Ambas distorsiones están alimentadas por la misma raíz: la impugnación del cambio, la supresión del tiempo, la transformación de la historia en presente eterno.
En la Argentina de estos días, existen innumerables ejemplos de este tipo de malversación. La Conquista del Desierto o la gran expansión exportadora de finales del siglo XIX son evaluadas con los criterios morales y políticos del siglo XXI. Se pondera la acción de muchas figuras de la historia como si ellas hubieran tenido conocimiento, en el momento en que actuaron, de las consecuencias de sus decisiones.
La realidad es distinta: hoy sabemos mucho más sobre el tiempo que le tocó vivir a Cornelio Saavedra que el propio Saavedra. Tenemos una clarividencia muy superior a la de San Martín sobre algunos hechos que protagonizó San Martín. Y, si se quiere observar un caso más determinante para nuestro presente, es muy probable que la Corte Suprema que convalidó el golpe de Estado de 1930 no supiera el tremendo alcance que tendría esa decisión para el futuro del país, que hoy es nuestro pasado.
También es muy fácil asistir hoy entre nosotros a argumentos que pretenden congelar la identidad de una persona o de un grupo en alguna instancia del pasado. Decir que los opositores del radicalismo son "los que se fueron en el helicóptero" equivale a afirmar que la centroizquierda que acompaña al Gobierno es la que sojuzgó a naciones enteras bajo la dictadura comunista.
Esta dificultad para reconocer el cambio, esta pretensión de encarcelar al otro en un instante fijo de su pasado aparece con mayor énfasis en las interpretaciones de la década que fue desde 1973 hasta 1983. El discurso oficial incurre a diario en esa perspectiva. Hace pocos días lo hizo notar, en las páginas de este diario, Beatriz Sarlo, al analizar el discurso que pronunció Estela de Carlotto el último 24 de marzo. Allí, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo enumeró a un conjunto de personas y empresas a las que les imputó estar haciendo hoy lo que, según su lectura, hicieron hace treinta y cuatro años.
La acusación de Carlotto replica una lógica que el Gobierno había hecho ya funcionar durante el conflicto con el campo: los chacareros que se quejaban por las retenciones móviles escondían, en los pliegues invisibles de su identidad, a los productores agropecuarios que, para el discurso de la izquierda, desestabilizaron la democracia durante casi un siglo.
Esta extrapolación histórica equivale a imputar a la conducta actual de muchos funcionarios de la administración las motivaciones violentas, por momentos terroristas, con las que actuaron durante su juventud.
La supresión del paso del tiempo puede llegar al extremo de congelar la evolución genealógica. Es lo que ocurre cuando no sólo se responsabiliza a alguien por lo que hacía la institución o el grupo al que pertenece varias décadas atrás, sino que se lo penaliza también por lo que hicieron sus padres y abuelos. Es el criterio aberrante que se ha utilizado para la promoción de muchos militares, académicos o diplomáticos. O el que se acaba de utilizar con la jueza María José Sarmiento, a la que se intentó descalificar por la presunta conducta de su padre en los años setenta.
El error que opera detrás de estas visiones no se limita a un extravío conceptual, sino que está puesto al servicio de una operación política que entraña una perversidad moral. Se pretende manipular el saber sobre el pasado para poder esgrimir sanciones contra actores cuya conducta es difícil de objetar en el presente.
Para que esa maniobra sea posible es preciso, antes, fijar una versión canónica de lo que ocurrió. La historia, entendida como una construcción intelectual abierta, colectiva, ajustada a un método de investigación sistemático y sometido a control crítico, pasa a convertirse en un relato mítico indiscutible, administrado por el Estado con propósitos punitivos.
Esta utilización de la memoria como insumo del poder fue habitual en todos los totalitarismos. La visión que Hitler tenía de la política se asentaba en una versión mitológica de la existencia de la nación germánica que decantaba en el concepto de "raza superior". Mussolini se entendía a sí mismo como el líder que le devolvería a Roma el imperio que, más allá de los cambios producidos durante siglos, estaba destinado a encabezar. Stalin fijaba las etapas de la historia humana a través de resoluciones del congreso del Partido Comunista soviético.
Esas construcciones autoritarias pretenden, a través de un congelamiento del pasado, congelar el presente. Negar el cambio histórico es negar la capacidad de las personas para sobreponerse a su propio pasado y a los imperativos del contexto para modificarse ellas y modificar el entorno.
Abolir la historia, como espacio abierto y compartido de interpretación e interrogación, es abolir la libertad. Es imponer la memoria propia o la del propio grupo sobre el resto de la sociedad. Es tratar de hacer creer que el pasado tiene una sola versión. Que sólo podría haber ocurrido lo que esa versión indica, porque el desenlace de eso que ocurrió es que hoy manda el que manda.
Detrás de toda tergiversación deliberada del pasado se esconde, entonces, una ambición desaforada de perpetuarse en el poder.
Los primeros dos barcos con combustible venezolano que llegaron a la Argentina formaban parte de un supuesto acuerdo binacional, pero no se respaldaron en ningún papel firmado. Nada. Ni el Estado venezolano ni el argentino registraron cuánto costaría esa venta ni cómo ni cuándo se pagaría. Todo se terminó acomodando mucho después a los reglamentos y a la legislación de la administración pública. Los operadores de tal desbarajuste fueron el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su representante de facto ante el gobierno de Chávez, Claudio Uberti. El caso sirve como ejemplo de una relación tan estrecha como extraña, tan intensa como opaca.
Una vez Ricardo Jaime deslizó que "Kirchner le podía pedir cualquier cosa a él, hasta que le sirviera un café, pero jamás la renuncia". Esa presunta frase de Jaime, publicada en varios medios, nunca fue desmentida por el ex secretario de Transporte. Pareció -y lo era- un duro mensaje a su entonces jefe. La rutina del Gobierno lo confirmaba a Jaime: se movía como un ministro de tiempos menemistas, adornado con lujosos relojes, cadenas y corbatas de marcas caras. Alguien le preguntó a Kirchner, en aquellos tiempos, por qué aceptaba a un alto funcionario con una estética tan distinta de la del kirchnerismo. El ex presidente atribuyó las debilidades de Jaime a razones étnicas (es descendiente de árabes), lo que no dejaba de ser un prejuicio racista y un argumento muy débil para explicar riquezas inexplicables.
Uberti era el responsable del control de las autopistas argentinas, pero se pasaba gran parte de su tiempo en Caracas supervisando negocios que nada tenían que ver con su función formal en el Estado. El abogado Manuel Vázquez era, a su vez, el indispensable abrepuertas para que los empresarios pudieran acceder a Jaime. Vázquez no tenía ningún cargo oficial en la administración, pero su actitud era la de un crucial secretario de Estado. Muy pocas veces Jaime participó de reuniones con empresarios sin Vázquez. Importantes empresarios argentinos debieron contactarse con Vázquez (por orden de Jaime) cuando aspiraban a comprarle Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans. Las reuniones se hacían, por lo general, en un lujoso hotel de la calle Arroyo.
Esa informalidad paralela y clandestina para tratar cuestiones que significaron (y significan) erogaciones por millones de pesos del presupuesto nacional es lo que convirtió a Uberti y a Jaime en emblemas de una forma de gobernar y de un sistema de administración en el que cabe la corrupción. Los dos han caído en manos de los jueces en los últimos días. Según escribió la periodista Soledad Gallego Díaz, en el diario español El País , Jaime compite sólo con María Julia Alsogaray por el récord de funcionarios corruptos.
Sin embargo, estamos mirando sólo la copa del árbol. Hace más de dos años que nadie habla, por ejemplo, del "caso Skanska", una denuncia por el pago de monumentales sobreprecios para la construcción del Gasoducto del Norte. Los sobreprecios fueron denunciados en su momento por la empresa controladora del gasoducto, Techint, en una nota oficial al Gobierno, que había licitado la ampliación del gasoducto. El nivel de tales sobreprecios superaba el 150 por ciento. La investigación cayó en manos del juez federal Guillermo Montenegro, pero éste se fue luego como ministro de Mauricio Macri. El expediente está, desde fines de 2007, en manos del juez Norberto Oyarbide, que comenzó criticando lo que habían hecho los magistrados anteriores. Los hechos deben ser descriptos, escribió, con "mayor rigor, claridad y precisión". Muy bien. Pero Oyarbide desistió luego de buscar el rigor, la claridad y la precisión. No hizo nada.
Todos los casos tienen una misma sede en la administración nacional: el Ministerio de Planificación, la cartera que controla la mayor cantidad de dineros del presupuesto nacional. De Vido hizo trascender varias veces que ni Jaime ni Uberti le respondían a él, sino a Kirchner. Hasta hizo saber que su relación con Jaime era pésima. Nada de eso, y aun cuando tales versiones fueran ciertas, exculpa al ministro de su responsabilidad política.
De hecho, De Vido fue siempre el canciller virtual con el gobierno de Chávez. Nadie se quería meter en esa relación , recordó un ministro de aquella época. En tiempos de Rafael Bielsa, la Cancillería le hizo llegar a Néstor Kirchner una pregunta aparentemente ingenua: ¿qué hacía Uberti en Caracas? Kirchner no respondió. Incluso, la actual embajadora Alicia Castro (amiga de Chávez y de los Kirchner) se encontró con la novedad de que había un embajador paralelo en Caracas: Uberti. La división de funciones estaba clara: por la embajada pasaban todas las cuestiones políticas, pero Uberti resolvía los asuntos económicos.
En verdad, existían desde hacía mucho tiempo testimonios de empresarios argentinos que decían lo mismo que dijo ante el juez Julián Ercolini el embajador Eduardo Sadous: cualquier negocio privado con Venezuela debía pasar, en Caracas, por una oficina de virtual peaje, donde los empresarios estaban obligados a dejar entre un 15 y un 20 por ciento del valor de sus proyectos. Todos señalaban que en esa oficina había funcionarios argentinos, aunque ninguno pudo asegurar si tales comisiones se repartían con el gobierno de los Kirchner.
Kirchner les ha dado mucho a Jaime y a Uberti. Jaime llegó a Buenos Aires con lo puesto cuando el ex presidente accedió al poder; ahora se lo investiga por la posesión de yates, aviones, mansiones y hoteles en la Argentina y en Brasil. El abogado Ricardo Monner Sans acaba de reclamarle al Gobierno que explique cuál es la vinculación de Jaime con la radio LV2 de Córdoba, propiedad de la que también participaría el infaltable Vázquez. También le pidió explicaciones al jefe del Comfer, Gabriel Mariotto, pero Monner Sans tiene un problema con este funcionario, a quien ya denunció ante la Justicia por haber sido propietario de una radio trucha antes de ser lo que es. Uberti empezó a caminar por la vida como dueño de un quiosco de golosinas y cigarrillos en Río Gallegos. Tiene razón Cristina Kirchner: ella y su marido han hecho mucho por el ascenso social.
En ese contexto, no deja de tener cierta coherencia la fuerte ofensiva oficial contra la Justicia y, en especial, contra la Corte Suprema. El kirchnerismo ha conseguido, como siempre, lo contrario de lo que se propone. Ningún miembro de la Corte quiere ahora que se vaya Carlos Fayt, a quien el oficialismo enrostra impúdicamente el pecado de la edad. Circulan versiones falsas. ¿El juez Enrique Petracchi es un hombre cercano al Gobierno? Nadie que haya hablado con Petracchi, aunque fuera una sola vez, puede desconocer que la formación intelectual, política y jurídica del juez está en el otro extremo del kirchnerismo.
El propio presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, decidió colocarse como eje de la unión de los jueces supremos. Siempre consulto cuestiones delicadas con Fayt y con Petracchi. Ellos tienen muchos años administrando justicia y la experiencia es una buena consejera , suele decir en los últimos días. No dice nada más. Si hubo distancias entre Lorenze-tti y Petracchi, éstas fueron enterradas después de los empellones del Gobierno. No tienen miedo y eso es una buena noticia.
Reclamo mi derecho a inaugurar el próximo festival de Cosquín . Beatriz Sarlo bramó así cuando se enteró de que dos artistas prestigiosos, Víctor Heredia y Teresa Parodi, inaugurarían la Feria del Libro, que siempre se abrió con una exposición de grandes escritores. La ironía de Sarlo le puso un poco de humor a una realidad crecientemente triste: es el miedo lo que llevó a los organizadores privados de la Feria a esa original extravagancia. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quiénes? Silencio. Otra expresión del miedo.
: Presa de su compulsión a continuar en el poder, Néstor Kirchner se ha abocado a dos tareas descomunales. Una es la construcción de un mundo aparte, distinto del que percibe la mayoría de sus conciudadanos. La otra, el montaje de una ingeniería electoral que distribuya los votos de modo tal que su candidatura a la Presidencia se imponga sin ballottage el año próximo. Ambos cometidos se asientan sobre una sociología muy rudimentaria. Pero Kirchner les dedica casi todo su tiempo.
Los vetos a las leyes que promueve la oposición; las agresiones al periodismo; la pretensión del G-20 de que el Fondo Monetario Internacional supervise la contabilidad pública, y la detención del fisgón Roberto Larrosa en el Ministerio de Economía son hechos desvinculados sólo en apariencia. Detrás de ellos se esconde la dificultad de los Kirchner para abordar fenómenos que no coinciden con lo que ellos esperaban de la realidad.
La oposición obligará pasado mañana a Eduardo Fellner a girar la reforma al impuesto al cheque a las comisiones de la Cámara baja. Diputados cercanos a Felipe Solá pretenden modificar el texto para obligarse a aprobarlo por mayoría absoluta, saldando así la controversia constitucional. La ley regresaría al Senado y, como para insistir en la versión original hacen falta dos tercios, quedaría aprobado. Pero la Presidenta igual vetaría.
No conformes con que rechacen en una solicitada los $ 8000 millones que les corresponden, ella y su esposo esperan que los gobernadores vayan a la Corte Suprema a impugnar lo que apruebe el Congreso. Para disimular esta renuncia al federalismo, Kirchner piensa lanzar hoy con esos mandatarios la discusión de otro régimen de coparticipación. Todos saben que se debate otra cosa: la aspiración del matrimonio a mantener sometido al PJ bajo el yugo de la caja.
Los diputados aprobaron el jueves el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, aunque sin dos cláusulas controvertidas: la capacidad del Congreso para anular un DNU y la prohibición de que la Presidenta vete esa ley. Pero mientras la oposición discutía, Jorge Yoma se burlaba: "Sean claros, porque lo que dicen me sirve para redactar los considerandos del veto".
Cristina Kirchner vetará también, como informó ayer La Nacion, cualquier reforma al Consejo de la Magistratura, a pesar de que sus diputados habían pactado un dictamen con el radical Ricardo Gil Lavedra. Ella pretende otro cambio: establecer el juicio por jurados en las causas penales graves.
Los Kirchner han resuelto que la oposición no convertirá sus iniciativas en ley si no cuenta con los dos tercios de los votos, que es la mayoría necesaria para doblegar el veto presidencial. Este criterio se sostiene en que ellos no creen que el parlamento actual exprese la voluntad popular. Y no la expresa porque la derrota del 28 de junio pasado no habría sido un veredicto genuino de la ciudadanía, sino el resultado de un gigantesco complot informativo orquestado por los medios.
El punto de vista de la oposición, entonces, no será tenido en cuenta hasta tanto se desbarate esa conspiración periodística. Primero se intentó hacerlo con la ley de medios. Pero, como los resultados demoran en llegar, el kirchnerismo optó por el escrache, pestilente método fascista con el que ahora se pretenden impartir lecciones de derechos humanos. Es más probable que el espíritu faccioso contamine también esta causa, último vínculo del oficialismo con el discurso progresista.
Un puente
Hay un puente que va de los vetos a la agresión al periodismo: es el empeño de Kirchner por negar lo que ocurre ?la corrupción, la inseguridad, la escalada de los precios, el autoritarismo?, para dar espacio a lo que le convendría que ocurriera.
De la misma matriz conceptual y moral nace la adulteración de las estadísticas sobre pobreza, empleo e inflación, que impide a Cristina Kirchner aceptar un vistazo del FMI sobre sus cuentas, compromiso que ella asumió ante el G-20, en Londres, hace poco más de un año.
La Presidenta soñaba regresar a esa liga con el acuerdo con los holdouts como certificado de buena conducta. Pero ahora deberá justificar que es la única del grupo que no puede exhibir su contabilidad. Tal vez, se apresuró cuando, al anunciar el canje, proclamó: "Volvimos al mundo".
La opacidad de las cuentas públicas permite que, en la Argentina, prospere un primitivo negocio de espionaje como el que habría montado hace ya años Roberto Larrosa, preso ahora por capturar con su lupa y su linterna información que, en una sociedad democrática, no debería estar reservada a quienes pueden pagar esas prestaciones clandestinas. Al penalizar las actividades irregulares de Larrosa, el Gobierno ataca el mismo problema: se propone obturar un circuito informativo en el cual, sospecha, abrevan las consultoras privadas que elaboran los índices que desmienten al Indec.
No debería llamar la atención, entonces, que los vetos, la manipulación del Indec, los ataques a la prensa y el escarmiento para el fisgón Larrosa hayan salido de la misma cabeza. Una cabeza arcaica, que sueña con un apagón informativo capaz de sustituir la realidad que percibe la mayoría por otra menos exigente para su carrera de poder. Es la cabeza de Kirchner.
Sobre esta monotonía el viernes último contrastó un episodio inesperado: Francisco de Narváez fue recibido delante de la prensa por el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera. Este negocia con la Casa Rosada la renovación de la promoción industrial (10.000 puestos de trabajo) y un imprescindible monto de aportes nacionales. ¿Qué temerario arrebato de autonomía lo llevó a fotografiarse con De Narváez? ¿O los Kirchner han entrado, por razones misteriosas, en un trance de pluralismo?
Fantasías. La hospitalidad de Beder fue autorizada desde Olivos e indica que Kirchner está habilitando el interior del PJ para inducir a sus adversarios a competir con él por la candidatura presidencial. Esta ingeniería electoral complementa aquella ortopedia sobre la opinión pública en la que está empeñado.
Unificar
Kirchner sabe que sólo retendrá el poder si el año que viene logra ganar en primera vuelta. En consecuencia, debe unificar al PJ y fragmentar a la oposición. Y el PJ sólo podría unificarse a través de una elección interna. De Narváez está dispuesto a darla. En julio, irá al juzgado de María Servini de Cubría para pedir que no se lo discrimine por haber nacido en Colombia. Después le pedirá a Kirchner que comparta la junta electoral del partido. "Es un iluso, Néstor jamás entregará esa llave", dicen los que conocen al santacruceño. Otro obstáculo de De Narváez es Eduardo Duhalde. "No sé si tiene un acuerdo con Kirchner, pero todo lo que hace es para debilitar a quienes ya demostramos que podemos derrotarlo", sospecha.
Sobre el sistema electoral pesa una enorme incógnita. Los jueces federales pueden declarar la inconstitucionalidad de las primarias a pedido de los pequeños partidos que ven, de improviso, caducar su personería.
Esos jueces están molestos con el nuevo régimen, que les arrebató la administración de los padrones en beneficio de la Cámara Nacional Electoral. La más revoltosa es, como siempre, Servini, que allanó el Registro Nacional de las Personas y amenaza con procesar a su titular, Mora Arqueta. Para Florencio Randazzo, de quien depende Arqueta, es una burla intolerable. Pero la policía está bajo el control de su rival Aníbal Fernández, que desobedece a la Justicia sólo cuando se intenta allanar el sindicato de aeronavegantes, no el Ministerio del Interior.
Kirchner se beneficia con la incertidumbre electoral. El sólo se postulará si ve, en diciembre, que su imagen se recupera. Y su imagen se recuperará si consigue remodelar a la opinión pública. Es un desafío enorme. Pero el único posible para alguien incapaz de remodelarse a sí mismo.
Denuncia de coimas / Avanza la causa que involucra a los Kirchner
La reciente denuncia de supuestos sobornos exigidos a los empresarios argentinos que pretendían exportar a Venezuela le dio un nuevo impulso a la causa en la que se investiga a Néstor y Cristina Kirchner y a su entorno por "asociación ilícita". La pesquisa se está centrando en Claudio Uberti, un ex funcionario de llegada directa a la Casa Rosada: el juez federal Julián Ercolini pidió ayer a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de sus reiterados viajes a Caracas desde 2003 en adelante.
En lo formal, Uberti dirigía el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), pero era, además, el que manejaba los negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Le había delegado esa función el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Junto con el pedido a Migraciones, Ercolini firmó también, a última hora de ayer, un oficio dirigido a la Secretaría de Agricultura de la Nación para que le remitiera "todas las constancias" relativas a las exportaciones realizadas en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y la Argentina.
Audio: Buzzi: «Este rumor era moneda corriente por esos días» (TN)
Ambas medidas habían sido solicitadas por el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, y son consecuencia de la declaración del ex embajador en Caracas Eduardo Sadous, que la semana pasada, bajo juramento, dijo que empresarios argentinos del sector de la maquinaria agrícola le habían asegurado que en el Ministerio de Planificación les habían exigido "retornos". Sadous declaró entonces que la relación comercial con Venezuela la manejaba Uberti en forma paralela a la Cancillería.
Fue como consecuencia de este testimonio que Pollicita pidió en la mañana de ayer 13 medidas de prueba; entre ellas, los informes a Agricultura y Migraciones.
En su presentación, la fiscalía había solicitado además que se requiriera un detalle de los viajes a Venezuela del ministro de Planificación, Julio De Vido; del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; de los ex secretarios de Agricultura Carlos Cheppi y Javier de Urquiza, y de José Olazagasti, secretario privado de De Vido. Por el momento, Ercolini sólo ordenó la medida respecto de Uberti.
"El ciento por ciento de sus viajes fueron oficiales", dijo a LA NACION Diego Pirota, su abogado defensor, que anunció que prepara una denuncia penal contra Sadous por falso testimonio. "Todos los viajes están justificados por decretos presidenciales o resoluciones ministeriales. Presentamos los documentos en la causa de la valija y volveremos a presentarlos si hace falta", afirmó.
