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20100103 LN Los desafíos políticos de 2010  Editorial

Nuestro retraso en materia institucional es en la actualidad tan evidente como nuestro aislamiento internacional

El nuevo año ha comenzado con prácticamente las mismas asignaturas pendientes con que se inició 2009. Han transcurrido 26 años de democracia ininterrumpida, pero nuestro retraso en materia institucional es tan evidente como nuestro aislamiento internacional.

División de poderes, respeto por las instituciones y seguridad jurídica son principios republicanos que siguieron brillando por su ausencia durante el último año.

Seis meses atrás, hubo un acto electoral en el que la ciudadanía se pronunció claramente en la mayor parte del país, mas las autoridades nacionales desoyeron el veredicto que arrojaron las urnas.

Abundaron en 2009 las presiones del poder político a los jueces; se acentuaron el intervencionismo estatal y la voracidad de la fracción gobernante por quedarse con negocios del sector privado; se continuaron utilizando recursos del Estado en beneficio personal de funcionarios; se sancionó una ley de medios de comunicación audiovisual que constituyó un verdadero ataque al derecho de la propiedad y a la libertad de prensa; se recurrió a mecanismos intimidatorios contra medios periodísticos y empresarios que cometieran el "delito" de disentir en público de las políticas gubernamentales y hasta hemos visto a un alto funcionario del gobierno nacional arrogándose facultades del Poder Judicial y negándose groseramente a cumplir una orden de un juez por considerarla "inconstitucional".

En un país donde todo eso ocurre, no debería sorprender a nadie que un importante representante del gobierno de los Estados Unidos advirtiera públicamente sobre la falta de seguridad jurídica en la Argentina, ni que la encuesta Latinobarómetro, efectuada en las naciones de América latina, arrojara resultados tan desalentadores.

Según este sondeo de opinión pública, que en la Argentina incluyó consultas a 1200 ciudadanos durante octubre pasado, el 50 por ciento de nuestra población considera poco o nada garantizada la libertad de expresión; el 44 por ciento señala lo mismo de la libertad para participar en política y nada menos que el 89 por ciento cree eso de la justa distribución de la riqueza.

Cuando desde el Poder Ejecutivo se tilda de "golpista" o de "desestabilizador" a todo aquel que expresa una visión que se contrapone con el discurso oficial, es triste que ningún funcionario o ningún asesor presidencial advierta que esa acción, además de lesiva hacia elementales principios de una república, no hace más que socavar la imagen del Gobierno y aumentar la percepción general sobre su debilidad.

El día en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo advierta, el día en que pueda mensurar debidamente las consecuencias que para el país y para su propio gobierno tienen aquellas actitudes, tal vez podamos esperar algún cambio: cierta voluntad por escuchar a los disidentes -pertenezcan éstos al ámbito productivo o a la esfera política-; por convocar a un diálogo sincero, que no sea una mera fantochada, y por buscar acuerdos de largo aliento para resolver algunos de los muchos problemas que sufren los argentinos.

Será mucho lo que deberán hacer las actuales autoridades nacionales, y probablemente las futuras, para devolverle a nuestro país el prestigio internacional que más de una vez insinuó recuperar antes de caer en sucesivos fracasos. Por momentos, parecerían darse señales positivas, como cuando se convocó al diálogo el 9 de Julio último o cuando se anunció la intención de reencauzar las relaciones con los acreedores o con el Club de París. Pero todas esas señales se diluyen rápidamente, como si dentro del Gobierno reinaran la confusión y la indecisión, y quienes nos gobiernan fueran presas del temor a un costo político que siempre termina siendo mayor cuando se dilatan las determinaciones.

Claro que cualquier cambio requerirá unidad para la acción y esto cobra especial importancia en la oposición política, cuyos distintos sectores deberían hacer los mayores esfuerzos a partir de ahora para abandonar cualquier narcisismo y articular sus diferentes propuestas para ayudar a construir una nueva Argentina, donde el orden público venza a los intentos anarquizantes y a la inseguridad, donde la previsibilidad económica y el respeto por las reglas de juego se impongan a la incertidumbre y a la desconfianza para atraer inversiones, y donde, por sobre todas las cosas, reinen las instituciones.

Si quienes representan a la oposición política no colocan delante de cualquier ambición personal ese objetivo, si no se profundiza un fecundo diálogo entre ellos ahora que cuentan con mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados, difícilmente puedan reclamar con éxito una actitud dialoguista de parte de un Gobierno que siempre se ha guiado por la irracional lógica del enfrentamiento.

20100104 LN Los Kirchner pueden hipotecar el destino del próximo gobierno  por Carlos Pagni

Sobre el filo del fin del año, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, se reunió con funcionarios de la Tesorería provincial para definir la emisión de un bono por alrededor de $ 1000 millones. El gobierno de Daniel Scioli saldará de ese modo parte de la deuda que tiene con sus proveedores.

Contado así, parece un hecho intrascendente. Pero, de aquí a unos años, los historiadores tal vez se sirvan de él para indicar el comienzo de un proceso de gran magnitud: la nueva crisis fiscal que se desenvuelve en la Argentina y que condicionará, como ningún otro factor, la suerte de quien asuma el poder en 2011.

El pagaré de Arlía es la respuesta a una presión que amenazaba con desbordar a Scioli. Los prestadores de la obra social de la provincia, IOMA, están suspendiendo sus servicios por falta de pago. Hacia la Navidad, los suministros de los 77 hospitales del distrito comenzaron a escasear. El 50% de los bonaerenses se atiende en esos sanatorios. Los grandes municipios del conurbano pudieron pagar el aguinaldo gracias a auxilios extraordinarios llegados desde La Plata o desde el gobierno nacional. Todos terminaron con un rojo que va, según el caso, de 40 a 60 millones de pesos.

Estos datos ya tienen impacto político. El peronismo de la Legislatura, que había invitado el 23 de diciembre a Carlos Stornelli a explicar la crisis de seguridad, agregó a Arlía cuando advirtió que también las cuentas públicas están cerca del colapso. El ministro explicó que este año necesitará $ 10.000 millones más de lo previsto. Economistas independientes se inclinan por pensar en 15.000 millones. Son números irreales, ya que no contemplan aumento salarial alguno. Pero el 20 de este mes empieza la paritaria docente, que define el 30% del gasto provincial.

Para la experiencia económica nacional, estos hechos cobijan un significado preciso: Buenos Aires suele adelantar los síntomas de lo que está por ocurrir en el resto del país. O, mejor dicho, de lo que ya está ocurriendo. Porque el gasto público ha alcanzado en la Argentina, en 2009, un récord histórico: consolidado el de la Nación y las provincias, llegó al 35% del PBI. Para encontrar una marca superior habría que remontarse, tal vez, a la primera presidencia de Juan Perón. O, si se prefiere otro parámetro, ni durante la Guerra de las Malvinas se gastó lo que se está gastando en la era Kirchner.

La evolución nacional de ese gasto es impactante. En 2007 fue un 50% más que el año anterior; en 2008, 37% más; el año pasado, otro 29%. Esta expansión se corresponde con una presión tributaria creciente: entre 2005 y 2009 los impuestos aumentaron un 12%. Si se agregan los incrementos provinciales, la suba fue del 14%. Es decir, en la Argentina se aplica una presión fiscal del 34%, similar a la de Nueva Zelanda o Israel, países que relevan a sus ciudadanos de gastar en salud, educación o seguridad privadas.

Si, al tocar esos límites, la política económica no ha estallado, como en otras oportunidades, es gracias a que se están registrando también otros récords. En los últimos 20 años la producción de granos pasó de 52 a 114 millones de toneladas, el rendimiento por hectárea aumentó un 40% y la superficie sembrada, un 56%.

La peripecia fiscal de los Kirchner estuvo atenuada, entre 2005 y 2008, por los beneficios de este boom agropecuario. Sin embargo, la rebelión por las retenciones móviles demostró que la presión tributaria había tocado una barrera social y política infranqueable.

A partir de entonces, el kirchnerismo estatizó los ahorros previsionales e ingresó en su fase predatoria. Esa propensión recrudeció en estos días. Como publicó Silvia Stang en este diario el jueves pasado, en 2009 la tesorería tomó $ 41.500 millones de pesos de organismos públicos. Amado Boudou colocó una letra por $ 700 millones en el PAMI, que ya había provisto $ 2130 millones a lo largo del año. El mismo mecanismo se aplicó en la Anses -$ 4929 millones-, en el Banco Nación -$ 8300 millones-, en el Banco Central -US$ 2500 millones de los Derechos Especiales de Giro remitidos por el Fondo Monetario Internacional y $ 5000 millones por la transferencia a Hacienda de ganancias no realizadas-, en el Ministerio del Interior -$ 9000 millones de recursos pertenecientes a las provincias- y en las obras sociales sindicales, cuya recaudación está cayendo de un modo que genera sospechas entre los gremialistas.

El fondo

El Fondo del Bicentenario, constituido para pagar deudas corrientes con US$ 6500 millones sacados de las reservas del Banco Central, es otra dentellada de esa secuencia voraz.

Con su decisión, Cristina Kirchner tocó un límite político: Boudou, que ya tiene el antecedente de la confiscación jubilatoria, entró en conflicto con Martín Redrado, quien denunció, tarde pero seguro, las inconsistencias de la política económica. Redrado se demora en el cumplimiento del decreto presidencial. Más aún, un par de legisladores lo escucharon confesar sus dudas sobre la conveniencia de seguir en el cargo -su mandato vence el próximo 23 de septiembre- si los Kirchner lo ponen entre la espada y la pared.

Al comienzo se consintió que el Poder Ejecutivo usara las reservas como un blindaje -de bajísima legalidad, es cierto- para respaldar la negociación con los holdouts . Pero esa imagen se fue transformando por la convergencia de varios gestos oficiales a lo largo de los días.

Primero fue la polémica con el diplomático norteamericano Arturo Valenzuela, en la que los Kirchner terminaron de revelar que para ellos la seguridad jurídica es sólo un ideologema neoliberal.

Después, el anuncio de que este año se triplicarán las prestaciones sociales -$ 1800 pesos por persona- destinadas a cooperativas de trabajo que organizarán la clientela del conurbano.

Para finalizar, Miguel Pichetto declaró perimida la autonomía del Banco Central. Los US$ 6500 millones podrían ser, por lo tanto, nada más que un aperitivo.

Los principales candidatos a la presidencia formaron equipos para conocer el paisaje que enfrentarían si llegaran al poder. Julio Cobos consulta a Raúl Baglini, a Laura Montero y a Chrystian Colombo. Elisa Carrió escucha a Alfonso Prat-Gay y a Pedro Lacoste. Eduardo Duhalde habla, entre otros, con Roberto Lavagna y con Jorge Sarghini. Felipe Solá frecuenta a Martín Lousteau. Mauricio Macri montó un think tank en el Banco Ciudad y Carlos Reutemann habla con más economistas de lo que se supone. ¿Y Francisco de Narváez? Una renombrada consultora porteña le prepara, en secreto, un programa económico.

Acuerdo político

Hasta ahora todos preveían que en 2011 haría falta un acuerdo político para actualizar tarifas, reducir retenciones, moderar la inflación y normalizar las relaciones federales. Pero en las últimas semanas esa percepción se modificó.

"Nos estamos dando cuenta de que el acuerdo debe hacerse en 2010 para evitar que el Gobierno deje tierra arrasada", explicó un técnico ligado a Duhalde. Parece una previsión razonable.

El esposo de la Presidenta está viendo otra película. "Cuando termine 2010 nos estaremos peleando entre nosotros porque vamos a aplastar a la oposición", repetía antes de partir para El Calafate.

Confía en que la recuperación económica revertirá su caída. No supone, como los expertos, que la inflación será superior al 22% y que el empleo seguirá estancado. Por lo tanto, no cabe esperar que, como Perón en 1952, los Kirchner estén por realizar un giro.

Al contrario, les cabe más la negligencia de madame Pompadour, cuando le dijo a Luis XV: "Después de nosotros, el diluvio".

Durante los próximos dos años, la pareja gobernante definirá el nivel de ajuste que deba hacer su sucesor. En otras palabras: la suerte política del próximo gobierno se está jugando desde ahora.

Editorial I

20090107 LN El Gobierno genera otra grave crisis

El pedido de renuncia al presidente del Banco Central es otra muestra de autoritarismo y avasallamiento de las instituciones

En sólo 24 horas, y haciendo alarde una vez más de su autoritarismo, el Poder Ejecutivo Nacional ha convertido prácticamente en crisis institucional lo que hasta ahora era un conflicto.

Lo hizo la Presidenta al pedirle la renuncia al presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, por negarse a facilitar las reservas de esa entidad para el Fondo del Bicentenario, creado para pagar la deuda pública mediante un polémico decreto presidencial de necesidad y urgencia.

Ayer, en esta columna, nos referimos a la arremetida oficialista contra la autonomía del BCRA. Con el pedido de renuncia, la arremetida ha escalado hasta el avasallamiento de esa autonomía. La ley dice que, en tanto ente autárquico del Estado nacional y no dependiente del Poder Ejecutivo, el BCRA es verdaderamente intocable respecto de los gobiernos de turno. Esta intangibilidad constituye un principio esencial para defender el valor de nuestra moneda de las manipulaciones de los dirigentes políticos.

La historia reciente de esa entidad no es alentadora. Desde 2000, seis personas se han sucedido como presidentes del BCRA y, con la excepción de uno que cumplió su mandato, los demás tuvieron que dejar sus cargos por anticipado debido a sus disputas con el Poder Ejecutivo.

Cuando Mario Blejer tuvo que abandonar la presidencia del BCRA, en junio de 2002, en su carta de renuncia expresó que la autonomía de ese banco "hace a la esencia misma de la autoridad monetaria y es un instrumento imprescindible para restablecer la confianza en el sistema". Esa última referencia apuntaba a la grave situación económica de aquel año, que, para Blejer, constituía una crisis de confianza ante la cual era preciso "fortalecer la independencia de la institución" y no "someterla a presiones interesadas".

La crisis actual -gratuita en su origen, no en sus posibles consecuencias- obedece al autoritarismo que caracteriza a los Kirchner y recuerda los comienzos de la crisis generada por su ciego enfrentamiento con el campo.

No había ninguna urgencia ni necesidad de emitir el 14 de diciembre pasado un decreto que creara un fondo de 6569 millones de dólares para pagar la deuda pública que vence el corriente año con reservas del BCRA. Además, el presupuesto nacional para este año ya había sido aprobado y contempla las partidas y recursos suficientes para pagar la deuda.

El apuro presidencial por contar con un instrumento de dudosa constitucionalidad y que no fue sometido al Congreso parece indicar que la real preocupación gubernamental pasa por captar fondos de donde sea para mantener un nivel de aumento desenfrenado del gasto público, superior incluso al presupuestado. Y el indebido pedido de renuncia a Redrado apuntala más todavía esa hipótesis.

Como en el enfrentamiento con el campo por las retenciones, ahora también el Gobierno trata de apropiarse de fondos que no le pertenecen, como hizo con los de las AFJP.

Alfonso Prat-Gay, ex presidente del BCRA, al igual que otros especialistas, sostuvo que ese organismo monetario "no tiene por qué recibir instrucciones del Poder Ejecutivo" y advirtió que el decreto de necesidad y urgencia que establece la creación del Fondo del Bicentenario con reservas del BCRA "viola" la carta orgánica de la institución que preside Redrado, que establece que el BCRA "no recibe instrucciones ni indicaciones del Poder Ejecutivo en la ejecución de la política monetaria de la institución".

Una vez más, el kirchnerismo hace tabla rasa con el debido juego de las instituciones en la vida democrática. Y por desgracia para la sociedad ha demostrado durante su larga guerra contra el agro que no le importan las consecuencias sociales y económicas de su férreo empecinamiento cuando se trata de hacer abuso de poder. Tampoco le importa seguir perdiendo credibilidad en el exterior, pues en los países con instituciones sólidas la independencia de los bancos centrales es incuestionable. La Presidenta debería recapacitar y no alimentar una crisis a todas luces evitable.

20100106 LN El Banco Central sí es intocable

Un principio esencial es defender el valor de nuestra moneda de las manipulaciones de los dirigentes políticos

ntes de que se hubieran acallado las repercusiones adversas a todos los niveles que originó el arrogante desconocimiento de una orden judicial por parte del jefe de Gabinete, el presidente de la bancada oficialista en el Senado de la Nación, Miguel Angel Pichetto, arremetió contra la autonomía del Banco Central.

Las principales espadas del kirchnerismo siguen ofreciendo señales de que consideran las instituciones y sus normas una mera traba burocrática, concepción que encubre su voluntad de ejercer el poder prácticamente sin limitaciones.

La historia del poder, al menos en Occidente, es precisamente la historia de los límites al poder. No para Néstor Kirchner, quien cuando habla de "la máquina de impedir" no parece estar refiriéndose a otra cosa, en suma, que a las limitaciones que la ley impone en toda sociedad civilizada a las recurrentes tentaciones de despotismo.

En esa línea debe interpretarse el exabrupto del senador Pichetto, quien, refiriéndose a la era de la convertibilidad (que en ese tiempo apoyó entusiastamente) dijo: "Durante diez años nos hicieron creer que el Banco Central de la República Argentina era intocable, que no se sometía a ninguna autoridad y que no tenía vinculación alguna con el gobierno de turno". Y como si lo dicho no fuera suficiente, agregó: "Si no, sería más importante ser presidente del Banco Central que haber sido elegido por el voto popular".

No aclara Pichetto que entre "los que nos hicieron creer" que el Banco Central era intocable se encontraba él mismo. Primero como diputado nacional y luego como senador. Esto es así toda vez que la carta orgánica del Banco Central, aprobada por la ley 24.144 en 1992, fue reformada en 1995, en 2002 y en 2003, y en todos sus textos permaneció inalterable el artículo que dispone que "en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional".

En otras palabras, como ente autárquico del Estado nacional -no dependiente del Poder Ejecutivo Nacional-, el Banco Central es verdaderamente intocable respecto del gobierno de turno. Se trata de un principio esencial para defender el valor de nuestra moneda de las manipulaciones de los dirigentes políticos.

Así lo dice la ley, en cuya formulación participó el actual senador kirchnerista, ahora empeñado en tratar de encontrar una salida para el reciente decreto de necesidad y urgencia por el cual el Poder Ejecutivo se arrogó el derecho de disponer de 6569 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Pero la realidad es que el artículo 3º de la ley 25.780 establece que "el Banco Central no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar, sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales".

Con claridad surge que no había ninguna urgencia ni necesidad de emitir el 14 de diciembre pasado un decreto para crear un fondo destinado a pagar la deuda pública con vencimiento en 2010 con reservas del Banco Central. Por otra parte, el presupuesto nacional para este año ya había sido aprobado oportunamente y contempla las partidas y recursos suficientes para pagar la deuda. La maniobra urdida por el Poder Ejecutivo sólo puede explicarse como una burla al Congreso, mientras éste se halla en receso, para presentarle un hecho consumado que le permitirá al Estado elevar aún más el gasto público licuando reservas.

Los textos legales son meridianamente claros para todos. Aun para aquellos que pretendan violarlos descaradamente. Y, mal que les pese a algunos, el Banco Central es una de las instituciones fundamentales de la República, cuya importancia no deriva del carácter no electivo de su presidente, como tampoco deriva de esa circunstancia colateral la jerarquía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otras instituciones que surgen de la Constitución.

20100107 LN Redrado está siendo víctima de un atropello  por Alfonso Prat Gay

Hace algo más de cinco años, al fin de mi mandato al frente del Banco Central, el entonces presidente Néstor Kirchner me ofreció seguir otros seis años en el cargo. Tanto él como Duhalde habían sido muy respetuosos de la independencia del BCRA y quedaba trabajo por hacer en afianzar la estabilidad monetaria y financiera arduamente restablecida luego de la debacle de la convertibilidad.

