coimas
LAS IMAGENES DE ANTONINI EN LA RECEPCIÓN A HUGO CHAVEZ
20091121 Clarín El video de Canal 7: una revelación que sorprendió hasta al propio juez
Fue la última cinta del acto oficial que revisó el magistrado. Hay mar de fondo en la emisora.
Por: Nicolás Wiñazki
AGOSTO DE 2007. HUGO CHAVEZ, KIRCHNER, ENTONCES PRESIDENTE, Y CRISTINA. ANTONINI ESTABA PRESENTE EN EL ACTO.
Paradojas de la política, el video donde se ve a Guido Antonini Wilson
dentro de la Casa Rosada durante un acto encabezado por Néstor Kirchner y Hugo
Chávez -una escena buscada por la prensa hace dos años, y negada rotundamente
por el oficialismo desde entonces- llegó esta semana a la Justicia desde el
lugar menos imaginado. Las imágenes fueron entregadas al juez de la causa,
Daniel Petrone, por Canal 7, y fueron filmadas aquel 6 de agosto del 2007 por la
productora La Corte, contratada hace más de un lustro por el Gobierno K para
hacer el seguimiento televisivo de la actividad presidencial, admitieron a
Clarín fuentes gubernamentales. Un búmeran.
La Corte logró esa perla televisiva gracias a un privilegio que le otorgó la
Presidencia: sus camarógrafos son los únicos que pueden filmar los actos
oficiales desde dentro del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ese beneficio
geográfico les permitió cortar el devenir del acto entre Chávez y Kirchner con
un efímero paneo del público. Allí estaba Antonini, algo que él ya había
contado al diario La Nación, y que fue desmentido por los funcionarios, sobre
todo por los Fernández, el por entonces jefe de Gabinete Alberto, y el actual,
Aníbal.
El juez Petrone analiza qué medidas tomar tras la aparición de esta nueva
prueba. La causa que lleva adelante investiga si en el caso de la valija hubo
"lavado de dinero": buscar saber si los casi 800 mil dólares que Antonini
intentó hacer entrar al país tenían un origen y
un destino ilegales. Según contó el venezolano, la plata era de la petrolera
Pdvsa y estaba destinada a financiar la campaña de Cristina Kirchner. El
Gobierno lo niega. La confirmación de que Antonini estuvo en la Casa Rosada
quita credibilidad a la coartada oficial.
El video que prueba ese hecho, filmado por La Corte, se había mantenido guardado
en los archivos del 7. Las imágenes fueron las últimas que revisó Petrone tras
ver las que le habían entregado las emisoras televisivas privadas: a principios
de noviembre, y por pedido de los fiscales, María Luz Rivas Diez y Mariano
Borinsky, Petrone pidió a los canales que le envíen todo el material fílmico del
acto entre Chávez y Kirchner. El magistrado estaba convencido de que no
encontraría nada en la cinta oficial. Se confundió. Clarín se comunicó con el
apoderado legal de Canal 7, Julio César García Fernández, el encargado del envío
del video a Petrone, para preguntarle si había recibido alguna reprimenda K por
haber cumplido con su deber: "Por supuesto que no", contestó. Fuentes de la
emisora contaron que los abogados del canal alertaron dos veces a las
autoridades sobre los pedidos del juez, hasta que hace 20 días mandaron el video
de la discordia. ¿Sabían en el 7 que aparecía Antonini? ¿Por
qué los funcionarios que afirman que el venezolano es en realidad un "agente de
la CIA" nunca indagaron en las cintas de La Corte para ver si había estado o no
en la Rosada?
La relación entre la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medios con el
titular del 7, Tristán Bauer, pasa por un mal momento, y el "Antoninigate"
podría profundizar este escenario de disputas internas. Entre otras cosas, Bauer
está molesto por el avance en la grilla de las transmisiones del "Fútbol para
Todos", una operación ingeniada por su superior Fernández. Se intenta resistir.
Pero va perdiendo.
escandalo de Dique Seco
20091122 PERFIL Un ex vicegobernador de Santa Cruz denuncia a Kirchner por coimas
Arnold. Fue el vice de Néstor. Ahora lo denuncia por ilícitos.
En una entrevista realizada por el periodista Luis Majul –autor del libro El Dueño– al ex vicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold, que será emitida hoy a las 22, en La Cornisa por América, el ex compañero de Kirchner denuncia que el titular del PJ pidió coimas cuando era gobernador, a cambio de créditos estatales.
Durante el reportaje, y tal cual consta en la investigación de Majul, Arnold desgrana con pelos y señales el mecanismo instrumentado por los Kirchner para hacer negocios fraudulentos con fondos públicos.
Es el caso del escándalo de Dique Seco, en Puerto Deseado. Allí, Juan Torresín, un empresario naval que necesitaba un préstamo de tres millones de pesos para terminar un dique seco, cuenta que fue a pedir el crédito al Banco de Santa Cruz, y que le dijeron que no había plata. Después, “una persona mandada por Néstor Kirchner va al hotel en el que estaban y les pregunta cuánta plata necesitan (tres millones de pesos)”, explica Arnold. “Les dice que él se lo podía conseguir con el 20% adelantado. Ellos le pagaban al gerente que había en Buenos Aires por adelantado”, agregó para después aclarar que se trataba de la “coima”.
20091122 PERFIL. Kirchner se reunió en secreto con el juez Faggionato.
El polémico magistrado de Zárate-Campana habría sido llevado a esa capital en un avión de Lázaro Báez. Buscaba que el ex presidente asegurara una protección judicial……su protagonismo en la última campaña electoral….intento complicar con una supuesta llamada telefónica del rey de la efedrina, cuando de Narváez marchaba primero en las encuestas por encima de Néstor Kirchner……
El protector: En la reunión Néstor Kirchner le aseguró a Faggionatto inmunidad para su futuro judicial. El ex presidente se traslado desde El Calafate hasta Río Gallegos para poder concretar la reunión. Una semana después, el juez presentó su descargo.
Entrevista al Director del Portal, para el diario La Capital de Rosario.
Sabedor del oficio, que cultivó y cultiva con fruición intelectual, Jorge Asís siempre otorga en una entrevista un título por frase. Hasta tiene la cualidad de transformar en “picante” una pregunta sosa. Facilita también la desventaja impersonal que supone un cuestionario escrito por mail, ya que se puede adivinar (por harto conocido) el tono que lleva impresa la respuesta.
Desde hace años, Asís (o el Turco) provoca a la política y a sus protagonistas con su pluma sarcástica en su sitio web (jorgeasisdigital.com). Es autor de varios libros (”Flores robadas en los jardines de Quilmes”, el más conocido) y de relatos políticos escritos por personajes inventados o referencias a parientes imaginarios.
-¿Hay segundas intenciones detrás del clamor reeleccionista de Cristina o la vuelta de Néstor?
-Un objetivo de mínima, explicablemente racional, consiste en no ir preso. Objetivo de máxima, consolidar el proyecto de continuidad, aunque sea matemáticamente ilusorio. La esperanza sirve, es obvio, para retener la tropa propia. Para evitar la anarquía del desbande. Kirchner sabe de conservación del poder. Aunque se encuentre aislado, con el prestigio debajo de la lona. Pero poderoso como nunca y con la capacidad intacta para hacer daño. A Macri, en principio. A Das Neves, para que su ejemplo no contagie. Después a Cobos. Y, si se atreve a lanzarse, a Reutemann.
RIO GALLEGOS.- El juez de Instrucción Santiago Lozada, que sobreseyó al ex presidente Néstor Kirchner por presuntos delitos vinculados al manejo y administración de los fondos que la provincia tuvo depositados en el exterior, fue ascendido al cargo de defensor de Cámara. Previo a ello presentó la renuncia al cargo de juez.
Pero no fue el único cambio ocurrido en las últimas horas en la justicia santacruceña: el viernes asumieron los integrantes del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, nombrados por decreto hace un año por la presidenta Cristina Kirchner, pero sólo ahora entran en funciones, entre ellos el juez Jorge Chávez -ex ministro de Salud kirchnerista y candidato a intendente-, que el año pasado declaró inocente en su fallo disidente a Daniel Varizat por haber atropellado a 24 personas con una camioneta 4x4.
Junto a Chávez asumen también Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi. En el lugar de defensor que deja Ruggero en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la primera circunscripción de la zona sur asumirá Lozada, conocido por contar en su haber varios fallos favorables al kirchnerismo. Saltó a la fama cuando en un trámite rápido sobreseyó a Kirchner y a Sergio Acevedo, ex gobernador, ambos acusados por el manejo de los más de US$ 1000 millones que la provincia tuvo depositados en el exterior.
El primer fallo favorable a los Kirchner que recuerdan fuentes judiciales locales es aquel de 1997 en el que debía fallar por el supuesto uso proselitista que el entonces gobernador le estaba dando al avión sanitario provincial. Lozada consideró que el gobernador siempre es gobernador y por lo tanto sus viajes siempre eran oficiales. Y lo archivó.
Durante cuatro años no dio a conocer el fallo donde sobreseyó a Kirchner por el manejo de los fondos en el exterior e impidió que periodistas, diputados, o denunciantes conocieran los argumentos de la denuncia.
Incluso llegó a fundamentar su negativa a dar a publicidad el fallo por escrito "para asegurar el respeto de los derechos esenciales que asisten a los imputados en la presente causa, tales como el derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad y al honor".
En octubre, Lozada decidió entregar a LA NACION el fallo secreto; lo hizo cuando la causa en la que se solicitaba la publicidad del texto ya había llegado a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.
En la sentencia consideró que la instrucción iniciada por el ex juez federal porteño Jorge Urso y el fiscal federal Federico Delgado se caracterizó "por una gran desprolijidad e imprecisión, que dificultó enormemente" su trabajo posterior. Y calificó la denuncia inicial contr Kirchner de "imprecisa, carente de datos sobre circunstancias de tiempo, lugar y modo, y estructurada sobre meras sospechas
Temas de la Justicia
l Gobierno parece haber renunciado a gestionar el país: su único fin es conservar el poder, aun con legitimidad y consenso frágiles, sin importar si el costo de ese autoritarismo es censurar a los diarios, atacar a los medios audiovisuales o controlar a los partidos. Hay muchas pruebas de que el Gobierno no gestiona, sino que busca imponer sus criterios. Ayer, en materia de medios, dio dos nuevos pasos.
Por un lado, contra toda lógica consensual, apuró la conformación de los organismos que controlarán la aplicación de la ley de medios, la Autoridad de Aplicación y el Consejo Federal, y sin esperar a que la oposición y los medios privados nombraran a sus representantes, publicó la lista de los delegados oficialistas.
Por el otro, dio un paso para pisotear a Papel Prensa. A Guillermo Moreno no le bastó con lanzar una amenaza para estatizar la empresa ni con haber nombrado a la conflictiva Beatriz Paglieri en el directorio de la empresa, lo que hizo que las últimas reuniones fuesen, por lo menos, complicadas. Ahora echó de su cargo a Eduardo Hecker, uno de los directores de la Comisión Nacional de Valores. El Gobierno quiere desbaratar la empresa desde adentro y desde arriba.
Día tras día, una cara del oficialismo acusa a la oposición de desestabilizar al Gobierno. Ayer fue el turno del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El problema que tiene, sin embargo, es múltiple: nadie desestabiliza al Gobierno, la gente no lo cree y, lo peor de todo, es que Marcelo Tinelli y Susana Giménez son voces críticas que llegan a millones de personas dispuestas a creerles a ellos más que a Fernández o a Cristina Kirchner. El Gobierno es el que desestabiliza a la sociedad. La censura y la manipulación informativa son las pruebas del fracaso: cuanto menos gestiona la realidad, más necesita distorsionarla.
El conflicto en los subtes entre la reconocida Unión Transporte Automotor (UTA) y la desafiante Asociación Gremial de Subtes y Premetro está enfermo por el mismo vicio. En octubre de 2008, la Corte Suprema resolvió el caso "ATE contra Estado Nacional" y dio el primer paso para la pluralidad sindical: esa sentencia estableció que un sindicato que tiene simple inscripción puede nombrar delegados gremiales, aun cuando no posea personería gremial –en estos días, la CTA impulsa en la Corte otra causa similar–. Por eso, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, prefiere hacer oídos sordos a un fallo por el cual la Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo le ordenó el 29 de octubre último, que, en 10 días, resuelva si le otorga la simple inscripción a esta asociación.
Ayer, el Banco Provincia, con la presencia de Guillermo Franco, y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional hicieron quizás el único acto para recordar los 150 años del Pacto de San José de Flores, que superó una crisis bélica con el consenso y permitió darle forma definitiva a la Argentina.
20091117 LN Fuerte polémica por las obras sociales.
Graciela Ocaña ex Ministra de Salud – (del gobierno kirchnerista) En casos como el del gremio camionero, el dinero va a parare al patrimonio de los sindicalistas. Gerardo Morales Presidente de la UCR El Gobierno no debe hacer caja con fondos que no le pertenecen que son de las obras sociales.
20091117 LN La Argentina otra vez entre los países mas corruptos por Hugo alconada MON – De 1º menos corrupto Obtuvo 2,9
EL EX PRESIDENTE NUNCA REVELO CUANTO GENERO POR INTERESES EL FONDO ORIGINAL DE US$ 654 MILLONES
20091122 Clarín vueltas de otro gran enigma del kirchnerismo
Quedan US$ 407 millones, pero no hay información sobre el período 1993-2003.
OTROS TIEMPOS. KIRCHNER APOYO A CARLOS SAUL MENEM PARA PRIVATIZAR YPF, A CAMBIO DEL COBRO DE REGALÍAS.
La historia de los fondos de Santa Cruz empieza en 1993. Tiene como
primeros protagonistas a Domingo Cavallo, que era ministro de Economía de Carlos
Menem, y a Néstor Kirchner, por entonces gobernador de la provincia patagónica.
Y el marco estaba dado por la discusión de la privatización de YPF, que fue
apoyada por la provincia. En abril de ese año, la Nación le dio a Santa Cruz 654
millones de dólares en bonos, en concepto de regalías mal liquidadas durante en
la década de 1980.
Antes de la crisis de 2001, asesorado por el propio Cavallo y por Daniel Marx,
Kirchner depositó parte de ese dinero (que se había multiplicado, entre otras
cosas, gracias a que el gobernador compró acciones de YPF en 1993 y las vendió
en 1999 con una ganancia de más del 100 por ciento) en cuentas offshore, primero
en Luxemburgo y después en Suiza, todo vía Nueva York y siempre con la idea de
contar con reservas para las épocas de vacas flacas y para realizar "grandes
obras públicas".
La primera mención a la inversión del dinero afuera del país fue de Cavallo, ya
en el gobierno de De la Rúa, durante una discusión que mantuvo con Kirchner.
Luego se encargó de reflotar el tema Menem cuando enfrentaba al patagónico en
las presidenciales de 2003. Kirchner había dicho que traería los fondos cuando
hubiera un gobierno confiable: asumió y entonces ordenó la repatriación.
Así, tras varios años de un recorrido que hoy resulta prácticamente
inescrutable, el primer registro oficial que se hizo sobre los fondos fue en
2003 mediante la Ley 2663. Entonces se informó que había casi US$ 530 millones
de Santa Cruz en el extranjero. Sin embargo, expertos en banca de inversión
calcularon que la provincia debería haber acumulado entre US$ 1.100 y US$ 1.300
millones en esas cuentas, a base de ganancias por intereses y otras inversiones
financieras a lo largo de media década.
Desde entonces, los sucesivos gobernadores provinciales (Sergio Acevedo, Carlos
Sancho y el actual Daniel Peralta) anunciaron la repatriación del dinero en
varias ocasiones. En marzo del 2008, finalmente, se abrió una cuenta en el Banco
Nación, se liquidó el fideicomiso que había con el Banco Santa Cruz y se
completó la repatriación de los fondos declarados.
A fines de 2007, los fondos que integraban el fideicomiso se habían reducido a
338,5 millones de dólares (entre inversiones en pesos y en moneda extranjera),
aunque a eso hay que sumarle casi 72 millones más que se mantenían separados en
títulos públicos. Con esos títulos (algo más por intereses y otros activos, y
algo menos porque se enviaron 90 millones de pesos al presupuesto del 2008) se
llega a la cifra de 407 millones que analiza el Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
La oposición denuncia que ninguna revisión de los fondos es válida porque
objetan el "saldo original": lo que sostienen es que el fondo era mayor al
declarado, por lo que tanto el primer depósito como su evolución están marcados
por un pecado original.
20091122 Clarín Rentabilidad y casos de estudio
Por: Darío D'Atri
Algunos tanto, otros tan poco. Cuando asumió la
presidencia, en 2003, Néstor Kirchner declaró una fortuna personal de 6,8
millones de pesos. En 2009 el
patrimonio de la pareja presidencial superó los 46 millones de pesos.
Sin duda, un caso de estudio en cuestiones de rentabilidad y administración
económica y financiera. Pasaron apenas seis años desde aquellos seis millones.
A los famosos fondos de Santa Cruz no les fue tan bien, aunque pasaron por las
manos de los mejores banqueros de inversión del planeta.
Fueron 654 millones de dólares en su origen (1993) y luego se multiplicaron
exponencialmente por la compra y venta de acciones de YPF. A fines de los 90,
una cifra desconocida pero razonablemente mayor a los US$ 654 millones iniciales
fue a parar a bancos de inversión del exterior.
Más de media década después, antes de sentarse en Balcarce 50, el kirchnerismo
anunció que esos fondos regresarían, aunque aclaró que la cifra no superaba los
US$ 530 millones. Sin duda, un contracaso de estudio en cuestiones de
rentabilidad financiera del capital.
LOS RECURSOS DEL ESTADO: IRREGULARIDADES ENTRE 2005 Y 2008, MIENTRAS RICARDO JAIME ERA EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
20091123 Clarín la Auditoría ratifica que hay manejos turbios
Clarín reveló ayer un informe que denunció maniobras con $ 1.800 millones en obras ferroviarias. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, salió a desmentir y a relativizarlo. Pero la Auditoría lo confirmó en todos sus términos.
Tal como había hecho tres meses atrás ante otro informe similar, el secretario
de Transporte, Juan Pablo Schiavi, salió a defender ayer a su antecesor en el
cargo, el cuestionado Ricardo Jaime, y a criticar a la Auditoría General de la
Nación (AGN). Fue como respuesta a una nota publicada ayer por Clarín sobre
manejos poco transparentes de unos 1.800 millones de pesos en subsidios para
obras ferroviarias. Desde el organismo, ratificaron el informe y cuestionaron al
funcionario.
"Cuando este informe esté convalidado por todos los auditores no tendremos
ningún problema en realizar los descargos que correspondan", expresó Schiavi a
la agencia estatal de noticias, Télam.
Sin embargo, el informe fue aprobado por mayoría, como ocurre habitualmente en
el organismo de control integrado por seis auditores (cuatro por el oficialismo
y dos por la oposición) y presidido por un opositor, en este caso Leandro
Despouy.
El informe lleva el número 206/09 y fue firmado hace diez días por cinco de sus
siete miembros, incluidos dos representantes del oficialismo, Oscar Lamberto y
Vilma Castillo. Los otros dos representantes oficialistas (Francisco Javier
Fernández y Vicente Brusca) participaron ese día de la reunión pero no se
encontraban presentes al momento de la votación, según dijo ayer Despouy a
Clarín.
Schiavi se quejó de lo que llamó "una judicialización aberrante" y sostuvo:
"Aquí lo que parece verificarse es un mecanismo nuevo en la Auditoría, que es
que el auditor saca un informe, lo comenta con un diario y al otro día aparece
un denunciante". Hasta ahora, el tema no llegó a los tribunales. La AGN mandó
copia de su informe al Congreso, la Secretaría de Transporte, la Jefatura de
Gabinete de Ministros y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
"Sería interesante que Schiavi contestara el informe de la Auditoría y no
hiciera declaraciones que no tienen asidero", le respondió Despouy. La
Secretaría a cargo de Schiavi fue notificada del informe el 27 de mayo, pero no
contestó y ni siquiera pidió una prórroga para su respuesta, tal como se prevé
reglamentariamente, según dijeron fuentes de la AGN.
"De nada le sirve a la administración este informe de hace cinco años y menos
les sirve a los diputados y senadores al tratarse de algo de hace cinco años",
sostuvo también Schiavi.
Los informes de la AGN siempre son a posteriori, ya que su tarea es la de
controlar el cumplimiento "contable, legal y de gestión" de las distintas áreas
del Poder Ejecutivo como asesor del Legislativo. Según su propia página web, el
organismo "examina hechos, actos y documentos una vez finalizados los ejercicios
contables de los entes que se haya decidido auditar".
El informe de la AGN que criticó Schiavi abarcó el período que va desde el 2005
hasta mayo de 2008 y detectó una serie de operaciones que terminaron
beneficiando a las concesionarias privadas que llevaron adelante inversiones
pagadas por el Estado.
