aferrados
20090301 PERFIL. La crisis de la flota Aerolíneas y Austral. Pagan USC 300 mil por mes por aviones que no vuelan ……..
El sistema previsional
La eliminación del sistema de las AFJP, anunciada por la presidenta Cristina de Kirchner, le permitió al Gobierno acceder a $ 79.000 millones Foto: Archivo
Hasta hace poco, era un organismo que gestionaba prestaciones de la seguridad social. Pero todo cambió y pasó a asumir el papel de actor principal en el mundo financieros, un rol que por ahora cumple sin controles externos y sin emitir informes públicos que permitan conocer los movimientos y el estado de un fondo millonario, alimentado con aportes de los trabajadores y de las empresas.
En poco tiempo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se convirtió en una fuente de recursos para el financiamiento de empresas privadas, consumidores, y del sector público, que requiere de recursos tanto para la ejecución de la obra pública como para las obligaciones financieras del Estado.
Los recursos que recibe el organismo y que exceden el monto de los pagos asumidos por el sistema jubilatorio integran desde julio de 2007 el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Además del superávit mensual de la Anses, se fueron sumando, a partir de la mencionada fecha, activos que llegaban desde las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), en virtud de normas que imponían el traspaso de algunos grupos de afiliados –con ahorros acumulados incluidos– al sistema de reparto.
En octubre último, la Anses informó que el fondo valía $ 22,2 mil millones. A fines de noviembre, apenas aprobada la ley de eliminación del sistema de capitalización, la entidad recibió todo lo que estaba en las cuentas individuales de los afiliados a las AFJP. Según el último dato ofrecido por la Superintendencia que controlaba el sistema de capitalización, los ahorros de los trabajadores estaban valuados en $ 79,4 mil millones al 14 de noviembre.
Así, la caja estatal pasó a contar con alrededor de $ 100 mil millones, tras la votación de una ley que significó una fuerte reforma estructural, y a la que el Congreso le dedicó menos de un mes de debate, obviando temas importantes pendientes de resolución en el sistema previsional. La celeridad había sido un reclamo de los Kirchner a los legisladores oficialistas. Tres meses después, diputados y senadores opositores –incluso algunos que avalaron la norma– levantan voces críticas por las decisiones de inversión de los recursos.
En un escenario con signos preocupantes para la actividad económica, se multiplicaron los anuncios de planes con pretensión de reactivar, para los que pusieron a disposición $ 13.200 millones de la Anses. Hasta ahora, las adjudicaciones que hizo el organismo por licitación suman $ 1530 millones y US$ 50 millones, volcados a plazos fijos a un año, que rendirán un 10 o un 11% anual, con el compromiso de los bancos de dar créditos a tasas bajas. Es un interés inferior al que podría haberse conseguido por la renovación de las colocaciones que tenían las AFJP, algo que el Gobierno justifica con el argumento de que se necesita dinero barato para sostener la economía.
Las licitaciones fueron los únicos movimientos del fondo publicados. No hay informes sobre sus inversiones ni su composición total ni su valor ni sus resultados financieros, por una decisión política que trascendería a la Anses, según admiten muy cerca del Gobierno. LA NACION intentó obtener datos, pero no hubo respuesta del organismo a los pedidos.
"La reglamentación está diseñada de tal manera que la transparencia no es prioridad", advirtió Victoria Pereyra Iraola, coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Agregó que, a la luz del fin que tiene el fondo, debería darse información permanente y totalmente pública, tal como les exigía el Estado a las AFJP, de los ingresos, egresos y de la conformación de la cartera.
Las AFJP tenían un monitoreo estatal diario; el valor del fondo era de difusión diaria, y quincenalmente había informes de sus activos.
Según Pereyra Iraola, "no parece haber voluntad política para informar", lo cual deja espacio para un "grado de discrecionalidad muy alto" en el uso de los recursos.
Una parte del fondo no es de fácil disponibilidad, y la liquidez está dada principalmente por los plazos fijos y por los aportes de quienes estaban en las AFJP: son alrededor de $ 1000 millones mensuales, unos $ 13.000 millones anuales.
Para decidir las inversiones del fondo, la ley 26.425 dispuso darle a la Anses autonomía financiera y económica, algo que había sido destacado como positivo por el director del organismo, Amado Boudou. En la práctica, no se presentó ningún plan estratégico y fue la presidenta Cristina Kirchner quien se puso a la cabeza de los actos de anuncios de planes, que incluyeron discursos de ministros, como el de Planificación Federal, Julio De Vido, para explicar las inversiones en obra pública.
Sin controladores
El texto del artículo que establece la autonomía de la Anses dice que el organismo estará sujeto a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. Hasta ahora, el Congreso no se dedicó a integrar esa comisión de control.
Tampoco se conformó el previsto consejo de representantes de entidades empresariales, sindicales y sociales. De las cámaras invitadas a participar de ese grupo de monitoreo, la que designó a su representante es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Osvaldo Cornide, su presidente, asumirá la responsabilidad. Instituciones como la Unión Industrial Argentina (UIA) prefieren analizar antes con sus equipos técnicos cuáles son las implicancias legales que tendría su participación.
La integración de un consejo de seguimiento había sido prevista, en rigor, por el decreto 897, del 12 de julio de 2007. Desde esa fecha está pendiente su conformación, según recordó el diputado radical Alejandro Nieva, que había sido designado representante y que no había recibido respuesta a sus pedidos de informes. Los últimos cambios normativos eliminaron el requisito de que hubiera opositores en el grupo de seguimiento.
Tras la acumulación de anuncios con ausencia de la supervisión reservada a diputados y senadores, en los últimos días hubo varias críticas desde el Poder Legislativo.
Según el diputado Claudio Lozano, de Proyecto Sur, las proyecciones de la Secretaría de Finanzas revelan que el plan oficial es usar el fondo como financista de última instancia para aliviar la cargas de deuda pública. El economista señaló que los planes presentados suponen el uso "ilegal" de $ 31.564 millones, entre préstamos y financiamiento de obras como la construcción de centrales eléctricas y el soterramiento de las vías del ferrocarril Sarmiento, plan en el que se dispondrán terrenos como garantía del recupero de los fondos de los futuros jubilados.
¿Cuál es el fin último de los fondos, que, según la ley, únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios previsionales? A diferencia de capitalización, en la que lo ahorrado por cada uno definía el haber jubilatorio, en reparto no hay cuentas individuales y los ingresos futuros dependen de otras variables. Según lo previsto entonces, el fondo de garantía sería utilizado en caso de que una crisis o emergencia no permita cumplir con todos los pagos a jubilados y pensionados.
Dar garantía
El ex secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, explicó que ese resguardo de fondos es usual en los sistemas de reparto, pero manifestó sus reparos a los mecanismos dispuestos aquí para manejar los fondos. Para el ex funcionario de la OIT, debería existir un consejo superior con diferentes actores sociales, a la manera del que determina en Uruguay las acciones del Banco de Previsión Social.
Según el decreto 897 de 2007, para dar la mencionada garantía alcanzaba con el importe equivalente a los pagos previsionales de un año: la norma fijaba ese tope. Pero el criterio cambió y la disposición sobre el monto máximo se eliminó cuando ingresaron a la caja todos los fondos del sistema de capitalización.
Con ello, se diluyó la expectativa de que se volcaran pronto recursos a los pasivos. "Antes de usarlos para otros fines, con los fondos debería haberse pagado la deuda que hay con los jubilados", afirmó el juez Luis Herrero, que recordó la creciente cantidad de juicios por la falta de ajuste generalizado de los haberes según el criterio de la Corte Suprema, que en el fallo Badaro ordenó que, desde enero de 2002 los ingresos deberían haber subido a la par de los salarios activos. Este mes se pone en marcha una ley de movilidad jubilatoria. Pero, según advirtió el juez, no se consideró recomponer antes los haberes de muchos pasivos, que acumulan significativas pérdidas del valor real de sus ingresos.
100.000
Millones de pesos
· Es el valor estimado que tenían, a noviembre, los fondos recibidos por la Anses entre 2007 y 2008.
20090313 Clarín. Por haber cerrado la causa Enriquecimiento K. piden el juicio político de Oyarbide.
El expediente judicial en el que se investigó el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner se cerró en diciembre pasado. PERO A PESAR DE ELLO QUIENES ACTUARON JUDICIALMENTE EN EL CASO SIGUE SIENDO OBJETO DE OBSERVACIONES……
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20090301 La crispación del poder. La frecuente irascibilidad del matrimonio Kirchner hace temer una radicalización del espíritu belicoso.
Desde que Néstor Kirchner se puso al frente de la administración nacional en 2003, quedó claro que para el y su esposa el poder debe conquistarse y ejercerse a través del conflicto. ….
Editorial I
El mensaje de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa dejó más dudas que certezas, ante la falta de anuncios concretos y el llamativo silencio ante problemas que siguen azotando a los argentinos, como el de la inseguridad.
La ausencia de precisiones, especialmente frente a las versiones acerca de un proyecto para nacionalizar el comercio agrícola, se vio agravada por una fuerte definición ideológica: el Estado argentino necesita más y nuevos instrumentos para intervenir en la economía.
Como si la estatización del sistema de jubilaciones, con el consecuente saqueo de los ahorros de los futuros jubilados; las nacionalizaciones de empresas tales como Aerolíneas Argentinas y el Correo, y las intervenciones del Estado en otras compañías de servicios públicos privatizadas fueran poco, habrá que esperar más intervencionismo y más dirigismo.
La crisis financiera global apareció en el discurso presidencial como la justificación para seguir interviniendo en la economía. En rigor, se trata de una oportunista excusa para ratificar y consolidar un modelo brutalmente unitario basado en la discrecionalidad del poder central para distribuir los recursos públicos.
Pese a que la presidenta de la Nación intentó disfrazar su mensaje de federalista, con referencias a los aportes del poder central a provincias como Santa Fe y Catamarca, la esencia centralista de esa política es inconfundible. La insistencia del gobierno nacional en aumentar la presión tributaria sobre aquellas contribuciones que no son coparticipables, como ocurrió en su momento con las retenciones a las exportaciones del campo, se traduce en una menor recaudación de impuestos coparticipables, como el de ganancias.
Las referencias estadísticas de la Presidenta, por si fuera poco, resultaron engañosas y poco sólidas. Las réplicas que recibió la primera mandataria por parte de los gobernadores de Santa Fe y Catamarca son elocuentes al respecto.
Si el federalismo realmente preocupa a quien hoy ocupa el Poder Ejecutivo, no se entiende por qué, desde que en 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, nuestros gobernantes no han dado ni siquiera mínimas señales en busca de un consenso sobre la nueva ley de coparticipación federal que debería regir en el país desde 1996, de acuerdo con lo estipulado por la reforma constitucional de 1994. Sin esa ley, en la actualidad, el poder central sigue alzándose con recursos generados por las provincias, a las cuales les devuelve una pequeña parte y en función de criterios discrecionales.
Otras definiciones presidenciales no dejaron de sorprender por lo contradictorias. Se instó al mundo a terminar con los paraísos fiscales, cuando la Argentina, con la ley de repatriación de capitales, está abriendo sus puertas a capitales de dudoso origen.
Del mismo modo, dio a entender que los líderes mundiales empiezan a tomar el kirchnerismo como modelo frente a la crisis mundial. No se alcanza a entender por qué, entonces, el país sufrió durante 2008 un récord de fuga de capitales.
La primera mandataria, entrando de lleno en la antesala de la campaña electoral, se preguntó qué habría pasado si la presente crisis nos hubiera encontrado con una dirigencia proclive a los ajustes o a mantener los privilegios de los que más tienen. Es menester frente a esas definiciones explicar que no siempre los ajustes son malos, especialmente si atacan gastos improductivos o asociados al clientelismo político. Por otro lado, quizá resulte fácil evitar los ajustes cuando el Estado dispone de los recursos que les sacó a los futuros jubilados para repartirlos en forma de créditos blandos que, en no pocos casos, podrían resultar incobrables o un pésimo negocio para los aportantes al sistema previsional. Lo que no podrán evitar este o los próximos gobiernos será la quiebra del sistema previsional, que condenará a todos a jubilaciones paupérrimas.
Como de costumbre, no existió en el discurso presidencial la más mínima autocrítica y tampoco la menor referencia a reformas políticas, como la instrumentación de mecanismos electorales más transparentes, tales como la boleta única.
Si, como dijo la Presidenta, el "nuevo verbo que debemos conjugar" es la palabra "cooperación" -por cierto, no es un verbo, sino un sustantivo-, el mensaje ante la Asamblea Legislativa debió haber incluido un firme llamado al diálogo a las fuerzas políticas y a los sectores sociales, necesario para encarar las dificultades que enfrenta la Argentina tanto por la crisis global como por la insistencia en nuestros viejos errores.
Los discursos ideológicos del Gobierno
La expresión "bajar línea", y su correspondiente sujeto, "bajalíneas", son muy utilizados entre nosotros, tanto en la jerga política como en situaciones de la vida cotidiana. No he podido encontrarlos, sin embargo, ni en la última edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española (donde sí figura "presidenta", con "a" final, como para terminar con la absurda crítica a nuestra jefa de Estado por el uso de esa palabra), ni tampoco en el Diccionario del habla de los argentinos , meritorio trabajo de la Academia Argentina de Letras.
¿Qué significa "bajar línea"? Se sabe: "Dar una instrucción u orden a otra persona o personas, antecedida por una explicación de la realidad y un relato ejemplar". Como es obvio, sólo se puede "bajar" línea de arriba abajo, es decir, del dirigente al subordinado, del sacerdote al parroquiano, del médico al paciente, o del maestro a sus alumnos. Casi siempre, la bajada de línea se constituye como la apoteosis del deber ser ("hay que?"), y se reviste de un carácter estrictamente pedagógico. Quienes, por ejemplo, se hayan casado con docentes, experimentaron alguna vez en carne propia esta irrefrenable necesidad de persuadir y convertir.
El bajar línea se suele identificar, vulgarmente, con la orientación que los jefes políticos transmiten a sus afiliados y militantes, para que estos la adopten y, a su vez, la propaguen. En el pasado, los congresos de los grandes partidos comunistas (como el soviético y el chino) producían minuciosos documentos que eran expresas bajadas de línea para sus seguidores de todas partes del mundo. De tal forma, según fuera la relación de fuerzas en el escenario internacional, se alternaba el requerimiento de la revolución universal con la más modesta implantación del socialismo en un solo país. Los nazis y los fascistas, en cambio, cometieron sus crímenes sin una obsesión tan grande por los matices ideológicos. Apenas se escudaban en el culto de la tierra y la sangre, y el Lebensraum para perpetrar sus tropelías.
También entre los filósofos, los escritores y los intelectuales de cualquier época de la historia se pueden encontrar obstinados bajalíneas. No cedamos a la tentación de mencionar las Tablas de la Ley, las Biblias y los Coranes. Entre los primeros intelectuales modernos, Pascal es, indudablemente, más afecto a bajar línea que, por ejemplo, Erasmo y Montaigne. De los filósofos, sólo diré que mi bajalíneas predilecto es Kant, a causa del imperativo categórico y la ley moral inscripta en un cielo estrellado, pero debe admitirse que Hegel lo superó ampliamente en la característica que nos ocupa.
Muchos de los que empezábamos a escribir y a publicar en los 60 del siglo pasado teníamos como referentes (y, en consecuencia, bajalíneas) a representantes de la modernidad francesa, y entre ellos, en primer término, y con suma complacencia, a Jean-Paul Sartre, con existencialismo y teoría del compromiso incluidos. Las bajadas eran opresivas, irrefutables, didácticas hasta la saciedad. Después nos dijeron que el lenguaje no era tan ingenuo ni transparente, y la cosa se complicó. Llegó el estructuralismo. Los posmarxistas. Los barthesianos. Los lacanianos. Los foucaultianos. Los derridianos. Siempre Francia, diciendo "presente". Algunos iluminados pudieron mitigar estos excesos con el empirismo de la tradición anglosajona.
El lector ya se habrá anoticiado de adónde queremos llegar. Hoy tenemos, en la Argentina, un matrimonio presidencial que se empeña en bajar línea contra viento y marea, a veces con el dedo admonitorio, en una medida mayor y más sistemática de lo que lo hicieron, también, sus predecesores. En las reiteradas presentaciones públicas de la pareja, hay una clara división del trabajo. La Presidenta, una buena oradora, no deja de impartir clases sobre economía y sociología, aunque a menudo en desajuste con la realidad. El ex presidente, orador mucho más desmañado, construye, en cambio, un discurso más rudo, que denuncia traiciones y promete humillaciones y castigos. Ambos practican, aunque de manera más elemental y doméstica, la teoría de los antagonismos planteada con sofisticación por los intelectuales de Carta Abierta, e inspirada -rara mezcla de Lacan y Jauretche- en las propuestas del matrimonio argentino-belga formado por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.
¿Qué dice esta incansable bajada de línea? Además, ¿sirve para convencer? ¿Y a quién? ¿Quién acata hoy estas órdenes ideológicas?
El contenido es tajante. Estamos redistribuyendo la riqueza. Hemos mejorado todos los índices económicos (siempre la comparación se hace con el peor período de la crisis anterior, 2001-2002). La oposición no existe, salvo los rejuntados de la nueva Alianza, que tanto daño hizo al país (cuando en realidad el ex presidente De la Rúa está retirado de la vida pública y el ex vicepresidente Chacho Alvarez está alineado con el gobierno actual, tanto como ex aliancistas que hoy son ministros o legisladores oficialistas). Las cifras que proporciona el Indec son correctas, y los que las critican (¿las amas de casa de Caballito o de Añatuya?) desconocen los métodos científicos y se quejan por interés personal. Nuestros enemigos son la derecha (Scioli, Massa, los intendentes del conurbano, ¿son de izquierda?) y los sectores del privilegio, en especial las oligarquías del campo (Cristóbal López y Rudy Ulloa, ¿a qué sectores pertenecen?).
¿Por qué esta bajada de línea ya no convence, y se advierte una gran erosión en la imagen positiva de la Presidenta y, aunque algo menos, en la de su marido?