En aquella amable conversación, sin embargo, advertí que Kirchner estaba decidido a concentrar el poder como lo había hecho en Santa Cruz y que iba a ser menos respetuoso de las instituciones. Decliné su oferta y le reafirmé que para domar un eventual rebote inflacionario era muy importante que el Banco Central conservara intacta su capacidad de maniobra en lo monetario y en lo financiero. No me entendió: cuando me fui, el Indec aún medía bien la inflación y el termómetro marcaba apenas el 5 por ciento, a pesar de que la economía crecía con fuerza. Lamentablemente, el tiempo les dio la razón a la intuición y al pronóstico.

Entonces me reuní con mi sucesor para aceitar el cambio de mando. Martín Redrado, muy entusiasmado con su nueva responsabilidad, me preguntó: "Si lo hacés con tanta pasión, ¿por qué te vas?". Le dije que cuando quisiera nos tomábamos una cerveza y se lo explicaba. Quizás sea válido preguntarse si esa cerveza hubiera contribuido a evitar el atropello institucional del que está siendo víctima. Porque el cumplimiento de la ley y la defensa de la autonomía del Banco Central no pueden "administrarse" como la política de flotación cambiaria. Simplemente deben ejercerse, recordando que cada concesión es un avance a lo largo de un camino sin retorno.

La postura reciente del presidente del BCRA es un cambio saludable. ¡Bien hecho! Más vale tarde que nunca.

Cristina Kirchner no puede pedirle la renuncia a Redrado. No está dentro de sus facultades. No puede siquiera darle "órdenes, indicaciones o instrucciones" (art. 3 de la ley de Carta Orgánica del BCRA), menos puede pedirle la renuncia. Redrado fue designado por el Senado hasta septiembre de 2010 y está a cargo de una entidad que es independiente del Ejecutivo, porque en ella ha delegado el Congreso la atribución de "establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda" y arreglar "el pago de la deuda interior y exterior de la Nación" (art. 75 inc. 6 y 7 de la Constitución nacional). Así como la Presidenta no puede remover de su cargo a un diputado o a un senador, tampoco lo puede hacer con el presidente del BCRA.

El DNU que originó este conflicto contradice la Carta Orgánica y el espíritu de la Constitución. Es preferible desoír el DNU antes que a éstas hasta que se expidan el Congreso y/o la Corte Suprema. Redrado hace bien en no transferir los US$ 6500 millones y en evitar poner más de US$ 15.000 millones a tiro de los bonistas que nunca irán a un canje.

Redrado hace bien en no renunciar. Ignorar el DNU es cumplir con los deberes de funcionario público. Renunciar sería incumplimiento.

Las sucesivas acciones de la Presidenta demuestran un profundo desapego por las instituciones que ella misma prometió mejorar durante su campaña electoral. Felizmente, el voto popular del 28 de junio volvió a darles equilibrio a los poderes. Este nuevo Congreso tiene mucho por aportar y ha comenzado a hacerlo. Empezó una nueva era.

Diputado de la Coalición Cívica y ex presidente del BCRA

20100107 LN Lo que empieza mal no termina bien  por Néstor O Scibona

El Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad nació con un título tan pomposo como engañoso, pero sin tanta necesidad ni menos aún urgencia como el decreto que le dio origen. Este DNU, que curiosamente lleva el número 2010, fue anunciado apenas cinco días después de que finalizaran las sesiones ordinarias del Congreso. Nadie en el Gobierno explicó por qué la captura de 6569 millones de dólares de reservas del Banco Central para atender este año todos los pagos en divisas del Tesoro (a cambio de un pagaré a 10 años) no fue propuesta previamente mediante una ley, cuando el oficialismo aún avasallaba con su mayoría propia en las dos cámaras legislativas.

A este pecado original hay que sumar otro. Es un secreto a voces que Martín Redrado no fue consultado para la adopción de esta medida. O que si lo fue, no estuvo de acuerdo debido a sus implicancias jurídicas e institucionales, y no sólo económicas o financieras.

La situación hizo cortocircuito esta semana, quizá precipitado por el sugestivo encuentro entre el titular del BCRA y la cúpula de la UCR en el Senado. Pero ya era ostensible desde antes de Navidad: resultaba tan evidente el apuro del ministro Amado Boudou por hacer uso del Fobide para presentarlo como un hecho consumado como la resistencia de Redrado a transferir las reservas, a la espera de un dictamen de la asesoría jurídica del Central cuyo contenido sigue siendo una incógnita. Otro tanto ocurre con la posibilidad de que esos recursos sufran eventuales embargos externos. Mientras tanto, la oposición se dedicó a golpear al Poder Ejecutivo por izquierda y por derecha. Y hasta el propio Redrado quedó como jamón del sándwich, entre el kirchnerismo duro que le exigía el cumplimiento del DNU y la oposición que le reclamaba un aval previo del Congreso, con el aderezo de la Corte Suprema, que admitió el recurso de inconstitucionalidad planteado por San Luis.

Con tantas improvisaciones y cabos sueltos, en apenas 20 días no podía terminar bien algo que comenzó tan mal. Mucho menos cuando Néstor Kirchner decidió olvidarse definitivamente de las formas, aplicar la ley del garrote y confinar a Redrado al bando enemigo. Fue tan patético que ayer se anunciara la aceptación de una renuncia que el titular del BCRA no había firmado como que se le ofreciera el cargo a Mario Blejer -actualmente en Suiza- para reemplazar a un funcionario que no puede ser relevado como si fuera un ministro más del Gabinete. También que hubiera un "miniescrache" a las puertas del BCRA, a cargo de un puñado de militantes K cuyo discurso parecía dictado de apuro desde Olivos.

Si el objetivo del Fobide fue transmitir confianza (aunque más no fuera a los bonistas privados), el procedimiento seguido logró exactamente el resultado contrario. La pregunta del millón es qué podría ocurrir con el incipiente reflujo de capitales, la baja del riesgo país y el canje con los holdouts si el conflicto de poderes persiste y el Fondo sigue vacío de los dólares del BCRA, aunque ello no implique un riesgo cierto de default para 2010.

Pero además de las formas institucionales hay otra cuestión de fondo, que tampoco viene bien. Con el Fobide, el tándem Kirchner-Boudou dejó a la vista que prefiere echar mano a reservas del BCRA para atender pagos externos en lugar de levantar el pie del acelerador con el gasto público para salir del déficit fiscal. Esta idea no es compartida por Redrado, quien siempre hizo hincapié en la necesidad de una política fiscal más prudente y racional como condición para volver a obtener crédito a tasas más bajas y aliviar al Tesoro.

Evidentemente, no fue escuchado. Aunque ahora sea presentado por el kirchnerismo como un desacatado rebelde sin causa, lo cierto es que el titular del BCRA vino acompañando hasta donde pudo el financiamiento del explosivo aumento del gasto, ya sea con adelantos transitorios, transferencias de utilidades cambiarias y hasta con los DEG (derechos especiales de giro) que aportó la última capitalización del FMI. Todo esto encubrió la progresiva escasez de recursos del Tesoro para comprar genuinamente dólares destinados a pagos externos. Pero siempre hasta el límite legal fijado por la Carta Orgánica. El Fobide cruzó esa frontera y también abre dudas sobre el destino futuro de otros 10.000 millones de dólares de "reservas excedentes". A corto plazo, a Redrado se le complica su ilusión de ser el primer presidente del Banco Central que cumpla su mandato legal. A más largo plazo, a la Argentina lo mismo con dejar atrás los planes tipo "viaje ahora y pague después", que terminan en más endeudamiento o más inflación.

20100107 LN Gobernar sin límites, el sueño kirchnerista   por Fernando Laborda

Los argumentos esgrimidos ayer por el jefe de Gabinete y por el ministro de Economía para justificar la necesidad de la salida del presidente del Banco Central dejaron al descubierto una profunda preocupación originada en dos cuestiones. La primera es que el Gobierno requiere de las reservas para sostener el inaudito nivel de aumento del gasto público. La segunda es que pretende gobernar sin estar atado a elementales procedimientos republicanos.

"Nosotros sabemos cómo acumular reservas. Déjennos seguir avanzando. No nos pongan palos en la rueda", reclamó ayer con llamativa desesperación Amado Boudou. Casi al mismo tiempo, Aníbal Fernández insistía por enésima vez en el día en que "las políticas monetarias y cambiarias las conduce la presidenta de la Nación" y que las reservas "no son de Martín Redrado", sino que "las juntó este gobierno con el esfuerzo de la gente".

Ambas declaraciones apuntaban a una supuesta "máquina de impedir", expresión acuñada por Néstor Kirchner, que encubre una concepción de los procedimientos republicanos y de los límites al Poder Ejecutivo como meros mecanismos burocráticos que molestan e impiden gobernar.

Lo ocurrido ayer con el pedido de renuncia a Redrado a la presidencia del BCRA, nueve meses antes de que concluya su mandato, es una muestra más de un estilo de gestión con ribetes autoritarios, que considera que hasta quienes están al frente de entes autónomos o de órganos de control le deben rendir pleitesía a quien esté a cargo del Poder Ejecutivo.

El artículo 3 de la Carta Orgánica del BCRA señala que "en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional". El artículo 9 establece que la remoción de los miembros del directorio del BCRA podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso aún no conformada.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el titular del BCRA sucede a otras disputas que dieron lugar al alejamiento de figuras independientes del oficialismo de ámbitos del Estado o al avance del kirchnerismo en órganos de control y en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de un estilo que ha apuntado a gobernar sin rendir mayores cuentas y que fue inaugurado por Néstor Kirchner en Santa Cruz, cuando forzó en 1995 el desplazamiento de Eduardo Emilio Sosa como procurador general del Tribunal Superior provincial.

En los dos últimos años, el kirchnerismo dio pasos decisivos para tener mayoría de miembros en la Auditoría General, al tiempo que logró disminuir el poder de denunciar de organismos clave como la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En este último órgano, consiguió la renuncia de su titular, Manuel Garrido, y su reemplazo por un hombre afín al proyecto oficialista, como Guillermo Noailles, quien recientemente ni siquiera consideró la posibilidad de apelar el controvertido fallo judicial que sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Claro que la inestabilidad de los presidentes del Banco Central no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Redrado sueña todavía con ser el primer titular de esa entidad que se mantenga en su cargo durante seis años, desde el récord de Ernesto Bosch, quien presidió el BCRA durante diez años, entre 1935 y 1945.

En 2002, por citar un ejemplo, el BCRA tuvo cuatro titulares: Roque Maccarone, Mario Blejer, Aldo Pignanelli y Alfonso Prat-Gay, reemplazado en septiembre de 2004 por Redrado.

El jefe de Gabinete reconoció ayer que el Fondo del Bicentenario que se constituiría con 6569 millones de dólares de reservas del BCRA no se utilizaría como una mera garantía para el cumplimiento de los pagos de la deuda, sino lisa y llanamente para cancelar esos pagos.

Explicó que antes que tener esas reservas colocadas a tasas internacionales del 3%, cuando el país debe pagar más del 10% para endeudarse, sería preferible utilizar aquellos fondos del BCRA para cancelar compromisos. Ergo, las partidas presupuestadas por el Congreso para el pago de la deuda quedarían liberadas para ser usadas en obras públicas u otros destinos.

La primera conclusión de esas confesiones de Fernández es que el Gobierno piensa seguir aumentando el gasto público por encima incluso del 12% de incremento que fijó la ley de presupuesto de este año. La segunda conclusión es que el Gobierno desconoce las posibles consecuencias de utilizar para gastos corrientes reservas destinadas a respaldar la moneda local

20100107 LN Otra muestra de desprecio por las instituciones  por Ernesto Sanz

La sucesión de acontecimientos recientes en torno al Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una manifestación más del desprecio del gobierno nacional por las instituciones de nuestro país. Nuevamente, el Gobierno se demuestra sin límites a la hora de acumular recursos, dado que interpreta esta política como su fuente última de preservación de poder. El capítulo actual que vivimos con el BCRA continúa una saga que empezó con la apropiación de recursos provinciales y luego siguió con la confiscación de fondos de la Anses y el uso de depósitos del Banco Nación.

Esta vez, el Gobierno procuró forzar al BCRA a incumplir su propia carta orgánica a través de la utilización de sus reservas para pagar deuda y gastos corrientes. Y luego, frente a la supuesta desobediencia de sus autoridades e ignorando la necesaria participación que tiene el Congreso Nacional en estos casos, exigió el desplazamiento inmediato del titular del BCRA.

La UCR ha mantenido una posición consistente frente a esta situación desde el momento mismo de su sanción, cuestionando la legalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 2010/09 de creación del Fondo del Bicentenario. Este decreto, que instruye al BCRA a transferir US$ 6500 millones de sus reservas a una cuenta del Tesoro nacional, contradice manifiestamente el artículo 3 de la carta orgánica del BCRA, que indica que "en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional", y el artículo 20, que señala que "queda prohibido al banco conceder préstamos al gobierno nacional con excepción de los adelantos transitorios".

Por esta razón, habíamos advertido a las autoridades del BCRA que se abstuvieran de transferir esos fondos al Tesoro nacional, y por ello, apoyamos la posición que vienen sosteniendo hasta el momento.

No se puede achacar incumplimiento de los deberes de funcionario público -como ha dejado traslucir el jefe de Gabinete- a quienes respetan las prescripciones de su carta orgánica y la autonomía de la entidad monetaria.

Por último, el Congreso Nacional tiene un rol fundamental que cumplir en la resolución de este conflicto. Sin que exista renuncia de por medio, la única alternativa para la desvinculación de las autoridades del BCRA es su remoción, la cual deberá ser "decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación."

Aquí no se trata de defender a Martín Redrado como presidente del Banco Central. Se trata de proteger la institucionalidad de nuestro país -en este caso, la institución BCRA- frente a un gobierno voraz e inescrupuloso, que parece ignorar que los tiempos han cambiado y que un sector cada vez más importante de la sociedad -y por ende de sus representantes- ya no está dispuesto a tolerar más atropellos de esta naturaleza.

El autor es senador nacional y presidente de la UCR

Opinión Editorial

20100108 LN Otro atropello a las instituciones

Ante una nueva muestra autocrática, congresistas y jueces deben reaccionar como se espera de ellos en una República

La decisión de la presidenta Cristina Kirch-ner de remover a Martín Redrado del Banco Central es un nuevo ejemplo del estilo autocrático de quien está al frente del Poder Ejecutivo.

Para la Casa Rosada no hay autonomía del Banco Central que valga. O se coincide con el pensamiento oficial y se lo acata o se es enemigo. Y según esta particular lógica, todo aquel que piense distinto debe ser defenestrado de su puesto, aunque se encuentre en un órgano que no esté sujeto a las órdenes del Poder Ejecutivo.

Adoptada mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin la previa consulta al Congreso que exige la legislación vigente, la medida resulta más que cuestionable y trae a la memoria el caso del procurador general del Tribunal Superior de Santa Cruz, Eduardo Sosa, expulsado inconstitucionalmente en 1995 de su cargo por voluntad del entonces gobernador provincial, Néstor Kirchner. Sosa apeló a la Justicia y seis sentencias de la Corte Suprema de Justicia le dieron la razón y obligaron a su restitución en el cargo, algo que hasta ahora increíblemente no se ha cumplido.

Los Kirchner decidieron convertir nuestro país, la Argentina, en un país sin ley. El motivo para ejecutar esa decisión tremenda para todos nuestros compatriotas es uno solo: poder apropiarse indebidamente y poder gastarse en este año la suma de 25.000 millones de pesos. Ni más ni menos. Se trata de que ellos puedan gastarse a su antojo 25.000 veces un millón de pesos. Alrededor de 3 millones de pesos por hora por encima de lo que ellos le pidieron al Congreso que aprobara como límite de gasto en la ley de presupuesto para 2010.

No es verdad que hayan querido esa plata para saldar deuda, cuyo pago ya estaba previsto en el presupuesto. La verdad es la que dijo el viceministro de Economía, Feletti: quieren liberar recursos del presupuesto para gastar 3 millones de pesos por hora más de lo autorizado por los representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso. Quieren hacer con los recursos de la Argentina lo que hicieron con los fondos de Santa Cruz: usarlos como propios.

Cuando un presidente pasa por encima de la institución creada por el Congreso para cuidar el valor de la moneda, de los billetes, de los salarios, de las jubilaciones y de la propiedad de la gente, ése es un país sin ley. Un país sin ley es el país de la decisión arbitraria de los poderosos, donde en última instancia lo único que vale es la violencia de la fuerza o del dinero. Un país sin ley es donde no se puede invertir, generar trabajo, educar a los hijos. Con Banco Central, la Argentina tenía cierta garantía de que no se iban a hacer disparates enormes. Ahora estamos con Moreno y sin Banco Central. Todo es posible.

Es la primera vez que Kirchner pasa la frontera de la lucha política y se zambulle en la generación de inseguridad extrema, si no pánico, en los mercados financieros. Las peleas políticas se procesan lentamente, al ritmo de las instituciones y del trabajoso acuerdo de voluntades. Los desbandes financieros se pueden llevar todo puesto en un rato, cuando millones de personas aprietan sus botones en las computadoras. Esto es de una incalculable irresponsabilidad. Tanto que da miedo hasta decirlo. Pero no cumplir con el deber sabemos que nos lleva a males mayores, como cuando se aceptaba en silencio que se destituyera a la Corte o se ampliara su número de miembros o se derrocara a un presidente constitucional. La democracia exige el precio de que se la respete.

El autor es presidente del bloque de diputados de Pro

20100110 LN Una orgía de ilegalidad  por Enrique Valiente Noailles

Todos lo sabemos. Nosotros, los Kirchner, los legisladores, los jueces: echar al presidente del Banco Central mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin esperar el pronunciamiento de la comisión bicameral, es inconstitucional. No hay urgencia ni circunstancia excepcional que justifique el uso de estos DNU. Lo sabemos: fue para evitar pasar por el Congreso, y por lo tanto, lo más grave y menos recordado, fue para sortear la voluntad popular que se pronunció el 28 de Junio. Los Kirchner han mostrado que están dispuestos a ignorar y despreciar esa voluntad. Más allá del ánimo, estos son los verdaderos actos destituyentes, porque son actos que corroen la Constitución. No sólo las reservas son de todos los argentinos: la Constitución es el activo común que está siendo expropiado. El Gobierno está apropiándose indebidamente, una y otra vez, de recursos de la comunidad para financiarse. Queda cada vez más claro que la política económica del país está al servicio de un proyecto de poder.

Poder que ha sido sostenido no sólo por esos recursos, sino por la inacción o la indiferencia de los que habitamos la Argentina, o por el cinismo de quienes, como Adeba, conocen perfectamente la ilegalidad de lo que apoyan, pero que tienen intereses propios que prefieren defender frente al interés general. Ejemplo claro de por qué el país se ha tornado colectivamente inviable. Ejemplo que muestra que no es en los gobernantes sino en los gobernados donde hay que rastrear la explicación de la servidumbre. Son cosas que sospechaba Etienne de La Boétie, hace casi 500 años, en su ensayo acerca de la servidumbre voluntaria: el poder se impone sólo por el consentimiento de aquellos sobre los cuales es ejercido. "De momento, quisiera tan sólo entender cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, soportar a veces a un solo tirano, que no dispone de más poder que el que se le otorga", decía. Y agregaba: "Decídanse a dejar de servir y serán libres." La verdadera pregunta que se desprende es por qué hasta ahora no hemos deseado ser libres.