La AGN analizó las diez obras ferroviarias más relevantes ejecutadas en ese
período por Transporte. Ellas involucran a las empresas Metrovías, TBA,
Ferrovías y Ferrocentral y a la carguera Nuevo Central Argentino (NCA).
Despouy recordó que a partir de un cambio aprobado en 2006, Transporte "permitió
que las concesionarias se puedan autoadjudicar las obras pagadas por el Estado a
través de sus compañías controladas que se dedican a las reparaciones
ferroviarias". Ello "no garantiza los principios esenciales en materia de
contrataciones", dijo el informe.
A través de un comunicado, Metrovías dijo ayer haber "respetado todas las
previsiones del contrato de concesión" en la compra de 80 coches y haber
licitado la reparación de otros 86.
PUNTO DE VISTA
La impronta
Por: Daniel Juri
El fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido renunció en marzo luego de que el Ejecutivo buscara limarle su poder de fuego. Carlos Pacios acaba de ser corrido de la Sindicatura por presión de Guillermo Moreno. No hay Defensor del Pueblo porque el Gobierno quiere poner allí solo a uno de los suyos. El Consejo de la Magistratura ya se convirtió en un coto de caza oficial. Ni que hablar de las falacias del INDEC ni de la embestida sin control sobre los medios. O sea, entidades que dibujen números, organismos de control que no controlen, Justicia que no juzgue y prensa que no hable. El reinado de los Kirchner va marcando su impronta.
A un ciudadano, ante la simple consulta de un encuestador, se le admite la respuesta No sabe/no contesta. Pero el jefe de Gabinete falta a su obligación al no poder responder ninguna de las cinco preguntas sobre temas de interés nacional que le formulé. Esos temas hacían referencia a la caída del superávit fiscal, la descapitalización del fondo de la Anses, la caída en la inversión, el descenso en la producción de gas y petróleo, la pérdida de competitividad del país por la alteración de las reglas de juego y la diferente salida de la crisis internacional que naciones vecinas han aplicado.
Rodeado de asesores y consultando su notebook , el siempre "ocurrente y locuaz" funcionario se refirió a lo sucedido entre 2003 y 2008, período en que no era jefe de la administración, y dijo no estar en condiciones de responder sobre la realidad, que es su materia y la razón de su presencia en Diputados.
Horas después, vino la respuesta, con el aumento al monotributo y prórroga de la ley de emergencia. Así gobierna el kirchnerismo: gravando el trabajo y concentrando poder para disciplinar conductas. Por ello, no tienen iniciativa; van siempre detrás de los acontecimientos, improvisando sobre los efectos, nunca sobre las causas, cuando se requiere previsibilidad.
No les importa que se invierta menos en ciencia y tecnología, que cada vez se produzca menos gas y petróleo, y que caiga la inversión en la industria y el campo, palancas de un proceso de desarrollo. Aníbal Fernández fue verborrágico y extenso en su análisis político; hubo acusaciones de desestabilización y señaló: "Si el mundo demanda soja, hay que sembrar hasta en las macetas".
Además de contradecir la demonización hecha por la Presidenta sobre el "yuyo", Fernández demuestra la falta de voluntad del Gobierno para cambiar la matriz productiva.
¿Acaso a Brasil el mundo le demandaba carne y aviones cuando sólo exportaba café y bananas? ¿Hace 50 años el mundo le demandaba autos y computadoras a Japón y Corea? Se transformaron en lo que son porque tomaron la decisión de industrializarse y consensuaron políticas de crédito, impuestos, tarifas, salarios, aranceles, tipo de cambio y el presupuesto adecuado para generar una oferta de otros bienes; crearon mercados, miraron hacia adelante...
En cambio, el jefe de Gabinete mira hacia atrás, revela la resignación ante el empobrecimiento y elige no mostrar un rumbo, cada vez más incierto, pasados largamente seis años de gobierno.
Sin respuestas
A mis cinco preguntas las pudo haber contestado en cinco minutos. Pero ni siquiera lo hizo transcurridos los cinco días hábiles que pidió para hacerlo por escrito. Faltó, una vez más, a su deber en esta cita institucional.
Ahora ratifica que Guido Antonini Wilson no estuvo en la Casa Rosada. ¿Miente para ocultar lo exhibido en un video de Canal 7, que casualmente es el canal que administra el Estado? ¿No sabe lo que sucedió cerca de su despacho? ¿La Casa de Gobierno tiene ingresos clandestinos que no registra? Todas, preguntas, como aquéllas, que debería responder en cumplimento de sus obligaciones y resultan impostergables, si es que el ruinoso contrato para transmitir fútbol no le ocupa su precioso tiempo.
El autor es presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR
El problema de Néstor Kirchner no es Papel Prensa. El problema es cómo modificar el estado de opinión pública que les está impidiendo a él y a su esposa retener el poder. Una fantasía tan vieja como el autoritarismo lo lleva a creer que, controlando los medios, controlará a la sociedad. Por eso, primero se apropió del fútbol, que es el principal insumo de la televisión. Y ahora pretende quedarse con el papel, el principal insumo de los diarios. Convertido en proveedor de ese producto, el esposo de la Presidenta aspira a extender al periodismo el mismo vínculo clientelar con el que ya colonizó otras áreas de la sociedad: te doy papel si me das buenas noticias. Igual que te doy un puente si me das obediencia o te doy una bolsa de comida si me das un voto. Sindicalistas, empresarios, gobernadores o desempleados del conurbano conocen ese pacto de vasallaje. Pero no alcanzó. Kirchner perdió las elecciones y sigue cayendo en las encuestas. El problema está en la cabeza del electorado. Allí es donde hay que intervenir. Por eso, la prensa.
No sólo este sueño es tosco. También lo son los métodos que se emplean para realizarlo. El primer fallido fue confiar la intervención de Papel Prensa a Guillermo Moreno. Con esa decisión los Kirchner se ahorraron mil palabras. Desde que desembarcó en el Indec, Moreno es sinónimo de manipulación de la información. Para los que no asociaron que se pretende hacer con las noticias lo que ya se logró con las estadísticas, la Presidenta designó como su representante en la papelera a Beatriz Paglieri, responsable principal de las adulteraciones del Indec.
La otra especialidad de Moreno es el control del comercio exterior, indispensable para alcanzar el objetivo que está detrás de la intervención de Papel Prensa. Moreno debe estar muy irritado con lo que sucede con el papel de diario. La Argentina se abastece con empresas de Chile, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Finlandia, que le venden sus productos con arancel cero, obligando a Papel Prensa y a Papelera Tucumán a competir sin ventajas en el mercado global. Moreno se encargará pronto de corregir esta aberración, cerrando la importación. Sólo si la compañía intervenida se convierte en un proveedor monopólico se podrá aplicar a los diarios el torniquete político de la provisión de papel.
Es sabido que los Kirchner no prestan demasiada atención a la calidad de los argumentos para realizar estas maniobras. Les basta el poder crudo del Estado. Moreno, a quien se le puede reprochar todo menos la hipocresía, lo adelantó al iniciar la embestida: "Mis muchachos están para partir la columna y hacer saltar los ojos". Si no fuera porque carece de humor, el secretario de Comercio recordaría a los personajes de Los tres chiflados, sobre todo por la fascinación que ejerce sobre él aquel mundo en blanco y negro.
Aunque todavía no hay que llamar al traumatólogo ni al oculista, los procedimientos del Gobierno ya se están mostrando burdos. Antes de comenzar su revolución, Kirchner se quedó sin revolucionarios. Debió soportar que, disconforme con sus instrucciones, el consejero de Vigilancia de Papel Prensa, Carlos Collazo, denunciara ante la Justicia los arrebatos de Moreno; y que renunciaran los directores Mauricio Mazzón y Juan Druker; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Eduardo Hecker; el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Carlos Pacios; y los síndicos en Papel Prensa Carlos Vidal y Alejandro Turri. Nunca antes una estatización había provocado semejante sublevación en el disciplinado kirchnerismo.
Otra demostración de mala praxis es que, gracias a Papel Prensa, Moreno se está dando el gusto de utilizar como vocero al ministro de Economía, Amado Boudou, que no sólo sería su superior, sino que es quien se había propuesto echarlo cuando asumió sus funciones. No es el único placer de Moreno: también instruye a los funcionarios de la Sigen, que deberían auditarlo.
Boudou, que estaba empeñado en que el mercado olvide su pasado de confiscador de fondos, ahora debe interpretar un libreto ajeno e insólito. Por ejemplo, pretende justificar la intervención sobre Papel Prensa en un presunto problema de precios. Tal vez sea la señal de un giro y Boudou se dedique ahora a corregir el 15% de inflación que registra su gestión económica; o cumpla con la promesa de sanear el Indec. Aun así, el ministro debería saber que el precio del papel lo fija el mercado global y que la política de comercialización de Papel Prensa fue diseñada por los directores del Estado, con la abstención de los representantes de LA NACION y Clarín .
Decisión estatal
Este criterio cabe para toda la argumentación oficial: Kirchner se queja por decisiones que, en la mayoría de los casos, fueron adoptadas en exclusiva por quienes lo representaron en el directorio de la compañía -Mazzón, Druker, Dante Dovena, Alberto Fernández, entre otros-.
La torpeza de los argumentos y la desprolijidad de los procedimientos prestan un servicio invalorable. Demuestran que en Papel Prensa no se quiere enderezar una gestión administrativa. Esa empresa es el boquete a través del cual Kirchner pretende ingresar en los diarios para determinar la información que consumen los argentinos.
Es difícil decidir si ese objetivo es más lamentable por lo que tiene de autoritario o por lo que tiene de retrógrado. Si algo define al actual estado de la civilización es la imposibilidad de controlar el intercambio de mensajes. Esta es la razón por la cual Kirchner conseguirá sólo una cosa con su avance sobre la prensa: quitar a su esposa toda posibilidad de ser reconocida por la historia como la vestal de los derechos humanos que ella se propuso ser cuando ingresó en la política.
20091126 El Gobierno tendrá poderes extraordinarios hasta 2011. Logró prorroga la ley que le da facultades para evitar el control del Congreso; total rechazo opositor. ((Aun no se hicieron cargo los nuevos legisladores
20091126 LN Editorial Derrumbe moral y engaño ideológico
as sucesivas comprobaciones y evidencias de la corrupción que envuelven al matrimonio gobernante hacen cada vez menos creíble la autenticidad de su caracterización como abanderados de un pensamiento progresista e idealista.
Todavía hay sectores intelectuales, estudiantiles, artísticos o profesionales que no adhieren al kirchnerismo por dádivas materiales, sino por razones ideológicas, e ignoran los deslices morales de la cúpula gobernante remedando aquello de "roban pero hacen". En este caso el hacer es su discurso setentista, sus alineamientos internacionales y los juzgamientos y las condenas unilaterales de militares y policías.
Hay motivos, sin embargo, para suponer que esta estrategia oficial de poder pierde sustento aceleradamente. La hipocresía de asumir un pasado combativo que no fue, hoy se puede cotejar con evidencias históricas que surgen de la indagación periodística o de los testimonios de compañeros de tiempos pasados y que ahora están dispuestos a hablar.
El desengaño gradual de los seguidores de los Kirchner se potencia con la difusión de su enriquecimiento injustificable o el derrumbe de explicaciones viciadas de falsedad e hipocresía, como las que se emplearon para tapar el escándalo de la famosa valija de Antonini Wilson.
No es extraño que estén surgiendo diversas expresiones contestatarias en ámbitos sindicales, estudiantiles y piqueteros, que hasta hace poco formaban parte de la claque oficial. Hoy es frecuente escuchar repudios callejeros a la riqueza personal de nuestros gobernantes ante el contraste con la ampliación de la pobreza en la Argentina.
Estas imágenes de irritación suelen también observarse en las manifestaciones espontáneas de gente angustiada ante cada muerte, secuestro o robo producidos por la creciente inseguridad que el poder no logra controlar. La pregunta inmediata de los ciudadanos es dónde está y qué hace el poder. La respuesta, también inmediata en la imaginación popular, es haciendo dinero para su propio patrimonio. El pueblo es así: simple en sus planteos y en sus respuestas cuando cuenta con evidencias que mueven su reflexión.
La imagen positiva de la Presidenta y su esposo ha declinado fuertemente. La explicación de este fenómeno no debe buscarse sólo en aspectos materiales de la economía o del empleo, sino principalmente en el cansancio moral de la ciudadanía. Este a su vez tiene fundamento en los hechos de corrupción que comentamos, a lo que debe agregarse la reacción ciudadana ante un manejo del poder que no respeta las instituciones ni las reglas de la república. El mensaje del resultado adverso de las elecciones legislativas del 28 de junio ha sido desconocido por un gobierno que ha acentuado su proceder amañado para lograr adhesiones en la votación de leyes apropiadas a sus ambiciones de poder. Así ha sido con la prórroga de la emergencia económica, la ley de medios o la reforma política. La compra de voluntades mediante el uso y la asignación discrecional de fondos públicos sigue siendo un instrumento espurio del gobierno en contradicción con la ética y la democracia.
La evidencia del engaño con las candidaturas testimoniales no produce ni siquiera un sonrojo de quien las inventó ni tampoco de quienes se prestaron a ellas. Se entiende por todo esto el estado de ánimo de una ciudadanía que no busca ni ha buscado una interrupción de una gestión de gobierno, pero que clama por la recuperación de la moral pública y por el funcionamiento de una Justicia sin amedrentamientos ni sujeciones. La renovación del Parlamento el próximo 10 de diciembre aporta, aunque tenuemente, una luz de esperanza.
20091129 LN Ya hay casi 30 candidatos electos que no asumirán. Se sigue ampliando la lista de “testimoniales” en el oficialismo.
20091127 Cambios en el presupuesto – más financiamiento para ocultar el déficit. El Gobierno toma en préstamo fondos que son de las provincias. Sn $ 2000 millones para ATN que no distribuyo: la deuda acumulada es de $ 9.000 millones.
En el campo empresario
El descalabro de tarifas públicas causado por las políticas de subsidios y congelamientos casi interminables no sólo les habría quitado el invicto a los Kirchner en materia de superávit fiscal, ya que las cuentas de este año cerrarían en rojo. Además, mantienen a varias compañías a punto de entrar en default, como pasó con Autopistas del Sol. La situación es muy peligrosa para los grupos internacionales, ya que podrían recibir castigo en sus filiales en otros países a causa de una cesación de pagos en la Argentina.
Mientras la Presidenta anunciaba una suerte de plan canje para un "camión argentino o del Mercosur", en el sector energético muchos se preguntaban de dónde saldrá el gasoil para un parque de automotores pesados en crecimiento y una demanda de electricidad creciente, que no puede ser atendida quemando gas en las centrales térmicas.
No sólo eso. En 2012 todos los nuevos camiones pesados deberían estar equipados con motores de última generación, que requieren el gasoil más refinado que se produce en el planeta y que en la Argentina se importa en su totalidad y es significativamente más caro que las versiones de menor calidad. ¿Quién garantiza que habrá suficiente combustible en todo el país y que los transportistas podrán pagarlo con las tarifas de transporte vigentes? Es la pregunta que se hacen algunos empresarios. Los analistas presupuestarios coinciden en que el Estado no tiene margen para conceder más subsidios.
¿Habrá que postergar la entrada en vigor de la exigencia de modernizar los motores y respetar el medio ambiente? En todo caso, el camión argentino o del Mercosur y su plan canje tendrían también costo fiscal. "Hugo Moyano está detrás de un proyecto de instalación de una armaduría china para producir una unidad en San Juan", dicen ejecutivos que conocen las negociaciones,
Las urgencias fiscales restan credibilidad también a algunas iniciativas del Gobierno. La idea de reconocer la tarifa que haga falta para pagar la construcción y financiación de represas hidroeléctricas ha generado dudas. Porque se trata apenas de una resolución y no parece haber recursos estatales para subsidiar esas tarifas ni tampoco para aplicárselas a los usuarios.
20091123 LN Efecto del clima y la política oficial. La siembra de girasol enfrenta su peor campaña en 30 años. Se convierte en el tercer cultivo en retroceder en superficie, frente al avance de la soja
271109 LN Editorial I La hora de los jueces
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental dentro del principio de división de poderes para lograr un nivel de calidad institucional y seguridad jurídica en el desarrollo de nuestra Nación. Por desgracia, la extrema lentitud -rayana en la parálisis cómplice- que algunos jueces federales imponen en importantes causas de presunta corrupción del kirchnerismo es la prueba innegable de su falta de independencia y de un deplorable sometimiento al poder político de turno.
Ambos factores -la falta de independencia y el sometimiento al Poder Ejecutivo- terminan por asegurarle el campo a la impunidad al amparo del transcurso del tiempo, que favorece la pérdida de pruebas o el arribo de los plazos de prescripción.
Veamos, por ejemplo, lo que ocurre con el caso Skanska: poco y nada se ha avanzado a pesar de la importancia de este caso sobre el presunto pago de sobreprecios y coimas durante la ampliación de los gasoductos. La causa se tramita en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, pero hace más de dos años, es decir, antes de que cayera en sus manos, ya obraban en el expediente los documentos con firmes indicios de la existencia de sobreprecios en las obras autorizados por el Enargas.
El mismo magistrado está a cargo de uno de los expedientes en los que se investiga el escandaloso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner. Pero quien haya seguido las numerosas declaraciones que este juez realiza a los medios radiales y televisivos lo habrá escuchado hablar con lujo de detalles y una sensibilidad ofendida sobre la causa de los medicamentos adulterados o de los espías que pinchaban teléfonos desde la Policía Metropolitana del gobierno de la ciudad, pero jamás sobre el caso Skanska o sobre el de las declaraciones juradas de bienes del matrimonio presidencial.
En esa última investigación, Oyarbide no tuvo más remedio que admitir que había recibido al contador del matrimonio luego de que LA NACION reveló el hecho. Sugerente cortesía la del magistrado. Lo recibió a solas y aceptó que brindara sus explicaciones por escrito, como perito de parte de los Kirchner, pese a que, llegado el caso, el contador también podría ser imputado.
Otro expediente de llamativa lentitud es el que lleva el juez en lo penal económico Daniel Petrone sobre los más de 800.000 dóalres que llegaron desde Caracas en una valija a bordo de un vuelo privado que transportaba al ex titular del Occovi, Claudio Uberti, y al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, y que fueron secuestrados en el Aeroparque en agosto de 2007.
Más que la Justicia, fue el periodismo el que con mayor empeño y profundidad investigó el caso de las valijas. Y tuvieron que transcurrir más de dos años del hecho para que el juzgado identificara, en filmaciones del canal estatal, la presencia de Antonini Wilson en un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, presencia que el Gobierno siempre negó.
Existen más denuncias de incrementos injustificados de patrimonios de funcionarios, violaciones permanentes y sistemáticas de la libertad de prensa o expresión, estadísticas fraguadas y un sinnúmero de hechos que quedan impunes sin investigar por falta de decisión de los magistrados que tienen a su cargo esas causas.
Alguien tiene que poner un freno al poder absoluto del Gobierno con la ley en la mano, y ese alguien es el Poder Judicial, no sólo mediante el dictado de sentencias, sino también forzando su cumplimiento. El Poder Judicial debe hacer efectivo el Estado de Derecho, pues tiene las herramientas a su alcance para hacerlo.
Hoy, nuestra sociedad necesita jueces que resistan las presiones del poder público y que avancen en los procesos que les han sido asignados hasta las últimas consecuencias, sin temer las denuncias o represalias que el poder político de turno pueda efectuarles.
La ciudadanía sabe bien que no es fácil exigirles a nuestros magistrados esta cuota de valor heroico porque detrás de todo juez existe un hombre, con familia, preocupaciones y debilidades, y temores, pero también es cierto que van a ser reconocidos tanto su esfuerzo como su entereza en el cumplimiento de la excelsa misión que le ha sido encomendada. Si así no fuera, el deterioro y el debilitamiento institucional serán cada vez mayores.
20091129 LN Editorial Kirchner, amo y señor
Los seres humanos suelen advertir los signos de las enfermedades que padecen cuando el mal ya hizo estragos. La capacidad de las personas y de las sociedades para ignorar lo obvio es siempre llamativa. A los argentinos nos está sucediendo eso con un síntoma muy expresivo de nuestra descomposición institucional con el que hemos pasado a convivir con naturalidad. Ese síntoma es el ejercicio que hace Néstor Kirchner de un poder que está al margen de la ley.
El lenguaje, con sus automatismos, es un gran delator. Desde hace tiempo, el discurso político y periodístico se refiere a Kirchner como el sujeto único de decisiones oficiales sin que eso signifique una ironía ni entrañe algún juicio de valor. Es apenas una constatación rutinaria. Manda quien no debe mandar, pero eso ya no parece inquietar a nadie.