Hay que hablar, ante todo, de una fenomenal pérdida de la credibilidad. El "bajalíneas" más modesto necesita que le crean y lo respeten. Trátese del padre que inflige una monserga a sus hijos, o del jefe de oficina que procura dar una lección de austeridad y dedicación a sus empleados, nada será tomado en cuenta si el que baja la línea no lo respalda con sus propios actos, pasados y presentes. Y convengamos también que impera un profundo egoísmo en la sociedad: cuando hay plata en los bolsillos, a los gobiernos y a sus líderes se les cree y perdona más; cuando la crisis aprieta, no hay defecto de los gobernantes que no salga a la luz y no hay contradicciones -tan frecuentes en la vida política- que puedan ser disculpadas.
No se trata sólo, para el matrimonio presidencial, del erróneo manejo del conflicto con el campo, aunque éste haya sido un punto de inflexión. Como en la actualidad la política es en gran parte política audiovisual, también las imágenes, los íconos que ponen en escena nuestros gobernantes bajan su propia línea, que suele causar el efecto contrario al que se propone. Ahora que todo el mundo sabe que los Kirchner son largamente millonarios, mucho más ricos que otros gobernantes anteriores; ahora que se sabe que el ex presidente fue fervoroso menemista, ahora que nos enteramos de que en tiempos del Proceso este matrimonio se dedicó a ganar dinero y no tuvo ningún papel en la defensa de los derechos humanos, sin duda saltan las chispas cuando las mismas personas quieren reivindicar su izquierdismo, su antimenemismo y su cruzada contra los delitos de lesa humanidad. Y, dicho sea con todo respeto por la figura presidencial, ¿es necesario que tengamos esa imagen de Cristina Kirchner con un maquillaje abusivo, con un peinado inapropiado para su edad e investidura, y un vestuario fiel a un estilo que ya no le sirve? Mucho mejor se vio a la Presidenta -más allá de la eficacia de la visita- en su paso por Tartagal, sencillamente ataviada con ropa de trabajo. Hay que repetirlo siempre: en nuestra civilización, las imágenes, aun las más frívolas, cuentan tanto o más que las palabras, aun las más serias.
El bajalíneas incorregible hace su trabajo voluntaria o involuntariamente. Mientras nuestros gobernantes no cambien sus políticas y su estilo, seguirán declinando en el favor popular, y podrían sufrir una derrota devastadora en las elecciones nacionales de octubre, incluso sin que la oposición haga grandes méritos para conseguirlo. Ese resultado, en la siniestra apuesta del todo o nada, podría significar un vacío de poder que debe evitarse a todo precio, para beneficio de las instituciones. Se está a tiempo, incluso en medio de la grave crisis mundial que nos golpeará más temprano que tarde, de "bajar línea" entre todos, con las simples palabras de siempre: consenso, diálogo, rechazo a los antagonismos artificiales, respeto por los otros.
Dos confesiones. Una: detesto a todos los bajalíneas obsesivos, empeñados en coartar nuestra libertad y autonomía como individuos. Dos: soy mucho más tolerante con mis propias bajadas de línea.
20090308 PERFIL Cinismo estructural
Con palabras fatales, impiadosas, casi prohibidas. Por eso, pereza, desidia, comodidad, pasividad y cinismo suelen ser apartados del habla como moscas irritantes. Sin embargo, describen conductas tangibles y hechos fehacientes que se producen en el país y a los que un insoportable “buenismo” ideológico prefiere maquillar o ignorar. Me pasa cada vez que viajo por el norte de la Argentina y verifico cómo se vive en esas comarcas.
Esta semana en Tucumán, por ejemplo, volví a escuchar esa letanía doliente, verbalizada por gente valiosa y corajuda. Tras la demoledora victoria electoral que tuvo el gobernador José Alperovich en 2007, la pequeña provincia del noroeste argentino es gobernada por una suerte de partido único de facto, un oficialismo que se quedó con 44 de los 49 legisladores del sistema unicameral.
La hegemonía es rotunda y asfixiante, resultado de un control de todo lo que importa en el territorio, desde la justicia a los cargos de todos los niveles. Palabra casi impronunciable, el alperochivismo domina un escenario donde se repiten casi todos los rasgos de escualidez institucional, oportunamente implantados por el Gobierno nacional como pilares de la rutina de gestión.
¿Es acaso antidemocrático el gobierno de Tucumán, en sentido estricto? No. Su mandato electoral es elocuente y no puede ser puesto cuestionado. Pero el caso tucumano, como el de otro gobierno electo con guarismos “soviéticos”, el de Santiago del Estero, exhibe una nueva indigencia, una dolencia de la democracia electoral, que a muchos les indigesta asumir como problema verdadero.
Estos gobernadores norteños encarnan el capítulo contemporáneo de una vieja variable argentina, gobiernos realizadores de obras y consecuentemente tributarios de apoyo popular, pero que “gestionan” con métodos de absorbente centralización, nula delegación de poder y escasa participación de la sociedad civil.
La amarga verdad es que, de hecho, los pueblos aman estos gobiernos fuertes, parcos y ejecutivos. Adoran esas musculaturas políticas abrumadoras y no se hacen grandes problemas, ni se formulan interrogantes demasiado profundos.
Explicitar estas realidades de manera pública incomoda a quienes viven autoconvencidos de una supuestamente imbatible virtud ciudadana. Pero en la cultura política argentina, intoxicada por la mitificación de unos derechos irrestrictos, sin asumir los deberes y obligaciones que dan razón de ser a los primeros, este modelo prospera y se fortalece.
Es un modo de ser basado en la aceptación resignada de ese raquitismo civil, porque si los que mandan “hacen” y “dan”, ¿de qué sirve reclamar conductas y exigir códigos éticamente superiores?
Convertidas en lujo de minorías bien alimentadas y leídas, esas formas son especialmente ajenas a la vida política real. Ese punto ciego de la retina permite que mentiras monumentales se emitan y gocen de vigencia desesperante.
Los periodistas no somos ajenos a ese cinismo estructural. Las otras noches, por ejemplo, un programa periodístico entrevistaba al ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuando éste criticó a Felipe Solá por integrar el gabinete de Carlos Menem durante casi toda la década del 90. No le preguntaron a Randazzo cómo aceptó ser ministro de Solá en la provincia de Buenos Aires, a menos que ser menemista hace tres años no fuera tan grave como ahora.
Igual desparpajo exhibe Néstor Kirchner, que a casi seis años de gobierno matrimonial, volvió a acordarse de la Alianza y en uno de sus habituales y pedregosos empellones retóricos afirmó, de cara a la crisis mundial, que “por mucho menos (los que gobernaron en 2000 y 2001), se tomaron el helicóptero”.
Mentiras disparatadas y sobreactuaciones groseras son aspectos esenciales de un modelo de conducción que sólo repara en obtener y retener el poder. Ese modelo se apoya en una voracidad insaciable, un “derechismo” a prueba de balas, consistente en proclamar, de manera vociferante, que es natural que los que mandan tengan el “derecho” a seguir mandando, manejando recursos y menoscabando a quienes osan interrogarse por la legalidad de esos actos.
¿No es un monumental fraude retórico que el titular del Gobierno más ortodoxamente helitransportado de la historia argentina siga descalificando hoy a la oposición porque De la Rúa renunció al gobierno hace siete años y medio y, ante una Plaza de Mayo intransitable, se fue a Olivos por aire, para regresar al día siguiente a recoger sus papeles privados?
Dividida en dos, ya de manera irreversible, por un vallado policial infranqueable, la Plaza de Mayo es hoy la mitad de lo que era en 2001 y –encima– la Casa Rosada, a la que se rodeó de un cerco de metal con una altura no inferior a los dos metros, es ahora virtualmente inexpugnable, además de que se han apoderado de la Plaza Colón, también vallada e inaccesible para el pueblo de a pie.
¿Qué hubiera afirmado una oposición justicialista si un gobierno no peronista hubiera concretado tamaña jibarización del centro cívico de la capital del país? ¿Por qué la manía helicopterista de la Presidenta está bien, y el uso de esos aparatos por otros líderes políticos es un estigma?
El modelo de musculosidad ejecutiva y formidable acumulación de poder no deriva de un golpe militar o un putsch antidemocrático. Son electorados concretos los que amasan mayorías aplastantes en distritos de espesor civil casi inexistente. Son masas apáticas que cultivan un pragmatismo todo terreno. Aprueban, avalan, convalidan, aceptan: mientras sus “derechos” sean asegurados por una dadivosidad fornida, está todo bien.
Pocos intelectuales y periodistas cuestionan la supuesta castidad de las mayorías, cuyos olvidos son apenas un capítulo más de amnesias orgánicas. Lo he comprobado con amargura estos últimos años en diversos viajes por el norte argentino, aunque esta región del país, de intensas tradiciones decimonónicas, no es excluyente.
Una cultura atrasada y oblicua prolifera también en la vastedad indómita del Gran Buenos Aires y en la propia y perennemente irredenta Patagonia, fragmentos de un país cuya desvaída calidad civil nunca es aludida por la opinión culta e indulgente, para la cual toda mención crítica a las conductas populares equivale a una declaración de guerra contra los humildes.
Como acaba de proclamar estas últimas semanas el retornado actor Federico Luppi, tras varios años de “exilio” en España, en donde se refugió a partir de 2001 luego de asegurar que sus siete décadas de vida en la Argentina fueron un error existencial, y ahora regresar a un país cuya presidenta lo homenajea y elogia, en la Argentina hay mucho “gorilismo”, gente incapaz de reconocerle nada a quienes gobiernan. Otrora granero del mundo, la Argentina sigue siendo un país generoso.
*Escuche los podcasts de Pepe Eliaschev en www.perfil.com
20090312 LN Otro mensaje contradictorio
Con un léxico inapropiado, más familiar para un sindicalista que para un diplomático, la Presidenta señaló que "el tipo que tiene miedo de perder el laburo no consume". Procuró aleccionar de ese modo a los embajadores argentinos en una misión harto complicada: que ganen nuevos mercados en medio de la crisis global, después de haberse desaprovechado, durante la gestión de su marido, la bonanza mundial y el trabajo de mucho tiempo de los sectores productivos para que crezcan nuestras exportaciones.
Desde la crisis de 2001, la Argentina privilegió el consumo interno. En el caso particular de uno de los productos más preciados, las carnes, el presidente Néstor Kirchner no vaciló en suspender las exportaciones en respuesta al aumento de los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers. Medidas similares ocurrieron con otros productos argentinos y le hicieron perder importantes mercados al país.
Al ingrato ritmo del "efecto jazz", Cristina Kirchner quiso marcar ahora un hito en la historia de la diplomacia argentina con una reunión "sin precedente" en Buenos Aires de los 100 embajadores que representan a la Argentina en el mundo, un tercio de los cuales son de origen político.
Es curioso este vuelco hacia una de las áreas más subestimadas por el gobierno de los Kirchner. Hasta dos camadas juntas de egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) debieron concurrir al estrecho Salón Blanco de la Casa Rosada ante la renuencia del anterior presidente a celebrar ese acto en su ámbito específico, el Palacio San Martín. Y, como bien señaló el embajador Abel Posse ayer en LA NACION, los puestos diplomáticos ingresaron en el botín de dádivas del clientelismo.
Llama la atención, a su vez, que la Presidenta haya enfocado su discurso en el objetivo de vender productos argentinos en el exterior. Fue el caballito de batalla del gobierno de Carlos Menem en los defenestrados años noventa. Ahora, con una caída de las exportaciones en enero del orden del 36 por ciento y otra que se prevé sólo algo menor en febrero, surge la idea de adoctrinar a los embajadores para que hagan aquello que les impuso, en su momento, el gobierno de Eduardo Duhalde. Hasta se evaluó entonces la absurda posibilidad de cerrar las embajadas que no fueran productivas desde el punto de vista comercial, lo cual desvirtuaba su función real.
Es todo tan contradictorio en un gobierno que nunca pareció valorar la importancia de los mercados externos que los mismos embajadores que, en su momento, debieron dar explicaciones sobre el cierre de las exportaciones de carnes y el conflicto con el campo deben acatar una directiva que, en realidad, debió ser siempre la premisa fundamental de sus misiones en el exterior.
Es positivo que se ponga el acento en este aspecto, pero el mundo cambió desde la crisis declarada en septiembre del año pasado por la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, no pareció haber en el Gobierno ningún funcionario que fuera capaz de advertir a los Kirchner sobre sus consecuencias inminentes en el país. Si no, la Presidenta hubiera sido más cauta en lugar de burlarse de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, agotar gestiones para ser recibida por Barack Obama.
Lamentablemente, el gobierno kirchnerista renegó siempre de los consejos para brindar señales de confianza al mundo y se despreocupó por la seguridad jurídica. No será fácil remontar la cuesta.
Tras asistir a varios paneles con disertaciones de los ministros Julio De Vido y Beatriz Nofal, entre otros, cada embajador regresará a la capital en la cual reside con una lectura primaria de la crisis: los bancos, según Cristina Kirchner, "están sentados sobre la liquidez y no prestan". Según esta particular concepción, son mezquinos y, por esa razón, deberían desprenderse de sus capitales para comprar productos argentinos.
Ojalá fuera tan simple, sobre todo en tiempos en los cuales el proteccionismo global privilegia lo hecho en casa, para sostener el empleo y el consumo domésticos antes de reparar en la oferta de un país de gobierno errático que, a juzgar por lo que sucedió con la carne y con la soja, es tan poco creíble como la sensibilidad de los Kirchner con la diplomacia.
20090314 PERFIL – La Argentina se destaca por la impunidad casi absoluta - Buenos Aires, doce de marzo de 2009
AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
DR. ESTEBAN JUSTO RIGHI S./D.
Habiendo transcurrido suficiente tiempo desde el dictado de la Resolución 147 de
la Procuración General de la Nación para evaluar sus consecuencias, habiendo
finalizado mi tarea como Presidente del Jurado del Concurso Nº 60 y habiendo
culminado las investigaciones preliminares que a esa fecha estaban próximas a
concluir, me dirijo a Ud. con el objeto de renunciar al cargo de Fiscal Nacional
de Investigaciones Administrativas para el que fui designado por el decreto
1061/2003 del entonces Presidente de la Nación y que tuve el honor y el orgullo
de desempeñar durante los últimos cinco años.
Algunos meses después de la citada resolución, mientras sigo archivando en
catarata decenas de expedientes que estaban siendo tramitados en la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas -en los que tenía participación activa- y en
medio de la incertidumbre acerca de las causas judiciales que podrían cerrarse
por tratarse de casos en los cuales la FIA ejercía la acción penal subsidiaria
pese a no haber sido la denunciante –en caso de que los jueces hagan caso omiso
de las crípticas correcciones posteriores y se atengan a los minuciosos y
exhaustivos razonamientos desarrollados por el Sr. Procurador en la resolución
original, lo que no ha ocurrido todavía por la habilidad de los abogados
defensores para posponer sus planteos evitando quedar envueltos en un
escándalo-, no dejo de preguntarme junto a otros fiscales y colaboradores cómo
pudo ser que el Sr. Procurador General de la Nación afirmase en su circular del
10 de noviembre pasado que “la resolución ni limita ni recorta atribuciones de
la FIA, ni puede paralizar el avance de causas en trámite”.
Concretamente, la resolución 147:
• Reduce la “intervención necesaria” de la FIA en los procesos iniciados por sus
propias denuncias al acceso al expediente y a contribuir a la estrategia
procesal proyectada por el fiscal de turno.
• Supedita el ejercicio directo de la acción penal subsidiaria a la concurrencia
acumulativa –se destaca: no alternativa- de: a) que la causa penal se haya
iniciado por denuncia de la propia FIA y b) que el fiscal competente tenga un
criterio contrario a la prosecución de la acción penal.
• Limita la posibilidad del ejercicio directo de la acción pública en los casos
en que el fiscal de turno no impulse la promoción de medidas cautelares.
• Considera que la interpretación correcta de la comunicación de toda causa
contra funcionarios públicos impuesta por el art. 48 de la ley 24.946 es aquella
que tiene como único objeto la promoción de un sumario administrativo y, en
consecuencia y expresamente, duda de que sea correcta la interpretación
efectuada por gran parte de los tribunales federales en el sentido de admitir la
intervención de la FIA también en esos procesos.
Se ha argumentado que el objetivo de la resolución fue superar problemas de
coordinación entre los Fiscales. Puede ser. Pero ello no justifica de ningún
modo la solución que se le dio al problema planteado, que obviamente no fue la
que nosotros propiciáramos.
Ya en el año 2006 vislumbraba que estos problemas sobrevendrían y elevé a
consideración del Señor Procurador General de la Nación un proyecto que adoptaba
soluciones que contemplaban un mejor equilibrio entre la especialización
requerida para la investigación de corrupción, la búsqueda de eficacia en el
impulso de los procesos penales y, a la vez, el resguardo de la coherencia y los
derechos de los imputados que podían verse afectados por la intervención de más
de un fiscal. El Sr. Procurador General, en estos tres años, no impulsó ni esa
iniciativa ni cualesquiera otra, sino la que ahora vino a consagrar, yendo en
contra de sus propios actos reglamentarios, de las argumentaciones del propio
Estado argentino a nivel internacional y de los intereses de la sociedad por los
que debe velar según el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Tampoco surge de la resolución iniciativa alguna enderezada a verificar siquiera
la regularidad de los criterios contrarios a la prosecución de la acción penal
sobre los que se había planteado la controversia que se debía dirimir. La
mezquina labor exegética no fue acompañada de ningún tipo de examen sobre la
corrección de decisiones que implicaron la falta de persecución penal o de
evitación de las consecuencias de delitos sumamente graves.
La reseña histórica que se efectuó en la citada Resolución estuvo lejos de ser
detallada o “detenida”, como ligeramente se afirmó en la circular posterior.
Tal reseña, además de limitarse a enunciar normas o algunos proyectos
normativos, no tuvo en cuenta otras realidades importantes, como las razones por
las que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas fue creada y todavía
existe y el lugar que ocupa en el imaginario social, amén del contexto de
impunidad de la corrupción en que su misión se desenvuelve.