¿Puede algo cambiar? La obscenidad política, que ha tenido su esplendor en la era Menem, ha sido profundizada por los Kirchner. La comunidad tiene ante sí continuos actos de ilegalidad, cuya persistencia a lo largo de los años lleva a interrogarse acerca de su funcionalidad más profunda. Tal vez no estemos ante el avasallamiento de principios morales o políticos, sino ante la búsqueda de generarlos. Tal vez la obscenidad política, en la Argentina, sea provocada para excitar a la ley, esa abstracción que desde hace años manifiesta, en nuestro país, una impotencia total. Acaso la hayamos permitido para regenerar en la comunidad un deseo, que se ha perdido hace tiempo, de tener un Estado de derecho. Nos quedan dos esperanzas: en el corto plazo, que actúen tanto el Congreso como los jueces para hacer respetar las leyes. En el mediano, que la orgía de ilegalidad en la que estamos inmersos los argentinos tenga el objetivo secreto de generar un principio inverso.

Bajo sospecha / Nueva denuncia por la empresa El Chapel

20100110 LN Investigan a la Presidenta por tener una consultora privada  por Rodríguez Niell

Un juez analiza si incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública

La presidenta Cristina Kirchner cerró el año con una gran noticia: el sobreseimiento en la causa en la que se la investigaba por presunto enriquecimiento ilícito. Pero con esto no terminaron sus asuntos con la Justicia: en los últimos meses, una nueva causa penal empezó a avanzar contra ella por su actividad en la empresa El Chapel SA, que creó en 2007 junto con su familia para brindar servicios de consultoría financiera y de inversión.

Ahora, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi espera el resultado de las primeras medidas de prueba que ordenó para determinar si la Presidenta incurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, una figura penal que prevé una pena de reclusión de uno a seis años y la inhabilitación perpetua para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

El Chapel tiene tres integrantes: la Presidenta; su marido, Néstor Kirchner, y el hijo de ambos, Máximo, que es el titular. El fiscal federal Federico Delgado realizó en noviembre pasado un requerimiento de instrucción para que se investigara a los tres y pidió medidas. La semana pasada, al filo de la feria judicial, fuentes judiciales informaron a LA NACION que el juez ya había ordenado las siete diligencias solicitadas hasta el momento.

Eso incluyó, en primer lugar, una solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) de copias del legajo societario de la empresa El Chapel y un pedido al Registro Público de Comercio de Río Gallegos de "todos los datos del estudio contable de Manzanares y Montaner". Ellos son -según advirtió el fiscal en su requerimiento- quienes se encargarían de los negocios del ex presidente Néstor Kirchner. Sus oficinas están en Alcorta 76, Río Gallegos, domicilio de El Chapel.

Principio del formulario

¿Considera incompatible la actividad privada de la Presidenta con su función pública?

 Víctor Manzanares es el contador de los Kirchner y, como tal, firmó las declaraciones juradas del matrimonio presidencial. También intervino, como perito de parte, en la realización del peritaje sobre el patrimonio de la Presidenta y su marido que fue la base para que el juez Norberto Oyarbide los sobreseyera el 18 de diciembre pasado en el caso en el que se investigaba si se habían enriquecido ilícitamente durante 2008. El ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido lo denunció la semana pasada ante la Justicia por los presuntos delitos de encubrimiento y falsificación de documentos.

Pedido a la OA

Martínez de Giorgi pidió además a la Oficina Anticorrupción (OA), que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, un informe sobre si es compatible que los acusados tengan una consultoría y, al mismo tiempo, sean funcionarios públicos. También dio intervención en el caso a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). El juez de esta causa es un subrogante que está primero en el concurso del Consejo de la Magistratura para convertirse en titular del tribunal que hoy ocupa en forma interina. Ya había participado de la versión anterior de este concurso, que terminó anulada a instancias del kirchnerismo y también había quedado bien posicionado.

La Oficina Anticorrupción ya se pronunció sobre el caso El Chapel, pero no ante la Justicia. Fue en agosto pasado, después de haber analizado el tema diez meses. El titular del organismo, Julio Vitobello, resolvió que la Presidenta podía conservar su cargo de directora suplente de la empresa siempre y cuando no lo ejerciera, para evitar que sus intereses privados entraran en conflicto con los que debe defender como primera mandataria. Sostuvo, además, que el Estado debía "abstenerse de contratar los servicios" de la firma en cuestión.

Según su escritura de constitución, El Chapel tiene por objeto dedicarse a "la prestación de todo género de servicios de consultoría, estudio, inversión y asesoramiento en las ramas de la economía, finanzas, derecho, ciencias sociales, educación, administración y otras disciplinas a personas físicas o jurídicas del país o del extranjero", pero hasta el momento no se le conocieron clientes ni actividades

20100108 LN La tarde en que hubo que dejar la playa y volar a la Casa Rosada p.Mariana Verón

Los ministros, muchos de vacaciones, acudieron de urgencia para firmar el decreto

El quinteto costero comenzó a llamarse por teléfono, con desesperación. Había que volver a Buenos Aires lo antes posible para ponerle la firma al decreto de necesidad y urgencia con el que Cristina Kirchner echaba a Martín Redrado. El look del día fue un bronceado furioso.

Carlos Tomada cambiaba sus ojotas por el traje oscuro, mientras Nilda Garré se acomodaba rápido en su casa de Pinamar para partir. Ambos viajaron juntos, en un avión del Ministerio de Defensa, para cumplir con la imperiosa orden presidencial. Florencio Randazzo ya había salido, en auto, solo, desde Valeria del Mar. ¿Exceso de velocidad? Dicen que llegó en apenas tres horas. Julián Domínguez, ministro de Agricultura, asomaba por Balcarce 50 con traje gris y la corbata a medio anudar después del viaje desde San Bernardo. Carlos Zannini fue el primero en dejar, con congoja, el mar de Villa Gesell. Pero no abandonó la ropa sport. Por primera vez desde que está al mando de los escritos legales de los Kirchner se lo vio sin corbata, toda una osadía en él.

Ese fue el dato de color de un día agitado en la Casa Rosada, con un desfile incesante de ministros que caían en tanda a ponerle su firma al decreto presidencial que ponía fin a la gestión de Redrado en el Banco Central. Y si alguien sorprendió aún más, ése fue el siempre serio Julio De Vido. "Yo nunca me tomé vacaciones", decía a la prensa mientras giraba sobre sus pies para mostrar, cual modelo, el traje gris con el que pretendía demostrar que, en pleno enero y con gran parte del gabinete de descanso, él seguía firme en la trinchera.

Reunión improvisada

El despacho de Aníbal Fernández, pegado al de Cristina, era testigo en la tarde temprana de una improvisada reunión de gabinete sin la Presidenta. Por allí pasaron en orden y en grupos todos los ministros, que fueron llegando en función de cuán lejos los sorprendió el llamado de la jefa del Estado.

Sin chistar, todos se mostraban en sintonía con los deseos del matrimonio presidencial. Bajaban las escaleras que los llevaban a la explanada de la calle Rivadavia con una sonrisa nerviosa. Pero sosteniendo a rajatabla el argumento oficial. "Corremos porque nos volvemos otra vez a la costa", aclaraba Tomada en su huida cuando LA NACION lo encontró escapando raudamente con Garré. Ambos habían ido en avión hasta La Plata y desde allí habían tenido que pedir prestado un helicóptero al gobernador Daniel Scioli para poder llegar a la Casa Rosada.

Mientras tanto, Zannini, el secretario legal y técnico, repetía una y otra vez el camino que conduce al despacho presidencial con una carpeta forrada en cuero bordó con el contenido del decreto, que hasta entonces era un secreto a voces. Alicia Kirchner fue de las primeras en firmar, junto con Lino Barañao, Juan Manzur, Alberto Sileoni, Débora Giorgi y Jorge Taiana. ¿Y Amado Boudou? No estaba en la playa, pero fue el penúltimo en llegar, con trancos largos, a pesar de estar a unos pasos de la Casa Rosada. Le pisaba los tobillos Julio Alak, que llegó hablando por teléfono y apurado. Todos los ministros recibieron entre las 13 y las 14 la llamada de los secretarios presidenciales. Claro: no se podía esperar. Hoy era el último día de la semana para que el decreto con la remoción de Redrado estuviera publicado en el Boletín Oficial y, así, entrara en vigor.

Argumentos

La Presidenta en persona redactó los considerandos del texto, fiel a su estilo. Mientras le tipeaban (ella no toca ni por causalidad una computadora), apuntaba junto con Zannini los argumentos. Desempolvó todo. Viejos decretos, antiguos "consejos" de la famosa comisión bicameral del Congreso que debe asesorar al Poder Ejecutivo sobre la remoción o no de un presidente del Banco Central, y hasta hizo archivo de viejos diarios con el último y más resonante antecedente para utilizar por si acaso, con el episodio de Pedro Pou, a quien echó Fernando de la Rúa, en 2001.

En el Gobierno repetían anoche que la decisión de redactar el decreto, de alto costo político para la Presidenta por la polémica que despertó su validez, se tomó en la mañana de ayer. El argumento "ideal", a los ojos de funcionarios de estrecha relación con el matrimonio Kirchner, creen que lo dio el propio Redrado, cuando canceló la reunión de directorio prevista para ayer. "Mala conducta", pidió calificar su actitud, en el primer párrafo, la jefa del Estado, según contaron a LA NACION allegados a la Presidenta. Y fue ella la que insistió en pedir una denuncia judicial en contra de Redrado.

Quienes la escucharon ayer a la Presidenta contaron que estaba más que satisfecha con el decreto, con el que buscó dar la estocada final. Pero la tensión no se disipó. En medio de la crisis que ya desató su decisión, Cristina debió cancelar su partida, prevista para anoche, hacia el lejano Calafate.

20100108 LN El día del decreto, hora por hora

08:30 Redrado no se va

A pesar del pedido público del Gobierno para que renuncie, Martín Redrado asegura ante los medios, en la puerta de su casa, que seguirá trabajando "de manera normal" en el Banco Central. Intenta conciliar y dice que continuará realizando "aportes profesionales para la ejecución del Fondo del Bicentenario".

09:00 Pesce se distancia

El vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, toma distancia rápidamente de Redrado. "Una norma con rango de ley debe ser cumplida", dice respecto del Fondo del Bicentenario, que habilita el pago de deuda con reservas. Agrega: "No hay un problema político. Acá hay un problema de incumplimiento".

10.30 Reunión "informal"

Aunque la noche anterior Redrado había suspendido la reunión quincenal de directorio del Banco Central, un grupo de sus integrantes -encabezados por Pesce- se reúnen igual e improvisan un encuentro de carácter "informal" para hablar de la polémica por el Fondo del Bicentenario.

11.15 Llamados de urgencia

La presidenta Cristina Kirchner llega sorpresivamente a la Casa de Gobierno. Empieza a entrevistarse con sus colaboradores. Después de varias reuniones, la primera mandataria decide llamar de urgencia a todos sus ministros y les ordena que se presenten en la Casa Rosada a primera hora de la tarde.

12:00 Protesta en el Central

Mientras sigue la reunión "informal" de los directores del Banco, grupos de izquierda -encabezados por el Movimiento Socialista de los Trabajadores- protestan frente a su sede en contra del Gobierno. "Con o sin Redrado, del Central no debe salir ni un dólar para la deuda externa", reclaman.

17:30 La hora del decreto

El Gobierno, que ya se había reunido a pleno en la Casa Rosada, anuncia que Redrado fue echado por un decreto refrendado por todos los ministros. Acusa a Redrado de "mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público". También le ordena al procurador denunciarlo "ante la autoridad judicial".

19:00 Habla la Presidenta

Después de un acto donde anunció obras en La Matanza, Cristina Kirchner habló del decreto ante la prensa. "No me gustó tomar la medida" dijo. Y anunció que "seguirá en ejercicio el vicepresidente [Pesce] hasta que asuma el nuevo presidente". Al final, además, hizo una advertencia y justificó la decisión: "El Banco Central no es unipersonal, es un organismo colegiado y tiene que funcionar todo su directorio".

Editorial I

20100105 LN Una inflación irrefrenable

Pese a los esfuerzos del Gobierno por falsear los datos, el proceso inflacionario continuará y se agravará el corriente año

La inflación continúa siendo una consecuencia negativa y poco deseable de políticas económicas que irremediablemente la han provocado. Los últimos meses de 2009 mostraron una reactivación del fenómeno que no se refleja en las cifras oficiales del Indec, pero que se evidencia en las mediciones privadas.

La cuestión ha tenido un reconocimiento en ámbitos que desnudan las contradicciones dentro del poder cuando hay razones para exponerlas. Por un lado, el socio político del Gobierno y cabeza de la CGT, Hugo Moyano, decía días pasados: "Nosotros tenemos un Indec propio, el Indec del supermercado, de las amas de casa, de los trabajadores que cuando llegan, les dicen esto aumentó. Ahí sacamos los porcentajes de reclamo salarial que tenemos que hacer".

Y, por el otro lado, el documento del Banco Central referido al Programa Monetario 2010 dice: "Pese a la desaceleración respecto de 2008, la tendencia reciente a la recuperación de la actividad económica ha incrementado los riesgos de incipientes presiones inflacionarias, incluso exhibiendo rasgos de persistencia".

Los instrumentos para amortiguar la inflación, además de perder su eficacia para ese propósito, han puesto en evidencia, finalmente, sus efectos nocivos sobre la producción y la inversión.

Los derechos de exportación, que lograron atemperar el impacto de la macro devaluación de 2002 sobre los precios internos de los productos exportables, ya no pueden ser incrementados para neutralizar nuevos aumentos de precios internacionales o del tipo de cambio. Desde la caída de la resolución 125, el Gobierno debió renunciar a este arbitrio y ha debido reducirlos para no ahogar la producción de algunos cultivos.

Para compensar esas reducciones y evitar el impacto sobre ciertos alimentos de la canasta básica, se incorporaron subsidios internos. Es el caso de los molinos harineros, la producción de pollos o los feedlots para engorde de ganado, entre otros. Pero el deterioro fiscal también puso límite a estos subsidios y con seguridad obligará a reducirlos.

El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, practicado desde la emergencia económica de comienzos de 2002, también se ha hecho insostenible. Obligó al Gobierno a conceder subsidios crecientes y, no obstante ello, no impidió que se destruyera todo incentivo a la inversión. En una situación de déficit fiscal y de riesgo productivo, el Gobierno ha comenzado a flexibilizar tímidamente las tarifas de electricidad, gas, transporte y otras, y deberá hacerlo más aceleradamente en el futuro próximo. No sólo ya no dispondrá de un instrumento para contener la inflación, sino que tendrá que alimentarla con aumentos significativos.

Por similares razones ya no habrá espacio para continuar con los controles de precios que desde hace casi cuatro años viene aplicando el fiel gendarme de esta política, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Como era de esperar, lo único que logró fue afectar la oferta de determinados productos y despertar la imaginación comercial e industrial para sustituirlos por otros. La realidad es que el rubro alimentos es el que presenta los mayores aumentos. Desde enero de 2007, la evidencia del fracaso llevó al gobierno nacional a una de sus más grandes y lamentables transgresiones: falsear las mediciones oficiales de precios del Indec. Es así como este organismo informa una inflación anual de 7,1 por ciento a noviembre de 2009, mientras que las mediciones privadas oscilan entre 15 y 18 por ciento y el ente oficial de la provincia de San Luis, que escapa a la presión del gobierno nacional, informa un 15,3 por ciento.

Estos niveles son desusadamente altos en comparaciones internacionales. Desde que Zimbabwe abandonó su moneda, sólo Venezuela, Burma e Irán exponen una inflación mayor que la de la Argentina en 2009.

El modelo eufemísticamente llamado de tipo de cambio competitivo ha sido inevitablemente inflacionario. Fue útil durante sus primeros cinco años para reactivar la producción, alentar el turismo receptivo y aportar recursos fiscales, pero eso se ha acabado. El modelo se convirtió sólo en un recurso de corto plazo cuando el marco político, institucional y jurídico que lo rodeó, destruyó la confianza. La inflación es la consecuencia y, a su vez, por sufrirla con más intensidad aquellos que tienen menos y dependen de un ingreso fijo, la pobreza ha emergido con fuerza.

Las perspectivas inflacionarias para el corriente año no son halagüeñas. Las distorsiones en el sistema de precios no son soportables y continuarán corrigiéndose. Los pedidos de aumentos salariales se ubican por encima del 20 por ciento en un clima de conflictos laborales y sociales impulsados por grupos radicalizados que desbordan la dirigencia gremial más tradicional y negociadora.

El poder político del gobierno nacional se ha debilitado y continuará haciéndolo. Ha aparecido, además, un déficit fiscal creciente que puede llegar a tener que financiarse con emisión si el Gobierno no restablece rápidamente sus relaciones financieras con el mundo.

Dentro de este marco, si no hay correcciones y en vista de las tendencias, los analistas proyectan para este año una inflación igual o mayor que la del año pasado. La rectificación de rumbo es siempre posible, aunque ello exigiría un importante cambio en la gestión económica, institucional y política del Gobierno.

Editorial I

20100110 LN Una Justicia aún en deuda

Las principales investigaciones de casos de corrupción registraron nulos avances durante el año pasado

Como los anteriores, el año que terminó volvió a mostrar a una Justicia mayoritariamente morosa y sensible a las necesidades del poder político en las más resonantes causas de corrupción. La confirmación de esta tendencia es una muy mala señal si tenemos en cuenta que 2010 ha empezado con una crisis generada por el Gobierno al disponer ilegalmente el apartamiento del presidente del Banco Central, y este tema ya está en manos de la Justicia, donde deberá recorrer varias instancias luego de que la jueza federal en lo contencioso administrativo María José Sarmiento frustró los deseos de la Presidenta.

En el paisaje del año pasado, y salvo casos aislados, sólo la Corte Suprema ha dado señales de independencia en algunos de sus fallos y en declaraciones de sus integrantes.

Con su abrupto sobreseimiento a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, el juez federal Norberto Oyarbide cerró el año judicial con el mejor ejemplo de una Justicia servil, acompañado por el de Eduardo Taiano, el fiscal de ese sumario que no apeló el sobreseimiento, tornándolo en definitivo.

Escasos o nulos han sido los avances en las investigaciones de otros escándalos del kirchnerismo, como el de la valija con 800.000 dólares que trajo el venezolano Antonini Wilson, presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Otro tanto puede decirse del expediente en el que se investigan extraños aportes a la misma campaña realizados por empresarios farmacéuticos quebrados y vinculados con la adulteración de medicamentos, algunos de ellos asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. Y también del sumario en el que se investiga si el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime compró un jet mediante testaferros, un expediente que se disputan Oyarbide y el juez federal Claudio Bonadío, con la presunción de muchos observadores de que no es para llevarlo adelante, sino para librarse de él.

Otro enorme déficit lo constituye el caso Skanska, en el que se analizan presuntas coimas y sobreprecios pagados durante la ampliación de los gasoductos. Hace ya dos años que el sumario del fuero federal descansa en el juzgado de Oyarbide, quien no ha mostrado ningún apuro para sustanciarlo.

También fue el año de mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, coronado con la exhortación de la Presidenta a la Justicia para que no se deje presionar por las empresas, cuando es sabido que la presión que padecen los tribunales federales es la del oficialismo, ya sea a través de un Consejo de la Magistratura digitado por la mayoría kirchnerista o directamente por el jefe de Gabinete, quien no dudó en ordenar a un comisario de la Policía Federal que impidiera a un juez cumplir la resolución de una cámara con ocasión de un conflicto en el gremio de aeronavegantes. Esto lleva a plantear si en algún otro país del mundo un ministro de ese rango estaría a estas alturas en funciones después de haber cometido un atropello institucional de tanta gravedad.