La novedad de que Kirchner no pudo tolerar la limitación republicana al período que la Constitución fija para desempeñar la Presidencia llegó muy temprano. A los tres días de haber asumido sus funciones, Cristina Kirchner debió enfrentar su primera crisis. Un venezolano había afirmado ante la justicia de los Estados Unidos que los 800.000 dólares que trajo Guido Antonini Wilson en su valija estaban destinados a financiar la campaña que ella acababa de finalizar. El país entero se preguntaba cómo resolvería ese desafío su flamante mandataria. Pero el esposo no la dejó demostrarlo. Salió al ruedo para decirle a su señora que debía quedarse tranquila, que él estaba ahí, que nadie daría un paso atrás. Ese día fue el final simbólico de la presidencia de Cristina Kirchner.
Después vinieron otros desbordes que terminaron de anonadar a la jefa del Estado: desde una excursión chavista por las selvas colombianas digna del realismo mágico de Gabriel García Márquez, hasta el fatídico conflicto con el campo.
El desajuste es, desde el punto de vista institucional, de una enorme gravedad. Los argentinos votaron a una persona para que termine gobernando otra. En español eso se llama fraude. No debería extrañarle a la clase política el bajísimo aprecio que consigue del resto de la sociedad cuando este tipo de aberraciones constituyen un dato cotidiano. No hace falta quebrar ningún hermetismo para saber que en la Argentina de hoy es Néstor Kirchner, no su esposa, quien toma las principales decisiones del Gobierno, sobre todo en el terreno de la economía, la inversión pública, las relaciones federales, las negociaciones con el Congreso o el vínculo con la Justicia. Es un secreto a voces que entre nosotros el valor del dólar o la tasa que pagará el Estado para endeudarse los decide un diputado electo que salió perdedor en los comicios. Cualquier funcionario sabe que desde Olivos se puede boicotear la acción de un ministro dándole instrucciones divergentes a un secretario. Amado Boudou no ignora, como no lo ignoraban sus antecesores inmediatos, que lo que él decide con la Presidenta lo puede modificar Kirchner en una charla con Guillermo Moreno. Gracias a su vínculo marital, Kirchner puede decidir si se disuelve un piquete o si se le otorga un subsidio a una organización de piqueteros en detrimento de otra. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Está a la vista de todo el mundo que el ex presidente desarrolla una campaña de exaltación personal utilizando los recursos del Estado. Está menos a la vista que se sirve de esos recursos para indagar en la intimidad de las personas, gracias a una manipulación facciosa de los organismos de inteligencia que la Argentina jamás conoció desde la restauración democrática de 1983. Los secretos de Estado que concentra el dispositivo de la seguridad nacional se vuelcan en el oído de Kirchner, no de su esposa.
La consecuencia más inmediata es una degradación de la institución presidencial de la que tendrá que hacerse cargo el jefe del Estado que reemplace a los Kirchner. La responsabilidad de la Presidenta es enorme en este sentido, ya que es ella la que transfiere a quien la acompaña en Olivos un poder que le fue otorgado de manera indelegable. No la excusa en esa operación el grado de dependencia emocional que pueda tener respecto de su esposo, que sólo ella conoce y que pertenece al orden privado.
La irracionalidad en la toma de decisiones termina contaminando todos los procesos de la vida pública con dosis intolerables de imprevisión. Nadie puede estar demasiado seguro de lo que ocurrirá si las cuestiones de Estado las resuelve un particular en una instancia inapelable por lo privada. Magnífica metodología para atraer inversiones.
La llegada de Cristina Kirchner al poder venía acompañada de la promesa de una mejora institucional. Ella misma alentó la fantasía de que modernizaría el ejercicio de su función. Su acceso a la máxima magistratura fue pintada, incluso, como una conquista de la lucha de las mujeres por la igualdad. Esas promesas quedaron en palabrerío. La Presidenta rindió un lamentable homenaje a su género, al que tanto se refiere, poniendo las responsabilidades que se le confiaron en manos de un varón que decide por ella.
Estas deformaciones pueden convertirse en una anécdota cuando se evalúe el paso de los Kirchner por el poder. Importan por otros motivos. Porque la emergencia de un liderazgo caudillesco es siempre la otra cara de una inconsistencia social. Porque nos recuerdan la increíble dificultad que tenemos para construir instituciones, acaso consecuencia de haber vivido tanto tiempo ajenos a ellas, y porque nos hacen ver el gigantesco desafío que tenemos por delante para despersonalizar el poder, restaurar la ley y someternos a ella.
20091129 Clarín Corrupción: por fallas judiciales, las causas duran 14 años. Investigaciones mal hechas, chicanas de abogados y pericias sin rumbo: por primera vez, un análisis de varios juicios al que accedió Clarín muestra por qué las coimas y los fraudes siguen impunes. Por: Claudio Savoia
Los cambios que sugieren
jueces y especialistas
El duro camino para
acceder a las causas
Un año y medio de idas y
vueltas
La noticia, hace dos
semanas, dejó un regusto amargo en tiempos de fuerte desconfianza hacia la
honestidad de los funcionarios públicos: después de catorce años de juicio, por
un acuerdo entre las partes para evitar que el proceso se siga extendiendo y
todo quede en nada, los siete acusados por el pago de coimas en un contrato
entre la empresa IBM y el Banco Nación recibirán penas de dos y tres años de
prisión en suspenso. ¿La parte buena? El Estado recuperará más de 17 millones de
pesos. Aunque nadie irá preso, es todo un triunfo: en Argentina, los juicios por
corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del uno por ciento termina en
condenas. Jueces y fiscales que no planifican lo que van a investigar, carpetas
que acumulan papeles inútiles, trampas formales para dilatar el proceso y
peritos que no aportan pruebas importantes, son las causas repetidas. Y nadie
hace algo por corregirlas.
Clarín tuvo acceso a un informe preliminar de la investigación que la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comenzó a elaborar analizando el
trámite de doce causas por corrupción investigadas en distintos juzgados
federales de la Capital. Una experiencia inédita, por la resistencia habitual de
los tribunales a que las organizaciones no gubernamentales monitoreen su trabajo
(ver página 42). Este diario intentó conocer la opinión de varios jueces
federales, pero fue en vano. En síntesis, los motivos que vuelven interminables
estos juicios hasta burlar cualquier noción de justicia, son:
Investigaciones mal organizadas
Los juicios por corrupción suelen ser complejos, con varias personas
involucradas y distintos delitos que pueden investigarse. "Pero esto no se
hace", explica Luis Villanueva, coordinador del programa de Fortalecimiento
Institucional de la ACIJ. "Ni los fiscales ni los jueces trazan una hipótesis
general que ordene todo el caso y le dé un norte. Se siguen líneas difíciles de
concretar, mientras se abandona la persecución de delitos clarísimos. También se
desperdician los recursos: se pide la misma información a distintos organismos,
o se reclama varias veces lo mismo".
Veamos un ejemplo: en base a una nota de Clarín, la diputada del ARI Elsa Quiroz
denunció hace cuatro años posibles manejos fraudulentos en un Fondo Fiduciario
dependiente del ministerio de Economía, a través del cual se realizaron
préstamos a 26 bancos entre 1995 y 2002. Tras estudiar el expediente, los
abogados de la ACIJ estimaron que al menos 14 de los bancos habían realizado
maniobras dudosas. Pero dos años después, en diciembre de 2007, el fiscal a
cargo del caso sólo centró su trabajo en dos entidades y archivó las
investigaciones al resto.
Meses enteros sin avances.
Los investigadores piden
diligencias de a una, y no siguen trabajando hasta que no les contestan. Por
ejemplo, en los juicios analizados la feria judicial de enero se extiende por
tres meses sin medidas. "Como bien dicen los propios empleados judiciales: 'las
causas se llevan, no se investigan'. Pero ni siquiera se llevan hacia algún
lado", dice Villanueva.
Procedimientos tardíos, burocráticos y mal resueltos
Casi en ningún caso se cumplen los plazos procesales. La instrucción de una
causa no debería tardar más de cuatro meses, y lleva años. Las declaraciones
indagatorias de los acusados se realizan sin muchas pruebas, y también se
incumple el plazo de diez días para procesarlos o declarar su falta de mérito.
"Los imputados soportan procesos de décadas, lo que -sean o no culpables- viola
sus garantías constitucionales. Por lo que vimos en Tribunales, es muy problable
que durante 2010 no haya ninguna condena por corrupción", anticipa el abogado de
la ACIJ Dante Leguizamón.
Más tardanzas increíbles: las notificaciones a quienes se convoca a declarar las
hace en todo el país la policía federal, y tardan meses; un formalismo
asfixiante establece que en cada cita se copien resoluciones que confunden a
quien las lee. Además, el juez tiene que firmar cada papel que emite o que
recibe. ¿Un ejemplo? En la causa "Ricillo, Antonio y otros sobre malversación de
caudales públicos", iniciada en el año 2000, el juzgado federal número 2
consideró que la instrucción estaba terminada el 9 de agosto de 2006. Desde
entonces, y hasta el 13 de noviembre de 2007, el expediente acumuló 54 actos
procesales, entre notificaciones a las partes, recepción de esas notificaciones,
citaciones que se repitieron varias veces por distintos errores, notas cruzadas,
planteos de los defensores y otros trámites (el desopilante detalle completo se
ofrece en www.clarin.com). Al día de hoy, casi una década después de iniciada la
causa, el juicio oral todavía no tiene fecha.
Otro ejemplo: en el año 2000, el titular del juzgado federal número 2 comenzó a
investigar los supuestos gastos desmedidos en unas Jornadas de Capacitación
realizadas en Mar del Plata por el PAMI. Para empezar, esas jornadas se habían
realizado en 1994, seis años antes. Para seguir, el expediente fue minado por
diligencias repetidas, otras incompletas, y algunas simplemente increíbles: ni
el juez ni el fiscal viajaron nunca a Mar del Plata, por lo tanto pedían cada
dato a través de exhortos al juez federal marplatense. Así solicitaron el
testimonio del contador local del PAMI, Mario Barboni, que para entonces ya no
trabajaba más en aquella oficina. Al final se lo ubicó, y su declaración fue
sumada a la causa cuatro meses después. Pasados dos años, el juez creyó
necesario ampliar esa declaración, y volvió a pedírselo a su colega, sin
consignar la dirección de Barboni. Como había pasado antes, el exhorto fue
devuelto sin respuesta.
Uso dilatorio de las herramientas procesales.
Se sabe: los abogados usan todos los recovecos legales posibles para beneficiar
a sus clientes, y en las causas por corrupción lo más fácil es recurrir ante la
Cámara cada decisión del juez. "Según lo que vimos, cada uno de estos recursos
se resuelve en un promedio de seis meses", dice Leguizamón.
Una buena pintura de esta ordalía de chicanas la ofrece el famoso expediente por
coimas en el contrato con la empresa Siemens para realizar 42 millones de DNI.
El 31 de agosto de 2004, el juez a cargo dispuso pedir las declaraciones
indagatorias de Carlos Menem, Carlos Corach, Aldo Carreras -ex funcionario del
ministerio del Interior- y dos directivos de Siemens. Desde ese día, los
distintos defensores presentaron cinco incidentes de nulidad cuya resolución en
la Cámara llevó trece meses. Aún así, hasta hoy esas declaraciones indagatorias
no se realizaron.
Pericias sin rumbo.
En casi todos los juicios por corrupción se deben analizar balances,
declaraciones juradas y otros documentos que requieren de la intervención de
peritos contables. "Pero a veces los jueces les mandan todo el expediente sin
hacerles preguntas claras, o interrogándoles 'si hubo delitos', algo que deben
determinar ellos", dice Villanueva.Las pericias, a su vez, tardan siglos. Un
detalle: por su flojo desempeño, la Corte Suprema decidió en enero pasado
investigar al cuerpo de peritos contables.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
participa en varios juicios por corrupción, y desde hace años analiza el
desarrollo de cientos de estas causas.
Su base de datos no alienta el optimismo: entre 1980 y 2007, el Estado perdió
unos 13.000 millones de dólares por la corrupción de sus funcionarios, y sobre
un total de 750 juicios sólo el 5 por ciento terminó en condenas (10 personas).
Las causas tardan un promedio de 14 años en resolverse, y ya vemos cómo. El
director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, va al grano: "Los jueces no definen
con claridad cuál es el objetivo político-criminal. Además, pierden tiempo
porque investigan sobre el caso y no sobre la maniobra fraudulenta. Esto es más
trabajoso y menos útil, porque la clave es descubrir y desarmar las maniobras
delictivas que después se repiten en varios casos. Sólo se busca saber si tal o
cual funcionario cobró coimas, y encima tampoco se logra".
Biscay recuerda que "en las facultades de Derecho no se estudian delitos
económicos", y señala otras causas más profundas y menos tangibles que atentan
contra la posibilidad de justicia: "existen relaciones de poder muy fuertes
entre los investigados y los investigadores, que sin ser de complicidad
constituyen una barrera invisible. Todos pertenecen a la misma clase
socioeconómica, integran círculos comunes, hasta tienen personas en común: son
poderosos investigando a poderosos".
Los abogados de la ACIJ agregan otro ladrillo: "los jueces y fiscales federales
retienen las causas, las impulsan y las congelan según el clima político y su
relación con el gobierno de turno. Eso les da poder, estabilidad laboral y, en
algunos casos, también beneficios económicos o ascensos a camaristas", dicen
Villanueva y Leguizamón.
Aunque las críticas a los juicios por corrupción son genéricas y desnudan las
fallas estructurales del sistema más que los errores de cada juez, todas las
miradas se concentran en el edificio de Comodoro Py, sede de los doce juzgados
federales porteños. Uno de ellos está encabezado por Daniel Rafecas, quien
aceptó compartir su visión con Clarín. Para él, los motivos que más retardan los
juicios son la demora con que los casos llegan a Tribunales, la burocracia en la
etapa de la instrucción, la "amplia posibilidad de apelaciones que tienen los
defensores" -primero ante la Cámara de Apelaciones y luego ante la Casación
Penal-, y la falta de recursos y de rapidez de los peritos contables. "Esto
también es responsabilidad de los jueces y fiscales que no les ponen plazos
razonables a los peritos. Mi Juzgado lo hace, y logramos recortar mucho esos
plazos", dice el titular del juzgado federal número 5.
Pero no todos los problemas anidan en los tribunales. Rafecas, que entre otras
causas famosas investiga las presuntas coimas en el Senado durante el gobierno
de Fernando De la Rúa, también se refiere a la "inflación" de denuncias por
corrupción: "Se hacen muchas denuncias con el diario de la mañana. Y así los
juzgados tramitan muchas causas por hechos que la mayoría de las veces no
encajan en delitos", dice. "Se usa el fuero penal federal para hacer denuncias
inconsistentes con el solo propósito de que salga un cable de noticias afirmando
que alguien fue denunciado ante la justicia".
La opinión del juez es compartida por varios de sus colegas y algunos fiscales
que no quisieron ser identificados. "Así se termina judicializando la política.
Este es uno de los principales factores del desgano judicial", sentencia uno de
ellos, con un muy alto cargo en Tribunales.
Muchos expedientes, sin embargo, reflejan otros yerros. El titular de la ONG
Contadores forenses, Alfredo Popritkin, los analiza desde su propia experiencia
como ex perito contador de la Corte Suprema: "economistas, contadores y
administradores pueden ayudar mucho en la planificación y organización de la
investigación judicial", opina. "Pero los peritos deberían interactuar mucho más
con los fiscales y jueces." Para el especialista en fraudes contables, "si los
jueces tuvieran un asesoramiento especializado antes de llamar a un perito,
rápidamente se mejoraría la calidad de las pericias para que sirvan en el juicio
oral". Popritkin recuerda que un juicio para sancionar la corrupción debería
"evitar el uso indebido de fondos públicos, pero también recuperar el botín
obtenido por los defraudadores".
El investigador de la fundación Justicia y Mercado Alejandro Drucaroff Aguiar
trabaja desde hace años en ese sentido: "La Constitución y las leyes imponen a
los funcionarios públicos ser idóneos y responder con su propio patrimonio por
los daños causados al Estado. Ello incluye, por supuesto, los efectos de la
corrupción, pero también la administración negligente o imprudente. Muchos
acusados de corrupción se amparan en que sus conductas fueron fruto de
"decisiones políticas" que no pueden ser reclamadas en la Justicia, pero las
leyes vigentes dicen lo contrario, y ordenan que los servicios jurídicos de cada
repartición y la Sindicatura General de la Nación determinen el monto de cada
perjuicio y reclamen a los causantes que lo abonen de su bolsillo."
Desilusionado con los magros resultados penales de su labor, el ex fiscal
nacional de investigaciones administrativas Manuel Garrido renunció en marzo a
su puesto y hoy dirige los programas de Justicia y Transparencia del CIPPEC.
"Varios de los juicios iniciados por mis denuncias sufrieron demoras
increíbles", repasa ante Clarín. "En la causa por la adulteración del índice de
precios del INDEC, por ejemplo, el fiscal y el juez reprodujeron la misma
prueba, y el juez ordenó una pericia irrelevante. A su vez, ni siquiera fue
hasta el INDEC para constatar las cifras registradas en la base de datos. La
denuncia por el pago de sobreprecios en la remodelación de los vagones de subte,
contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, estuvo años parada sin que
el juez ni siquiera ordenara el peritaje sobre los costos, que finalmente se
realizó en medio de presiones a los peritos. Así puedo contar decenas de
ejemplos..." dice el ex fiscal.
Creada en el año 2000 para levantar el pobre estándar de transparencia que el
gobierno de Carlos Menem había dejado en la opinión pública, la Oficina
Anticorrupción (OA) tiene la potestad legal de empujar los juicios participando
como parte querellante, como lo hace en varios juicios contra los ex
funcionarios menemistas Víctor Alderete, Armando Gostanian, Raúl Granillo
Ocampo, Ricardo Cossio, María Julia Alsogaray y el propio Menem. Clarín quiso
saber por qué, en cambio, la OA no decidió querellar en causas relacionadas con
las administraciones kirchneristas, como el destino de los fondos recolectados
en las facturas de electricidad destinados a Santa Cruz, la supuesta
malversación de fondos de la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti, las
posibles irregularidades en el manejo de subsidios por parte del Instituto de
Cine bajo la presidencia de Jorge Coscia, el uso irregular de fondos de ENARSA
en la contratación del avión que trajo al país a Guido Antonini Wilson, entre
otras.
Por escrito, el organismo dirigido por el kichnerista Julio Vitobello recordó
que la OA no tiene la obligación legal de presentarse como querellante, y que
sin embargo en algunas de esas causas "aportó documentación, pruebas e
información", mientras continúan "bajo investigación preliminar" para decidir si
en alguna de ellas se interviene como parte acusadora. "Sólo los casos bien
probados y fundados garantizan el éxito del proceso", advierte la carta.
El abogado de la ACIJ Luis Villanueva vuelve al principio: "La corrupción socava
la democracia y produce un daño social enorme. Si no se la sanciona, es
impensable que disminuya. Y el modo en que la Justicia investiga estos delitos
es absolutamente ineficiente." Su colega Dante Leguizamón cree que "hay un
desinterés muy grande en los tribunales porque las causas lleguen a algún lado,
sea la condena o la absolución. Se conforman con multiplicar el papeleo y que
pase el tiempo. Parece que no le importara a nadie." Parece.
.
La última arremetida gubernamental contra la libertad de expresión se ha centrado contra la planta nacional productora de papel para diarios Papel Prensa SA. En el fondo, las acciones protagonizadas por el secretario de Comercio y otros funcionarios públicos llevan el sello del ex presidente Kirchner y de su esposa, la actual Presidenta. Significan el comienzo de un acelerado proceso de intimidación y silenciamiento de la prensa escrita.
Se trata de la continuación coherente con las operaciones realizadas a toda marcha, como si se hubiera estado acabando el mundo, por las cuales se sentaron, hace pocas semanas, las bases para operar contra el periodismo independiente de radios y canales de televisión. Es decir, para dejar a esos medios en manos complacientes con el Gobierno y alineados, por lo tanto, con los medios de los propios amigos y con los que, perteneciendo al Estado, poco o nada sirven al interés general y sí, mucho, a la insaciable voluntad de poder de la facción política dominante.
Estamos, pues, ante otro paso más en dirección de convertir al Estado de Derecho en una ficción. Un Estado de Derecho revestido de formalidades democráticas por el origen de los gobernantes, pero cada vez más vaciado del contenido republicano que debería legitimarlo en su ejercicio. Fenómeno por cuya elocuencia ha trascendido las fronteras nacionales.
La opinión pública ha estado advertida del destino final de la maniobra en curso a través de secuencias que han incluido, entre otras graves expresiones, el alejamiento del anterior presidente de la Comisión Nacional de Valores, Eduardo Hecker, y del titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Alberto Pacios. El primero renunció como consecuencia de sus discrepancias con las presiones y procedimientos de Guillermo Moreno para atacar en todos los terrenos a Papel Prensa SA, como lo había hecho antes, según se ha dicho hasta el cansancio, contra productores agropecuarios, industriales, comerciantes y cuantos ciudadanos alcanzados por su órbita desmedida de decisiones osaron pronunciarse contra la política intolerante impuesta desde la Casa Rosada. El segundo fue destituido por resistirse a las presiones de Moreno para aumentar injustificadamente las auditorías en la empresa.