Uberti tomó notoriedad pública por haber sido uno de los pasajeros del vuelo de Guido Antonini Wilson en el que se descubrió el maletín con 800.000 dólares. El escándalo lo obligó a renunciar, en agosto de 2007. El era el responsable de ese viaje.
En su escrito de ayer, el fiscal pidió también que se hiciera efectiva una "orden de presentación" al Ministerio de Planificación para que informara si Uberti había ejercido "la representación de la cartera" o había desempeñado "alguna función particular" en relación con el Convenio y explicara si había tenido "una designación formal en tal sentido". Reclamó, además, que el ministerio dijera qué funcionarios integraron las comitivas y cuáles fueron las agendas para cada uno de los viajes.
Por el momento, el juez no librará ese pedido. Planificación acaba de presentar una serie de documentos y Ercolini quiere analizarlos antes.
Tampoco citará aún como testigo a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que sucedió a Sadous en la embajada, ni a Luis Juez, que ayer dijo haber recibido quejas de empresarios por pedidos de coimas; otras dos medidas solicitadas por el fiscal.
Ercolini sí planea, en cambio, disponer esta semana las otras pruebas sugeridas por Pollicita, informó a LA NACION un funcionario que trabaja en la causa. Entre ellas, la citación de empresarios a los que, de acuerdo con los relatos recogidos en el expediente, les habrían pedido sobornos.
También, la ampliación de la declaración del ex agregado comercial en Caracas Alberto Alvarez Tufillo. El informó el año pasado a la Justicia que hubo ocho cables diplomáticos reservados, cruzados entre la delegación argentina y la Cancillería, sobre irregularidades en el manejo de un fideicomiso multimillonario con Venezuela. Cuando se presentó ante Ercolini, Alvarez Tufillo apuntó contra Uberti: sostuvo que era el coordinador de aquel fideicomiso y que en 2005 lo había llamado para que le dijera al entonces embajador, Sadous, que dejara de meterse.
Sadous había firmado un duro cable que hablaba de "corrupción" en el gobierno de Chávez y denunciaba la desaparición de 90 millones de dólares del fideicomiso. La maniobra habría consistido en sacar ilegalmente los fondos, venderlos en el mercado negro del dólar, recomprarlos en el oficial y quedarse con 13 millones de dólares. La defensa de Uberti sostiene que todo eso es irrelevante para la causa. Alega que lo que haya hecho Venezuela con el dinero no es responsabilidad del gobierno argentino.
Lo cierto es que el caso del fideicomiso fue el punto de partida de esta nueva investigación de supuestas coimas. Forma parte de una causa mucho más grande, que busca determinar, además, si "empresas amigas" del kirchnerismo fueron beneficiadas con la concesión de obras públicas, el manejo de áreas petroleras y la explotación del juego. El expediente se inició por una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que ayer dijo que hoy volverá al juzgado para pedir nuevas medidas de prueba.
LA CIFRA 500 millones de dólares
· Es el monto del convenio de exportación de maquinaria agrícola entre la Argentina y Venezuela.
CLAVES
· Negociación. Por el lado argentino, dos de los funcionarios que realizaron tratativas y viajaron varias veces al país caribeño fueron Javier De Urquiza, que en ese momento se desempeñaba como subsecretario de la cartera de Agricultura, y Carlos Cheppi, ex secretario de Agricultura, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ferviente admirador de Chávez. El INTA capacitó a técnicos venezolanos.
· Cámara empresarial. En el país, 35 empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola participaron de las primeras exportaciones.
· Embarque en problemas. El primer barco que partió con casi 500 máquinas, en 2006, estuvo varado más de 40 días en Río de Janeiro por una rotura.
El negocio de exportación de maquinaria agrícola a Venezuela, que comenzó a desarrollarse tras la firma en 2005 de un acuerdo que sellaron el ex presidente Néstor Kirchner y Hugo Chávez, empezó a quedar salpicado por las denuncias de coimas que supuestamente empresarios argentinos de ese sector tuvieron que pagar para poder vender a ese país. La semana pasada, al declarar ante la Justicia, Eduardo Sadous, ex embajador en Caracas, había expresado que los empresarios que querían hacer negocios con ese país tenían que abonar entre un 15 a 20% a funcionarios del Ministerio de Planificación.
Anteayer, en declaraciones al programa La cornisa, de América TV, el senador cordobés Luis Juez (Alianza-Frente Cívico) mencionó con nombre y apellido a una empresa de maquinaria agrícola que realiza negocios con Venezuela y uno de cuyos directivos le habría confesado que había que pagar una "comisión". Se trata de Pauny SA, una empresa de tractores de Las Varillas, Córdoba, que vende unos 400 equipos por año a ese país, lo que equivale al 45% de su producción. En los últimos días, y en consonancia con la visita que la semana pasada la presidenta Cristina Kirchner realizó a Caracas, Pauny negociaba la ampliación de las ventas con destino a Venezuela.
"Yo le puedo dar fe que cuando era intendente de Córdoba y estábamos buscando colectivos fuimos a Pauny ?la firma también hace colectivos?. El titular de esa empresa, el padre de "Pechito" López (el corredor de autos, José María López, que se llama igual que su padre), me contaba horrorizado cómo para poder vender tractores de Pauny al gobierno de Venezuela había una comisión integrada por funcionarios de la cancillería venezolana y hombres del Gobierno vinculados con De Vido que le pedían un 25 o 30%", expresó Juez. "Vivimos en la República Argentina, paraíso de la corrupción, gobernada por Néstor Kirchner I y por Cristina Fernández II, reina de la corrupción y la corruptela", fustigó el senador.
Ayer, desde la empresa le respondieron al senador cordobés con un comunicado. "Ante declaraciones formuladas a la prensa por el senador nacional Luis Juez y frente a innumerables requerimientos periodísticos, la empresa Pauny SA se ve en la obligación de desmentir categóricamente las expresiones vertidas por el mismo en el programa La cornisa. Remarcamos que las operaciones de venta efectuadas a Venezuela resultan posteriores al año 2005, muestra del desconocimiento de quien vertiera la información", dijo la empresa.
Críticas de Buzzi
A todo esto, Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), también fue crítico sobre la relación de los negocios con Venezuela. "El rumor era que había que arreglar con [el Ministerio de] Planificación porque sino no tenías cómo vender nada. Esto circulaba por todos lados", dijo ayer.
Al margen de la polémica que desató Juez, en 2005 los gobiernos de la Argentina y Venezuela firmaron un convenio para colocar en ese país maquinaria agrícola por US$ 500 millones en un plazo de cinco años. Cuando se selló el acuerdo, se hablaba de un mercado potencial de 6000 cosechadoras y 12.000 tractores. Hasta el momento, se ejecutaron negocios por US$ 330 millones. Para algunos empresarios, ese negocio tuvo altibajos en 2009 por la crisis internacional.
En un primer tramo de exportación, participaron 35 empresas agrupadas en la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma). Pese al convenio marco formal, algunas empresas desarrollaron una relación directa con Venezuela.
FRASES POLEMICAS
"Vivimos en la República Argentina, gobernada por Néstor Kirchner I y Cristina Fernández II, reina de la corrupción"
LUIS JUEZ
Senador Alianza Frente Cívico
"El rumor era que había que arreglar con el Ministerio de Planificación"
EDUARDO BUZZI
Federación Agraria Argentina
Entrevista / Martin Redrado, ex presidente del BCRA
En lo que parece ser parte de su proceso de duelo por no haber podido cumplir con su período completo al frente del Banco Central (un objetivo personal que, además, siempre juzgó saludable para la República), Martín Redrado le recomendó ayer a su sucesora en el cargo, Mercedes Marcó del Pont, que fuera "muy cuidadosa" con la expansión monetaria que genera la decisión del Gobierno de haber transformado esa entidad en un "apéndice del Tesoro".
"El 14 de diciembre decidieron que usarán al Central para financiar el gasto público hasta el fin del mandato [de Cristina Kirchner]. Fue lo que generó el conflicto", indicó ayer a La Nacion en una entrevista concedida para promocionar el libro Sin reservas (que presentará el sábado en la Feria del Libro), en el que hace un balance de su gestión al frente de la entidad.
-¿La gente pregunta a menudo por qué sólo cuando dejan el cargo algunos funcionarios descubren que todo está mal?
-No es mi caso. Siempre tuve algunas disidencias, pero en el marco de una relación de respeto profesional que se rompió por la inflexibilidad con que se plantearon los decretos sobre el uso de las reservas. Aquí el que cambió no fui yo, fue el Gobierno.
-¿Y hasta entonces?
-Nunca, ni Néstor ni Cristina Kirchner habían interferido hasta allí en lo que yo consideraba mi «metro cuadrado»: el manejo de las reservas, del tipo de cambio y del nivel de las tasas de interés. Hubo discusiones muchas veces, pero siempre, en definitiva, habían respetado los criterios profesionales del BCRA.
-Pero en el libro hace una autocrítica por haberse intentado escudar en el profesionalismo.
-Es cierto, creí que para este momento histórico de la Argentina necesitábamos y se iba a valorar el perfil profesional y autónomo del BCRA como un seguro para evitar nuevos quiebres monetarios. Pero está a la vista que fue un error...
-¿No es una mirada ingenua?
-¿Por qué?
-Desde 2007 en adelante, de alguna manera, el BCRA convalidó el proceso de deterioro en las cuentas públicas financiando cada vez más al Tesoro.
-¡Pero fue parte de una política anticíclica! Precisamente, para eso habíamos acumulado en la fase de fuerte expansión de la economía: para usar en circunstancias como las que se dieron en los años 2008 o 2009, cuando la incertidumbre era general y el mundo parecía que se hundía. Pero seguir recurriendo a estas herramientas cuando el ciclo cambió es claramente un error.
-¿No pensó que podían tomarlo como un recurso ordinario?
-No lo preveía. Siempre creí y bregué para una normalización de las variables monetarias y económicas. Por eso apoyé el concepto de, en este contexto, hacer las cosas para volver a los mercados voluntarios de crédito.
-¿Qué es lo que más le inquieta de la situación económica actual?
-La posibilidad de un desborde monetario. Lo expliqué días atrás ante los senadores. Si se suma el impacto de los decretos para pagar deuda, las utilidades que el Central le va a girar al Tesoro y los adelantos transitorios, estamos hablando de una inyección de $ 60.000 millones.
Por intervención cambiaria entrarían otros 36.000 millones, pero estimo que serán absorbidos por una demanda genuina de dinero como resultado del crecimiento de la economía y el proceso de monetización que supone. Pero el resto tendrá que esterilizarse porque, si no, generará presión inflacionaria en un contexto ya complicado.
-En este contexto ¿qué le recomienda a su sucesora?
-Que sea muy cuidadosa, porque no es lo mismo generar expansión monetaria por la compra de dólares que haciéndolo mediante transferencias a Hacienda: en el segundo caso, son billetes que hay forma de evitar que vayan inmediatamente a la calle.
Probablemente sea el ministro con menor calidad técnica que he conocido, pero con una gran capacidad de comunicación." Así describe en su libro Martín Redrado al ministro que se erigió en su contrincante directo en la crisis desatada por el uso de las reservas para pagar deuda: Amado Boudou.
Lo hace al recordar las circunstancias en que la presidenta Cristina Kirchner le comunicaría la decisión oficial de recurrir a ese activo para no quedar a merced "de los vaivenes de los mercados internacionales".
No era la primera vez que la Presidenta le había mencionado esa posibilidad, según recordó luego. A comienzos de marzo de 2008, antes de la cumbre de ministros de Economía y jefes de los bancos centrales del G-20 en Londres, la Presidenta ya se la había insinuado.
Otra mención a Boudou aparece en el capítulo en el que enumera las presiones que recibió para acelerar el ritmo de devaluación del peso.
Allí recuerda que el BCRA perdió US$ 3500 millones en reservas luego de que el Gobierno anunciara la eliminación del sistema de jubilación privada y que esa crisis le hizo, por primera y única vez, presentar la renuncia al cargo, que luego no le sería aceptada. "Cristina Kirchner dio a conocer la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino casi con la misma alegría que el 20 de diciembre de 2001 se anunció el default. A su lado, estaba el hombre dispuesto a llevar adelante todos los sueños de los Kirchner: Amado Boudou", recordó.
20100421 LN La Coalición Cívica culpó al Gobierno por el fallo. …remarcaron al _Gobierno los “errores” y la “demagogia! Oficial que hubo en el conflicto.
….”La derrota de la Argentina es enorme y debe quedar como aprendizaje, fue la Argentina la que llevó el tema a La Haya y el fallo debe ser acatado” afirmó Elisa Carrió. ..Según el ex senador Rodolfo Terragno, “lo que hizo el gobierno argentina en 2006 fue lamentable”. Para el dirigente radical, “daba ganas de llorar la pobre gente de Gualeguaychù engañada por demagogos que le habían hecho creer que Uruguay los estaba envenenando. Ahora oyen con desazón y perplejidad que no era así y que la justiciai internacional le da la razón a Uruguay” ….
Aún queda el obstáculo más complicado. …..El conflicto no careció de cierta hipocresía. Muchos aregentinos se envolvieron en el eslogan! “no a las papeleras” pero se referían sólo a las papeleras uruguayas, En la Argentina hay 12 papeleras distribuidas en varias provincias, algunas andan muy bien y otras usan tecnología muy vieja y muy peligrosa para el medio ambiente ……
La crisis institucional / Debate por los fondos coparticipables
Los senadores de la oposición emitieron ayer un duro pronunciamiento en el que califican como "meros delegados de un sistema autoritario" a los 14 gobernadores kirchneristas que publicaron una solicitada para rechazar la modificación del impuesto al cheque.
La nota está firmada por 32 legisladores que respaldan la mayoría con la que fue aprobada la iniciativa y reivindican la actuación del vicepresidente Julio Cobos, que avaló la sanción y giró el proyecto a Diputados.
"Rechazamos la solicitada en todos sus términos y recordamos a los gobernadores que ellos no son órgano de revisión de las decisiones legislativas que toma el Congreso de la Nación", es la frase con la que concluye el pronunciamiento, que reivindica la constitucionalidad de la votación del miércoles de la semana pasada.
En la solicitada, los mandatarios kirchneristas avalaron la postura del Poder Ejecutivo, que objeta lo actuado por el Senado por considerar que no alcanzó la mayoría calificada de la mitad más uno de miembros del cuerpo (37 votos, en el caso de la Cámara alta) que la Constitución exige para la sanción de iniciativas que modifiquen o creen asignaciones específicas.
Al respecto, el pronunciamiento de los legisladores expresa en su primer punto que "las leyes impositivas se aprueban por mayoría simple". El texto fue sancionado por 35 votos a favor y 33 en contra. "Con mayoría simple se devuelven los recursos a las provincias", agrega el texto.
El objetivo de la nota es responder a la solicitada que los mandatarios publicaron anteayer en un diario porteño. Es en ese sentido que en el tercer punto se asegura que la sanción del Senado "significa para las provincias argentinas entre 8000 y 10.000 millones de pesos más", razón por la cual exigen a los gobernadores que "expliquen en sus provincias por qué no necesitan" esos fondos.
Más aún, los senadores también rechazan que la votación haya sido inconsulta, tras lo cual recuerdan que "se hicieron convocatorias y se recibió en el Senado a los gobernadores que no tenían que pedir permiso para participar de las audiencias públicas".
Los legisladores también le dan un fuerte respaldo a Cobos. "El presidente del Senado actuó en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias", afirman los senadores, quienes recuerdan que el mendocino "fue elegido democráticamente por el pueblo argentino para cumplir el cargo que correctamente ejerce desde 2007".
Por último, el bloque opositor afirma que la coparticipación del impuesto al cheque no debería poner en riesgo la gobernabilidad, como sostiene el Poder Ejecutivo, "a menos que ese dinero se utilice con fines pocos transparentes", aclaran.
La confrontación del gobierno nacional con los medios de comunicación está llegando a niveles difíciles de imaginar dentro de un sistema democrático. El clima alrededor de la marcha en favor de la ley de medios hizo subir varios grados el conflicto. El Gobierno jugó fuerte por la movilización, a través de millones de pesos en spots televisivos canalizados a través del fútbol, que no es de todos ni es gratis. La convocatoria televisiva fue firmada por la Coalición por la Radiodifusión Democrática, pero es indudable que el aparato del Estado invirtió recursos y logística en esta nada sutil estrategia de "apriete" a la Justicia.
Los manifestantes llevaban carteles de alto calibre contra los periodistas y los medios. La ciudad amaneció empapelada con afiches de corte fascista que exponían a periodistas de reconocida trayectoria. La agresión a Fernando Bravo y a periodistas de Perfil, en los alrededores de la marcha, añadieron más tensión a una semana que había empezado con el jefe de Gabinete enfundado en una remera grosera y ofreciéndoles dinero a los "militantes blogueros K" por intervenir en la Web a favor del Gobierno.
Es evidente que para el Gobierno la suspensión de la ley de medios es un obstáculo para su política de eliminación y/o cooptación de determinados medios de comunicación. Por eso se han desplegado nuevas estrategias para avanzar en ese objetivo, aun con la ley suspendida. En los últimos días se apuran las medidas para la puesta en marcha del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. Desde la sanción del decreto 943/09, el 22 de julio de 2009, y del 1148/09, de septiembre del mismo año, vengo advirtiendo que la intención del Gobierno es anticiparse creando una plataforma digital estatal para la prestación de la nueva tecnología. Eso condicionará el futuro de la TV digital en nuestro país y multiplicará por cuatro, en principio, los canales oficiales.
De esta manera, el Gobierno se asegura más vías en busca de su hegemonía comunicacional y, además, pone en marcha una operación que arrojará suculentos beneficios para los empresarios llamados a construir el equipamiento necesario. Hablamos de más de mil cuatrocientos millones de pesos por salir de las arcas públicas, destinados a constituir una red conformada por 47 plantas retransmisoras, 150 transmisores y 1.200.000 decodificadores de un valor aproximado de $ 800 cada uno, más su correspondiente antena hogareña receptora, incluyendo los costos de producción de contenidos y mantenimiento de los cuatro canales estatales que transmitirán en esta primera etapa.
La televisión digital gratuita es un estándar al que debemos aspirar los argentinos. Como Brasil, Estados Unidos y otros países debemos comenzar a transitar el cambio tecnológico que permita a todos los argentinos recibir televisión de alta definición de manera gratuita. La particularidad de los decretos que firmó la Presidenta para comenzar a montar el sistema, como en ningún otro país del mundo, radica en que aquí se hace de manera exclusiva para el Estado, dejando fuera de la etapa de discusión, montaje y creación de la plataforma digital a la televisión privada. No están claras, entonces, las reglas que normará la migración tecnológica de los canales privados ni en qué plazo podrá iniciarse, ya que el Gobierno rápidamente se reservó los canales 22, 23, 24 y 25 para sí mismo (expulsando a los tenedores privados de frecuencias de esa banda), pero no previó en el corto plazo la asignación de frecuencias para que los canales de aire privados puedan comenzar a realizar sus pruebas y sus primeras emisiones.
Aquí aparece la principal diferencia que sostenemos con la ley de medios y con la estrategia oficial en materia de radiodifusión. Cristina Kirchner pretende una matriz de medios con preeminencia del sector público sobre el comunitario y el privado. Los desembolsos millonarios para la publicidad, el programa Fútbol para Todos y la programación ultraoficialista de Canal 7 anticipan cual será la línea editorial de los nuevos canales digitales, que a partir de la distribución gratuita de más de un millón de decodificadores en la Capital Federal y el conurbano garantizan la penetración del discurso oficial en los sectores en los cuales el Gobierno cree tener asegurado un piso electoral.
Es criticable, por otra parte, que al distribuir los decodificadores a los beneficiarios de los planes de asignación por hijo se constituya una suerte de doble discriminación. Por un lado, se condena a los sectores más vulnerables a recibir exclusivamente la voz oficial, ya que mientras se transmitan los cuatro canales oficiales no existirá diversidad de voces, y, por otro lado, se discrimina a aquellos sectores de bajos ingresos que, por no recibir el beneficio por hijo, no tendrán derecho a acceder al aparato, aun en las mismas condiciones sociales.
La brecha tecnológica no se achica si el acceso a la tecnología no es igualitario. La pluralidad de voces, imprescindible para democratizar la matriz de medios, no se logra imponiendo el discurso gubernamental por sobre todos los otros. La inversión necesaria para igualarnos con otros países en materia de tecnología no llegará nunca si se realiza sólo desde el Estado. Las reglas del juego deben ser claras y transparentes, para atraer inversiones que se conjuguen en una sinergia positiva y acorten los plazos en la migración de televisión analógica a la digital.
Está claro que con la instrumentación del sistema de televisión digital terrestre el Gobierno pretende ganar la batalla por la comunicación. Esta suerte de DirectTV kirchnerista comprometerá millones del presupuesto nacional. Podemos señalar sin temor a equivocarnos que, sumando los montos asignados al emprendimiento digital, los 1200 millones estimados por año en publicidad oficial y los casi 800 millones del contrato con la AFA, estaríamos cerca de los 3400 millones de pesos.
Tal como en el conflicto con el campo, el Gobierno está dispuesto a todo menos a sincerar los números del presupuesto vigente. Si en el Congreso finalmente lográramos abrir y analizar los gastos previstos para el año en curso, la sociedad podría advertir que para financiar la batalla por la comunicación "o madre de todas las batallas", como la definen desde el Gobierno se compromete casi el 20% del polémico fondo de desendeudamiento. Se comprueba, así, que el pago de deuda con reservas se realiza para poder tener la caja disponible y sin restricciones a la hora de acumular poder, con miras a las elecciones de 2011.
La autora es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (UCR).
20100425 LN El Gobierno ordenó impedir que la Corte tenga más poder La Presidenta envió a sus diputados romper el dialogo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura ………
Se cumplieron 10 años y el mayor escándalo de corrupción de los últimos tiempos que vivió el Congreso sigue impune: no hay un solo condenado ni detenido en el caso de los sobornos en el Senado.