Pero aun si nos limitáramos al aspecto normativo, la reseña que se efectuó es
parcial y deja afuera de su espectro de análisis jurisprudencia, proyectos
normativos y doctrina cuya relevancia no pudo ser ignorada si lo que pretendía
era una visión, como luego se insistió, “detenida” o acabada o completa o
minuciosa, como debió haber sido dada la trascendencia de lo que se estaba
decidiendo.
En la miope recolección de antecedentes que el Procurador utiliza para construir
el relato que ahora viene a imponer, brillan por su ausencia nada más y nada
menos que pronunciamientos específicos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que son insoslayables para cualquiera que aborde el tema.
En el fallo Argentino Ríos del 31 de julio de 1987 (Fallos C.S.J.N., t. 310, p.
1510) la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazando objeciones formales
del entonces Procurador General de la Nación a la intervención de la FIA en
causas penales, admitió la asunción del ejercicio directo de la acción pública
por parte de la FIA cualquiera sea el estado en que se encuentre la causa y aun
cuando paralelamente actuara el representante del Ministerio Público, y más aun:
inclusive admitió la posibilidad de contradicciones entre ambos sin que ello
constituyera un escándalo jurídico. Allí se sostuvo que “el mentado cargo de
Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas refleja, al margen de las
falencias e imperfecciones del régimen jurídico que lo rige, la intención de
incorporar a las instituciones nacionales un funcionario que defienda los
intereses individuales y sociales al modo del ‘ombudsman’ establecido en
numerosas legislaciones extranjeras. No cabe que tales funciones, de por sí
coadyuvantes para una buena administración de justicia, sean enervadas por una
crítica formalista ajena a tales valores de fondo”.
Aun los jueces que en esa ocasión votaron en disidencia reconocieron que en la
FIA confluían facultades referentes a la promoción de la conducta administrativa
de los agentes de la administración pública nacional con otras de naturaleza
judicial propias del Ministerio Público, “cuales son las relativas a preparar y
promover la acción pública...”.
A su vez, en el precedente Cacciatore del 26 de abril de 1988 (Fallos C.S.J.N.,
t. 311, p. 593), la Suprema Corte se adhirió a lo dictaminado por el Procurador
Fiscal ante la Corte Suprema, quien ratificó el criterio sentado en Ríos,
aceptando la coexistencia de los fiscales del Ministerio Público y de la FIA aun
cuando se admitiera en cabeza de ésta el ejercicio de la acción pública y aun
cuando en un mismo asunto los representantes de ambas instituciones sustentasen
criterios diversos.
Más allá de la posibilidad de aplicar actualmente la doctrina que emerge de esos
precedentes a raíz de la regulación instaurada por la ley 24.946, no parece
razonable que ni siquiera se los haya mencionado en la resolución 147/08 cuando
se trataba de analizar los antecedentes de actuación judicial de la FIA, máxime
si lo que supuestamente se pretendía era realizar “una detenida reseña histórica
del organismo” (conf. Circular citada).
Tampoco advertimos razones para que se efectuara la mención de sólo algunos de
los proyectos de reforma de la FIA, ignorando el arduo debate que se suscitó a
partir de 1999 cuando se creó la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Poder
Ejecutivo Nacional, cuya superposición con la FIA fue objeto de discusiones
entre juristas, congresistas y el público en general (reflejadas por diversos
medios de la época: vg. La Nación del 29 de octubre de 2000: “Reducirán
facultades de la Oficina Anticorrupción”).
Sobre el punto cabe hacer referencia al dictamen vertido por el Procurador
Fiscal Subrogante en los autos “Gostanian, A., s. Recurso Extraordinario”, quien
–seguido por la Corte Suprema en el fallo del 30 de mayo de 2006- abordó algunas
de las cuestiones emergentes de la aludida superposición, refiriéndose
expresamente al ejercicio de la acción penal por parte de la FIA.
También cabe tener presente el proyecto de reforma legislativa promovido por el
entonces Procurador General de la Nación, Dr. Nicolás Becerra, ante la Cámara de
Senadores de la Nación con fecha 31 de octubre de 2000. Allí claramente se
identifica y se destaca el rol anticorrupción de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, al extremo de proponer la absorción por ésta de la Dirección de
Investigaciones de la Oficina Anticorrupción por considerar que ese rol debía
ser exclusivo.
Esta discusión contemporánea, ineludible para analizar aquello que estaba en
juego, fue ignorada absolutamente en la resolución 147, que paradójicamente
termina consagrando una situación en la que la Oficina Anticorrupción del Poder
Ejecutivo termina teniendo –independientemente de que las ejerza o no- mayores
facultades que la FIA, dada su facultad de querellar y –por lo tanto- de
intervenir en las causas por hechos de corrupción yendo más allá de la mera
consulta del expediente a la que la Resolución 147 reduce la “intervención
necesaria” consagrada por la ley.
En la Resolución 147 no se advierte, por otro lado, un análisis exhaustivo de la
doctrina existente sobre la cuestión, ya que, por ejemplo, se citan artículos
sólo parcialmente, como ocurre con el del Dr. Canda, sin referir ni confrontar
su interpretación amplia sobre las competencias de la FIA, por ejemplo respecto
del sentido de la notificación del artículo 48 de la ley. Éste sostiene, por
ejemplo, –en contra claramente de lo sostenido por el Procurador General- que
“la intervención de la FIA se funda no sólo en el hecho de que aquella ha
efectuado la investigación que derivara en la denuncia penal, sino, también, en
su calidad de órgano del Ministerio Público especializado en el estudio de las
conductas administrativas, tanto desde el punto de vista administrativo
disciplinario como desde el ángulo de los delitos contra la administración
pública” (Canda, F., La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Control de
la Administración Pública-Administrativo, legislativo y judicial, Jornadas
Austral, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2003, ps. 681 y ss.).
Ni qué decir del deliberado silencio acerca del derecho internacional vigente
sobre la cuestión, que específicamente era aplicable a la FIA, de tal suerte que
resoluciones de la Procuración General de la Nación de otras épocas, también
omitidas en la parcial reseña histórica, se hacían eco de aquellas normas cuando
se referían a la FIA.
Así ocurrió, por ejemplo, con la Resolución del entonces Procurador General de
la Nación, Dr. Nicolás Becerra, Nro. 112 del 22 de noviembre de 2003, que adopta
un criterio que claramente colisiona con el que ahora se ha venido a imponer.
Tal Resolución ni siquiera se menciona, obviamente, por su manifiesta
contradicción con la nueva exégesis que se adopta e impone.
La propia Procuración General de la Nación, durante la gestión del Dr. Righi, en
un documento oficial bilingüe español-inglés prologado por el Sr. Procurador
General de la Nación con el obvio objetivo de difundir en todo el orbe
información pública sobre la institución y que es utilizado como documento por
el Estado argentino en los múltiples foros y evaluaciones internacionales en
materia de gobernabilidad, titulado “Apuntes sobre el sistema judicial y el
Ministerio Público Fiscal”, señala en su página 24 respecto de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas: “En los últimos años, como consecuencia de la
designación de un nuevo titular del organismo fueron efectuadas importantes
modificaciones tendientes a modernizar la gestión del organismo. Para alcanzar
este cometido, inicialmente se realizó un diagnóstico de la Fiscalía y, con el
objeto de optimizar y hacer más transparente su gestión, se solicitó la opinión
de organizaciones de la sociedad civil. La actividad de diagnóstico tuvo por
objeto posicionar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como el
órgano especializado, independiente y capacitado del Ministerio Público para la
investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, particularmente
aquellos que configuran el fenómeno de la corrupción. En este sentido, la FIA
constituye uno de los principales vehículos del Estado Nacional para dar
cumplimiento al compromiso asumido por nuestro país al suscribir la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo 36 establece que
‘Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o
personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación
coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la
independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones
con eficacia y sin presiones indebidas’”.
Así lo ha alegado la República Argentina al sostener su adecuación a sus
obligaciones internacionales, tal como surge expresamente –por ejemplo- de los
considerandos 98, 99 y 100 del reciente Informe de Evaluación de la República
Argentina en el marco de la Fase 2 de seguimiento de la implementación de la
Convención de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en
las Transacciones Comerciales Internacionales, donde se dice claramente que la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas es una agencia especializada del
Ministerio Público con jurisdicción en todo el país para casos de corrupción de
funcionarios públicos nacionales o casos en los que se hallen afectados fondos
del Estado.
No comparto tampoco la entronización de supuestos conceptos jurídicos que la
Resolución 147 hace suyos, presuponiendo algo así como esencias o naturalezas en
lo que denomina, sin asidero normativo alguno, “fiscalía penal temática” y
“fiscalía de investigaciones administrativas”, desprendiendo conclusiones de
esas esencias supuestamente diferentes que son antojadizas y que se desprenden
de palabras sin referencia semántica alguna. Palabras desprovistas de todo
significado, como bien desenmascaró Alf Ross en Tû – Tû (Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1976).
Otro tanto puede decirse de la calificación de “subproducto” (¿por qué no al
menos “producto”?) que se atribuye a la actuación judicial de la FIA,
conceptualización alambicada que oscurece la sencillez y lógica de la actuación
de la FIA: investigar hechos que pueden generar ora responsabilidad
disciplinaria ora responsabilidad penal, o generalmente ambas a la vez.
La visualización de la FIA como una “oficina de investigaciones administrativas”
y su desvinculación de la investigación de la corrupción no toma en cuenta que
si bien al momento de la creación de la FIA no se había desarrollado en
profundidad ese concepto con el sentido técnico que hoy se le atribuye en el
mundo entero, el propio decreto ley original 5668/62, citado por el Procurador
aunque leído a medias, decía expresamente en su primer párrafo de “Visto”, que
el fundamento de la creación de lo que luego fue la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas se basaba en la existencia de hechos “que revelarían una
extendida corrupción administrativa” (conf. B.O. 28/VI/62).
Se ha ignorado, asimismo, que la competencia de la FIA se extiende también a
toda institución o asociación que reciba aportes estatales en lo que hace al
manejo de tales recursos, circunstancia característica del fenómeno de la
corrupción y que excede notoriamente el ámbito de las llamadas conductas
administrativas.
Una vez más, la norma fluye y desborda el ceñido cartabón impuesto por el Sr.
Procurador General en su interpretación obligatoria.
La afirmación de que el cometido principal de la FIA es promover la
investigación de posibles faltas disciplinarias de índole administrativo no se
ajusta a tales extremos y tampoco a la historia del organismo, cuyo sentido no
fue precisamente la investigación de cuadros medios y bajos de la administración
pública.
El reduccionismo imperante en la Resolución 147 no toma tampoco en cuenta la
doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que sostiene que la conducta
de los denominados funcionarios políticos no es pasible de ser investigada a la
luz del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (Dictámenes, 194:171), ni
toma nota de la vigencia desde hace diez años del dictamen de la Procuración del
Tesoro de la Nación 190/99, que ha venido excluyendo a la FIA de la actuación
como parte acusadora de los sumarios administrativos que no hubieren sido
promovidos por ella, pese a la expresa previsión del Reglamento de
Investigaciones Administrativas –decreto 467/99-, que tampoco es mencionado en
la Resolución del Sr. Procurador General.
La mención de la cuestión como algo solucionado por el Reglamento Interno de la
FIA es una muestra más del autismo institucional que campea en la resolución
mencionada, que es refractaria a todo dato de la realidad, ¡¡¡conduciendo a la
paradoja de confinar a la FIA al desempeño de una función que en la realidad se
le niega desde hace diez años!!! (pese al casi estéril esfuerzo que he puesto en
los últimos cinco para revertir la cuestión en los ámbitos parlamentario,
judicial y del Poder Ejecutivo Nacional).
Tampoco es razonable afirmar que el legislador optó por la organización del
Ministerio Fiscal por instancia, fuero y territorio, porque –precisamente- la
FIA es la excepción a tales criterios generales, que el mismo legislador ha
introducido expresamente.
No menos sorprendente, más allá de la discusión teórica propia del derecho
procesal civil, es la referencia que se efectúa en la Resolución 147/08 a la
posibilidad de que la intervención de la FIA en los trámites relativos a medidas
cautelares pueda afectar la estrategia del fiscal de turno, utilizándose como
ejemplo la excarcelación pero sin decir una sola palabra sobre lo que en verdad
se estaba planteando: una medida cautelar que impidiera la ejecución de un
presunto delito en vías de concreción a través de la firma de un contrato. No
podemos avizorar en qué medida tolerar la ejecución de un delito y la obtención
de los beneficios provenientes del mismo puedan caber en lo que el Sr.
Procurador General de la Nación considera una “estrategia procesal”.
Llama también poderosamente la atención la referencia que efectúa la Resolución
147/08 a la suficiencia de recursos humanos y materiales que a criterio del Sr.
Procurador General de la Nación tendría la FIA, extremo que no condice con los
pedidos de cambio de inmueble y de incremento de personal que he efectuado a la
Procuración y que -salvo algunas mejoras importantes pero insuficientes- fueron
en general insatisfechos, manteniéndose la situación de precariedad que aqueja
al organismo desde hace años, sin que pueda sostenerse seriamente lo afirmado,
que colijo hace referencia indirecta a la práctica del Sr. Procurador General de
utilizar esta FIA como un reservorio de aquellos empleados y funcionarios
desplazados de la Procuración General en sucesivas purgas, sin transferir, sin
embargo, los cargos que ocupan.
Cualquier profesional que haya visitado la FIA en estos años –el Sr. Procurador
General de la Nación lo hizo una vez al inicio de su gestión - no dejará de
estar sorprendido por la citada afirmación.
Comprendo, sin embargo, que la lejanía con el lugar en que se halla emplazada la
FIA haya tornado también impreciso el cargo del suscripto, que esta resolución
–como otras anteriores- confunde con el de “Fiscal General”.
Lo mismo cabe decir de la desorientación exhibida en la actual página web del
Ministerio Público de la Nación –reformulada totalmente en el mes de diciembre
próximo pasado-, que dentro del organigrama ubica a la FIA como una fiscalía no
penal ¡de la jurisdicción de la Capital Federal!
Lamentablemente, el daño producido a las competencias de la FIA, a la lucha
anticorrupción en general y al desvaído récord de la República Argentina en esta
materia también ha implicado un daño a la reputación del Señor Procurador
General, mas no por la difusión pública de sus actos sino por tales actos en sí,
a los que he sido absolutamente ajeno. Como dijera alguna vez el profesor Raúl
Zaffaroni en una más que gráfica frase al referirse a la necesidad de preservar
a rajatabla ciertas reglas de juego democráticas e institucionales más allá de
las conveniencias y la distribución de fuerzas ocasionales: “No hay que tocar el
hacha porque corta”.
La Resolución 147/08 implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que
encaré hace 5 años: el impulso de investigaciones preliminares, pero su
seguimiento activo y en cierta manera agresivo para que los casos judiciales no
se diluyeran con el paso del tiempo, extremo que constituye el principal
problema en esta materia; y el impulso de causas judiciales relevantes –pese a
no haber sido originadas por la FIA, lo que era obvio dada la parálisis a la que
estuvo sometido el organismo en la década de los 90 y que se reflejaba en un
número insignificante de denuncias durante más de una década-, tratando de
darles un impulso adicional sobre la base de la experticia y capacidades propias
y exclusivas del organismo.
Esos ejes habían sido anticipados por mí en el concurso público que se
desarrolló para cubrir el cargo que finalmente tuve el honor de ocupar, ya que
precisamente en la evaluación oral expuse sobre la relación entre la FIA y los
fiscales de turno.
Mi compromiso en la lucha contra la corrupción tampoco era desconocido en el
momento de mi designación, al extremo de haberse elogiado mi selección y tales
antecedentes en el Global Corruption Report 2005 de Transparencia Internacional
(en el informe correspondiente a Argentina, pag. 96)
Nada se objetó en aquél momento y las decisiones de la Procuración General,
hasta ahora, habían apoyado esa línea de trabajo, en la que siempre me sentí
respaldado por los dos Procuradores con los que me tocó desempeñarme, no
habiendo sufrido de parte de ellos intromisión ni presiones indebidas respecto
de las investigaciones o causas en curso, más allá de la pasividad exhibida en
ocasión de los recortes a las facultades de investigación concretadas por la
AFIP respecto del acceso a las declaraciones impositivas, por el Ministerio de
Justicia respecto de los anexos reservados de las declaraciones juradas
integrales patrimoniales y por la mayoría de los auditores de la AGN –en un
proceder notoriamente irregular- respecto de la posibilidad de acceder a los
documentos de trabajo de las auditorías y a los nombres de los auditores con el
objeto de tomarles declaración testimonial.
En esa línea, asimismo, habíamos logrado el reconocimiento de los tribunales
–con mayor o menor alcance pero siempre con mayor generosidad que la Resolución
147 de la PGN-, encaré tareas de capacitación y de reciclaje del organismo con
el apoyo del Banco Mundial que contaron oportunamente con el visto bueno de la
Procuración General de la Nación, dotamos de transparencia a su funcionamiento a
través de diversas iniciativas que incluyeron la activación de una página web y
fundamos el Foro Nacional de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y
Oficinas Anticorrupción.
El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar deja mi gestión al garete,
condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no condice con las
capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes, especialmente en
lo que hace al cuerpo de contadores auditores, que es un ejemplo de pericia,
compromiso y trabajo, y al número de fiscales que en ella se desempeñan.
Se ha ocasionado, además, una lesión al lugar simbólico de la FIA como órgano
anticorrupción, que resentirá también, sin dudas, el desarrollo futuro de
investigaciones preliminares.
La resolución 147 ha implicado pisotear el trabajo desarrollado por el suscripto
en estos cinco años y retrotrae la situación del organismo al letargo
preexistente a mi gestión (bien descrito por Verbitsky, H., en su libro “Hacer
la Corte”, Planeta, Buenos Aires, 1993, ps. 99/106), receso institucional,
molicie y virtual complicidad a los que no he de plegarme.