La selección de los jueces federales sigue sospechada, con denuncias de exámenes amañados a favor de los candidatos del Gobierno, y otro tanto ocurre con los procesos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, en el que, por ejemplo, y al influjo de una curiosa casualidad, el último pedido para enjuiciar a Oyarbide recayó en la consejera ultraoficialista Diana Conti.

Desde ya, también hubo actitudes que, en este contexto de justicia sospechada, merecen destacarse, como la desestimación de la denuncia contra directivos de Papel Prensa que presentó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en su vano intento de emplear a la Justicia en la guerra del Gobierno contra la prensa libre. Asimismo hay que destacar los cuatro fallos de otros tantos jueces contra la aplicación de la ley de medios.

En lo que hace a las causas ya casi históricas, la Corte ha dado un nuevo impulso a la del atentado a la AMIA, al ordenar que se vuelva a investigar al doblador de autos Carlos Telleldín. El máximo tribunal dio una señal de independencia con un fallo en el que intimó al gobernador de Santa Cruz a reponer en su cargo de procurador general del Superior Tribunal de esa provincia a Eduardo Emilio Sosa; orden que el gobernador aún no acató.

El juicio oral por el contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que cuenta al ex presidente Carlos Menem entre los 18 acusados, ha cumplido más de un año sin producir ninguna novedad de importancia, cuando aún restan por lo menos otros seis meses de audiencias. Mientras tanto, la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero se encuentra paralizada por un serio e inconcebible error de la Cámara de Casación, que no notificó de una audiencia a Menem.

Estas dos últimas investigaciones son pruebas palpables de los enormes perjuicios que ocasiona el paso del tiempo en la búsqueda de la verdad. En ambos casos, la enorme demora obedeció a la intencionada lentitud de los jueces mientras el menemismo se encontraba en el poder.

El mismo daño, adrede y calculado, es el que los jueces que dejan dormir las causas contra el kirchnerismo les están ocasionando al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables.

ESCRIBE EL AUTOR DE "EL DUEÑO" LAS DENUNCIAS DE ENRIQUECIMIENTO K

20100110 Clarín. Gambetas de Echegaray por la declaración jurada de Kirchner

El periodista afirma que el jefe de la AFIP confirmó que ayudó al diputado con sus impuestos.

Por: Luis Majul. Periodista

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DUDAS. RICARDO ECHEGARAY, TITULAR DE LA AFIP, HABLA CON LA PRENSA.

Por primera vez, y a pesar de las estrictas órdenes de Néstor Kirchner, un importante funcionario del gobierno tuvo que salir a responder por qué tres altos directivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) viajaron especialmente a Río Gallegos para hacer algo insólito: corregir las irregularidades de declaración jurada del mismísimo ex presidente de la Nación.

La sorpresa y el desconcierto fueron muy visibles en la cara de Ricardo Echegaray, número uno de la AFIP, cuando el martes pasado Marcelo Zlotogwiazda, durante la última emisión de su programa "Palabras más, palabras menos", le preguntó si estaba al tanto de la información contenida en un capítulo de mi libro "El Dueño", titulado "El arreglo".

Echegaray no lo esperaba. Por eso el responsable de la AFIP solo balbuceó algunas frases de ocasión.

Lo importante, sin embargo, es que no desmintió ni una palabra de las afirmaciones contenidas en mi investigación a saber:

Que los tres directivos se tomaron un avión desde Buenos Aires hasta la oficina del contador de Kirchner en Río Gallegos, Víctor Manzanares, para corregir las "inconsistencias conceptuales" que se detectaron en "los cruces" de la declaración jurada del ex presidente con las de Lázaro Báez, Rudy Ulloa, Fernando Butti y Raúl Cantín (Ver "Los directivos ...").

Que la de Kirchner fue una de 17.141 declaraciones juradas de ganancias y bienes personales que fueron observadas por la AFIP en abril de 2009, porque tenía aspectos que "no cerraban".

Báez es socio de Kirchner en un fideicomiso inmobiliario. Su empresa, Austral Construcciones, en la principal beneficiaria de la obra pública en Santa Cruz. Sus empresas están acusadas de usar facturas truchas para encubrir un presunto pago de coimas. Ulloa fue cadete, chofer y fan número uno de Kirchner. Tiene un pool de medios en Río Gallegos que subsiste gracias a la publicidad oficial. Butti y Cantín figuran como asesores contables de Báez.

El ex presidente y sus amigos necesitaron corregir y ensamblar sus declaraciones juradas porque sus presentaciones habían sido observadas por la AFIP a través del sistema de monitoreo que puso en marcha Echegaray.

Nunca en la historia de la AFIP sus principales responsables viajaron hasta la oficina de un asesor para hacer más prolija de declaración de su cliente.

En su confusa respuesta a Zlotogwiazda, Echegaray no desmintió el viaje.

Tampoco puso en duda el encuentro entre Manzanares y sus subordinados. Solo interpretó, muy nervioso, que sus funcionarios no fueron para ayudar a Kirchner y sus amigos. El periodista, muy oportuno, preguntó:

-¿Pero es habitual que los funcionarios jerárquicos de AFIP visiten a .?

Y Echegaray, que a esta altura se había puesto demasiado nervioso, declaró:

¿ No, mire, hay que conocer los hechos reales . Los funcionarios de la AFIP van y notifican y visitan los domicilios fiscales y notifican a los contadores. Es una tarea común que parece que para algunos contribuyentes es intimación y para otros es solución de problemas . (Ver "Textuales ...")

A la mañana siguiente, quise comunicarme con Echegaray para pedirle la lista de los 17.141 contribuyentes que fueron observados por la AFIP en abril de 2009 y visitados en persona por los máximos responsables del organismo recaudador para aclarar sus inconsistencias conceptuales.

Todavía no obtuve respuesta.

Existen fuertes indicios que probarían que, después de la visita de los directivos de la AFIP a su contador, Kirchner fue tratado como un privilegiado.

Porque, contra lo que sucedió con la mayoría de las 17.141 declaraciones juradas observadas, la del ex presidente continuó siendo analizada en un área "más piadosa".

Fue a parar a la División de Fiscalizaciones Preventivas y no a la División de Fiscalizaciones Ordinarias o Profundas de la AFIP.

Una pequeña atención. Apenas un anticipo del posterior sobreseimiento relámpago del juez Norberto Oyarbide en la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial.

Los directivos de la AFIP que viajaron desde Buenos Aires a Rio Galleros para reunirse con el contador del ex presidente y actual diputado Néstro Kirchner, Víctor Manzanares, y analizar la declaración de impuestos fueron :…..

20100110 Clarín De dónde vienen, de quién son y qué se hace con las reservas. Guía simplificada para saber de qué se habla cuando se habla de la crisis política desatada por el uso, o no, de las reservas…… En página siguiente “ En ningún país hay diferencias por el uso de las reservas”  Muy buenos comentarios de Eduardo Levy Yeyati, ex economista jefe del BCRA

20100112 LN Ex jueces y expertos creen que faltó apelar

Hay coincidencias en que el fiscal pudo haber cometido un delito al consentir el sobreseimiento

Cinco expertos en derecho penal -de los cuales cuatro actuaron como fiscales- coincidieron, ante la consulta de LA NACION, en que el fiscal Guillermo Noailles debió apelar el sobreseimiento de Néstor y Cristina Kirchner, dados los faltantes y las inconsistencias detectados por los peritos. Más aún, todos ellos estimaron que el titular subrogante de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) pudo haber cometido uno o más delitos.

Julio Strassera, ex procurador general de la Nación: "Es grave. El fiscal puede ser responsable de un incumplimiento de los deberes de funcionario público dado que puede no apelar, pero, en principio, cuando afronta dos interpretaciones posibles, debe empujar la instrucción penal. Y en este caso, cuando sus peritos sospechan de tantas irregularidades, ante lo grosero de este caso, lo menos que podría haber hecho era apelar".

Manuel Garrido, ex titular de la FIA y de la Oficina Anticorrupción: "Noailles incumplió con su obligación de impulsar la acción penal, que recae sobre los fiscales aun en casos controvertidos, y más todavía en casos en que la prueba no es concluyente o es manifiestamente deficiente, como surgiría de los informes periciales propios que tenía a su disposición". Por eso, habría incurrido en "denegación de justicia", "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y/o "encubrimiento", entre otros eventuales delitos.

Norberto Quantín, ex fiscal general penal: "El fiscal no debe ser un «enterrador de causas». Es más, ¿qué espera la población de un fiscal? Que si se anota en una carrera, que compita en ella. Eso es lo que no hizo Noailles. En principio, debía apelar. Y ante la duda, debía apelar. Es más, dados estos informes, ¿cómo no iba a hacerlo?".

Pablo Lanusse, ex fiscal penal y primer secretario de Justicia durante la gestión de Néstor Kirchner: "Teniendo información que lo alerta desde la ciencia contable de que el peritaje en que se apoya el sobreseimiento presenta falencias, el fiscal tiene la obligación legal de apelar, dado que para decidir un sobreseimiento se necesita una certeza irrefutable. Con ese informe no cabía menos que apelar e impugnar a los peritos oficiales para la necesaria ampliación [del peritaje] que se debía requerir. Quien no lo hace, teniendo esa información, estaría incumpliendo los deberes de su cargo y faltando al mandato legal que lo obliga a actuar en defensa de los intereses generales de la sociedad".

Carlos Manfroni, abogado, ex miembro del grupo de expertos que redactó la Convención Interamericana Contra la Corrupción y redactor del Código de Etica Pública argentino: "Sería necesaria una investigación de los casos en los que la voluntad de quien decidió hubiera estado viciada por dolo o intimidación cuando estos vicios hayan servido para facilitar la impunidad o asegurar el éxito de actos de corrupción".

"No es pecado tener un patrimonio"

El ex presidente Néstor Kirchner defendió la evolución de su patrimonio durante los últimos años, al tiempo que acusó a los medios de comunicación de tergiversar la información para desgastarlo a él y a la presidenta Cristina Fernández. "¿Y qué hago con lo que tengo? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Para ser buen presidente no hay que tener nada? Es absurdo. Si lo que tengo es bien habido, lo sostengo y lo defiendo", afirmó durante una entrevista que publicó Página 12 el domingo. Desafiante, le reclamó a "toda la dirigencia política argentina (que) diga de qué vive. Las declaraciones de bienes no son en absoluto creíbles".

20100110 LN ¿Quién debe defender la Constitución?   Marcela L Basterra

Esta pregunta es el título de la obra en que Hans Kelsen responde en forma de crítica a Carl Schmitt, cuando éste sostiene en el texto La defensa de la Constitución , que el defensor debía ser "el presidente" (1929). Ese vasto debate, se dio en el marco de la crisis político-institucional que agitaba a Europa en aquel momento. Ante la propuesta de Schmitt, el maestro vienés reacciona con una pregunta básica de teoría constitucional -con plena validez en la actualidad-: "Entonces, ¿quién custodia al custodio?" El jurista logra así convertir al Tribunal Imperial de la vieja monarquía en un verdadero tribunal constitucional, al considerarlo el único reaseguro de cumplimiento de las normas.

Esta anécdota, sirve, paradójicamente, en pleno siglo XXI, para reflexionar cómo ante el avance del poder y la sanción de leyes inconstitucionales -por lo menos en varios de sus puntos- tal el caso de la ley 26.522, conocida como ley de medios, sólo queda como única garantía para los ciudadanos el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobran razones para fundamentar por qué la libertad de prensa es y debe ser una de las "libertades preferidas" en un Estado democrático. La libertad de expresión ocupa un lugar primordial entre los bienes merecedores de protección jurídica, por lo que resulta esencial que se le adjudiquen garantías especiales para su efectivo ejercicio. Entre estas razones pueden ser puntualizadas las siguientes:

La novel normativa resulta violatoria del artículo 14 del texto constitucional y tratados concordantes, dado que, al establecer los límites de producción nacional en programas de radio y televisión, impone un control en relación con los contenidos. Según el Pacto de San José de Costa Rica, quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Para poner de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión (individual y colectiva).

Lesiona gravemente el sistema federal, ya que el artículo 32 de la Constitución prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o que establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Sin embargo, en contradicción con la Ley Fundamental, el artículo 7° prevé, claramente, que los servicios de radiodifusión estarán sujetos a la jurisdicción federal.

Desconoce el derecho de propiedad y restringe, en forma directa, derechos adquiridos. El artículo 161 dispone que los titulares de licencias que no cumplan con los requisitos estipulados por la normativa deberán adecuarse a ellos en el término de un año. Recordemos que en 2005 se había dictado el decreto 527, que permitía a los titulares un plazo adicional por diez años en las licencias de servicios de radiodifusión. Con esta disposición, se afecta el grado mínimo de seguridad jurídica que debe existir en un Estado constitucional de derecho.

Otorga al Gobierno -éste u otro- total discrecionalidad para definir quiénes serán los afortunados que accederán a las licencias de radio o de TV (artículo 41). Lo que motivará, en forma conjunta con la renovación de las licencias -cada dos años, en realidad dos veces al año, ya que la norma dice "bianual" (sic)-, que el Poder Ejecutivo de turno tenga la potestad de otorgar y de renovar licencias aplicando la lógica amigo-enemigo.

El artículo 108 permite revocar los permisos de aquellas emisoras que transmitan mensajes que atenten contra el orden constitucional. De esta manera, podría clausurarse un medio cuyas comunicaciones sean consideradas "destituyentes" por el poder de turno. En otras palabras, podría silenciarse todo mensaje opositor.

Un punto seriamente controvertido, es la autoridad de aplicación -Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual-, la que estará integrada por siete miembros, de los cuales la mayoría, podría estar digitada por el Gobierno, tal como surge de la redacción de la ley.

Sabemos lo desafortunado que resulta para una democracia que, en un organismo de control, la mayoría dependa del Poder Ejecutivo, y, en definitiva, del oficialismo de turno. Basta recordar lo ocurrido con la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la Magistratura.

Según lo ya expresado, resulta alentador para la República que, en el término de una semana, tres jueces de distintas jurisdicciones se pronunciaron en igual sentido: en contra de la aplicación de la ley de medios, al considerarla, en todo o en parte, palmariamente inconstitucional. La primera resolución fue dictada en la Capital por el juez federal Edmundo Carbone, quien haciendo lugar a una medida de no innovar -solicitada por el Grupo Clarín- suspendió por el plazo de un año la venta de las empresas que exceden los rígidos parámetros fijados por la ley, así como la disposición que prevé, para la venta, la autorización previa de la autoridad de aplicación, como dijimos, con amplia mayoría oficialista; artículos 41 y 161.

La segunda sentencia se da en respuesta a la solicitud de la Asociación de Usuarios -Codelco- por el juez Medina, en la provincia de Salta, quien suspendió la norma en los puntos mencionados, más las disposiciones referidas a la multiplicidad de licencias -art. 45- y a la transmisión en cadena -arts. 62 a 65-.

La tercera fue la resolución de la jueza federal de Mendoza, Pura de Arrabal, en una causa promovida por el diputado Enrique Thomas, con la que suspendió la aplicación de toda la ley de medios audiovisuales, por considerar que el Congreso habría incurrido en serias irregularidades reglamentarias durante proceso de formación y sanción de ésta. Por lo que se presume, éstos u otros nuevos casos obligarán, en un futuro próximo, a que el Alto Tribunal se pronuncie a favor o en contra de estas sentencias.

El rol de los jueces en una sociedad que exige respuestas urgentes es dar seguridad para garantizar las libertades de todos los habitantes. Es imprescindible que sean los magistrados los encargados de tutelar el derecho fundamental a la libertad de expresión. Es la Corte Suprema, en su carácter de intérprete final de la Constitución, quien posee facultades para resguardar tan excelsa libertad de la intromisión de los poderes públicos. Si efectivamente se concreta, sabremos entonces quién es el defensor de la Constitución en la República Argentina.

20100112 LN Durísima crítica en el Financial Times

Con duras críticas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el prestigioso diario británico Financial Times alertó en su editorial de ayer que la Argentina "esta siendo gobernada en círculos por el timón roto del populismo peronista".

The Financial Times no fue el único diario que dedicó espacio al enfrentamiento que separa a la Casa Rosada y al Banco Central (BCRA). También el diario chileno El Mercurio dedicó su editorial al tema, con el título "Problemas institucionales en la Argentina", y el estadounidense The New York Times remarcó "lo que sus críticos consideran la tendencia de la señora Kirchner de intentar gobernar por decreto".

En su editorial, el Financial Times señaló que el Banco Central "no sólo es la institución más creíble de la Argentina. Sus reservas son ahora el ancla más creíble de la estabilidad económica de un país que es sinónimo de diseño caprichoso de políticas".

"La Argentina tuvo una buena década y una posibilidad de poner al país en el camino de la prosperidad que debería haber alcanzado hace mucho tiempo-recordó ayer el matutino británico-. En vez de eso, tuvo a los Kirchner."

Para El Mercurio , la "sospecha" alrededor de su puja con el titular del BCRA, Martín Redrado, es que Cristina Fernández de Kirchner "requiere liquidez para financiar sus planes, en momentos en que su popularidad y la de su marido [...] están por los suelos". Más aún, subraya que "desde el exterior se diagnostica una democracia cada vez más debilitada por ambiciones políticas".

El Financial Times coincide en ese diagnóstico: "La abrumadora impresión es que el gesto hacia el Banco Central es parte de un patrón de apropiación de activos en serie, no sólo para pagar la deuda, sino para liberar liquidez para otros gastos antes de las elecciones presidenciales".

20100112 LN Distintas estrategias entre los bonistas  por Silvia Pisan

Hay desconcierto en los diferentes grupos

WASHINGTON.- ¿Hay ministro...? ¿Existe todavía la oferta de un nuevo canje de deuda?"

Aun con la enorme degradación que en estos días sufrió el anunciado plan para pagar a tenedores de bonos de deuda argentina en default, muchos de esos enojados inversores prefieren creer que saldrá adelante, persuadidos de que recuperar algún dólar por el lado de los tribunales "será mucho más difícil todavía".

La incierta situación de la deuda es motivo de evaluación en organismos del gobierno de EE. UU., que atendió la queja de inversores norteamericanos afectados.

Para muchos de esos bonistas, el ahora incierto plan gubernamental de constituir el Fondo del Bicentenario abre un resquicio judicial por el que cobrar dinero, ante la posibilidad de que esas reservas sean embargadas para pagar a todos los que se sientan estafados.

Quienes están por esa opción -la de la demanda judicial- son sólo una parte del multifacético conglomerado de afectados que la Argentina, con su millonario default de 2001, cosechó alrededor del mundo.

En las últimas horas, el juez Thomas Griesa, con sede en Nueva York, recibió a varios de ellos para interiorizarse de un eventual embargo.

Estudios jurídicos que asesoran a bonistas sostienen que, apenas salgan de la jurisdicción suiza, las reservas argentinas "son perfectamente embargables" por sus acreedores naturales, entre ellos, los tenedores de bonos de deuda.

Para los bonistas -no para todos- eso no significaría necesariamente el mejor camino para el pago que reclaman desde hace ocho años. Pese a eso, no tendrían opción si, como temen algunos, se cae el nuevo canje.

"La presidenta Kirchner se equivoca cuando pone a todos los bonistas en la misma situación y nos califica a todos de buitres. Eso es una mentira que sirve a su populismo, pero que la lleva a equivocar la estrategia", apuntó Mark Bostford, uno de los tenedores afectados.

El gobierno argentino tenía previsto presentar en los próximos días una oferta para los bonistas que no aceptaron el canje en 2005, por unos US$ 20.000 millones. Al cierre de esta edición, nada de eso estaba claro.

Pese a que no hubo comunicado oficial de cancelación, nadie aquí imagina al ministro de Economía, Amado Boudou, haciendo la visita prevista para pasado mañana. "En estas condiciones, ¿de qué va a hablar? ¿Qué promoción del canje puede hacer?", se preguntaba un banquero.