En este nuevo aniversario de la controvertida votación, la causa parece estar, por primera vez, algo más cerca de una sentencia. El tribunal oral está terminando las últimas medidas preliminares y, según informaron fuentes judiciales, es probable que a principios del año próximo comience el juicio.
El objetivo del proceso será determinar si el gobierno de Fernando de la Rúa sobornó a senadores peronistas para que aprobaran la ley de reforma laboral, sancionada el 26 de abril de 2000 y conocida como ley Banelco. A raíz del escándalo, renunció el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez.
De la Rúa será uno de los acusados que enfrentarán al tribunal. También su ex secretario de inteligencia Fernando de Santibañes; su ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, y los senadores peronistas Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda. El banquillo tendrá a un hombre más: el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien hace seis años confesó que se había ocupado de entregar los sobornos.
"Sufrí mucho todos estos años. Veía que yo estaba muy mal mientras los otros seguían haciendo política, pero ahora tengo una esperanza. Cuando haya una condena para todos, incluso para mí, voy a poder cerrar la etapa y seguir adelante", dijo Pontaquarto, de 47 años, en diálogo con LA NACION.
Pontaquarto es todavía parte del programa de protección de testigos. "Lo que más me cuesta es reinsertarme laboralmente", relató el ex funcionario, que no tiene trabajo. La tutela que le da el Gobierno incluyó un subsidio durante los primeros seis meses; hoy, sólo le proporciona custodia.
Durante los últimos años, Pontaquarto estuvo profundamente deprimido, se divorció e intentó suicidarse. "Me salvó mi nueva mujer", dijo.
En su declaración ante Daniel Rafecas -el juez federal que investigó el caso, dictó los procesamientos y elevó el caso a juicio oral-, Pontaquarto relató que la misma noche que se sancionó la ley de reforma laboral él fue al departamento del senador Emilio Cantarero y le entregó los 4.300.000 pesos que se repartirían entre los senadores.
La ruta del dinero
El dinero, informó, lo había retirado de la SIDE el 18 de abril de 2000. Los investigadores consideraron corroborada su versión cuando detectaron una llamada hecha a Pontaquarto esa misma tarde desde el teléfono de Gladys Mota, la secretaria de Santibañes.
Para Rafecas, el relato del arrepentido fue la "columna vertebral" de la causa, que se cerró en agosto de 2006. Pero restaba aún definir la situación de De la Rúa.
La investigación en su contra corría por separado y se terminó en octubre del año pasado. Entonces, todos los procesados quedaron en condiciones de ser juzgados en un proceso único, tal como querían los magistrados del Tribunal Oral Federal N° 3, quienes tendrán a su cargo el juicio.
Los diez años que demoró la investigación hicieron que dos de los acusados quedaran en el camino: el peronista Cantarero, que fue declarado inimputable por su deteriorado estado de salud, y el ex presidente provisional del Senado José Genoud, que se suicidó en septiembre de 2008.
UN CASO
EMBLEMATICO CARLOS ALVAREZ
Vicepresidente 1999-2000
El líder del Frepaso impulsó, como titular del Senado, la investigación de las coimas apenas se hicieron públicas las primeras sospechas. Renunció ante la falta de apoyo del gobierno que integraba. Su salida marcó el inicio de la debacle de la administración de Fernando de la Rúa.
EL ESCANDALO
· La votación . La reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Diputados con apoyo de la Alianza y el rechazo del PJ. En el Senado se requería el voto peronista para que el proyecto se convirtiera en ley. Eso ocurrió el 26 de abril de 2000.
· La Banelco . Hugo Moyano, entonces jefe de la CGT disidente, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para los senadores del PJ tenía "la Banelco". Fue el primer indicio de las coimas.
· Imparable . Las versiones se hicieron incontrolables, hasta que uno de los senadores contó el caso en una nota con La Nacion. La Justicia complicó a una decena de senadores justicialistas.
· El arrepentido . Años después, el ex secretario legislativo Mario Pontaquarto contó cómo se había repartido entre los senadores peronistas dinero salido de la SIDE. ……….
Hace pocos días, al hablar en un acto de homenaje al levantamiento del Gueto de Varsovia, el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo palabras muy significativas. Señaló que, a menudo, los procesos malignos, que concluyen luego en catástrofes lamentables, comienzan inadvertidamente, con hechos que no suscitan una respuesta fuerte e inmediata, quizá porque lucen pequeños y no se los comprende como parte de una escalada. "Las sociedades -advirtió Lorenzetti-se adormecen cuando comienzan a tolerar estos pequeños actos [...] las sociedades son fuertes cuando reaccionan."
No sé si era intención del magistrado aludir de modo indirecto, con esas reflexiones, a hechos que ocurren actualmente frente a nuestros ojos; tampoco quiero abusar de las interpretaciones.
Diré solamente que los conceptos del doctor Lorenzetti me parecieron muy adecuados para analizar la inquietante situación de una Argentina que observa perpleja, y aún sin respuesta adecuada, una cadena de agresiones y de desvíos del orden democrático constitucional y hasta del sentido común.
En los últimos días esa seguidilla alcanzó un nivel más elevado y, si se quiere, inédito.
El Poder Ejecutivo, utilizando medios públicos y anuncios financiados con dineros de todos, convocó a una demostración destinada a que sus seguidores, amigos y aliados hostigaran a la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema. Levantaron un escenario ante la puerta del Palacio de Tribunales y atacaron al máximo tribunal de la Argentina. "Tenemos una Suprema Corte decrépita -dijo, por ejemplo, la señora de Bonafini-; mientras ellos no nos respeten, nosotros no los vamos a respetar. Las madres estamos hartas de esta Suprema Corte."
Los ataques del oficialismo contra la Justicia no son nuevos. Asistimos desde hace semanas a una acción coordinada del Gobierno para intimidar a los jueces: los delegados de la Casa Rosada en el Consejo de la Magistratura llaman "manzanas podridas" a los magistrados que no se someten a sus presiones, pretenden aplicarles regímenes de jubilación forzada; el jefe del Gabinete instruyó a la policía para que incumpliera una orden judicial; la propia titular del Poder Ejecutivo llegó a anunciar que desobedecería una disposición de la Justicia y acto seguido empleó la cadena nacional para vulnerar la intimidad de una jueza cuyos fallos le disgustaban.
Esa cadena de "pequeños actos" se revela ahora como una blitzkrieg que tiene por objetivo a la Corte. Es indispensable que la sociedad dé una clara señal en defensa de la Justicia, de la división de poderes, del orden constitucional.
La función de la Justicia "es poner límites, fortalecer las instituciones", acaba de señalar el doctor Lorenzetti.
Le toca al Poder Judicial velar por el respeto del pacto de convivencia. Esencialmente de dos asuntos de importancia mayor: la tutela de los derechos fundamentales -la vida, la libertad personal, en primer término- y la defensa del principio, propio del Estado de Derecho, de la sujeción a la ley de todos los poderes públicos.
Debe quedar absolutamente claro que tocar el poder de la Justicia es atravesar agresivamente la frontera misma del orden democrático constitucional. Y que esa embestida, que ya se ha iniciado con "pequeños actos", debe ser inmediatamente detenida
. 20100428 LN Kirchner y la Unasur
La falta de neutralidad hace del ex presidente argentino un mal candidato para un cargo que requiere un conciliador
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) nació bajo el signo de la controversia. La definición misma de esa unidad adoptó, por lo menos en apariencia, el más superficial de los criterios: el de la mera espacialidad. América del Sur no es un sujeto histórico. Es, apenas, un sujeto geográfico.
Esta peculiaridad podría ser inofensiva si no entrañara una exclusión. Pero la idea de América del Sur suele formularse en oposición a América del Norte. Y esa clasificación implica una amputación: la de México, país que está unido al resto de América latina por lazos históricos, lingüísticos, culturales y económicos.
Con la segregación de México, la región pierde un aporte de extraordinaria riqueza.
Quienes justifican ese recorte aducen que los mexicanos se han integrado a un bloque presidido por los Estados Unidos, el Nafta. Este diseño internacional, habitual en cierta literatura brasileña de tintes nacionalistas, propone la existencia de dos Américas, una con capital en Washington, y la otra, en Brasilia. Es una visión empobrecedora, que ignora que una de las muchas contribuciones de la sociabilidad mexicana al resto de los países de raigambre latina es su proximidad, tensa y osmótica, con los Estados Unidos, en especial con la comunidad de origen hispano que está cobrando un protagonismo creciente en ese país.
Pero las limitaciones de la Unasur no son sólo conceptuales. También su construcción administrativa adolece de vicios inquietantes. El primero de ellos es su informalidad. Hasta ahora sólo cuatro países han ratificado el Tratado Constitutivo de esta liga: son Bolivia, Ecuador, Guayana y Venezuela. Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y la Argentina todavía no lo han hecho. Esta demora le da a la Unión una densidad apenas superior a la de un club de amigos.
La postulación de Néstor Kirchner como secretario general del bloque, realizada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, viene a agudizar estas debilidades. Como presidente de la República, Kirchner no participó de la reunión fundacional de la Unasur, celebrada en Cuzco en diciembre de 2004, y se hizo representar por su vice, Daniel Scioli, en un gesto que sus colegas de entonces entendieron como un desaire. En aquel tiempo, los Kirchner menospreciaban la Unasur porque interpretaban, no sin razón, que era una criatura en cuyo nacimiento había tenido mucho que ver Eduardo Duhalde.
Aquella ausencia de Kirchner confirmó el desdén del santacruceño por las relaciones internacionales. Si les prestó atención, fue sólo para atizar conflictos: desde el que se abrió con Chile por la reticencia a cumplir con la provisión de gas, hasta el que todavía no se cerró con Uruguay, por la instalación de una fábrica de pasta de celulosa en Fray Bentos. Este último episodio fue el motivo de que, a contrapelo de una secular tradición bilateral, el ex presidente Tabaré Vázquez vetara al ex mandatario argentino para coordinar la Unasur.
Sin embargo, en la promoción de Kirchner hay algo más insólito y es que la comunidad regional renuncia con ella a la más mínima neutralidad. En principio, el aspirante a coordinar la Unasur es el enfático simpatizante de una corriente ideológica, de rasgos nacionalistas arcaicos, como la liga bolivariana que encabeza Hugo Chávez e integran Rafael Correa y Evo Morales. El vínculo de los Kirchner con el emir caribeño incluyó el imperdonable menosprecio de otras naciones, como Colombia. Durante su discurso de asunción de mando, la Presidenta maltrató a Alvaro Uribe pidiéndole impertinentes explicaciones por su política contra las FARC. Días después, su esposo recorrió la selva colombiana de la mano de Chávez con la intención de liberar rehenes. Estos episodios no serían más que demostraciones de mala praxis diplomática, de no existir el clima prebélico que el caudillo venezolano alienta contra Colombia. La Presidenta tuvo ocasión de experimentarlo hace pocos días, cuando asistió, en Caracas, a un interminable desfile militar, parodia de aquellos otros que embelesaban a los dictadores nacionalistas en los años cuarenta.
Estos antecedentes deberían ser suficientes como para que la comunidad regional dude de la conveniencia de llevar a Kirchner a un cargo que demanda, antes que otra cosa, imparcialidad. Pero desde hace tres años, el vínculo del kirchnerismo con Venezuela está fundadamente sospechado de corrupción. No es un buen comienzo que la secretaría general de la Unasur se inaugure con un ex mandatario acusado en distintas instancias de la Justicia de los Estados Unidos por recibir dinero negro de Chávez para la campaña electoral de su esposa. Ese rasgo lamentable del vínculo bolivariano ha vuelto a aparecer con la denuncia de un embajador argentino sobre la exigencia de sobornos en el intercambio comercial entre los dos países.
Tal como lo expresamos el 5 de este mes en estas columnas, la falta de neutralidad hace de Kirchner un mal candidato a ejercer una función multilateral que tiene también una dimensión doméstica todavía más preocupante. Los líderes de la región no están por poner la Unasur en manos de un ex presidente, sino en las de un candidato a presidente. Es ya una circunstancia inconveniente que un funcionario internacional encabece un partido político. Pero Kirchner está lanzado a conquistar la Presidencia en 2011. Su postulación y posterior designación al frente de la secretaría general podría ser entendida, entonces, como una intervención, sin duda involuntaria, en los asuntos internos de la Argentina. Esa posibilidad desmerecerá también a la entidad internacional, ya que estará dando sus primeros pasos de la mano de alguien a quien la lucha partidaria por el poder le impide ejercer una representación integral de su país.
Frente a estas graves deformaciones, hay faltas a la seriedad que resultan detalles. Una es el hecho de que la secretaría general de la Unasur no se inaugure en su sede reglamentaria, la ciudad de Quito, sino en Buenos Aires, para facilitar a Kirchner su dedicación a la política argentina.
Para los ciudadanos argentinos estas excentricidades, que bordean lo irregular, son el pan de cada día. Pero no deja de llamar la atención que la confusión del Estado con el partido, el abandono de la igualdad ante la ley, el espíritu de facción y la contaminación de lo público con lo privado, tan frecuentes en nuestro país, adquieran una extensión internacional en el preciso momento en que Kirchner descubre, al cabo de toda una vida política, la existencia del mundo exterior.
20100427 Controlará libros contables de Siemens Argentina …….por Hugo Alconada Mon.
20100428 LN OTRA VEZ CON MARTINEZ DE HOY UNA PERSECUCION INTERMINABLE. …Para ello, en el 2006, es decir, dieciocho años más tarde, sin ninguna prueba adicional, se reabre el proceso judicial con el pretexto de recalificar forzada y retroactivamente los mismos hechos como delito de lesa humanidad. Después la sentencia de la Cámara Federal, se dictó un indulto que no pedí ni me benefició, ya que swe me había desvinculado expresamente de los hechos investigados, La recalificación de los hechos para anular el indulto no cambia, sin embargo, la declaración judicial anterior.
El único objetivo del actual proceder es intentar forzar mi encarcelamiento por la sola circunstancia de existir un proceso judicial en curso recaratulado como de “lesa humanidad”, aun cuando hace veintidós años se me declaró judicialmente inocente de los mismos hechos.
La trampa es obvia. Pero en la Argentina de hoy, con sus instituciones degradadas, el Estado de Derecho reducido a una mera apariencia y un gobierno que continúa promoviendo abiertamente el enfrentamiento entre los argentinos, no parece que existan frenos institucionales que contengan la ensañada y larguísima persecución en mi contra, que no tiene precedentes en el país. José A. Martínez de Hoy
El negocio de exportación de maquinaria agrícola a Venezuela, que comenzó a desarrollarse tras la firma en 2005 de un acuerdo que sellaron el ex presidente Néstor Kirchner y Hugo Chávez, empezó a quedar salpicado por las denuncias de coimas que supuestamente empresarios argentinos de ese sector tuvieron que pagar para poder vender a ese país. La semana pasada, al declarar ante la Justicia, Eduardo Sadous, ex embajador en Caracas, había expresado que los empresarios que querían hacer negocios con ese país tenían que abonar entre un 15 a 20% a funcionarios del Ministerio de Planificación.
Anteayer, en declaraciones al programa La cornisa, de América TV, el senador cordobés Luis Juez (Alianza-Frente Cívico) mencionó con nombre y apellido a una empresa de maquinaria agrícola que realiza negocios con Venezuela y uno de cuyos directivos le habría confesado que había que pagar una "comisión". Se trata de Pauny SA, una empresa de tractores de Las Varillas, Córdoba, que vende unos 400 equipos por año a ese país, lo que equivale al 45% de su producción. En los últimos días, y en consonancia con la visita que la semana pasada la presidenta Cristina Kirchner realizó a Caracas, Pauny negociaba la ampliación de las ventas con destino a Venezuela.
"Yo le puedo dar fe que cuando era intendente de Córdoba y estábamos buscando colectivos fuimos a Pauny ?la firma también hace colectivos?. El titular de esa empresa, el padre de "Pechito" López (el corredor de autos, José María López, que se llama igual que su padre), me contaba horrorizado cómo para poder vender tractores de Pauny al gobierno de Venezuela había una comisión integrada por funcionarios de la cancillería venezolana y hombres del Gobierno vinculados con De Vido que le pedían un 25 o 30%", expresó Juez. "Vivimos en la República Argentina, paraíso de la corrupción, gobernada por Néstor Kirchner I y por Cristina Fernández II, reina de la corrupción y la corruptela", fustigó el senador.
Ayer, desde la empresa le respondieron al senador cordobés con un comunicado. "Ante declaraciones formuladas a la prensa por el senador nacional Luis Juez y frente a innumerables requerimientos periodísticos, la empresa Pauny SA se ve en la obligación de desmentir categóricamente las expresiones vertidas por el mismo en el programa La cornisa. Remarcamos que las operaciones de venta efectuadas a Venezuela resultan posteriores al año 2005, muestra del desconocimiento de quien vertiera la información", dijo la empresa.
Críticas de Buzzi
A todo esto, Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), también fue crítico sobre la relación de los negocios con Venezuela. "El rumor era que había que arreglar con [el Ministerio de] Planificación porque sino no tenías cómo vender nada. Esto circulaba por todos lados", dijo ayer.
Al margen de la polémica que desató Juez, en 2005 los gobiernos de la Argentina y Venezuela firmaron un convenio para colocar en ese país maquinaria agrícola por US$ 500 millones en un plazo de cinco años. Cuando se selló el acuerdo, se hablaba de un mercado potencial de 6000 cosechadoras y 12.000 tractores. Hasta el momento, se ejecutaron negocios por US$ 330 millones. Para algunos empresarios, ese negocio tuvo altibajos en 2009 por la crisis internacional.
En un primer tramo de exportación, participaron 35 empresas agrupadas en la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma). Pese al convenio marco formal, algunas empresas desarrollaron una relación directa con Venezuela.
FRASES POLEMICAS
"Vivimos en la República Argentina, gobernada por Néstor Kirchner I y Cristina Fernández II, reina de la corrupción"
LUIS JUEZ
Senador Alianza Frente Cívico
"El rumor era que había que arreglar con el Ministerio de Planificación"
EDUARDO BUZZI
Federación Agraria Argentina
Ocho ex secretarios de Energía, los mismos autores de un informe sobre abastecimiento silenciado hace un año por la Universidad de Buenos Aires (UBA), darán a conocer hoy un pedido al Gobierno por una de las cuestiones más inescrutables de la política exterior: las compras de fueloil que la Argentina hizo a Venezuela.
Enrique Devoto, Jorge Lapeña, Alieto Guadagni, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat y Emilio Apud, todos ellos especialistas del área, le enviaron hace quince días una carta al secretario de Energía, Daniel Cameron, en la que le reclaman información acerca de esas operaciones.
Los ex funcionarios fueron protagonistas de una controversia hace un año cuando, en medio de una fuerte presión gubernamental, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Carlos Rosito, canceló el acto en el que preveían difundir un informe crítico de la situación energética.
El texto que le enviaron a Cameron, que hasta ayer no tenía respuesta alguna, consigna que hacen el pedido "en el entendimiento de que la transparencia de los actos de la administración permite un mejor funcionamiento de la república".
Entre otras cosas, cuestiona, por ejemplo, que se compre combustible cuando la demanda interna está "plenamente satisfecha" y agrega que el análisis de los números "tampoco es claro, porque Enarsa no procede a adquirir el fueloil mediante un proceso abierto y competitivo".
Dudas
Otro de los planteos es por qué la Argentina le compra a Pdvsa combustible de peor calidad que el que vende a otros países.
"Según las cifras de comercio exterior publicadas por Indec, nuestro país importó 982.292 toneladas de fueloil en 2007, pero, al mismo tiempo, se exportaron 1.650.169 toneladas. Según el Indec, se generaron divisas por exportaciones en el orden de los 586,3 millones de dólares (355 dólares por tonelada) y las importaciones costaron 385,7 millones de dólares (o sea, 392 dólares por tonelada). Esta diferencia natural entre valores implicó un quebranto económico de 36.344.800 dólares en este año 2007 según las cifras del Indec", dice la carta, que justifica esas divergencias en las diferencias de calidad.
"Este quebranto probablemente bien medido sea superior, ya que el fueloil que exportamos se destina a mercados muy exigentes en términos ambientales (como Estados Unidos), mientras que el que importamos (según lo expresa la resolución 150 de 2008) es de menor calidad ambiental por contener mas azufre", agrega la misiva.
PIDEN CITAR A EMPRESARIOS
Los diputados de la Coalición Cívica pidieron convocar al presidente de Cafma (Confederación Argentina de Maquinarias Agrícolas) y a otros empresarios vinculados con el Fideicomiso que el Ministerio de Planificación Federal y Venezuela tenían acordados.
Finalmente, la Corte Internacional de Justicia dictó su sentencia sobre el conflicto que enfrenta a nuestro país con Uruguay desde 2003. Esa instancia está concluida.
La sentencia sobre la planta de pasta de celulosa ubicada en Fray Bentos, sobre la margen oriental del río Uruguay, indica que no se han contaminado las aguas del río. El fallo es inapelable.
Respecto del Estatuto del Río Uruguay, firmado en 1975, el más alto tribunal internacional de la Organización de las Naciones Unidas sostuvo que Uruguay cumplió acabadamente con sus disposiciones sustanciales, pero violó sus procedimientos por aprobar el emprendimiento sin consultar en forma previa a la Argentina.
Conforme con el artículo 59 del Estatuto del referido tribunal, la reciente decisión es obligatoria para las dos partes (es decir, los dos Estados). Esto supone que sus tres poderes están obligados a acatarla y darle cumplimiento.
Concluida esa etapa del diferendo, no puede olvidarse que, en un clásico arrebato populista, alguna vez el presidente Néstor Kirchner, con el corsódromo de Gualeguaychú como curioso escenario, fogoneó exagerada e irresponsablemente que el conflicto con Uruguay era una "causa nacional".
Tras la sentencia del tribunal, las medidas de protesta no han cesado. Los cortes de ruta continúan como si nada hubiera pasado. Esto es un desafío y una provocación a la vez.