Ha sido también informada la opinión pública de las renuncias presentadas por los directores y consejeros de vigilancia que representaban al Estado en la sociedad mencionada a raíz de considerar inaceptable involucrarse en el juego de arbitrariedades dispuesto por el secretario de Comercio. Uno de los consejeros exteriorizó en una denuncia penal las amenazas a las que había sido sometido por parte de este último.
Todo eso constituye un cúmulo de atropellos propio de las desmesuras de diversa índole cometidas por el oficialismo desde su instauración, en mayo de 2003. Pero quedaría superado, a pesar de todo, en relación con la magnitud de los hechos que podrían precipitarse en el futuro inmediato. Así lo presagian el tono y fondo de lo que ha venido ocurrido.
Las acciones oficiales llevan, en efecto, la lógica de procurar por todos los medios la intervención de Papel Prensa sobre la base de la supuesta defensa de los intereses de un Estado que lleva, por otra parte, muchos años sin cumplir el compromiso de vender su participación minoritaria en esa empresa privada. En la campaña desatada por los voceros oficiales se ha dicho, asimismo, que se habrían afectado derechos de terceros, cuando en realidad nada se ha realizado sin la aprobación, paso a paso, en las tres décadas de funcionamiento de la planta industrial de Papel Prensa, de los sucesivos representantes del Estado.
El punto central por considerar en adelante es que, ante una eventual intervención de Papel Prensa, el Estado -es decir, el Gobierno de acuerdo con hábitos reiterados de llevar toda el agua para el propio molino del elenco que lo integra- pueda a renglón seguido manipular las compras de papel importado. Ha hecho en esta materia cosas iguales y peores, de modo que quedaría abierto de tal manera el riesgo de que se procure monopolizar la comercialización interna del papel.
En el primer quinquenio de los años cincuenta, LA NACION y otros diarios del país sufrieron las consecuencias de lo que aún se recuerda como la "cuotificación" del papel para diarios. Ese procedimiento se podría exponer en los siguientes y simples términos: más papel para los más obsecuentes con el poder; menos papel para la prensa con sentido de la dignidad de su misión.
Así las cosas, LA NACION llegó durante años a sus lectores con ediciones, de lunes a sábado, de sólo seis páginas, y de diez, los domingos, por las cuatro páginas que se ahorraban los otros días a fin de hacer posible la publicación del Suplemento Literario, orgullo editorial de la cultura argentina.
Peor le fue a La Prensa , de la familia Paz, atacada con saña hasta su confiscación en abril de 1951. La desvergüenza en las argumentaciones legislativas que avalaron la política oficial de entonces fue de una dimensión surrealista. Podrían hasta resistir airosamente una comparación con las declaraciones de funcionarios de ahora que, al poner el acento en decisiones del gobierno militar sobre la industria del papel, se han olvidado de que ellos mismos militaron en uno de los partidos políticos que defendieron, con mayor perseverancia, a la denostada dictadura.
No sólo el derrumbe de una mínima moral política está a la orden del día. También lo están la hipocresía y el peligro enorme que se cierne para la libertad de todos en el país.
20091123 Clarín El ex vice de Kirchner en Santa Cruz lo denunció por un caso de coimas
Dijo que era por un crédito millonario, cuando gobernaban ambos la provincia.
El ex vicegobernador de Santa Cruz, Eduardo Arnold, vinculó a Néstor
Kirchner con un caso de coimas millonarias cuando gobernaba la provincia a
mediados de los años 90, por un crédito concedido por el Banco de Santa Cruz a
un empresario dedicado a las construcciones y reparaciones navales en Puerto
Deseado.
Según relató Arnold anoche en el programa La cornisa, que conduce el periodista
Luis Majul por América 2, el empresario naval Juan Antonio Torresin estaba
necesitado de un crédito para terminar el dique seco de su empresa -Gipsy S.A.-
en Puerto Deseado.
"Torresin parecía al borde del suicidio. Le preguntó cómo conseguir un crédito
en el Banco de Santa Cruz. Van a ver a Néstor Kirchner y les dice que no hay un
peso. El gerente general del banco también les dice que no había un peso",
relató Arnold, y luego contó el desenlace: "Una persona mandada por Néstor
Kirchner va al hotel en que estaban (los empresarios) y les pregunta cuánta
plata necesitan ($3 millones). Les dice que él se la podía conseguir con el 20%
adelantado y a pagar en Buenos Aires. Ellos le pagaban (la coima) al gerente que
había en Buenos Aires por adelantado", aseguró Arnold.
El ex vicegobernador de Kirchner -de quien se distanció hace ya varios años-
precisó a Clarín que la historia le fue relatada por el propio Torresin, que
estaba "muy preocupado" porque había pagado "de sus cuentas personales" el
adelanto de la coima, condición para recibir el crédito después. Arnold también
indicó que el gerente general del Banco era entonces Lázaro Báez, ex empleado
del banco, hoy un multimillonario empresario kirchnerista.
"En 1995 el cierre de campaña para la gobernación se hizo en el dique seco
-rememoró Arnold-. La empresa pagó la paella para cinco mil personas y la
provincia nunca le devolvió la plata".
Arnold aseguró que le transmitió a Kirchner, en la residencia del gobernador, la
charla que había tenido con el empresario. "Me dijo que fuera a la Justicia. Yo
sabía cómo se manejaba la Justicia en Santa Cruz y no fui para no perder tiempo.
Pero estoy dispuesto a contar ésto a cualquier juez que me lo pida, pese a la
seria desconfianza que tengo en el club de jueces federales".
La repercusión de la denuncia fue inmediata. Según trascendió, el jefe del
bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, pedirá hoy a Arnold -también un ex
senador-- que ratifique sus dichos.
Arnold contó a este diario que Gipsy -que tenía entonces como socios a Torresin
y a dos hermanos de apellido Pantiga- sigue activa en Puerto Deseado.
Arnold, vicegobernador de Kirchner por ocho años (1991-1995, 1995-1999), es uno
de los hombres que más lo conocen. La fórmula Kirchner-Arnold fue producto de
una alianza entre distintas líneas del PJ santacruceño. "Kirchner santacruceñó a
la Nación. Todo aquel que no esté de acuerdo con él es su enemigo. Que se de
cuenta que la gente ya lo condenó. Que deje de hacer caja. Quiere tener todos
los medios de comunicación", sostuvo Arnold, hoy alineado con el Peronismo
Federal de Felipe Solá y Carlos Reutemann.
En la Cámara de Diputados, a Graciela Camaño se la conoce como una mujer frontal, aguerrida y temida. Ayer dio fe de ello cuando se despidió, con un portazo, del bloque del Frente para la Victoria. "No quiero compartir un mismo bloque con Néstor Kirchner, una persona complicada por denuncias de corrupción", asevera.
La legisladora, que tiene mandato hasta 2011, anunció ayer que formará un bloque unipersonal y que interactuará con el espacio peronista disidente en la Cámara de Diputados.
Algunos diputados de ese sector la impulsan para que comande ese espacio, pero Camaño es tajante. "No aspiro a presidir ningún bloque. No quiero patrones", aclara, en diálogo con LA NACION.
-Usted fue elegida diputada por el Frente para la Victoria en 2007, pero recién ahora pega el portazo cuando el oficialismo está por perder la mayoría. ¿No suena oportunista?
-De ninguna manera. Hace tiempo que venía madurando esta decisión; de hecho, nunca tuve una participación activa dentro del bloque ni del Gobierno y voté cada ley según mi criterio, nunca llevada por lo que imponía la Casa Rosada. Así, voté en contra de la ley de medios, por ejemplo. Hace tiempo que mantengo diferencias con el Gobierno, pero desde que Kirchner anunció que integrará el bloque, yo decidí partir. No puedo compartir un bloque con una persona complicada en causas judiciales por corrupción. Por eso asume su banca: lo que necesita son fueros.
-Pero desde hace tiempo que estas denuncias se conocen públicamente?
-Yo fui elegida en 2007 y formaba parte de un grupo bonaerense que decidió integrarse al bloque oficial con la asunción de Cristina Kirchner. Yo tenía una enorme expectativa en la Presidenta, como mujer. Pero ahora no es lo mismo: Néstor Kirchner le está embromando el gobierno; él maneja todos los resortes del poder. El no será un diputado raso; él llegará al Congreso como el monje negro del Gobierno. No puedo compartir un bloque con él en estas condiciones.
-¿Por qué votó a favor del proyecto oficialista de reforma política, entonces?
-Porque creo que es una muy buena iniciativa a partir de la cantidad de modificaciones que logré que se incorporaran en el texto [ella preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue cabecera del debate]. Así, dejó de ser un traje a medida para Néstor Kirchner, como era el proyecto originalmente.
La severa crisis política, económica y social que conmovió a los argentinos en 2001 generó, como no podía haber sido de otro modo, una situación temporal de emergencia. Enfrentados a ella y a la amenaza de una suerte de derrumbe colectivo, los empresarios argentinos quedaron sumergidos en la defensa de los intereses a su cargo y, por extensión, de muchísimas fuentes de trabajo en el país. Esto significó, para muchos, adaptarse a tales circunstancias dramáticas a fin de evitar el precipicio.
Con el tiempo, sin embargo, la emergencia debió haber quedado atrás. Pero el advenimiento de una administración autoritaria y discrecional, como no se ha conocido desde la reapertura democrática, prolongó con arbitrariedades la situación de emergencia y la transformó en permanente. Para ello, se recurrió a la intimidación permanente como instrumento de gobierno. También, a una tan manifiesta como antidemocrática concentración del poder en el Ejecutivo, con la consecuente degradación de las instituciones.
En ese ambiente, las crisis que afectan al país se ocultaron con la consiguiente demora en encontrar soluciones perdurables. Lo ocurrido en el sector energético ha sido tan sólo un ejemplo elocuente de la metodología perversa de capricho e imprevisión. Los precios relativos se distorsionaron. Las cifras oficiales fueron manipuladas para ocultar la realidad. Los subsidios masivos reemplazaron a la racionalidad. Las prebendas llenaron los escenarios. Como consecuencia de esto, la confianza y la inversión cayeron en relación directa con las desviaciones demagógicas y el populismo.
Mientras tanto, se proclamaba la existencia de un "modelo económico" destinado a impulsar cierta deletérea "burguesía nacional". Desapareció el supuesto modelo y se difuminó la curiosa burguesía, con excepción de los bolsones conocidos de privilegiados amigos empresarios del Gobierno. Al mismo tiempo, crecieron la pobreza y la exclusión.
En paralelo, la siembra constante de resentimientos y divisiones comenzó a lastimar profundamente el plexo social del país y lo llevó al peligroso estado de crispación y enfrentamientos en que se encuentra.
Para los dirigentes empresariales, es hora de mirar hacia atrás, en actitud de autocrítica. Es momento de evaluar si la excesiva cautela discursiva estuvo justificada; si las respuestas obsecuentes de muchos protagonistas del empresariado ante los reiterados pedidos oficialistas de sostén y aplauso fueron acertadas; si aceptar complacientes la retórica del poder político y transformarla en evangelio no los hizo, de alguna manera, cómplices de graves equivocaciones, que debieron evitarse o hallar puntos de atenuación. ¿Se reivindicará algún día a la prensa y a los economistas con dignidad profesional por haberlos cuestionado cuando comenzaron a denunciar la manipulación de las estadísticas oficiales?
Es necesario evaluar si los largos silencios, siempre llenos del contenido del que hablaba sor Juana Inés de la Cruz, tuvieron razón de ser; si callar ante amenazas y presiones fue lo correcto; si convertir en regla el pedido de anonimato y el off the record cuando suelen criticar al Gobierno no demuestra que, de forma tácita, se han conculcado las libertades. Si no hablar en voz alta ante realidades lamentables, como el manoseo de la Justicia y la erosión de las instituciones y de la seguridad jurídica, no resultó una renuncia a sus responsabilidades sociales.
Cabe, entonces, preguntarse si, por ello, faltó coraje cívico; si, encandilados con el facilismo de corto plazo, no se perdió la perspectiva de futuro y se devaluó el interés general de la República; si el no haber defendido los principios democráticos centrales no dio paso a concepciones fantasiosas, que desplazaron la sensatez y permitieron que algunas libertades fueran gravemente cercenadas.
Finalmente, es hora de que la dirigencia empresarial se pregunte también si la debilidad en la defensa de las instituciones de la República y de las libertades y garantías constitucionales no los ha llevado a quedar marginados ante decisiones inconsultas que han perjudicado a todos, incluso a ellos mismos.
Arribó ayer a la Argentina una nueva y demorada misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que lucha contra el lavado de dinero, y el panorama que encontrarán sus especialistas no es nada alentador. Al contrario.
Como informó LA NACION, en los primeros cinco años de gestión del kirchnerismo, es decir, entre 2003 y 2008, la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano creado en 2002 para combatir el lavado de dinero, sólo resolvió el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas que llegaron a su seno.
Además, transcurridos ya nueve años y medio de la sanción de la ley antilavado, no existe aún ninguna condena judicial por este delito, que consiste en introducir en el circuito legal fondos no declarados y generalmente provenientes de graves delitos, como el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, o bien destinados a financiar el terrorismo.
Según un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), elaborado sobre la base de datos oficiales, entre 2003 y 2008 la UIF resolvió 929 de los 4664 reportes de operaciones sospechosas e informaciones de otras fuentes que habían ingresado en el organismo. Los números actualizados hasta el mes pasado indican que la situación no ha variado.
Entre los casos resueltos por la UIF se incluyen los 325 que se archivaron y los 604 que se denunciaron ante la Justicia (13 por ciento del total). Esto quiere decir que más del 80 por ciento de los casos abiertos desde 2003 aún no tuvieron ningún tipo de resolución.
La cantidad de casos resueltos aumentó de 274 a 929 desde 2007, luego de que el Gobierno reformó la UIF y designó en la dirección del organismo a Rosa Falduto. Pero el problema se mantiene y el año pasado sólo se resolvieron 406 de 1182 reportes, lo que equivale al 34 por ciento.
Estos datos indican sin lugar a dudas un grave déficit de la UIF en la lucha contra un delito para el que no existen fronteras y que aprovecha aquellas plazas, como la nuestra, en las que prácticamente no se lo combate.
En este sentido, es preciso reconocer que la escasez de resultados no es privativa del kirchnerismo y data de antes, característica que torna aún más preocupante el panorama.
La delegación del GAFI auditará si la Argentina ha realizado avances. Por lo pronto, se sabe ya que entre los puntos negativos analizará las complicaciones en torno a la figura penal del lavado. Ya en la evaluación de 2003 el GAFI objetó que este delito no tuviera una figura autónoma en el Código Penal.
Habrá que ver, además, cómo evalúa los resultados del polémico régimen de blanqueo de capitales. También tendrá en cuenta la falta de resolución de los reportes de operaciones sospechosas en la UIF, ya mencionada, siendo altamente probable que objete la falta de poder de la UIF.
Esa falta de poder representa un punto medular. Si la UIF carece de los medios materiales y personales, además de una normativa adecuada que le permita llevar adelante su cometido, no es por casualidad o desidia, sino por la voluntad de un gobierno que no quiere luchar contra el lavado de dinero.
El narcotráfico y el contrabando, dos delitos en crecimiento en nuestro país, no podrían prosperar sin el lavado de los fondos que de ellos provienen. Lo mismo ocurre con el producto de la corrupción de altos funcionarios o de sus allegados, para no hablar de los aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner sospechados de provenir de fondos reciclados. No hay que engañarse: la pasividad en la lucha contra el lavado de dinero es sinónimo de la más pura complicidad.
Como en años anteriores, la Argentina ha vuelto a ocupar uno de los últimos lugares en el ranking mundial de la corrupción que elabora Transparencia Internacional con la colaboración, en el caso argentino, de la Fundación Poder Ciudadano.
La pésima calificación obtenida seguramente sorprenda a pocos en un país donde los escándalos se suceden sin pausa: los sobreprecios y las coimas en la ampliación de los gasoductos del caso Skanska; el jet privado atribuido a Ricardo Jaime; los millones de dólares que el venezolano Antonini Wilson trajo desde Caracas en compañía del kirchnerista Claudio Uberti; los medicamentos adulterados; las declaraciones juradas de bienes de los Kirchner que no explican su impresionante crecimiento patrimonial, y la lista podría seguir.
En efecto, el Indice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a la Argentina en 2008, y por quinto año consecutivo, en el peor grupo de América latina. Nuestro país obtuvo 2,9 puntos sobre 10, lo que "demuestra un serio problema de corrupción", dice el informe, y agrega que, sobre un total de 180 países evaluados, nos corresponde el 106° puesto.
Esa ubicación la compartimos con Benin, Gabón, Gambia y Níger. "La Argentina se mantiene firme en el aplazo", se lamentó la presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, quien atribuyó la magra ubicación a muchas causas, como la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, la concentración de poder en el Ejecutivo, la permanencia de los superpoderes en manos del jefe de Gabinete, así como la manipulación de las cifras del Indec y la política de restringir el acceso a la información pública.
En el índice, Canadá figura con la imagen más limpia y se ubica entre los 10 mejores países a nivel global, y luego se destacan Estados Unidos (19°), Chile y Uruguay (ambos en el 25°), Cuba (61°) y Brasil, Colombia y Perú (los tres en el puesto 75°).
Como dijimos, estos índices de Transparencia Internacional no miden la corrupción en sí, pues es algo muy difícil de cuantificar debido a que muchos delitos jamás trascienden por no ser denunciados. Lo que miden es la percepción que existe en los países respecto de la corrupción en el ámbito público.
Y tienen consecuencias prácticas, porque este tipo de informes son utilizados por gobiernos extranjeros, organismos de crédito internacional y empresas cuando llega el momento de otorgar créditos o decidir dónde realizar inversiones.
Por desgracia, pero no por casualidad, la corrupción se ha enquistado en la Argentina, y quizá la causa haya que buscarla en la casi nula efectividad de la Justicia para investigarla y sancionarla.
Es en la impunidad donde radica su triunfo. Es la impunidad la que retroalimenta el fenómeno de la corrupción. Son pocos los casos que se denuncian y, de éstos, muchos menos los que llegan a juicio y a una sentencia. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) ha revelado que las 750 causas por corrupción de los últimos 25 años se prolongan durante un promedio de 14 años. En muchos casos, los expedientes prescriben por el camino e incluso hay varios casos de ex funcionarios procesados que fallecen mientras se sustancia la investigación.
De esta manera, los corruptos saben que corren pocos riesgos de ser descubiertos y, si eso ocurre, menos riesgo corren de ser sancionados.
Aunque la tarea para revertir esta dolorosa realidad parezca ímproba, urge iniciarla cuanto antes, y es preciso comenzar en la Justicia, dotándola de los medios y el personal adecuados y divulgando la lista de jueces que demoran los expedientes sobre corrupción, para luego proceder, si cabe, a su sanción.
Nuevo sistema electoral / Luchas de poder de cara a 2011
Los Kirchner no quieren, definitivamente, que el próximo Congreso resuelva sobre la reforma política. En una vertiginosa escalada sobre las instituciones, el perdidoso kirchnerismo está modificando con profundidad cuestiones cruciales del sistema democrático. El régimen electoral, la relación del Estado con los medios periodísticos, el destrato al Congreso y la propia independencia de la Justicia se encuentran en una zona riesgosa e incierta. Un kirchnerismo débil y extenuado resultó más peligroso para la democracia que las transgresiones que cometía cuando ganaba elecciones.
Cristina Kirchner decidió ayer la ampliación de las sesiones ordinarias del Congreso al solo efecto de que el Senado, con su actual composición, aprobara la llamada reforma política. Abandonado por la oposición no peronista, por el peronismo disidente y por los partidos de centroizquierda (según la experiencia en Diputados), el Gobierno hubiera tenido en el próximo Senado dos alternativas: aceptar reformas importantes a su proyecto o enfrentar otra derrota parlamentaria.
Muy pocas cosas dentro de una democracia requieren un amplio consenso como es el caso del sistema que dispone la vida y la muerte de los partidos políticos, la manera de elegir candidatos y el modo de votar. La democracia es la presencia constante del disenso. Sin embargo, están excluidos de esas discusiones la existencia misma de la democracia como forma de gobierno y el método para elegir a los representantes de la sociedad en el poder político.
Así las cosas, los Kirchner siguen inscribiéndose con más vocación que antes en la corriente latinoamericana que integran Hugo Chávez, en Venezuela; Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales, en Bolivia, y Daniel Ortega, en Nicaragua. Todos ellos decidieron cambiar las reglas del juego constitucional o electoral en medio del partido. También el depuesto presidente de Honduras Manuel Zelaya se aprestaba a ignorar la Constitución de su país cuando un golpista más decidido que él, Roberto Micheletti, lo tumbó durante una noche ingrata.