También se ha consagrado un cambio de términos de referencia para mi cargo, dado
que ya no tendrá la misma relevancia para el desempeño de la función la
experiencia judicial en materia penal que he ido adquiriendo a través de los
años y que es el fruto de mi vocación.
Por otro lado, entiendo que las falencias en el diseño y la conformación del
organismo y de su regulación, que he debido sobrellevar con gran esfuerzo en
estos 5 años, -tal como manifesté públicamente- deben ser objeto de un reexamen
en el ámbito del Congreso Nacional. No deseo que ese necesario debate, en el que
se hallan en juego instituciones fundamentales de la República, se confunda con
una discusión acerca de las virtudes y defectos de una persona, en este caso del
suscripto.
Tampoco sería conveniente que la amplia discusión que se halla pendiente –y que
tarde o temprano seguramente tendrá lugar- se contamine siquiera con la sospecha
de que deseo acumular poderes que no me corresponden o con la idea de que podría
estar en busca de figuración personal, como burdamente plantea el propio
Procurador General de la Nación en las resoluciones del 1 y del 3 de diciembre
de 2008, en las que intenta borrar con el codo lo que había escrito con la mano
(dictadas en las causas “Marx, Daniel s. enriquecimiento ilícito” y “Amadeo,
Eduardo y otros s/defraudación por administración fraudulenta”), en las que
olvida que alcé la voz sólo cuando estaban en juego las competencias de la FIA y
no cuestiones personales, que en estos años hubo muchas y que sistemáticamente
callé, como el penoso episodio en que el Sr. Procurador trató vanamente de
convencer a representantes de la Fundación Poder Ciudadano para que retiraran
una propuesta para integrar un consejo asesor, la que el suscripto ni siquiera
había solicitado, en lugar de autorizarme o no en el expediente que se había
formado al efecto, cuestión que -por cierto- se halla pendiente desde hace casi
un año.
El lustro que termina, sumado a las particulares circunstancias que han
acompañado su conclusión, me llevan a dar un paso al costado, deseando
fervientemente que ello contribuya a una discusión franca y desinhibida acerca
de las funciones y competencias adecuadas de los órganos de control necesarios
en un sistema democrático y del desempeño del sistema judicial en la materia, ya
que la situación actual es deficiente e ineficaz, circunstancias que no pueden
ser suplidas solamente por el compromiso y el esfuerzo de algunas personas, como
ocurrió en la FIA en estos cinco años, en los que con mi equipo –al que estoy
profundamente agradecido por su incansable e indispensable labor- tratamos de
sobreponernos con éxito diverso a infinitas dificultades, tropiezos,
zancadillas, inenarrables resistencias, deficiencias normativas y estructurales
Estas cuestiones adquieren especial importancia cuando la República Argentina
acaba de cumplir veinticinco años continuados de democracia y, claramente, la
lucha contra la corrupción es una de las más graves asignaturas pendientes.
Está claro que la corrupción es un fenómeno que se da en mayor o menor medida en
todos los países, pero lamentablemente el nuestro se destaca por la impunidad
casi absoluta de ese fenómeno y la falta de decisión y seriedad para hacerle
frente.
En la medida en que no se comprenda y se asuma que la corrupción y su impunidad
impactan en la vigencia de los derechos humanos –tal como ha puesto de
manifiesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, Informe sobre
Paraguay, año 2001)- y en la calidad del sistema democrático, exhibiendo sin
pudor la desigualdad social de un sistema penal que castiga impiadosamente a los
pobres y a los marginales que son generalmente víctimas de la corrupción, pero
que es cortés e impotente ante poderosos y corruptos, no será posible respetar
el papel de los órganos de control y optimizar su funcionamiento y competencias.
Resuenan en mi mente las palabras vertidas hace casi ya cien años por el
destacado jurista y político brasileño Rui Barbosa ante el Senado de su país:
“De tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de
tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de
los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a
tener vergüenza de ser honesto”.
La deliberación necesaria que se halla pendiente trasciende -como manifesté
también públicamente- a quienes ocasionalmente ocupen el Gobierno y la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas.
También trasciende la campaña electoral que se avecina, en cuyo marco no deseo
quedar envuelto, toda vez que mi trabajo siempre estuvo al margen de intereses
políticos contingentes y respondió siempre a la idea de que la política
anticorrupción se trata de una política de Estado –horizontal a todos los
partidos políticos- que debe mantenerse y profundizarse en el futuro.
Lamentando el indeseado protagonismo que me ha sido asignado en el último de los
episodios traumáticos que han caracterizado a la historia institucional de la
FIA, pido disculpas a la ciudadanía por los errores que seguramente he cometido
y por no poder superar ya más este cansancio de correr en dirección contraria.
Saludo a Ud. con el respeto y consideración de siempre.
Firmado: Carlos Manuel Garrido
os jubilados y pensionados que, aun contra su expresa voluntad, han sido sometidos a la monopólica tutela de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) parecen estar condenados a tener que asistir, indefensos y sin derecho a objeción alguna, al manejo imprudente de los aportes que hicieron durante su trayectoria laboral, con la esperanza de poder vivir dignamente, llegado el momento de retirarse de las actividades productivas.
En su informe ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, el titular de la Anses, Diego Bossio, se preocupó por tratar de refutar las dudas generadas por el incierto destino de los fondos previsionales manejados por ese órgano gubernamental. Más de un analista sospecha que las inversiones realizadas por la Anses, consistentes, entre otras, en préstamos al Estado y a empresas en dificultades, no le aseguran un futuro promisorio al régimen previsional vigente.
El funcionario admitió que la Anses maneja en estos momentos alrededor de 120.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 22,29 por ciento respecto de los recursos disponibles al 5 de diciembre último. De ellos, reconoció que 1787 millones fueron destinados "a financiar al sector público" y agregó que en el caso de las inversiones en el sector privado se consideran "la rentabilidad social y la capacidad productiva y de generación de empleo, cuidando los avales de las inversiones".
Es obvio que la masa de los jubilados y, asimismo, por lo menos algunos de los legisladores que asistieron a la presentación del informe, ignoran cuál es la definición y naturaleza de la citada "rentabilidad social". Tampoco queda en claro por qué en lugar de que esos fondos les aseguren su futura calidad de vida, mediante el incremento de los reintegros previsionales mensuales, los jubilados deben asistir, sin voz ni voto, a los manejos que de ellos hacen los funcionarios del Estado. Se trata de otra indebida postergación, que ha venido a sumarse al incautamiento compulsivo de los recursos previsionales depositados en las fenecidas AFJP, apoderamiento que ni siquiera respetó los seguros previsionales de retiro -contratos entre partes- ni los ahorros voluntarios de quienes aspiraban a mejorar sus haberes jubilatorios futuros.
También siguen pendientes otras explicaciones. Todavía se le siguen adeudando a la opinión pública los términos de la fórmula utilizada para determinar "bajo normas y criterios muy claros", según la interpretación del administrador de la Anses, los aumentos semestrales de las jubilaciones y cómo fueron pagadas las misivas remitidas, pocos días antes de las recientes elecciones, a cada jubilado para que votara al oficialismo.
Para el titular de la Anses, el trueque del sistema previsional mixto por el estatal generó una positiva "solidaridad intergeneracional". Cabría señalar que el término "solidaridad" implica cuestiones trascendentales que no deben ser asumidas a la ligera y mucho menos encaradas haciendo uso indiscriminado de los aportes controlados por la Anses.
A todo esto hay que agregar el incumplimiento por parte de la Anses de sentencias judiciales en juicios que se prolongaron durante años, consumiendo un tiempo que a los jubilados no les sobra.
Daría la impresión, pues, de que los funcionarios han interpretado a su conveniencia la denominación genérica de clase pasiva que distingue a los jubilados. Y actúan en consecuencia, imponiéndoles sus criterios y su voluntad, sin siquiera tomar nota de las opiniones en contrario, lo cual significa desentenderse del porvenir de quienes, por la fuerza, han tenido que resignarse a dejarlo en manos de un Estado irresponsable y dispendioso, sobre todo si se trata de favorecer a los amigos del poder.
20090308 LN La soja se mira y no se toca por Néstor O. Scibona
………..La preocupación de la residencia de Olivos es la caja y maquillar las estadísticas para que se parezcan más a sus deseos que a la realidad ……
El programa económico de los Kirchner se basa en los dos pilares fundamentales de la mayoría de los planes populistas y decadentes que peronistas, militares y radicales aplicaron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El primero es la protección de la industria nacional, adoptada como filosofía de vida a partir de la teoría Prebisch-Singer de principios de la década de 1950 (60 años atrás). Para maximizar la protección efectiva a la industria, la Argentina tiene los altos aranceles a la importación de productos finales que fijó el Mercosur; los muy bajos para la importación de insumos; las suspensiones de licencias automáticas de importación; resurrección de las licencias no automáticas; la aplicación de valores criterio; los mecanismos de acción competitiva de Lavagna; la infinidad de medidas de salvaguardias; cupos a la importación, y los derechos antidumping que hoy crecen como hongos y ya tienen niveles alucinantes.
El cavernícola proteccionismo industrial que los Kirchner aplican, continúa por el lado de las exportaciones agropecuarias con altísimos niveles de retenciones; prohibiciones para exportar; cierres de los registros de exportación; destrucción del Mercado de Haciendo de Liniers y el Concentrador de Frutas y Verduras; un precio fijado por el secretario Guillermo Moreno para el tambero; otro distinto para la industria láctea; el encaje productivo y el límite a la faena de ganado vacuno. Todo para que los salarios reales sean altos, la industria haga el mínimo esfuerzo para pagarlos, gane mucho dinero y se desarrolle. El broche final del proteccionismo "desarrollista" del Gobierno son las retenciones a las exportaciones de petróleo.
Son desastrosas las consecuencias de lo que el Gobierno ha hecho con la producción primaria. Cae la producción de carne; nos comemos el stock de capital porque cada vez se faenan más hembras. Lo mismo ocurre con la producción de petróleo, gas, trigo (de 16 millones a 8,2 millones de toneladas en esta campaña), maíz (de 22 millones a 14 millones de toneladas en esta campaña) y de muchos productos lácteos (había 15.000 tambos en 2002 y hoy hay sólo 10.000).
El segundo pilar es la redistribución del fruto del crecimiento logrado con la "defensa de la industria nacional", mediante un Estado gigantesco. Hoy el gasto público es de un récord histórico. Del 33% del PBI durante 60 años, aumentó $ 250.000 millones en 6 años y se financia con una presión impositiva del 50% del PBI sobre el sector blanco.
A pesar de un aumento impresionante de la recaudación de $ 260.000 millones desde 2003 (fruto de la creación de nuevos impuestos y de un crecimiento económico del 50%) y de una reestructuración salvaje de la deuda pública en 2005 que logró una quita de US$ 63.700 millones de valor presente (40%), la política fiscal del Gobierno ha sido tan irresponsable que hoy tiene que rascar hasta el fondo del tarro todos los meses para no defaultear la deuda pública.
¿Puede haber generado este mamarracho un crecimiento económico espectacular como el de los últimos seis años?
Poco y nada. Eduardo Duhalde, después de haber fundido la provincia de Buenos Aires y su banco en su paso por la gobernación durante los 90, se redimió tomando dos medidas clave en 2002 cuando era presidente: congeló el gasto público nominal en medio de una devaluación homérica y dejó de emitir moneda a pesar de que parecía que los bancos se caían por la corrida. Se evaporó la sensación de hiperinflación que había y así, la fuga de capitales que tuvo un máximo del 20% del PBI en el segundo trimestre de 2002, desapareció poco antes de que su ahijado Néstor llegara a la presidencia. La consecuencia fue una explosión de la demanda interna de consumo más inversión durante el período 2003-2008.
Otro impulso favorable equivalente al 20% del PBI que recibió nuestro gasto interno en el período, fue como consecuencia de la espectacular suba en los precios de nuestros productos de exportación debido a su vez al dólar barato en el mundo. Y hubo uno adicional del 5% del PBI por aumento en las cantidades exportadas por el histórico crecimiento que experimentaba la economía mundial (no tanto por el dólar caro argentino ni mucho menos por la política exportadora del Gobierno).
En total, el 45% del PBI (20%, más 20%, más 5%) de impacto favorable sobre nuestra demanda interna por cuestiones totalmente ajenas a la "genialidad" económica de los Kirchner (para explicar un crecimiento del PBI de 50% en el período).
En el presente, la economía argentina ya está en recesión porque por hacerse de caja, en marzo de 2008 el Gobierno comenzó una guerra contra el campo que provocó una fuga de capitales del 5% del PBI y en octubre del mismo año les robó los ahorros a los que pensaban jubilarse en una AFJP, hecho que disparó una salida de fondos del 15% del PBI.
En el medio, se derrumbaron los precios de nuestros precios de exportación porque el dólar comenzó a fortalecerse y, además, cayeron mucho las cantidades de ventas al exterior por la recesión generalizada. El impacto negativo sobre nuestra demanda interna fue del 5% del PBI y del 2% del PBI, respectivamente. Por las diferencias de magnitudes (20% versus 7%), es obvio que las cuestiones internas pesan más que las nubes negras que vienen de afuera.
Suena absurdo que la Presidenta, como hizo en la Asamblea Legislativa, exija a los argentinos y al Primer Mundo que respeten y apliquen su modelo, cuando fue un lastre para crecer en la etapa de vacas gordas y hoy es el culpable de nuestra recesión. Los países desarrollados tratan de salvar sus quebrados sistemas bancarios con intervenciones del Estado y nacionalizaciones limitadas y transitorias. Además, por ahora, están recurriendo poco al gasto público del tipo "hacer pozos y taparlos".
Es obvio que el Primer Mundo tendrá que hacer una grosera reforma financiera que limite los apalancamientos extravagantes, pero que respete lo que los hizo ricos: libre competencia, Estado mínimo o si es grande (Europa) que preste servicios, respeto a las instituciones y excelencia educativa.
En nuestro país, la intervención del Estado está destruyendo al sector exportador tradicional en aras de un desarrollo industrial arcaico, creando nuevos empresarios al calor de negocios corruptos con el Estado, enfermando a la sociedad de clientelismo y amiguismo, borrando cualquier atisbo de institucionalidad razonable y aumentando tanto el gasto público que si defaulteamos otra vez la deuda, nos convertiremos en indeseables habitantes del planeta Tierra que reestructuran sus pasivos dos veces en menos de un lustro
20090308 Un fallo que puede hacer historia. Por primera vez hizo lugar a las acciones de clase un proceso que beneficia las causas grupales y los reclamos similares. Por Diego Cabot
…………….Extenso ……
La Corte Suprema, en el caso Halabi, acaba de incorporar las acciones de clase, que no son un procedimiento judicial más sino un mecanismo procesal verdaderamente revolucionario para la Argentina.
La magnitud del paso que dio la Corte semanas atrás es similar al que dio, en 1957, cuando creó la acción de amparo: en esa época, sólo existía el hábeas corpus y, con motivo de la clausura de un diario de Mercedes, el alto tribunal dio un salto cualitativo e incorporó otro mecanismo procesal. Ahora, la Corte dio otro paso de una importancia singular, pero introdujo un mecanismo procesal mucho más complejo que dará lugar a muchas controversias y que puede ser usado para defender tanto intereses patrimoniales como no patrimoniales.
Como el tema es muy técnico, este aspecto del caso Halabi pasó inadvertido, excepto para los especialistas que conocen procedimientos constitucionales norteamericanos. Para comprenderlo con sencillez, una persona o unas pocas pueden presentar una demanda ante la Justicia, pero el fallo que dicte el juez no beneficiará sólo a ellas sino a cientos o miles, tal vez cientos de miles.
Por ejemplo, un grupo de cinco personas demanda a una empresa por daño (por ejemplo, cáncer) que les produce un producto determinado (cigarrillos, un combustible, etcétera), pero el fallo beneficia a todas las personas que están en la misma posición (todas las personas que tienen un derecho de la misma clase). Se entiende que las sumas en juego, en definitiva, son multimillonarias.
El mecanismo procesal es muy complejo y el juez al que se le presenta una acción de clase, para aceptar tramitar ese procedimiento, debe asegurarse que quien presenta la demanda está en condiciones técnicas de defender adecuadamente los intereses de un enorme grupo de personas y tiene respaldo económico para hacerlo.
El juez pedirá que se notifique a cientos o miles de personas –a las que se le aplicará el fallo– y, por lo tanto, evalúa la calidad jurídica de la demanda (para ver si los demandantes defienden adecuadamente los intereses de todas las personas que no están en la demanda) y, también, la calidad y solvencia económica del estudio jurídico que la patrocina. Por ahora, la Corte argentina dio sólo el primer paso. En el fallo le recordó al Congreso que no dictó la ley respectiva y establece algunos requisitos para considerar admisible la clase.
Así, ahora, en la Argentina, habrá tres mecanismos especiales para demandar: el amparo, en el que una persona demanda en defensa de un interés propio; el amparo colectivo, en el que una persona, una asociación demanda en defensa de un interés colectivo, indivisible y el proceso colectivo (como la Corte llama a las acciones de clase), en la que una persona o una asociación o un grupo de personas demanda en defensa de un derecho individual, pero donde todas las personas que tienen el mismo derecho pueden beneficiarse con la sentencia del caso.
Washington, los líderes de la Asociación de Ganaderos de EE.UU. criticaron ayer a la Argentina
Silvia Pisani
WASHINGTON.- Empezó la guerra de cowboys contra gauchos: ganaderos de los Estados Unidos se sumaron ayer a los tenedores de bonos impagos de la deuda externa argentina en un curiosa asociación contra la "irresponsabilidad" del Gobierno, que, por un lado, "elude" el pago de su deuda externa, y por el otro, no vacila en "contagiar" enfermedades con sus exportaciones de carne.
"Nosotros respetamos a los productores agrícolas argentinos. Son buena gente, que trabaja bien. Pero no queremos su carne aquí porque puede contagiar a nuestro ganado. Y creemos además que su gobierno debe ser castigado por lo que ha hecho al ignorar el pago de su deuda. Es gente en la que no se puede confiar", dijo Doug Zalesky, presidente de la poderosa Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA, por sus siglas en inglés).