Es, asimismo, una muestra más de la anarquía en la cual se ha caído, resultado de la conducta de una administración que ha eludido sistemáticamente el cumplimiento de su deber, el de gobernar, por los posibles "costos políticos" que esto pudiera causar y ha provocado irresponsablemente el fenómeno de la anomia, de alguna manera definible como lo opuesto a la obligación de gobernar.
Es reprochable, en este sentido, la actitud del ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti, hasta no hace mucho aliado del oficialismo: acaba de participar en la protesta contra el gobierno nacional.
Aprovechó la oportunidad para confirmar públicamente, y muy suelto de cuerpo, que mantendrá la querella penal que inició contra los directivos de la compañía Botnia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay sin perjuicio, o a pesar, del contenido del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Es sorprendente. Ante esas declaraciones de tono marcadamente populista de uno de los principales responsables de la crisis con Uruguay, es necesario llamar a la prudencia y convocar a la reflexión, y recordar que las decisiones de ese tribunal son obligatorias para las partes en litigio.
Los jueces federales de nuestro país son parte del Estado argentino, razón por la cual no podrían ignorar los alcances de la decisión recaída en la causa que se tramitó en La Haya, la cual, además, fue promovida por el Estado nacional.
El tema de los cortes arbitrarios de rutas y puentes internacionales, cabe recordar, ha sido objeto de una sentencia arbitral que parece olvidada. Es la dictada el 6 de septiembre de 2006 en el seno del Mercosur. En esta otra causa, ambos países discutieron el efecto de los dañinos cortes de rutas y puentes internacionales por parte de ciudadanos argentinos.
No hay que olvidar que un Estado puede tener que responder por su conducta omisiva, esto es, por su falta de acción. El tribunal actuante concluyó que, en esto, la Argentina omitió actuar con la "conducta debida" y tuvo "falta de diligencia" en la prevención o corrección de actos de particulares que podían causar perjuicio a otro Estado. Por ello, el tribunal dijo entonces que la omisión de conducta del gobierno argentino podía "llegar a comprometer la responsabilidad del Estado".
Nuestro país desacató esa sentencia. La ignoró. Porque, con una arrogancia imperdonable, hizo simplemente caso omiso de lo resuelto por el tribunal del Mercosur. Es la expresión vergonzosa de lo que, muy poco después, el 8 de junio de 2007, otro tribunal del Mercosur definió con inusual crudeza como una conducta incumplidora que ha causado "daño institucional" al bloque regional.
Para un país que se precia de cumplir con el derecho internacional esto debió haber provocado un cambio de conducta. No fue así, sin embargo.
La decisión arbitral, por sus posibles implicancias tras el fallo del tribunal internacional de La Haya, no puede seguir siendo ignorada sin el riesgo de incurrir, de pronto, en graves irresponsabilidades.
Gobernar es el deber ineludible del gobierno nacional. Cumplir con los fallos internacionales también lo es. De lo contrario, debe ser responsable el Estado de los perjuicios que de ello se deriven
20100427 Urg.24 Palmat y luego Madero Trading –Panamá, se quedaba con el 15% de las ventas a Venezuela
A través de Palmat International, una compañía con sede en Miami Florida, las empresas argentinas habrían pagado los sobornos a funcionarios. Luego, pasó a compatir esa comisión con Madero Trading, creada en 2007, con domicilio legal en Panamá, casi un paraíso fiscal y bancario. No es un delito que una empresa acepte pagar una comisión a una intermediaria. Pero surgen varias sospechas, entre tantas: ¿quién eligió a Palmat International?, ¿qué hay de Madero Trading?, ¿hubo una licitación para tan
La firma
Palmat International fue creada en 1995, pero una de sus
continuadoras, Madero Trading, recién en agosto del 2007 y, sin antecedentes,
pasó al año siguiente a cobrar comisiones... Casualmente, tras que estallara el
escándalo de la valija de Antonini Wilson.
De la combinación de ambas surgió otro detalle que llama la atención: que se haya elegido a Panamá, un país que está al borde de ser un paraíso fiscal y bancario, como nuevo domicilio legal.
Palmat tiene domicilio en el 10620 NW 27 St, Miami Florida, USA y fue beneficiada con el 15% de comisión en las ventas de maquinaria agrícola que fueron intercambiadas por fuel oil mediante un convenio de Cooperación Económica firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez en el 2005.
La existencia de Palmat fue revelada en actuaciones por la Defensoría del Pueblo de la Nación en 2007 después de una denuncia realizada por un particular.
El ex defensor Eduardo Mondino explicó que "no se hizo denuncia porque las empresas firmaron voluntariamente la cesión de ese dinero a la intermediaria". Ayer, el actual defensor adjunto a cargo de la Defensoría Anselmo Sella, envió a la Justicia el expediente 3162/07 para que sea sumado a la causa que tienen a su cargo el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. El juez ordenó ayer nuevas medidas de prueba, mientras el senador Luis Juez afirmó que el padre del piloto "Pechito" López le habló de coimas para vender tractores a Caracas.
Unas 20 empresas de maquinaria agrícola firmaron el "Contrato de agencia para la venta de maquinaria agrícola al Ministerio de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela". Argentina fue representada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA). En el contrato, las empresas se comprometían a pagarle comisión a una intermediaria. No es usual que existan intermediarios en acuerdos entre estados. Además, Palmat exigía a las empresas un contrato de "exclusividad". Y éstas debían pagar el 10% de las ventas en carácter de "comisión por gestión de venta" y un 5% como "recupero de los gastos".
De una cifra similar habló el ex embajador Eduardo Sadous cuando contó que los empresarios le habían revelado que había que pagar comisiones.
En el contrato se fijó como jurisdicción para el caso de algún reclamo a los tribunales de Florida, USA. Las empresas tenían 5 días después de recibidos los pagos para depositar la comisión en una cuenta del Regions Bank, en USA.
Palmat luego fue reemplazada, cuando se amplió el contrato con Venezuela, por la combinación de Palmat Intertade S. A. y Madero Trading. La comisión se dividía en un 12% para Palmat y un 3% para Madero, una firma con domicilio en Alicia Moreau de Justo 1720, 3ª 1 en la Capital. La nueva Palmat fijó domicilio en Panamá.
La continuidad entre las dos Palmat está marcada por el apoderado de ambas que es el venezolano José María Carrasquero. Madero Trading fue creada en agosto de 2007 y ya en marzo de 2008 pasó a cobrar comisiones.
El representante de
Madero Trading es José Ernesto Rodríguez quien también figura en la empresa que
se quedaba con el 3% de la comisión en la segunda etapa del contrato y aparece
en otra sociedad, según publica hoy el diario '
Clarín'. En el mismo domicilio que Madero Trading y con Rodríguez
como representante titular existe una sede argentina del Banco de Guayana C. A.
El domicilio del Banco de Guayana es en el Edificio Los bancos, Alta Vista,
Puerto Ordaz, Venezuela. A partir de estos datos, tal vez se pueda a llegar a
investigar con profundidad a dónde iban a parar las comisiones pagadas para
comerciar con Venezuela.
20100428 LN Estensoro: “Nadie puede promover un linchamiento”
……..Entre los señalados están Joaquín Morales Sola … víctimas de una campaña de afiches anónima contra el grupo Clarín. “ Todos respetamos a Bonafini por su p’apel en los 70 u 80, pero eso no la habilita parqa promover el linchamiento de personas a su antojo” sostuvo Estensoro. >La senadora opinó que la titular de Madres de Plaza de Mayo “hoy actúa como una vocera de Gobierno y está enjuiciando a los que se oponen a los Kirchner, no a los que defienden a Videla … sostuvo que los periodistas agraviados no están acusados de ningún crimen …
20100429 LN Libros y violencia
Son una muestra de barbarie e intolerancia los hechos de violencia protagonizados por adictos al oficialismo en la Feria del libro.
…Es una payasada que mientras en la Argentina se quiere presentar al país como un campeón de los derechos humanos haya gente, comprometida con esa hipocresía, que salga a testimonial su solidaridad con el régimen autoritario de América….Con todo ninguno de los hechos de la dimensión de los ocurridos hasta aquí en la Feria del Libro pudo haberse realizado sin algún tipo de apañamiento oficial. Lo prueba hasta el paso en falso del secretario de Cultura haber dicho casi como una disculpa, que ha “voces ahogadas y asfixiadas” y aludido a que esto ocurre en medio de la controversia por la ley de medios…..
20100429 LN Coimas: primeras pruebas de pagos extras ……….
20100429 LN El intermediario que estaba en los dos extremos del negocio …..
20100429 LN La Cámara de Diputados aún no ratificó el tratado de la Unasur.
Una llamativa paradoja rodea la nominación de Néstor Kirchner a presidir la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur): el país aún no es socio formal de ese bloque regional, ya que el Congreso aún no convirtió en ley el tratado constitutivo que los países integrantes suscribieron en mayo de 2008.
"Kirchner pretende ser presidente de un club del cual todavía no es socio", graficaba ayer, no sin cierta ironía, un encumbrado diputado opositor que sigue al detalle los vaivenes diplomáticos domésticos.
En efecto, según pudo comprobar La Nación, en septiembre de 2008 el Gobierno envió al Congreso el tratado de constitución de la Unasur para su ratificación parlamentaria, trámite formal que se exige para que efectivamente nuestro país sea miembro de ese bloque regional. Tres meses después, el 17 de diciembre de ese año, el Senado le dio media sanción y lo giró a la Cámara de Diputados. Sin embargo, este cuerpo aún no se expidió, por lo tanto el tratado todavía no es ley.
Lo sugestivo es que la demora lleva un año y medio y pudo haberse aprobado sin mayores dificultades, pues los diputados oficialistas no sólo dominaban numéricamente la Comisión de Relaciones Exteriores ?que era presidida por un hombre incondicional del Gobierno, el sanjuanino Ruperto Godoy?, sino también la Cámara de Diputados.
Ahora la situación cambió rotundamente en el Congreso: la oposición domina la Comisión de Relaciones Exteriores y, también, el quórum en el recinto de la Cámara baja.
La Unasur es un bloque integrado por Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y la Argentina. Para presidir este organismo, Kirchner debe contar con el apoyo unánime de los mandatarios de esos países, apoyo que no obtuvo en 2008 debido a la reticencia del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez por el conflicto por las papeleras y el corte de ruta en Gualeguaychú. Sin embargo, la llegada de José Mujica al gobierno uruguayo y la promesa de apoyar la candidatura de Kirchner auguran la posibilidad de que el ex presidente sea elegido presidente de ese bloque el martes próximo, en Buenos Aires. Por esa razón, en las últimas semanas se murmuraba que Kirchner abandonaría la Cámara baja para ocupar sus nuevas funciones diplomáticas y que para ello renunciaría a su banca o bien pediría una licencia.
La Coalición Cívica está decidida a entorpecer su camino. Los diputados Patricia Bullrich y Fernando Iglesias presentaron en los últimos días un proyecto de declaración para expresar el rechazo a que Kirchner presida la Unasur. "En 2004, siendo presidente de la Nación, rechazó la conformación del bloque, demostrando desinterés por la integración regional", fundamentaron los legisladores.
El tema será debatido el miércoles próximo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Alfredo Atanasof (Peronismo Federal).
Los negocios con Venezuela / Derivaciones de la denuncia de un embajador
El presidente del Banco Guayana, Oscar Giménez, entró en el Banco Nación la primera semana de marzo de 2007, con el único fin de llevarse un acuerdo comercial de la Argentina. Se entrevistó con la presidenta, Gabriela Ciganotto. Pero sólo cumplió su misión cuando un hombre clave se sumó a las negociaciones: el gerente general Juan Carlos Fábrega, un funcionario ascendente, amigo de la infancia del presidente Néstor Kirchner, que había sido designado "responsable del acuerdo".
La firma se hizo de inmediato. Hoy, tres años después, el Banco Guayana, una entidad privada venezolana de una región donde pesa fuerte el chavismo, aparece involucrado con las empresas investigadas por supuestas coimas en el intercambio comercial con el país caribeño. Y Fábrega, el primer artífice de aquellos acuerdos, ya no es gerente general del Banco Nación. Ahora es el presidente.
El 14 de septiembre de 2007, seis meses después de la firma del primer convenio, se creó Madero Trading, que se presentaba como la nueva intermediaria entre Venezuela y la Argentina para cobrar la comisión del 15% que la Justicia hoy sospecha que estaba destinada a solventar sobornos. Habían pasado sólo seis semanas del escándalo en Aeroparque con la valija de Antonini Wilson.
En el armado de Madero Trading aparece la primera conexión con el banco venezolano al que Fábrega le había abierto las puertas del negocio. El presidente de Madero Trading, José Ernesto Rodríguez, es también el representante en la Argentina del Banco Guayana. Rodríguez tenía larga experiencia en los negocios con Venezuela: fue gerente de Impsa, en momentos en que esa empresa firmó contratos multimillonarios con el gobierno de Hugo Chávez.
Desde 2007, la oficina local del Banco Guayana y la de Madero Trading funcionan en el mismo lugar: avenida Alicia Moreau de Justo 1720, piso 3, departamento I.
Con el crecimiento del intercambio comercial, la relación entre el Banco Guayana y Madero Trading se hizo más evidente. El año pasado, fusionaron negocios y beneficios. El 29 de julio de 2009, Rodríguez creó otra empresa: Girochi. Se dedica al mismo negocio que los investigados por la Justicia: importación y exportación de alimentos, camiones y maquinaria agrícola. ¿Quién es el socio principal de Rodríguez? Giménez, el presidente del Banco Guayana, en Venezuela.
En los registros públicos de comercio, la sede de Girochi aparece en Maipú 311, piso 14, en la Capital. LA NACION ayer visitó ese lugar. En la recepción aseguraron que Girochi "no funciona ahí". En el piso 14 hay un cartel de un estudio contable: Zuain, Tauil y Asociados.
Giménez, el jefe del enigmático banco caribeño, es un viejo conocido en el gobierno de Hugo Chávez, aunque no nació en Venezuela. Giménez es argentino. Se lo vincula a Alfredo Rangel, primo de Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado de Bolívar. Allí funciona la sede central del Banco Guayana.
La relación con Pdvsa
Según datos oficiales del propio gobierno venezolano, el Banco Guayana edificó en los últimos años una sólida sociedad con la petrolera Pdvsa y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un conjunto de empresas dedicadas a hacer negocios con la industria pesada. Desde entonces, manejan en conjunto miles de millones de dólares.
De hecho, la otra empresa investigada por el intercambio comercial, Palmat International, asentó en el estado de Bolívar buena parte de su poder. El CEO de Palmat, Roberto Wellisch (también argentino), tiene conexiones políticas públicas con la CVG y con firmas metalíferas. Y, durante años, se lo relacionó con el directorio a cargo del Banco Guayana.
Kirchner y Chávez firmaron el convenio integral de cooperación entre la Argentina y Venezuela en 2006. Esa fue la base para los acuerdos posteriores y la llave para el ingreso del Banco Guayana y las intermediarias. Según comunicados oficiales del Banco Nación, la entidad usó aquel convenio para justificar el pacto con la entidad venezolana. El objetivo, "incrementar el intercambio comercial".
Fábrega apareció en las fotos de la firma. Era el gerente general desde la llegada de Kirchner al poder: se conocían desde su infancia en Río Gallegos. Amigo también de Julio De Vido, fue el nexo para que la entidad se convirtiera en garante de grandes obras públicas. El año pasado se lo señaló como uno de los elegidos para hablar con el juez Norberto Oyarbide y lograr el sobreseimiento en la causa que investigaba el incremento del patrimonio de los Kirchner. Desde el 3 de febrero pasado, Fábrega preside el mayor banco público del país.
Los juicios populares son un procedimiento que se ha usado mucho en el mundo y son muy comunes, pero no podemos llamar juicio al acto celebrado ayer en la Plaza de Mayo.
En nuestro país es un aspecto más de las maniobras del Gobierno en contra del periodismo. Es un procedimiento que no tiene trascendencia, y la gente no lo cree.
Así, no es posible opinar desde lo jurídico sobre eso, porque de jurídico no tiene nada. Es claramente una manifestación política.
Lo reconoció el propio Gobierno, que lo calificó como un acto político, y a confesión de parte, relevo de pruebas.
Sí es grave que haya participado un funcionario público, [Néstor Busso, designado por el Gobierno al frente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual] aunque haya insistido en que participaba a título personal.
Es ridículo el cargo sobre el que se los halló culpables: traición a la Patria. En tiempos de guerra, la pena por traición a la Patria es la condena a muerte. Creo que acá se busca la muerte política de todo tipo de oposición.
No obstante, hay que aclarar que este procedimiento del juicio popular fue impulsado sólo por un sector de las Madres de Plaza de Mayo, el que conduce Hebe de Bonafini, y no por el resto.
Me llamó la atención la entrevista que difundió Magdalena Ruiz Guiñazú (de 1984), donde la propia Bonafini le agradecía su colaboración con las Madres. Ni Magdalena Ruiz Guiñazú ni Joaquín Morales Solá tienen nada de qué defenderse.
El Gobierno no puede negar que está detrás de esto. Es una persecución a la libertad de expresión peligrosísima. Como es peligrosísimo que haya gente que se preste a este tipo de maniobras.
El autor fue fiscal del juicio que condenó a las juntas militares
El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello desaconsejó ayer aprobar el informe de gastos de la campaña electoral de 2007 del Frente para la Victoria, que llevó a la presidenta Cristina Kirchner al poder, al entender que hay anomalías en los aportes realizados por las droguerías investigadas por la mafia de los medicamentos y por su vinculación con el triple crimen de General Rodríguez, donde fueron asesinados jóvenes empresarios que se mezclaron con el tráfico de efedrina.
El fiscal elevó su dictamen a la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, que ahora debe tomar una decisión: seguir el criterio del fiscal u rechazar el asunto o entender que no hay razones para seguir demorando el análisis de los gastos de la campaña electoral. Por otra parte, los plazos para su aprobación ya se encuentran vencidos, según le recordó meses atrás la Cámara Nacional Electoral.
Di Lello se pronunció en un incidente iniciado por la denuncia del abogado Ricardo Monner Sans que enumeraba diversas irregularidades en la colecta de fondos para la campaña electoral del Frente para la Victoria.
Mencionó en particular:
· la valija con que trajo al país Guido Alejandro Antonini Wilson con casi 800.000 dólares que supuestamente estaban destinados a la campaña electoral.
· los aportes de las droguerías mencionadas en la causa de la mafia de los medicamentos, en particular Global Pharmacy, Multipharma, Unifarma y Seacamp, de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez por sus nexos con el tráfico de efedrina.
· aportantes fantasma, ya sea porque negaron su condición de contribuyentes a la campaña o porque su situación fiscal hacía improbable que pudieran disponer del dinero entregado al partido.
El fiscal analizó cada uno de estos ítems. En el caso de la valija de Antoni Wilson entendió que si bien está establecida la llegada del dinero, son conjeturas su origen y utilización. Además, señaló que la sola tenencia del dinero por parte de un particular o empresa extranjera no está penada por la ley electoral, sino su uso en una campaña política.
Con respecto a los aportantes fantasma, el fiscal interrogó a varias y descubrió distintas situaciones: algunos dijeron que recaudaron en nombre de un grupo, otros directamente no pudieron ser hallados y otros, por las sumas involucradas (unos 2500 pesos), no merecieron su atención por su "insignificancia".
Pero hay dos aportantes que llamaron la atención del fiscal: Julio César Posse y Carlos Horacio Torres, que pusieron 325.000 pesos, lo que no se compadece con sus antecedentes fiscales ni penales. Torres está preso en la causa de la mafia de los medicamentos y Posse espera un juicio oral y público por supuestas vinculaciones con el tráfico de cocaína,
Esta es una de las objeciones que puso el fiscal para aprobar el incidente de gastos de campaña. La otra se vincula con los aportes de las droguerías "dadas las complejas investigaciones penales en trámite, en las cuales se funda la posible actuación irregular de empresas que fueron significativos aportantes a la campaña".
Di Lello se refería al caso de la mafia de los medicamentos, que investiga el juez Norberto Oyarbide, al triple crimen de General Rodríguez y a una denuncia por cohecho que tiene el juez Ariel Lijo.
ROMA.? Aunque la Consob, la autoridad regulatoria bursátil italiana, anteayer le dio luz verde a la oferta de canje lanzada, Nicola Stock, presidente de la Task Force Argentina (TFA), asociación que representa a unos 180.000 bonistas italianos que aún poseen US$ 4300 millones en "tango-bonds", sigue resistiéndose a pronunciarse sobre el tema y no oculta su escepticismo.
En diálogo con La Nacion, Stock reiteró que hasta que no vea por escrito el prospecto oficial aprobado por la Consob, no hará ningún tipo de evaluación del canje. Tras hacer un primer análisis "superficial" de lo que había podido leer en el prospecto en inglés presentado en Luxemburgo, sin embargo, consideró que la oferta "no es satisfactoria". "Sé que la Consob autorizó la operación y que se lo comunicó al gobierno argentino, pero todavía falta que dé a conocer el prospecto de la oferta en italiano, y no me parece serio hacer un análisis sobre algo que aún no salió oficialmente del sitio de la Consob", dijo.
?Pero ya se conocen los términos de la oferta?
?Sí, pude ver el prospecto en inglés que está en las páginas web de diarios argentinos, y se puede ver que no hay grandes variaciones positivas, sino todo lo contrario. Respecto de la oferta precedente, de un primer análisis muy superficial, no conclusivo, siempre seguimos en una cosa que no es satisfactoria.
?¿Por qué?
?Por lo que vi, si ellos dan para los bonos Par sólo un máximo de 2000 millones de dólares, significa que a los italianos sólo se les permitiría tomar un tercio. Pero los otros dos tercios, si todos quisieran entrar, deberían ir a los bonos Discount. Porque en verdad en Italia están nuestros 4500 millones de dólares, más unos 1000 millones de otros bonistas. Además, están los bonistas alemanes y los japoneses. Es por esto que sólo después de ver los detalles del prospecto en italiano autorizado por la Consob aconsejaremos a nuestros bonistas qué hacer. Después son ellos quienes deberán decir si les va bien o no.