La fotografía de ayer en el Senado es patética: el Gobierno quedó solo con su reforma política. Todos los otros partidos lo dejaron en el más absoluto desamparo. "Será una reforma política sólo del Frente para la Victoria, ni siquiera incluirá al peronismo", se enardeció el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, próximo presidente del radicalismo. ¿Qué objetivo persigue el Gobierno? "Demostrar que para ellos es mejor gobernar con la prepotencia. No hay otra razón", dijo Sanz.
El dilema de la izquierda
La izquierda también está enfurecida. Incluso, la principal referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll, estuvo ayer en el Senado y les anunció a los senadores oficialistas que usará toda su influencia en las comisiones internas de los subterráneos y de Kraft, entre otras empresas, para desatar una ola masiva de protestas contra la reforma electoral. Desde ya, el peronismo disidente tampoco acompañó al kirchnerismo en su embestida parlamentaria.
A estas alturas, está claro que Néstor Kirchner sólo quiere esa reforma para alargar su poder hasta agosto de 2011. Las internas abiertas y obligatorias están establecidas en el proyecto para 60 días antes de las elecciones nacionales. La ausencia de candidatos presidenciales formales durante más de un año y medio (sólo podrá haber candidatos virtuales) permitiría la conservación del poder de los Kirchner, según la opinión de éstos. Pero el poder nunca fue el producto de la sola escritura de las leyes.
Corrupción
Los Kirchner deberían preocuparse más por los casos de presunta corrupción que se ventilan en la Justicia. La presión oficialista sobre las instituciones en los últimos tiempos es proporcional al estallido de escándalos que ponen en duda la moral de los gobernantes. El pasmoso incremento del patrimonio de la pareja presidencial empujó al contador de la familia, Víctor Manzanares, a una apresurada visita al juez Norberto Oyarbide, que investiga el caso, según la confirmación que el magistrado hizo de una noticia publicada por LA NACION el domingo pasado.
¿En qué medida están comprometidos los Kirchner en esa causa como para que el contador familiar haya decidido presentarse ante el juez y no esperar la convocatoria de éste? Manzanares se reunió mucho antes con un comedido delegado de la AFIP, que descubrió que la declaración jurada de bienes del matrimonio presidencial no cerraba por ningún lado.
La relación de los Kirchner con Chávez, y la intermediación del otrora influyente Guido Antonini Wilson, está dejando en las puertas de los tribunales al todopoderoso ministro de Planificación, Julio De Vido. Entre De Vido y los Kirchner media un solo paso; el ministro ha sido, y es, el operador más confiable de Néstor Kirchner desde que éste era gobernador de Santa Cruz. Antonini Wilson saltó a la fama cuando ingresó en el aeroparque de Buenos Aires una valija con 800.000 dólares. Viajó en un avión rentado por una empresa que depende de De Vido y estaba rodeado por funcionarios argentinos del área que comanda el ministro de Planificación.
La prensa no podía estar ausente de semejante presión institucional. El lunes pasado, se presentó en las oficinas de Papel Prensa el nuevo jefe de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, para hacer lo que su defenestrado antecesor, Carlos Pacios, se había negado: presionar y hostigar a la empresa que abastece de papel a 170 diarios del país. El mismo día, el nuevo titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, ordenó cuestionar las actas del directorio de Papel Prensa, que es también lo que rechazó hacer su eyectado predecesor, Eduardo Hecker. Vanoli les inició sumario a todos los miembros del directorio de la empresa papelera.
La oposición, empezando por el propio radicalismo, se siente acorralada. Los legisladores son ninguneados o sometidos a la constante práctica del travestismo político. Los jueces son sometidos a la presión intensa del oficialismo, justo cuando los magistrados deben averiguar sobre un número exorbitante de supuestos hechos de corrupción oficial. La persecución sobre los medios periodísticos independientes está cobrando un ritmo ya muy peligroso. Todo se parece demasiado al acto desesperado del herido que mata antes de morir.
Hay cosas que un gobierno hace sólo cuando anda mal. Tropiezos o errores de cálculo típicos de épocas flacas, de falta de confianza o de escasa reflexión por urgencias acumuladas. Pasos en falso que atentan contra sí mismo y lo dejan en evidencia ante la opinión pública, por más esfuerzos que haga por demostrar poder o iniciativa política.
Por estos días, la actual administración llena varios casilleros de ese incómodo formulario. ¿Cuáles son? Veamos.
1) Denunciar un "plan de desestabilización" al voleo y sin identificar a nadie. Desde 2003, los Kirchner lanzaron una decena de teorías conspirativas, pero todas cayeron en el olvido sin que pudiera demostrarse nada. Primero fue el "complot" norteamericano con la aparición de la valija de los US$ 800.000 de Antonini Wilson y luego los "golpistas" del campo, confabulados con los "generales multimediáticos". Ahora se ven operaciones armadas detrás de las últimas manifestaciones callejeras que enloquecen a parte de la Capital. Al final, detrás de todo esto queda la sensación de un gobierno que acusa vagamente y sin explicaciones consistentes. Y lo único que consigue es dañarse a sí mismo al afectar la credibilidad de su palabra. Infausta credencial para la política del siglo XXI, lanzar manotazos al aire huele a la demagogia barata propia de los viejos regímenes populistas en apuros.
2) Culpar de todo a los medios: el deporte favorito de estos casi siete años. No hay discurso presidencial que no incluya una alusión despectiva a la prensa. ¿Qué da a entender un gobierno cuando ataca sistemáticamente a los comunicadores? Primero, que la realidad ofrecida no le es favorable. Segundo, que la crítica lo incomoda y lo hace sentir vulnerable. Y tercero, que ha elegido vivir en un ambiente cerrado, sin intención de rendir cuentas de lo actuado. Aquí no hay margen para ilusiones, el Gobierno acumula millas de diatribas contra el periodismo independiente con la devoción de un viajero frecuente.
3) Salir a afirmar públicamente: "No nos vamos a ir ni nos van a echar". Una enormidad del jefe de Gabinete que logra el efecto contrario al que seguramente quiso transmitir. Primero, porque no se conoce que desde sector alguno se haya siquiera sugerido tamaña posibilidad. Pero hay algo que es peor: al aceptar una cosa así, un gobierno que emplea cada minuto de su tiempo procurando mostrarse fuerte termina logrando que se hable del tema y, por lo tanto, dándole entidad. Los gobiernos fuertes nunca hablan de irse. En la batalla dialéctica de todos los días, en la que el oficialismo tanto empeño pone, el jefe de ministros trastabilló como un inocente amateur.
4) Pelearse con Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand. Por estos días circula una ironía muy comentada que dice que el Gobierno puede darse el lujo de pelearse con el Fondo Monetario Internacional, con el campo, con la prensa, con los empresarios, con la oposición, con la Iglesia, pero nunca con Tinelli, Susana y Mirtha? ¡juntos y al mismo tiempo! Existen pocas decisiones más antipopulares que atropellar a las máximas celebridades de la pantalla por el solo hecho de que se hayan atrevido a opinar sobre aspectos de la vida cotidiana. Como bien señaló Pablo Sirvén en LA NACION el domingo pasado, Mirtha, Susana y Tinelli son personajes sumamente convocantes, sostenidos en el tiempo por la mirada de públicos masivos y heterogéneos, a los que legiones de espectadores aprecian porque han sabido desarrollar una formidable empatía con los vastos públicos que los siguen incondicionalmente. De tanto subir gente al ring, el oficialismo esta vez equivocó los invitados.
5) Ofrecer como aliados principales a los personajes más antipáticos para el común de la gente, según todos los sondeos. El kirchnerismo debería preguntarse cómo pudo permitir que Hugo Moyano y Luis D´Elía consumaran su flamante alianza con un apretón de manos y dentaduras relucientes delante de los flashes fotográficos. ¿Con esa sociedad draconiana se pretende reconquistar a la clase media urbana y rural? Resulta difícil imaginar qué pasa por las principales cabezas oficiales si creen que volverán de la derrota electoral del 28 de junio con semejante club de amigos. Curioso caso de una alarma que titila en rojo mientras todos miran enceguecidos de fascinación.
Desvelos
6) Esconder las encuestas. Si algo desveló todos estos años al poder fue difundir los altos índices de popularidad que mantuvo Néstor Kirchner durante su mandato. Pues bien, hoy estamos en las antípodas. Algunos encuestadores privados no se atreven a revelar sus números actuales por lo bajos que resultan para las autoridades (y por temor a represalias). Y, de buenas a primeras, la Casa Rosada ha perdido todo interés por hacer llegar las mediciones propias, tan insistentemente ofrecidas durante el primer período, a las redacciones. Un buen ejemplo de que, en ocasiones, el oficialismo tiene razón: en este rubro, los medios estamos, hoy, bastante desinformados.
7) El abuso de la cadena nacional. Variante que se creía perimida por falta de uso. Que retrotrae a un pasado en blanco y negro, distante en el tiempo, de monólogos graníticos que no soportan preguntas ni respuestas. Acaso el retroceso de mayor peso simbólico en la memoria ciudadana. Además, el excesivo uso del recurso todo lo que hace es quitarle efecto.
8) Que los líderes de los países vecinos sean motivo de envidia en la Argentina. Este momento del país registra otro hecho muy particular: buena parte de la población rescata las gestiones de Lula, Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, que ostentan similar orientación ideológica que nuestros gobernantes, pero para hacer una comparación en la que salimos perdidosos. Los tres se aprestan a dejar el poder tras exitosas gestiones económicas, impecable imagen internacional y, encima, acompañados por el afecto de sus compatriotas, casi como estadistas del Primer Mundo. Todo eso brilla por su ausencia en estas latitudes. ¿No hay algo aquí para revisar?
El Gobierno puede seguir gobernando con leyes sacadas a las apuradas y declamando a cuatro vientos que está más firme que nunca, pero al mismo tiempo queda al desnudo con otro lenguaje, tan explícito como autoincriminatorio, que habla por sí solo. En algún momento deberá empezar a leerlo
El caso de la valija / Un video revelador
El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner siempre mantuvo una posición monolítica: Guido Alejandro Antonini Wilson jamás estuvo en la Casa Rosada. Es un "mentiroso" que protagonizó "una formidable acción de la inteligencia americana". Y para sostener esa línea defensiva desafió con dos preguntas: ¿dónde está el video o la foto que así lo demuestre? Si había tantos fotógrafos y camarógrafos, ¿por qué jamás apareció su imagen?
Esa prueba, al fin, apareció. Y provino del lugar más inesperado para el Gobierno: Canal 7, el oficial. La prueba es un video que "la tevé pública" entregó al juez en lo Penal Económico, Daniel Petrone, según confirmaron a LA NACION durante las últimas 72 horas dos fuentes que revisaron la grabación y, sí, vieron a Antonini en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Así, las imágenes deshilachan las desmentidas que lanzaron los tres jefes de Gabinete desde que trascendió que Antonini había ingresado en el centro del poder: Alberto Fernández -que lo calificó de "formidable disparate"-, de Sergio Massa -que lo tildó de "delincuente"- y del actual, Aníbal Fernández. El entonces ministro de Justicia y Seguridad acusó a Antonini de mentiroso porque "no aparece en ninguna foto o filmación" y reafirmó que "no hay ningún funcionario involucrado".
Canal 7 no lo entregó de manera espontánea, sino tras recibir una taxativa orden de presentación -el escalón previo a un allanamiento- de Petrone, que durante los últimos meses requirió copias de los archivos que todos los canales de televisión pudieran guardar de aquel acto que celebraron los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez, el lunes 6 de agosto de 2007.
Audio: un video es la prueba de su acceso al poder, por Hugo Alconada Mon
Tal como narró el propio Antonini a LA NACION, el protagonista central del "caso de la valija" aparece parado, al fondo del salón, junto a ejecutivos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, a la secretaria de Claudio Uberti, Victoria Bereziuk, y a otros invitados especiales, como Gustavo Grobocopatel, conocido como "el rey de la soja".
Antonini sólo aparece en la cinta durante un par de segundos, mientras una de las cámaras que transmitió el acto para Canal 7 completa un paneo general de la audiencia. Pero el empresario se destaca por su físico.
Su imagen, inconfundible, da más fuerza a algunos testimonios y complica a otros. En particular, al de Uberti, el funcionario que lideró el viaje relámpago a Venezuela que retornó a Buenos Aires con los US$ 800.000 en una valija que fue decomisada el 4 de agosto de 2007 y otros US$ 4,2 millones que, según se denunció, superaron los controles.
Hasta ahora, Petrone cuenta con dos testimonios que afirmaron que Antonini había ingresado en la Casa Rosada. El de la propia Bereziuk -que sin embargo dijo que lo vio de pasada, un par de minutos, algo que el video parece desmentir-, y el de una empleada argentina de Pdvsa, Fernanda Martínez.
A éstos se suman los dichos del propio Antonini ante la Corte Federal en Miami, y el de otro pasajero de aquel vuelo -y figura clave para desentrañar la madeja-, el venezolano Daniel Uzcátegui, que contó a LA NACION que su amigo y jefe había ingresado en el palacio y que él debió esperar en la calle porque llegó tarde.
Sin editar
A la luz del video crudo, sin editar ni logo del Canal 7, Uberti aparece como el más complicado. Al prestar declaración indagatoria ante la Justicia -que luego dictó su "falta de mérito" para acusarlo o sobreseerlo-, el ex recaudador de las campañas electorales de los Kirchner de 2003, 2005 y 2007, negó siquiera haber visto a Antonini dentro de la Casa Rosada.
Su superior inmediato, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, optó por presentar un escrito en Tribunales, en el que calificó como "totalmente falso" que conociera a Antonini. Ante la presión creciente de la prensa, distribuyó un comunicado en el que afirmó que no conocía "al prófugo" y que nunca tuvo con él "ningún tipo de contacto, ni personal ni por intermedio de terceras personas".
Pero Antonini ofreció otra versión durante la entrevista con LA NACION y ante el jurado de la Corte Federal en Miami. Dijo que cuando terminó el acto, el padre de Daniel y hombre clave de Pdvsa, Diego Uzcátegui, lo sumó a una rueda con funcionarios de ambos países. Y que allí, Uberti le dijo: "No te preocupes, quedate tranquilo". Y le presentó a De Vido, que lo saludó y le palmeó la espalda, antes de seguir a Chávez y a los Kirchner a otro salón.
Los seis fotogramas de Antonini dentro de la Casa Rosada que Petrone ordenó incorporar al expediente también dejan flotando una incógnita: ¿nadie dentro de Canal 7 revisó el material crudo de la grabación de ese acto en busca de Antonini durante los últimos dos años, mientras que otras muchas redacciones revisaban sus archivos a la caza de una imagen de tanta valía?
Más relevante, sin embargo, el video deja traslucir otro dato incómodo para los Kirchner y sus colaboradores: demuestra que es posible ingresar en uno de los edificios más custodiados del país sin dejar rastros si así lo ordena alguien con poder. Y, según cuentan múltiples fuentes a LA NACION, el hombre que destrabó su ingreso fue el secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, a pedido de Bereziuk.
De allí, Antonini, los Uzcátegui, Bereziuk y un par de venezolanos más marcharon rumbo al restaurante Rosa Negra y al Gran Bar Danzón. El decomiso estaba por irrumpir en la prensa. Faltaban minutos para que estallara el escándalo hemisférico que, todavía hoy, acosa y fastidia a los Kirchner y a Chávez.
De espaldas a la sociedad, el Gobierno sigue sin impulsar cambios
20091120 LN Un clamor desoído por Santiago Kovadloff
Lo hacen sin que les tiemble el pulso: homologan a un propósito desestabilizador el clima de disconformidad generalizada que ellos mismos alientan. Falsa sinonimia. No advierten o no quieren advertir lo que sucede. No están dispuestos a proceder en consonancia con lo que la realidad les exige. ¿Para quién gobiernan, entonces? Son devotos del poder. A su servicio lo ponen todo. No buscan sino el protagonismo incesante. Que no se los confunda: son conservadores. Siempre lo han sido. Instrumentan la ley para impedir el cambio que las circunstancias reclaman. Y vociferan. Acusan. Incendian las palabras. Multiplican los gestos amenazantes. Y se consagran a probar lo indemostrable: que hay un complot contra ellos. Campesino, mediático, político y financiero. Incluso religioso.
Es inmensa la mayoría que está asqueada de la violencia. Harta de intolerancias. Acaso ésa sea la victoria cívica más honda de los últimos cinco lustros. Pero ellos actúan como si no fuera cierto. Están enceguecidos. Subestiman todo lo que los contradice. Obcecados como viven por aferrarse a lo que entienden, desprecian la enseñanza de los hechos. Consideran irrelevante su pérdida de consenso. Los argentinos quieren paz, previsibilidad. No los expresa el propósito de la confrontación constante. No se reconocen en el discurso crispado, despectivo. No son suyas las banderas maniqueas que se intenta forzarlos a enarbolar.
Estamos ante una sociedad incomprendida por su gobierno. Una sociedad incomprendida es, en este caso, la que se involucra en un propósito desestabilizador porque discrepa con él. ¿Qué es esto si no una demostración más de la visceral intolerancia de la disidencia, de cualquier disidencia, por parte del oficialismo?
En una palabra: el país está cansado de falsas disyuntivas. Fue, por eso, oportuno que privara la cordura y la Presidenta advirtiera a tiempo a qué se exponía. Nada la hubiera perjudicado más, en este momento, que convertir a D´Elía y Moyano en tribunos callejeros del respaldo a la causa institucional. Nada hubiera sido más inverosímil. Nada más patético. Nada más sintomático, por parte del Gobierno, de una gravísima falta de sentido común. Ya bastante deshilachados están sus estandartes progresistas como para que se les sume el riesgo adicional de semejante parodia mussoliniana.
La gente quiere paz, trabajo, tranquilidad. Un marco jurídico firme del que no se burle el Poder Ejecutivo. El apego a la ley es anhelo dominante. Aun en aquellos que más padecen las desigualdades y sufren a diario las postergaciones humillantes que imponen la pobreza y el clientelismo.
Gobiernan quienes gobiernan y así debe ser hasta el final de su legítimo mandato. El presente exige reconocerlos. Pero todo, en su proceder, indica que pertenecen a una cultura del pasado. Los dos pilares operativos de esa cultura superada son la beligerancia y las prebendas. Dos seudovalores. ¿A quién pretenden convencer de que, sobre ellos, es posible edificar un programa progresista? Es inútil que se empecinen en hacer creer que la disconformidad social que cunde no se origina en sus propios procedimientos y enunciados. Ellos exigen sumisión, tanto a réprobos como a elegidos. Su tono es su fondo. Odian sin disimulo, y la gente lo advierte. La serenidad que les falta es la jactancia que les sobra. Su legitimidad de nada les ha valido para ganar consistencia ética en el espíritu colectivo. El apoyo que necesitan es el que no logran reconquistar. Lo perdieron malbaratando la confianza de millones. La incredulidad que despiertan arraiga en el descrédito que han sembrado. No se burla a un electorado impunemente. El desafío era, y sigue siendo, crecer. Ellos han optado por durar.
Hay dos nociones cuyo sentido se ha desvirtuado entre nosotros: paz y prosperidad. Remiten a dos realidades que se hacen desear. Una dolorosa simetría enlaza la capacidad que este gobierno tiene de vulnerar el clima de entendimiento social indispensable para concretarlas y la torpeza hasta hoy demostrada por la oposición para construir una alternativa que aliente la esperanza -y no sólo el reclamo- del pueblo argentino. Uno y otra están jaqueados por sus propias estrecheces. ¿Cómo transitar, entonces, hacia la normalidad?
La tarea que aguarda a la oposición es ciclópea porque debe ser innovadora. Debe expurgar a la democracia de las connotaciones autoritarias que sobreviven en ella. Debe transitar de la turbulencia política del siglo XX a las convergencias indispensables del siglo XXI. En sus dos gestiones sucesivas, el oficialismo capitalizó las fragilidades del sistema republicano. Aprovechó las hipertrofias del presidencialismo. La oposición, en consecuencia, deberá remontar ese cuadro de abusos y desmesuras. Tendrá porvenir sólo en la medida en que fortalezca la justicia social a través de un programa de desarrollo sostenido en la ley y en el tiempo. No sabemos si será posible. Sabemos que es indispensable.
Otro modo de decirlo es afirmar que se trata de recuperar la vida cotidiana. La posibilidad de subordinar lo inesperado a lo esperable. Lo anómalo a lo normativo. La inestabilidad se ha convertido en una rutina tan devastadora como paradójica. Inseguridad significa pérdida de parámetros que orienten la acción. Riesgo incesante, extenuante, de no estar donde uno se encuentra. Angustia de no saber si el camino que se recorre es real o ficticio. Así, con esta incertidumbre básica, comienza la pérdida de sentido. Y ello tanto en lo personal como en lo colectivo.