Con sus sombreros de cowboys, los productores se asociaron ayer con la American Task Force Argentina, ATFA -la asociación de tenedores de bonos "defaulteados"-, para encarar juntos una fuerte presión en el Congreso que imprima a la Argentina una sanción por su incumplimiento de la deuda externa.
¿Qué tiene que ver la producción agraria con el pago de la deuda?, fue la pregunta obligada.
La protesta tiene respuesta para todo. "El incumplimiento de deuda argentina creó una ventaja comercial injusta para los productores agrícolas del país. Y es hora de que los estancieros estadounidenses cuenten con la ayuda de su gobierno para lograr un campo de juego equitativo", dijo el director ejecutivo de la ATFA, Robert Raben.
"Los intereses agrícolas de los Estados Unidos, incluida la USCA, deberían tener alguna protección frente a la manipulación argentina del mercado. El Congreso puede proporcionar esa ayuda presentando la ley de responsabilidad de Estados extranjeros que evaden sentencias", propuso. De ser sancionada, esa ley impediría a la Argentina acceder a los mercados de capitales de los Estados Unidos.
Los granjeros de los Estados Unidos creen totalmente válida su asociación con el reclamo de los tenedores de bonos en default.
"La deuda de la Argentina es un asunto de mucha relevancia porque, como sucede con muchos intereses agrícolas de Estados Unidos, estamos preocupados por las injustas ventajas comerciales que les otorga a los agricultores argentinos", dijo el ruralista Zalevsky.
"Lo que estamos haciendo es presionar al Congreso de los Estados Unidos para que actúe ahora y detenga las irresponsables prácticas económicas de la Argentina", dijo.
Promesa de Timerman
· En un encuentro promovido ayer por la Cancillería, el embajador en Estados Unidos, Héctor Timerman, dijo a empresarios del sector cárnico que confía en la reapertura gradual de las exportaciones argentinas de carne a ese país y estimó que se produciría a fin de año o en 2010
La crisis / Contactos reservados con acreedores
Crisis en organismos de control / Acefalía en la fiscalía de investigaciones administrativas
Manuel Garrido, autor de algunas de las más importantes denuncias de corrupción contra funcionarios kirchneristas, renunció ayer como fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y atribuyó la decisión al "recorte de facultades" dispuesto en noviembre por el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
En un texto de 21 páginas dirigido al jefe de los fiscales, Garrido criticó en duros términos la resolución que acotó la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas judiciales, expuso las limitaciones que sufre el organismo, se quejó por el escaso avance de los expedientes sobre corrupción y llamó a discutir el papel de los organismos de control en el sistema democrático.
"El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar –dijo en referencia a la resolución de Righi– deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes."
En la Procuración, la renuncia provocó conmoción y disparó críticas. Altas fuentes del organismo descalificaron en duros términos al fiscal y negaron que la FIA haya sido limitada. Otras fuentes vinculadas con la Justicia creen ver en la decisión de Garrido un objetivo político. "Se quiere posicionar y esto le viene muy bien", dijeron.
Tras haber dirigido la Oficina Anticorrupción (OA), Garrido asumió la jefatura de la FIA en diciembre de 2003 y logró reactivar un organismo que había permanecido congelado durante más de una década. Lo designó Néstor Kirchner después de que superara un concurso y lograra la aprobación del Senado. El mismo proceso deberá atravesar su reemplazante. Fue tan fuerte el impacto que causaron la resolución de noviembre pasado y el posterior enfrentamiento público de Garrido con el procurador que, aunque tiene fecha de ayer, puede decirse que la renuncia comenzó a firmarse hace cinco meses.
Por medio de la resolución 147/08, Righi hizo una interpretación estricta del concepto de "intervención necesaria" que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA. Como consecuencia de ello, Garrido sólo quedó habilitado para participar de causas que se hubieran iniciado por una denuncia de él, siempre y cuando el fiscal del caso hubiera decidido no seguir adelante con la investigación.
El procurador negó que se le hubieran recortado facultades a Garrido y sostuvo que sólo se había puesto fin "a una situación inadmisible", ocasionada por "una interpretación antojadiza" de la ley, que establece que el rol principal de la fiscalía es la "investigación administrativa" de los funcionarios y no la intervención en las causas judiciales. "La costumbre de siempre de Garrido fue ir a los medios antes que a la institución. Seguirá usando esto como una campaña de publicidad personal", dijo anoche una fuente de la Procuración.
En los hechos, la resolución impidió que Garrido continuara interviniendo en causas en las que había tenido un papel importante, como el expediente sobre irregularidades en la elaboración de las estadísticas del Indec y el pago de sobornos de la empresa sueca Skanska.
"La resolución 147/08 implica una notoria limitación a los ejes de la gestión que encaré hace cinco años: el impulso de investigaciones preliminares, pero su seguimiento activo y en cierta manera agresivo para que los casos judiciales no se diluyeran con el paso del tiempo", dice el texto de renuncia, firmado cerca de las 17, en una oficina del 5° piso del edificio de la FIA, en la zona de Once. El clima era de resignación y de bronca.
Las trabas
A la limitación para participar de causas judiciales hay que agregar las dificultades que sufría Garrido para llevar adelante investigaciones prejudiciales. En los últimos años, la AFIP había limitado el acceso de los fiscales a los datos impositivos de los contribuyentes y la OA había dispuesto que sólo entregaría los anexos reservados de las declaraciones juradas de los funcionarios ante el pedido de un juez. A fines del años pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) le negó documentación sobre una investigación contra el Gobierno.
En su renuncia, Garrido explicó que había retrasado la decisión para evaluar las consecuencias de la resolución de Righi, para finalizar su tarea como presidente de un jurado en un concurso del Ministerio Público y para cerrar algunas investigaciones que estaban en su etapa final y que llegaron a la Justicia en los últimos meses. En ese grupo figuran una denuncia por posibles sobreprecios en un tendido eléctrico en la Patagonia, otra por presuntos pagos de sobornos por parte de empresas contratistas del Estado, otra sobre un pago irregular del Ministerio de Economía y otra contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
La decisión generó gestos de solidaridad de dirigentes de la oposición, como Juan Carlos Morán, Adrián Pérez (Coalición Cívica) y Ernesto Sanz (UCR), y de organizaciones civiles, como Poder Ciudadano.
En contra de los rumores que le auguraban un futuro como candidato opositor, Garrido tiene otros planes: viajará al exterior para terminar su tesis de doctorado acerca de la "corrupción judicial". Dice que lo esperan años lejos de la mirada pública.
Sus denuncias
· El Indec. Garrido presentó una denuncia detallada sobre la manipulación de estadísticas oficiales. Pidió que fuera indagado Guillermo Moreno.
· El patrimonio de Kirchner. Presentó una apelación al cierre de la causa en la que se investiga el incremento de los bienes del matrimonio presidencial.
· Aeropuertos. La Fiscalía se opuso a la renovación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000, de Eduardo Eurnekian, alegando irregularidades en la concesión. Su opinión no fue tenida en cuenta y causó malestar en el Gobierno. Por ese caso se decide el primer recorte de sus facultades.
· Skanska. Se opuso al descarte de las grabaciones como prueba de las coimas.
· Publicidad oficial. Denunció al secretario de Medios, Enrique Albistur, por el reparto discrecional de la pauta estatal.
· Obras en Santa Cruz. Participó de la investigación de supuestos sobreprecios en la ampliación del tendido eléctrico en el Sur, a cargo de la empresa Electroingeniería. En esa causa, le impidieron acceder a datos de la Auditoría General de la Nación.
El Gobierno, sorprendido por la decisión
· El gobierno de Cristina Kirchner reaccionó con sorpresa ante la decisión del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, de renunciar a su cargo impulsado por sus diferencias con la Procuración General. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, se enteró de la salida de Garrido por medio de los portales de noticias, según supo La Nacion de fuentes oficiales. Lo mismo le sucedió al jefe de Gabinete, Sergio Massa. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, no hizo comentarios públicos y sus voceros dijeron desconocer su interpretación de la salida de Garrido.
Presidenta; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y banqueros, el año pasado, cuando se presentó una propuesta para los holdouts Foto: Archivo
En silencio, los bonistas extranjeros más duros agrupados en los fondos buitre iniciaron con el Gobierno una negociación por la deuda que sigue en default y sugirieron que el país arreglara con los abogados que iniciaron juicios en lugar de con los bancos que ya venían conversando sobre esta cuestión desde 2008.
El puntapié inicial estuvo a cargo de ejecutivos del fondo Elliott, que participaron esta semana de una cena en Buenos Aires con importantes funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, según pudo saber LA NACION. En ese encuentro, los ejecutivos reiteraron que no están apurados por sellar un acuerdo porque son inversores de mediano plazo, pero puntearon alternativas para poder acercar posiciones.
Una de ellas consistió en sugerir que podrían sumar recursos para la estrategia de recompra de la deuda en default que le aconsejan reforzar al Gobierno; la otra fue describir cómo está dividido el "campo" de los acreedores que tienen juicios en contra del país en el exterior.
Más allá de los argumentos de los inversores, en el Gobierno creen que la crisis financiera global los hizo abandonar su postura absolutamente intransigente de conversar sobre cualquier solución.
Los fondos de inversión en realidad sugieren que ellos tienen voluntad de hablar hace bastante tiempo con alguien del Ejecutivo y que una de las trabas para acercarse ha sido el estudio jurídico que representa al país en Estados Unidos, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP por su presunto interés en estirar los litigios.
El acercamiento de Elliott, dirigido por Jay Newman, continuará con otros fondos duros: Aurelius, Dart y Blue Angel. De ese trío, el más conocido es el del multimillonario Kenneth Dart, que tuvo que huir y renunciar a la ciudadanía estadounidense por juicios de evasión de impuestos y adquirió la de Belice, con la intención de reingresar en territorio norteamericano como representante diplomático de ese pequeño país centroamericano.
Dart falló en el intento y concentró sus esfuerzos en los juicios contra países que habían ingresado en default y en mantener sus fábricas en varias naciones, como la que produce vasos plásticos en la Argentina, en Pilar, que lo deja más vulnerable que al resto para pelearse con el Gobierno.
Elliott y Dart aseguran que actúan en conjunto y que no están dispuestos a sumarse a la propuesta que los bancos Citi, Deutsche y Barclays le formularon al Gobierno en septiembre y que, luego de ser presentada por la presidenta Cristina Kirchner, comenzó a ser reformulada por el agravamiento de la crisis financiera mundial. Ese plan incluía la idea de que los hold outs que entraran en el nuevo canje aportaran "fondos frescos" a través de un nuevo bono por unos US$ 3000 millones. Por la iliquidez mundial, las expectativas oficiales se redujeron a un tercio de ese monto.
Distintos jugadores
Según fuentes del mercado, hay cuatro clases de jugadores a los que la Argentina se enfrenta para solucionar el problema de los US$ 20.000 millones (más intereses) que siguen en default desde fines de 2001:
-Los inversores minoristas, concentrados en los países europeos, que de todos modos fueron vendiendo sus bonos a los bancos de inversión.
-Los fondos de inversión como Gramercy, Fidelity, BNP y de importantes bancos de Wall Street, que tienen una importante exposición en bonos que no se pagan y que aparecen más desesperados por cambiarlos por otros más largos para hacerse de algo de liquidez.
-Los abogados que llevan adelante los juicios de "acción de clase" (por los cuales pueden representar a varios inversores en una sola causa) ante el tenaz juez del sur de Nueva York, Thomas Griesa.
-Los fondos más duros (Elliott, Dart, Aurelius), que sólo se dedican a litigar y que quieren que el resto de los acreedores llegue a un acuerdo con el Gobierno para poder negociar "cara a cara" con éste.
Mientras que el Gobierno viene desarrollando conversaciones con fondos de inversión y bancos, los ejecutivos de los fondos buitre le sugieren que negocie con los abogados, que tendrían mayores posibilidades de acercar unos US$ 12.000 millones al eventual canje que se pueda hacer tras las elecciones legislativas ahora reprogramadas para fines de junio.
Al respecto, creen que los abogados podrían tener más interés que los bancos en llegar a un acuerdo porque sólo cobrarán si culminan los juicios contra la Argentina, luego de comprender de que no están en condiciones de obtener dinero del Gobierno pese a la gran cantidad de embargos que lograron en estos años.
Los fondos buitre, que creen que el país es mejor sujeto de crédito que otros más atrapados por la crisis global si soluciona su conflicto jurídico, también reconocen que no podrán bloquear en los tribunales ese acuerdo si el Gobierno no desembolsa recursos en efectivo.
El Ejecutivo mantiene abierta esta línea de negociación con un ojo colocado en un eventual acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras analiza más operaciones. Entre otras, la recompra de Boden 2012 y de bonos en default (como en 2008), que podría incluir la puesta en marcha de un fideicomiso para comprar activos del sector real, como propuso JP Morgan
Estrategia judicial
De Vido opera para que jueces archiven causas de corrupción
Los abogados del ministro de Planificación visitaron jueces y fiscales, y presentaron escritos para acelerar los expedientes. De Vido ordenó que se utilicen todos los medios para archivar las causas que involucran a sus funcionarios. Un defensor de narcotraficantes, Julio Virgolini, y el subsecretario Legal y Técnico, Rafael Llorens, al frente de la “operación limpieza”.
Por Fernando Oz
Banda. Ricardo Jaime, José López y Claudio Uberti son algunos de los hombres de De Vido denunciados.
Julio De Vido dio estrictas directivas al pelotón de abogados que fueron contratados para llevar adelante las causas judiciales que pesan en su contra y en las que está vinculado junto a otros funcionarios que están bajo la órbita del megaministerio de Planificación Federal. El ministro quiere que se aceleren todos los expedientes y que las resoluciones de los jueces salgan lo más rápido posible.
El objetivo es claro: presionar en el Poder Judicial para que se dicten todas las medidas que lo despeguen de cualquier responsabilidad penal “antes de que el kirchnerismo pierda poder”. Así lo confirmó una fuente allegada al encargado de ejecutar la bautizada “operación limpieza”: Rafael Enrique Llorens, subsecretario Legal y Técnico del ministerio de Planificación. Pero el cerebro del plan es el abogado penalista Julio Virgolini, abogado de De Vido y ex jefe del “Rafa” Llorens.
A principio de febrero, apenas finalizó la feria judicial, uno de los integrantes del pelotón de letrados visitó a un fiscal con despacho en los tribunales de Comodoro Py. El encuentro fue breve, cálido y respetuoso: “El ministro está muy preocupado y quisiera que el expediente se resuelva lo más rápido posible”, sugirió el abogado ante la mirada atónita del fiscal.
Esa misma semana ingresó al despacho del juez Rodolfo Canicoba Corral un funcionario de un organismo de control que es señalado por el mundillo tribunalicio como uno de los principales operadores de De Vido en la Justicia. Pero el magistrado no se encontraba.
Canicoba Corral tiene en sus manos la investigación por la supuesta manipulación de los índices del INDEC de Guillermo Moreno. También tiene la causa por la megaestafa en diferentes unidades del Ejército, en la que está mencionado el ex jefe de la fuerza y amigo personal de De Vido, Roberto Bendini.
“Aclaro que a mí nadie me vino a ver”, el dijo un juez a PERFIL. Y bajo estricto off the record reconoció que hay “un borboteo para apurar” las causas. “Sí puedo decir que hay una inusitada presentación de medidas para acelerar los procesos en los que están imputados funcionarios del Gobierno”, explicó el magistrado.
A fines de febrero, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid cerró la causa en la que investigaba por presunto enriquecimiento ilícito a Moreno. A la vez, hizo lo mismo con la denuncia, por igual causa, que recaía sobre los hombros de la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli, ex integrante de la Sindicatura General de la Nación. El martes de la semana pasada, el juez rindió examen en el Consejo de la Magistratura para pasar de subrogante a juez titular.
Una fuente judicial que observó el megaexpediente por asociación ilícita que comparte De Vido junto al ex presidente Néstor Kirchner, hizo la siguiente apreciación: “Se está dorando y va a salir con papas”.
La “orga” de abogados que lidera Virgolini no fue la única que recibió la orden de salir a “apurar los expedientes”. El abogado Darío Pirota, defensor del Claudio Uberti en la causa conocida como Valijagate, llenó el juzgado donde se tramita el expediente pidiendo medidas para acelerar el buen destino del ex funcionario kirchnerista.
Virgolini y su alumno Llorens
La movida judicial de los hombres vinculados a De Vido, tiene un articulador reconocido: el penalista Julio Virgolini, ex juez y profesor de la UBA. El es el encargado de ejecutar la “operación limpieza”, con su ex aprendiz el “Rafa” Enrique Llorens, subsecretario Legal y Técnico del ministerio de Planificación.
Antes de defender al ministro de Planificación, Virgolini se hizo cargo de la defensa del ex titular de Enargas, Fulvio Madaro, en la escandalosa causa Skanska. Pero por su lista de clientes pasaron varios nombres prominentes: Alfredo Yabrán, en el caso del asesinato del fotógrafo de la editorial PERFIL José Luis Cabezas; Enrique Piana, en la causa por lavado de dinero en exportaciones de oro; el peruano Marco Antonio Estada González, capomafia en la villa 1.11.14; defendió a capa y espada a uno de los narcos serbios imputados en el caso conocido como “viñas blancas” –exportación de cocaína en botellas de vino–; y también fue uno de los primeros en ejercer la defensa del padre Julio Grassi.
Roggio, Skanska y Gotti, favorecidas
La moratoria impositiva beneficia a firmas con causas por evasión fiscal
Por Juan Cruz Sanz
Mientras el Gobierno Nacional analiza extender el plazo para que las empresas se acojan a la denominada moratoria impositiva, ahora se empezaron a evidenciar las primeras consecuencias en el plano judicial de la decisión adoptada por el oficialismo: las empresas investigadas por evasión fiscal logran evitar los procesos judiciales con el pago de un porcentaje de la deuda contraída con el fisco. En esta situación se encuentran grandes empresas, como el Grupo Roggio, Skanska, Conarpesa y Casino Club.