Por la aceptación está, sobre todo, el fondo Grammercy, con el apoyo de Barclays, Deustche y Citibank, que ayudaron a armar la nueva oferta. El Gobierno espera que la aceptación ronde el 50%. El otro 50% es heterogéneo: hay especuladores, pequeños ahorristas e inversores institucionales. En términos generales, reclaman la totalidad del pago y no una parte. Y a través de la vía judicial, en EE.UU. o en La Haya, como el caso del italiano Nicola Stock.

20100112 LN El conflicto abrió una grieta entre las asociaciones de bancos  p.Florencia Donovan

Varios banqueros se enojaron por la decisión de Adeba de apoyar al Gobierno

El conflicto del Banco Central (BCRA) puso en evidencia las fuertes diferencias que existen en el sistema financiero, tanto entre los banqueros nacionales como entre éstos y el resto del sector.

En la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) se habría desatado un fuerte debate interno por la decisión de Jorge Brito, presidente de la entidad, de emitir la semana pasada un comunicado en respaldo del uso de reservas y para llamar a Martín Redrado a renunciar a la presidencia del BCRA.

"Yo me desayuné de la circular cuando la vi publicada en un sitio de Internet. Fue una medida inconsulta", se quejó un banquero de Adeba, que pidió no ser nombrado. "Todavía nadie hizo nada, pero lo vamos a tratar tarde o temprano", advirtió, aunque reconoció que en ningún momento se piensa en un cambio de conducción.

Según confirmaron diversas fuentes a LA NACION, Brito no habría consultado previamente sobre el comunicado a ninguno de los miembros del directorio de la gremial que agrupa a la banca nacional. "El representante de Banco Galicia en Adeba estaba de vacaciones", dijeron en el banco nacional, que, por tamaño, es uno de los miembros con más peso.

Aprovechando que la mayoría de los miembros del directorio de Adeba estaba de vacaciones, Brito habría tomado la decisión de enviar el comunicado por pedido del propio ex presidente Néstor Kirchner. Incluso hay quienes le atribuyen al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la elaboración de parte del texto. "Creemos firmemente que el presidente del BCRA debería tener en cuenta esta realidad y, con su renuncia, contribuir a preservar la estabilidad del sistema, por la que tanto ha trabajado", decía el comunicado.

Ayer Brito no quiso hacer declaraciones sobre esta cuestión

Pero la actitud de Brito no sólo habría generado malestar entre los miembros de Adeba, sino también en otras asociaciones, que se mostraron aún más disgustadas por el hecho de que el comunicado de Adeba sirviera luego de argumento para el decreto de remoción de Redrado. "Varios socios están enojados por la actitud de Adeba. Dicen que es una vergüenza. Además, todavía ahora está ganando Redrado 2 a 0", dijo un banquero.

En la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que reúne a las entidades de capital extranjero, la decisión habría sido precisamente la de bajar el perfil y no tomar partido en el conflicto. "No corresponde que como bancos extranjeros opinemos en una cuestión así. Después de lo que pasó en 2001, aprendimos que en estas situaciones no hay que exponerse. Somos casi todos ejecutivos con un mandato de gestión. No es como el caso de Brito, que es el dueño y después no tiene a quién darle explicaciones", explicó en estricta reserva un banquero.

La iniciativa de Adeba habría recibido, sin embargo, el apoyo de los bancos públicos de Abappra, con la excepción del Ciudad, que también se desligó del tema.

Editorial I

2010 0112 LN Los dos modelos kirchneristas

Además del económico, el kirchnerismo tiene un modelo político autoritario que avasalla las instituciones y el disenso

Desde el comienzo de la gestión kirchnerista se han proclamado las presuntas bondades de un modelo económico que se definía como inédito: el llamado modelo K. Hoy está claro que el desafío a la ciencia económica universal que ese modelo significó es un fracaso.

La pobreza creció entre nosotros; los flujos de inversión se alejaron; el sector más dinámico de nuestra economía, el agropecuario, ha quedado lastimado por obra del capricho y de los resentimientos; las oportunidades que nos brindaron las circunstancias de un mundo con un auténtico vendaval que soplaba a nuestro favor fueron desaprovechadas; el gasto público se ha desbocado y, peor aún, la confianza ha desaparecido de nuestros mercados.

Pero hay también un segundo modelo K, mucho más peligroso aún, que no se predicó, sino que se construyó desde el silencio. Es más audaz que el primero, de declamado contenido económico. Se trata del modelo de naturaleza política que se nos procura imponer.

Hasta no hace mucho se nos quiso imponer desde la acción solapada o el disimulo. A partir de la rebelión del campo, desde el descaro, el abuso de poder y la provocación. Por esto la necesidad de infundir el miedo para poder deformar la democracia. Para alterarla en su esencia, para usar palabras de la propia Carta Democrática Interamericana. O para subvertirla socavando las libertades ciudadanas esenciales, hasta el punto de que hoy se pretende igualar el disenso con la conspiración para así suprimirlo.

Se proclama que apartarse del discurso único es destituyente. Pocas concepciones existen con perfiles más totalitarios que ésta. Hay ciertamente raíces ideológicas que la alimentan, por todos conocidas.

Este segundo modelo, el político, es precisamente el que la gente rechazó en las urnas el 28 de junio pasado con un portazo que el oficialismo ha decidido ignorar. Porque la gente intuyó que supone no sólo una manera de gobernar concentrando el poder, sino un proyecto a largo plazo.

Los principales mecanismos constitucionales que garantizan el control de los actos de gobierno y la defensa de los derechos y libertades cívicas han sido deformados mañosamente, cuando no ignorados. Lo sucedido con las presiones a los jueces independientes así lo comprueba. El modo de actuar de los dependientes, también.

Este modelo político se edifica sobre la indiferencia grosera hacia lo que dispone la ley, que simplemente se deja de lado si limita la acción que se pretende. Y ha pervertido los principios básicos de las conductas éticas como pocas veces hasta ahora.

El Gobierno ha venido actuando en el plano nacional tal como lo hicieron sus principales actores durante su gestión en la provincia de Santa Cruz. Esto es, como si no hubiera otro límite que su propia voluntad o su irrefrenable ambición de poder. Por eso concibe la democracia apenas como un cheque absolutamente en blanco y a su favor. No hay, en su particular concepción de la democracia, debate alguno posible, tan sólo un monólogo.

Por eso se empeña en demoler lo que incomoda. Y se asegura impunidad. Por eso el abuso de poder como sistema. Por eso predica e impone de mil maneras la lealtad a los hombres, por encima de la lealtad a la Constitución. Por eso exige adulación y sumisión total.

Para todo eso, precisamente, ha demolido el sistema de equilibrios y contrapesos entre los poderes del Estado previsto en nuestro esquema republicano. Por eso el empeño en reescribir la historia a su manera, torcida y para justificar lo injustificable.

Precisamente por todas estas gravísimas razones resulta necesario recordar que la libertad se construye siempre entre todos, con las conductas de los hombres y mujeres y la acción de las instituciones. Que la igualdad debe defenderse de quienes autoritariamente pretenden definir sus términos, a su propio gusto y paladar. Y que, respecto de la pobreza, la fraternidad no se prueba con discursos o peroratas, sino con resultados, que hoy no existen. El momento se presenta particularmente difícil para la salud de la República.

20100108 LN Un país sin ley    por Federico Pinedo

Los Kirchner decidieron convertir nuestro país, la Argentina, en un país sin ley. El motivo para ejecutar esa decisión tremenda para todos nuestros compatriotas es uno solo: poder apropiarse indebidamente y poder gastarse en este año la suma de 25.000 millones de pesos. Ni más ni menos. Se trata de que ellos puedan gastarse a su antojo 25.000 veces un millón de pesos. Alrededor de 3 millones de pesos por hora por encima de lo que ellos le pidieron al Congreso que aprobara como límite de gasto en la ley de presupuesto para 2010.

No es verdad que hayan querido esa plata para saldar deuda, cuyo pago ya estaba previsto en el presupuesto. La verdad es la que dijo el viceministro de Economía, Feletti: quieren liberar recursos del presupuesto para gastar 3 millones de pesos por hora más de lo autorizado por los representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso. Quieren hacer con los recursos de la Argentina lo que hicieron con los fondos de Santa Cruz: usarlos como propios.

Cuando un presidente pasa por encima de la institución creada por el Congreso para cuidar el valor de la moneda, de los billetes, de los salarios, de las jubilaciones y de la propiedad de la gente, ése es un país sin ley. Un país sin ley es el país de la decisión arbitraria de los poderosos, donde en última instancia lo único que vale es la violencia de la fuerza o del dinero. Un país sin ley es donde no se puede invertir, generar trabajo, educar a los hijos. Con Banco Central, la Argentina tenía cierta garantía de que no se iban a hacer disparates enormes. Ahora estamos con Moreno y sin Banco Central. Todo es posible.

Es la primera vez que Kirchner pasa la frontera de la lucha política y se zambulle en la generación de inseguridad extrema, si no pánico, en los mercados financieros. Las peleas políticas se procesan lentamente, al ritmo de las instituciones y del trabajoso acuerdo de voluntades. Los desbandes financieros se pueden llevar todo puesto en un rato, cuando millones de personas aprietan sus botones en las computadoras. Esto es de una incalculable irresponsabilidad. Tanto que da miedo hasta decirlo. Pero no cumplir con el deber sabemos que nos lleva a males mayores, como cuando se aceptaba en silencio que se destituyera a la Corte o se ampliara su número de miembros o se derrocara a un presidente constitucional. La democracia exige el precio de que se la respete.

El autor es presidente del bloque de diputados de Pro

20100108 Duras objeciones de constitucionalistas  por Laura Capriata

Con definiciones que van desde "dudoso judicialmente" hasta "esquizofrenia" y "atropello" legal, la mayoría de los especialistas en derecho constitucional consultados por LA NACION cuestionaron la validez del decreto que desplaza a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central.

Los expertos consideraron que la Presidenta no tuvo justificativos para aplicar la medida sin consultar al Congreso, tal como lo establece la Carta Orgánica del Banco Central, y rechazaron que Redrado hubiera incumplido sus funciones.

Así, objetaron los dos artículos principales del decreto, que establecen una excepción en el primer tema y acusan a Redrado de "mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público" en el segundo.

Además, la mayoría coincidió en que, por sus características, la norma que desplaza a Redrado es un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y consideró que no había urgencia alguna, salvo el "capricho de los gobernantes", según palabras del profesor de derecho constitucional de la UBA, Daniel Sabsay.

"El decreto es abiertamente inconstitucional porque no se dan las circunstancias excepcionales que impidan que se reúna el Congreso", sostuvo Sabsay a LA NACION.

Para Alberto García Lema, conjuez de la Corte Suprema "correspondía haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso" y el DNU "sería inconstitucional".

Gregorio Badeni coincidió con él. "Si bien el presidente no está obligado a aceptar la opinión de la comisión bicameral especial, sí debe pedirla como requisito previo a la destitución", sostuvo sobre lo que establece la Carta Orgánica del Banco Central.

A contramano de sus colegas, Eduardo Barcesat dijo que como la opinión del Congreso "era técnica y no vinculante, era correcto que la Presidenta ejecutara su decisión si ya la tenía tomada". Sin embargo, expresó serias objeciones al DNU previo, que tomaba las reservas del Banco Central para pagar deuda.

Los especialistas también defendieron lo actuado por Redrado al negarse a implementar las instrucciones del Poder Ejecutivo.

"Es una locura, una esquizofrenia, porque lo quieren acusar por cumplir la ley", opinó Sabsay. La abogada constitucionalista María Angélica Gelli agregó que por eso Redrado tendrá derecho a defenderse en tribunales, y podría presentar una medida cautelar o una acción de amparo contra su desplazamiento.

El más crítico de todos fue Félix Loñ, que lo calificó como "un atropello al Banco Central" y opinó que por ello "la Presidenta se expone al juicio político".

Temas de la Justicia

20100110 LN La gran conspiración destituyente internacional  porAdrian Ventura

Para apoderarse de las reservas del BCRA y de la presidencia de la entidad, el Gobierno desarrolla una estrategia agresiva pero nada ingeniosa: alega la existencia de una conspiración y atribuye a esos conspiradores la culpa de la riesgosa situación internacional a la que quedó expuesta la Argentina.

La conspiración destituyente, si existiera, tendría ya ribetes de una asociación ilícita transnacional que ni siquiera Interpol podría desbaratar: sus integrantes serían el vicepresidente Julio Cobos; Martín Redrado; la oposición; la Justicia, culpable por tener algunos jueces independientes; la prensa, culpable por ser crítica; el juez federal de Nueva York Thomas Griesa, a quien el ministro de Economía, Amado Boudou, le faltó el respeto cuando lo acusó de ser un embargador serial, y, por supuesto, los fondos buitres.

Semejante guión cinematográfico no resiste el menor análisis. Pero de todas formas vale la pena mirarlo en detalle:

Para el Gobierno, la salida de Redrado es innegociable.

Acorralado por la falta de respaldo del Poder Ejecutivo y del propio directorio del banco, ayer se sumaron las críticas que, durante la sesión de la Comisión Bicameral, formularon los radicales. La UCR y otros sectores defienden las reservas, pero pocos respaldan a Redrado. Por eso, el Gobierno redobló su presión y, a comienzos de la tarde, algunos jueces y políticos evaluaban si su renuncia facilitaría al Congreso la búsqueda de una solución.

Sin embargo, Redrado se propone resistir y hoy presentará en la Justicia el fallo de Thomas Griesa: nadie advirtió que su eventual dimisión sería una prueba cabal de la doctrina del alter ego que esbozó el juez Griesa, según la cual el Gobierno usa las reservas del Central e influye en su desenvolvimiento como si fuese su dueño.

El juez Griesa escribió un fallo en el que vale detenerse. Por un lado, estableció que el embargo es por más de 3100 millones de dólares -aunque sólo se incautaron 1,8 millones-. Por el otro, Griesa dice en la sentencia que la Argentina mostró una especial habilidad para burlar el sistema legal de los Estados Unidos -por su práctica de transferir continuamente reservas depositadas en Nueva York hacia el Banco de Basilea-. En esa afirmación hay no sólo una deferencia al reclamo de los bonistas, sino también una alusión a la falta de seriedad del país.

La Justicia mostró sus más y sus menos: quedó en evidencia que hay jueces independientes, como Sarmiento, y que otros están cooptados por el Gobierno. Pero también es cierto que la Cámara Contencioso hizo un esfuerzo para instar a una solución política y una maraña política y judicial lo impidió.

Debajo de la hojarasca, queda en claro, también, que la Presidenta incurrió en mal desempeño al haber desoído todas las advertencias del posible embargo y que podría solucionar el conflicto llamando a sesiones extraordinarias para darle voz al Congreso.

Opinión

20100114 LN  El riesgo del vaciamiento  por Agustín A. Monteverde

Los errores, riesgos y barbaridades técnicas y legales cometidos por el Gobierno en su intento de apropiarse de las reservas han sido vastamente tratados.

Sin embargo, hay dos cuestiones particularmente peligrosas que no han sido abordadas aún y son concurrentes.

La primera es que el decreto 2010/09 faculta al Gobierno -recurriendo al artilugio de las "reservas de libre disponibilidad"- a apoderarse de unos US$ 16.000 millones y no sólo de los US$ 6569 millones con que crea el Fondo del Bicentenario.

El otro punto crucial es determinar cuál sería el verdadero nivel de las reservas ex-post. No es necesario extenderse sobre la importancia crucial que tienen para mantener la estabilidad cambiaria.

Las reservas netas efectivas son muy inferiores a las brutas informadas por el Banco Central (BCRA). La relación entre la base monetaria y las reservas es conocida como tipo de cambio de equilibrio (TCE). Se mantendrá constante mientras toda variación en las últimas se corresponda con un cambio idéntico en la masa de dinero.

Si las reservas caen y la base permanece sin cambios, el TCE sube; el impacto monetario es el mismo cuando se expande la base monetaria y las reservas se mantienen fijas.

Ante una corrida cambiaria, el TCE actúa como un ancla técnica. Nos informa cuál es el valor del dólar al que las reservas serían suficientes para satisfacer la máxima demanda de divisas por parte del público. Pero como, además de los fundamentos, en la economía juegan las expectativas sociales, el tipo de cambio en un momento dado puede estar por debajo o por encima del TCE.

De hecho, en la crisis de 2002, el temor generalizado lo llevó muy por encima del TCE hasta que éste comenzó a traccionarlo a la baja.

Si queremos determinar el nivel de reservas netas efectivas -real poder de artillería del BCRA para contener una eventual corrida-, debemos descontar de las reservas brutas informadas las obligaciones que las afectan.

El 30% del stock de reservas ha sido bancado con Letras, notas y pases pasivos.

Tampoco corresponde computar como reservas efectivas divisas recibidas como encaje, pues no pueden respaldar los depósitos bancarios que las originaron y al circulante al mismo tiempo.

En el balance al 31 de diciembre, el BCRA informó reservas por US$ 47967 millones. Los pasivos financieros (Letras, notas y posición neta de pases) y los encajes sumaban US$ 21.660 millones.

Aún corresponde descontar los préstamos de reservas provenientes del Banco de Basilea y los compromisos por ventas de divisas a futuro, cuyos datos precisos no están transparentados en el balance. Asumiendo tan sólo US$ 3000 millones entre ambos conceptos -fuentes confiables los ubican bien por encima-, las reservas netas no superarían los US$ 23.300 millones.

Esto significa que, si el kirchnerismo se saliese con la suya para seguir bancando la fiesta del gasto clientelar, se concretaría un auténtico vaciamiento de las arcas del Banco Central, dejándonos con apenas unos US$ 7000 millones de reservas efectivas.

20100114 LN La novela del Banco Central    por Martín Lousteau

En una entrevista reciente, el futbolista Guillermo Barros Schelotto sostuvo que la principal falla que ve en los jóvenes jugadores pasa por "la responsabilidad: juegan contra Boca y lo primero que piensan es tirar un caño; hay más preocupación por el lucimiento personal que por lo beneficioso para el equipo".

Gran parte de los problemas que padece nuestra sociedad reflejan una extensión de este comportamiento más allá de la esfera futbolística. El actual conflicto en torno al Banco Central de la República Argentina es, en ese sentido, paradigmático.

Todo se inicia cuando el Gobierno, consciente de su debilitamiento fiscal, decreta la transferencia de reservas del Banco Central a un pomposo Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad.

Así, mediante un muy cuestionable decreto de necesidad y urgencia -cuyas falencias técnicas generan, además, discusiones e inconvenientes de toda índole-, engrosa las arcas del Tesoro Nacional por un monto de 6500 millones de dólares, al tiempo que se asegura un mecanismo de financiamiento de mediano plazo, con márgenes que casi triplican ese monto.

A la actual situación financiera se ha llegado porque la administración kirchnerista nunca ha aceptado corregir el rumbo de sus acciones. Ni siquiera al comienzo de la administración de Cristina Fernández, cuando la oportunidad se presentaba como propicia.

En lugar de rever su concepción económica, el Gobierno persiste en la centralización e improvisación para la toma de decisiones y, ante el fracaso, busca en nuevos y más complejos paliativos los recursos para frenar su deterioro político, saltándose los procedimientos legales adecuados y obviando mínimas normas de cortesía política.

Pero tampoco ayuda, lamentablemente, que gran parte de la oposición transforme en héroe mediático a todo aquel que se oponga circunstancialmente a Néstor Kirchner.

El accionar de ambas partes es la única manera de entender cómo el Poder Ejecutivo termina ensañándose con un presidente del Banco Central que le fue absolutamente funcional durante cinco años y cómo éste, súbitamente, se rebela para hacer su propio juego político y termina contando con el respaldo unánime del resto del arco político.