La eficacia de la gestión pública es condición de ingreso a una vida cotidiana comunitariamente afianzada. No a la falta de conflictos, sino a la buena administración de los conflictos inevitables. Es lo que este gobierno no ha sabido brindar. ¿Qué se ha hecho de las instituciones del país como para que la calle haya vuelto a ser escenario dilecto para dirimir los problemas de la democracia? ¿Para que los gritos, las amenazas y los golpes desplacen sin más el diálogo y la negociación? Quienes repudian el vandalismo y la prepotencia, pero hacen suyo el reclamo de desarrollo con inclusión social, no olvidan la promesa de mejor calidad institucional que la Presidenta formuló en su campaña electoral. Insisto: el aporte que la sociedad disconforme le está haciendo al Gobierno es recordarle sus deberes incumplidos. Y, a la oposición, lo que no debe desoír si aspira a ser representativa del sentir mayoritario.
La Argentina es hoy, ganada como vive por los agotadores vaivenes de lo inestable, un país impredecible. Penosamente cercano a un conglomerado antes que a una nación. A un orden que corre el riesgo de ser fagocitado por el curso vertiginoso de la pura actualidad. La actualidad es la sucesión interminable de cosas que ocurren sin ningún control, sin que nadie las administre debidamente para facilitar su comprensión. Reina la actualidad donde el Estado no opera como debe. Donde el Estado no logra impedir el desborde de los hechos. Donde el Estado es parte de los desentendimientos que debería ayudar a resolver. Un indicio más, en suma, de lo que pasa, y no un recurso superador de lo que sucede.
Es ésta la inseguridad fundamental. Las calles son hoy una metáfora elocuente de todo ello. Ellas dicen bien, con la anarquía que casi a diario las agobia, de las dificultades del poder central para lograr que los conflictos circulen por un carril adecuado. Calles y rutas son arterias. Si se las bloquea, el organismo entero se resiente. A los sin techo y sin trabajo se suman ahora los sin calle. El sinsentido se amplía en lugar de reducirse. Crece la exclusión. Estar fuera del sistema significa estar privado de significación. Es este fenómeno dramático de la pérdida creciente de significación el que está afectando al conjunto de la sociedad argentina. El deterioro, invariablemente, se inicia con la opacidad del valor de las instituciones en la construcción de la identidad ciudadana. Es ésta la enfermedad que arrastra, desde muy atrás, el ejercicio nacional de la política. Una enfermedad de la que el oficialismo también es síntoma.
WASHINGTON
La estrategia de Néstor Kirchner es transparente. Si el gobierno de su esposa consigue ampliar la caja y logra domesticar a la prensa, el diputado electo volverá a postularse a la presidencia en 2011 y, según su apreciación, con chances de triunfar. A tal fin son necesarios los eternos superpoderes, la más que cuestionable ley de medios y las retenciones a las exportaciones. Todo esto, acompañado con una reforma política que, si miramos los antecedentes, sólo puede tener como objetivo dividir y maniatar las expresiones opositoras.
A las apuradas, antes de que cambie el Congreso, el 10 de diciembre, el Gobierno trata de imponer su agenda por medio de la intimidación, avasallando reglamentos legislativos e ignorando cualquier diferencia partidaria. Por mucho menos que esto se quebró la Alianza, pero ahora los Kirchner pretenden ser inmunes frente a lo mismo.
Azorados, los líderes opositores, peronistas y no peronistas por igual, se preguntan cómo puede resultar tan fácil para los Kirchner violar la voluntad popular expresada en junio. Los analistas, a su vez, se sorprenden por la pasividad de esa misma dirigencia opositora. Se dice que la sociedad toda esta paralizada, atónita.
Hay que reconocer que las elecciones del 28 de junio tuvieron un sesgo muy peculiar: fue una elección de perdedores. Si bien el Gobierno fue derrotado, nadie fue capaz de asumirse como victorioso. El bloque oficialista estará en minoría a partir de diciembre, pero este empate entre perdedores diluye la especificidad institucional de un verdadero Congreso de oposición.
El Gobierno ha tomado nota de ello y obra en consecuencia, intensificando la única estrategia que los Kirchner conocen: el clientelismo como instrumento para dividir y dominar, seguido por el "escrache" en público y la "apretada" en privado. La combinación de incentivos materiales con intimidación es funcional, entonces, a la "borocotización de la política", es decir, a incorporar al oficialismo legisladores que formalmente pertenecen a otros partidos y coaliciones. Eso constituye ni más ni menos que una admisión explicita de la debilidad estructural de la oposición. También oculta que es una práctica que sucede desde hace tiempo, incluidos varios pesos pesados del justicialismo que cruzaron la calle, y en más de una dirección.
Hay otro aspecto: la fragmentación de los partidos políticos. Para entender esto, hay que remontarse a los años 90, cuando Menem usó la excusa de la hiperinflación para instaurar los superpoderes. Esta práctica erosionó al Partido Justicialista, debilitó al Congreso y consolidó el superpresidencialismo, sistema político en el cual la balanza de poder está fuertemente sesgada en favor del Ejecutivo. De la Rúa gobernó de la misma manera, lo cual rápidamente destruyó la coalición que lo llevó al poder. Abandonado hasta por su propio partido, el vacío institucional que él mismo produjo terminó arrastrándolo, junto con la convertibilidad que había decidido mantener.
A posteriori, los acuerdos entre Alfonsín y Duhalde hicieron a este último presidente y, sobre la base del compromiso radical-peronista, introdujeron una nota de gobernabilidad frente a la crisis económica más profunda de la historia y la crisis política más grave desde el retorno de la democracia, en 1983. Duhalde privilegió la negociación, para entregar el mando a un presidente electo. Ya para entonces, sin embargo, el PJ parecía menos un partido de carácter nacional que una confederación de feudos territoriales, desde los intendentes del conurbano bonaerense hasta los caudillos provinciales. Las tendencias centrípetas que Duhalde intentó imprimirle a su partido y a su gobierno se dieron de narices contra la fragmentación y la crisis social en curso.
Así arribamos, en abril de 2003, al espectáculo de tres candidatos peronistas compitiendo por la presidencia. La victoria de Kirchner facilitó la continuidad de nombres y de políticas. También incluyó, en principio, un pacto político tácito entre un presidente en ejercicio y un ex presidente con influencia en el gabinete y en el Parlamento. La cohabitación motivó una estabilidad que no duraría demasiado. Pronto Kirchner se deshizo de la influencia de Duhalde, tanto como de la influencia de cualquier ser pensante que no practicara la obsecuencia, incluido el mismo Lavagna, artífice de la recuperación económica.
Los Kirchner profundizaron la fragmentación preexistente. Para hacerse fuerte, la oposición tiene que revertir esta tendencia. El próximo Congreso tiene una monumental responsabilidad: producir no sólo un cambio de gobierno en dos años, sino también un virtual cambio de régimen político. En otras palabras: el verdadero cambio político post- Kirchner es equivalente a una transición democrática: generar acuerdos básicos para recrear las instituciones y recuperar la civilidad de la política. Algunos impulsan la idea de un Pacto de La Moncloa. Como metáfora es válida, pero no hace falta buscar inspiración en España. Alcanzaría con reeditar la vieja Multipartidaria, aquel acuerdo de los partidos grandes que definieron las reglas de juego de un cambio en democracia. Hoy, como entonces, ser oposición es definir nuevas reglas de juego. La Argentina continúa en transición. Es de esperar que nuestros líderes democráticos estén a la altura de las circunstancias. © La Nacion
El autor es profesor en la Universidad de Georgetown, Washington DC.
20091121 LN La Anses gastó $ 14 millones en una polémica carta proselitista. ( Incluye franqueo, sobre, impresión etc. No reportó ninguna novedad, información importante ni urgente La había firmado el actual ministro Boudou …….
Cuando faltan pocas semanas para el recambio legislativo, el carácter grotesco de la estrategia del partido gobernante consistente en llevar candidatos a diputado nacional o a concejal que nunca asumirían las bancas para las que iban a ser elegidos está quedando en plena evidencia.
Sólo en la provincia de Buenos Aires, se estima que el oficialista Frente para la Victoria, encabezado por el ex presidente Néstor Kirchner, ha llevado 42 postulantes a cargos legislativos que ocupan otros cargos públicos. La mayoría de esos candidatos ya han confirmado que no asumirán las bancas de diputado o de concejal para las cuales fueron elegidos por la ciudadanía en los comicios realizados el 28 de junio pasado.
Los casos más notables son los del gobernador Daniel Scioli; del vicegobernador Alberto Balestrini, y del intendente de Tigre, Sergio Massa. Los tres han confirmado ya que no asumirán las bancas legislativas que obtuvieron en las últimas elecciones.
Un dato agravante es que, en muchos casos, durante la campaña electoral, los entonces candidatos no se preocuparon por aclararles a los votantes que su postulación era en realidad ficticia, ya que aspiraban a conservar el cargo que ocupaban hasta ese momento. El ejemplo del gobernador Scioli es quizás el más lamentable, pues hasta último momento, en entrevistas concedidas al periodismo, el mandatario bonaerense se negó a revelar si asumiría o no la banca de diputado para la cual se estaba postulando. Se apañó siempre en un argumento por demás endeble: "Estaré allí donde pueda serle más útil a mi provincia", daba a entender, palabras más, palabras menos.
Las mal llamadas candidaturas testimoniales se han convertido así en el testimonio de un engaño al pueblo.
Claro que esta forma de fraude no parece terminar en aquellos candidatos a cargos legislativos de quienes se sospechaba que nunca asumirían esas bancas aunque ingenuamente pretendieran ocultarlo.
En los últimos días, ha trascendido que la tercera postulante de la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria en el distrito bonaerense, la actriz y cantante Nacha Guevara, tampoco juraría como diputada nacional.
En su caso, no es que esté ejerciendo otro cargo público. Simplemente, no tendría la suficiente motivación para asumir la responsabilidad que se comprometió a tomar durante la campaña proselitista, según trascendió en medios periodísticos.
Si se concretara su renuncia, estaríamos ante una estafa más a la ciudadanía, que en un porcentaje no menor pudo haberse sentido inclinada a apoyar a la agrupación kirchnerista por la renovación que podía significar la presencia de una mujer que se decía comprometida con la cultura y con nuevas formas de hacer política.
Si Nacha Guevara se dio cuenta ahora de que la función pública no es su vocación o advirtió que, por su trabajo artístico, aquélla constituirá una pesada carga que no estará en condiciones de asumir, debió haberlo pensado mucho antes y no aceptar la candidatura que le ofreció el kirchnerismo. Y si, por entonces, ya sabía que no ocuparía la banca para la cual se postulaba, habrá que concluir que engañó a muchos con una actuación tan convincente como lamentable.
Sólo queda esperar que, frente a este triste espectáculo que han dado tantos candidatos a nada, los actuales legisladores tomen debida nota de los cambios que deberían incorporarse en la legislación electoral, de manera de obligar a quien se postule a un cargo legislativo a asumirlo efectivamente si es elegido, imponiéndosele graves sanciones si es que no lo hace. Lo dicho cobra especial actualidad en que la Cámara de Diputados se apresta a analizar un proyecto oficial de reforma política que, como tantas otras iniciativas, no ha sido el fruto de la búsqueda de un amplio consenso.
Etica pública / Los bienes del matrimonio presidencial
El Calafate es, según afirma la presidenta Cristina Kirchner, su lugar en el mundo. Allí fijó su residencia y, también, inversiones con las que su patrimonio aumentó de manera exponencial durante los últimos años. Como el hotel Los Sauces, que le alquila al empresario Juan Carlos Relats por cerca de 210.000 dólares por mes.
Ese alquiler, sin embargo, podría traerle ciertas complicaciones a la Presidenta: podría haber incumplido con la ley de ética pública, según surge de las consultas de LA NACION con cinco juristas de primera línea. La controversia se centra en que firmó un ajuste tarifario que le permitió a Relats embolsar 32 millones de pesos de las arcas públicas. De ser declarado nulo, el empresario debería reembolsar el dinero y la mandataria quedaría sujeta a un sumario.
El posible conflicto de interés se centra en el decreto 902/08 que Cristina Kirchner firmó el 9 de junio del año pasado. Allí aceptó la renuncia de dos empresas ?una de ellas Rutas del Litoral, de Relats? a reclamar una "tasa interna de retorno [para] contratos de concesión de obra pública".
Lo que aparentó ser un ahorro para el Estado sobre la base de la ley de emergencia económica implicó, sin embargo, una erogación fiscal. En el caso de Rutas del Litoral, $ 32 millones, según reconocieron desde la empresa a La Nacion, aunque aclararon que no percibieron todo lo que reclamaban, ya que quedaron excluidos otros $ 22 millones por intereses adeudados.
Esas cifras por un total de $ 54 millones no constan en los considerandos del decreto 902, en el que se detallan la intervención del área de Auditoría Interna y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, pero no así la Oficina Anticorrupción (OA), según confirmaron fuentes oficiales.
Como anexo, el decreto incorporó la fórmula "polinómica de ajuste de la cuota resarcitoria" que se aplicó. También se alude al expediente administrativo S01:0501629/2006, que La Nacion ubicó en una oficina de Vialidad, pero al que no pudo acceder por no ser "parte interesada".
Las causales de excusación
Más allá de los montos y el expediente en danza, la duda es si la Presidenta podía o no firmar esa resolución, desde que el inciso i) del artículo 2° de la ley de ética pública (ley 25.188) impone a todo funcionario "abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación prevista en la ley procesal civil". De infringir esa veda, el acto firmado es nulo de nulidad absoluta. Entre esas causales de excusación figuran ser "acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes" y "haber recibido beneficio de importancia de alguna de las partes".
Tanto los constitucionalistas Gregorio Badeni, Daniel Sabsay y Fernando Toller, el penalista Manuel Garrido y el administrativista Alberto Bianchi evaluaron la validez del decreto y los posibles vericuetos legales de todo el cuadro legal que rodea al matrimonio presidencial y al empresario Relats.
Consultado por La Nacion, el vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, pidió unos días para dar precisiones. Tres semanas después, indicó: "Un tema no tiene que ver con el otro" y que, por lo tanto, "la Presidenta podía firmarlo".
Sin embargo, los cinco académicos expresaron ciertas dudas sobre la validez del decreto, y Garrido y Toller surgieron como los más críticos.
Ex fiscal de Investigaciones Administrativas, hoy uno de los directores de la ONG Cippec, Garrido planteó que la ley de ética "incorpora una serie de normas que apuntan a que los funcionarios sean imparciales al tomar decisiones, y cuando se está en duda, es necesario que se excuse o que dictamen la OA y la Procuración".
Toller va más allá. Este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral concluyó: "Se dan varias causales para la nulidad del decreto", cuya firma por la Presidenta es "nula de nulidad absoluta". Es decir, que "no tiene efectos jurídicos y lo que dispuso debe retrotraerse".
Los otros dos constitucionalistas sumaron dudas. "La situación se encuentra absolutamente al borde de la nulidad", estimó Sabsay, que dijo que "habría que ver de qué manera se refleja el cobro de los alquileres por parte de Néstor Kirchner en la sociedad conyugal", ya que los ingresos son gananciales. "Si se divorciaran, la mitad de esos ingresos irían para ella." Badeni aplicó el sentido lógico: "Si uno demanda a una persona y descubre luego que ese demandado le paga 200.000 dólares por mes en alquileres al marido de la jueza, ¿pediría su recusación?".
Bianchi se mostró más cauto, desde que las causales de recusación y excusación se aplican con carácter "restrictivo" en la ley de ética. "Néstor y Cristina Kirchner son lo mismo, pero ciertas formalidades pueden dar pie a que una ley no pueda ser aplicada ?recordó?. Habría que ver si la jurisprudencia y la doctrina procesal permiten extender las causales de recusación al «marido de la jueza»."
Los archivos registran un antecedente que habilita las especulaciones. En octubre de 2002, Patricia Bullrich reclamó la nulidad de un acto administrativo que firmó la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, en beneficio de los sindicatos. Le enrostró ser "juez y parte" por estar casada con el gremialista Luis Barrionuevo. La OA le dio la razón en abril de 2003 y anuló la resolución 708/02.
La causa
· El hotel Los Sauces. Es un alojamiento de alto nivel que el matrimonio Kirchner construyó en El Calafate, en tierras de su propiedad. Desde 2006, lo administra el empresario Juan Carlos Relats, a partir de un acuerdo que selló con Néstor Kirchner. Tiene 38 habitaciones y la más cara de ellas puede costar hasta 1500 dólares la noche.
Las empresas de servicios públicos privatizados han sido, en muchos casos, las víctimas propiciatorias del gobierno del matrimonio Kirchner. Aunque, en particular en el sector energético, Néstor Kirchner hizo campaña prometiendo un "sendero de precios" para la recomposición tarifaria, lo que aplicó tras asumir fue el congelamiento casi indefinido.
Las compañías más complicadas fueron las que habían contraído deuda en moneda extranjera en el exterior para hacer obras y debían pagarla con tarifas pesificadas y devaluadas.
El Gobierno no trató a todos por igual. Hay cesaciones de pagos que no le parecieron del todo malas y otras que lo indignaron y lo llevaron a hacer intervenciones.
Con el escenario armado por la pesificación y el congelamiento de las tarifas, el único camino para solucionar los balances de las compañías es reducir el peso de la deuda. Es decir, hacer una quita como la que hizo Néstor Kirchner con los pasivos soberanos de la Argentina.
En muchos casos las tarifas son ruinosas si hay que pagar las deudas tal como están. Pero si se puede hacer una quita, el balance puede cambiar bastante y la empresa valer mucho más. Un negocio muy interesante si quien se quedó con la compañía puede luego vender.
El Gobierno no ha medido a todos con la misma vara en los casos de cesaciones de pagos. ¿Le importa tanto al Gobierno, que se jacta de haber hecho una quita récord de sus propios pasivos, que ha prohibido distribuir ganancias y hasta hacer importaciones con tal de no perder divisas, que una compañía española no pague deudas con el exterior? Es extraño, porque otras cesaciones de pagos y reestructuraciones forzosas de pasivos parecieron no importarle.
Ausol se ha manejado siempre con prudencia y nunca hizo nada altisonante para enfrentarse públicamente con el Gobierno. No hubo comunicado oficial ayer tampoco ni voceros que quieran aparecer a comentar la intervención.
El argumento de que las autoridades quieren ver cómo son las cosas y si es cierto que la empresa está forzada a reestructurar su deuda no resiste el menor análisis. Las inspecciones de la Bolsa que Adelmo Gabbi envía con entusiasmo aparentemente a pedido del Gobierno a Papel Prensa podrían haber servido para recabar información sin necesidad de poner un interventor. El diligente Alejandro Vanoli, que parece haberse lanzado a tomar todas las medidas contra Papel Prensa que no quiso tomar su antecesor Eduardo Hecker, podría haber también obtenido información de Ausol.
Los números de la compañía sostienen que ha tenido incrementos importantes de los costos laborales, por presión del gremio que conduce Pablo Moyano, quien alguna vez incluso fue acusado de encabezar una violenta y destructiva toma de las instalaciones de la firma.
Todo el esquema de tarifas públicas reguladas parece hacer agua y causar los enormes problemas que desde el principio se supo, y se advirtió, que ocurrirían si los congelamientos se prolongaban. La Argentina importa gas muy caro, está al borde de importar permanentemente petróleo, no tendrá suficiente energía eléctrica si la economía vuelve a los niveles de actividad de 2008, los contratos de peaje de rutas están vencidos y la recaudación no alcanza ni para hacer mínimos mantenimientos. Después de más de seis años de gobierno del matrimonio santacruceño, ya no puede decirse que hay una "pesada herencia". Para encontrar a los culpables a los Kirchner les alcanzaría con mirarse al espejo.
20091122 Clarín La única verdad es la realidad
Por: Ricardo
Kirschbaum
Aníbal Fernández podrá seguir negando la realidad. Pero la evidencia lo condena:
allí está el testimonio filmado de que el portavalores Antonini Wilson, el
venezolano atrapado con 800 mil dólares en una valija, estuvo en la Casa Rosada
dos días después del incidente. El jefe de Gabinete sospecha del video del canal
oficial que está a cargo de un subalterno. Si la entrega de esa prueba fue o no
una venganza interna es lo de menos: allí está Antonini Wilson -declaró en Miami
que el dinero que traía era para la campaña de Cristina- al fondo del Salón
Blanco, escuchando el discurso de Chávez. Cristina y Alicia Castro, embajadora
en Caracas, ambas furiosamente de rojo al igual que la corbata del presidente de
Venezuela, formaban ese día parte de la platea.
Mauricio Macri podrá seguir negando lo evidente y enojándose con el juez que,
convengamos, pone el megáfono todas las mañanas para anunciar lo que pasará ese
día en la investigación del espionaje. Macri puede acusar legítimamente a los
Kirchner pero no puede negar que Palacios y Chamorro, implicados en el
espionaje, habían sido presentados por él como los mejores policías disponibles.
Y que Ciro James (¿será ese su nombre verdadero?) trabajaba en el Ministerio de
Educación y se dedicaba a pinchar teléfonos. Los tres podrían estar haciendo
también ese trabajo para privados, pero sus empleadores oficiales quedaron
enchastrados. Ante el escándalo, Macri pretende salvar a Montenegro, el ministro
de Seguridad. Le pasará lo mismo que con Palacios y Chamorro: será inútil.