El miércoles 11 de marzo, el juez Rafael Caputo suspendió las audiencias previstas para la toma de declaraciones indagatorias sobre todos los directivos del Grupo Roggio, en la causa que investigaba evasiones impositivas de la empresa Metrovías SA. Según explicaron a PERFIL fuentes con acceso a la causa, los empresarios estaban desde hace seis años “en condiciones de ser procesados por evasión tributaria” y ser mandados a juicio oral. Metrovías y Roggio se involucraron en la moratoria ofertada y solicitaron la “extinción de la acción penal”, escenario que colocó la situación judicial de estas empresas en una suerte de “limbo penal”.
“Las investigaciones ya fueron realizadas y la evasión fiscal fue comprobada. De la misma manera que se comprobó el uso de usinas de facturas truchas. Ahora ya no se puede hacer nada, incluso con el delito comprobado”, aseguraron a este diario en los pasillos de tribunales. PERFIL confirmó que las causas en las que se investigan a las firmas Gotti y Austral, del empresario patagónico Lázaro Báez –acusado de evadir impuestos por facturación apócrifa superior a los 500 millones de pesos–, corren la misma suerte. “Generalmente estas causas vienen acompañadas por otras de asociación ilícita y fraude. Esas causas se mantienen vigentes, y nada tienen que ver con la evasión fiscal”, aseguró una fuente judicial. “Conarpesa y Casino Club ya iniciaron el pedido de extinción penal. Se bajó una orden desde arriba para que esas causas se planchen, lo mismo con los constructores K”, continuó la misma fuente.
Antes de la aplicación de la moratoria cualquier persona que haya incurrido en una evasión superior al millón de pesos iba presa sin posibilidades legales de escapar de la acción penal, aún pagando en el curso del proceso penal la obligación evadida. Ahora la situación cambió. “Es lo que sabíamos que iba a pasar. La cuestión era esa. Sabíamos que venían a salvar a empresas que con la convivencia del Gobierno de los Kirchner habían tenido beneficios extraordinarios”, dijo a PERFIL, Fernando Sánchez, diputado de la Coalición Cívica.
20090317 LN Sin planteo estratégico. Por Ricardo López Murphy
…..Esta necesidad hace que los discursos a la Nación en la inauguración de los períodos legislativos sean tan importantes …….
La renuncia del titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, muestra que las preocupaciones planteadas por el ahora ex fiscal hace casi cuatro meses no eran ciertamente vanas. Por un lado, debe verse entonces la decisión de Garrido de renunciar, frustrado, como un triunfo de quienes desde los más altos sitiales del poder detestan todo tipo de control institucional y sus mecanismos reglamentarios, que han sido construidos precisamente para evitar los excesos de poder, los abusos, la corrupción de los gobernantes y la impunidad.
Por otro lado, cabe preguntarse si Garrido consideraba realmente que ya no podía cumplir su tarea y si no valía la pena que perseverara en sus investigaciones pese a los innegables obstáculos del poder político y a la enorme lentitud de la justicia federal cuando debía investigar sus denuncias contra funcionarios del kirchnerismo.
Si se tiene presente que la Fiscalía investigaba causas cruciales que involucran los supuestos manejos de Guillermo Moreno en el Indec; los presuntos sobreprecios de la firma Electroingeniería y los que aparentemente pagó en su momento Ricardo Jaime; las supuestas coimas de Skanska; la insólita "bolsa" de Felisa Miceli, y hasta el presunto enriquecimiento ilícito del propio matrimonio Kirchner, se podrán entender mejor las razones de la pasmosa lentitud de la Justicia al tramitar las denuncias de la Fiscalía.
Envuelto en los pliegues de una legalidad que no impide interpretaciones restrictivas, el fiscal Garrido ha entendido que su labor había sido vaciada.
Si esta percepción del funcionario se analiza a la luz de lo que se ha intentado perpetrar también en la propia Auditoría General de la Nación respecto de las competencias de su titular, Leandro Despouy, junto con la casi simultánea designación de un conocido dirigente kirchnerista a cargo de la Oficina Anticorrupción, se advierte con meridiana claridad la vocación de eliminar los controles que está en la esencia misma de la actitud del matrimonio gobernante. Porque nada existe que sea más contrario a la consolidación de las instituciones, bandera de la campaña electoral de la Presidenta, que demoler sistemáticamente los organismos de control creados por la República para evitar la corrupción y garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
Por otro lado, cuando en el mundo desarrollado se señala a la corrupción como una de las causas principales del subdesarrollo de numerosos pueblos, la entronización progresiva y sistemática de la impunidad habla mal de la voluntad de progreso de los gobernantes argentinos. Es que así como no puede darse el desarrollo con corrupción tampoco puede pensarse en un progreso económico sostenido ni en una mejora del marco político y social en medio de la impunidad.
Por eso, la lamentable renuncia del fiscal Garrido, posiblemente impulsada por la persecución política, debe entristecernos a todos y advertir a los ciudadanos que, cada vez con más celeridad, el Gobierno marcha hacia un horizonte de total falta de controles. Otra vez venció la impunidad.
El Gobierno mantuvo ayer silencio sobre la marcha que congregó a 12.000 personas en reclamo de mayor seguridad en la Plaza de Mayo, con fuertes críticas a la política nacional. Sólo anoche el ex presidente Néstor Kirchner envió un mensaje desde un acto partidario en Merlo, en la antesala de la campaña electoral.
"A algunos sectores no les importa que tengamos seguridad. Sólo se ponen a llorar delante de los micrófonos", se despachó. "Algunos sectores quieren sacar lucro político de la inseguridad; dicen que tienen proyectos, pero no los presentan", insistió el ex presidente.
Ayer hubo una estricta orden del matrimonio presidencial hacia el gabinete nacional: que nadie confrontara con quienes participaron de la manifestación a la que concurrieron unas 12.000 personas.
Eso sí, en la quinta de Olivos hubo un fuerte malestar con el rabino Sergio Bergman, a quien acusaron en la intimidad de haber tenido un discurso político. El ex presidente dijo anoche que la seguridad "es un tema serio, grave" y lo comparó con otros países. "Pasa en toda América latina y, en muchos casos, es mucho más grave que aquí", opinó.
El matrimonio Kirchner consideró en la intimidad que el discurso de Bergman respondió a intereses políticos y por eso ayer el ex presidente fue el encargado de dejar sentada, aunque sin dar nombres, esa postura. Anteayer, el rabino había pronunciado dos frases directas al corazón del poder central: "No hay que confundir el legado de Perón con las locuras de Nerón". Otro de sus párrafos más duros fue explícito con el ex presidente. "Hay una Argentina que puede ser República después de Néstor".
Con las elecciones legislativas tan cerca y su posible candidatura bonaerense, Kirchner retomará el tema de la seguridad cada vez que haga escala en el conurbano bonaerense, una de las zonas del país más golpeadas por la delincuencia.
De hecho, ayer, junto con el gobernador Daniel Scioli, anticipó que en el corto plazo habrá medidas del gobierno nacional y del provincial, pero no dio más detalles. "Daniel, a los sinvergüenzas hay que sacarlos", agregó el presidente del PJ, y comprometió el apoyo de la Casa Rosada.
Ayer, según supo LA NACION, Kirchner estuvo reunido por la tarde a solas con el ministro de Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, delineando lo que serán las próximas medidas. Fue en la quinta presidencial, minutos antes del anuncio oficial sobre el destino de los fondos de las retenciones a la soja (sobre lo que se informa en la sección Política). Entre las medidas, fuentes oficiales destacaron que se analizó la posibilidad de enviar refuerzos de la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires.
Anotaciones
El Gobierno tomó nota de la marcha que ayer llegó a las puertas de la Casa Rosada y de las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar en varios puntos del país. Pero el matrimonio dio la orden de no enfrentar a los manifestantes a pesar de las fuertes críticas que se escucharon en esos actos. "No buscamos confrontar. Pero hay algunos que tienen detrás una vocación política", se quejaban en Balcarce 50, y apuntaban a Bergman.
Cerca del ministro Fernández reiteraron a LA NACION que el Gobierno escuchará los reclamos. "No vamos a pelear con las víctimas de la inseguridad. Escuchamos y no opinamos", reforzó un funcionario.
El sacerdote Guillermo Marcó, que también participó del acto de reclamo de seguridad en la Plaza de Mayo, negó ayer haber ejercido "una defensa de la pena de muerte", al asegurar que "matar no resuelve nada".
20090310 LN Buzzi: “Hay que dejar de pensar en la caja” Jaime Rosemberg
,,,,,¿ Quieren vengarse del campo por lo de la 125? Ahora se sinceraron: es un problema de caja, el dinero no es para hacer hospitales ni para todo lo demás que prometieron ……….
El Chapel es uno de los últimos bienes que incorporaron Néstor y Cristina Kirchner, dueños de un patrimonio que no ha parado de crecer desde que llegaron a la Casa Rosada, en 2003, y que, sólo entre 2006 y 2007, pasó de 12.043.746 pesos a 17.824.941 pesos.
Buena parte del incremento patrimonial se explica con la construcción de un hotel boutique en El Calafate que pertenece a la sociedad Los Sauces, creada en noviembre de 2006, que también integran el matrimonio presidencial y su hijo, Máximo Kirchner. La explotación del emprendimiento está hoy en poder del hotel Panamericano.
En su última declaración jurada como presidente, Kirchner informó que también había incorporado a su patrimonio un edificio de 10 departamentos, que construyó en sociedad con Austral Construcciones, de Lázaro Báez, en la ciudad de Río Gallegos.
Otro dato relevante de ese documento era la evolución de los ingresos en concepto de alquileres durante los últimos años: los Kirchner aseguraron haber percibido 276.793 pesos en 2005, 1.380.448 pesos en 2006 y 5.264.105 pesos en 2007. En esos mismos años, sus propiedades estaban valuadas en 1.301.812 pesos, 2.246.109 pesos y 3.018.057 pesos, respectivamente.
De acuerdo con una resolución del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que en abril del año pasado archivó una denuncia de enriquecimiento ilícito contra los Kirchner, la variación de los alquileres se explica por lo que percibieron por la cesión del hotel Los Sauces al hotel Panamericano.
Buena parte de los bienes del matrimonio presidencial (19 casas, 14 departamentos, seis terrenos y dos locales) la obtuvieron entre 1977 y 1981, antes de su ingreso en la actividad política. Sólo a partir de 1999, durante el último mandato de Kirchner como gobernador de Santa Cruz, volvieron a ampliar su patrimonio. La mayor variación patrimonial se registró durante el año último de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, cuando la fortuna presidencial aumentó en 5.781.195 pesos.
El hotel Los Sauces se construyó en terrenos fiscales comprados en El Calafate, a razón de menos de 5 pesos el metro cuadrado. La entrega de esos terrenos la investiga la fiscal Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina del ex presidente.
Pero no sólo en propiedades inmuebles invirtió su dinero la pareja presidencial. Gran parte de las ganancias la colocaron en el mercado financiero, con importantes beneficios. En 2005, los Kirchner tenían 2.124.126 dólares en plazo fijo, que les dieron una renta de 161.456 dólares, el 7,6 por ciento.
En 2006, cobraron 197.921 dólares en concepto de intereses por plazos fijos de 2.418.195 dólares, un 8,2 por ciento. El año pasado, la ganancia fue aún mayor: 4.025.717 dólares en plazo fijo les dieron dividendos por 375.579 dólares, el 9,3 por ciento.
PIDEN QUE RENUNCIE A LA CONSULTORA QUE FUNDO CON NÉSTOR KIRCHNER. Posible incompatibilidad…
La medida de distribuir entre provincias y municipios parte de los recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, anunciada ayer por la presidenta Cristina Kirchner, no servirá para el que debería ser el gran objetivo del país: producir más, exportar más y crear más empleos.
No deja de ser saludable y justo que el interior del país participe de beneficios que hasta hoy quedaban en manos del Estado nacional y que, en el mejor de los casos, eran repartidos de manera discrecional y con mezquinos criterios electoralistas. Pero, en todo caso, la medida anunciada ayer debió haber sido adoptada
mucho antes, al tiempo que la política agropecuaria debería ser objeto de un serio debate en un Congreso de la Nación donde el oficialismo se niega a debatir.
El grado de distorsión y apartamiento de la realidad que ha alcanzado el mensaje del Gobierno a la población en materia de derechos de exportación de los productos agrícolas llega a un nivel tal que obliga a preguntarse si se debe a la deliberada decisión de desinformar o a una necia ignorancia en la materia.
Hasta 2001, y desde hacía muchos años, no existía el mencionado gravamen, lo cual produjo un importante desarrollo de nuestras exportaciones agrícolas. Las retenciones fueron impulsadas ante la necesidad de financiar las políticas sociales dirigidas a desocupados y víctimas de la crisis. Se trató de una verdadera ayuda solidaria, y el campo respondió de inmediato y en forma incondicional, con la esperanza de que, superada la crisis, se abandonaría la gabela.
El país creció a tasas del 9 por ciento anual durante varios años hasta 2008 y hasta el Gobierno se dio el lujo de abonarle anticipadamente la totalidad de la deuda al FMI, pese a lo cual se siguió sosteniendo que el país estaba en emergencia.
Los años anteriores a 2008 brindaron un panorama de precios internacionales muy beneficioso para la producción agrícola y para su ocasional "socio" en las ganancias, que fue acrecentando su participación aumentando las retenciones hasta llegar al 35 por ciento. Ya en 2008, ante la importante suba del precio de la soja, el gobierno kirchnerista no se conformó con ese porcentaje, sino que pretendió apoderarse de todo aumento que se produjera desde una base determinada.
A ese mayor valor la Presidenta lo llamó "renta extraordinaria", y decidió que ésta no debía ser para el agricultor, sino que le pertenecería al Estado, sin expropiación ni ley alguna que lo dijera. De allí en más acentuó el discurso peyorativo hacia el productor rural. Se lo acusó de "quitar el pan de la mesa de los argentinos", de fomentar el desarrollo de un "yuyo" y de vivir sin trabajar pues la soja se cuidaba sola. La indignación del campo fue inevitable.
De allí en más los argentinos asistimos azorados a un diálogo imposible, donde el Gobierno quería poner de rodillas al sector rural, con total olvido de las economías provinciales, de los municipios y gobernaciones, y de la crisis de la industria y el comercio de vastas zonas del interior del país, claramente dependientes de la actividad agrícola y ganadera. La situación llegó al colmo de tener que ser derrotado legislativamente el Gobierno y derogada la nefasta resolución 125, con la consecuente caída de la imagen positiva de la jefa del Estado en la opinión pública.
Pero la agresión continuó. No se tomó ninguna medida profunda tendiente a paliar la situación y, a mediados del año pasado, se desató la crisis internacional por todos conocida, sumada a una sequía sin precedente y rematada por una caída de los precios de las commodities agrícolas, que por momentos superó el 50 por ciento.
Para mayor desgracia del campo, la sequía trajo una serie de plagas casi desconocidas, que sólo se detectan con lupas potentes, y que causaron daños adicionales e incrementaron los costos de producción ya de por sí altísimos, en un esfuerzo por salvar lo poco que quedaba de cosecha.
En los campos ganaderos, la crisis es total: las vacas muertas por la sequía se cuentan por miles y las ventas en condiciones misérrimas están a la orden del día. La cadena de pagos está cortada, las fábricas de maquinaria agrícola han pasado de las suspensiones a los despidos, las compras hechas en períodos de bonanza no se pueden pagar y los gerentes de los bancos coleccionan cheques diferidos. El interior entró en crisis, y la creación del fondo federal solidario anunciada ayer de poco les servirá a las provincias si no se alienta fuertemente la producción.
Ninguna de las propuestas oficiales apunta al crecimiento de la actividad agrícola y ganadera. El ciclo agrícola 2009 ya puede empezar a considerarse perdido.
Pero, tal vez, lo más irritante sea la falsedad intrínseca del mensaje gubernamental, que pretende convertir en "oligarcas" o "ricachones dueños de 4 x 4" a miles de productores desesperados por una sequía sin precedente, que no merecen el maltrato que están recibiendo de parte de las autoridades nacionales.
20090321 LN Dinero sin control. El kirchnerismo llevóal extremo el vicio peronista de disponer de los fondos estatales como si fueran del gobierno. ……..
20090322 El porqué de los fracasos de Kirchner. Por Roberto Cachanovsky
………La falta de respeto a las reglas de juego espanta inversiones, crea desocupación, confisca ahorros y destruye actividades económicas ( Reitera lectura muy esclarecedora )
……
La movilidad jubilatoria tiene garantía constitucional
Con el fallo Badaro, Adolfo Valentín del 26/11/07, la Corte Suprema sentó un precedente de reparación y protección al jubilado, al otorgar a Badaro la indexación de su haber según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del Indec, soslayando la prohibición, aún vigente, de toda forma de indexación que con carácter de "orden público" establece la ley de convertibilidad, 23.928, de 1991. También declaró inconstitucional el inc. 2° del art. 7 de la ley 24.463, que acuerda al Congreso la facultad de fijar la movilidad de las jubilaciones por ley de Presupuesto, y estableció el derecho a una movilidad de haberes que posibilite "asegurar a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo", sin discriminar a quienes tienen una prestación superior a la mínima.
El argumento básico del fallo se apoyó en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda: "En los últimos cinco años, frente a la suba de un nivel de precios del 91% y una modificación de los salarios del 88 %, la prestación de Badaro sólo se incrementó un 11%" (decreto 764/06).
Desde luego, no es facultad de la Corte "aumentar" ni "disminuir" las jubilaciones, pero sí garantizar su poder adquisitivo, y con ello el nivel de vida de los jubilados. Este fallo deja de lado el principio nominalista que desconoce el deterioro inflacionario (los 1145,95 pesos que percibía Badaro en 2002 son iguales a los $1145,95 que cobraba en 2006) para retomar la teoría de la indexación, que persigue mantener la igualdad de la prestación atendiendo no al valor impreso en los billetes sino a su poder adquisitivo. Coincidentemente, la Corte expresó: "No existe modificación de la obligación, sino determinación del quantum en que ella se traduce, cuando ha existido variación en el valor de la moneda". Camusso de Marino, Amalia c/ Perkins S.A. Fallos 294: 434; ED 67-411.