?¿No es una mejora que haya un pago de intereses en efectivo para los minoristas?
?No hay cash. El cash son los intereses que han pagado sobre las obligaciones que compraron en 2005. Ahora ellos no hacen otra cosa que pagar en cash esos intereses a los que entren. Pero es siempre eso. Además tienen que pagar una comisión de 4 por 1000, que la otra vez no se pagaba. En fin, hay cosas que hay que analizar con atención y tenemos que ser claros y precisos, porque hay bonistas que están esperando desde hace años una solución.
DIXIT
"Si dan para los bonos Par sólo un máximo de US$ 2000 millones, a los italianos sólo se les permitiría tomar un tercio"
NICOLA STOCK
Presidente de Task Force Argentina
La salida del default. Efectos de la crisis en Europa
20100429 LN El sacudón de los mercados aun no complica el canje de la deuda.
…..Si se toma en cuenta, además que buena parte de los tenedores actuales habrían comprado papeles a menos de 30 dólares, queda a la vista que el negocio, dólar más o menos aún les cierra” ,….
La Feria Internacional del Libro ha sido escenario de la violencia con la que elementos afectos al oficialismo tienen acostumbrados al país.
Han sido dos los incidentes y, sin duda, cosas peores se han visto en la Argentina en cuanto al uso ilegal de la fuerza, según ha dicho, con ánimo de mediatizar la cuestión, un funcionario gubernamental. Pero ésa es una digresión; el argumento de fondo seguirá siendo que ni siquiera un acontecimiento anual, dedicado al libro y la lectura y que llegó a ganar fama mundial por la trascendencia adquirida, ha podido salvarse de aquellas manifestaciones de incivilidad política.
Primero fueron las acciones que impidieron la presentación de Hilda Molina, la disidente cubana. A la persecución en Cuba de las Damas de Blanco, las mujeres que piden por la libertad de opositores y de voces independientes de la dictadura castrista, se ha sumado el acto aberrante cometido en la Feria por argentinos.
Es una payasada que mientras en la Argentina se quiere presentar al país como un campeón de los derechos humanos haya gente, comprometida con esa hipocresía, que salga a testimoniar su solidaridad con el régimen más autoritario de América. Hilda Molina denunció, a pesar de haberse frustrado su conferencia, que el fenómeno de violencia habido en Buenos Aires es parte del maltrato que los disidentes sufren en Cuba desde 1959. Es decir, desde el día en que Fidel Castro tomó el poder por las armas.
El segundo hecho encontró en Beatriz Sarlo, una de las oradoras afectadas por los manifestantes, las palabras justas: "Lo que pasó anoche [en la Feria] es lo que pasa todos los días en el Indec". Se trataba de la presentación frustrada del libro IndeK, historia de una estafa , de Gustavo Noriega. El título de la obra no es más que una prolongación de las denuncias sobre manipulación grosera de las estadísticas oficiales por el órgano de Estado al que se ha confiado la tarea de documentar periódicamente la evolución de los indicadores de la situación económica.
La falta de seriedad de los datos del Indec ha sido expuesta en foros internacionales y es una de las causas que impiden al gobierno argentino mostrar las cuentas de su gestión a auditores internacionales.
Ha habido una serie de denuncias sobre la procedencia de la turba que irrumpió en las instalaciones de la Feria en el momento en que se realizaba la presentación del libro de Noriega. Las versiones varían en su diversidad sobre la intervención de gente del Mercado de Hacienda, de algún gremio estatal, de la órbita del Ministerio de Economía y hasta de las infaltables barras bravas del fútbol actuantes en no pocos de los desmanes de gravedad que se producen en el país.
Con todo, el punto de coincidencia de los testigos es el que se temía: ninguno de los hechos de la dimensión de los dos ocurridos hasta aquí en la Feria del Libro pudo haberse realizado sin algún tipo de apañamiento oficial. Lo prueba hasta el paso en falso del secretario de Cultura de haber dicho, casi como una disculpa, que hay "voces ahogadas y asfixiadas" y aludido a que todo esto ocurre en medio de la controversia por la ley de medios.
Ya ha sido bastante conmovedora la denuncia del diputado nacional Fernando Solanas, de horas atrás, de que aquí por "500 o 1000 pesos" un sicario abate la vida de un ciudadano. Ya han sido demasiado grotescas las denuncias contra periodistas hechas casi al filo de la agresión física para que se crea que la sociedad pueda continuar indefinidamente sometida a situaciones como las que se han producido en Palermo.
Algunas de las principales espadas del gobierno nacional han descalificado los actos de que hemos pasado revista, pero no alcanza con eso. Es necesaria una política activa, clara, rotunda, más convincente sobre de qué lado se sitúa el oficialismo en relación con todo tipo de violencia. Las ambigüedades echan más sombras sobre su responsabilidad y delinean el actual contexto nacional como el más pesaroso y pavoroso para las garantías individuales desde que se restauró, en 1983, la democracia.
Mientras tanto, los responsables de la organización de la Feria deberán extremar los recursos que garanticen la integridad física de quienes disertan, el orden mínimo que en ese ámbito debe privar en favor de los asistentes -mujeres y jóvenes, en gran número- y preguntarse hasta qué punto no han pretendido congraciarse en exceso con el gobierno de turno en la organización de la muestra. Las características que asumió el acto de inauguración dan pábulo a interrogantes en ese sentido
Acosar a los medios, amedrentar a los periodistas, establecer mecanismos de censura y de autocensura, lograr que los periodistas critiquen a sus colegas en lugar de investigar la corrupción y los desatinos políticos y aprobar leyes para desarticular a las empresas periodísticas y reemplazarlas por canales de difusión oficialistas son herramientas de Gobierno que conducen al mismo objetivo: eliminar el disenso.
El Gobierno está concentrado en manos de la voluntad de una sola persona (o de un matrimonio). Basta con leer el diccionario para saber que eso se llama "autocracia", un sistema que, por definición, no reconoce límites, porque, precisamente, no acepta la libertad del otro. Por eso, en ese esquema, las alusiones que haga un gobierno en cuanto a su interés de alcanzar mayores estándares de pluralismo son, en principio, sólo una coartada para escamotear las verdaderas intenciones del poder.
Para un gobierno autoritario, no hay libertad de prensa: hay medios opositores, que lideran una embestida de la oposición contra el Gobierno. ¿No es esto lo que dijo Néstor Kirchner en el discurso que dio en la CGT?
En esa visión, el gobernante tiene derecho de defenderse contra los ataques agresores y considera a los periodistas como sus enemigos. Por eso, cuando la Comisión Interamericana intentó visitar Venezuela, el presidente Hugo Chávez no le permitió ingresar. Ahora, la diputada Silvana Giúdici, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, pidió a la titular de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, que frente al "clima persecutorio" y de creciente hostigamiento en contra de la prensa, visite el país para constatar la situación. ¿Verá el Gobierno con buenos ojos ese examen?
Para el gobernante autócrata, no hay mayorías y minorías que deban ser igualmente respetadas: sólo hay un gobierno, frente a disidentes que deben ser acallados, un eufemismo de su supresión.
Enseñaba el politólogo Norberto Bobbio que la verdadera prueba de fuego de una democracia es qué hace con el disidente, si lo tolera o lo reprime. Probablemente, en el oficialismo no hayan leído demasiado a Bobbio, porque han demostrado poco interés por la lectura: tal vez por eso, la Feria del Libro se convirtió en la arena de un coliseo donde el debate intelectual es reemplazado por un griterío para censurar a quien piensa distinto.
Para el gobierno de una persona tampoco no hay contradicciones posibles. Por eso, el titular del ex Comfer Gustavo Mariotto puede defender afiches anónimos y su jefe, Néstor Kirchner, puede sostener que no se escuda en el anonimato, poniendo nombre y apellido a sus supuestos enemigos. El Gobierno es todo; la contradicción, inexistente.
Para el gobierno unipersonal, no puede haber justicia independiente. Por eso, prefiere juzgar a sus ciudadanos, especialmente a los periodistas, en tribunales populares en la plaza pública, en una parodia de juicio por jurados donde no hay jueces independientes y donde no está garantizado que el supuesto reproche ético contenga dosis de justicia.
Sólo semejante cariz autocrático del poder puede explicar los ataques que está sufriendo la libertad de expresión en estos días.
El juez federal Julián Ercolini empezará a investigar los contratos de las empresas argentinas que vendieron productos a Venezuela y pagaron comisiones del 15% de su facturación a la firma Palmat International, con sede en Miami, a partir de la voluminosa documentación recibida ayer en el juzgado, que permitirá citar a los exportadores y a los intermediarios.
El juzgado recibió ayer nueve cuerpos de documentación que aportó el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino, que investigó estos negocios y reunió 25 contratos de esas operaciones y testimonios de los exportadores.
El juez trata de establecer ahora si se pagaron comisiones legales o si el convenio es en realidad parte de un sistema de cobro de coimas que terminaban en bolsillos de funcionarios del gobierno argentino.
Mediante los contratos, las empresas argentinas le cedían exclusividad a Palmat para que las represente por un año y aceptaban pagarle la comisión -mucho más alta de lo habitual en el mercado- a cambio de una serie de servicios de intermediación, según la copia que obtuvo LA NACION de uno de esos documentos. Por lo pronto, cualquiera que quería exportar en el marco de este convenio debía contratar de este modo con Palmat. "La trader ya venía en el paquete", explicó a LA NACION un empresario que participó del negocio.
LA NACION accedió a uno de esos contratos suscripto por una empresa de oleaginosas y maquinaria agrícola que exportó sólo en 2007 casi un millón de dólares en productos a Venezuela, en el marco del convenio firmado por ambos países.
El contrato tiene por objeto "la promoción y venta de maquinaria agrícola, implementos y repuestos", donde la empresa argentina designa a Palmat Internacional, empresa con sede en Miami y presidida por el argentino-venezolano Roberto Wellisch, como "su agente exclusivo".
La tarea que debía desarrollar Palmat era "lograr que el comité técnico constituido para la ejecución del acuerdo complementario asigne un cupo para la exportación a Venezuela de equipos maquinarias, repuestos y/o implementos agrícolas fabricados por la empresa, todo ello conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el INTI".
A cambio de percibir el 10 por ciento del valor FOB del contrato de suministro por "gestión de venta de prestación de servicios" más un 5 por ciento del valor FOB "como recupero de los gastos en los incurra Palmat", la empresa se comprometió a negociar los contratos de suministro de mercaderías, asegurarse de que la firma argentina cobrara, promover otros negocios de la compañía en Venezuela, cooperar en los trámites aduaneros, asistir en la capacitación de los venezolanos que manejarían las máquinas y brindar apoyo logístico.
El apoderado de Palmat Internacional en Miami, de acuerdo con el contrato, es el venezolano Francisco José Carrasquero. De hecho, era el venezolano con quien debían hablar los empresarios argentinos para arreglar los detalles de la facturación del 15 por ciento luego de cada exportación, según fuentes que participaron de los negocios.
El contrato tiene una cláusula donde ambas partes se comprometen a dejar a salvo a la otra de cualquier reclamo por pérdidas u honorarios de abogados que surjan del actuar negligente de alguno de los contratantes, hasta los 70.000 dólares.
Contratos como éste se firmaron entre 2006 y 2008, donde la contraparte era siempre Palmat Internacional. La empresa está ubicada en 10620 NW 27 St., de Miami, Florida, y la preside Wellisch, que además tiene un cargo jerárquico en la Cámara de Comercio Argentino Venezolana y es representante en Venezuela de la empresa que se encargó del traslado de combustible al país.
Estas operaciones comerciales se enmarcan en un acuerdo que contemplaba la compra por parte de la Argentina de fueloil y por parte de Venezuela, de productos argentinos. Los dólares que pagó la Argentina por el combustible van a un fideicomiso establecido en un banco norteamericano, de donde salían los fondos para pagar los productos argentinos.
Después de 2008, los contratos se hicieron con Palmat Intertrade, de Panamá, también presidida por Wellisch, con Domingo Alvarez Boccardo como tesorero y Yone Boccardo como secretario. El capital de la empresa, según el Registro Público de Panamá, es de 10.000 dólares.
Pero cambió la distribución de porcentajes: ahora el 12 por ciento de la operación se lo llevaba Palmat Intertrade y el 3 por ciento era para Madero Trading, una compañía de Buenos Aires con domicilio en la avenida Alicia Moreau de Justo 1720, en Puerto Madero. Su presidente es el ingeniero José Ernesto Rodríguez, un ex ejecutivo de Impsa que se especializó en negocios con Caracas.
La alarma debió encenderse dentro del Gobierno, pero no fue así. Sin importar que reclamaba "la intervención de las más altas autoridades" de la Cancillería y recomendaba "hacerle un planteo serio y preciso" al presidente Hugo Chávez durante su visita a Buenos Aires. Sus motivos eran contundentes. En particular, los "serios problemas" que afectaban "los intereses argentinos" en los negocios bilaterales manejados a través de un fideicomiso. Todo eso, con detalles, y sazonado con una palabra flamígera y por demás inusual para un cable diplomático: "corrupción".
A lo largo de tres carillas, el cable titulado "Grave situación", de la embajada argentina en Venezuela CA-EVENE 020096/2005, es contundente, según se lee en una copia que obtuvo La Nacion. Su gravedad se explicita desde su encabezado ?"muy urgente", "confidencial", "requiere acción"?, y las palabras incorporadas como "descriptoras": "Venezuela, exportaciones, comercio, petróleo".
Este es el cable al que aludió el entonces embajador Eduardo Sadous al detallar ante la justicia federal los supuestos pedidos de coimas que padecieron los empresarios argentinos al encarar negocios en Venezuela. Pero con una salvedad: su tipeador, autor y "enviador" fue el entonces consejero político de la embajada y diplomático de carrera, Alberto Alvarez Tufillo, según surge del cable.
Sadous aparece, sin embargo, como "firmante" y a él se debe la inclusión de la palabra "corrupción", con la que reemplazó el término "irregularidades", más políticamente correcto, por el que había optado Alvarez Tufillo para aludir a los funcionarios venezolanos, según reconstruyó La Nacion.
Así fue como tomó su forma definitiva el último y más relevante párrafo del cable emitido el 26 de enero de 2005, a las 17.25: "Los intereses económicos preexistentes (General Electric), la corrupción de los niveles medios y altos (uso de fondos del fideicomiso) y otros factores están afectando seriamente los intereses argentinos, razón por la cual se considera necesario un planteo serio y preciso ante el presidente Hugo Chávez en su visita a esa ciudad, como única forma de destrabar y regularizar el tema fideicomiso".
Pero lejos de tomar la iniciativa pública, el canciller Rafael Bielsa optó por un camino reservado ante lo que consideró la prueba definitiva de la existencia de una "diplomacia paralela" en Venezuela, que quedaba en manos del encargado de las concesiones viales, Claudio Uberti.
Bielsa se reunió con el presidente Néstor Kirchner y le planteó sus molestias. Al parecer sorprendido, su jefe le pidió que remitiera los planteos sobre el fideicomiso al ministro de Planificación y superior directo de Uberti, Julio De Vido.
"Diplomacia paralela"
Uberti no salió bien parado en ese cable diplomático. Entre otros motivos, porque Alvarez Tufillo y Sadous lo citaron por su nombre al mencionar el caso de un contrato de provisión de equipos de medicina nuclear por US$ 92 millones que el Ministerio de Salud venezolano consideró "nulo" y, por tanto, impagable.
Poco después, sin embargo, la respuesta que llegó desde el Ministerio de Planificación reafirmó las sospechas existentes dentro de la Cancillería sobre una "diplomacia paralela" y la preeminencia de De Vido y Uberti por sobre los diplomáticos.
"Decile a Sadous que se deje de joder", recordaron tanto el ex embajador como Alvarez Tufillo que fue el mensaje de Uberti desde Buenos Aires, según declararon ambos ante el juez federal Julián Ercolini. Pero con otra aclaración: el consejero político testificó que transmitió la frase sólo como mensajero, no como partícipe de la movida. Y Sadous dijo que las palabras de su segundo le merecían "la más absoluta confianza".
El cable que redactó y envió Alvarez Tufillo ?que declarará otra vez en Tribunales el 12 de mayo?, con los retoques de Sadous, enumeró cuatro ejes problemáticos para los empresarios argentinos, que padecían retrasos de un año o más para cobrar sus acreencias.
Por eso, ambos diplomáticos alertaron sobre un riesgo probable con el arribo de Chávez a Buenos Aires: "La firma de un nuevo fideicomiso ?sin el control argentino de esos fondos? generaría problemas aún mayores en el período 2005-2006, estando sin resolver los contratos de suministros anteriores".
La atmósfera de crispación, intolerancia y agresividad que, por la conducta intemperante del oficialismo y sus aliados, se está instalando en la Argentina alcanza ya niveles muy preocupantes. La exaltación verbal de encumbrados funcionarios del gabinete nacional parece reflejarse luego en los escraches a periodistas y en la acción de fuerzas de choque como las que agitaron la Feria del Libro.
A estas prácticas deleznables se sumó ahora la realización de "juicios populares", es decir, procesos efectuados en la plaza pública por tribunales que pretenden sustituir a los de la Constitución, seguramente para alcanzar condenas que no se conseguirían siguiendo los procedimientos que marca la ley. A quienes promueven estas prácticas, que no por realizarse a la luz del día dejan de ser clandestinas, tal vez les encantaría que su dinámica informal desembocara en la apertura de cárceles del pueblo para que todo adquiera el patético y dramático aspecto de etapas violentas del pasado nacional. Hay que celebrar que este tipo de barbarie haya quedado superado en la sociedad democrática.
Para volver más inquietante este clima, desde lo más alto del poder, es decir, desde la boca de Néstor Kirchner, comienza a alentarse otra persecución insidiosa y determinada sólo por las urgencias cotidianas del poder. Al hablar en la sede de la CGT, el martes pasado, Kirchner pidió que "desde ahora en más, sin odios ni venganzas", la Justicia "proceda a juzgar las responsabilidades como dijo la Presidenta no sólo de aquellos que lamentablemente les hicieron poner una capucha, sino de los responsables civiles e ideológicos del golpe militar de 1976".
Esta sugerencia al Poder Judicial imita la que realizó Estela de Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el polémico discurso que pronunció el último 24 de marzo, cuando, después de enumerar a varias empresas que producen hoy en el país, señaló que "la dictadura se hizo entre muchos, militares y civiles, al servicio del exterminio y la apropiación de niños. Son los mismos que hoy pretenden volver a las recetas neoliberales que tanto daño nos han hecho".
El grave peligro de esta estrategia consistiría en que, agotadas las instancias de los sectores militares, el Gobierno irá arrojando a la arena a ciudadanos civiles. No sólo a algunos ex funcionarios del Proceso, sino también a sus rivales actuales cuando ellos incomoden al matrimonio gobernante o simplemente puedan ser usados para fabricar supuestas "pruebas" de las siempre tan denunciadas como inverosímiles conspiraciones.
Estas prácticas y argumentos sugieren que el país está a punto de ser sumergido en una deleznable caza de brujas en la que, sin objetivos demasiado precisos, se buscará penalizar por fuera de la ley a quienes ejerzan una oposición real o simbólica con el actual elenco de poder. Atractivo y electrizante espectáculo que no alcanzará para ocultar que las columnas del oficialismo comenzaron a ser corroídas por graves episodios de corrupción.
Para inaugurar esta estrategia, con la que tanto simpatizaron los regímenes autoritarios de la primera mitad del siglo XX, Kirchner aprovechó que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del indulto dictado por Carlos Menem en beneficio de José Alfredo Martínez de Hoz.
El caso Martínez de Hoz encierra varias perspectivas. El ex ministro de Economía del gobierno de facto fue acusado por la presunta participación en un delito de privación ilegal de la libertad y tentativa de extorsión contra los señores Federico y Miguel Gutheim.
En 1986, en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, un juez federal le dictó prisión preventiva a Martínez de Hoz por estos hechos. Pero dos años más tarde la Cámara Federal revocó esa decisión porque no existían pruebas que acreditasen la participación del ex ministro en los hechos. Mientras Martínez de Hoz esperaba el sobreseimiento definitivo, Menem lo incluyó en sus indultos.
En 2006, el entonces presidente Kirchner pidió en público el encarcelamiento de Martínez de Hoz. Pocos días después, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, solicitó la reapertura de la causa argumentando que los hechos constituían un delito de lesa humanidad. Los señores Gutheim, cuya detención merece todos los reproches de un abuso de autoridad, no fueron desaparecidos, no estuvieron en cárceles clandestinas ni fueron sometidos a tortura. Es difícil identificar su caso con un delito de lesa humanidad, salvo que se quiera aplicar esta categoría en un sentido laxo, con el objetivo de mantener abiertas causas que la Justicia decidió cerrar.
La situación de Martínez de Hoz plantea un delicado desafío al Estado de Derecho, precisamente por tratarse de Martínez de Hoz. La del ex ministro es una figura que, por razones justas o injustas -determinar esto es parte de una valoración política-, goza de una considerable impopularidad. Es decir, se trata de alguien a quien con facilidad se puede demonizar, imputándole delitos que no cometió. Es en estas situaciones cuando la aplicación de los procedimientos y la extensión de las garantías que marcan la ley y el Estado de Derecho deben ser más escrupulosas. Porque suelen ser éstos los casos en los que, dada la antipatía que puede despertar un actor de la vida pública en la mayoría de sus conciudadanos, se suelen cometer las más graves injusticias. La civilización occidental consagró principios como el de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, entre muchos otros, para evitar que el castigo o la absolución sean dictaminados con arreglo a la mayor o menor adhesión que despierte una figura en la muchedumbre. De lo contrario, estaríamos sustituyendo los códigos por los deseos de la masa o las encuestas de opinión.