Como si nadie hubiera percibido la subordinación previa en materia de política monetaria y cambiaria, la inacción ante las tasas crecientes de inflación, el silencio frente a los cambios anteriores llevados a cabo en la Carta Orgánica de la entidad y la inapropiada distribución de dividendos. Tan sólo durante 2009, el Banco Central transfirió al Tesoro 8800 millones de dólares, equivalentes al 12 por ciento del gasto primario.

La Argentina se está transformando, con mayor celeridad, en una sociedad viciosa: prefiere recompensas moderadas inmediatas, aun a cambio de elevados costos a futuro. Así, lo que debiera ser estratégico se vuelve táctico, y temas que resultan de trascendencia para definir el perfil de sociedad que habremos de ser en un futuro son discutidos con poco tiempo y liviandad en los medios, para ser luego tratados en un par de sesiones del Congreso.

Así ha ocurrido ya con la estatización de los fondos de pensión, la ley de medios, la reforma política y la asignación universal por hijo. La actual controversia constituye sólo un paso más: el tipo de autonomía que debe tener el Banco Central de la República Argentina, con lo que eso implica en términos de política antiinflacionaria en un país que ha sufrido y sufre ese flagelo, se está reduciendo a una telenovela desquiciada.

La salida de este embrollo deberá provenir de la política y no de su judicialización; los enredos procesales y los tiempos de la Justicia sólo aportarán ruido a un tema de gran sensibilidad y potenciales consecuencias financieras.

Pero la solución no es sencilla. En su excepcional Silla del águila , Carlos Fuentes narra cómo tienen lugar las conspiraciones para la sucesión presidencial en un futuro donde, a raíz de un conflicto con los Estados Unidos, México se queda sin plataforma de comunicaciones de ninguna especie.

Si la Argentina atravesara una situación similar, es decir, sin televisión ni Internet, no tendrían relevancia muchos de los actores políticos actuales, ya que abundan los líderes mediáticos, con escasa preparación y nula ideología, sin equipos y faltos de estructuras partidarias.

No son ellos quienes podrán sacarnos del laberinto. O, como diría Barros Schelotto, no son los novatos que tiran caños sino los que piensan cómo ganar el encuentro los que son necesarios.

El Parlamento y, más precisamente, el peronismo y el radicalismo, con sus años de práctica política pero en sus versiones y vertientes actuales, deberán articular una respuesta que saque al Gobierno del incómodo lugar en el que se ha puesto, al tiempo que le marque los límites que deberá aprender a respetar hacia adelante.

El autor fue ministro de Economía (diciembre de 2007 / abril de 2008)

EL OFICIALISMO RECONOCE QUE KIRCHNER TRABA CUALQUIER NEGOCIACION

20100114 Clarín "Si llamo a una sesión, el loco me echa", se sinceró Fellner

Por: Nicolás Wiñazki

La frase es brutal. La soltó al pasar el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, en contactos informales con diputados tan peronistas como él, pero militantes de la oposición: "Con ustedes tengo buena onda, pero si llamo a un sesión para tratar esto, el loco me echa", se sinceró Fellner cuando su interlocutor le preguntó por qué se niega a tratar en el Congreso el uso de las reservas para pagar la deuda, y también la remoción de Martín Redrado del BCRA. Fellner no debió aclararle a su colega que "el loco" es Néstor Kirchner, su jefe político. Así se lo llama en el PJ, mitad en serio, mitad en broma. Los porcentajes cambian para un lado y para el otro siempre dependiendo de quien difunda del apodo.

Según dejó entrever en sus conversaciones con los opositores, Fellner estaría dispuesto a que la Cámara baja sesione para tratar los últimos dos DNU de Cristina. En una posición similar se encontrarían el jefe del bloque oficialista en Diputados, Agustín Rossi; y su par del Senado, Miguel Pichetto. Jamás lo aceptarán de manera informal mientras la orden de la Quinta de Olivos sea la contraria.

Entre muchos otros, quienes se comunicaron con Fellner fueron el diputado de PRO Federico Pinedo; y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica. Con ellos el presidente de Diputados cuidó las formas más que frente a sus interlocutores del PJ: "No estoy en condiciones de convocar a una sesión porque no existe el consenso suficiente en el bloque oficialista", les dijo, según pudo reconstruir Clarín.

No es la primera vez que el diputado Néstor Kirchner obliga a sus jefes legislativos a romper una salida negociada con la oposición: así lo hizo en su primer día como legislador, cuando hizo explotar un acuerdo al que se había llegado con los opositores para elegir las autoridades de la Cámara.

Editorial I

20100110 LN Una Justicia aún en deuda

Las principales investigaciones de casos de corrupción registraron nulos avances durante el año pasado

Como los anteriores, el año que terminó volvió a mostrar a una Justicia mayoritariamente morosa y sensible a las necesidades del poder político en las más resonantes causas de corrupción. La confirmación de esta tendencia es una muy mala señal si tenemos en cuenta que 2010 ha empezado con una crisis generada por el Gobierno al disponer ilegalmente el apartamiento del presidente del Banco Central, y este tema ya está en manos de la Justicia, donde deberá recorrer varias instancias luego de que la jueza federal en lo contencioso administrativo María José Sarmiento frustró los deseos de la Presidenta.

En el paisaje del año pasado, y salvo casos aislados, sólo la Corte Suprema ha dado señales de independencia en algunos de sus fallos y en declaraciones de sus integrantes.

Con su abrupto sobreseimiento a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, el juez federal Norberto Oyarbide cerró el año judicial con el mejor ejemplo de una Justicia servil, acompañado por el de Eduardo Taiano, el fiscal de ese sumario que no apeló el sobreseimiento, tornándolo en definitivo.

Escasos o nulos han sido los avances en las investigaciones de otros escándalos del kirchnerismo, como el de la valija con 800.000 dólares que trajo el venezolano Antonini Wilson, presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Otro tanto puede decirse del expediente en el que se investigan extraños aportes a la misma campaña realizados por empresarios farmacéuticos quebrados y vinculados con la adulteración de medicamentos, algunos de ellos asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. Y también del sumario en el que se investiga si el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime compró un jet mediante testaferros, un expediente que se disputan Oyarbide y el juez federal Claudio Bonadío, con la presunción de muchos observadores de que no es para llevarlo adelante, sino para librarse de él.

Otro enorme déficit lo constituye el caso Skanska, en el que se analizan presuntas coimas y sobreprecios pagados durante la ampliación de los gasoductos. Hace ya dos años que el sumario del fuero federal descansa en el juzgado de Oyarbide, quien no ha mostrado ningún apuro para sustanciarlo.

También fue el año de mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, coronado con la exhortación de la Presidenta a la Justicia para que no se deje presionar por las empresas, cuando es sabido que la presión que padecen los tribunales federales es la del oficialismo, ya sea a través de un Consejo de la Magistratura digitado por la mayoría kirchnerista o directamente por el jefe de Gabinete, quien no dudó en ordenar a un comisario de la Policía Federal que impidiera a un juez cumplir la resolución de una cámara con ocasión de un conflicto en el gremio de aeronavegantes. Esto lleva a plantear si en algún otro país del mundo un ministro de ese rango estaría a estas alturas en funciones después de haber cometido un atropello institucional de tanta gravedad.

La selección de los jueces federales sigue sospechada, con denuncias de exámenes amañados a favor de los candidatos del Gobierno, y otro tanto ocurre con los procesos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, en el que, por ejemplo, y al influjo de una curiosa casualidad, el último pedido para enjuiciar a Oyarbide recayó en la consejera ultraoficialista Diana Conti.

Desde ya, también hubo actitudes que, en este contexto de justicia sospechada, merecen destacarse, como la desestimación de la denuncia contra directivos de Papel Prensa que presentó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en su vano intento de emplear a la Justicia en la guerra del Gobierno contra la prensa libre. Asimismo hay que destacar los cuatro fallos de otros tantos jueces contra la aplicación de la ley de medios.

En lo que hace a las causas ya casi históricas, la Corte ha dado un nuevo impulso a la del atentado a la AMIA, al ordenar que se vuelva a investigar al doblador de autos Carlos Telleldín. El máximo tribunal dio una señal de independencia con un fallo en el que intimó al gobernador de Santa Cruz a reponer en su cargo de procurador general del Superior Tribunal de esa provincia a Eduardo Emilio Sosa; orden que el gobernador aún no acató.

El juicio oral por el contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que cuenta al ex presidente Carlos Menem entre los 18 acusados, ha cumplido más de un año sin producir ninguna novedad de importancia, cuando aún restan por lo menos otros seis meses de audiencias. Mientras tanto, la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero se encuentra paralizada por un serio e inconcebible error de la Cámara de Casación, que no notificó de una audiencia a Menem.

Estas dos últimas investigaciones son pruebas palpables de los enormes perjuicios que ocasiona el paso del tiempo en la búsqueda de la verdad. En ambos casos, la enorme demora obedeció a la intencionada lentitud de los jueces mientras el menemismo se encontraba en el poder.

El mismo daño, adrede y calculado, es el que los jueces que dejan dormir las causas contra el kirchnerismo les están ocasionando al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables

20100110 LN Una orgía de ilegalidad  p. Enrique Valiente Noailles.

Todos lo sabemos. Nosotros, los Kirchner, los legisladores, los jueces: echar al presidente del Banco Central mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin esperar el pronunciamiento de la comisión bicameral, es inconstitucional. No hay urgencia ni circunstancia excepcional que justifique el uso de estos DNU. Lo sabemos: fue para evitar pasar por el Congreso, y por lo tanto, lo más grave y menos recordado, fue para sortear la voluntad popular que se pronunció el 28 de Junio. Los Kirchner han mostrado que están dispuestos a ignorar y despreciar esa voluntad. Más allá del ánimo, estos son los verdaderos actos destituyentes, porque son actos que corroen la Constitución. No sólo las reservas son de todos los argentinos: la Constitución es el activo común que está siendo expropiado. El Gobierno está apropiándose indebidamente, una y otra vez, de recursos de la comunidad para financiarse. Queda cada vez más claro que la política económica del país está al servicio de un proyecto de poder.

Poder que ha sido sostenido no sólo por esos recursos, sino por la inacción o la indiferencia de los que habitamos la Argentina, o por el cinismo de quienes, como Adeba, conocen perfectamente la ilegalidad de lo que apoyan, pero que tienen intereses propios que prefieren defender frente al interés general. Ejemplo claro de por qué el país se ha tornado colectivamente inviable. Ejemplo que muestra que no es en los gobernantes sino en los gobernados donde hay que rastrear la explicación de la servidumbre. Son cosas que sospechaba Etienne de La Boétie, hace casi 500 años, en su ensayo acerca de la servidumbre voluntaria: el poder se impone sólo por el consentimiento de aquellos sobre los cuales es ejercido. "De momento, quisiera tan sólo entender cómo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, soportar a veces a un solo tirano, que no dispone de más poder que el que se le otorga", decía. Y agregaba: "Decídanse a dejar de servir y serán libres." La verdadera pregunta que se desprende es por qué hasta ahora no hemos deseado ser libres.

¿Puede algo cambiar? La obscenidad política, que ha tenido su esplendor en la era Menem, ha sido profundizada por los Kirchner. La comunidad tiene ante sí continuos actos de ilegalidad, cuya persistencia a lo largo de los años lleva a interrogarse acerca de su funcionalidad más profunda. Tal vez no estemos ante el avasallamiento de principios morales o políticos, sino ante la búsqueda de generarlos. Tal vez la obscenidad política, en la Argentina, sea provocada para excitar a la ley, esa abstracción que desde hace años manifiesta, en nuestro país, una impotencia total. Acaso la hayamos permitido para regenerar en la comunidad un deseo, que se ha perdido hace tiempo, de tener un Estado de derecho. Nos quedan dos esperanzas: en el corto plazo, que actúen tanto el Congreso como los jueces para hacer respetar las leyes. En el mediano, que la orgía de ilegalidad en la que estamos inmersos los argentinos tenga el objetivo secreto de generar un principio inverso.

20100110 LN De la crispación K al Estado policial  por Fernando Laborda

La inaudita presión a que funcionarios del gobierno kirchnerista sometieron en las últimas horas a la jueza María José Sarmiento deja la sensación de un poder cuya crispación está dando lugar a un Estado policíaco.

La presencia de un móvil policial en la puerta de la casa de la magistrada sin que ésta hubiera solicitado custodia alguna; las desesperadas llamadas telefónicas de altos funcionarios a la jueza en horas de la madrugada, como si su juzgado no estuviera de feria y como si no pudieran esperar al lunes a la mañana para presentar una apelación en el tribunal; la insólita actitud de la presidenta de la Nación para intentar controlar no sólo con quiénes hablan y se reúnen sus ministros, sino incluso quiénes visitan al titular de un ente autónomo del Poder Ejecutivo, como el Banco Central, y sus insólitos reproches a Martín Redrado por haber cometido el pecado de recibir a periodistas, dejan al desnudo la brutalidad del estilo de un gobierno que ahora también muestra ciertos rasgos paranoicos y denuncia una conspiración que reúne a Julio Cobos, a Redrado y al Grupo Clarín.

Las imágenes de la jefa del Estado espiando la agenda del presidente del Banco Central o la del jefe de Gabinete utilizando a las fuerzas policiales -como si éstas no tuvieran tareas más importantes- para ubicar a una jueza, cuyo lugar de trabajo es público y notorio, no hacen más que devaluar la investidura de los más altos funcionarios del Ejecutivo. Sólo hubiera faltado que mandaran al domicilio de la jueza a los piqueteros de Luis D´Elía y a los camiones de Hugo Moyano.

El Poder Ejecutivo ha cometido un doble avasallamiento institucional con final abierto.

El decreto de necesidad y urgencia para crear el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, emitido cuatro días después de finalizado el período ordinario de sesiones del Congreso, trae a la memoria las alternativas que deparó la recordada resolución 125 contra el campo, que concluyó muy mal para el Gobierno.

La norma similar que dispuso el despido de Redrado del Banco Central, eludiendo la consulta con el Poder Legislativo que exige la carta orgánica de la entidad monetaria, recuerda, por su parte, la inconstitucional remoción de Eduardo Emilio Sosa, procurador general del Superior Tribunal de Santa Cruz, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia. Sosa rechazó ofertas de indemnizaciones millonarias desde el poder político y apeló a la Justicia. Finalmente, logró varios fallos favorables de la Corte Suprema de la Nación para ser restituido en aquel cargo. Hasta hoy, 14 años después de su destitución, las autoridades santacruceñas no han acatado tales sentencias.

Los actos y las propias declaraciones de representantes del gobierno kirchnerista confirman la hipótesis de que la vetocracia y la decretomanía serán las dos principales armas de las cuales se valdrá Cristina Kirchner para gobernar sin mayoría parlamentaria. El diálogo con la oposición no figura en su agenda.

El Gobierno apuesta ahora a que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo rechazará en breve las dos medidas de la jueza Sarmiento que suspendían los decretos del Poder Ejecutivo. Y si éstos son tratados por el Congreso, funcionarios kirchneristas confían en que al menos no serán rechazados por el Senado.

La norma legal que, por iniciativa del kirchnerismo, reglamentó en 2006 la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia establece que un decreto seguirá vigente mientras no sea rechazado por las dos cámaras parlamentarias. El controvertido artículo 24 de esa ley reglamentaria expresa: "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trata implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". El artículo 23 señala que "las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma" .

Es probable que la cuestión termine en la Corte Suprema de Justicia, pero para cuando el máximo tribunal se pronuncie no sería improbable que las reservas del Banco Central hayan pasado a formar parte del Fondo del Bicentenario y éstas hayan sido utilizadas para distintos gastos corrientes.

No obstante, representantes del radicalismo afirman que la cuestión de los decretos sobre las reservas y sobre la destitución de Redrado podría transformarse en la Corte en un leading case sobre la constitucionalidad de la ley que reglamentó los DNU.

El Gobierno pudo estar ayer frente a una salida menos conflictiva a la crisis institucional presentada.

Tanto el vicepresidente Julio Cobos como el titular del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, tendieron sutiles puentes para una solución. El primero dijo a LA NACION que si el oficialismo da las explicaciones del caso y las cuentas no cierran, va a encontrar la ayuda necesaria para honrar nuestros compromisos. Sanz sostuvo que se requiere una solución política al entuerto y que se podrían haber buscado otras alternativas para brindar garantías sobre el pago de la deuda.

Había una lucecita que titilaba en el final del túnel, para parafrasear al cardenal Antonio Samoré. Pero nadie en el kirchnerismo pareció advertirla o quiso verla.

La respuesta del Gobierno no varió. Cobos volvió a ser denostado por el ex presidente Néstor Kirchner y acusado de tramar un complot, y con Sanz no se comunicó nadie del oficialismo.

Desde que el resultado electoral del 28 de junio cambió la relación de fuerzas en el Congreso, los dirigentes opositores tratan de dirimir cuáles deben ser los límites para su acción crítica hacia el Gobierno. Mayoritariamente, se han inclinado hasta ahora por desechar la condena furibunda por temor a empujar a los Kirchner cerca de un precipicio que los lleve a infligirles más daños a las instituciones y a la situación económica o a una chavización de la Argentina. Pensamos que si los arrinconamos, todo podría ser aún peor , expresó un representante de la oposición, justificando el criterio más bien contemporizador que adoptaron los diputados antikirchneristas en la sesión preparatoria del 3 de diciembre pasado, en la cual, pudiendo quedarse con todo, le arrojaron al oficialismo un salvavidas y le permitieron mantener la presidencia de comisiones clave.

Ese criterio, que a juicio de los halcones de la oposición es visto por el kirchnerismo como un síntoma de debilidad, puede comenzar a cambiar en las próximas semanas.

Entre tanto revuelo político y tanta judicialización de la política, la pregunta que deberá contestarse a partir de mañana es qué pasará con el proyectado canje de deuda.

No hay dudas de que el gobierno nacional tiene la voluntad política de llevarlo a efecto. Surge el peligro de que, como producto de la impensada crisis institucional desatada con el conflicto en el Banco Central, el precio de los bonos siga desplomándose como en los últimos días de la semana que pasó y que la consecuente suba del riesgo país haga que los holdouts e inversores les exijan a las autoridades argentinas mejores condiciones para acceder a la propuesta oficial de canje.

Los fantasmas del mercado financiero vuelven a sobrevolar, aunque en el Gobierno creen que el posible aval de la segunda instancia judicial a sus decretos los espantará, pese a que en 75 años los presidentes del Banco Central hayan durado un promedio de menos de un año y medio.

A pesar del nerviosismo y de los retos de la Presidenta a sus colaboradores, especialmente a Amado Boudou, por el frustrado operativo para instalar en el BCRA a Mario Blejer, los Kirchner disfrutan la coyuntura. Su gran preocupación pasa por no perder la iniciativa y por mostrarles a sus enemigos y a sus dubitativos seguidores que la derrota electoral y la dispersión del peronismo no los han dañado ni a ellos ni a su gobierno. Su objetivo no es otro que convencer a todos, especialmente a los empresarios, de que su capacidad de mando y de disciplinamiento está intacta, y de que no les temblará el pulso a la hora de firmar decretos y de echar a quien les ponga palos en la rueda. Esas son las necesidades y urgencias de quienes gobiernan. Esa es la concepción del poder de los Kirchner, para quienes hoy es mejor ser temidos que amados.

20100110 LN Anemia institucional y ausencia de una cultura democrática  por

Sergio Berensztein

¿Puede haber democracia sin demócratas? ¿Qué abarca la definición de democracia? Estos interrogantes son tan básicos para la organización política de nuestra sociedad como fundamentales para comprender la naturaleza y la complejidad del insólito episodio disparado por la conformación del Fondo del Bicentenario y el posterior intento de desplazar al presidente del Banco Central.