Al recomponer el poder adquisitivo, la Corte hace respetar dos garantías constitucionales: la movilidad de jubilaciones y pensiones (art. 14 bis) y el derecho de propiedad (art. 17).
El fallo trasciende el aspecto previsional. Retoma la línea jurisprudencial anterior a 1991 abandonando el principio nominalista, justificado en tiempos de razonable estabilidad monetaria, para adoptar el principio del poder adquisitivo real, adecuado para hacer justicia en tiempos inflacionarios como los actuales.
La jubilación es un derecho humano consagrado por los acuerdos internacionales incluidos en nuestro plexo jurídico (art. XVI, Declaración Americana de los Derechos del Hombre, Bogotá 1948; art. 25, Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 1948; art. 26, Pacto de San José de Costa Rica, 1969). Por su naturaleza alimentaria, es esencial su pago íntegro y puntual, ya que el jubilado la necesita para supervivir. La indexación debe ser automática, sin necesidad de juicio alguno, como en Chile y Uruguay, entre otros países. Inclusive en Estados Unidos, donde su uso no está difundido, se la aplica a jubilados (47,8 millones), veteranos de guerra (4,1 millones), niños que reciben merienda en escuelas públicas (26,7 millones) y receptores de estampillas para comprar alimentos (22,4 millones). En total, 101 millones de beneficiarios. El criterio rector es la protección de los más débiles y vulnerables (jubilados, pobres, niños) sin capacidad de negociación al no poder ejercer el derecho de huelga.
En esta línea, el fallo Badaro reivindica los derechos humanos de uno de nuestros sectores más desprotegidos: la clase pasiva. Lamentablemente, como sólo es aplicable al caso resuelto, cerca de un millón de jubilados (cifra aproximada; no hay estadísticas oficiales) deben iniciar juicio contra Anses para lograr un reajuste que debería ser automático.
Las miles de demandas iniciadas prenuncian una catarata de juicios que pueden colapsar la Justicia Previsional, hoy desbordada por los 220.000 que tiene en trámite.
La Cámara Federal de Previsión Social solicitó medidas urgentes a la Corte Suprema. Como su mesa de entradas no podía recibir las demandas, se declaró una Feria Judicial para esta sección, vulnerando así otro derecho humano: el derecho a la justicia, que garantiza a todo habitante acceder a ella mediante un procedimiento "sencillo y breve" (articulo 18, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá 1948).
Durante esa feria, los jubilados ni siquiera pudieron iniciar demandas. Una humillación más que se suma a los años de chicanas que el organismo creado para protegerlos ejercita en su contra, mediante un avezado y numeroso plantel de abogados que mantiene con la misma plata que aportan los trabajadores para su jubilación.
Increíble y aberrante paradoja: con toda suerte de escollos, les niegan "el mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo". Según informe del Banco Mundial del año 2000, los juicios innecesarios generados por esta política nos cuestan 750 millones de dólares.
El Poder Ejecutivo cuenta con los medios económicos para resolver la cuestión en 48 horas: Anses tiene un stock de capital de 35.000 millones de dólares, compuesto por 6.000 millones en reservas propias y 29.000 millones confiscados a las AFJP. Este capital le genera al menos una renta anual de 3.500 millones de dólares que, sin afectar su stock de capital, permitiría abonar en promedio 1000 pesos mensuales adicionales a cada caso Badaro, con los siguientes efectos positivos:
- Primero y fundamental, el respeto a los derechos humanos de los jubilados, a quienes se debe proteger y no maltratar evitándoles el largo calvario judicial que hoy padecen y otorgándoles ya mismo su crédito de legítimo abono.
- El pago de 3500 millones de dólares por año provocará reactivación, por la renovada posibilidad de consumo de los jubilados.
- Generará un ingreso fiscal extra de 840 millones de dólares por año, entre IVA e Ingresos Brutos.
- Se evitarán costosas e innecesarias demandas judiciales que, como dijimos, están poniendo en colapso a la Justicia.
Es necesario y posible extender la indexación al estilo Badaro a todos los haberes jubilatorios, cualquiera fuere su monto, sin estresar las finanzas de Anses. Los egresos estarán calzados con los ingresos, porque los aportes son un porcentaje del haber de los salarios en actividad y por ende van variando en forma paralela, proporcional y simultánea.
Esta política es la única congruente con el régimen de reparto, cuya esencia es que la recaudación se destine a pagar a los beneficiarios un haber previsional integro y móvil (art. 14 bis C.N.) que se actualice conforme a la evolución del salario de los activos.
En su discurso de apertura del año judicial 2009, el presidente de la Suprema Corte, doctor Ricardo Lorenzetti, propuso: "desarrollar la ética de los vulnerables". "El Juez debe proteger a los ancianos, a los jubilados que quieren un trato y un ingreso digno? a los más débiles", dijo. Los jueces deben hacerlo. Pero esto no alcanza. Es necesario que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo acaten la Constitución Nacional, aplicando la indexación automática de los haberes jubilatorios según el coeficiente de variación salarial, sin necesidad de forma alguna de juicio. El respeto a los derechos humanos de los jubilados quedará así garantizado por los tres poderes del Estado.
El autor es director ejecutivo de la Fundación Metas Siglo XXI
20090327LN La Presidenta calificó de “salvaje” la protesta del agro
Dijo que detrás de las huelgas hay intentos de desestabilización insitucional: acuso a la prensa ……
20090329 PERFIL YPF sigue perdiendo reservas y le quedan solamente para seis años por Rodolfo Barros
Entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7% y las de petróleo 13,4%. Los especialistas aseguran que se debe a la falta de una política de precios que incentive la exploración. Consideran que la caída es “brutal”. La empresa dice que este año desembolsará US$ 2 mil millones en la búsqueda de reservorios y que ya está perforando en el mar.
En Madrid. Cristina, Brufau y Enrique y Sebastián Eskenazi.
Las reservas de petróleo de YPF cayeron de 521 millones de barriles en 2006 a 451 millones al 31 de diciembre de 2008, informó la empresa en un comunicado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Las reservas de gas de la principal compañía de energía de la Argentina no corrieron mejor suerte. Siempre según el comunicado, se redujeron de 2.571 miles de millones de pies cúbicos en 2006 a 2.219 miles de millones al 31 de diciembre de 2008.
“La caída es brutal y significa que le quedan seis años de reservas”, fue el diagnóstico del especialista en el sector, Francisco Mezzadri, quien asegruó que “estamos en emergencia energética”.
El consultor Emilio Apud coincidió y afirmó: “Vamos derecho a la importación de petróleo”.
Fuentes de YPF consultadas por PERFIL destacaron que las reservas caen por razones naturales y que la compañía “redobló sus esfuerzos e inversiones para la exploración de nuevas cuencas”.
Recordaron que recientemente comenzó a operar una plataforma de exploración off shore en la que desembolsaron US$ 150 millones.
En febrero pasado, durante la visita de la presienta Cristina Kirchner a España, el titular de Repsol YPF, Antonio Brufau y los argentinos socios de YPF. Enrique y Sebastián Eskenazi, mantuvieron una reunión en la que le aseguraron a la mandataria que la compañía invertiría en la Argentina entre 1.800 y 2 mil millones de dólares en 2009.
Las fuentes remarcaron que en el informe enviado a la Bolsa se destaca que YPF incrementó su coeficiente de reemplazo de reservas de petróleo de 52,5% en 2007 a 62,6% en 2008.
Si bien el esfuerzo es importante, Mezzadri recalcó que los “buenos coeficientes de reemplazo son superiores al 100 por ciento.
El coeficiente de reemplazo puede asimilarse a una botella con un litro de petróleo, que equivale a las reservas. Si se usa medio litro, y el coeficiente de reemplazo es de 60%, significa que se devuelven 300 centímetros cúbicos, y no el medio litro completo, a las reservas.
Precios. Apud y Mezzadri coincidieron también en que, si bien las reservas de la Argentina caen desde 1998, las de YPF lo hacen con más fuerza.
Esto se vincula con la política de precios del sector, que están reguladas por el Estado arbitrariamente, explicaron los especialistas.
“Las retenciones en petróleo y gas son peores que las del campo”, dijo Mezzadri. Hay un precio de corte por el cual el barril de petróleo no puede costar más de US$ 42 en el mercado interno.
Los mismo dijo Brufau en marzo del año pasado durante la asamblea de accionistas que coronó a los Eskenazi como los socios argentinos: “Tenemos retenciones, pero nos quejamos menos que otros sectores”, en alusión al entonces naciente conflicto agrario
Reportaje a Joaquín Morales Solá
20090322 Perfil. “Hay una democracia cada vez más devaluada”
Son tres los ejes de la incipiente campaña electoral del kirchnerismo, según uno de los más lúcidos analistas políticos del país, el periodista Joaquín Morales Solá: combate contra el campo, lucha contra los medios de comunicación y advertencia sobre el fantasma del caos si no gana el Gobierno. “Por eso, hablan de plebiscito”.
Por Magdalena Ruiz Guiñazú
Trayectoria. Un analista imprescindible para comprender la realidad. Es prolífico: columnista de La Nación, conductor de su programa de cable y escritor.
De pensamiento ágil y fecundo, siempre muy atento al sentido de las palabras y con una notable intuición política, Joaquín Morales Solá es alguien sin quien sería imposible analizar la realidad nacional. Por eso, mientras termina esta muy complicada semana, nos encontramos en una mañana en la que el sol cae pesadamente sobre Buenos Aires. A través de la radio y la televisión, escuchamos, entre dos cafés, que el tema de las retenciones se está discutiendo sin quórum.
—¿Vos recordás que esto haya sucedido muchas veces?
—Bueno, un debate parlamentario sin quórum es un debate entre amigos. No es un debate en el Congreso. Por lo tanto no ha sucedido muchas veces. Generalmente, cuando no hay quórum se levanta la sesión. Lo que ocurre con el conflicto rural es que es un caso particularmente difícil y especialmente comprometido para el país, para la oposición, para el Gobierno, para los propios sectores rurales. Me parece que, por lo menos, se han fijado algunas posiciones que ya son, por otra parte, conocidas. Sabemos lo que piensan tanto el Gobierno como el campo. Lo que aquí evidentemente ha fracasado es cualquier actitud democrática de conciliación de posiciones. Y esto es muy grave porque, cada vez que hay un conflicto en el país, el reflejo democrático de buscar coincidencias y de acercarse ha fracasado. Yo diría, incluso, que esto ha ocurrido durante gran parte de la vida democrática en Argentina –reflexiona en voz alta–. Salvo algún primer momento de Alfonsín en el que se produjeron algunas gestiones de conciliación pero después, por el resto, todos los otros gobiernos posteriores han estado convencidos de su propia verdad, sin capacidad para buscar un diálogo. Incapaces de ceder. Para mí lo más llamativo en la comparación entre un sistema democrático en serio y un sistema que se dice democrático (porque sin duda es mejor que cualquier otro), pero que tiene las falencias que conocemos, es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Un presidente recién elegido con todo el apoyo popular, como Barack Obama (con gran mayoría parlamentaria sobre todo en la Cámara de Representantes); sin embargo, cuando toma decisiones que hacen a la crisis económica más importante desde 1930, cuando va al Congreso con esas medidas y el Congreso plantea sus puntos de vista, el presidente tiene que ceder y no por eso se modifica ningún reglamento previo a cómo debe resolverse una cuestión presupuestaria.
—No es precisamente el caso argentino...
—En nuestro país, desde Cavallo, vivimos en situación de emergencia económica, con superpoderes para el jefe de Gabinete, etc. Me parece que aquí se ha llegado a la conclusión de que no se puede gobernar si no es en la situación en la que gobernó Juan Manuel de Rosas. Y esto hace a la vida democrática y, ciertamente, a la devaluación de la democracia en la Argentina.
—Hay algo que no entiendo, Joaquín (y quizá por eso no me he dedicado a la política), es esa “obediencia debida” de los bloques parlamentarios. Esta mañana, es el tema del campo, que lleva más de un año de discusión. Esto influye en la vida de todo el país. Es casi una cuestión de conciencia. Oponerse está bien si lo creen necesario, pero, por lo menos, dar quórum.
—Obviamente, la primera obligación que tiene todo legislador es debatir. Después se verá quién tiene la mayoría o la minoría. Pero el recurso parlamentario de no dar quórum ha sido tan gastado en la Argentina por los oficialistas como por la oposición. Porque, ¿qué hace la oposición cuando no le gusta un tema? Por ejemplo, esta semana, el tema del adelantamiento de las elecciones. La oposición estuvo fuera del recinto hasta que el oficialismo dio quórum. Recién entonces entró a la sala. Al día siguiente, vimos lo opuesto: un oficialismo que esperaba a ver si había quórum para debatir. Y como no hubo quórum, no fue. Esto es una herramienta parlamentaria válida sólo en forma excepcional. Si no, cada vez que se convoca a la Cámara (sobre todo, la de Diputados), alguien (sea oficialista u opositor) está esperando a que el otro otorgue quórum de acuerdo con los intereses que se juegan, para bajar recién después y dar quórum a su vez. Y esto ocurre cuando los legisladores son elegidos, precisamente, para sentarse en sus bancas y debatir. Después, siempre podrá trabar, en medio del debate, una mayoría para uno u otro lado.
—¿Vos pensás que las palabras de Pérsico (el Gobierno renunciante ante resultados adversos), que tanta repercusión han tenido, reflejan el pensamiento del matrimonio K o es una elucubración personal de Pérsico?
—Creo que se están vislumbrando claramente tres ejes de campaña para las elecciones del 28 de junio. Por lo menos, todo parece indicarlo, siempre que no haya un revés del oficialismo en el Senado. Cosa que, por ahora, no aparece. Tratándose de nuestro país y del Senado hay que poner las cosas entre paréntesis pero, reitero, por ahora esto no aparece. Los tres ejes de campaña, entonces, serían: uno, la lucha contra el campo. Ese combate que el Gobierno considera estar librando contra la oligarquía rica del país confundiendo absolutamente las épocas y todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Sobre todo en los últimos años, la mayoría de la población rural, los que trabajan el campo, son jóvenes. Por eso el campo argentino se ha convertido en el campo con mayor progreso tecnológico en el mundo, porque los jóvenes entre 30 y 40 años han vuelto al campo con sus conocimientos tecnológicos. Sin embargo, para el Gobierno se trata de la vieja oligarquía rural a la que desde una posición “peronista” es necesario enfrentar. Este sería entonces un eje de campaña. El otro se va a librar seguramente contra los medios de comunicación acudiendo a la vieja división entre libertad de empresa y libertad de prensa, como si las empresas periodísticas fueran (por definición) contrarias a la libertad de prensa, lo cual es un absurdo. El tercer eje es lo que Pérsico comienza a definir. Lo hace de una manera tosca pero es definición, al fin. Consiste en señalar que si el Gobierno pierde la elección, ¡no valdrá la pena que se quede! Me parece, entonces, que estos tres ejes son aquellos alrededor de los cuales se ha planteado la realidad. Combate contra el campo, los medios de comunicación y la advertencia de lo que podría acontecer si no se manifiesta un apoyo explícito. Por eso hablan de plebiscito.
—Cuando mencionaste recién el viejo tema de la oligarquía vacuna, me quedé pensando en el enorme anacronismo que significa pensar en esos términos. Las familias se multiplicaron, los campos se achicaron. ¿Qué explicación psicológica podemos encontrarle hoy a aquello de “los que más tienen” que suele mencionar la Presidenta? Que sepamos, la familia Kirchner es exitosa no solamente en la política, sino también en los negocios. ¿Por qué no hablar de “los que más tenemos”?
—Hay que hacer una diferencia cuando se habla del sector productivo del campo o del sector productivo industrial y de la fortuna que ha hecho el matrimonio Kirchner. En ningún caso ha sido una fortuna construida en base a la producción. Siempre ha sido especulación financiera. Al principio, con los deudores inmobiliarios. Es decir que no se conoce una industria importante en Santa Cruz o adonde fuere en la que hayan invertido corriendo los riesgos inherentes a la inversión. De hecho, el famoso gesto de Kirchner de sacar la plata de su provincia (me refiero a los fondos oficiales, los recursos públicos) y llevarla afuera del país era también una especulación puramente financiera. Tampoco puso ese dinero a trabajar en su provincia. Efectivamente, yo creo que hay un problema de comprensión de la producción por parte del matrimonio Kirchner precisamente porque nunca han estado comprometidos con un proyecto productivo.
—Daría la sensación de que todo eso tiene un lado psicológico...
—Psicológico, por varias razones. Porque efectivamente no existe una experiencia productiva del matrimonio Kirchner, y es también psicológico porque Néstor K nunca ha gobernado en condiciones de desventaja o de dificultad, como le ocurre ahora. Es la primera vez en su vida que tiene que enfrentarlas. Desde que fue intendente, gobernador o presidente (en Santa Cruz, porque fue una provincia sin grandes conflictos, y en la Presidencia de la Nación), le tocaron los mejores momentos del país en los últimos 50 años. Por primera vez, entonces, sufre una derrota como la del Senado el año pasado, la persistencia de un sector como el rural, que no acepta la disciplina que él impone, y medios y periodistas que comienzan a decir: “Bueno, esto está fallando, aquí hay una democracia cada vez más devaluada”. Y todos estos hechos nuevos en la vida de Kirchner, que ya tiene 58 años, no dejan de impactarlo. Es joven, pero, a la vez, grande ya para recibir experiencias nuevas que se convertierten en un hecho psicológico, por el que él no acepta esto que ha pasado. No acepta que no tenga consecuencias para el adversario. Entonces, el campo debe ser derrotado; Cobos debe ser derrotado; el Senado tiene que ser vencido; los periodistas tienen que ser acallados. Hay un Kirchner que, efectivamente, tiene un problema psicológico, y es el de no aceptar, en primer lugar, quedar en desventaja, y tampoco aceptar las condiciones que plantea cualquier vida democrática en la que un presidente (como decíamos recién de Obama) a veces tiene que ceder. Obama tuvo que ceder en muchos aspectos sobre los proyectos económicos que había enviado al Congreso. Kirchner es un presidente que no ha estado acostumbrado a eso y, por lo to lotanto, lo toma como
—Exceptuando a Perón y Evita, ¿te parece que hay antecedentes en América latina de matrimonios gobernantes, como en este caso?