Las expresiones del esposo de la Presidenta podrían operar como las palabras de un demagogo que pretende agitar un sentimiento de antipatía para condicionar el pronunciamiento de los jueces; en el caso Martínez de Hoz, quien está a cargo del proceso es Norberto Oyarbide. Sin embargo, en esas expresiones hubo algo más grave: sugirieron que, desde el poder, se prepara una lista de aquellos que ocuparán el lugar que hoy le cabe al ex ministro de Economía del gobierno militar.
Desde su llegada al poder, los Kirchner no han cejado en su desaforado afán de intentar construir poder a partir de promover la intolerancia, las divisiones, los enfrentamientos, las tensiones, los resentimientos y hasta el odio entre los diferentes sectores de la sociedad. Primero fueron las Fuerzas Armadas. Luego la Iglesia, las empresas privatizadas, el sector agropecuario, los medios de difusión y últimamente hasta el Poder Judicial, cuyos miembros imparciales parecen molestar sobremanera al oficialismo.
Que estas persecuciones se realicen enarbolando la bandera de los derechos humanos es más que una paradoja. Es la revelación de que, entre nosotros, el recurso a esos nobles valores se está volviendo una coartada para el combate faccioso.
La política en materia de derechos humanos del gobierno de los Kirchner ha sido siempre sesgada y parcial. Se ha enfocado solamente en perseguir los delitos cometidos en la represión al terrorismo, olvidando en paralelo a las miles de víctimas inocentes de los atentados terroristas que claman por su derecho a la verdad y a la justicia. Un nuevo capítulo parece estar próximo a abrirse. Uno que apunta a abrir otra etapa persecutoria señalando, ensuciando, persiguiendo, lastimando y procurando encarcelar a civiles.
Esto sucede en momentos en que la Argentina se desliza peligrosamente hacia un autoritarismo creciente que está reduciendo el Estado de Derecho a la categoría de mera apariencia. El deseo insaciable de perpetuación en el poder utilizando cualquier medio (y presumiblemente hasta la sed de venganza) parece no detenerse en medir costos cuando de procurar víctimas expiatorias se trata.
Denuncian al empresario K: La CC arremetió contra Cristóbal López
20100428 Urg.24 Denuncian al empresario K: La CC arremetió contra Cristóbal López
La Coalición Cívica, a través de los diputados nacionales Elisa Carrió y Horacio Piemonte, denunció "asociación ilícita y administración fraudulenta en el manejo de una licitación pública de Lotería Nacional con la que se benefició a Cristóbal López, allegado al matrimonio K y gran beneficiario en adjudicaciones del juego en la Argentina".
CIUDAD DE BUENOS AIRES (ABA -'Río Negro'). - La Coalición Cívica denunció "asociación ilícita y administración fraudulenta en el manejo de una licitación pública de Lotería Nacional con la que se benefició a Cristóbal López, allegado al matrimonio K y gran beneficiario en adjudicaciones del juego en la Argentina".
Quien quedó bajo la lupa es el presidente de Lotería Nacional, Roberto Armando López (muy cercano a los Kirchner) por el modo en que se planteó el negocio de "captura de apuestas" que mueve 130 millones de dólares por mes y por el cual el operador beneficiario ganaría unos 80 millones al año
El llamado a licitación fue el 6 de julio del 2009 y para conseguir el negocio del "prode bancado" se excluyó "a toda empresa que no preste servicios a lotería nacional lo que limitó la posibilidad de adjudicación a 4 oferentes (relacionados con López) ya que quedaron solo Boldt SA, Casino Buenos Aires SA, Impresora Internacional de Valores SA (Ivisa) y Tecnoacción.
Pero todas ellas están "interconectadas", indica la denuncia, al destacar que la captura de apuestas en 11 provincias (incluidas Río Negro y Neuquén) las realizaría Tecnoacción cuyos accionistas son Hapsa, Casino Club SA e Intralot y las apuestas en un 50 % en Buenos Aires están a cargo de Casino de Buenos Aires con tecnología de Tecnoacción (que maneja el casino de Puerto Madero y el complejo de tragamonedas del Hipódromo de Palermo).
20100406 URG24.
El senador cordobés Luis Juez, a quien los K intentan enchastrar con una causa por presuntas cuentas no declaradas en bancos del exterior, adelantó que en 48 horas denunciará al diputado nacional Néstor Kirchner y a otros funcionarios por "asociación ilícita". Esta mañana se presentó espontáneamente ante el juez Claudio Bonadío pero no fue recibido.
Intentan enchastrar a Luis Juez pero Urgente24 lo respalda
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez Claudio Bonadío no recibió esta mañana al senador cordobés Luis Juez, quien se presentó en los Tribunales de Comodoro Py para comparecer espontáneamente ante los rumores de imputación en una causa en la que se lo investiga por presuntas cuentas no declaradas en bancos del exterior.
Según los trascendidos periodísticos, el fiscal federal porteño Gerardo Di Masi lo habría imputado el pasado martes 30 de marzo.
En este marco, Juez adelantó al portal Cadena 3 que en 48 horas denunciará al diputado nacional Néstor Kirchner por "asociación ilícita". La acusación será presentada ante la Justicia Federal e involucrará también a otros funcionarios nacionales.
El senador le atribuye al ex presidente la autoría ideológica de la denuncia en su contra. "Es el hombre que se dedica personalmente a estar pergeñando medidas con la Side para silenciar a los opositores", consignó.
La investigación se inició a raíz de la denuncia que hizo Ramona Haydeé Sánchez, una anciana de 75 años, quien recibió un panfleto con un correo electrónico que decía que Juez tenía cuentas en paraísos fiscales
La noticia fue publicada por el diario Página 12, que precisaba que Juez, su hermano Daniel y otra persona llamada Martín W. Cartada tienen depositados un total de 5.090.381 dólares, divididos en el Bank of America y el Delta Bank, de las Islas Caimán, y el el BNP Paribas Private Bank & Trust Bahamas Ltd. de Bahamas.
El senador cordobés dijo que la denuncia “es una operación de la Side”.
Juez recordó otras denuncias que se hicieron en su contra desde que era fiscal de investigaciones de Córdoba, y siempre concluyó airoso. El patrimonio declarado de Juez asciende a $663.720.
"Mi único atributo en la política es la honestidad. Si la pierdo estoy terminado y soy consciente de ello", dijo Juez.
Y agregó que si los Kirchner piensan que así lo van a callar "mejor vayan pensando en buscarme una solución tipo .9 milímetros porque esto es una boludez. Lo único que me preocupa es que siempre la denuncia tiene más espacio que el fallo de la Justicia, cuando ocurra"
domingo, 11 de abril de 2010, 11:41
20100411 Urg.24 Breve reflexión sobre la 'dictadura democrática' y un caso argentino Jorge Héctor Santos
La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo. Se caracteriza por una ausencia de división de poderes y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder. Cosa que en la Argentina afortunadamente no sucede. Sin embargo, una de las formas de la dictadura es la constitucional en la que, aunque se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera autoritaria o to
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Alexis de Tocqueville (Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville, de 29/06/1805 de 16/04/1859), fue un pensador, jurista, político e historiador francés y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo que dejó entre sus pensamientos uno que se rescata y dice: “Para que la democracia funcione es absolutamente indispensable un mínimo consenso moral básico en una sociedad”.
Uno de los hechos más peligrosos de los 7 años en que Néstor Kirchner lleva en el ejercicio auténtico del mando en el país es que se ha convertido en el individuo que concentra en realidad casi todo el poder de manera autoritaria en sus manos controlando éste, directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No es extraño, entonces, que lo dicho por Alexis de Tocqueville se haya dado en la Argentina. Néstor Kirchner ha desarrollado un accionar persistente que ha consistido en dinamitar ese consenso moral básico, al haber colocado una carga explosiva justo en los cimientos de la convivencia en democracia. Los ejemplos al respecto superarían con creces la voluntad de recordación del lector.
Pero Kirchner no se ha quedado en lo dicho por el pensador francés citado, él ha ido mucho más lejos ya que la carga explosiva que empleó y que aún conserva en grandes cantidades ha hecho añicos todos los valores en que se basa una sociedad para su funcionamiento organizado.
Para lograr esa destrucción no solo moral de la sociedad Kirchner ha recurrido a toda clase de artificios que justifican la tergiversación de la realidad que se vierte desde el gobierno nacional
¿Qué características debe ostentar un dictador democrático?
> Carecer de una ideología demasiado elaborada.
> El ensalzamiento del líder se hace utilizando la vía publicitaria.
> No pretende el apoyo de las masas, sólo someterlas.
> Su meta no es realizar grandes cambios en la sociedad sino únicamente imponer su poder sobre la misma.
¿Reúne según Ud. esas características Néstor Kirchner?
En los últimos 7 años Néstor Kirchner se encargó de aniquilar los lazos de unión precarios pero lazos al fin que tenían los argentinos en otras épocas con lo cual los enfrentamientos sociales se han multiplicado.
Kirchner se vio ayudado por una conducta complaciente, suave y apacible de la inmensa mayoría de los habitantes del país y por una oposición fragmentada y que sestea, entre el miedo, la captación y su propia ambición.
No resulta extraño pues que en ese contexto resulte difícil poder ponerle una barrera a la fuerza de actuar de Néstor Kirchner.
Los argentinos necesitan que se restablezca un respeto a la Constitución, sus leyes y a la división de poderes el cual ha sido manoseado, como nunca antes, en los 25 años continuados de vida democrática.
El país transita un delicado equilibrio social y una carga de problemas que requieren ser enfrentados y no ocultados. La democracia necesita ser respetada y robustecida. Los ánimos “crispados” deben descomprimirse. El país no afronta el riesgo de una dictadura democrática por más autoritario que resulte Néstor Kirchner.
La República en los albores del bicentenario requiere de consensos, los mismos que trabajosamente dieron motivo hace 200 años a su fundación.
20100411 Urg24. No importa lo que digan los Kirchner: La economía no convence, pero los opositores... Edgar Mainhard
Con la frivolidad que lo caracteriza, el canciller Jorge Taiana, funcionario 'peso pluma' en el ranking gubernamental, intentó explicar que los 'inversores' que aplaudieron en New York City a Cristina de Kirchner (casi todos, argentinos que volaron a Manhattan), lucían optimistas sobre las posibilidades de la economía argentina. Taiana no explicó cómo es que, entonces, Barack Obama decidió no recibir a la Presidente de una opción de negocios para los empresarios estadounidenses. Tampoco profundi
201004…….Urg24 El nudo de la inestabilidad de la democracia institucional argentina se encuentra en la política económica. Probablemente, con menos inestabilidad económica habría más estabilidad en todo lo demás.
Para cesar, o al menos reducir, la inestabilidad económica los políticos profesionales argentinos deberían leer, investigar, interesarse más por la economía.
Sin embargo, la mayoría de los políticos profesionales argentinos son 'amateurs' en los temas básicos de la economía. Ellos prefieren desentenderse y pedirle a otro que lo resuelva.
Los políticos profesionales argentinos han creado una falsa dicotomía, para un país en vías de desarrollo, entre política-política y política económica, y lo hicieron tan sólo para ocultar su haraganería intelectual.
Ellos dicen estar dispuestos y ocupados en la política-política y por eso delegan la política económica.
No solamente así pretenden ocultar su fragilidad intelectual sino que ubican el nudo de su propia inestabilidad futura en manos de otro.
Néstor Kirchner afirma que a él no le sucede porque él define la política económica.
Pero Kirchner hace algo peor aún: define la política económica sin informarse previamente y habiendo menospreciado toda la biblioteca existente.
Kirchner decide desde la ignorancia absoluta y hace de esa ignorancia su supuesta fortaleza. Un disparate.
Por eso apostar, tal como lo hizo Urgente24 hace mucho tiempo, a que la inflación destruiría a Néstor Kirchner, es una obviedad a la que ahora parecen resignarse algunos políticos profesionales. Es una forma que tienen ellos de convivir con su propia impotencia, algo que Urgente24 ya había descontado porque la mayoría de ellos son incompetentes.
De hecho, ellos también son protagonistas de la tragedia argentina que consiste, básicamente, en el fracaso de la sociedad en generar dirigentes creativos, laboriosos y honestos.
Toda la política argentina atrasa y todos los políticos, oficialistas u opositores, colaboran con la postergación del cambio porque, de lo contrario, les resultaría más difícil beneficiarse, y hasta enriquecerse, con la función pública, ya sea en el Ejecutivo, el Legislativo y aún el Judicial, y porque la ausencia de meritocracia les permite continuar con su holgazanería intelectual.
No es posible avizorar cuál es la solución, y ese es el motivo de la apatía creciente en la sociedad.
Los no kirchneristas tendrían que estar hoy día trabajando muy duro en lo referente a la economía porque es el talón de Aquiles de los Kirchner y porque es la gran preocupación de la sociedad, por la inflación y por la debilidad en la creación de empleo (al menos el empleo formal).
Pero si a los opositores les resulta engorroso investigar, debatir más en profundidad todo lo vinculado a la economía, es una mala señal acerca de sus virtudes para gobernar más adelante.
En especial porque, tal como se presentan los acontecimientos, la agenda económica será mayor y más complicada. La herencia que dejarán los Kirchner será difícil en su capítulo económico y el impacto social de esa crisis.
¿Para qué serviría elegir a políticos profesionales que confiesen que delegarán todas las decisiones en otros porque carecen de fundamentos para elegir las opciones convenientes?
Debatiendo más sobre la economía cotidiana, la oposición se acercaría más a la gente, profundizaría las contradicciones en el bloque oficialista y construiría una agenda en la que les resulta muy difícil desenvolverse a los Kirchner.
Pero para eso hay que trabajar de político profesional en serio, no de político profesional chapucero.
A propósito, aqui algunos recortes dominicales sobre economía:
Ismael
Bermúdez en el diario Clarín:
"Según un informe del Instituto difundido la semana pasada, en 12 meses la pobreza se redujo del 15,3% al 13,2% y la indigencia disminuyó del 4,4% al 3,5%, en tanto se achicó la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres.
Estas cifras corresponden a las mediciones de la segunda mitad de 2009, cuando aún no se había puesto en marcha la Asignación Universal de $ 180 por hijo, que comenzó a efectivizarse en diciembre. De aquí se desprende que las supuestas mejoras no podrían explicarse por la ampliación de ese subsidio. Habrá que esperar a la próxima medición del INDEC para poder determinar cuál fue su incidencia sobre la realidad social.
¿Entonces de dónde proviene esta supuesta mejora en los indicadores de pobreza y reparto de la riqueza? (...)
La medición de pobreza e indigencia se obtiene de confrontar los ingresos de la población con el costo de la Canasta Básica. Y, para el INDEC, los precios de esa canasta fueron más bajos que los reales y casi no habrían registrado aumentos en 2009, a diferencia de las mediciones de los institutos provinciales que registraron incrementos muy superiores.
Así, en base a una fuerte subestimación de los aumentos de los alimentos y servicios básicos, la estadística oficial concluye que los sueldos y las jubilaciones subieron por encima de lo que habría aumentado la Canasta Básica. Y esta supuesta mejoría habría hecho que más hogares y personas salieran de la pobreza y la indigencia. En cambio, con las estadísticas de estudios privados (UCA, SEL, Ecolatina, por ejemplo) la pobreza salta al 30% y la indigencia al 12%.
Estas incongruencias del INDEC comenzaron con la intervención del organismo por parte del secretario Guillermo Moreno. Y se extienden a numerosas series estadísticas.
El experto Artemio López advierte sobre otras incongruencias "históricas" en las estadísticas oficiales. Porque para el INDEC la indigencia sería hoy del 3,5%, lo que la ubicaría en los mismos niveles de 1974, pero con el resto de los indicadores en las antípodas de aquel momento.
López se pregunta cómo la pobreza y la indigencia pueden equipararse con las de 1974 cuando entonces el desempleo era del 2,8% y hoy es del 8,4%. O cuando el trabajo en negro en 1974 era del 17,2%, y hoy afecta al 36,1% de los asalariados. Y la diferencia entre ricos y pobres era mucho menor en 1974, en tanto los trabajadores participaban del 46,2% del ingreso nacional y hoy apenas araña el 31,1%.
La conclusión de López es que las cifras del INDEC son estadísticamente inconsistentes con la realidad actual y con los propios antecedentes históricos (...)".
201004.. Crítica de la Argentina:
"(...)
Cuenta el ex ministro de Economía,
Miguel
Peirano,
que, a fines de 2007, en una tensa reunión con
Néstor, Cristina y Moreno,
pidió cesar
con las
persecuciones en el INDEC. Propuso recuperar la reputación del
organismo, trasparentando los métodos de medición, y nombrando a un prestigioso
economista como director. Sugirió a
Mercedes Marcó del Pont y a Aldo
Ferrer, insospechados de opositores por razones obvias.
Pero Néstor dijo
no.
Para el matrimonio presidencial los datos del INDEC son verdades necesarias para contrarrestar las falsedades de los medios privados. Esas verdades solo pueden ser custodiadas por alguien de extrema confianza, un soldado como Moreno.
Como suele decir un ex Jefe de Gabinete, desde que empezó la guerra con Clarín, el Grupo solo ve días lluviosos. Néstor, al revés, quiere todos días brillantes, soleados, como los informes económicos que publican el INDEC y Canal 7, todavía con menos sutiliza en la pantalla que los garabatos de Moreno en el papel.
Al mismo tiempo que subestima la inflación el INDEC también sobreestima los datos del producto bruto interno, la riqueza que crean todos los años los argentinos.
En 2009 el derrumbe del nivel de actividad sobrepasó todos los pronósticos. Según Miguel Bein, por estos días el consultor favorito de los comunicadores K, en 2009 el PBI se contrajo -2%. Para Buenos Aires City, el centro de estudios de la UBA donde se refugiaron los técnicos desplazados por Moreno, la caida fue del -3%. Otros economistas, como Roberto Frenkel, estiman el ajuste en -4%.
Para una economía que en el 2008 todavía crecía arriba del 7%, la recesión significó –punta a punta—una contracción del producto de casi 10 puntos, equivalente a la recesión del efecto tequila.
La inversión se desmoronó -12,7; las exportaciones, -20,4%; el consumo -0,5%; la producción industrial, -5,9%; la producción automotriz -14,1% (con un derrumbe en el primer semestre superior al -30%); la producción de cemento, -3,6%; la producción de acero, -27,6%, etc, etc.
El INDEC reconoce el año pasado la destrucción de 100.000 puestos de trabajo. Pero esa cifra no cierra con los registros de aportes previsionales de las empresas en Afip, ni con las mediciones sectoriales de empleo. Según el CENDA, un centro de investigaciones económicas afín al kirchnerismo, se perdieron en realidad 350.000 empleos, principalmente en la construcción (80.000 puestos menos), la industria (- 56.000 empleos), bancos y otros servicios.
Desde noviembre último varios sectores empezaron a recuperarse desde el pozo, tendencia que se consolidó en el primer trimestre de este año. Como en tantos otros temas la historia no puede borrarse. Es el nuevo punto de partida. Por eso, pese a la reactivación, en la mayoría de los sectores industriales la producción todavía es inferior a la de dos años atrás, durante el primer trimestre de 2008, previo a la recesión.
Sin embargo, el INDEC reescribió la historia sin recesión: en 2009, el PBI creció 0,9 por ciento. Y la pantalla de Canal 7 se encarga de reproducir hasta el infinito esa “realidad”. En vertiginosa edición, borran casi un año de la historia, saltean los indicadores de la recesión y destacaron solo los días soleados, las cifras de la reactivación del consumo del verano, o el éxodo turístico de Semana Santa. (...)".
"(...) el matrimonio Kirchner no tendría demasiados escollos para seguir bombeando el gasto público y la demanda interna como lo ha hecho en los últimos meses. Tiempo atrás Néstor Kirchner dijo que su objetivo es que el PBI crezca 7% este año para mejorar las chances electorales del oficialismo. El comportamiento de la actividad económica en los últimos tres trimestres no estuvo demasiado lejos de esa meta. Hasta los economistas más escépticos pronostican que el crecimiento de 2010 podría ubicarse entre 5% y 6%.
La contracara de esta recuperación a marcha forzada de la economía es una inflación en escalones más altos y que el Gobierno niega como si estuviera en otro país. Si bien el ritmo de suba en los precios de los alimentos se ha moderado en la última semana, ahora se producen ajustes en otros rubros que recogen las fuertes alzas del primer trimestre y elevan a 25% anual el piso de aumento de precios al consumidor, independientemente de lo que vaya a informar esta semana el Indec.
A diferencia de años anteriores, la expansión del gasto público (que en el primer trimestre promedió el 35% frente a una suba del 25% en la recaudación) tiene esta vez mucho más incidencia inflacionaria. Desapareció el superávit fiscal; no hay margen para subir impuestos ni retenciones y el Gobierno recurrió a todas las cajas disponibles para financiarla. Ahora les toca el turno a las reservas del Banco Central transferidas al Tesoro y no se descarta que aproveche el canje para colocar deuda voluntaria.
Un cálculo del Estudio Broda estima que si el gasto público creciera 30% este año, las necesidades financieras (netas de refinanciaciones dentro del sector público) serían de $67.000 millones (frente a $52.000 millones en 2009 y $15.300 millones en 2008). Pero si el gasto se elevara 35% treparían a $79.000 millones y si lo hace al 42% llegarían a casi $96.000 millones. Esta última hipótesis tiene un antecedente: en los nueve meses previos a las elecciones presidenciales de 2007, el gasto había crecido 49% interanual. Se trata de una receta conocida para el kirchnerismo, aunque en este caso buena parte del financiamiento recaerá en una mayor emisión monetaria del BCRA.
Para buena parte de los políticos oficialistas y la mayoría de los sindicalistas, la inflación más alta no sería un problema serio, porque podría contrarrestarse con ajustes salariales superiores al 20%, que crean la falsa ilusión de que con más plata en los bolsillos es posible ganarle a la inflación. Pero es un drama para la legión de trabajadores en negro, jubilados, cuentapropistas, desocupados y beneficiarios de planes sociales, que ven deteriorar sus ingresos reales mes tras mes.