Se trata de dos nuevos errores no forzados de un gobierno caracterizado por sus tendencias masoquistas y autodestructivas: los Kirchner insisten en infligirse daños absolutamente innecesarios, que luego transforman en inverosímiles conspiraciones nunca probadas ni denunciadas judicialmente. Esta dinámica perversa (inventar problemas donde no los hay) e infantil (negar la responsabilidad sobre lo sucedido) continúa desgastando la imagen de una administración ya demasiado debilitada y que genera poca credibilidad dentro y fuera de la Argentina. Denota esto una sádica impericia para que el país aproveche su notable potencial y las extraordinarias oportunidades de desarrollo económico y social que le sigue brindando el mundo, a pesar o incluso gracias a la crisis financiera global.

La decadencia argentina de las últimas décadas se explica por la aciaga combinación de irresponsabilidad fiscal, desdén por las instituciones y crisis políticas permanentes. No es novedad, entonces, la coyuntura que atravesamos estos días. Tampoco lo es que un gobierno alimente su adicción al gasto público de manera impulsiva, comprometiendo la estabilidad financiera y creyendo que, de ese modo, podrá recuperar aunque sea parte del apoyo ciudadano y, si no el respeto, al menos la disciplina entre los principales factores de poder.

Lo que sorprende, sin embargo, es nuestra incapacidad para aprender de los errores del pasado y evitar volver a cometerlos: ya sabemos que estas cosas terminan muy mal para los propios protagonistas y, sobre todo, para el país.

¿Cómo puede ser que no nos hayamos propuesto construir consensuada y civilizadamente mecanismos que eviten estrellarnos otra vez contra el mismo murallón?

Pasarán a la historia como los fundadores de la democracia moderna los partidos, líderes y organizaciones de la sociedad civil que asuman el desafío aún pendiente de construir en la Argentina un sistema democrático sólido, basado en el respeto irrestricto a la Constitución y los tratados internacionales; en la afirmación de los derechos, deberes y garantías; en una división de poderes que evite y castigue el hiperpresidencialismo; en mecanismos que promuevan crecientes umbrales de transparencia y acceso a la información. No lo hemos logrado hasta ahora simplemente porque se trata de un proyecto nonato. En vez de utilizar marketinera y superficialmente el concepto del Bicentenario, deberíamos darle por fin al país el sustento y la estabilidad institucional de los que siempre careció.

Letra y espíritu de las leyes

La democracia constituye un conjunto de reglas con el cual se trata de fragmentar inteligentemente el poder para evitar que existan abusos de autoridad, sobre todo en el manejo de los recursos públicos, vale decir, el rasgo más representativo de los regímenes monárquicos, oligárquicos y autoritarios.

La democracia supone también que los actores políticos respeten las reglas del juego no sólo para evitar sanciones, sino también para consolidar y profundizar un entorno de entendimiento y colaboración. Es decir, debe existir una concepción de conjunto: el sistema político es la suma de todos los actores legítimos, sobre todo los que piensan y actúan diferente.

De este modo, el respeto de las reglas y procedimientos no es un prurito formalista ni un pretexto para evitar cambios (o impedir "gobernar", poner "palos en la rueda", hacer "politiquería barata"), sino que debe concebirse como un principio de reciprocidad. La democracia implica la alternancia en el poder, la rotación de personas, partidos e ideas. Por eso es fundamental que todos los actores deban y quieran ponerse en el lugar del otro y evitar potenciales abusos o medidas arbitrarias para que eventualmente otros no actúen del mismo modo en el futuro.

Así, el respeto de las reglas tiene también un sentido egoísta, de autoprotección. Si cuando se tiene el poder se actúa de acuerdo a derecho, preocupándose por informar y explicar las decisiones de forma clara y comprensiva, puede entonces esperarse un comportamiento similar por parte de las autoridades competentes cuando toque estar en el llano.

A través de sus representantes, son los ciudadanos los que definen estos arreglos institucionales y quienes ejercen el poder. Este principio de delegación ha sido históricamente problemático, puesto que la distancia entre el ciudadano y quien lo representa impide un contacto fluido, la rendición de cuentas y el necesario control. Lo mismo ocurre con el balance o sintonía fina entre el ejercicio de la autoridad y los límites y controles que es necesario imponer para proteger a la sociedad de eventuales abusos. Por eso, los conflictos entre los poderes del Estado son episodios relativamente comunes que deben resolverse de acuerdo con los procedimientos establecidos para que todos los intereses en pugna puedan exponer y defender sus posiciones evitando el peor escenario: que la cuestión escale y sus costos sean impredecibles. Esto es lo que estamos poniendo peligrosamente en juego con el azaroso desarrollo que puede adquirir el actual conflicto entre el Ejecutivo, el Banco Central, el Congreso y la Justicia.

La cultura democrática

La experiencia internacional sugiere que la democracia es el menos imperfecto de los sistemas políticos existentes y debe ser objeto de mejoras continuas. Siempre es preciso reflexionar sobre qué cambios institucionales pueden generar mayores incentivos para el consenso, la estabilidad y la cooperación. También, pueden contemplarse instrumentos de democracia directa o semidirecta, así como instancias de participación y auditoría ciudadana, para mejorar y oxigenar el vínculo entre representantes y representados. Pero esto supone construir sobre bases bien firmes: primero debe asegurarse que todos los jugadores del sistema efectivamente respeten, en su letra y en su espíritu, las reglas y los procedimientos formales fundamentales de la democracia.

Es sobre todo en este último aspecto donde nuestro país enfrenta una asignatura pendiente tan laboriosa como apasionante: la construcción de una cultura verdaderamente democrática. Esto implica partir de la base de que el otro puede tener parte o incluso toda la razón, de que nadie es dueño de la verdad. Los intereses de todos los actores merecen ser debatidos, pues tienen, desde su subjetividad, la misma importancia y legitimidad.

Cultura democrática significa respetar una idea o propuesta independientemente de que sea respaldada por mayorías o minorías, pues el poder es cambiante, circunstancial. Pero cultura democrática requiere, fundamentalmente, que las reglas y procedimientos tengan plena vigencia para evitar que el poder de turno se extralimite y vulnere el andamiaje jurídico y simbólico sin el cual se descalabra el esqueleto basal que permite la convivencia societal.

Hasta que por fin nos decidamos a enfrentar semejante desafío (un proyecto decididamente amplio, generoso y que involucrará a varias generaciones), seguiremos padeciendo los caprichos y la torpeza de nuestros gobernantes, con sus acostumbrados testimonios de egolatría, obstinación y necedad.

USAR AL BANCO CENTRAL PARA CERRAR LAS CUENTAS Y SOSTENER LOS GASTOS

20100113 Clarín Costo de un decreto improvisado: una crónica con final anunciado

Por: Alcadio Oña

Pasó, al fin, lo que cualquier especialista podía prever. Y el Gobierno no contempló. Que el decreto de necesidad y urgencia, que creó el Fondo del Bicentenario, daría argumentos a los fondos buitre que pleitean contra la Argentina: en eso consiste el embargo de reservas del Banco Central dispuesto ayer en Nueva York.

Fue decidido, es cierto, por un juez, Thomas Griesa, que otras veces ha fallado contra la Argentina. Pero es un hecho concreto, no parte de una conspiración internacional con conexiones locales.

Y seguramente pesó un artículo del DNU presidencial. Dice que "las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales y al pago de servicios de la deuda pública del Estado Nacional".

Organismos financieros internacionales pueden ser el BID o el Banco Mundial. "Deuda pública del Estado Nacional" es toda. El punto está justamente allí. Y otro más adelante: hay previstos 4.382 millones de dólares para los "tenedores privados".

El argumento clave de los fondos buitre ancla en que Banco Central y el Estado argentino constituyen un solo bloque. Y de seguido, que si el país destina las reservas al pago de deudas con acreedores privados, como prevé el DNU, ese es un activo que puede ser embargado para cobrarse las deudas que el Estado mantiene con ellos mismos. Tan recontraconocido como su empeño por ir hasta el fin.

Por eso, el decreto fue incorporado a la demanda. Y no sólo recortes periodísticos, como dijo el ministro de Economía.

Era factible, pues, un desenlace como el de ayer. Salvo, claro está, para quienes redactaron el decreto y ni siquiera se cuidaron de incorporar alguna cobertura que protegiese las reservas.

Sin ir más lejos, la división entre Banco Central y Estado es lo que sostiene la defensa argentina, en Nueva York, en su intento por destrabar un embargo por más de 100 millones de dólares. Como es obvio, el decreto del Fondo del Bicentenario tampoco contempló este antecedente.

Es rigurosamente cierto, encima, que los abogados que asesoran a la Argentina advirtieron que el decreto les servía, en bandeja, un buen argumento a quienes pleitean contra la Argentina. Cobran fortunas por su trabajo, pero nadie les pidió consejos.

En vez de responder por qué no se los había consultado, Amado Boudou prefirió ver una conspiración de Martín Redrado. Porque, a su juicio, el documento fue filtrado desde el Banco Central: sobre el escrito mismo, ni una sola palabra.

Salta a la vista, ya en este frente, el altísimo grado de improvisación con que el Gobierno manejó el asunto. Como suele pasar, prevaleció la voluntad sin filtros del que manda. La necesidad de echar mano a cualquier recurso, porque las cuentas fiscales hacen agua. Y, finalmente, el inocultable objetivo político de seguir empujando el gasto público, este año y el que viene.

Es un debate abierto, entre los economistas, si un país que dispone de un stock de reservas de 47.000 millones de dólares no puede usar una parte para saldar deuda externa y liberar fondos para otros fines. Pero una cosa muy distinta es cómo se instrumenta la decisión o, en todo caso, si al menos no corresponde que sea validada por una ley del Congreso.

Pero aun entre los partidarios de un "empleo productivo" de las reservas, cuesta encontrar quien defienda el DNU así como fue engendrado. De apuro, y evidentemente sin consultar a nadie que le pusiese cuanto menos cierto grado de técnica legal: como se ve, a veces eso es importante.

En cambio, Boudou opta por imaginar conspiraciones ajenas en vez de aceptar la ineptitud propia. Conspiración de Redrado, conspiración de Cobos, conspiración de la oposición, conspiración de ciertos sectores de la Justicia.

También, recriminaciones a la jueza que actuó rápido o lento en los casos, o sea, no al gusto del poder político. Como si el Gobierno no hubiese sido rápido con los decretos, eludiendo al Congreso.

Poco importa, si de verdad interesa, saber quién fue el responsable de las imprevisiones o de la falta de un trabajo más elaborado. Al fin, el decreto lleva la firma de la Presidenta y de todo el Gabinete nacional: es de su entera responsabilidad.

El DNU del Bicentenario está trabado en la Justicia y su suerte final aparece comprometida. ¿Estarán los directores K del Banco Central dispuestos a colocarle su firma a la transferencia de reservas al Tesoro Nacional? Por más presión que llegue de Olivos, cualquier paso que hoy den en ese sentido los pone ante el riesgo de una acción penal.

¿Y qué pasa si lo hacen y al final el DNU se cae? "Podemos quedar colgados de un pincel", se escucha en algún despacho del Central.

Después del zafarrancho que el propio Gobierno ha armado, no queda muy claro cómo se logrará recuperar la confianza de los mercados. O acceder a líneas de crédito a tasas más bajas y plazos más largos para inversión pública y privada.

Por si quedan dudas, no son argumentos de financistas. Sino del propio Boudou.

Los acreedores, eso sí se sabe, siempre quieren cobrar. Y cuanto más y más pronto, mejor.

LA ESTRATEGIA DE ARGENTINA CONTRA EL EMBARGO

20100114 Clarín El Central intenta reabrir la cuenta para volver a operar con los EE.UU.

Hubo otra reunión de partes. Griesa dio 48 horas para llegar a un acuerdo.

Por: Ismael Bermúdez

El Banco Central quiere que el Juez Thomas Griesa le libere la cuenta embargada porque necesita seguir operando en EE. UU. Y la estrategia pasaría porque le levanten el embargo o en su defecto los 1,7 millón de dólares queden congelados con el compromiso de los demandantes de no interponer nuevos embargos sobre esa misma cuenta.

Esta estrategia surgió luego de la reunión que hubo en el Juzgado neoyorquino entre los letrados de las dos partes. Allí el juez Griesa les pidió a los abogados por la Argentina y por los Fondos que busquen un acuerdo en 48 horas

Concretamente, les pidió que "trabajen juntos en una estipulación que permita al Banco Central de la República Argentina continuar usando la cuenta que posee en la Reserva Federal".

Los representantes del BCRA interpretaron que Griesa no quiere perjudicar las operaciones bancarias de la Argentina que, lógicamente, se verían entorpecidas si no puede operar sobre la plaza estadounidense.

Esta visión "optimista" sobre Griesa se contrapone con los fundamentos del fallo conocido anteayer que avanza sobre la figura del "alter ego" que sostiene que el BCRA es un brazo del tesoro, sin autonomía que en todo el mundo le da inmunidad a las reservas.

La cuenta del Banco Central en EE.UU. es de las llamadas "transaccionales" que se utiliza para la transferencias de fondos con bancos corresponsales y algunas operaciones de compra-venta de moneda extranjera.

A raíz de las demandas contra la Argentina, el Banco Central siempre buscó tener la menor cantidad de fondos y por eso apenas superaba cierto monto, se giraba el excedente a bancos suizos para que estuvieran fuera del alcance de los Fondos norteamericanos.

"Hubo días en que se hicieron tres giros diarios a Suiza, siempre con la mira puesta en que en la cuenta tuviera la menor cantidad de fondos", sostienen en el BCRA. Y así dicen que es el motivo por el que en esa cuenta sólo había US$ 1,7 millón, cuando el monto embargarle excede los 3.000 millones de dólares.

El embargo sobre la cuenta en EE. UU. se concretó bajo el argumento de que la creación del Fondo Bicentenario revelaría que "el Banco Central es una oficina del Poder Ejecutivo" y que las reservas pueden ser utilizadas por el Gobierno para cancelar deudas de todo tipo.

Una posibilidad es que las partes acuerden y el Juez Griesa apruebe sumar los 1,7 millón de dólares a los 105 millones de dólares embargados años atrás. Y volver a hacer operativa la cuenta, para no interrumpir las transacciones de la Argentina, pero en ese caso con el compromiso de que no podría ser nuevamente embargable.

TRIBUNA

20100114 Clarín El Congreso puede autoconvocarse

Existen variadas razones para desestimar la postura de legisladores kirchneristas acerca de que el Parlamento debe seguir en receso. Hasta se puede invocar como aval opiniones de la actual Presidenta vertidas en las sesiones del 2001.

Por: Roberto Gargarella, PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA, DI TELLA)

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 Durante estos intensos días veraniegos, y al calor de una disputa acerca de las facultades del Poder Ejecutivo para echar al presidente del Banco Central a través de un decreto, se comenzó a discutir sobre la capacidad del Congreso para "autoconvocarse" y tomar alguna decisión al respecto.

El (aparente) problema surge porque en esta época del año el Congreso se encuentra en "receso" y, según algunos, él sólo puede volver a sesionar si el Poder Ejecutivo lo convoca al efecto (en "sesiones extraordinarias"). Como sostuviera el diputado kirchnerista Agustín Rossi, "sólo el Ejecutivo puede interrumpir el receso" del Congreso, por lo cual "sería una tropelía legislativa" que él quisiera autoconvocarse. Lo mismo mantuvo el senador Pichetto, al declarar que los senadores oficialistas iban a concurrir al recinto si y sólo si la Presidenta los convocaba de modo explícito.

Convengamos desde ya en que el planteo del oficialismo resulta algo extraño. ¿Cómo es eso de que el máximo órgano representativo de la soberanía popular no puede reunirse para trabajar, durante el verano, si es que advierte -como en este caso- que el país enfrenta un problema significativo? ¿Cómo es eso de que nuestros principales representantes no pueden juntarse a discutir y resolver una crisis de urgencia si no son llamados para que lo hagan?

Dado lo extraño de la posición oficial, tratemos de dar un paso atrás y reconstruir del mejor modo posible su postura. ¿Qué es lo mejor que el oficialismo puede decirnos, para mantener un criterio a primera vista tan exótico?

Vayamos, entonces, paso por paso. Ante todo: ¿Es que la Constitución, acaso, le prohíbe al Congreso autoconvocarse y seguir sesionando? No, en absoluto. El artículo 63, que es el que más puede interesarle invocar al oficialismo, dice que el presidente de la Nación "puede" convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, pero de ningún modo le niega dicha facultad al Congreso. La Constitución establece de modo explícito cuál es el período durante el cual el Congreso está obligado a sesionar (desde marzo hasta noviembre), y en absoluto niega su facultad de seguir sesionando fuera de dicho período.

¿Es que la autoconvocatoria del Congreso puede ser negativa, dada nuestra pretensión de respetar el sistema de controles republicanos? No, y más bien todo lo contrario: la decisión del Congreso de seguir trabajando luego de terminadas sus sesiones ordinarias sólo refuerza, en lugar de debilitar, los controles republicanos que nos interesa afirmar.

¿Sucede, acaso, que una autoconvocatoria como la que aquí se defiende vendría a desafiar la división de poderes? No, de ninguna manera. La autoconvocatoria resulta, más bien, una buena manera de preservar la división de poderes, particularmente cuando el Poder Ejecutivo se muestra deseoso de utilizar la vía de los decretos para tomar decisiones que no está capacitado para tomar. Adviértase que si el Congreso no pudiera autoconvocarse, ¡cualquier Presidente esperaría ansioso el receso legislativo para quedar librado inmediatamente de toda supervisión legislativa durante tres meses!

¿Se trata, quizás, de que a través de una autoconvocatoria del Congreso ponemos en riesgo la deliberación pública? No, todo lo contrario: la autoconvocatoria viene a asegurar que no se nos prive de ella. ¿Será, tal vez, que al reconocerle esta facultad al Congreso ponemos en riesgo la soberanía popular? Otra vez no: se trata de lo contrario, es decir, de evitar que la soberanía popular resulte socavada.

Curiosamente, y en este respecto, no contamos con argumento más interesante y más lúcido que el que diera una brillante senadora -ahora Presidente de la Nación- el 19 de diciembre del 2001. En ese entonces, la senadora Cristina Fernández sostuvo que políticos y juristas debían dejar de leer la Constitución de modo fragmentado, concentrándose en la última parte -la organización del poder- y perdiendo de vista que la misión de los poderes constituidos es la de defender los derechos fundamentales de la población (establecidos en la primera parte de la Constitución).

"La política" -sostuvo entonces- es "el único lugar desde donde vamos a poder ejercer limitaciones a un poder económico concentrado, al que le conviene que el Parlamento esté cerrado para poder continuar impulsando medidas (antipopulares)". De lo que se trata -concluyó la senadora- es de que los representantes se hagan cargo de la representación política que están obligados a ejercer.

Así es, concluimos con ella. De eso se trata, de que los representantes se hagan cargo de la defensa de la Constitución.

MEDIOS: LA ESTRATEGIA MEDIATICA DE LA CASA ROSADA

20100115 Clarín El Gobierno crea grupos de medios oficiales y ultrakirchneristas

Sergio Szpolski tiene cada vez más medios, con recursos de la publicidad oficial.

Por: Miguel Wiñazki

Quedan pocas dudas del avance del Gobierno sobre los medios independientes. Y sobran las evidencias de la ofensiva oficialista: ley de medios, intentos de control de Papel Prensa y reparto discrecional de la publicidad, entre otros.

Sin embargo, en los últimos tiempos ese movimiento de pinzas sobre el periodismo tiene una nueva herramienta: la constitución, con un fuerte apoyo de todo el aparato estatal, de un grupo multimedial ultrakirchnerista que -con distintos protagonistas- tiene en el empresario Sergio Szpolski a uno de sus más emblemáticos representantes.