Son dos cuestiones de una gravedad inusitada y de evidencia indiscutible. Una,
porque Antonini ha desnudado una de las razones centrales de la relación de los
Kirchner con Chávez; la otra, porque esta red de espionaje funcionaba bajo el
paraguas del Gobierno porteño.
Editorial I
A pesar de haber reprobado el examen electoral del 28 de junio pasado, el Gobierno ha decidido insistir, y por momentos exagerar, todas sus políticas. Esa ratificación es el factor principal de la caída de la imagen positiva, cada vez más pronunciada, del matrimonio gobernante en todos los sondeos de opinión realizados por profesionales independientes.
El rasgo sobresaliente del legado de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es la notoria deformación institucional que se registra en la Argentina, a partir de un método que habitualmente roza la extorsión para extender espacios de poder en función de las necesidades de la población más humilde, de las gobernaciones con finanzas más débiles y de los empresarios sedientos de negocios con el Estado.
Al cabo de seis años en el poder se empeoró un sistema cuya calidad era ya muy discutible. Además de no registrarse esfuerzo alguno para revertir la fragilidad de las fuerzas políticas, se aprovechó esa minusvalía para manipularlas desde el Estado. El diálogo entre las distintas corrientes y sectores, que había sido a partir de 2002 un valiosísimo recurso para detener el derrumbe, fue sustituido por un plan sistemático de división de las organizaciones opositoras, que se completó con la cacería de muchos de sus dirigentes, tentados con cargos públicos o amedrentados por el acoso fiscal, como en el reciente caso del gobernador correntino, Ricardo Colombi.
El kirchnerismo procesó su curiosidad por conocer lo que piensan quienes no se le someten de una extraña manera: interviniendo teléfonos o casillas de correo electrónico. De esta infeliz experiencia deviene un doble saldo: una clase política más fragmentada y un aparato de inteligencia que ha adquirido un poder incontrolable.
En la gestión kirchnerista es notorio también el desequilibrio en el juego de los poderes del Estado. El Ejecutivo se expandió sobre el Congreso de mil maneras: entre otras, la reglamentación inconstitucional de los decretos de necesidad y urgencia, el uso abusivo de facultades delegadas y la perpetuación de los superpoderes presupuestarios del jefe de Gabinete. La Justicia también fue avasallada. El homenaje a su autonomía que pareció realizarse con la renovación de la Corte Suprema -sana en sus objetivos, pésima en su procedimiento- quedó invalidado con creces gracias al control político del Consejo de la Magistratura.
La manipulación electoral de las urgencias materiales de la población más desprotegida no fue inventada, por cierto, por la actual administración. Pero cuando abandonen el poder, la Presidenta y su esposo habrán cubierto con esa práctica casi todos los aspectos de la vida colectiva. Gobernadores, empresarios, intendentes municipales, sindicalistas, piqueteros, algunos periodistas y muchos encuestadores se han ido acostumbrando a que la satisfacción de la necesidad sólo se alcanza con una resignación de la libertad. La asignación discrecional de los recursos fiscales ha sido uno de los instrumentos utilizados para multiplicar este vínculo extorsivo. La reposición de la ley allí donde ahora sólo impera la voluntad del que manda demandará un largo esfuerzo de reparación moral cuando se vayan los Kirchner.
La agresividad del oficialismo con la prensa independiente es la medida de la dificultad que están encontrando los Kirchner para imponer ese código de intercambio en la circulación de la información pública.
El método de la compraventa se vuelve todavía más dañino cuando la administración ingresa en su crepúsculo. Las presiones no terminan sino que se revierten. Ha sido penoso en los últimos días advertir el avance corporativo al que se ve sometido el matrimonio, sobre todo de parte de intendentes, sindicalistas y piqueteros. Es otro rasgo principal del país que encontrará quien suceda a Cristina Kirchner: un desborde faccioso de organizaciones que se lanzan sobre los recursos del Estado con más voracidad cuanto más exiguos son esos recursos.
Desde 2003, el país está más aislado que durante el período anterior, a pesar de que durante ese período se había declarado el default y se habían deshonrado casi todos los contratos. La Argentina no ha dejado de descender en los rankings internacionales de transparencia pública y los más importantes líderes internacionales han excluido a nuestro país en sus periplos por la región, cautelosos ante la posibilidad de ser maltratados por funcionarios que sólo han ejercido su dificultosa cordialidad frente al populismo caribeño.
No hace falta esperar a que termine el actual período presidencial para advertir que dejará tras de sí una economía enmarañada por subsidios e intervenciones que, en la mayoría de los casos, alimentaron la corrupción. Habrá que reconciliar a la sociedad con la verdad acerca de la pobreza, la inflación, el desempleo, fenómenos ocultados detrás de la adulteración estadística. Habrá que salir ordenadamente del congelamiento de precios y tarifas, y reponer el funcionamiento de los mercados para facilitar la inversión. Habrá que devolver su lugar a la iniciativa privada y regresar a su sitio al Estado, que expandió su poder con regulaciones y expropiaciones. La distorsión de los precios relativos, el desbarajuste fiscal, la inflación y su secuela de empobrecimiento, y las regulaciones arbitrarias forman parte del balance que harán de este período los historiadores que lo narren.
La dimensión de estas tareas demandará un gran ejercicio de diálogo, negociación, reconocimiento del interés ajeno y moderación de las propias pretensiones. En definitiva, un reencuentro de la sociedad argentina, y sobre todo de su dirigencia, con la política, entendida en su sentido más noble y constructivo.
Ningún ministro lo recibirá hasta que no lo autorice la política. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, lo notificó así sobre los códigos internos del poder al extenuado gobernador electo de Corrientes, Ricardo Colombi. ¿Y quién es la política?, preguntó el radical Colombi. Néstor Kirchner, le respondió Fernández, seco y tajante. Comenzó con ese diálogo uno de los casos más sorprendentes de travestismo político de los últimos tiempos, expresión diáfana de una manera de gobernar. El caso Colombi devela muchos otros desenfrenos de un poder desesperado en la hora de su crepúsculo. El método de la extorsión, en primer lugar. Víctimas de la extorsión han sido en días recientes líderes opositores, legisladores, empresarios y medios periodísticos. El resultado de esa extorsión masiva no fue malo para el Gobierno, pero todavía hay quienes resisten.
La política de ahora tiene también la dosis más alta de genuflexión que se haya visto en el vertical peronismo, ya sin Perón. ¿Qué hacían el jueves en Chubut cinco gobernadores al lado de Néstor Kirchner, perpetrando una venganza personal del mandamás contra el gobernador chubutense, Mario Das Neves? ¿Qué hacían como cortesanos de un monarca sin corona, derrotado e impopular? Kirchner ni siquiera es todavía presidente del justicialismo.
Colombi llegó a Aníbal Fernández después de tocar sin suerte la puerta de todos los ministros. Nadie lo atendió. Su provincia, Corrientes, no tiene dinero para pagar los sueldos de la administración. La breve y práctica lección del jefe de Gabinete lo depositó al gobernador electo en la residencia de Olivos. Salió de ahí diciendo que votaría a cualquier Kirchner (matrimonio o hijos, se supone) en las próximas presidenciales. Luego pudo hacer, por fin, un paseo por despachos ministeriales (Julio De Vido y Amado Boudou lo recibieron en el acto); concluyó su feliz excursión frente a la propia Cristina Kirchner.
Colombi merece un párrafo aparte. La necesidad política no debe ser incompatible con la dignidad personal. La indignidad que cometió (y que comprometió seriamente a su partido, el opositor radicalismo) lo exhibió como un dirigente político ciertamente marginal. Hace poco reclamó el apoyo de toda la estructura del radicalismo para ganar la gobernación, pero terminó contrayendo nupcias con el propio Kirchner. Alguien debería pedirle disculpas a Borocotó; su inexplicable brinco en 2007 fue, después de todo, el de un diputado más entre tantos que brincan más que él.
El sistema federal está destruido, según la prueba de Colombi. Un hombre sin cargos ni responsabilidades, Néstor Kirchner, es el que decide cuántos recursos, y cómo, recibirá cada una de las provincias. La política parece impotente para romper el círculo vicioso que canjea extorsión por disciplina. Quizás es el momento de que otra instancia (la Corte Suprema de Justicia es la única) restituya una idea del federalismo constitucional y contribuya a romper aquel círculo.
La propia institución presidencial termina seriamente desgajada cuando la instancia decisiva de "la política" no es la Presidenta, sino la sombra de su esposo. El sistema político resultó más arruinado que antes después de que Colombi decepcionara a todos sus votantes, que lo eligieron en nombre de proyectos opositores. Colombi no fue nunca un dirigente central de la política argentina, pero ¿conoce la gente común esos matices? El gobernador electo tenía un solo camino digno: denunciar el método extorsivo del Gobierno y negarse a asumir la gobernación en tales condiciones. No lo usó.
Hay otras extorsiones. Guillermo Moreno encontró un aliado imprevisto para su dura y brutal gestión destinada a desestabilizar Papel Prensa. Ese aliado es el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, quien siempre está un paso atrás del secretario de Comercio para presionar a la empresa que abastece de papel a gran parte del periodismo gráfico argentino. Moreno ya sacó de la administración al anterior titular de la Comisión Nación de Valores, Eduardo Hecker, y al ex jefe de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Pacios, porque ninguno de los dos lo acompañó en su ofensiva final para derrumbar a Papel Prensa. Gabbi es, en cambio, funcional a la maniobra que aquellos dos ex funcionarios habían rechazado.
Sea como fuere, hubo tres días recientes en los que funcionarios de la Bolsa (Papel Prensa cotiza en Bolsa) hicieron una larga y pormenorizada inspección en la empresa. Fue la primera inspección de la Bolsa a Papel Prensa en toda la historia de ésta. Mientras hacían la inspección, innominadas llamadas telefónicas les indicaban a los inspectores qué cosas debían pedir. Hurgaron desde los movimientos diarios de IVA por compras y ventas hasta los libros referidos a sueldos y jornales. No existe ninguna denuncia sobre nada, en ningún lado, contra Papel Prensa.
Los propios síndicos del Estado se negaron a entregarles documentación que no era necesaria para la tarea que los inspectores decían cumplir. Los síndicos fueron despedidos poco después por orden de Moreno. En la tarde del viernes, la Bolsa envió otro requerimiento a Papel Prensa con absurdos reclamos. Moreno quiere que el Estado tome el control de la empresa papelera a cambio de nada. Es notable, sin embargo, que sea la Bolsa de Comercio la institución que mejor lo ayuda en sus aprietes. ¿No estaremos, además, ante un nuevo índice de "riesgo país" (el de una Bolsa funcional a la prepotencia de Moreno) para cualquier empresa que quiera invertir en la Argentina?
Todo se desmantelaría en un solo instante si LA NACION y Clarín , los principales dueños de Papel Prensa, aceptaran la colombización de sus páginas, aunque el precio sería insoportable: deberían entregar en Olivos la libertad del periodismo. Colombi fue un misil contra la estabilidad del radical Julio Cobos, el presidenciable mejor ubicado en las encuestas actuales. Mauricio Macri estaba derrapando seriamente cuando Aníbal Fernández acudió presuroso, sin quererlo desde ya, en su ayuda. ¿Qué mejor pergamino para alguien con ambición presidencial opositora que el acoso explícito del kirchnerismo? Es más valioso ese odio del oficialismo que las explicaciones que Macri nunca dio sobre el misterioso sistema de escuchas telefónicas en su policía.
La intervención de los teléfonos es una epidemia en la Argentina. Los comisarios macristas Palacios y Chamorro son hombres formados en la Policía Federal y tenían una agencia de seguridad que hacía investigaciones sobre la vida pública y privada de dirigentes. ¿No es la misma Policía Federal la que termina tercerizando en empresas privadas, aunque a cargo de personas de su confianza, el sistema de escuchas telefónicas? Chamorro, sobre todo, fue oficial en actividad de esa fuerza hasta hace poco tiempo. ¿Podía desconocer la Policía Federal que uno de sus comisarios andaba en tales correrías?
La SIE (la anterior SIDE) no se queda atrás en esa competencia por quién escucha mejor y más rápido. Por eso resulta hasta irónico por su duplicidad que Aníbal Fernández le haya pedido la renuncia a Macri por las escuchas de la policía de éste, cuando el gobierno nacional y la policía de Aníbal son viejos adictos de la información que surge de las conversaciones telefónicas privadas. Macri le debe todavía a la sociedad una explicación sobre sus problemas con la policía y sobre la información mal habida, aun cuando la ansiedad kirchnerista por destruirlo le haya abierto la puerta de la victimización.
Semejantes grescas de cantina están hundiendo a la política en un peligroso limo. Kirchner dispara sobre Cobos, sobre Macri y, en última instancia, sobre él mismo. ¿No está preparando acaso el escenario perfecto para que regrese aquella arbitraria cacofonía social que exigía que se vayan todos?
20091122 Clarín. Los recursos del Estado. Durante el periodo de Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Transporte.
Denuncian maniobras sospechosas con obras por $ 1.800 millones. Fueron destinadas a los ferrocarriles. Un informe de Auditoria General de la Nación señala que hubo adjudicaciones directa, falta de transparencia en los contratos y extensión indebida de concesiones con subsidios del Estado ….
Ponen bajota lupa diez obras clave con presupuesto millonario…..
Jaime, jaqueado por la causa de enriquecimiento ilícito por Luis Fernández Moores
Cuando, en diciembre de 2011, concluya la era kirchnerista, el país afrontará una grave situación económica. Para ese entonces, por la nefasta política agropecuaria en vigor, habremos dilapidado una verdadera fortuna que ya nunca podrá recobrarse, porque lo perdido se habrá perdido para siempre.
Si tomamos solamente los cuatro años que habrán transcurrido entre 2007 y 2011, habremos perdido de cosechar más de cien millones de toneladas de granos, de criar diez millones de terneros, de producir doce mil millones de litros de leche y quién sabe cuántos miles y miles de metros cuadrados de superficie cubierta no se habrán construido nunca.
Habrá que agregar las cifras supermillonarias de salarios que no cobraron los trabajadores por falta de actividad económica normal y la consecuente pérdida de ingresos tributarios, lo que impide la construcción de escuelas, hospitales y caminos que el país necesita. Y así sucesivamente, en todos los otros rubros de la actividad del país.
También habremos bajado los últimos siete escalones del índice de confiabilidad interna y externa que, según las estadísticas publicadas en septiembre por el Foro Mundial Económico, experimenta la Argentina. Desde el puesto 126, hemos caído al 133, que es el último piso antes del abismo. Y, de paso, habremos seguido provocando el rechazo y la censura que ha despertado nuestro país en el concierto de las naciones, que miran atónitas nuestra actitud de indiferencia hacia más de mil millones de habitantes del planeta que padecen hambre y que necesitan que la Argentina produzca alimentos, porque son más fáciles de producir aquí que en otros lugares del orbe.
¿Qué puede hacer la dirigencia política ante la recomposición de fuerzas legislativas resultante de las elecciones del 28 de junio?
El primer paso será, a partir del 10 de diciembre, tratar de sancionar toda la legislación necesaria para destrabar la producción y las exportaciones argentinas, al eliminar todas las normas y resoluciones que han venido desalentando a los productores agropecuarios y a las empresas industriales, cualquiera sea su tamaño.
En segundo lugar, deberá recuperarse la confianza internacional para invertir en la Argentina. Este objetivo implica, por lo pronto, restablecer la seguridad jurídica y personal, combatir con eficacia el delito común, el tráfico de drogas y la corrupción, y erradicar todo tipo de violencia.
Los dos pasos anteriores exigen importantes alineamientos de todas las fuerzas políticas democráticas y republicanas, a través de un explícito acuerdo sobre el contenido de la agenda legislativa, que debe instrumentarse de inmediato para acceder a los objetivos buscados. En realidad, algo parecido o igual a lo ya plasmado en el Acta del Consenso Republicano firmado el 19 de mayo último por más de un centenar de legisladores y ex legisladores, miembros de la casi totalidad del arco opositor, y que sólo necesita la aprobación de los cuerpos orgánicos partidarios y de los líderes respectivos para su efectiva ejecución.
Como tercer paso, este Consenso debe extenderse en todo lo posible en materia de gobernabilidad, para asegurar el éxito de quienes asuman el Poder Ejecutivo el 10 de diciembre de 2011, los que, obviamente, no serán parte del oficialismo actual.
Debemos admitir que el período 2011-2015 estará plagado de dificultades para recuperar el funcionamiento institucional y productivo del país y el deseo de vivir en un país gobernado por la moderación, hoy ausente.
Recordamos la famosa expresión de Winston Churchill cuando, a principios de la Segunda Guerra Mundial, les prometió a los ingleses sólo sangre, sudor y lágrimas. Nosotros podremos evitar la sangre y las lágrimas, pero no el sudor: hay una ciclópea tarea por cumplir, con la nada agradable sensación de apretarse el cinturón más que de costumbre.
Será entonces cuando todos los partidos políticos, vencedores o vencidos, deberán ayudar y respaldar al gobierno que sobrevenga, durante todo el tiempo indispensable para volver a poner a la Argentina en carrera.
Sólo cuando el país se normalice y coseche los frutos de todos los esfuerzos reparadores, la dirigencia política podrá dar rienda suelta al planteo de los objetivos de cada partido en particular. Sólo entonces se pondrá en marcha una respetuosa competencia para demostrar que alguno tiene más para darle al país que otro, y viceversa.
Y así, todos comprometidos en busca de un objetivo común, reencontraremos el país extraviado y el bienestar del pueblo que lo habita.
Como se ha venido diciendo respecto de la economía y de la educación en otros lugares de la Tierra, nosotros debemos afirmar aquí: es la República, señores.
El autor, ex diputado nacional, es presidente de Consenso Republicano
EL DESTINO DE UNOS 650 MILLONES DE DOLARES COBRADOS EN LA GESTION DE KIRCHNER COMO GOBERNADOR
20091125 Bienes K: aceptan al contador del matrimonio y rechazan a una ONG
PROMOVIDO. SANTIAGO LOZADA, EL AÑO PASADO, CUANDO ERA JUEZ.
El juez Santiago Lozada, quien archivó la causa contra el ex presidente Néstor
Kirchner por los fondos extraordinarios de la provincia de Santa Cruz, presentó
al gobernador Daniel Peralta su renuncia al juzgado de Instrucción Penal N 1 de
Río Gallegos.
Peralta confirmó la dimisión de Lozada "por motivos personales" y que se "dará
curso, como todas las renuncias".
El alejamiento de Lozada es el paso previo a una promoción hacia la Cámara Oral
Criminal, medida que depende de Poder Ejecutivo santacruceño.
Según fuentes judiciales, la promoción de Lozada podría provocarse antes de que
se inicie la feria judicial.
En 2005, Lozada sobreseyó a Kirchner en una causa vinculada al manejo y
administración de los fondos de Santa Cruz en el exterior.
Lozada había sido designado en 1997 por el entonces gobernador Kirchner.
En la causa se investigó el destino de los 654 millones de dólares que Santa
Cruz cobró por regalías mal liquidadas durante el menemismo. Luego compró
acciones de YPF y se estima que invirtió 1000 en el exterior. Un relevamiento
del 2003 planteó dudas sobre la versión oficial de este manejo.
Eduardo Duhalde se paró frente a su
gente y empezó a criticar sin vueltas: "No se tolera más esta situación".
Después se exasperó y dijo que "se está desplomando el liderazgo extorsivo que
vive la República". Más adelante levantó la voz y destacó que "no hay proyecto
para conducir la Argentina". Y, al final, fue específico: "Este gobierno va a
pasar a la historia por su aporte extraordinario a la degradación del país".
Terminó con la voz en alto pidiendo "ayuda", porque a los Kirchner "les quedan
dos años" y "tenemos que ir hacia un gobierno patriótico de unidad nacional".
Abajo del escenario, su esposa aplaudía a rabiar. Diez minutos después, Hilda "Chiche" paseaba feliz por la cocina del Sheraton buscando el ascensor. Se dio vuelta para hablarle a una amiga: "Ay, me encantó el discurso de Eduardo". No escuchó que le repetían que esperara a su marido en el piso 19. "Me encantó. Dijo justo lo que necesitábamos en este momento."
Cuando subió, Duhalde ya estaba arriba. Se había escapado de los periodistas y filmaba unos saludos en la suite, para que su amiga la diputada Graciela Camaño los use en sus actos partidarios. Conminó a sus colaboradores: "No quiero hablar más. Con lo que dije ya fue suficiente".
Encerrado en la habitación 1906, Duhalde sintió que el discurso especialmente preparado había dejado en claro su principal objetivo: mostrar que, en 2010, intentará, como nunca antes, disputar el poder de sus principales adversarios: los Kirchner.