Tampoco el cuadro es tranquilizante para muchos empresarios, sobre todo desde que el discurso oficial apunta a culparlos con exclusividad por la suba de precios y amenaza con movilizar a la dupla Guillermo Moreno-Hugo Moyano para vigilarlos. Este factor de desconfianza neutraliza además la hipótesis oficial de que con más inversión para aumentar la oferta y crédito a tasas negativas será posible contener las presiones y las expectativas inflacionarias."
La Nueva Provincia, de Bahía Blanca:
"Un encumbrado secretario de Estado desempolvó, horas atrás, un argumento que tiene tanta antigüedad como su permanencia en el cargo, al que llegó en 2003, de la mano de Néstor Kirchner, y que tiene que ver con esta suerte de renovada luna de miel con el poder de la que parecen disfrutar los esposos de Olivos, o de un insospechado "veranito económico" que les resulta favorable.
"Si hasta acá, con este estilo, nos ha ido bien, ¿por qué habríamos de cambiar?", se despachó ante sus interlocutores. (...)
Aquel verdadero apotegma del kirchnerismo, aplicado a estos días, supone dar por sentado (desde la óptica del funcionario, y del oficialismo, claro) que los Kirchner no van a cambiar nada. Y que, por el contrario, profundizarán su estilo y la defensa de su tan mentado "modelo", por si fuera poco, a caballo de algunas encuestas que han aparecido en los últimos días, y no sólo elaboradas por los aliados pagos de la Casa Rosada, que hablan de un repunte en la intención de voto de Néstor Kirchner, que sería, hoy, el precandidato mejor posicionado en la grilla, por encima de Cobos, Reutemann, De Narváez o Duhalde, por citar algunos.
Las explicaciones de algunos consultores, ante este fenómeno, es que se trata de un recurso de la sociedad que ya ha aparecido en otros capítulos de nuestra historia. Espantados por los desaguisados de la oposición, siempre terminarían por inclinarse por el menos malo conocido antes que por el bueno por conocer. Con un agregado: el ciudadano de a pie sigue identificando a muchos de los "buenos" que hoy militan en el arco opositor como parte de los que llevaron a la Argentina al desastre social y económico en 2001.
(...) Ocurre lo obvio: si ellos reconocieran que la inflación es un problema al que hay que salir a enfrentar ahora mismo, no les quedaría a la mano otro remedio que instrumentar un ajuste económico de consecuencias imprevisibles para el futuro de la pareja y de su gobierno. Como lo reconoce un confidente del poder: "Si hacemos eso, en el 2011 salimos tirados por la ventana".
El plan de Kirchner, que ejecuta obediente Amado Boudou, es, antes que nada, una triquiñuela al más puro estilo alfonsinista. Supone plantar la idea de que un poco de inflación a los trabajadores les cae bien y que, al final, los aumentos de salarios terminarán nivelando los tantos. Caso contrario, si ocurriese alguna disparada no deseada, la fuerza de tareas del kirchnerismo ya se encargará de tratar de golpistas a los empresarios que aumentan los precios por las dudas, como ahora mismo han empezado a denunciar Hugo Moyano, Moreno o Florencio Randazzo. Los Kirchner nunca pierden. Si acaso la inflación terminara por estallar, ellos se colocarán en el plan de víctimas y no de causantes de tal desmadre".
20100412 Clarín LOS CUESTIONADOS SECRETARIOS PRESIDENCIALES
A la sombra del poder y junto a los Kirchner, desde hace veinte años
Fueron los hombres más cercanos al matrimonio presidencial. Seguramente los que
más horas pasaron cerca suyo en las últimas dos décadas.
Hoy, los cuatro secretarios privados de los Kirchner están investigados por la
Justicia por enriquecimiento ilícito.
Isidro Bounine y Fabián Gutiérrez eran quienes hasta hace poco llevaban el
teléfono celular y la agenda de la Presidenta.
Gutiérrez fue el primero en caer en desgracia cuando, a fin del año pasado, se
conoció que se construía una despampanante casa en El Calafate. Pocos días
después, Clarín publicó que su patrimonio se había incrementado 765% en seis
años. En febrero de este año renunció. Diez días después lo hizo Daniel Alvarez.
La relación de todos ellos con los Kirchner viene de lejos, desde los tiempos en
que gobernaban Santa Cruz. La mamá de Bounine cuidó de Florencia, la hija de la
Presidenta, cuando era pequeña. Gracias a un pedido personal de su madre, Isidro
comenzó a colaborar con Héctor Icazuriaga en la Side y luego pasó a la Casa
Rosada cuando asumió Cristina.
Daniel Muñoz fue la sombra de Néstor Kirchner durante sus años como gobernador y
luego como Presidente. Para hablar con Kirchner, había que pasar por el teléfono
de "El gordo" Muñoz.
Cuando Cristina llegó al poder, dejó de vérselo en la Casa Rosada, aunque
aseguran en el entorno K que siguió desempeñando tareas para el primer caballero
y comenzó a seguir más de cerca su negocio con las cabañas en El Calafate. La
causa por enriquecimiento ilícito no es la única en la que figura su nombre.
También fue pasajero de uno de los vuelos del Lear Jet que se le adjudica a
Ricardo Jaime.
Alvarez, amigo de La Brujita Juan Sebastián Verón, siempre fue el más interesado
en la política. Desde que dejó su cargo, volvió a caminar las calles de Río
Gallegos y ya hace campaña para ser intendente de la capital santacruceña.
Según reveló el portal OPI Santa Cruz, Rudy Ulloa, hombre fiel a los Kirchner lo
presentó hace una semanas en una cena como el candidato oficial del kirchnerismo
para ese cargo y, enseguida, Alvarez salió por los barrios a repartir costosos
huevos de pascua con su nombre.
Urg24 220410 CAUSAS POR CORRUPCION: LA RELACION COMERCIAL CON EL CHAVISMO
Un ex embajador denunció coimas en los negocios con Venezuela
Lo declaró en la Justicia Eduardo Sadous, que fue embajador argentino en Caracas. Dijo que empresarios le aseguraron que les pidieron comisión para vender productos a Venezuela. Es una causa por presunta asociación ilícita de Kirchner y Chávez.
Por: Omar Lavieri
CONTACTO. LA PRESIDENTA CRISTINA KIRCHNER Y EL MINISTRO JULIO DE VIDO, ANOCHE, EN UN ACTO EN EL SALON DE LA MUJER EN LA CASA DE GOBIERNO.
Sadous, ex embajador argentino en Venezuela declaró ante la Justicia que
empresarios nacionales que intentaban hacer negocios con la República
Bolivariana le dijeron que debían pagar
retornos. Los empresarios intentaban conseguir que sus productos se
enviaran hacia el país caribeño debido al acuerdo firmado entre Néstor Kirchner
y Hugo Chávez para crear un fideicomiso: lo que se le pagaba a Venezuela por la
importación de combustible estaba destinado a comprar bienes industriales
argentinos.
Sadous declaró como testigo el martes pasado en el juzgado de Julián Ercolini. A
la declaración asistieron el fiscal Gerardo Pollicita y Diego Pirota abogado de
Claudio Uberti ex funcionario kirchnerista e imputado en la causa. Sadous fue
citado para dar explicaciones en el expediente en el que se investiga una
asociación ilícita, que, para la Coalición Cívica, encabeza Néstor Kirchner. Uno
de los capítulos de la denuncia hecha por la CC lanzaba sospechas sobre el
manejo del intercambio con Venezuela que tuvo en Uberti -que era el encargado
del organismo que controla las rutas y los peajes- al principal negociador en
nombre de la Argentina. En esa causa están imputados Kirchner, Uberti el
ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo
Jaime, entre otros.
Sadous fue embajador en Venezuela desde el 17 de octubre de 2002 en el gobierno
de Eduardo Duhalde hasta el 20 de mayo de 2005. Fue además autor de un cable
interno de la Cancillería titulado "Fideicomiso grave situación". Allí se
detallaba que Venezuela no había depositado 90 millones de dólares que debían
estar en las cuentas del fideicomiso bilateral.
En su declaración Sadous recordó que quien fuera su consejero comercial, Alberto
Alvaez Tufillo, le dijo que Uberti, ante la aparición de ese cable, lo había
llamado con una frase contundente: "Que se deje de joder que eso lo manejamos
nosotros". Poco tiempo después Sadous fue reemplazado por Nilda Garré.
Durante la declaración el fiscal preguntó si tenía información sobre algún hecho
irregular que no pudo denunciar por falta de pruebas. Y Sadous no dudó: "Hubo
comentarios de empresarios que señalaban que había que pagar comisiones, pero no
me consta", dijo el ex embajador. Ante eso Pollicita le pidió precisiones y
Sadous contestó "que hubo empresarios del sector de maquinaria agrícola que no
fueron beneficiados por no haber pagado lo acordado en calidad de retornos. Hay
un organismo que se llama CASA Corporación de Alimentos S. A pertenece al
Gobierno venezolano. Yo me iba a reunir con el presidente y vicepresidente de
CASA, negociábamos la venta de carnes, alimentos envasados, etc., venían los
empresarios argentinos los derivábamos a CASA y luego los comentarios eran que
les pedían el 15 o 20 por ciento de retorno". El abogado de Uberti le pidió
nombres. Sadous recordó algunos. Señaló al ganadero "Eduardo Cavanagh" y a la
firma Ascensores Servas representada por "Aizpun". (José Aizpun es el presidente
de Servas). El fiscal pidió una aclaración: quería saber de qué lado había que
pagar los retornos y Sadous explicó "eran del lado argentino hablaban del
ministerio de Planificación, decían que les cobraban peaje, no se quién".
Planificación se encargó de la relación comercial con Venezuela dejando de lado
a la Cancillería. La firma Servas firmó convenios para renovar ascensores en
Venezuela, incluidos los del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno central.
Cavanagh, según dijo Sadous ante Ercolini, tenía 1.000 vaquillonas para vender
en el año 2004 y fue desplazado del negocio. Sadous contó que Kavanagh le pidió
que hiciera una nota informando de la situación a la Cancillería, pero el
embajador solicitó que el ganadero pusiera por escrito lo que denunciaba: "que
había sido presionado por Urquiza para que se abriera de la operación ya que
este pondría un testaferro para su grupo". Javier De Urquiza fue secretario de
Agricultura de Kirchner.
Urg24. 20100419 Muy grave: $4 de cada $10 ya lo administra el Estado
Gasto público creciente es sinónimo de presión tributaria ilimitada. Pero aún así se hace difícil financiar el gasto y por eso los Kirchner pretenden regresar al mercado de deuda pública. El horizonte es peligroso: toda la economía controlada por un Estado burocrático, ineficiente, que reniega de la transparencia y la meritocracia. El Instituto para el Desarrollo Social ilustró al respecto:
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa).
Normalizar las relaciones con la comunidad financiera internacional podría
constituir un primer paso para sostener un proceso de desarrollo sostenido.
Para ello debería ser acompañado de reformas estructurales en materia impositiva, coparticipación y reglas bajo las que se organizan servicios públicos estratégicos como educación, infraestructura, justicia, salud, y seguridad.
Sin embargo, en el marco del
desordenado crecimiento del gasto público observado en los últimos años, la
posibilidad de contraer nueva deuda aparece como un “manotazo de ahogado” frente
al agotamiento de otras fuentes de financiamiento.
Luego de más de 8 años de haber declarado la moratoria unilateral de su deuda
soberana, (default), la Argentina ha decidido emprender acciones tendientes a la
normalización de sus relaciones con la comunidad financiera internacional.
Con el anunciado segundo canje de títulos de deuda en default se ofrece a quienes rechazaron el primero –que se realizó en el año 2005– la posibilidad de cambiar los títulos defaulteados por títulos nuevos cuyo pago de capital e intereses el país se compromete a cumplir en el futuro.
Si se logra una amplia aceptación de la propuesta, se mejoraría la percepción del país dentro de la comunidad internacional.
Esto favorecerá la inversión privada y generará las condiciones para que se puedan colocar nuevos títulos de deuda pública en el mercado financiero internacional.
¿Cuáles son las implicancias de que el Estado cuente con esta nueva fuente de financiamiento?
Para responder a este interrogante, una base de referencia importante es la tendencia del gasto público de los 3 niveles de gobierno (nación, provincias y municipios).
Proyectando información oficial publicada por el Ministerio de Economía hasta el año 2007 se puede observar el siguiente cuadro de situación:
> Durante la década de los '80 el gasto público total absorbía el 30,1% del PBI y en los '90 aumenta al 31,5% del PBI.
> En el año 2001, antes del default, el gasto público llega a representar el 35,7% del PBI.
> Luego de una abrupta caída asociada a la megadevaluación y pesificación compulsiva, se inicia un vigoroso crecimiento hasta alcanzar un nivel récord histórico, estimándose que en el año 2009 supera el 40% del PBI.
Los datos señalan que nunca el sector público absorbió tantos recursos como en la actualidad. Sin embargo, esto no se refleja en mejores servicios.
Por el contrario, se acumulan las evidencias sobre las deficiencias en el suministro de servicios de alto impacto en la calidad de vida de la gente, como educación, salud, seguridad y justicia. Tampoco son perceptibles mejoras significativas en materia de infraestructura social y económica. Mucho menos en reducción de la pobreza y la indigencia.
En paralelo, se ha apelado a un vasto conjunto de medidas muy regresivas y antiproductivas para financiar el crecimiento del gasto público.
Testimonios ilustrativos son
>
el restablecimiento de las retenciones a las
exportaciones,
> la cristalización del impuesto al cheque, el aumento de las alícuotas del
impuesto sobre los ingresos brutos,
> la aplicación profusa del impuesto inflacionario,
> la distorsión de las estadísticas oficiales para pagar menos intereses de deuda pública,
> la estatización de los ahorros previsionales del régimen privado de capitalización, y
> la apropiación de parte de las reservas del Banco Central.
En la experiencia internacional se encuentran situaciones muy heterogéneas en cuanto a magnitud del gasto público.
Por ejemplo, los países más desarrollados e igualitarios del mundo, como los nórdicos, superan con creces el nivel del 40% del PBI que muestra la Argentina. Lo crucial no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo.
En los países exitosos, los sistemas públicos de educación, salud, justicia, seguridad e infraestructura funcionan con altos estándares de calidad y eficiencia.
La gente paga altos niveles de impuestos y recibe servicios estatales de alta calidad.
En la Argentina, la presión impositiva alcanzó niveles inéditamente altos, pero la mayor parte de este esfuerzo se canaliza a iniciativas no prioritarias o directamente se dilapida en burocracia, corrupción y clientelismo.
Agotadas todas las fuentes de financiamiento, la posibilidad de contraer nuevo endeudamiento es una manera de prolongar una agonía que fatalmente terminará con otra crisis.
Una evidencia concreta es que una de las pocas medidas de aplicación inmediata que emergió de la ronda de reuniones del gobierno nacional con los gobernadores es la autorización para que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires contraigan nuevos empréstitos.
Es decir, mientras se sigue dilatando la resolución del problema de fondo (la coparticipación) se apelará a diferir sus consecuencias para el futuro aumentando la deuda.
Urg24 220410 LA RELACION ENTRE LOS KIRCHNER Y LA VENEZUELA DE CHAVEZ
Una trama que va de la compra de bonos y fuel oil a la valija
Más allá de la cercanía política, hay importantes vínculos comerciales.
La famosa valija repleta de dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson fue la
punta del iceberg que no sólo puso luz sobre el desconocido Claudio Uberti sino
que también desnudó el alcance de las relaciones "carnales" entre la Argentina y
Venezuela, un combo que no sólo implica mucha plata y negocios sino que también
significa un posicionamiento a nivel internacional. La reciente visita de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner con motivo del bicentenario de ese
país puede dar fe de ello.
"Nunca conocí a una persona tan modesta, y más siendo argentina", dijo el
presidente venezolano, Hugo Chávez, sobre su colega argentina, mientras firmaban
el martes nuevos acuerdos de cooperación. Uno de ellos es sobre corrupción. Vaya
paradoja, el juez que investiga el caso de la valija, Daniel Petrone, todavía
espera que desde Venezuela respondan a sus exhortos con diversas medidas que
aquí se consideran necesarias para el avance de la investigación. Se quejó,
justamente, por la falta de cooperación venezolana.
Los convenios firmados por el kirchnerismo con el gobierno de Hugo Chávez,
incluidas la presidencia de Néstor Kirchner y lo que lleva de mandato su esposa,
significan más del 70% de los acuerdos alcanzados con ese país por la Argentina
en toda su historia. Son 181, si se suman los últimos 25, contra 82 rubricados
por todos los otros presidentes. Fernández de Kirchner fue la "Oradora de Orden"
de los festejos por el Bicentenario venezolano. La única persona que habló ante
la Asamblea Nacional además del propio Chávez.
Venezuela es el único país, además de Brasil, con el que la Argentina tiene
establecido un mecanismo de reuniones cada tres meses, con visitas periódicas de
Chávez a Buenos Aires y Cristina Fernández a Caracas. Venezuela, además, compró
más de 5.000 millones de dólares en bonos de la deuda argentina, claro que a una
tasa alta.
"El fideicomiso con Venezuela es lo que más puede complicar al Gobierno". Lo
había dicho el año pasado una fuente judicial, después de analizar la denuncia
de diputados de la Coalición Cívica contra el ex presidente Néstor Kirchner y
otros funcionarios por asociación ilícita.
Fuentes opositoras creen que los repetidos viajes que hizo Uberti hasta el
escándalo de los 800 mil dólares de Antonini en el Aeroparque eran para traer a
la Argentina supuestas coimas de las ventas argentinas a cambio del fuel oil que
aporta Venezuela para las usinas eléctricas argentinas.
El fideicomiso es administrado por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y opera con lo
que paga Argentina por cada compra que hace de fuel oil. El convenio es que con
esa plata, Venezuela compra a la Argentina, especialmente maquinaria agrícola.
En su denuncia de hace un año y medio contra el Gobierno por asociación ilícita,
los diputados de la Coalición Cívica estimaron que por ese fideicomiso circulan
unos 300 millones de dólares. El intercambio comercial entre ambos países el año
pasado alcanzó los 1.700 millones de dólares. Todo pasa por Julio De Vido.
230410 El País. Un ex miembro del gobierno argentino procesado por 15 casos de corrupción. Ricardo Jaime, que fue secretario de Transporte está relacionado con otras 12 causas. Está acusado de incremento patrimonial entre otros delitos ….
Así se refirió el radical a las denuncias de coimas en ventas a Venezuela y las causas contra Jaime. Sobre las presuntas coimas, Carrió sostuvo que "el dinero iba a Kirchner". Y Aníbal F. pidió "que se investiguen" porque "conjeturar no tiene sentido".
· Un ex embajador denunció coimas en los negocios con Venezuela
· Dos empresarios que hablaron de coimas
· Una trama que va de la compra de bonos y fuel oil a la valija
20100424 Clarín El escrache, táctica mafiosa Ricardo Roa
Se ve que a Mariotto la contraorden no le llegó a tiempo. Pichetto
primero y ayer Randazzo, con más énfasis que Aníbal Fernández, habían salido a
despegarse del escrache a periodistas en un acto oficial. Y Filmus hasta propuso
una condena del Senado en pleno. Lo hicieron después de una semana y comprobar
que la sociedad repudia la agresión. Pero el bastonero mayor de la ley de medios
no actualizó el guión inicial: (los afiches) "son expresiones y nosotros, desde
la autoridad de aplicación defendemos la libertad de expresión", dijo (ver
Mariotto defendió el escrache con afiches anónimos contra periodistas).
No haría falta explicar que es exactamente al revés: si hay algo que esos
carteles sin firma buscan es bloquear la palabra de los periodistas. La
difamación es lo opuesto a la libertad de expresión. Todos los escraches son una
forma de fascismo.
Esa confusión de periodistas con opositores y opositores con enemigos no es
inocente: el kirchnerismo sustituye debate por descalificación. Basta con ver y
escuchar los mal llamados medios públicos: conciben a la prensa como propaganda.
El discurso K describe su propio mundo como de militancia social y al de los
periodistas, subordinado a un compromiso mercenario con las empresas. El mal
está afuera, la virtud adentro. Pero es difícil exaltar la militancia y defender
un gobierno acosado por denuncias de corrupción y un jefe que no acredita un
solo antecedente en la lucha por los derechos humanos.
Mariotto calificó también como un "aporte" el
simulacro de enjuiciamiento público a periodistas en la Plaza de Mayo. Lo
que seguro aportará será más intimidación. Que el jefe del COMFER haga suyo el
estilo mafioso de los servicios de informaciones es doblemente grave, porque por
su función debería hacer respetar las normas que garantizan el ejercicio de la
prensa.
ATAQUES A LA PRENSA: MIENTRAS EL RESTO DEL GOBIERNO SALIO A CRITICAR LA METODOLOGIA DE ESTE TIPOS DE INTIMIDACIONES
20100424 Clarín Mariotto defendió el escrache con afiches anónimos contra periodistas
"Son expresiones y nosotros defendemos la libertad de expresión", dijo.
DIFAMACIÓN. CARTELES ANÓNIMOS CONTRA PERIODISTAS DEL GRUPO CLARÍN.
Alguna vez, el año pasado, había defendido las pintadas y pegatinas contra del
Grupo Clarín que surgieron durante el debate de la Ley de Medios. Ahora, Gabriel
Mariotto, el titular del COMFER, respaldó el ataque que sufrieron doce
periodistas, que aparecieron con foto en afiches intimidatorios y anónimos. "Son
expresiones", dijo Mariotto y añadió que hay que defender "la libertad de
expresión".
Las polémicas declaraciones del funcionario se conocieron el mismo día en que
dos de las más altas autoridades del Gobierno criticaron las amenazas. El jefe
de Gabinete K, Aníbal Fernández y el ministro del Interior, Florencio Randazzo
cuestionaron "la metodología del escrache".
La delación anónima, como estos afiches difamatorios, fue usada por las policías
secretas de Mussolini en la Italia fascista y Stalin en la Unión Soviética.