Es que en este año crucial, que antecede a las elecciones generales de 2011, el Gobierno está decidido a avanzar en el campo mediático, extendiendo y subvencionando medios afines, por un lado y, por el otro, ampliando exponencialmente la red pública y oficial.

Para trazar un panorama de lo que puede ocurrir este año, hay que hacer un poco de revisión de los dos últimos años, donde el desmanejo de la pauta oficial es notorio, beneficiando a grupos que dependen exclusivamente de los fondos oficiales para su supervivencia y consiguen, de esta manera, con el "padrinazgo" oficial, un caudal publicitario que no se condice ni con el número de lectores ni con la audiencia que tienen.

Los números son concretos: según Poder Ciudadano, el Gobierno invirtió $ 622.408.416 en publicidad oficial durante el primer semestre de 2009. El grupo que tutela el ultrakirchnerista Szpolski obtuvo en ese semestre $ 18,4 millones, que es más de lo que recibió durante todo 2008: $ 15,9 millones. Eso sin contar lo que llegó en concepto de pauta oficial a Radio América y FM Aspen, que Szpolski compró a principios de 2009, y sin contabilizar tampoco lo que llegó a Electroingeniería -la empresa de obras públicas tan afín a Kirchner-, que posee y maneja Radio del Plata, de la que Szpolski es director comercial.

Szpolski, que arrastraba antecedentes complicados -conflictos con el Banco Patricios y con la AMIA-, arrancó su carrera en los medios en 2002, cuando creó Periodismo Universitario, que editaba el diario "La U" y gerenciaba Szpolski, aunque luego quebró.

En el interín, en 2004, compró el paquete mayoritario de la revista Veintitrés, y luego lanzó Veintitrés Internacional. Ese año se quedó con la agencia de noticias Infosic -que quebraría- e ingresó como socio minoritario de Daniel Hadad en el diario Infobae, que compró a principios de 2007, cuando pasó a llamarse Buenos Aires Económico. A fin de ese año compró el Buenos Aires Herald, que luego transfirió a los nuevos dueños de Ambito Financiero.

En marzo de 2008 lanzó el diario Diagonales, en La Plata; en mayo creó la revista Contraeditorial; y en julio lanzó el diario gratuito El Argentino. A fines de 2008 Electroingeniería compró Radio del Plata y designó a Szpolski como su director comercial. Luego, Szpolski compró Radio América y FM Aspen. A la vez, en los últimos años creó La Gaceta del Cielo, que se distribuye en aeropuertos; lanzó la versión local de Newsweek; resucitó la revista Siete Días; y creó el semanario Miradas al Sur.

Este crecimiento se dio en los años del kirchnerismo, que, como contrapartida por el "buen trato" en sus medios, lo beneficia notoriamente en el reparto de la publicidad oficial. Es que todos estos medios, pero fundamentalmente el diario El Argentino y el semanario Miradas al Sur son, según observadores del mercado, los medios preferidos por el kirchnerismo a la hora de instalar operaciones políticas funcionales al Gobierno, como ataques a otros periodistas, a políticos o a quienes desde el oficialismo son mirados como enemigos de sus proyectos.

En diálogo con Clarín, Manuel Garrido, ex fiscal administrativo y actual director del CIPPEC, recordó que en la denuncia que él presentó en abril de 2008 en contra de Enrique Albistur -el ex secretario de Medios- por la distribución irregular de publicidad oficial, aludía a un vinculo de Albistur con Gustravo Fernández Russo -que era director general de Comunicaciones-, y a éste con Szpolski.

Según Garrido, en el año 2000 Fernández Russo constituyó una sociedad denominada Lafax, cuyo presidente era Juan Francisco Morales. Esta persona, Morales, creó en 2002 la empresa Periodismo Universitario, que desde 2004 a 2007 recibió $ 7,4 millones en publicidad oficial.

Periodismo Univesitario editó, bajo la gerencia de Szpolski, el periódico "La U", que se distribuía en las universidades.

Garrido denunció entonces a Fernandez Russo por "negociaciones incompatibles con la función pública, para favorecer su propio interés y el de un tercero", ya que Morales era socio suyo y siendo funcionario le destinaba publicidad a "La U", donde estaban Morales y Szpolski.

Mientras el dinero de la pauta se distribuía según esos parámetros, se desataba una beligerancia abierta del Gobierno contra los medios no oficialistas, en general, y contra Clarín, en particular. Cada agresión discursiva dirigida al periodismo acontecía -y acontece- en simultáneo con la emergencia de algún problema importante que acosara al Gobierno.

Para 2010 se anuncia una expansión de un sistema de medios, ya no paraoficiales e hiperoficialistas, sino literalmente oficiales y crudamente kirchneristas. El proyectado multimedios K operaría 10 canales de televisión digital por aire desde mediados de año, que llegarían a 30 ciudades argentinas en una primera etapa y a 400 ciudades en 18 meses. Los primeros cuatro canales empezarían a emitir en marzo; aunque el Gobierno también piensa en lanzarlos en coincidencia con el aniversario del Bicentenario, epicentro simbólico del mega intento comunicacional oficialista. Serán canales de aire digitales, que tienen asignadas las frecuencias 22, 23, 24 y 25 .

Allí el Gobierno instalará los canales Encuentro, Incaa TV (del Instituto del cine), Canal 7 y "Paka Paka", de contenido infantil. El Gobierno se propone financiar (o eventualmente regalar) los decodificadores necesarios para acceder a ellos, a través de la TV digital. También avanza a paso rápido la creación de un canal de noticias las 24 horas, que probablemente se llame "Télam TV", operado por la agencia oficial de noticias.

La opulencia comunicacional gubernamental y paragubernamental aparece vinculada y financiada por el dinero de todos, como ocurre con la imperativa televisación del fútbol a través de Canal 7.

La ampliación de los medios oficiales no iría en detrimento de la dinámica expansiva de los paraoficiales, aunque éstos últimos se centran específicamente en el campo de la gráfica, con una leve presencia en radio. De hecho, Szpolski evalúa lanzar nuevos títulos al mercado.

Como dice el ex fiscal Garrido, "es bueno que el Estado subsidie a determinados medios allí donde no hay rentabilidad para los privados. Pero no es bueno hacerlo a través de la distribución directa y discrecional de la pauta oficial, sino a través de una ley de publicidad oficial que anule la discrecionalidad en el reparto de esos fondos públicos".

Sin embargo, en Argentina, la ley de publicidad oficial no existe.

En el campo empresario

20100115 LN Cristina Kirchner, sin plata para viajar   p. Jorge Oviedo

A pesar de que el Gobierno se niega a admitir que tiene una crisis fiscal, la realidad es otra. El presupuesto del año pasado arrojó un déficit importantísimo y muchos gastos se pagarán este año, "pateando para adelante" las liquidaciones, de modo de contabilizar los ingresos de caja, pero no los egresos. Algunos pagos son tan necesarios como los relacionados con los viajes de la presidenta Cristina Kirchner. Este mes el Ejecutivo continúa promulgando medidas que recaudan de donde sea para mitigar el rojo. Por ejemplo, descubrió que el impuesto a los pasajes al exterior había recaudado más de lo previsto y entonces capturó como contribución adicional casi un millón y medio de pesos que el Inprotur debería haber destinado a la promoción turística.

Pero hay inconvenientes. Recién ayer la Presidencia emitió la orden para que se paguen los viáticos y honorarios de los intérpretes de portugués y holandés a los que recurrió Cristina Kirchner en la cumbre que se realizó en agosto de 2009 en Bariloche.

Es curioso. Mientras intenta que no se embarguen los recursos del Banco Central, el Gobierno, por intermedio de la propia Presidenta, sigue insistiendo en que hay superávit fiscal y que ha logrado acumular muchísimas reservas, que se destinarán al pago de la deuda.

Tal vez si la Argentina dijera que por la crisis tuvo déficit fiscal y que sólo porque no quiere que el actual default se haga mucho más grande va a recurrir a las reservas, el Gobierno podría evitar los embargos que presentan sus acreedores.

Lo que parece quedar claro es que la situación fiscal es insostenible, y Cristina Kirchner, al afirmar que la Argentina está aún en default, desmiente a su esposo, Néstor, quien durante su mandato dijo que el problema de la deuda estaba arreglado, que los acreedores que no acordaron en el anterior canje jamás cobrarían un centavo y que había que hacer una ley cerrojo para asegurarse que jamás se les pagaría, ni con reservas ni con ningún otro recurso. Ahora acusan de apátridas a quienes proponen que si hay un pago no sea con los activos que respaldan el circulante y las letras y notas del Banco Central (esto es, las reservas).

No sólo queda a las claras que ahora hay déficit. Si se admite que a los bonistas que no acordaron en el canje anterior hay que pagarles intereses desde entonces, la verdad es que o fue más chico o no existió el superávit que se informó en ese período.

La administración entró en problemas fiscales y de financiamiento. Del Banco Hipotecario surgió como ayuda clave un ex funcionario con prestigio internacional y apoyo de la banca. El elegido no estaba del todo feliz, pero aceptó por compromiso patriótico y profesional. Los enredos de la situación impidieron finalmente la asunción.

Aunque parezca actual, la historia es de 2001. Muchos cruzan los dedos para que ninguna otra anécdota se repita casi calcada.

Editorial I

20100115 LN La UIF, otro organismo que se politiza

El órgano que debe luchar contra el lavado de dinero corre peligro de convertirse en una herramienta de persecución

En los agitados días que atravesamos, pasó casi inadvertida la información periodística que dio cuenta de la existencia de instrucciones impartidas por el Poder Ejecutivo a la hoy ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), contadora Rosa Falduto, para que procediera a iniciar investigaciones contra el Grupo Clarín. La negativa de Falduto a satisfacer esas exigencias planteadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, y por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, motivaron su renuncia y su reemplazo por José Sbatella, un kirchnerista incondicional.

Mientras que la función de la UIF es luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, la orden impartida a Falduto habría consistido en avanzar contra el Grupo Clarín mediante el uso de cualquier herramienta como una simple denuncia, un reporte de operación sospechosa o un informe de otras fuentes. El objetivo propuesto no es otro que afectar patrimonialmente al grupo y perseguir a sus directivos.

Este gravísimo episodio no es un hecho aislado sino un eslabón más en la larga cadena de lamentables sucesos ocurridos desde que el Poder Ejecutivo se propuso desnaturalizar la función de los distintos órganos del Estado para así perseguir a quienes considera sus enemigos, convirtiendo a organismos de control en simples apéndices del Gobierno para llevar a cabo operaciones políticas o directamente para no controlar cuando se trata de allegados al poder político.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría para la reforma Institucional, entre otros órganos.

Es cierto que hasta la fecha la UIF había exhibido pocos avances en la lucha contra el lavado de activos financieros, pero no fue esta la razón del reemplazo de Falduto. Cristina y Néstor Kirchner se propusieron utilizar la UIF para que proliferaran denuncias infundadas impulsadas contra empresarios, políticos y ciudadanos, mientras se guardaba una pasiva indiferencia frente a obscenos enriquecimientos de sectores vinculados con el poder, complementada con la impunidad que ciertos jueces garantizan a los Kirchner y a sus allegados.

Con la sanción de la ley 25.246, primera norma regulatoria en la materia de lucha contra el lavado de dinero, y el posterior ingreso de nuestro país como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Argentina asumió compromisos para combatir y prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo.

En su primera composición, las autoridades de la UIF fueron elegidas por un concurso interno de antecedentes. Pero la falta de coordinación entre los organismos del Estado, la carencia de normas claras y las desinteligencias internas entre las autoridades de la UIF generaron dificultades para armonizar las tareas y poder aplicar las políticas del sector.

A ello debe sumarse la ausencia de respaldo político a muchos de sus técnicos, quienes salvo excepciones carecían de envergadura para desempeñar las tareas encomendadas y terminaron por convertir a la agencia encargada de la investigación en una oficina puramente burocrática. A su vez, el Poder Ejecutivo designó allí a ignotos representantes.

La sanción de la ley 26.119 significó una nueva estructura de la agencia cuyos responsables son nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Al sancionarse la legislación en la materia, destacadas voces alertaron sobre la necesidad de establecer una real protección a la privacidad de los ciudadanos y a la información confidencial sobre las empresas.

Las dudas planteadas se referían básicamente al peligro de que los mecanismos de acceso y almacenamiento de la información colectada fueran lábiles y permitieran su uso indebido. También existían temores de que los mecanismos de selección de funcionarios terminaran por encumbrar a simples burócratas.

Sin embargo, no era razonable siquiera pensar que la conducción de la UIF pudiera estar en manos de funcionarios que podían prestarse a llevar adelante maniobras extorsivas. Porque la indolencia en el manejo de información privada de los ciudadanos o su manipulación también constituyen un comportamiento que exige ser castigado con el máximo rigor.

La UIF, que no ha llegado a constituirse en una herramienta al servicio de la lucha contra la corrupción, hoy está a punto de transformarse en una canonjía comparable a una lotería para el que la obtiene al servicio de deleznables prácticas políticas.

De una vez por todas es necesario que los funcionarios comprendan que la función pública es servicio y responsabilidad financiada con el producto del trabajo y sacrificio del pueblo argentino y que más temprano que tarde todos deberán dar cuenta del resultado de su desempeño.

La falta de transparencia y credibilidad en el manejo de los cargos públicos también atenta contra la legitimidad de la democracia y socava los cimientos de la República

De un texto de otro tiempo a un tiempo universal

20090115 LN La voz de la historia    Sergio SINAB

He leído en estos días un libro impresionante. Su autor (por el momento lo nombraré como W.S.), un periodista, escritor e historiador de raza, cuenta con compromiso, con coraje y con una prosa potente el proceso del que es testigo privilegiado, y en muchos momentos protagonista, en un país a cuya tragedia y descomposición asiste día a día. Su relato empieza en el momento en que un hombre, amparado en la manipulación de mecanismos institucionales, asume el poder total, más allá de sus cargos formales. Ese hombre está rodeado de serviles y fanáticos (que huelen la posibilidad de pellizcar migas de poder). Dice de ellos W.S., al observarlos en un acto partidario, que mientras miran a su jefe "su rostro se transforma en algo positivamente inhumano". A medida que la ambición de ese hombre y sus seguidores cercanos crece, hay un progresivo avasallamiento de los mecanismos institucionales y el testigo advierte: "Cada mentira que se pronuncia es aceptada como una gran verdad".

Mientras es obvio que el detentador del poder no piensa detenerse ante nada, y empieza a desconocer y desvirtuar acuerdos y pactos tanto nacionales como internacionales, siempre con el argumento de que con esos pactos se pretende atentar contra su pueblo y contra él, aquellos que están en condiciones de actuar para detenerlo no lo hacen. Esa inmovilidad obedece, según la certera y apasionada crónica, a cálculos siempre erróneos por parte de políticos y analistas. Dicen que el proceso durará unos pocos meses porque es inviable y desmesurado. En la medida en que esto no ocurre, lejos de reconocer el error y enmendarlo, empiezan a ver de qué manera se pueden aprovechar el poder de este hombre y sus fuerzas para negociar con él y obtener mezquinamente algo a cambio. En cada negociación en la que se proponen lograr un beneficio son burlados por quien, en definitiva, no acepta reglas, traiciona los acuerdos y ve siempre conspiradores en sus interlocutores. Más adelante tratarán de no ofuscarlo por temor a sus reacciones. "Es absurdo, escribe W.S., buscan apaciguar al hombre que es responsable de sus problemas." Luego de seguirlo de cerca y cubrir día a día su agenda siempre desbordada e imprevisible, el cronista describe a ese hombre de esta manera: "Todas sus palabras, su tono, destilan veneno". O de ésta: "No puede perdonar ni después de muerto a un hombre que le ha llevado la contraria". De hecho, cuando algunos de sus fieles se asustan de los métodos que él propone, manda a que se disponga de ellos sin piedad. El hombre del que habla el autor ve en la ley un obstáculo y avanza por sobre ella a cada paso. Es inútil, para quienes se le oponen, apelar a argumentos lógicos y racionales. "Las palabras ya no tienen sentido para este hombre y para quienes lo siguen", escribe W.S. Y ofrece este perfil de él: "No tolera interferencias de nadie, rara vez solicita consejo y casi nunca sigue las sugerencias de sus atemorizados lugartenientes. Los hombres que lo siguen son todos leales, le temen todos y no se cuentan entre sus amigos. No tiene amigos".

Aun a pesar del peligro trágico al que arrastra a todo un país y mucho más, hay quienes no reaccionan y aspiran aún a algún beneficio. El autor narra una reunión en la que el hombre, ofuscado con algunas actitudes "de los grandes magnates que hicieron posible su llegada al poder", los llama a una reunión "para reprocharles su negligencia". Cuenta: "Se sentaron allí con las caras como un tomate y sin atreverse a decir ni pío". En otra oportunidad, tras asistir a uno de sus inflamados discursos, reflexiona: "Su voz sonaba llena de odio. ¿Será que no conoce otra emoción?". Entre los pensamientos que el cronista deja por escrito en torno de lo que ve, se lee el siguiente: "(Este hombre) está sembrando algo que un día lo destruirá no sólo a él, sino a su nación".

Esa nación, sin embargo, no siempre parece consciente de la dimensión de lo que ocurre. W.S. describe restaurantes, cafeterías y cervecerías repletas. Teatros de variedades llenos a rabiar. En un solo día, cuenta, se juegan en el país doscientos partidos oficiales de fútbol. La gente quiere tenerlo todo, "paz y vida confortable, pero no están dispuestos a tomar las duras decisiones capaces de asegurar, a la larga, esa forma de vida". Mientras tanto el proceso continúa, el hombre actúa "como si tuviera el mundo a sus pies" y algunos de sus colaboradores más cercanos "sienten cierta aprensión por el futuro bajo un hombre violento y fanático". Cuanto más avanza en sus planes, más le molestan los testimonios, y entonces aflora, bajo la forma de discursos iracundos, de presiones, censuras y amenazas, lo que el testigo describe como "odio hacia quienes insisten en mantener periodistas de una independencia indomable". En el frenesí de su plan inventa enemigos que no lo son para poder atacarlos y someterlos. "Es capaz de decir una mentira con cara de absoluta sinceridad -apunta W.S.-. Es probable que algunas de esas mentiras no lo sean para él porque cree fanáticamente en lo que está diciendo. Uno se pregunta qué tendrá en la cabeza cuando suelta una mentira así".

El hombre tiene su fuerza en el parlamento, y a esos legisladores el testimonio los llama "autómatas sin voluntad propia, que ocupan un asiento en la platea en calidad de diputados". A través de estos personajes y de otras instancias del partido gobernante, "se sigue exprimiendo al pueblo" (palabras del testigo), pero, de acuerdo con el relato, "la mayor parte del dinero va para la financiación del partido".

El libro se cierra cuando su autor abandona aquel país y aún ignora cuál será el final de la historia que, hasta allí, ha documentado de manera extraordinaria. Siente en el corazón el peso de una agonía, sus ojos sólo perciben la penumbra de una infinita desesperanza. Su equipaje es puro dolor. El libro se titula Diario de Berlín . Es el diario personal del estadounidense William Shirer (1904-1993), uno de los grandes periodistas del siglo veinte, valiente en sus textos y en sus actos, quien estuvo destinado en la capital alemana desde 1933 a 1941. El lector sabe a quién se refiere Shirer en los párrafos citados. En tiempo real, paso a paso, y acaso sin proponérselo (puesto que no era psicólogo), describe un carácter autoritario, su incubación y sus consecuencias. Leído en la distancia, sigue siendo un texto asombrosamente vivo para quienes creen en el poder inmunológico de la democracia.