Recorrida bonaerense
El ex presidente se entusiasma con su futuro político. Ayer tradujo en palabras la disputa que prepara en el territorio. Desde hace semanas, emisarios de Duhalde intentan recolectar adherentes en su antiguo bastión de dominio: el conurbano. Corona él las avanzadas con reuniones reservadas. Ocurrió la semana pasada en Pilar, acompañado por Camaño. Pasó el sábado último, con agrupaciones del Sur, en San Vicente. Lo esperan por estos días en San Miguel y en Tres de Febrero.
Dice que sus incursiones sólo tienen fines partidarios. "Va a reconstruir el PJ bonaerense", se envalentonó su esposa ante LA NACION.
Pero Duhalde ayer habló como si fuera más que eso. Contó que estaba "conversando" con la UCR y con el Pro para "terminar con la matemática del egoísmo" y "lograr un acuerdo nacional en 2011" para "llevar adelante políticas de Estado".
En primera fila lo miraban, entre otros, el sindicalista Gerónimo Venegas, el ex menemista Fernando Galmarini y el diputado Jorge Sarghini. Aplaudieron cuando destacó que "se está malgastando energía porque no hay conducción" y se rieron cuando dijo que "el Gobierno redujo el país a la capital de Santa Cruz".
"Así, todas las decisiones se complican", insistió el ex presidente. Y retomó su idea del "pacto nacional, más allá de quien gane". En el camino elogió a la cúpula agropecuaria, criticó la política de seguridad y habló, otra vez, de la "visión estratégica", con la soltura de quien cree que es el más indicado para prepararla.
26 NOV 2009 08:27h
ONCCA
20091126 Clarín Diputados denuncian que en la ONCCA había tres cajas paralelas
Una "política", una de "amigos" y otra de trámites normales. Hoy amplían la presentación judicial.
Los diputados de la oposición que iniciaron una denuncia penal contra Ricardo Echegaray reclamarán hoy a la justicia que disponga la intervención de la ONCCA e investigue el patrimonio personal de titular de la AFIP y otros funcionarios presuntamente involucrados en las irregularidades en el pago de subsidios a feed lots. La llamada Mesa de Consenso Agropecuario, además, ampliará su denuncia con nuevos casos, entre los que se destaca el de la firma "La Paceña SA", que cobró 1.230.190 pesos a pesar de mostrar varias inconsistencias en su documentación legal. Los legisladores se presentarán hoy al mediodía ante el juzgado federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, para aportar nuevas pruebas que recogieron a través de una página en Internet (www.denunciea laoncca.com) creada especialmente para detectar posibles ilícitos cometidos por la ONCCA en la distribución de las millonarias compensaciones
En su demanda original, presentada a fin de octubre, los diputados acusaron a Echegaray y a su sucesor en la ONCCA, Emilio Eyras, de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos. En su nueva presentación, solicitarán a Rafecas el inicio del sumario, que cite a indagatoria a los funcionarios y que investigue también su patrimonio personal. "Dijimos que íbamos a seguir con la investigación y cumplimos. Ahora confiamos en que la justicia avance con la investigación", dijo el macrista Christian Gribaudo, uno de los doce diputados que firma la denuncia. En ese grupo conviven legisladores del PRO, de la UCR, del peronismo disidente, del cobismo y de la Coalición Cívica
En su escrito, el bloque dice haber comprobado que en la ONCCA existían "tres ventanillas" para conseguir cobrar las compensaciones, "una política, una de amigos y una general". Los diputados, además, revelan que detectaron casos en los que "se han cobrado coimas por un 5%" de los montos Los grises quedan de lado cuando los opositores relatan un caso concreto: el de la firma "El Paseño SA", que a pesar de tener domicilio en Florencio Varela "habría creado un feed lot fantasma en la provincia del Chaco a los fines de cobrar subsidios irregularmente".
Esa firma, que ya cobró más de 1,2 millones de pesos por sus operaciones entre enero y abril de 2009. Y lo hizo a pesar de que su inscripción muestra algunas inconsistencias. "El Paseño SA" figura registrado ante ONCCA con un establecimiento de engorde ubicado en el Chaco. Ante el SENASA, sin embargo, aparece controlando dos feed lots fuera de dicha provincia, en Saladas (Corrientes) y La Paz (Entre Ríos). Sólo hay evidencia de la existencia de este último establecimiento: en esa tranquila localidad los vecinos se han alzado por el mal olor que despide el feed lot, que ha llegado a tener unos 6.000 a 7.000 bovinos.
Por otro lado, sus dos socios (Felipe Leguizamón y María Eugenia Valencia) declaran domicilio en Florencio Varela (Buenos Aires). Fundadores de otras dos empresas entre 2002 y 2005, en la página de AFIP resultó imposible corroborar su actual situación fiscal Además de este caso, se sugiere investigar otro feed lot de General Cabrera, Córdoba, que "estaría cobrando subsidios de la ONCCA, ingresaría la hacienda sin DTA (guías) y vendería en negro".
Debido a las graves irregularidades, el actual presidente de la ONCCA ha dado la orden de derogar la Resolución 2839/08, promulgada por Echegaray a los fines de encubrir las maniobras ilícitas que se cometían, ya que se había creado un sistema legal paralelo", añade la denuncia. En rigor, Juan Manuel Campillo dio de baja esa norma, que eximió al organismo de la exigencia de contar con aval de los abogados del Estado antes de concretar cada pago.
1,709 Son los millones de esos que pagó la ONCCA en subsidios a diversos sectores en 2009 Los feed lots cobraron 585 millones.
2.200 Son los feed lots registrados en el SENASA. Cuando la ONCC-A comenzó a pagar subsidios, en 2007k sólo había declarados 250 de esos establecimientos
Editorial I
Visto desde esa óptica sesgada, reducida a una disputa por una cuota de poder, aquel que, sea poderoso o no, se ve afectado por una norma y obtiene de la Justicia un fallo favorable, parecería convertirse en una suerte de réprobo que merece la condena del pueblo argentino. Es peligroso tomar al pie de la letra ese mensaje en una república que, se supone, respeta la división de poderes y en la que, se supone también, ninguno de ellos está sujeto a la altanería de una persona en particular, por caudillo o jefe que se crea.
De Kirchner y de su mujer, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más allá de la difusa línea entre el poder real y el virtual, la gente espera la estatura suficiente para honrar la cultura cívica en lugar de tildar a un medio de comunicación, esencial para la vida democrática, de enemigo. Se alienta desde la cúspide del poder político una andanada de insultos y falacias en la cual alguien que se caracteriza por ser crispado acusa al otro de serlo, porque "basta ver las cosas que están escribiendo en sus medios", y alguien que siempre quiso manipular la opinión pública a su antojo acusa al otro de "ser cobarde y antidemocrático" por idéntica causa.
No es novedosa esta embestida de Kirchner contra los medios de comunicación ni contra los periodistas en general. Lamentablemente, lleva ya unos cuantos años y, por ello, es curioso, al menos, que no se haya dado cuenta del daño que provoca con un mensaje tan venenoso con el cual parece empeñado en liquidar un pleito personal. De ser cierto aquello que dice, en un país tan permisivo que lleva dos años engañado con las estadísticas del Indec y bastante más con promesas de obras no hechas, tampoco es el tono apropiado para exponerlo. Exabruptos de esa naturaleza le quitan toda seriedad a la llamada ley de medios.
Desde el 28 de junio, tras una derrota que la Presidenta pretendió interpretar e inculcar como una victoria de su marido, los Kirchner viven más ensimismados que nunca. La suma del poder público, alcanzada con un manejo arbitrario de fondos públicos en campañas electorales, no debería ser utilizada en forma imprudente con un léxico rayano en los malos modales en el cual el otro es el culpable de todo y ellos son los salvadores del país. La mirada hacia el pasado con la mera comparación entre su traspié electoral y los golpes de Estado de 1955 y 1976 poco y nada deja de edificante cuando, en perspectiva, la gente no quiere retroceder, sino avanzar. Parece que este deseo no es fácil de entender en la cima del poder.
Hasta es difícil determinar si, en realidad, es más importante la ley de medios o el encono de los Kirchner con la prensa y otros sectores de la sociedad que, de repente, son tachados de enemigos y golpistas.
Es irresponsable comparar a la Argentina de hoy con la que precedió a la última dictadura militar. Todos hemos aprendido la lección. Nadie estaría dispuesto a tolerar una interrupción del sistema democrático ni un gobierno que no sea el elegido por el pueblo.
Si los países exitosos superaron horrores de dimensiones planetarias, como el Holocausto, guerras civiles y bombas atómicas, ¿qué nos impide a los argentinos establecer pautas de convivencia superadoras? Regodearse con una ley por su aspecto negativo, como si sólo se tratara de destruir al otro en vez de construir algo mejor, refleja la verdadera intención de sus autores y, a su vez, nos pone en autos de que no se puede vivir endilgándole al otro toda la responsabilidad sobre el país que no pudo ser y que, de este modo, tampoco será (a pesar de que últimamente la sociedad da cada vez más señales de que sí quiere volver a serlo).
Será, en todo caso, un país que no ha cambiado en más de medio siglo, cuyo poder se mide en votos y cuyas leyes, al menos las más polémicas, deben ser avasallantes, casi humillantes, para ser efectivas. En la batalla que nos proponen los Kirchner, quizás ellos crean que son los ganadores, pero el gran perdedor es el país por medir su progreso en ver quién aplasta a quién hasta que, como si fuera una bomba de tiempo, no queden más que odios y divisiones
Que nos echen de todas las comisiones , bramó, y provocó: Nosotros tendremos al pueblo en la calle. Fue la amenaza más directa y brutal que recibió el Poder Legislativo desde que Menem insinuó su cierre temporal en la década del noventa.
Desde hace casi dos años, el Gobierno viene denunciando supuestas conspiraciones destituyentes. Sin embargo, nadie fue tan explícito contra la administración kirchnerista como Kirchner lo fue contra el Congreso. Enfrentar la decisión de los legisladores con las turbulencias de manifestaciones callejeras sería un claro intento de desestabilización de la institución parlamentaria. Amedrentó a los nuevos legisladores antes de que éstos asumieran.
La primera conclusión es que Kirchner tomó nota de que la oposición fue capaz, hasta ahora, de enhebrar acuerdos que le sacarían al Gobierno el control de las cruciales comisiones legislativas. Por eso aludió a esas comisiones en el momento más vibrante y tenso de su monólogo ante los fieles. Kirchner no se puede ir de Buenos Aires ni un solo día, aceptó un funcionario cuando se enteró de la ofensiva opositora.
La segunda conclusión consiste en establecer que el matrimonio presidencial no está ya en condiciones de llenar calles ni atajos. Podría contar, eso sí, con la movilización de los pocos sindicatos que le quedan y con la atemorizante presencia de los grupos de choque formados por los viejos piqueteros y por las nuevas barras bravas kirchneristas del fútbol subsidiado. Ahora se sabe, al fin y al cabo, por qué Kirchner nunca quiso deshacer esos grupos y prefirió siempre "aliarse con los malos", con el argumento de convertirlos en buenos. La alianza existió y existe; la conversión, no.
Semejante escenario sería como jugar con fuego cerca de la pólvora. ¿Cuánto tiempo durará la paciencia de una sociedad ya magullada por la violencia del espacio público y por la agresividad del discurso político? ¿Cuánto, si el kirchnerismo enviara a sus ejércitos propios a desestabilizar el Congreso? ¿No estaría así empujando ese instante imprevisible en el que un hecho fortuito termina por cambiar el ecosistema político? Escuchar a Kirchner es casi una lección práctica de las secuelas del aislamiento y de los descarríos de la imprudencia.
Es, al mismo tiempo, un final de fiesta y la antesala de un desierto definitivo. Kirchner no tiene retorno. Las cuatro encuestadoras más serias y prestigiosas del país han terminado mediciones que indican que los dos Kirchner perforaron el piso de los 20 puntos de imagen positiva en el país y ya están en sólo 18 puntos. Se trata sólo del carozo de cualquier caudal político. Y es, también, una tragedia política para los líderes de una administración que todavía debe gobernar dos años más. La imagen negativa de los Kirchner tiene un piso del 55 por ciento, pero podría llegar a cerca del 70 por ciento si se prorrateara la imagen regular.
Una novedad inesperada: gobernadores otrora populares ven derrumbarse sus propios índices de simpatía sólo por el acercamiento a los Kirchner. Un ejemplo: el caso de José Luis Gioja, en San Juan.
Otro dato es aún peor. La sociedad está pesimista. Un 75 por ciento de los encuestados cree que el país "está mal". Más del 50 por ciento está seguro de que las cosas serán todavía peores en la Argentina. Este dato es significativo, porque las sociedades y las personas tienden, por lo general, a ser optimistas con respecto al futuro. Los resultados sobre el estado social, más que los de la imagen de los Kirchner, son potencialmente peligrosos para el destino de la tranquilidad pública.
Como los herederos que despilfarran fortunas antes de llegar a viejos, los Kirchner decidieron darse todos los gustos en vida. Una ironía de la historia fue que durante el gobierno de Cristina Kirchner se haya prorrogado la emergencia económica hasta el final de su mandato. La entonces senadora Kirchner votó en contra de las prórrogas de esa emergencia aún durante el gobierno de su esposo; entonces aducía que ya era hora de que el Congreso volviera a tener el rol constitucional que le corresponde y que ninguna emergencia era justificable para un gobierno que se ufanaba de haber normalizado la economía.
Los hechos de la última semana borraron esas viejas palabras. Tal rectificación podría justificarse en el drama personal de la Presidenta. Según los análisis más serios de las perspectivas económicas, la Argentina crecerá el año próximo sólo con los mismos porcentajes que retrocedió durante 2009. Cristina Kirchner llegará a 2011 con el mismo tamaño económico del país que recibió. Un mandato perdido.
No es lo único que han hecho. Salvo que algo contundente se interponga, los Kirchner intervendrán Papel Prensa, la empresa que abastece de papel a una enorme mayoría de diarios argentinos. ¿Las razones? No hay ninguna. Guillermo Moreno le entregó al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores Eduardo Hecker el borrador de la resolución para que éste procediera a la intervención de la empresa.
No hay razones para eso , le contestó Hecker. Quiero sacar a los diarios de Papel Prensa , le respondió Moreno, aludiendo a La Nacion y Clarín. La República tiene métodos para eso , le replicó Hecker. Hay que mandar al Congreso un proyecto de ley de expropiación. Y una vez aprobado, habrá que pagarles a los dueños lo que cuesta la empresa, le explicó. Hecker no estaba inventando nada nuevo: es lo que, después de todo, hace Chávez en Venezuela cuando se queda con empresas privadas.
Hecker le contó ese diálogo a Amado Boudou, que estuvo de acuerdo con él. Un día después, el ministro de Economía se subió a la ofensiva contra Papel Prensa sólo para no quedar atrás de Moreno. En su lucha por ser más fanático que el fanático Moreno, Boudou es capaz de asumir hasta la autoría de un crimen. Hecker se fue. Lo siguió después el jefe de la Sindicatura General de la Nación, Carlos Pacios, por los mismos motivos.
Moreno presionó seriamente también sobre la Bolsa de Comercio, cuyo titular, Adelmo Gabbi, sacó el reglamento y envió una inspección rutinaria a Papel Prensa, que no encontró nada irregular. ¿Se hace todo eso sólo para frenar la intensa marcha a mitad de camino? No. Ya es intolerable que Papel Prensa tenga que dar explicaciones que no necesita dar.
Kirchner es peor cuando está asustado. La oposición no kirchnerista dio algunos pasos en el buen sentido. Tomó la iniciativa en el Congreso y se mostró unida. No obstante, el ritmo imperioso y arbitrario de Kirchner está necesitando también de una Comisión de Enlace de los principales dirigentes opositores. ¿Podrán hacerlo cuando todavía prevalecen entre algunos el agravio y la ofensa?
Las instituciones (el Congreso y el periodismo libre, entre ellas) están en riesgo. La oposición calla demasiado sobre los cotidianos martirios de la prensa. Esos líderes opositores deberían aparcar las ambiciones políticas y los rencores personales. Deberían, en última instancia, dejar de lado las inexplicables agresiones entre ellos compitiendo por un destino que nadie ve. Deberían hacerlo antes de que el país se quede hasta sin diarios.
Incremento patrimonial / La denuncia por enriquecimiento ilícito
El sobreseimiento de Cristina y Néstor Kirchner en la causa que los investigaba por enriquecimiento ilícito quedó firme y ya no podrá ser revisado.
A las 9.30 de ayer venció el plazo para que los fiscales apelaran el fallo del juez federal Norberto Oyarbide, que había considerado legal el incremento patrimonial, de 28 millones de pesos, que el matrimonio presidencial declaró como obtenido durante 2008. Su sentencia tuvo un único fundamento: un breve peritaje realizado por el cuestionado Cuerpo de Peritos de la Corte. Ninguno la objetó.
El fiscal federal Eduardo Taiano, que tenía a su cargo el impulso de la investigación, guardó ayer silencio. Lo mismo hizo el jefe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Guillermo Noailles, que tenía la posibilidad de cuestionar la sentencia si no lo hacía Taiano.
La única apelación la presentó el abogado Enrique Piragini, que fue quien denunció el caso basado en una nota de LA NACION, pero para que su recurso fuera tratado, la Cámara Federal debería darle carácter de "querellante", es decir, de particular damnificado. Fuentes judiciales coincidían ayer en que las posibilidades de que esto suceda son ínfimas.
Como consecuencia, los Kirchner ya no podrán volver a ser perseguidos por su enriquecimiento durante 2008, el año en el que su patrimonio creció más que nunca, según sus propias declaraciones juradas. No obstante, los alcances de la sentencia que ayer quedó firme son discutibles. ¿Qué pasaría en el hipotético caso de que se descubrieran otros bienes adquiridos el año pasado por la Presidenta o su marido?
"El fallo sólo hace cosa juzgada sobre los incrementos declarados", dijo ayer el ex fiscal Manuel Garrido, antecesor de Noailles al frente de la FIA, que cuestionó con dureza que la sentencia no hubiera sido apelada. "Oyarbide sólo investigó lo que los Kirchner declararon, y por eso su fallo no impide que puedan abrirse futuras causas si aparecen otros hechos o bienes", afirmó.
Pero su opinión lejos está de ser unánime. "La cosa juzgada tiene más fuerza que la aparición de nuevos elementos, aunque los demuestren totalmente culpables, por eso es un sobreseimiento que debería haber sido muy analizado. Está en juego la seguridad jurídica", dijo el penalista Alejandro Carrió. Según él, los Kirchner sí podrían ser investigados por otros eventuales delitos que les hubieran generado un beneficio económico, pero sólo si se demostrara que sus "elementos constitutivos" son otros, es decir, si son delitos independientes.
El fallo de Oyarbide, dictado en tiempo récord, es terminante. Su último párrafo dice: "Resuelvo: sobreseer en la presente causa N° 9423/09 al señor Néstor Carlos Kirchner y a la señora Cristina Fernández de Kirchner en orden al delito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal, dejando constancia que la formación de este sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los nombrados".
Se basó en un peritaje de diez hojas, realizado en menos de dos meses, que sólo analizó los datos y documentos presentados por los propios acusados. Ese informe no analizó ninguna de las operaciones que Cristina y Néstor Kirchner declararon como el origen de su fortuna. Tampoco hizo referencia a cuáles fueron esos negocios.
Lo firmaron Alfredo Peralta y María del Carmen Penedo, presidente y miembro del Cuerpo de Peritos de la Corte, un organismo cuestionado por el propio tribunal, que dispuso auditarlo. También, Víctor Manzanares, contador de los Kirchner y autor de sus declaraciones juradas.
Oyarbide recibió el peritaje el 17 del actual. Al día siguiente, dictó el sobreseimiento. El juez advirtió entonces a LA NACION que era sólo un fallo de primera instancia, revisable por la Cámara Federal. La Sala I de ese tribunal, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, era la designada para intervenir. Pero no hay revisión posible sin apelación fiscal.
Los fiscales
La decisión de Taiano tiene dos antecedentes. Ya había intervenido en otras causas por presunto enriquecimiento ilícito contra los Kirchner: en una consintió su cierre y en la otra propuso desestimar la denuncia por inexistencia de delito. En cuanto a Noailles, él dio señales durante la semana pasada de que no tenía una decisión tomada. Tal como informó LA NACION, le pidió a contadores internos de la FIA un informe técnico sobre el caso.
Un funcionario del Ministerio Público relató ayer que los expertos dictaminaron que "por el momento" no se podía saber "en forma cierta e indubitable" si el incremento patrimonial estaba debidamente justificado "de acuerdo con la documentación recibida para cada caso". El informe le daba a Noailles argumentos para discutir la sentencia de Oyarbide, pero él decidió no hacerlo.
Hoy, todos los expedientes que investigaron el origen del patrimonio de los Kirchner están cerrados. Uno sólo podría reabrirse, el que archivó el juez Rodolfo Canicoba Corral: la FIA, entonces a cargo de Garrido, se opuso a su clausura, y si bien la Cámara convalidó la decisión del juez, advirtió que el archivo no era definitivo y que nuevas pruebas podrían reactivar la causa.
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