En una nota publicada ayer por el diario Norte, de Resistencia, Mariotto fue
consultado específicamente por los ataques y respondió: "Son expresiones y
nosotros desde la Autoridad (de Aplicación) defendemos la libertad de expresión.
No nos gustan que todas las opiniones sean refrendadas y estos afiches no
tuvieron firmas, por lo que es una incógnita quién los emitió".
El responsable del COMFER agregó: "Los medios también muchas veces no expresan
quienes son los dueños, eso también es un afiches sin firma prácticamente. Elos
también deben decir quienes son los dueños de esas licencias". Como ejemplo,
citó que "cuando uno sintoniza la radio 530 de Capital Federal sabemos que es la
radio de las Madres de Plaza de Mayo".
Las declaraciones de Mariotto se dieron a una semana de la aparición de los
afiches. No fue la primera vez que defendió estas prácticas. Durante el debate
de la Ley de Medios ha había justificado las pintadas contra Clarín por ser "una
manifestación de la cultura popular".
Sin embargo, desde el kirchnerismo, los senadores Miguel Ángel Pichetto y Daniel
Filmus presentaron un proyecto para que el Senado declare "su más enérgico
repudio a la aparición de carteles anónimos exhibidos en la vía pública, que
cuestionan a diversos periodistas de medios nacionales, pues esta práctica
atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Nacional y contra la
tradición de respeto a la libertad de expresión, y la vocación de integración
del pueblo argentino".
Fue el mismo día que Aníbal Fernández señaló: "Estoy en contra de los escraches
y no sé quién los hizo. Yo no haría algo así. Hay que buscar otras formas de
discusión". De todas maneras, Fernández defendió el derecho de Madres de Plaza
de Mayo de "enjuiciar" públicamente a periodistas.
Por su parte, Florencio Randazzo consideró "lamentable" que "se quiera
involucrar al gobierno" con una serie de afiches anónimos con expresiones contra
periodistas y dijo que el "gobierno nacional no está en contra del periodismo" y
que está en contra de "la metodología del escrache".
"Este Gobierno no está en contra del periodismo; por el contrario, con la nueva
Ley de Medios apostamos a que exista una mayor pluralidad de voces y más fuentes
de trabajo para los periodistas, con mayor democracia", afirmó.
Mensaje de repudio de María Esther Tello enviado a Clarín. Para una madre de Plaza de Mayo, es una práctica totalitaria. ( ¿ Una excepción entre las restantes madres que organizaron el escrache? ¿ Parece ¡!)
20100424 Clarín SIGUE FINANCIANDOSE CON APORTES DE ORGANISMOS PUBLICOS. El Gobierno tomó del Banco Nación otros $ 5.650 millones. La decisión se conoció ayer pero los fondos se transfirieron hace dos meses …………por Ismael Bermúdez.
260410 Clarín De leyes y decisiones incorrectas por Eduardo Menem
La semana pasada, el presidente de la Cámara de Diputados devolvió al Senado el proyecto de modificación de la ley del impuesto al cheque que contaba con media sanción. Al hacerlo, alteró seriamente el proceso parlamentario.
La medida
adoptada por el presidente de la Cámara de Diputados de devolver al Senado el
proyecto de ley sancionado por esta Cámara derogando el artículo 3° de la ley
24.413, de impuesto al cheque, por entender que dicha sanción resulta inválida
al no haber reunido las mayorías que exige la Constitución Nacional, no tiene
ningún sustento legal ni reglamentario.
De la simple lectura de los artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, que
regulan el trámite para la formación y sanción de las leyes, surge en forma
clara y que no admite ninguna otra interpretación, que son las Cámaras las
únicas que tienen poder de decisión para aceptar, rechazar o modificar una
sanción de una de ellas.
Los Presidentes de las Cámaras son meros ejecutores de la voluntad de las mismas
expresadas a través de las votaciones, al punto tal que ninguna norma
constitucional, ni legal ni reglamentaria autorizan ni siquiera a presumir que
tienen la facultad de rechazar un proyecto de ley sancionado por la otra Cámara,
ni tampoco los sancionados por el cuerpo que presiden.
Los precedentes parlamentarios son también claros en el sentido que venimos
sosteniendo. Así en el año 1985 la Cámara de Senadores procedió a devolver a la
Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre patria potestad compartida y
equiparación de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio sin darle el
correspondiente tratamiento parlamentario, por cuanto había existido una sanción
anterior del Senado como Cámara de origen sobre la misma materia y oportunamente
remitida a la Cámara de Diputados, la que no había sido teniendo en cuenta por
ésta.
La cuestión no residía tanto en la autoría de los proyectos, sino que al
desconocer la Cámara de Diputados la sanción anterior del Senado, se convertía
indebidamente en Cámara de origen con las consiguientes prerrogativas que le
otorgaba esa condición. La Cámara de Diputados aceptó las razones del Senado y
dictó resolución enviándole nuevamente el proyecto pero reconociéndole el
carácter de Cámara de origen.
Una situación similar se produjo en 1988 con un proyecto sancionado por el
Senado como Cámara de origen referido al reordenamiento de feriados y días no
laborables, el que al ser remitido en revisión a la Cámara de Diputados no fue
tratado en ese carácter sino que se procedió a enviar otro sobre la misma
materia asumiendo la condición de Cámara de origen.
También en este caso el Senado no aceptó lo actuado por la Cámara de Diputados e
invocando su condición de Cámara de origen insistió en su sanción anterior, lo
que fue aceptado por ésta, quedando sancionado el proyecto pertinente. En los
casos indicados los Presidentes de las Cámaras no cumplieron ningún acto
decisorio sobre la tramitación de los proyectos porque fueron los cuerpos
legislativos los que adoptaron las resoluciones del caso.
Es cierto también que existe en precedente del año 1998 en el que el Presidente
de la Cámara de Diputados devolvió al Senado un proyecto que éste había
sancionado, sin darle el correspondiente trámite parlamentario, por cuanto
entendía que se trataba de una asignación específica "sin que del contenido de
la comunicación resulte que se han observado en el caso las mayorías exigidas
por el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional".
De la expresión transcripta (entre comillas) surge que en esa oportunidad no se
procedió a considerar inválida la sanción del Senado, como lo hizo en el caso
actual el Presidente de la Cámara de Diputados. Y aunque así hubiera sido
también se habría tratado de una decisión incorrecta por cuanto entre las
atribuciones reconocidas a los Presidentes de las Cámaras no existe ninguna que
lo faculte a examinar si un proyecto ha sido sancionado correctamente por la
otra Cámara.
Admitir una potestad semejante significaría introducir en el proceso
parlamentario un factor de distorsión, que resulta violatorio de las normas
constitucionales antes aludidas en cuanto establecen claramente el procedimiento
para la sanción de las leyes.
LA DIPUTADA IMPULSO LA INVESTIGACION EN LA JUSTICIA
20100424 Clarín Para Carrió, el dinero de las coimas iba "directo a Kirchner"
La jefa del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Elisa Carrió, apuntó
ayer al corazón del poder cuando habló de las denuncias de coimas estatales
relatadas a la Justicia por el ex embajador en Venezuela, Eduardo Sadous: "El
dinero de las coimas que pagaban las empresas para vender a Venezuela iba
directamente a Néstor Kirchner", aseguró.
Carrió dijo además que era Claudio Uberti, el ex titular del OCCOVI, involucrado
también en el "Valijagate" de Antonini Wilson, quien "recaudaba ese dinero para
el ex presidente Kirchner".
La diputada incluso se animó a dar precisiones sobre los supuestos "retornos"
que pagan a los funcionarios los empresarios argentinos que vendían sus
productos a Venezuela: "La coima era del 25 por ciento. El 15 por ciento era
para negociar a Venezuela y el 10 por ciento era para Argentina", especificó, y
agregó que "esto explica por qué Uberti viajaba permanentemente a Venezuela. Las
valijas podrían ser permanentes, no eran solamente para la campaña. Y el dinero
iba directo para Kirchner".
Carrió celebró las declaraciones de Sadous, ya que apoyan su tesis de que en la
relación bilateral entre Buenos Aires y Caracas existía una "cancillería
paralela" encabezada por el ministro De Vido y por Uberti: dijo que el ex
embajador denunció "lo del fideicomiso, pero luego habla de lo que claramente
denunciamos nosotros".
La diputada, líder de la CC, fue quien impulsó en la Justicia la denuncia por
asociación ilícita que imputó a Kirchner, al titular del OCCOVI, Claudio Uberti;
al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; y al ex secretario de
Transporte, Ricardo Jaime; y que acaba de pasar a una nueva etapa con las
revelaciones judiciales que esta semana hizo el ex embajador
20100426 Urg24 Los Kirchner no cumplen: Desde Economía aseguran que no se aceptará un revisión del FMI
Luego de que el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI pidiera que todos los países cumplan con sus obligaciones, el viceministro de Economía, Roberto Felletti, aseguró que el Gobierno "fue claro" en "no aceptar la revisión de sus cuentas ni que se ponga en duda la robustez de nuestras estadísticas”.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El viceministro de Economía Roberto Felletti desmintió este lunes (26/04) que el Gobierno haya acordado con el Fondo Monetario Interncional (FMI) un Programa de Asistencia Técnica para resolver el problema del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC).
“Hay dos cosas en que el gobierno argentino fue claro", dijo el funcionario en diálogo con Radio América, y se explayó: "no aceptar la revisión de sus cuentas ni que se ponga en duda la robustez de nuestras estadísticas”.
Feletti agregó: “Si fuera cierto que la inflación es muchísimo más alta que lo que marca el INDEC habría descontento social y eso no sucede en modo alguno".
Respecto de las consultoras privadas, que estiman una inflación que casi triplica los números oficiales, Feletti dijo: “Habría que ver cuales son las metodologías que usan. En un país con un consumo tan heterogéneo se requieren tecnologías, contadores, en fin una infraestructura muy grande que no tienen".
Cabe recordar que la semana pasada, en un mensaje que puede leerse como claramente dirigido a la Argentina y Venezuela, el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI -que representa a todos los países miembros- pidió a éstos que cumplan con su obligación de someter su economía a la revisión de la entidad.
Y la presión del Fondo fue reforzada por el director de la entidad para América Latina, el chileno Nicolás Eyzaguirre: luego de reunirse con funcionarios argentinos en Washington DC, anunció que el FMI podría enviar al país una misión técnica para colaborar con el INdEC.
La Argentina no ha permitido que ese organismo lleve a cabo el examen de su economía desde 2006, después de que cancelara sus deudas con la entidad, pese a que los países deben someterse a él anualmente (ver notas relacionadas).
En un fallo en el que rechazó que se dolarizara una indemnización por un accidente, sostuvo que la inflación es un problema cuya solución está en manos del Estado. Lo hace en momentos en que desde Economía niegan que haya inflación, a la que definen como "tensión en los precios".
200100428 Urg.24 Mondino ratificó: Se pagaban "sobornos" a intermediarios con Venezuela
El ex Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, ratificó, durante su visita al segmento 'La Mesa de Café' del programa 'Juntos', de la radio Cadena 3, de Córdoba, que se registraron irregularidades en las ventas de maquinaria agrícola a Venezuela. Y planteó la posibilidad de que se hubiese incurrido en lavado dinero.
CÓRDOB). El ex Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, en diálogo con Cadena 3 aseveró que 23 empresas de maquinarias agrícola abonaron sobornos a tres intermediarias, para introducir sus producciones en el exterior, sobre todo en Venezuela.
“Creo que fueron sobornos los que se pagaron a través de una pantalla enorme. Cuando usted mira este escenario, y lo mira completo, se da cuenta que todo está en condiciones. Es como cuando uno ve una empresa lavadora de plata, si no encuentra un instrumento no va a perforar la posibilidad y le va a parecer un negocio excelente”, señaló el ex Defensor del Pueblo.
Mondino reconoció que no radicó la denuncia en ese momento porque no contaba con pruebas que confirmaran el ilícito. “No tenía ninguna prueba para arrancar”, argumentó.
Por otra
parte, vaticinó un esclarecimiento del escandaloso suceso.
“El juez tiene todos los elementos de un expediente, desde el primero hasta el
último paso de este tipo de operaciones, con números de cuenta, con nombres de
empresas y sus responsables. Además cuenta con la facultad de indagar y mandar
un exhorto al Regional Banck para que le diga qué hacía Palmat - empresa
intermediaria - con el dinero que recibía”, afirmó.
Mondino reveló detalles de la investigación que llevó adelante por presuntas irregularidades en la comercialización con Venezuela y dijo que "hay pruebas del pago de altas comisiones, pero falta que alguien diga la verdad".
En los expedientes de la investigación consta que se pagaba un 15% de comisión para exportar y la cuenta en la que se depositaba el dinero.
"Tuvimos (en la Defensoría) una denuncia por irregularidades en el comercio que se refería a maquinarias agrícolas, donde se denunciaba un sobreprecio en las comisiones que se cobraban", señaló Mondino.
Según el ex funcionario, fue entonces cuando comenzó un proceso donde se le solicitó información a todas las empresas que participaron y a la Cámara Argentina de Maquinarias Agrícolas que manejaba el negocio de las exportaciones.
Mondino contó que durante la investigación que inició la Defensoría "apareció una empresa, Palmat, que cobraba el 15% de comisiones para colocar el producto en Venezuela. Incluso se confirmó el depósito en un banco de Miami donde se enviaron esos fondos",.
"También apareció la Cámara Argentina de Maquinarias Agrícolas autorizando a la empresa Palmat - que tenía su domicilio en Florida y que era un traedor - con la exclusividad para cualquier negocio con Venezuela", señaló Mondino.
Mondino pidió en reiteradas oportunidades explicaciones a los 23 exportadores sobre los excesivos montos que pagaban de comisiones para exportar, pero todos aseguraron que el pago era "voluntario".
"Los
empresarios me dijeron que firmaron el contrato voluntariamente", relató.
Sin embargo, Mondino les manifestó que le resultaba extraño que el contrato era
igual para todos, para el que exportaba 100 o para el que exportaba 5 y que
pagaran tanta comisión, cuando lo normal es pagar el 3% ó 4% de comisión.
Según Mondino, los empresarios manifestaron que esta empresa "capacitaba personal en Venezuela porque allá no tenían empleados calificados".
Mondino
dijo que "en apariencia, todo ese negocio, tenía una pantalla legal".
"Personalmente nunca creí que ese 15 por ciento fuera para capacitación", señaló
Mondino.
El ex funcionario explicó que luego la intermediación de las exportaciones quedaron en manos de Madero Trading, que inició sus actividades en 2007 y a la que en 2008 le otorgaron el manejo de todas las exportaciones a Venezuela.
"El director era un señor argentino-venezolano, José Ernesto Rodríguez", dijo Mondito.
Y agregó que "toda esta información no son versiones, son cinco expedientes que el Defensor adjunto ya remitió a la Justicia".
20100429 Urg24 ¡Volvió! Despues de 2 meses, Kirchner apareció por el Congreso
El diputado nacional Néstor Kirchner decidió concurrir a la Cámara baja y, en un hecho inusual, encabeza una reunión con los legisladores del oficialismo. Es la 3ra vez que va al Congreso desde que asumió su cargo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. No integra ninguna de las 45 comisiones permatente de trabajo legislativo. Kirchner dona su dieta a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Nunca más se lo vio por la Honorable C{amra de Diputados, ni ocupar su reciclado despacho, lindante con el del jefe de bloque K, Agustín Rossi, que él mismo había ordenado redecorar.
Kirchner deberá escuchar un santo de rosarios de muchos diputados de su bancada que están cansados de la parálisis que tiene la Cámara por faltas de acuerdos entre oficialismo y oposición.
El ex presidente y actual diputado Néstor Kirchner, es el único de los 257 diputados nacionales que no integra ninguna comisión de trabajo parlamentario. Néstor no forma parte, ni siquiera como vocal, en en ninguna de las 45 comisiones permanentes de la Cámara Baja. Tampoco aparece su apellido en las ocho bicamerales permanentes (conformadas también por senadores), ni en la comisión bicameral especial de conmemoración del Bicentenario.
20100429 Urg24 Ahora Carrió dice que "el matrimonio Kirchner está engañando a Uruguay y a Mujica"
La jefa del bloque de diputados de la Coalición Cívica ahora advierte que Néstor y Cristina Kirchner "están engañando" a Uruguay y al jefe de Estado del país vecino, José Mujica, para que Néstor consiga la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La jefa del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió hoy (29/04) que el matrimonio presidencial "está engañando" a Uruguay y al jefe de Estado del país vecino, José Mujica, para que Néstor Kirchner consiga la presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
"Tengan cuidado la trampa que le están poniendo los Kirchner", alertó en referencia al supuesto arreglo para conseguir el voto uruguayo a favor de Kirchner como titular de la Unasur.
Carrió dijo tener "la íntima convicción que el matrimonio Kirchner está engañando al Uruguay y a Mujica" e insistió: "Me preocupa mucho que la Presidenta esté engañando al presidente Mujica.
En ese sentido, añadió que la presidenta Cristina Fernández y el diputado Kirchner han "prometido que si le da Unasur, va a descomprimir lo que ellos mismos generaron, alentaron y promovieron cuando desde Gualeguaychú casi le declararon la guerra al pueblo uruguayo".
"Usaron los cortes en beneficio de ellos", denunció la chaqueña durante una conferencia de prensa y manifestó que "los uruguayos tienen muy buena fe y los Kirchner tienen muy mala fe".
20100430 Clarín Los negocios con Chávez siguen bajo control de De Vido Por: Nicolás Wiñazki
El ministro de Planificación continúa al frente de la relación política y comercial con Venezuela, por encima de la Cancillería. Para recibir a empresarios tiene reservadas dos suites en un hotel de Recoleta. Y viaja a Caracas en un jet privado.
NEGOCIOS. Un pingüino en el ingreso de la Torre Europa de Caracas, donde funcionaba la embajada paralela hasta la salida de Uberti del Gobierno. (Leo Vaca)
Julio De Vido sigue siendo, en los hechos, el hombre que
maneja la relación política y comercial con Venezuela. Pasan los embajadores en
Caracas, él sigue. Lo saben los empresarios argentinos que hacen negocios
multimillonarios en el país de Hugo Chávez. El ministro de Planificación Federal
suele atenderlos para evacuar sus dudas y encaminar sus proyectos caribeños en
un lugar neutral y secreto: dos habitaciones del cuarto piso del hotel Hyatt, en
Buenos Aires. As lo contaron fuentes empresariales que pasaron por la mesa que
el ministro dispone en una de las suites, la más pequeña, con vista a un jardín
fantástico.
De Vido trabaja en Caracas siempre moviéndose por encima de la Cancillería y de
la propia embajadora en esta ciudad, Alicia Castro. "Me pasa todo por el
costado", suele repetir ella en diferentes ámbitos, algo similar a lo que decían
en su momento el ex canciller Rafael Bielsa y el ex embajador Eduardo Sadous.
A pesar de que ella se empeñó varias veces en accionar proyectos binacionales,
como el salvataje venezolano a la empresa SanCor, funcionarios de Planificación
Federal terminaron siempre por imponerse en medio de esos planes, admitieron
fuentes diplomáticas.
De Vido, el ministro más poderoso del Gabinete, no cede espacios. Venezuela es
su terreno. Vuela a Caracas con mayor frecuencia que sus jefes, los Kirchner:
varias veces se lo vio aterrizar aquí en un jet privado, marca Citation,
contaron empresarios que lo trataron en el Hyatt y que conocen además la trama
del comercio venezolano-argentino. El presidente Hugo Chávez tiene tanta
confianza con el ministro con el que habla cuestiones bilaterales hace siete
años que lo llama cariñosamente por su nombre de pila: le dice Julio, a secas,
arrastrando la u, algo típico de la tonada caribeña.
La embajadora Castro se dio cuenta que Planificación Federal iba a tener enorme
influencia en Caracas incluso antes de ocupar la residencia argentina en esta
ciudad. El ex titular del organismo encargado de controlar los peajes de las
rutas, Claudio Uberti, resistió su designación en ese destino tan preciado para
él. Fuentes diplomáticas contaron que Uberti intentó desacreditar la figura de
Castro a través de notas en los diarios afines al gobierno. No lo logró. Castro
es hoy la embajadora en Caracas. Tiene una excelente relación con Chávez y con
eso le saca ventaja a sus rivales del Gabinete. En sus periódicas apariciones en
los medios, el líder bolivariano expone todo el tiempo al Gobierno de Cristina
como uno de sus principales aliados regionales. Aún se pueden ver en las
autopistas de Caracas grandes carteles mostrando a Chávez y Cristina frente a
frente: anunciaban la visita de la presidenta argentina con motivo del
Bicentenario venezolano.
Hasta hace poco, Uberti y De Vido atendían en Caracas a empresarios y dirigentes
en un sitio alejado de la residencia que ocupaba Eduardo Sadous, un embajador
designado por Duhalde y resistido por el ultrakirchnerismo.
La oficina caribeña que usaban esos dos representantes de la Quinta de Olivos
ante el empresariado venezolano-argentino, estaba ubicada en el cuarto piso de
la Torre Europa, sobre la avenida Francisco de Miranda, en el municipio de
Chacao. En ese lugar se cerraron buena parte de los negocios que Uberti realizó
en Caracas en nombre del Gobierno argentino. Era su "embajada paralela". En la
oficial, quien los ayudaba con sus menesteres comerciales era Alberto lvarez
Tufillo, ex agregado comercial en la residencia argentina.
La oficina K de la Torre Europa desapareció. Hoy funciona allí un ente regional
llamado Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. El "valijazo" de
Antonini Wilson obligó a sus antiguos ocupantes a buscar nuevos lugares para
cerrar sus negocios, como el Hyatt de Buenos Aires o el hotel Tamanaco, en
Caracas, donde suelen hospedarse las comitivas argentinas cuando viajan aquí.
Hoy, en la Torre Europa nadie recuerda a Uberti o Julio De Vido. En la puerta de
lugar sobresale el cartel de un restaurante llamado Bichi. El logo es un
gigantesco pingüino.