—Que hayan estado en el gobierno sucediéndose... no. A quien recuerdo vagamente es a la mujer de Fujimori, en Perú, pero ella se había divorciado y pasado a la oposición. Un caso muy diferente. En todos los países ha habido primeras damas con más o menos poder, pero no alguien que haya reemplazado inmediatamente al esposo o a la esposa. Incluso cuando se puso de ejemplo el caso de Hillary Clinton eso fue algo equivocado, porque Hillary aspiró a la Presidencia, pero después de ocho años de finalizado el mandato de su marido y desde la oposición al partido entonces gobernante. Aun si hubiera llegado a la Presidencia, las circunstancias eran muy diferentes a las de Cristina Kirchner, que llegó a la Presidencia dentro de su propio partido gobernante y dentro de la sucesión de su esposo y, como hacen los K (que confunden el Estado con la propiedad privada), contando con todos los recursos y las estructuras necesarios al servicio de su candidatura.
—Volviendo al tema del campo, da la sensación de que las bases se han salido del control de la Mesa de Enlace de las entidades agrarias. En fin, pensando en voz alta, muchas cosas se han salido de control. En el acto contra la inseguridad, el padre Marcó, por ejemplo, dijo que eran los jueces los que tienen que dirimir sobre la pena de muerte, cuando la pena capital no figura en la Constitución y, por suerte, nosotros formamos parte del Pacto de San José de Costa Rica, que no la permite. Duele, pero parecemos una sociedad descontrolada. De Angeli, por ejemplo, también dice que no puede dominar a las bases.
—Hagamos un paréntesis con el tema de la pena de muerte. La pena de muerte ni siquiera merece debate, porque no se puede aplicar en Argentina, por ser anticonstitucional y, además, porque no ha servido en ningún lugar del mundo para disuadir a nadie. Incluso en Estados Unidos, que es uno de los pocos países que la mantienen, la semana pasada un muchacho mató a un montón de personas. Así que saquemos este debate de la conversación. Es un debate producto de una desesperación entendible, pero que, repito, como debate de fondo es inconducente, porque si vamos a hablar de pena de muerte nunca vamos a hablar de seguridad... El otro tema que vos mencionabas es el de las bases rurales, y creo que ahí De Angeli, de alguna manera, tiene razón. Muchas veces he dicho que los cuatro dirigentes de la Mesa de Enlace son el ala moderada de los productores rurales, porque hay una bronca subyacente muy grande. Tengamos en cuenta que hace un año, cuando se desata este conflicto, la soja valía el doble: entre 550 y 600 dólares la tonelada. Durante una semana, en julio de 2008, superó los 600, pero estamos hablando de casi el doble de los 320 a los que está hoy. Ya parecía mucho entonces el 35% de retenciones a la soja. Es cierto, también, que el gobierno que planteó aquello estaba mucho mejor que ahora. Hay, entonces, en este momento, una pelea entre dos sectores que están peores que cuando comenzaron a pelear. Los productores rurales, porque les sacan el 35% de la mitad de lo que pedían por la soja, que es el producto que ha conservado mejores precios internacionales, y el Gobierno, porque objetivamente tiene menos recursos que hace un año. Y esto, por varias razones: ha caído la actividad económica, la recaudación. Todos los números en ascenso han caído, y ésta es hoy la verdadera situación de los dos contendientes. Ha provocado en el campo (además de una feroz sequía) una gran caída en los precios internacionales de los otros productos rurales. Y ante esta situación y en el clima de confrontación previo, los dirigentes agropecuarios ven al Gobierno como culpable de todo. Tal vez no lo sea, pero lo que ocurre es que el clima de confrontación lleva a que los productores crean que el Gobierno es culpable de todo. La confrontación también está creando un clima de excesiva tensión en el país, en el sistema político, en los distintos sectores sociales. Se tensiona toda la sociedad. Tanto el padre Marcó como el rabino Bergman tuvieron discursos muy duros en la marcha que se realizó hace poco. Tan duros que resultaban casi personales contra el Gobierno, sobre todo contra el ex presidente Néstor Kirchner, y que solamente resultan explicables (no sé si justificables) en el marco de una confrontación en la que nadie se arrima al otro sino para seguir confrontando y peleando.
—A propósito de confrontaciones, Joaquín, ¿cómo ves el futuro del justicialismo? Me parece que Kirchner (recordemos a Reutemann, Solá, etc.) ha logrado dividirlo.
—Sí, lo ha dividido, pero ojo: también hay que tener en cuenta la historia del peronismo. El peronismo nunca lo recibió a Néstor K con amor. Siempre se trató de un acercamiento por conveniencia, porque en su momento era un líder que le daba el poder, el poder electoral, el poder del Estado y el poder de los recursos.
Y estas cosas tienen una inmensa seducción sobre el peronismo. Imbatible. Hoy, Néstor K ha perdido a gran parte del peronismo. Si uno se pone a ver lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires (que me parece que es la mejor estructura política del país), hay que fijarse dónde empieza a resquebrajarse, porque gran parte se va con Felipe Solá, que actualmente es diputado y ex gobernador y no tiene ni poder ni recursos. Esto, más que de los méritos de Solá, habla de una ruptura incipiente con Kirchner. Es la ruptura de un acercamiento que, en su hora, fue de conveniencia. Lo mismo pasa con Reutemann en Santa Fe, con De la Sota en Córdoba. El peronismo como “establishment” ha tomado distancia de Kirchner porque advierte que el ciclo K está concluyendo, más allá de los plazos electorales que, obviamente, se van a respetar. Ojalá también se respeten todos los plazos constitucionales, pero, repito, es este plazo y punto. No hay más. No hay más Kirchner después de 2011, por dar una fecha, y me parece que el peronismo ha tomado nota de esto y lo que está haciendo es elaborar nuevos liderazgos para reemplazar esto. Lo hace con la ductilidad que es preciso reconocerle al peronismo. Porque si la sociedad pide, después de K, antikirchnerismo, seguramente le va a proponer un buen candidato, un buen dirigente pero anti K.
—¿Tu olfato te dice que Macri le dio la idea al desdoblar las elecciones o que esto ya se venía rumiando en Olivos?
—No, Macri no le dio la idea. Le abrió la puerta como para argumentar sobre el adelanto electoral. Si nos ponemos a observar la situación previa al adelantamiento de convocatorias, octubre era un plazo muy largo en términos políticos. En términos constitucionales, en cualquier país del mundo, los gobiernos respetan estos términos. La ley fija ese domingo de octubre y no otro. Me parece que esto lo venía viendo el ex presidente, sobre todo en conversaciones con la única persona con la que conversa, que es su esposa. Pero le faltaban argumentos. ¿Por qué adelantaba? Macri le proveyó los argumentos. “Ya que se vota en la Capital, ¿para qué vamos a votar dos veces?”, dijo la Presidenta el día que lo anunció. Macri, entonces, le dio el argumento y le abrió la puerta para una idea que ya venía de antes.
—¿Vos no pensas que la renuncia del fiscal Garrido (Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas) y las dificultades por las que atraviesa el Dr. Leandro Despouy (jefe de la Auditoría General de la Nación) hacen que la Corte Suprema, con mucha prudencia, vaya avanzando porque comprende que su presencia es fundamental para que se mantenga cierto orden en esta sociedad?
—La Corte es hoy el único factor de poder creíble e independiente. Yo creo que, a pesar del Gobierno (y quizá con su arrepentimiento), se nombraron estos ministros en la Corte Suprema. De todo lo que puede entenderse de un poder en condiciones de investigar al Ejecutivo; en condiciones de controlar una correcta aplicación de las leyes, me parece que la Corte Suprema es lo único que nos queda a los argentinos como rescoldo de preservación de la democracia. Tampoco hay que olvidar que, hasta que los casos llegan a la Corte, pasan por un largo trámite y, salvo algunas excepciones, la Corte recién legisla o juzga después de que se pronuncian las primeras instancias. El camino es largo.
Los desafíos del país / Entrevista con Marcos Aguinis
Kirchner se encaminan a un Waterloo", advierte Aguinis
"Lo que quiero escribir es tan fuerte y tan claro que debo escupirlo. Me acosa la furia y quisiera estar sereno."
Hay indignación en Marcos Aguinis y se nota desde la primera línea de ¡Pobre Patria mía! , título con que apela al lamento final de Manuel Belgrano para expresar la congoja que le produce al autor este presente difícil e incierto de una Argentina que duele, entristece, lastima.
Con estilo ágil, eléctrico y visceral, que el propio autor identifica con el panfleto, el ensayista y psicoanalista admite que escribe desde la bronca, una bronca que se ha vuelto generalizada y casi permanente. "Debemos hacer algo, porque la Argentina merece otro destino", reclama.
Y dispara fuertes críticas al Gobierno. Dice que "la única política de Estado que funciona es la del soborno" y que "si existieran seguridad jurídica y respeto por la propiedad la crisis económica mundial habría sido una oportunidad brillante para la Argentina".
Aguinis es autor de otros títulos también dedicados a nuestro particular devenir, como El atroz encanto de ser argentinos (I y II) y Un país de novela. Su último libro, sostiene en una entrevista con LA NACION, es el resultado del coraje de atreverse a ver la dolorosa verdad de un acelerado deterioro que se profundizó en 2008. Se muestra, así, convencido de que "los Kirchner se encaminan a un Waterloo".
-Hasta marzo de 2008, cuando se inicia el conflicto con el campo, muchos creyeron que la Argentina estaba bien encaminada. ¿Por qué todo se descompuso de manera tan abrupta?
-Hace mucho tiempo que el país cambió sus tres pilares de oro -la cultura del trabajo, del esfuerzo y la decencia- por la mendicidad, el facilismo y la corrupción. Veníamos arrastrando una creciente ola de enfrentamientos estériles, inseguridad jurídica, deterioro de las instituciones, decadencia educativa, ausencia de políticas de Estado y el dramático déficit de una mirada estratégica sobre hacia dónde encaminar a la Argentina en los próximos años. En medio de esto estalla la guerra Gobierno-campo y encuentra a la sociedad conducida por quienes no entienden que la inclusión social y equidad en la distribución del ingreso no se alcanzarán ni por asomo con intereses mezquinos, demagogia e inercia social cómplice.
-¿A qué atribuye la imposibilidad de encontrar salidas superadoras?
-La democracia argentina se ha convertido en un autocracia gobernada por una sola persona que, para colmo, no conoce lo que significa la productividad, ya que toda su vida y su flamante fortuna personal estuvieron ligadas a la especulación financiera. Bloquear la productividad del campo significa la ruina de todos los actores ligados al sector. Es algo criminal, y todo porque los Kirchner quieren sacarle al campo para distribuirlo según sus conveniencias electorales. Lo perverso de un régimen como el que tenemos ahora es que necesita de la pobreza y la ignorancia para perpetuarse.
-¿Esto no lo comprenden los legisladores que se alinean automáticamente con el Gobierno?
-Aquí la única política de Estado que funciona es la del soborno. El dinero de todos es usado para favorecer el poder de la autocracia. El autócrata que nos gobierna tiene la psicología del tirano. Generalmente los tiranos no sólo generan enormes prejuicios, sino que terminan autodestruyéndose. Sólo así podemos entender que Kirchner se deje llevar por un capricho enceguecedor que le impide encontrar soluciones inteligentes, viables. En ninguna democracia el oficialismo ha dejado nunca de conversar y de escuchar a la oposición.
-¿Cree que ello es factible?
-El problema es que Kirchner padece de una suerte de esclerosis psicológica que lo aísla del mundo. En cuanto a Cristina, nos vendió una imagen falsa, de independencia, de capacidad, de vuelo propio. Pero no existe tal cosa. Es totalmente dependiente del marido y está atacada de anuncitis. Miente sin pudor al anunciar cosas que nunca se concretarán, como fue el caso de los hospitales y tantos otros. Sus desplantes son mezcla de soberbia, ignorancia y elementos histeroides que explican su obsesión por la apariencia y por sobreactuar sus dificultades de género. Nos hace quedar pésimo y su imagen en caída arrastra a todos los argentinos. Lo digo con total convencimiento: yo creo que los Kirchner se encaminan a un Waterloo.
-Los dirigentes surgen de la sociedad y el problema viene de arrastre. ¿Hasta dónde remontaría los orígenes de la decadencia?
-Durante muchos años la Argentina se fue infectando de populismo, de colectivismo, de pseudoprogresismo, y dejó de lado el sabio rumbo que había establecido la Constitución de 1853/60. Esa Constitución se juró cuando la Argentina era el país más desértico y miserable de toda América latina y en 50 años nos convirtió en el país más alfabetizado y culto de América latina.
-Pero después sobrevino la revolución de 1930.
-Antes del golpe de 1930 -todo golpe tiene un período de incubación- empezó el deterioro, influido por ideas estatizantes, colectivistas y finalmente totalitarias. El camino ascendente y democrático que la Argentina había empezado gracias al Acuerdo de San Nicolás y la Constitución se obstruyó hacia fines de la década de 1920. El golpe de 1930 fue la profanación extrema de la ley. Luego siguieron otros, cada vez más insolentes, y una profanación institucional incesante. Eso derivó en una confusión ideológica que hizo que la gente no supiera hacia dónde orientarse ni a quién apoyar.
-¿Cómo se sale de esto?
-Con una larga batalla en el campo de las ideas. Mi esperanza se orienta hacia los beneficios de las paradojas. Los grandes males que este matrimonio le está infligiendo al país pueden paradójicamente generar un consenso general de que debemos unirnos en pos de algunos puntos clave: calidad institucional, independencia de los poderes, políticas educativas y sanitarias, de defensa y de seguridad.
-¿Eso es posible?
-Ojalá pudiera firmarse un nuevo Acuerdo de San Nicolás, una suerte de pacto de honor para cumplir un consenso legislativo en temas de fondo para los dos años que faltan hasta 2011. En las próximas elecciones tenemos que apuntar a conseguir un congreso nuevo, independiente, lúcido, comprometido a restablecer la calidad institucional y efectuar los controles que una auténtica democracia debe ejercer sobre el Poder Ejecutivo. La Presidenta debe seguir hasta 2011 bajo estas nuevas condiciones, que, incluso, la ayudarían a gobernar mejor.
No quedan dudas ahora de que la "sensación de inseguridad" invadió dramáticamente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que, en los últimos días, planificó y, ayer, anunció un plan de seguridad integral, al que se había negado durante cuatro años porque sostenía que, sencillamente, no existía inseguridad, sino que sólo era una "sensación".
El último "megaplan de seguridad" lo había lanzado el ex presidente Néstor Kirchner en abril de 2004. Se incluían desde reformas en el sistema penitenciario, policial y judicial, hasta un radical cambio político, con boleta única. Pero nunca prosperó.
Luego de aquel intento del por entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz, lo único que se concretó fue la salida de Beliz del gobierno nacional. Ayer, claramente, se anunció un plan de seguridad de un gobierno que la subestima.
La peor sensación de inseguridad para Kirchner es hoy la que generan las caídas en los índices de imagen positiva y en la recaudación fiscal, Y Olivos no tolera la inseguridad de seguir o no en el poder en 2011.
Es por ello que el plan comenzó por Buenos Aires y por Mendoza, dos territorios apremiados por el delito creciente. En el primer distrito, Kirchner será candidato a diputado y, por ende, tiene que fortalecer sus oportunidades electorales. En el segundo, Kirchner jugará a todo o nada contra el vicepresidente Julio Cobos.
"No sólo la pobreza, sino la presencia de una extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza, incrementa los niveles de inseguridad", dijo la Presidenta. Curioso argumento en un gobierno que reivindica un modelo que, en sus propias palabras, generó empleo y que disminuyó la pobreza al mejorar la distribución del ingreso. Y los Kirchner están hace seis años en el poder.
La denuncia que hizo anteayer la presidenta Cristina Kirchner sobre la muerte de una joven en un corte de ruta en el Chaco fue desmentida rotundamente ayer por sus familiares. La madre y la tía de Giselle Bunchich, una joven de 19 años que falleció cuando era trasladada en ambulancia desde Villa Berthet a Roque Sáenz Peña, negaron que el vehículo hubiera sido demorado en un piquete de ruralistas sobre la ruta 16, como había afirmado la Presidenta.
"Hubo tres ambulancias y pasaron todas sin problemas; quiero hacer la aclaración porque no quiero que se digan más mentiras", dijo la tía de la víctima, que reafirmó las declaraciones en el mismo sentido hechas por la madre de la chica fallecida. La mujer se mostró indignada porque la muerte de su sobrina fue vinculada con el paro agropecuario, y aseguró que falleció "por los traumatismos sufridos durante un accidente automovilístico".
Anteayer, tras calificar de "salvaje" el paro del campo, la Presidenta había denunciado "la muerte de una persona que no pudo pasar con una ambulancia como consecuencia de los cortes de rutas en la provincia del Chaco".
Desde el sector agropecuario reaccionaron con dureza. Para el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, los dichos de la mandataria son "una barbaridad". Y su par de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, apuntó duramente contra la jefa del Estado. "Se nos imputó desabastecer a la población y hasta el fallecimiento de una joven en un desgraciado episodio", lamentó el dirigente rural.
Si la suba de la inseguridad se debe a la extrema pobreza, no se entiende por qué el Indec difundió la semana última que la pobreza descendió de 20,6 a 15,3 por ciento. ¿Si la causa de la inseguridad es la pobreza, por qué aquella sube cuando ésta baja?
La noticia, quizás, sea que, además de la inseguridad, ahora el Gobierno descubra la pobreza.